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SIERRA GRANDE, OTRA FRUSTRACIÓN ARGENTINA O EL DESMANTELAMIENTO DE LA SIDERURGIA ARGENTINA

Marcelo Javier de los Reyes*

 

Foto: Diario Río Negro

Entendemos que la industrialización del país es imprescindible e impostergable como factor de equilibrio económico social.

Grl. Ing. Manuel Savio

 

Días atrás, en un editorial del diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra se hacía referencia a la suerte corrida por la planta siderúrgica de Mutún, donde está localizada una de las mayores reservas mundiales de hierro. El editorial alude a que hace cuatro años el gobierno del MAS suscribió un contrato por US$ 422 millones con un crédito chino del Eximbank para la ejecución del diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la planta, cuya reactivación estaría a cargo de la constructora Sinosteel de China, encomendándose la fiscalización a Cisdi, otra empresa china. La planta debía estar terminada para procesar 150 mil toneladas de acero desde 2018 y la primera tonelada de acero laminado a partir de 2019, pero a julio de 2020 no ha producido nada[1].

El caso de Mutún recuerda al de Sierra Grande, ciudad localizada al sudeste de la provincia de Río Negro, Argentina. Sus orígenes como poblado se remontan a 1890 pero su suerte habría de cambiar cuando, en 1944, se descubrieron yacimientos de hierro en la región. Hacia 1960 se hicieron estudios de Geología Estructural de los yacimientos Sur y Este de Sierra Grande por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares[2].

A los efectos de explotar los yacimientos de hierro se creó la empresa Hierro Patagónico Sociedad Anónima (HIPASAM SA), de propiedad estatal, la que se estableció en Sierra Grande en 1969. Esta empresa fue el centro del desarrollo de la localidad que llegó a tener una población de 20.000 habitantes, de los cuales más de 1.500 trabajaban en la empresa. Sierra Grande llegó a convertirse en la mina de hierro más grande de América del Sur. La mina sumaba unos 96 kilómetros de túneles y una profundidad de más de 500 metros.

Foto: Diario Río Negro

La creación de HIPASAM SA tuvo su origen en una Argentina que aún contaba con una dirigencia que planificaba estratégicamente el futuro de la Nación. El hierro extraído por HIPASAM era destinado a los hornos siderúrgicos de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), empresa siderúrgica estatal argentina creada en 1947 en el marco del Plan Siderúrgico Nacional, impulsado por el general Manuel Savio, quien fuera presidente de SOMISA y fundador de Fabricaciones Militares SE (1941), considerado el padre de la siderurgia argentina. El general Savio afirmaba que “la industria del acero es la primera de las industrias y constituye el puntal de nuestra industrialización y sin ella seremos vasallos”.

Por esos años, el descubrimiento de yacimientos de hierro en Jujuy llevó a la construcción del complejo Altos Hornos Zapla, también a cargo del Estado a través de Fabricaciones Militares, dando así inicio a la producción de arrabio en 1945. Inmediatamente finalizada la Segunda Guerra Mundial, una parte de la oficialidad del Ejército Argentino promovió la producción de material bélico fabricado en el país mediante la creación de una fábrica de acero propia. Con ese acero se procedería a la construcción de buques y aviones. Esa producción siderúrgica posibilitó que en la década de 1950 se constituyera un polo de desarrollo en torno a la ciudad de Córdoba, con la instalación de industrias metal-mecánicas, para la producción de motores, automotores, locomotoras y aviones, entre las que cabe mencionar la Fiat —con su filial ferroviaria—, Materfer, IKA (Industrias Kaiser Argentina, 1955) y la transformación de la Fábrica Militar de Aviones en I.A.M.E. (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) y posteriormente en DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas).

La creación de SOMISA originó el desarrollo de los complejos mineros en donde se localizaban los yacimientos de hierro y carbón, en Sierra Grande y Río Turbio.

En 1960 fue inaugurada la planta durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi pero fue privatizada en 1991, cuando el grupo Techint se hizo cargo de la misma durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, responsable del desmantelamiento de áreas estratégicas del Estado Argentino.

Con el cierre de la planta, muchos pobladores de Sierra Grande emigraron, al igual que lo hicieron otros ante el cierre de los ramales ferroviarios, de unidades militares y empresas que daban trabajo a los habitantes de numerosos pueblos y ciudades.

En 1990 SOMISA era una de las empresas de mayor facturación anual del país, la principal productora de acero a nivel nacional, con una relevante presencia en la fabricación de bienes finales. Durante el gobierno de Menem se redujo el personal de planta y se la hizo deficitaria para, finalmente, venderla a un 10% de su valor.

Con respecto a Sierra Grande, la mina fue entregada en 2005, mediante un contrato de concesión por noventa y nueve años, a la firma minera china MCC (MCC – China Metallurgical Group Corp). Desde octubre de 2016, la empresa permanece paralizada debido a que los costos de producción o de logística superan lo que obtendrían como ganancia, por lo que no vende ni en el mercado interno ni exporta. Actualmente, la empresa está totalmente inactiva y sólo hace mantenimiento[3]. El mineral de hierro llegó en su mejor momento a los US$ 160 pero en la actualidad vender al exterior le generaría un déficit de US$ 43 por tonelada.

La empresa tiene un plantel laboral mínimo y el contrato por 99 años representa un gran obstáculo. No existen nuevos interesados en la concesión y al menos la empresa asume el costo del mantenimiento del yacimiento que, de ponerse fin al contrato, pasaría a ser un costo para la provincia[4].

El valor del hierro está sujeto al mercado internacional y de no operarse un cambio en dicho mercado la situación no variará. Sin embargo, no se trata solo del valor de mercado del hierro sino de la destrucción integral de la industria siderúrgica argentina, la que debía abastecer a un sistema ferroviario que fue destruido, a astilleros que no producen y a industrias que ya no existen… porque la economía argentina ha sido deliberadamente reprimarizada.

El pasado 31 de julio se conmemoró el 72° aniversario del fallecimiento del general Manuel Savio. Uno más de los prohombres y visionarios de la Argentina al que le hemos fallado.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “Mutún, ¿nueva frustración?”. El Deber (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), 14/7/2020, <https://eldeber.com.bo/189956_mutun-nueva-frustracion>.

[2] Navarro, Hernán, 1960. Geología Estructural de los yacimientos Sur y Este de Sierra Grande. Sierra Grande, Provincia de Río Negro. 36p. Rio Negro, Dirección General de Fabricaciones Militares. SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), <https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3085>.

[3] Ver: Vanesa Miyar. “La mina de hierro de Sierra Grande, sin presente y sin proyectos”. Río Negro, 02/11/2019, <https://www.rionegro.com.ar/la-mina-de-hierro-de-sierra-grande-sin-presente-y-sin-proyectos-1160059/>.

[4] Ídem.

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DEFENSA NEGOCIOS Y DESARME

Marcos Kowalski*

Podríamos definir la Defensa Nacional como un conjunto de previsiones y acciones que el gobierno debería generar y ejecutar permanentemente para lograr la seguridad de la Nación y proteger sus objetivos estratégicos.

La Defensa Nacional está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina[1] en su preámbulo, donde dice “proveer a la defensa común” tiene como marco jurídico la Ley N° 23.554 que en su art. 2° dice “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.”[2]

Debería tener por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Es un tema que debería comprometer la participación de todos los argentinos, como está previsto en la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 21 que nos dice “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.”[3]

Sin embargo, como muchos otros enunciados constitucionales, parece ser desatendido por las autoridades que deberían proveer su aplicación. En el caso de la Defensa nacional particularmente, tal como lo venimos publicando en estas mismas páginas[4] desde hace tiempo, no solo no se cumple lo establecido en la CN y la ley de defensa, sino que se ha venido propiciando la indefensión sistemática de nuestra Patria.

Esta indefensión de la Argentina es producto de una serie de factores externos, pero principalmente internos y directamente relacionados con los grupos políticos que vienen accediendo a gobernar al país, grupos que hoy se han constituido en una casta política de privilegiados, transformando a gran parte de la población en una clientela mendicante.

La degradación de Argentina es vieja, como podemos observar con la alineación por lo mediocre en materia educativa que se viene realizando desde los años 60 del siglo XX o incluso antes, pero el proceso de desarme, es un tema que comienza con el advenimiento de la democracia y se viene aplicando en forma progresiva en todas las administraciones desde entonces.

No resulta menor mencionar que se destruyó, más allá de las declamaciones, a veces pomposas de los políticos de turno, la estructura militar industrial, que construyó sistemas de armas de punta de los años 80 del siglo XX. Como el TAM y los submarinos clase TR 1700 y que no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años, con algunas excepciones, como el caso del entrenador Pampa (también proyectado en los 80) o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA.

Pero lo peor, es el desfinanciamiento encarado en todos los órdenes de la actividad castrense, como el que se produjo con el IAF a partir del 2008 o como los negociados con tierras del Ejército que se pretendía hacer en el año 2016, incluso llegando a extremos de querer destinar una base estratégica de la Fuerza Aérea[5], al negocio comercial, en definitiva, sofocando a las Fuerzas Armadas, con una partida cada vez más reducida del presupuesto nacional.

Recordemos que siempre corresponde al Gobierno del Estado la planificación política de la Nación, pero en los últimos treinta años esa planificación tuvo como estrategia central la construcción de un poder político, por el poder político mismo, sin Estrategia Total y con estrategias particulares destinadas a consolidar mezquindades de oscuras facciones de partido en detrimento de la comunidad.

En ese marco, todos los gobiernos, de todos los partidos, desatendieron, desorganizaron y fueron desarticulando la Estrategia de Defensa Nacional al punto de dejar sin ningún o escaso material bélico a nuestra Fuerzas Armadas y en un estado de cuasi indefensión a la Republica y sus intereses estratégicos.

Una Fuerza Militar significativa, se forma y consolida con una planificación larga en el tiempo, también se necesita tiempo en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Pero fundamentalmente necesita ser considerada en la vital importancia que tienen para la Nación por parte de quienes pretenden entrar al servicio de la Patria por la vía política.

Entonces es obvio que estamos ante una casta política que parece más preocupada por su bienestar personal y privilegios, por construir un poder que le permita logros personales y que la gran mayoría de los argentinos no percibe que esté sirviendo al Bien Común, cumpliendo el mandato constitucional, por desconocimiento, ideología, inoperancia, sino operando como agente de intereses contrarios a la Nación y a todos los argentinos.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

Referencias

[1] Constitución de la Nación Argentina, Ley Nº 24.430, Sancionada: diciembre 15 de 1994.Promulgada: enero 3 de 1995.

[2] Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 1988 y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 523 del 26 de abril de 1988.

[3] Art. 21 de la Constitución nacional Argentina: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional”.

[4] En varios artículos publicados en https://saeeg.org/

[5] En la Base Aérea del Palomar de la FAA y cede de la I° Brigada Aérea, destinada al transporte aéreo estratégico, se instalaron compañías de aviación civiles, con el propósito de trasladar la brigada aérea.

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“LA DECISIÓN ADOPTADA POR NUESTRA CANCILLERÍA NOS PARECE TOTALMENTE ACERTADA», DIJO MELELLA”

 

 

El pasado lunes la Cancillería Argentina le recomendó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizar un vuelo humanitario que debía llevar a Malvinas 3 isleños que habían ido a tratar su salud a Montevideo. Al mismo tiempo recomendó no autorizar el sobrevuelo por el espacio aéreo de aguas territoriales argentinas que la aerolínea Amaszonas Uruguay tenía previsto efectuar uniendo el principal aeropuerto de las Islas Malvinas y la Capital uruguaya. 

La decisión de no permitir el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino para un vuelo que unía Islas Malvinas y Montevideo fue apoyada por el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, ya que los pasajeros de ese vuelo eran trabajadores de buques pesqueros que operan en aguas circundantes a las Islas Malvinas y Georgias del Sur con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno de las Islas.

La Cancillería observó que, los buques pesqueros de referencia, eran el Loitador (IMO 8512700), de bandera española, y el Argos Froyanes (IMO 9249398), de bandera de Santa Elena, siendo barcos que operan en aguas circundantes a las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Ambos lo hacen con licencias otorgadas por el ilegítimo “gobierno” en esos archipiélagos, por lo cual al no poseer licencias emitidas por el Gobierno argentino, están realizando actividades de pesca ilegal.

Además, estos dos buques pesqueros, han violado en reiteradas oportunidades lo establecido por el Decreto 256/10, que establece que “todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”, y cuya autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina.

El titular del Ejecutivo fueguino mencionó que “la decisión adoptada por nuestra Cancillería nos parece totalmente acertada, porque el Gobierno Nacional no debe ser funcional a quienes depredan nuestros recursos naturales. Esta es una acción clara en defensa de nuestros intereses y que se alinea perfectamente en la reconstrucción de una política de defensa de nuestra soberanía”, aclarando por su parte que “el vuelo en cuestión tenía la categoría de ‘vuelo humanitario de repatriación’ y eso si fue respetado por la Cancillería, por lo que hay que dejar en claro que son dos cuestiones totalmente distintas una de otra”.

“Creo que con decisiones de este tipo estamos en el buen camino, el Gobierno Nacional marca políticas de Estado claras y es consecuente con ellas, será indudablemente trabajoso recuperar el terreno perdido en los últimos años, pero es hora de que hagamos respetar nuestra soberanía y dejemos en claro que la Causa Malvinas prima sobre cualquier otro interés nacional, porque defender nuestros recursos es defender nuestra soberanía, por eso apoyamos la decisión de nuestra Cancillería, porque con estas acciones lo que se pretende es luchar contra la pesca ilegal, la que depreda nuestros recursos ictícolas en el Atlántico Sur, lo cual afecta a la Nación en general y a nuestra provincia en particular”, destacó el Gobernador Melella.

Nota original publicada en Sur54.com http://www.sur54.com/la_decision_adoptada_por_nuestra_cancilleria_nos_parece_totalmente_acertada_dijo_melella