César Augusto Lerena*
Artículo publicado en Perfil, 11 de noviembre de 2025.
La pesca en Chubut no es un tema menor y no debería tratarse como tal, ya que genera para la Provincia unos 600 millones de dólares anuales. Ello representa el 30% del total de las exportaciones pesqueras nacionales.
La reciente presentación por parte del gobierno provincial del Chubut en la Legislatura provincial del Proyecto de Ley 131/25 para otorgarle dos permisos de pesca a la empresa estadounidense Red Chamber es un hecho de extrema gravedad por los efectos de depredación biológica que habría de provocar; el daño económico que ocasionará al resto de los actores del sector; las denuncias existentes de corrupción; la violación de la legislación vigente y una sospechosa subordinación a los designios del norte.
La intención del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, uno de los gobernadores integrantes de la fallida “Provincias Unidas”; de arranque, viola los tres primeros artículos de la Ley Provincial de Pesca IX N° 157 que prescribe: «La Provincia del Chubut fomentará una política de desarrollo pesquero sustentable, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (…) se declara que el derecho a pescar lleva ínsita la obligación de hacerlo de forma responsable, a fin de asegurar la conservación (…) se aplicarán políticas provinciales orientadas a la conservación de los recursos pesqueros y a la ordenación y desarrollo de la pesca de forma responsable (…) se promoverá la protección de los recursos marinos vivos (…) se promoverá la investigación pesquera…» ya que para disponer de los recursos pesqueros previamente (Art. 14° Ley IX-157) el organismo técnico competente deberá determinar el “Rendimiento Máximo Sostenible” y realizar los estudios de impacto ambiental que precisen que no habrá depredación y que ésta, no afectara la disponibilidad de los recursos ya otorgados a otras empresas pesqueras y las necesidades de las generaciones venideras.
Por si faltaba poco, en su artículo 6º la Provincia del Chubut adhirió a la Ley Federal de Pesca y con ello agrava su actuar irresponsable, al llevar adelante malas prácticas pesqueras, a la par de resignar importantes recursos migratorios de la Provincia; sobre los que nos referiremos en próximos escritos.
Además, cuando se otorgan autorizaciones de pesca sin determinar previamente la existencia de recursos suficientes no solo se afecta la sostenibilidad de las especies, también se afecta la disponibilidad a todas las empresas que se encuentran autorizadas a pescar; con ello se disminuye la rentabilidad y se destruye el empleo. El recurso pesquero forma parte del ecosistema y ello supone una explotación integral, mediante un enfoque eco-sistémico. No se puede aceptar graciosamente, el otorgamiento ni un solo permiso más.
Por otra parte, Roberto Garrone (Punto Noticias, 9/11/2025) escribió: «El Gobernador busca entregarle (a la empresa de capitales estadounidenses Red Chamber) dos permisos de pesca. Sospechan que sería a cambio de que la empresa estadounidense desactive una denuncia que involucra al Andrés Meiszner, que habría pedido 6,5 millones de dólares para mantener el contrato por los bienes de la ex Alpesca que alquilaba a la Provincia», lo que -de confirmarse- agregaría el condimento de corrupción; práctica que no podría desconocer Torres, tratándose Meiszner de su Fiscal de Estado, ex Ministro de Economía, ex Director Gral. de Rentas y ex Presidente del Banco de Chubut. Un hombre de extrema confianza del gobernador.
Hay una serie de hechos concatenados que bien describe Garrone que podrían generar una presunción que este delito de cohecho podría haber ocurrido. Veamos.
Los bienes de la exAlpesca, fueron desafectados por la Provincia de Chubut a la subsidiaria estadounidense Red Chamber, aduciendo reiterados incumplimientos y se entregaron a la empresa Profand.
Relata Garrone que «el gobernador Torres acompañado de su secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, estuvo en la Embajada de Estados Unidos explicando durante más de cinco horas todos los incumplimientos de la empresa Red Chamber». Sinceramente suena raro (¿o no?) que un gobernador deba explicarle a la representación norteamericana cómo administra los recursos naturales de la Provincia y cómo aplica la Ley en su condición de Autoridad de Aplicación. Suena a procederes del virreinato, cuando la Provincia no existía.
En los pormenorizados detalles que efectúa Garrone, éste indica que se menciona al Fiscal de Estado Meiszner (¿?) en la denuncia que Red Chamber efectúa en los Tribunales de California contra Profand por «violación de la ley de defensa de secretos comerciales (…) violación de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen extrajudicial, etc. » y que «Marcelo Mou, CEO de la empresa Red Chamber, da cuenta de una reunión celebrada el 3 de abril en el Alvear Palace Hotel, donde el entonces Ministro de Economía de Chubut le dice que “Necesitaría pagar 6,5 millones de dólares en “dinero B” si quería seguir operando los activos expropiados a Alpesca y adquirir esos activos una vez finalizado el proceso de expropiación judicial». Aclaremos, no se trata de un vetusto edificio lo que está en juego, sino los permisos de pesca que cuenta, con los que podrían construirse varias plantas; precisamente los permisos que ahora el gobernador solicita a la legislatura se le entreguen a la incumplidora empresa, anunciando que Red Chamber construiría una nueva planta, seguramente “modelo”.
Es llamativo, que, habiéndosele quitado la planta industrial, las cuotas y autorizaciones de la exAlpesca a la Red Chamber por incumplimientos reiterados desde 2015 (falta de pago de canon; falta de inversiones pactadas, subcontrataciones ilegales), el gobierno de Torres y la empresa cuestionada celebren un nuevo contrato de inversiones. Es poco serio y aunque pueda no serlo, suena a extorsión o a cohecho o ambos.
Por último, qué hace un Fiscal General viajando a Estados Unidos junto al gobernador en búsqueda de nuevas inversiones. Obviamente no está en la misión y funciones de un Fiscal General.
El dicho popular dice: si ladra, mueve la cola y es el más fiel amigo del hombre: es un perro. La Legislatura y la Justicia dirán de que se trata.
No dejaré de recordar que el gobernador Torres es un pésimo administrador de sus recursos pesqueros originarios y, su provincia, está perdiendo millones de dólares por ello; que la ley de pesca de su Provincia recurre a la remanida delegación de facultades en la Ley 24.922 y con ello se comporta como si se tratase de un mero territorio nacional sujeto a la voluntad del poder central y, que, como ya escribimos, estaría dispuesto a facilitar la logística de los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina provocándole graves daños soberanos, económicos y sociales a la Argentina y Chubut (César Lerena “china no viene a solucionar el problema argentino viene por nuestros recursos” 22/1/2023; “La pesca ilegal china. la idiotez no tiene fronteras”, 2/11/2023).
Finalmente, habría que decir, que es lamentablemente triste, que una Provincia deba rendir cuentas sobre la administración de sus recursos naturales a un país extranjero. La Constitución Nacional en su artículo 124 reza: “…Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, y corresponde a los gobiernos hacerlo eficientemente para el bienestar de su gente y el desarrollo de sus pueblos.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. cesarlerena.com.ar
