César Augusto Lerena*
El hombre del sombrerito gris no levantó la vista y continúo caminando, mirando las baldosas húmedas. Caían las primeras gotas, el “frente de todas las tormentas” enrarecía el ambiente y comenzaba a temer que no llegase a cumplir con esa ambición que ya llevaba treinta años, con la misma convicción de los que se entienden predestinados a cosas personales importantes por encima de los intereses nacionales.
Marcelo Kohen recuerda que él era desde 2016 “el primer no europeo electo como secretario general en casi 150 años del Instituto de Droit International”, una entidad que en 1904 obtuvo el Premio Nobel a la Paz, «por sus esfuerzos como organismo no oficial al formular los principios generales de la ciencia de la ley internacional». Nada que tenga que ver con el proyecto personal de este jurista que reside y trabaja hace más de veinte años en Ginebra, en un Instituto que ocupa el nada destacado Nº 2.940 en excelencia entre el ranking de universidades en el mundo y, claro está, muy lejos de este Premio Nobel a la Paz que se considera uno de los más controvertidos, ya que muchos de sus ganadores han sido muy criticados: por ejemplo Henry Kissinger (1973); Aung San Suu Kyi (1991); Yasser Arafat (1994); Wangari Mathai (2004) y otros. Nunca se le otorgó a Mahatma Gandhi a pesar de haber sido nominado varias veces y no se le dio el debido reconocimiento en el país a Adolfo Pérez Esquivel a quien se lo otorgaron en 1980 en su carácter de “fundador de organizaciones de derechos humanos no violentas para luchar contra la Junta Militar que gobernaba el país” y a Carlos Saavedra Lamas que lo recibió en 1936 por su actuación como “Presidente de la Conferencia de Paz que logró el armisticio entre Paraguay y Bolivia poniendo fin a la guerra del Chaco en 1935” y que, por una rara casualidad, estaba vinculado a nuestro ascendiente Gilberto Lerena, ya que ambos se casaron con las hijas del Presidente Roque Sáenz Peña; Rosa con Saavedra Lamas y Ciprianita con Lerena. En fin, los Premios Nobel a las personas y a las organizaciones, no se transfieren por ósmosis a los descendientes ni mucho menos a directivos de las instituciones. Solo podría heredarse alguna vieja fotografía.
Las luces de la ciudad confunden a los más obscuros personajes y suelen presentarse a destiempo de las circunstancias que viven los pueblos que, como la Argentina, viven dificilísimas décadas económicas y sociales. Tal vez sea el caso de Marcelo, que Cecilia Degl’Innocenti (Perfil, 26/04/2022) lo presenta como “el jurista que busca romper con 30 años de ausencia argentina en la Corte de La Haya” y que dice está “impulsado por la Cancillería para ocupar un lugar en el tribunal” y que “ha representado al país durante el conflicto de las papeleras sobre el río Uruguay y el caso de la Fragata Libertad”. El primer caso, perdidoso, porque la Corte entendió que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental y la planta de Botnia sigue produciendo, al igual que otras que se agregaron con posterioridad y, el segundo, liberó la fragata después de más de 60 días, cuando los actuantes se dieron cuenta que en lugar de recurrir al Tribunal de Comercio de Ghana podrían haber invocado el artículo 95º y 96º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para liberarla. Para no mencionar y olvidar, su rol de asesor del equipo juristas que perdió ante Chile el reclamo de Bolivia de la salida al mar.
Nos dice Cecilia que “en 2023 la Argentina tendrá la posibilidad de contar con un juez en la Corte Internacional de Justicia tras más de 30 años de ausencia de representación nacional en el órgano judicial de mayor peso a nivel internacional” y, nosotros creemos, que no se trata de incorporar simplemente un argentino a ese Tribunal sino de hacerlo con el adecuado, ya que mientras en 1973 se incorporaba a esta Corte el jurista y diplomático José María Ruda que integró ese cuerpo hasta 1991 y lo presidió en los últimos tres años, quien tuvo una participación superlativa en favor de la Nación Argentina, entre otras obras, con su fundado alegato y destacado rol que dio lugar a la sanción de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, un hito histórico político y jurídico en la Cuestión Malvinas; mientras que el citado Marcelo Kohen en 2018 (Infobae, 22/03/2018) les proponía a los isleños un plan que, de haberse llevado adelante, entre otras cosas les habría de permitir a estos a los treinta años reivindicar la soberanía británica sobre los archipiélagos de Malvinas, contrariando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional Argentina, la integridad territorial argentina y el sentimiento mayoritario de los argentinos.
A la hora de elegir el perfil de los representantes argentinos ante la Corte, es muy interesante destacar que mientras Ruda tenía una clara posición de representante de los intereses políticos nacionales y los traducía en claras y comprometidas acciones jurídicas y diplomáticas, la posición de Kohen parece la de un técnico a ultranza. Por un lado, el articulista refiere a que Kohen cuenta con el apoyo del gobierno nacional, sin embargo, las declaraciones de éste son reveladoras respecto a su compromiso con el Estado Argentino. Al preguntarle la periodista: «¿Cómo surgió su candidatura?» no refiere Kohen a que fue apoyado por el Gobierno actual, sino que fue «una propuesta de destacados colegas y amigos de todo el mundo que consideran que mi presencia como juez sería una contribución positiva para el trabajo de la Corte… no son los estados los que proponen a los jueces…soy profesor, no diplomático ni político, y pienso de manera independiente…No soy “pro tal estado o tal otro” sino pro-derecho internacional, lo que me importa es que los estados lo respeten… Mi compromiso como candidato es con la independencia de todo estado, presión o interés; poner el respeto del derecho internacional por encima de todo… poner todo el esfuerzo y la experiencia de trabajo en el derecho internacional al servicio de la justicia». Toda una autodefinición de un Técnico al servicio de la técnica, en un mundo, donde los intereses hegemónicos de las grandes potencias queda cada día más de manifiesto y, en especial, cuando este técnico forma parte del cuerpo de asesores del Consejo Nacional de Malvinas, que tiene como función principal prestar su conocimiento jurídico al Presidente Fernández, el Canciller Cafiero y el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona, quienes deberían esperar que sus aportes estén destinados a recuperar el ejercicio pleno de Malvinas y no a escuchar una clase teórica del derecho internacional público al servicio de la justicia.
Llamativamente menciona Kohen en el artículo de Perfil a los muy destacados juristas argentinos Carlos Calvo y José María Drago, ambos diplomáticos de Julio Argentino Roca y omite a José María Ruda, embajador en las Naciones Unidas durante la presidencia de Arturo Illia, cuyos aportes respecto a la Cuestión Malvinas como vimos fueron relevantes y también, entre otros, a uno de los jurisconsultos más importantes de Argentina, el profesor Hugo Caminos, que entre otras cosas fue miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quién cuando integraba el Institut de Droit International acuñó una frase derivada del artículo 2º del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dejaba en claro su calidad moral: «no se puede avalar el ingreso a quienes carecen de integridad moral». Esto viene a colación, porque para los cargos internacionales no deberían ser tenidas en cuenta solo las capacidades técnicas que, por cierto, son absolutamente imprescindibles, sino fundamentalmente la trayectoria de los postulados en favor de los intereses nacionales del candidato que el gobierno promueva. No a quien se presenta como: No soy “pro tal estado o tal otro”.
Nos deja claro Marcelo, cuando responde a la periodista, sobre cuál sería su rol en la Corte en el caso que la Argentina presentase la cuestión Malvinas: «Para que la cuestión Malvinas llegue a la Corte por vía contenciosa, haría falta que ambos Estados estén de acuerdo y acepten la jurisdicción de la Corte para resolver su controversia». Al respecto, en Clarín (Natasha N. 19/12/21) es un tanto dubitativo: “ha aconsejado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de llevar a los británicos hasta la CIJ, lo que después ha desaconsejado por su propia experiencia” y, su mirada política un tanto lábil, ya que proveniente de una familia comunista, conmemora y pondera el “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” de 1971 que llevó adelante la llamada Revolución Argentina del presidente de facto Alejandro Lanusse, donde confiesa que «el Acuerdo contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños» (Perfil, 29/06/21), lo mismo que propició Macri con el Pacto de Foradori-Duncan en 2016, pacto que aún permanece vigente pese a su asesoramiento en el Consejo Nacional de Malvinas.
Está claro que el autopostulado Marcelo Kohen no es político ni diplomático, ni ha sido juez, es un docente de derecho internacional público y así le va a la Argentina en su errática política para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas.
Por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).
* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).
