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MADURO, TRUMP Y UNA «BAHÍA DE COCHINOS 2.0»

Roberto Mansilla Blanco*

Meses de táctica intimidatoria, presiones y ambigüedades dialécticas por parte de Donald Trump mientras aumentaba acciones militares «antinarcóticos» en el Mar Caribe que progresivamente se han instrumentalizado en acciones operativas orientadas a un eventual cambio de régimen en Venezuela, dan a entender que la crisis que actualmente se está llevando a cabo entre Washington y Caracas parece encaminarse hacia un escenario de colisión, a priori, inmediato e irreversible.

El pasado 22 de noviembre, aerolíneas estadounidenses y europeas anunciaron la preventiva suspensión de vuelos directos a Venezuela ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Recomendaciones similares de cautela giró Washington con respecto a su personal diplomático y profesional establecido en Venezuela.

Con anterioridad, Trump autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo cual confirma su pretensión de conocer el terreno con mayor exactitud vía trabajo de inteligencia. Por otro lado, medios estadounidenses filtraron informaciones sobre una posible oferta de Maduro a Trump para dejar el poder y exiliarse en Turquía, rechazada oficialmente por la Casa Blanca.

A pesar de la escalada militar, Trump ha anunciado que no descarta la vía de negociación con Maduro, un escenario que implica una negociación entre varios actores, dentro y fuera de Venezuela que, eventualmente, podría arrojar pistas en torno a una posible transición pactada de poder en Caracas, buscando evitar contextos conflictivos.

No obstante, la tensión se ha elevado ante el anuncio este 24 de noviembre por parte de Washington de etiquetar oficialmente de «terroristas» a Maduro y al controvertido Cártel de los Soles, una directriz que parece definir una nueva fase en la estrategia de Trump, ahora bajo la denominación oficial de «Lanza del Sur», pero hasta ahora condicionada por los vaivenes de una escalada de tensiones que, en el fondo, revela interrogantes e incluso incongruencias sobre cuál es la verdadera estrategia de Washington con respecto a Venezuela.

El papel de Marco Rubio y la crisis del MAGA

En la escalada de tensiones entre Trump y Maduro destaca igualmente el papel del secretario de Estado Marco Rubio, cuyo objetivo estratégico es romper el eje Cuba-Venezuela. El medio estadounidense Político asegura que Rubio encabeza la campaña de presión de Trump para forzar la salida de Maduro en la que se incluirían ataques aéreos selectivos, buques de guerra y hasta 15.000 tropas estadounidenses posicionadas cerca de la región bajo la narrativa de una «guerra contra los cárteles».

El verdadero objetivo sería un cambio de régimen en Venezuela que, visto en términos políticos e incluso hasta electorales a mediano plazo, buscarían mejorar la imagen de Trump, muy golpeada recientemente en las encuestas, así como también del propio Rubio, especialmente entre la comunidad de exiliados venezolanos y cubanos en Florida. El primer test electoral del «trumpismo 2.0» instalado en la Casa Blanca serán las elecciones del mid-term en noviembre de 2026, donde se renovarán el Congreso y un tercio del Senado.

Estos intereses políticos en torno a la crisis con Venezuela ocurre igualmente en un contexto de divisiones dentro del «movimiento MAGA» de Trump en EEUU, lastrada por la polarización interna tras la defección de Marjorie Taylor Greene, una de las principales bazas de apoyo a Trump. Existen aristas ideológicas y de movilización de liderazgos que comienzan a distanciarse del propio presidente estadounidense. Por otro lado, no existe un consenso político entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de intervención militar en Venezuela.

Esta crisis interna del «MAGA» observa una estrategia poco esclarecedora sobre cómo afrontar el «tema Venezuela». Un fracaso o un desenlace caótico de la crisis con Venezuela pondría en riesgo esta base política, especialmente entre votantes aislacionistas del movimiento MAGA, colocando en una difícil posición a una presidencia de Trump que comienza a observar un tímido resurgir de la oposición, especialmente tras la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York.

Del mismo modo, si la campaña punitiva contra Maduro se vuelve estéril y Trump apuesta por negociar con él una especie de transición pactada de salida de poder y exilio toda vez que Washington se asegura el retorno firme de las multinacionales estadounidenses al mercado energético venezolano, la posición de Rubio se vería igualmente en riesgo al no poder explicar por qué este amplio despliegue militar no produjo resultados políticos tangibles y deseosos para varios sectores de la «línea dura» tanto del MAGA como del Partido Republicano, ansiosos de por desalojar a Maduro del poder.

¿Sobrevivirá Maduro a una «Bahía de Cochinos 2.0»?

La oficialmente denominada operación antinarcóticos en el Mar Caribe impulsada por Washington supone la mayor movilización militar en el Caribe probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

Continuando con las comparaciones históricas, este escenario podría igualmente amparar la posibilidad de reproducción de una especie de «Bahía de Cochinos 2.0», realizando una comparativa con la operación llevada a cabo contra Cuba en 1961 por exiliados cubanos y la CIA apoyados por la administración Kennedy.

Ante este intrigante escenario no se debe descartar que sus consecuencias podrían implicar efectos contraproducentes para la estrategia de Washington. Por un lado, y al igual que sucedió en 1961 con el recién instaurado régimen socialista en Cuba, el eventual fracaso de una operación «Bahía de Cochinos 2.0» de 2025 contra Venezuela podría significar una perspectiva de consolidación del poder de Maduro, ahora instrumentalizada en términos de relato «soberanista y revolucionario» que le permita consolidar un sello personal y político dentro del «chavismo».

El uso punitivo de la fuerza por parte de Washington busca otra salida: la puesta en marcha de una transición pactada entre las elites del poder en Caracas y los actores exteriores con peso decisivo en los asuntos venezolanos, principalmente en los casos de EEUU, Rusia y China y, en menor medida, Brasil y Colombia.

En este último caso, el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido igualmente señalado por Trump dentro de esta campaña militarista «antinarcóticos» en el Caribe, aspecto que le habría obligado al mandatario colombiano adoptar una prudente distancia en lo relativo a su tradicional apoyo a Maduro y ante lo que pueda suceder en Venezuela. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva ha mantenido su tradicional posición de rechazar la violencia y apostar por la negociación.

Así mismo, la tensión entre EEUU y Venezuela determina un respectivo pulso de legitimidades entre los actores involucrados. Toda vez que le favorece el giro hacia la derechización en América Latina por la vía electoral (Bolivia, Ecuador, Argentina, posiblemente Chile), Trump necesita consolidar un triunfo internacional que desvíe la atención de las tensiones internas en EEUU, ya anteriormente mencionadas.

En el caso venezolano, Maduro, simbólicamente entronizado como «el hijo de Chávez», su sucesor no sólo en el poder sino en el devenir del proceso revolucionario, busca hacer realidad el viejo sueño de su «padre político»: resistir el asedio del «Imperio del Mal» estadounidense, independientemente si la misma conlleva una acción militar. Un episodio que, si bien no es exactamente comparable con la histórica invasión de «Bahía de Cochinos», sería convenientemente aprovechado por Maduro para instrumentalizar una narrativa heroica propia que le permita fortalecer su imagen y la de su estructura de poder.

Entran en esta ecuación algunos aspectos que no se deben pasar por alto y que podrían beneficiar a Maduro. Si bien es cierto que existe un portentoso despliegue militar estadounidense, es evidente la disparidad en el equilibrio de fuerzas en relación con Venezuela, en este caso obviamente favorable a EEUU, son escasos los indicios que confirmen la posibilidad de que Trump tenga decidida una invasión terrestre para desalojar del poder a Maduro, bajo el argumento de la amenaza del narcotráfico, siguiendo un guion similar al de la invasión a Panamá de 1989.

Diversas fuentes estiman en 15.000 los marines establecidos en este despliegue militarista estadounidense en el Caribe, ampliados con una logística naval y comunicativa de alto nivel, con nueve buques de guerra. No obstante, es preciso resaltar que esta cifra es insuficiente para invadir un país, Venezuela, de casi un millón de kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de costa con el Mar Caribe, aproximadamente 30 millones de habitantes y una Fuerza Armada que, si bien observa condiciones de cierta precariedad si lo comparamos con sus homólogos estadounidenses, cuenta con más de medio millón de efectivos y el apoyo logístico y de entrenamiento de potencias militares como Rusia, China e Irán.

Los rumores constantes y las idas y venidas de la estrategia diletante de Trump dan a entender que, más allá del hecho de que la invasión «esté sobre la mesa», no existe una estrategia definida y efectiva ni mucho menos una «quinta columna» dentro de Venezuela capacitada operativamente para apoyar esta invasión exterior que permita derrocar a Maduro. No se percibe quiebra ni en el Alto Mando de la FANB ni en los mandos medios, así como tampoco en las altas esferas del poder ni en los cuadros políticos y burocráticos del oficialismo. Lo que se observa es un «atrincheramiento» dentro del «chavismo-madurismo», en actitud expectante hacia lo que realmente pretende Trump.

Si bien es cierto que predomina una tensa calma y la consecuente incertidumbre y expectación hacia lo que puede ocurrir toda vez que se activan de manera disuasiva los mecanismos de seguridad oficiales, hoy en día las calles de Caracas distan notablemente de observar un clima de efervescencia política o de paranoia social ante una inminente invasión.

Por otro lado, la oposición venezolana está prácticamente desaparecida, por mucho que María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 que irónicamente apoya la intervención militar estadounidense en su país, se esfuerza hasta la saciedad desde la clandestinidad por hacer un llamado a la rebelión militar incluso anunciando un gobierno de transición donde ya ha sellado las claves de la nueva relación con Washington vía beneficios de inversiones petroleras y de otros recursos minerales estratégicos. Machado prometió generar US$ 1,7 billones en los próximos 15 años a través de la privatización de la industria petrolera.

Por otro lado está el eje Cuba-Venezuela que Rubio ansía desarticular en aras de procrear transiciones políticas en ambos países. De acuerdo con el economista cubano Pavel Vidal, la isla caribeña perdería el 7,7% del PIB si deja de recibir petróleo venezolano. No obstante, los expertos especulan con que la cúpula militar cubana difícilmente se encamine a destruir el sistema del que es la piedra angular, con riesgo incluso de desaparecer en caso de que esto suceda.

En respuesta a la puesta en escena militarista de Trump, Maduro ha hecho lo mismo en las calles venezolanas vía extensión de la Milicia Popular Bolivariana. El número de efectivos es lo de menos; lo importante es el mensaje en clave política. Y no es exactamente dirigido hacia Trump sino más bien ante cualquier posibilidad de disidencia política y militar dentro del régimen venezolano, y ante la posibilidad de acciones sediciosas opositoras aparentemente amparadas desde Washington.

Como imagen propagandística ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional a la hora de reflejar quién «está al mando», Maduro está aprovechando la crisis en términos políticos, reorganizando las estructuras de poder vía consejos comunales populares y organizaciones sindicales y trabajadores. Con ello, Maduro busca recuperar la noción «chavista» del «pueblo armado en las calles», de la «revolución pacífica pero armada», del «poder popular vía Comuna» que tanto explayaba Chávez en sus discursos.

Tras varios años de cierto ostracismo, la Milicia Popular, formalizada como una especie de «guardia pretoriana» del chavismo, ha retomado su protagonismo en este 2025 de rumores de invasión estadounidense.

La realpolitik entra en escena

Mientras el despliegue militar estadounidense toma posiciones en el Mar Caribe muy cerca de las costas venezolanas se filtró la información de una negociación directa entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un eventual plan de paz en Ucrania.

En esta ocasión aparentemente más receptivos, Europa y la OTAN no han desaprovechado la ocasión para mostrar su malestar e incluso incredulidad ante un pacto Trump-Putin en el cual quedan visiblemente fuera del centro de decisión.

Aquí vuelve a entrar en juego la realpolitik. El ultimátum de Trump al presidente ucraniano Volodymir Zelenski para aceptar este plan de 28 puntos que beneficia claramente a Rusia, evidencia la impaciencia de Washington, ansiosa de tener menos ataduras en el exterior para intentar definir una salida efectiva a la crisis con Venezuela, especialmente con la finalidad de neutralizar la posibilidad de una intervención rusa dada su alianza con Maduro. Es pertinente considerar que estos contactos informales entre Trump y Putin sobre Ucrania en medio de la crisis de EEUU y Venezuela definen equilibrios colaterales que muy probablemente influirán en lo que pueda suceder en Venezuela.

Si la escalada de tensiones aumenta, Trump podría ensayar en Venezuela lo que en 2017 hizo contra la Siria entonces gobernada por Bashar al Asad (hoy exiliado en Moscú) ordenando en este caso una serie de ataques quirúrgicos y concretos contra instalaciones militares venezolanas lanzadas desde portaaviones estadounidenses, en este caso en el Mar Caribe.

No deja de ser curioso que Trump acaba de recibir en la Casa Blanca al «sucesor» de Bashar al Asad en el poder en Siria; el ex yihadista Ahmed al Shara’a, un personaje por el que una vez Washington llegó a pedir una recompensa de US$ 10 millones por su captura «dead or alive». Una recompensa menor a los US$ 50 millones que ha pedido la Casa Blanca por Maduro con la intención de provocar una sedición militar y una rebelión popular en Caracas, hasta ahora inexistente, pero que se convierta en un bálsamo para «blanquear» las expectativas de intervención militar por parte de Washington.

Más allá de la escalada ruidosa de rumores y de la escasez de confirmaciones informativas, de salir airoso de esta crisis, una posibilidad que cobra fuerza mientras el tiempo pasa sin observarse novedades concretas, Maduro estaría por consolidar su poder incluso «legitimando» su presidencia, despejando así las acusaciones sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Por otro lado, un Trump acosado por la caída de popularidad, los rumores en torno al escándalo Epstein, el coste social y económico del cierre durante más de 40 días del gobierno federal y la crisis interna en el MAGA, se vería políticamente expuesto en caso de escenificarse una infructuosa aventura militar caribeña del que existe más ruido que certezas y que lleva ya cuatro meses de duración desde la puesta en marcha en agosto pasado de la operación «antinarcóticos».

Ante este escenario propio que podríamos denominar «Bahía de Cochinos 2.0», Maduro muy probablemente buscará imponer su sello personal y político especialmente dentro del «chavismo» que sigue comparándolo, en algunos casos con suspicacia, con el «Comandante Eterno» Hugo Chávez. Resistir, con concesiones o sin ellas, supone para «el Hijo de Chávez» ganar esta partida de póker con Trump y consolidar al «madurismo» como la estructura de poder absoluto en Venezuela.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar

TRUMP QUIERE HACER LAS «PACES»

Roberto Mansilla Blanco*

«Trump ha llegado incluso a asegurar que no obtener ese galardón sería un insulto para EEUU».

 

La «carrera contra reloj», con tintes cada vez más obsesivos, de Donald Trump por alcanzar el Premio Nobel de la Paz tiene ahora un nuevo reto: Gaza. Tras haberlo intentado en Alaska en la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin sin alcanzar cuando menos una tregua o la posibilidad de una «paz armada» en Ucrania, la impaciencia de Trump por convertirse en el «hombre de la paz» comienza a convertirse en un síntoma patológico.

Caso contrario al de Trump, a quien le sobra paciencia y cálculo estratégico es precisamente al presidente ruso, quien no aspira al Nobel de la Paz pero sí a trazar sus imperativos geopolíticos con Occidente, que no pasan precisamente por alcanzar una paz a cualquier precio en Ucrania. Putin ha entrado igualmente en una fase de escalada militar contra objetivos estratégicos en Ucrania toda vez ha estado probando vía aérea la solidez unitaria y defensiva de la OTAN a través del envío de drones y aviones de reconocimiento ingresando en los espacios aéreos de Polonia, Rumanía y países bálticos.

Poco deseoso de apoyar a la OTAN en su escalada de tensiones con Rusia, Trump ha optado en Ucrania por un giro disuasivo hacia el Kremlin: alentar al otrora despreciado presidente ucraniano Volodymir Zelenski a recuperar el territorio perdido a manos de los rusos e «incluso ir más allá», lo cual ha dejado entrever posibles apoyos a incursiones en territorio ruso.

Por otro lado, el reciente asesinato del influencer «trumpista» Charlie Kirk ha reforzado la agenda «securitista» de Trump a límites hasta ahora desconocidos en la política estadounidense. Para concentrarse en los cada vez más inquietos asuntos domésticos, Trump parece persuadido a solucionar, cuando menos temporalmente, los frentes abiertos en el exterior.

Gaza como salvavidas para Netanyahu

Atascada la situación en Ucrania, la impaciencia de Trump por ser el «hombre de la paz» ha motivado a enfocar en otro escenario: Gaza. Así, vía propuesta de paz, el mandatario estadounidense ha lanzado un súbito «salvavidas» de última hora al cada vez más contestado y aislado primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Este plan «trumpista» ocurre en un contexto delicado que pone a prueba la alianza entre EEUU e Israel. La crisis humanitaria y el genocidio de Gaza iniciado por Israel con su invasión a la Franja a finales de 2023 han desacreditado no sólo al primer ministro israelí sino también a su país. Indiferente ante esta situación, en su reciente alocución en la Asamblea General de la ONU, Netanyahu dejó a las claras su verdadero objetivo: «no habrá Estado palestino», sin ofrecer ningún gesto de mea culpa por los más de 80.000 palestinos asesinados en Gaza, aunado ahora a las razzias en Cisjordania que impliquen avanzar en la colonización de esos territorios y hacer así definitivamente inviable cualquier tipo de Estado palestino.

Unos 157 de los 193 países de la ONU, entre ellos potencias como Gran Bretaña y Francia, han reconocido la legitimidad del Estado de Palestina, la mayor parte de la comunidad internacional aprovechó oportunamente la reciente cumbre de la ONU para mostrar su oprobio por lo que sucede en Gaza, responsabilizando con ello a Israel. Esto llevó al humillante desaire realizado a Netanyahu por parte de la mayoría de los representantes nacionales en la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Si bien el plan de paz de Trump para Gaza beneficia claramente a Israel, la «huida hacia adelante» de Netanyahu comienza a resultar incómoda para un Trump que, en su ansiada pretensión por el Premio Nobel, ha llegado incluso a asegurar que no obtener ese galardón sería un «insulto para EEUU».

Al ego de Trump se le une la obstinación de un Netanyahu que comienza a sentir presión interna, incluso dentro del establishment militar, y un malestar social en vísperas del segundo aniversario de la invasión a Gaza. Hamás, si bien desarticulado en su cúpula dirigente, está lejos de ser doblegado política y militarmente. Tiene en sus manos todavía a decenas de rehenes israelíes, millares de militantes armados y muy probablemente una nueva dirigencia política.

El descrédito y la maltrecha imagen internacional de Israel también pasan factura a los «halcones» instalados en las altas esferas del poder en Tel Aviv y Jerusalén. El propio Trump ya ha advertido ante sus socios árabes que no consentirá una invasión y anexión de Cisjordania. Con ello busca ralentizar, o bien contemporizar, el objetivo supremacista del «Gran Israel» de Netanyahu y los «halcones».

En lo concerniente a los 20 puntos de la propuesta de paz, el texto abunda en aspectos más técnicos que estructurales. Trump maneja una versión maltrecha de los Acuerdos de Oslo (1994) en la que la solución de los «dos Estados» pasa a estar supeditada a una especie de transición tecnocrática y apolítica con un Hamás al que se le exige la desmilitarización, apenas exigiendo a Israel una contraprestación, lo cual mantiene el desequilibrio de fuerzas. Por otro lado, Gaza se convertirá en un carrusel de negocios dominado por los intereses conjuntos entre EEUU e Israel, aunque Trump intente llevar la iniciativa.

Esta caída en desgracia de Netanyahu ante los ojos del mundo ofreció un inusual gesto durante la cumbre en Washington con Trump: el premier israelí pidió perdón por los ataques en Qatar en las que buscó, infructuosamente, asesinar a líderes de Hamas. El contexto actual, con un atasco militar en Gaza y crisis humanitaria al que no se debe olvidar la breve confrontación directa entre Israel e Irán en julio pasado, han dejado entrever que Israel no es tan invencible militarmente y es mucho más vulnerable y dependiente de la ayuda estadounidense de lo que se creía.

Un actor clave: Arabia Saudita

A buena cuenta, Trump ha tomado cálculo de esta ecuación. Trump maneja nuevos equilibrios en Oriente Próximo que no le aten necesariamente a esa alianza estratégica con Israel. Necesita tener a su favor a Arabia Saudita y los emiratos petroleros toda vez el mundo árabe e islámico, visiblemente liderado por Arabia Saudita, ha comenzado a mover fichas contra Israel, trazando un revival de unidad incluso en el plano militar contra un enemigo común, el Estado israelí.

Un aspecto que inquieta a Trump tomando en cuenta que su aliado israelí ya ha atacado militarmente en lo que va de año no solamente a Palestina sino también al Líbano, Siria, Qatar, Irán y Yemen.

En este contexto debe interpretarse el «lavado de imagen» vía discurso en la ONU por parte del ex terrorista yihadista (Washington llegó a ofrecer una recompensa de US$ 10 millones por su captura o eliminación que ahora ha sido convenientemente retirada) ahora reconvertido en presidente interino sirio, Ahmed al Shar’a. La apertura de Trump hacia la «nueva Siria post-Asad» podría interpretarse como una condición expresada por el cada vez más poderoso príncipe saudita Mohammed Bin Salmán; una petición que Trump no ha dudado en atender.

Precisamente, Riad ha sido el principal interlocutor del mundo árabe a la hora de recibir con beneplácito la propuesta de paz de Trump para Gaza. Tradicionalmente desunidos en el plano político, la crisis de Gaza ha reactivado ciertos vínculos de unidad en el mundo árabe, muy probablemente determinados por evitar que el drama palestino active el malestar social contra el estatus quo de poder.

De este modo, sin abandonar la alianza estratégica con Israel, Trump comienza a jugar otras cartas buscando atraer a otros actores de peso como Arabia Saudita, cuyas esferas de influencia regionales incluyen ahora la Siria de al-Shar’a, visiblemente ya fuera del alcance de la histórica influencia iraní, el principal aliado del extinto régimen de los Asad. De este modo, Riad parece haber sustituido a Teherán como el principal actor de influencia en la «nueva Siria» y sus implicaciones tienen peso decisivo a la hora de negociar con Washington esferas de influencia geopolítica a nivel regional.

No debemos olvidar que en octubre ser realizarán elecciones legislativas en Siria, los primeros comicios tras la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre pasado. Estas elecciones son vitales para calibrar el incierto futuro sirio y cuál será su orientación geopolítica en este contexto de tensiones y conflictos permanentes in crescendo.

El panorama así se observa inquietante, donde un nuevo Parlamento deberá legislar un país fragmentado, con un proceso electoral que genera críticas por la exclusión de ciertas áreas y la falta de participación política plena, con partidos políticos prohibidos y desafíos a la seguridad. La eventualidad de una «balcanización» de Siria, que podría reproducir un contexto similar al observado en la vecina Líbano durante su prolongada guerra civil (1975-1990), es una posibilidad real ante el inflamado contexto regional.

Contando con un inmediato pero expectante apoyo internacional básicamente focalizado en intentar evitar que se amplíe el horror que se vive en Gaza con otra ofensiva militar israelí, es posible que la propuesta de paz de Trump tenga algún margen de efectividad, cuando menos temporal, toda vez las horripilantes imágenes que en los últimos meses se ha observado con el genocidio en Gaza, a la que la ONU oficialmente también ha catalogado de «hambruna», indicarían otros derroteros que propicien su inviabilidad.

Pero la pax de Trump navega igualmente por aguas inciertas. A falta de lo que responda Hamas, cuyo ultimátum enviado por Trump fue de tres a cuatro días, algunos movimientos políticos palestinos ya han oficializado su desacuerdo con la propuesta de Trump.

Por mucho que el propio Netanyahu lo haya propuesto meses atrás durante una de sus visitas a Washington, el primer ministro israelí sería un aval incómodo para un Trump obsesionado con el Nobel de la Paz. No obstante, incluso en la masacrada Gaza, destruida por la agresividad del Estado de Israel, cualquier paz se impone ahora como urgente.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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