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VENEZUELA: «LA PAZ POR LA FUERZA»

Roberto Mansilla Blanco*

El secretario de Defensa de EEUU, Peter Hegseth, declaró que la operación militar que detuvo al ya ex presidente venezolano Nicolás Maduro este 3 de enero fue una demostración de cómo alcanzar «la paz por la fuerza».

Minutos antes, el presidente Donald Trump justificó la operación de captura contra Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico, exclamando que «EEUU gobernará Venezuela hacia una transición justa y adecuada». Reiteró también el interés en el petróleo (Venezuela tiene las mayores reservas de hidrocarburos a escala mundial) toda vez que lanzaba una enigmática declaración considerando a la líder opositora y actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como «una dama formidable pero que no tiene apoyo ni respeto en Venezuela».

Horas antes, mediante comunicado, Machado aseguró que tanto ella como el «presidente legítimo» Edmundo González Urrutia estaban «preparados para liderar la transición». La posterior declaración de Trump evidencia que Washington está manejando otros escenarios para la transición en Venezuela en las que, aparentemente, Machado no tiene el principal rol protagónico.

Visto el modus operandi y la puesta en escena de la «operación militar especial» en Venezuela contra Maduro queda claro que el contexto da a entender un pacto previo entre diversos actores, internos y externos, en la que la caída de la pieza clave, Maduro, era ya imprescindible. A diferencia de otros contextos de caídas de regímenes autoritarios, en las calles de Caracas y de varias ciudades venezolanas no se apreciaron protestas masivas. La tensa y expectante calma predominaba en el escenario toda vez el «post-madurismo» se esforzaba por mantener las riendas del poder.

Con la seriedad y no menos nervios propios de la situación, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, apareció como el primero alto cargo en «dar la cara» en este momento de crisis, lo cual revela donde están los factores de poder en Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue también muy prolífica en redes sociales: tras demandar una «fe de vida» de Maduro reiterando que él es el «presidente legítimo» de Venezuela, el propio Trump aseguró en su intervención que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había hablado con ella. Trump también informó que Rubio será la figura clave en la tutela de Washington en este nuevo escenario venezolano.

Semanas atrás, cuando se filtraron las informaciones sobre la conversación telefónica entre Trump y Maduro, éste ofreció su renuncia a favor de Delcy Rodríguez. Si bien los medios estadounidenses, citando fuentes de la Casa Blanca, aseguraron que Trump no aceptó esta fórmula, la “clave Delcy” deja entrever que la Casa Blanca ya la había manejado con anterioridad como la figura transitoria más visible en esta etapa post-Maduro y que existía una línea de comunicación directa con ella. Tampoco hay que olvidar el peso del ministro de Interior y segundo vicepresidente Diosdado Cabello, con fuerte poder en los estamentos militar, burocrático y empresarial del «chavismo».

Más allá de las incógnitas, que son muchas, y de las inevitables incertidumbres ante un cambio político, Venezuela ingresa en una nueva etapa de equilibrios de poder pero también ante un escenario desconocido. Si bien durante su discurso Trump dejó entrever que «no hacen falta nuevas operaciones militares en Venezuela», la presión de Washington será cada más política en este contexto «post-Maduro» en Venezuela, en clave de tutela exterior y amparada por su intimidante presencia militar en el Caribe. Este escenario arroja un contexto inédito: Washington pretende con ello tutelar la soberanía de Venezuela bajo una transición dirigida por elementos tecnócratas como Delcy Rodríguez con la intención de neutralizar el poder militar y paramilitar vía colectivos y Milicia Popular en manos de Padrino y Diosdado.

Resta por medir como repercutirá la caída de Maduro en el contexto geopolítico global. Las constantes referencias de Trump y de Hegseth durante sus discursos sobre el poderío militar de un EEUU que «está de regreso» van claramente dirigidos a tres actores exteriores con presencia en Venezuela: Rusia, China e Irán, vistos en perspectiva como los verdaderos perdedores con la caída de Maduro, tal y como lo fueron en diciembre de 2024 con la de Bashar al Asad en Siria.

No obstante, no es descartable que la caída de Maduro fuera previamente «pactada» por Washington con Moscú y Beijing. Más allá de las consecuentes protestas por la agresión a su aliado, Rusia y China mantienen un bajo perfil, tal y como lo tuvieron con la caída de al Asad en Siria. Horas antes de su caída, Maduro recibió a una delegación china en el Palacio de Miraflores. No obstante, está por verse si Moscú y Beijing elevarán el «caso Venezuela» ante el Consejo de Seguridad de la ONU argumentando la violación del derecho internacional vía intervención militar socavando la soberanía venezolana.

Por su parte, Irán vive actualmente protestas en las calles mediatizadas por una presión constante por parte de EEUU e Israel que, incluso, advierten de la posibilidad de una confrontación armada con la pretensión de propiciar un cambio de régimen en Teherán. Vuelve a aparecer en escena la figura de Reza Pahleví, el exiliado hijo del último Shah de Persia. Diversas fuentes aseguran que Rusia viene asistiendo militarmente a su aliado iraní ante cualquier expectativa de confrontación armada contra Israel y EEUU. Concentrada en su crisis interna, Teherán tenía poco margen de maniobra para asistir a su aliado Maduro.

Por otra parte, la operación contra Maduro es una advertencia de Washington hacia países díscolos para sus intereses como Cuba, Nicaragua, Colombia e incluso Brasil, tradicionales aliados de Maduro, aspecto que puede servir de precedente para intervenciones similares.

Este revival del intervencionismo estadounidense en la región, que en el caso venezolano sería la primera intervención militar directa en un país de América del Sur, revela que Trump quiere volver a dominar lo que coloquialmente se ha denominado como su «patio trasero» pero que en los últimos años observó la presencia de competidores y rivales cómo China, Rusia, Irán, India y Turquía, entre otros.

El análisis de lo sucedido en Caracas implica diagnosticar que Venezuela ingresa en un terreno hasta ahora desconocido. Pero la realpolitik puede ser más asertiva y dictaminar que los pactos, directos e indirectos, fueron probablemente más decisivos en la caída de Maduro. Estos pactos, con sus inciertos escenarios, condicionarán esta etapa «post-Maduro» en la que la «operación militar especial» de Trump pretende reorientar radicalmente a Venezuela hacia la esfera de influencia de Washington.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Este artículo fue originalmente publicado en idioma gallego en Editorial Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/venezuela-a-paz-pola-forza-roberto-mansilla-blanco/

 

MADURO, TRUMP Y UNA «BAHÍA DE COCHINOS 2.0»

Roberto Mansilla Blanco*

Meses de táctica intimidatoria, presiones y ambigüedades dialécticas por parte de Donald Trump mientras aumentaba acciones militares «antinarcóticos» en el Mar Caribe que progresivamente se han instrumentalizado en acciones operativas orientadas a un eventual cambio de régimen en Venezuela, dan a entender que la crisis que actualmente se está llevando a cabo entre Washington y Caracas parece encaminarse hacia un escenario de colisión, a priori, inmediato e irreversible.

El pasado 22 de noviembre, aerolíneas estadounidenses y europeas anunciaron la preventiva suspensión de vuelos directos a Venezuela ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Recomendaciones similares de cautela giró Washington con respecto a su personal diplomático y profesional establecido en Venezuela.

Con anterioridad, Trump autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo cual confirma su pretensión de conocer el terreno con mayor exactitud vía trabajo de inteligencia. Por otro lado, medios estadounidenses filtraron informaciones sobre una posible oferta de Maduro a Trump para dejar el poder y exiliarse en Turquía, rechazada oficialmente por la Casa Blanca.

A pesar de la escalada militar, Trump ha anunciado que no descarta la vía de negociación con Maduro, un escenario que implica una negociación entre varios actores, dentro y fuera de Venezuela que, eventualmente, podría arrojar pistas en torno a una posible transición pactada de poder en Caracas, buscando evitar contextos conflictivos.

No obstante, la tensión se ha elevado ante el anuncio este 24 de noviembre por parte de Washington de etiquetar oficialmente de «terroristas» a Maduro y al controvertido Cártel de los Soles, una directriz que parece definir una nueva fase en la estrategia de Trump, ahora bajo la denominación oficial de «Lanza del Sur», pero hasta ahora condicionada por los vaivenes de una escalada de tensiones que, en el fondo, revela interrogantes e incluso incongruencias sobre cuál es la verdadera estrategia de Washington con respecto a Venezuela.

El papel de Marco Rubio y la crisis del MAGA

En la escalada de tensiones entre Trump y Maduro destaca igualmente el papel del secretario de Estado Marco Rubio, cuyo objetivo estratégico es romper el eje Cuba-Venezuela. El medio estadounidense Político asegura que Rubio encabeza la campaña de presión de Trump para forzar la salida de Maduro en la que se incluirían ataques aéreos selectivos, buques de guerra y hasta 15.000 tropas estadounidenses posicionadas cerca de la región bajo la narrativa de una «guerra contra los cárteles».

El verdadero objetivo sería un cambio de régimen en Venezuela que, visto en términos políticos e incluso hasta electorales a mediano plazo, buscarían mejorar la imagen de Trump, muy golpeada recientemente en las encuestas, así como también del propio Rubio, especialmente entre la comunidad de exiliados venezolanos y cubanos en Florida. El primer test electoral del «trumpismo 2.0» instalado en la Casa Blanca serán las elecciones del mid-term en noviembre de 2026, donde se renovarán el Congreso y un tercio del Senado.

Estos intereses políticos en torno a la crisis con Venezuela ocurre igualmente en un contexto de divisiones dentro del «movimiento MAGA» de Trump en EEUU, lastrada por la polarización interna tras la defección de Marjorie Taylor Greene, una de las principales bazas de apoyo a Trump. Existen aristas ideológicas y de movilización de liderazgos que comienzan a distanciarse del propio presidente estadounidense. Por otro lado, no existe un consenso político entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de intervención militar en Venezuela.

Esta crisis interna del «MAGA» observa una estrategia poco esclarecedora sobre cómo afrontar el «tema Venezuela». Un fracaso o un desenlace caótico de la crisis con Venezuela pondría en riesgo esta base política, especialmente entre votantes aislacionistas del movimiento MAGA, colocando en una difícil posición a una presidencia de Trump que comienza a observar un tímido resurgir de la oposición, especialmente tras la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York.

Del mismo modo, si la campaña punitiva contra Maduro se vuelve estéril y Trump apuesta por negociar con él una especie de transición pactada de salida de poder y exilio toda vez que Washington se asegura el retorno firme de las multinacionales estadounidenses al mercado energético venezolano, la posición de Rubio se vería igualmente en riesgo al no poder explicar por qué este amplio despliegue militar no produjo resultados políticos tangibles y deseosos para varios sectores de la «línea dura» tanto del MAGA como del Partido Republicano, ansiosos de por desalojar a Maduro del poder.

¿Sobrevivirá Maduro a una «Bahía de Cochinos 2.0»?

La oficialmente denominada operación antinarcóticos en el Mar Caribe impulsada por Washington supone la mayor movilización militar en el Caribe probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

Continuando con las comparaciones históricas, este escenario podría igualmente amparar la posibilidad de reproducción de una especie de «Bahía de Cochinos 2.0», realizando una comparativa con la operación llevada a cabo contra Cuba en 1961 por exiliados cubanos y la CIA apoyados por la administración Kennedy.

Ante este intrigante escenario no se debe descartar que sus consecuencias podrían implicar efectos contraproducentes para la estrategia de Washington. Por un lado, y al igual que sucedió en 1961 con el recién instaurado régimen socialista en Cuba, el eventual fracaso de una operación «Bahía de Cochinos 2.0» de 2025 contra Venezuela podría significar una perspectiva de consolidación del poder de Maduro, ahora instrumentalizada en términos de relato «soberanista y revolucionario» que le permita consolidar un sello personal y político dentro del «chavismo».

El uso punitivo de la fuerza por parte de Washington busca otra salida: la puesta en marcha de una transición pactada entre las elites del poder en Caracas y los actores exteriores con peso decisivo en los asuntos venezolanos, principalmente en los casos de EEUU, Rusia y China y, en menor medida, Brasil y Colombia.

En este último caso, el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido igualmente señalado por Trump dentro de esta campaña militarista «antinarcóticos» en el Caribe, aspecto que le habría obligado al mandatario colombiano adoptar una prudente distancia en lo relativo a su tradicional apoyo a Maduro y ante lo que pueda suceder en Venezuela. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva ha mantenido su tradicional posición de rechazar la violencia y apostar por la negociación.

Así mismo, la tensión entre EEUU y Venezuela determina un respectivo pulso de legitimidades entre los actores involucrados. Toda vez que le favorece el giro hacia la derechización en América Latina por la vía electoral (Bolivia, Ecuador, Argentina, posiblemente Chile), Trump necesita consolidar un triunfo internacional que desvíe la atención de las tensiones internas en EEUU, ya anteriormente mencionadas.

En el caso venezolano, Maduro, simbólicamente entronizado como «el hijo de Chávez», su sucesor no sólo en el poder sino en el devenir del proceso revolucionario, busca hacer realidad el viejo sueño de su «padre político»: resistir el asedio del «Imperio del Mal» estadounidense, independientemente si la misma conlleva una acción militar. Un episodio que, si bien no es exactamente comparable con la histórica invasión de «Bahía de Cochinos», sería convenientemente aprovechado por Maduro para instrumentalizar una narrativa heroica propia que le permita fortalecer su imagen y la de su estructura de poder.

Entran en esta ecuación algunos aspectos que no se deben pasar por alto y que podrían beneficiar a Maduro. Si bien es cierto que existe un portentoso despliegue militar estadounidense, es evidente la disparidad en el equilibrio de fuerzas en relación con Venezuela, en este caso obviamente favorable a EEUU, son escasos los indicios que confirmen la posibilidad de que Trump tenga decidida una invasión terrestre para desalojar del poder a Maduro, bajo el argumento de la amenaza del narcotráfico, siguiendo un guion similar al de la invasión a Panamá de 1989.

Diversas fuentes estiman en 15.000 los marines establecidos en este despliegue militarista estadounidense en el Caribe, ampliados con una logística naval y comunicativa de alto nivel, con nueve buques de guerra. No obstante, es preciso resaltar que esta cifra es insuficiente para invadir un país, Venezuela, de casi un millón de kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de costa con el Mar Caribe, aproximadamente 30 millones de habitantes y una Fuerza Armada que, si bien observa condiciones de cierta precariedad si lo comparamos con sus homólogos estadounidenses, cuenta con más de medio millón de efectivos y el apoyo logístico y de entrenamiento de potencias militares como Rusia, China e Irán.

Los rumores constantes y las idas y venidas de la estrategia diletante de Trump dan a entender que, más allá del hecho de que la invasión «esté sobre la mesa», no existe una estrategia definida y efectiva ni mucho menos una «quinta columna» dentro de Venezuela capacitada operativamente para apoyar esta invasión exterior que permita derrocar a Maduro. No se percibe quiebra ni en el Alto Mando de la FANB ni en los mandos medios, así como tampoco en las altas esferas del poder ni en los cuadros políticos y burocráticos del oficialismo. Lo que se observa es un «atrincheramiento» dentro del «chavismo-madurismo», en actitud expectante hacia lo que realmente pretende Trump.

Si bien es cierto que predomina una tensa calma y la consecuente incertidumbre y expectación hacia lo que puede ocurrir toda vez que se activan de manera disuasiva los mecanismos de seguridad oficiales, hoy en día las calles de Caracas distan notablemente de observar un clima de efervescencia política o de paranoia social ante una inminente invasión.

Por otro lado, la oposición venezolana está prácticamente desaparecida, por mucho que María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 que irónicamente apoya la intervención militar estadounidense en su país, se esfuerza hasta la saciedad desde la clandestinidad por hacer un llamado a la rebelión militar incluso anunciando un gobierno de transición donde ya ha sellado las claves de la nueva relación con Washington vía beneficios de inversiones petroleras y de otros recursos minerales estratégicos. Machado prometió generar US$ 1,7 billones en los próximos 15 años a través de la privatización de la industria petrolera.

Por otro lado está el eje Cuba-Venezuela que Rubio ansía desarticular en aras de procrear transiciones políticas en ambos países. De acuerdo con el economista cubano Pavel Vidal, la isla caribeña perdería el 7,7% del PIB si deja de recibir petróleo venezolano. No obstante, los expertos especulan con que la cúpula militar cubana difícilmente se encamine a destruir el sistema del que es la piedra angular, con riesgo incluso de desaparecer en caso de que esto suceda.

En respuesta a la puesta en escena militarista de Trump, Maduro ha hecho lo mismo en las calles venezolanas vía extensión de la Milicia Popular Bolivariana. El número de efectivos es lo de menos; lo importante es el mensaje en clave política. Y no es exactamente dirigido hacia Trump sino más bien ante cualquier posibilidad de disidencia política y militar dentro del régimen venezolano, y ante la posibilidad de acciones sediciosas opositoras aparentemente amparadas desde Washington.

Como imagen propagandística ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional a la hora de reflejar quién «está al mando», Maduro está aprovechando la crisis en términos políticos, reorganizando las estructuras de poder vía consejos comunales populares y organizaciones sindicales y trabajadores. Con ello, Maduro busca recuperar la noción «chavista» del «pueblo armado en las calles», de la «revolución pacífica pero armada», del «poder popular vía Comuna» que tanto explayaba Chávez en sus discursos.

Tras varios años de cierto ostracismo, la Milicia Popular, formalizada como una especie de «guardia pretoriana» del chavismo, ha retomado su protagonismo en este 2025 de rumores de invasión estadounidense.

La realpolitik entra en escena

Mientras el despliegue militar estadounidense toma posiciones en el Mar Caribe muy cerca de las costas venezolanas se filtró la información de una negociación directa entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un eventual plan de paz en Ucrania.

En esta ocasión aparentemente más receptivos, Europa y la OTAN no han desaprovechado la ocasión para mostrar su malestar e incluso incredulidad ante un pacto Trump-Putin en el cual quedan visiblemente fuera del centro de decisión.

Aquí vuelve a entrar en juego la realpolitik. El ultimátum de Trump al presidente ucraniano Volodymir Zelenski para aceptar este plan de 28 puntos que beneficia claramente a Rusia, evidencia la impaciencia de Washington, ansiosa de tener menos ataduras en el exterior para intentar definir una salida efectiva a la crisis con Venezuela, especialmente con la finalidad de neutralizar la posibilidad de una intervención rusa dada su alianza con Maduro. Es pertinente considerar que estos contactos informales entre Trump y Putin sobre Ucrania en medio de la crisis de EEUU y Venezuela definen equilibrios colaterales que muy probablemente influirán en lo que pueda suceder en Venezuela.

Si la escalada de tensiones aumenta, Trump podría ensayar en Venezuela lo que en 2017 hizo contra la Siria entonces gobernada por Bashar al Asad (hoy exiliado en Moscú) ordenando en este caso una serie de ataques quirúrgicos y concretos contra instalaciones militares venezolanas lanzadas desde portaaviones estadounidenses, en este caso en el Mar Caribe.

No deja de ser curioso que Trump acaba de recibir en la Casa Blanca al «sucesor» de Bashar al Asad en el poder en Siria; el ex yihadista Ahmed al Shara’a, un personaje por el que una vez Washington llegó a pedir una recompensa de US$ 10 millones por su captura «dead or alive». Una recompensa menor a los US$ 50 millones que ha pedido la Casa Blanca por Maduro con la intención de provocar una sedición militar y una rebelión popular en Caracas, hasta ahora inexistente, pero que se convierta en un bálsamo para «blanquear» las expectativas de intervención militar por parte de Washington.

Más allá de la escalada ruidosa de rumores y de la escasez de confirmaciones informativas, de salir airoso de esta crisis, una posibilidad que cobra fuerza mientras el tiempo pasa sin observarse novedades concretas, Maduro estaría por consolidar su poder incluso «legitimando» su presidencia, despejando así las acusaciones sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Por otro lado, un Trump acosado por la caída de popularidad, los rumores en torno al escándalo Epstein, el coste social y económico del cierre durante más de 40 días del gobierno federal y la crisis interna en el MAGA, se vería políticamente expuesto en caso de escenificarse una infructuosa aventura militar caribeña del que existe más ruido que certezas y que lleva ya cuatro meses de duración desde la puesta en marcha en agosto pasado de la operación «antinarcóticos».

Ante este escenario propio que podríamos denominar «Bahía de Cochinos 2.0», Maduro muy probablemente buscará imponer su sello personal y político especialmente dentro del «chavismo» que sigue comparándolo, en algunos casos con suspicacia, con el «Comandante Eterno» Hugo Chávez. Resistir, con concesiones o sin ellas, supone para «el Hijo de Chávez» ganar esta partida de póker con Trump y consolidar al «madurismo» como la estructura de poder absoluto en Venezuela.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar