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EL OCÉANO GLOBAL: POLÍTICA INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

3 marzo, 2022 SAEEG Deja un comentario

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Isabel Stanganelli*

***El USS United States derrota al HMS Macedonian, octubre de 1812. Dominio público.***

Hasta muy avanzado el siglo XIX, Estados Unidos otorgó una particular atención al desarrollo del poder naval. Ello se debió a situaciones internas como por ejemplo las guerras de independencia contra el Reino Unido que incluyeron batallas navales. Pero la poca población y la falta de experiencia del gobierno estadounidense priorizaron a la expansión continental sobre la marítima. Bajo el control británico persistía la economía mercantilista y Estados Unidos no controlaba las líneas marítimas para el transporte de abastecimientos. Ello se debió tanto a decisiones gubernamentales como a la debilidad financiera del momento. El contexto internacional se mantenía convulsionado por la Revolución Francesa y las posteriores coaliciones contra Napoleón.

Evolución

Con el arribo de la independencia, lo que quedaba de la Marina Continental del nuevo Estado fue desguazado o vendido. Bajo los artículos de la Confederación, el Gobierno Federal carecía de fondos para adquirir armas de combate. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos creó un nuevo gobierno federal con mayores poderes, que incluyeron la posibilidad de crear y mantener una fuerza naval nacional, otorgándole la responsabilidad de mantener dicha marina a su presidente bajo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y Marina nacionales. De todos modos el país continuaba sin medios económicos para crear una Marina.

Desde que lograron la independencia, los buques mercantes estadounidenses —ya sin la protección de la marina británica—, eran atacados por corsarios en África del Norte, región controlada por jefes militares localizados en Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli que extraían tributo de las naciones acordando no asaltar sus buques. Al respecto Thomas Jefferson en 1786 señalaba a John Adams que si había que comprar la paz era preferible hacerlo sin dilaciones pero que prefería lograrla por medio de la guerra. Justificaba su opinión en razones de justicia y de honor, además de la necesidad de ganar el respeto de Europa —para Thomas Jefferson el pago por protección era un signo de debilidad que causaría más problemas con otras naciones— y proveer al gobierno federal del más seguro de los instrumentos de coerción contra sus propios miembros y alejarlos del uso de lo que pudiera resultar menos seguro….”[1]. Sostenía que el pago de tributo podía ser invertido en la construcción de una flota.

A pesar de sus alegatos, el Congreso no tomó decisiones sobre la creación de una marina hasta 1790-91, cuando la situación en el Mediterráneo escaló y se comenzó a evaluar el costo de crear una fuerza para enfrentar este problema. En ese tiempo el Congreso apoyó la construcción de buques para las flotas mercantes y pesqueras, que pudieran ser usados en caso de guerra y así ahorrar el dinero necesario para construir una fuerza naval. Sin embargo, la influencia federalista se impuso y logró aprobar la construcción de una gran flota, dotada con naves de guerra. Entre 1792 y 1801 Estados Unidos creó una fuerza naval y la burocracia para gobernarla.

Mediante el Acta Naval de 1794 se instituyó la Marina de Estados Unidos con fondos suficientes para la creación de una fuerza naval destinada específicamente a proteger el comercio de la depredación de los corsarios argelinos —es decir la marina como una institución temporaria—. Se decidió la construcción en roble de las fragatas Constitution, United States, Constellation, Congress, President y Chesapeake. Durante su construcción el Dey de Argelia firmó un tratado de paz con Estados Unidos en septiembre 1795. Desaparecido el peligro corsario —cláusula del Acta Naval de 1794— se debió suspender la construcción de los buques excepto los tres primeros debido a la creciente hostilidad en el mar que enfrentaban las naciones neutrales en las guerras napoleónicas, que se extendieron a la actividad comercial. Francia y el Reino Unido intentaron interrumpirse el comercio y los Estados neutrales resultaron afectados. La firma de un tratado Estados Unidos – Reino Unido en 1794 fue considerado por Francia como una violación a los que había firmado previamente con ella. En marzo de 1797 Francia estableció su derecho a abordar buques de Estados Unidos y controlar la lista oficial de su tripulación. La falta de esta lista —hecho frecuente— autorizaba la captura de la nave. Todos los buques fuera de sus puertos estaban en riesgo —bloqueo marítimo—. En mayo de 1798, el presidente Adams ordenó la recuperación de sus buques en poder de Francia y la captura de los de esa bandera involucrados en depredación o con la intención de hacerlo. Esta decisión implicó efectuar maniobras alejadas de las aguas americanas, en las que actuaron las flamantes fragatas.

Estas instrucciones instigaron formalmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia. La marina estadounidense creció logrando 54 buques de diversos tamaños. Se retomó la construcción de las fragatas interrumpidas por el Acta de 1794 y se inició la construcción de otras siete, además de numerosos buques menores y el alquiler de otras que fueron adaptadas como buques de guerra. En febrero de 1801 un tratado con Francia cesó las hostilidades, los gastos navales dejaron de verse como prioritarios y la flota resultó reducida de 33 embarcaciones a 13.

A su arribo a la presidencia, Jefferson solo permitió la existencia de una pequeña flota destinada al Mediterráneo y buques armados con hasta dos cañones para protección de sus propios puertos con fortificaciones donde la población sería parte de su defensa. Su política era estrictamente defensiva. Posiblemente Jefferson adoptó su posición de los franceses, más frugales en contraste con el Reino Unido. Hoy se considera que este aspecto de su gestión fue erróneo y la demostración sería la tensión Estados Unidos – Reino Unido durante su administración.

Los mayores problemas surgieron a partir de 1805. La mayor virulencia de las coaliciones contra Napoleón hizo que el Reino Unido necesitara de Estados Unidos En 1807, el Secretario de la Marina, Robert Smith, estimó que serían necesarios 257 patrulleros para proteger los puertos de Estados Unidos en el Atlántico y Nueva Orleans, de los cuales solo se construyeron 176 que demostraron ser de costoso mantenimiento y —debido a la madera verde utilizada— se destruyeron rápidamente.

Jefferson veía a la Guerra como una extensión de la política pública, como una herramienta. El flamante Estado solo se limitaría a responder a las hostilidades que se le dirigieran. De esta manera justificaba la resistencia armada para preservar los derechos, es decir defensiva y no agresiva. De todos modos si el objetivo es la preservación del Estado o la destrucción del enemigo, entonces el combate debe absorber a todos los miembros de la sociedad. La presentación de argumentos para los dos estilos de guerra vendría luego con Clausewitz, cuya doctrina superó la de Jefferson[2]. Estados Unidos no podía proyectar fuerza militar o política sobre otras naciones.

Por otra parte el objetivo del presidente era no generar deudas que pesaran sobre las generaciones futuras. Jefferson argumentaba que si el país no podía proteger las flotas comerciales, éstas debían resguardarse en los puertos en tiempo de guerra. Las naciones que necesitaran mercaderías estadounidenses serían las encargadas de ir a buscarlas y aceptar la responsabilidad de transportarlas en sus propios buques. Este uso estratégico del control comercial también fracasó. La estrategia marítima ofensiva de esa hora era la regulación de la fuerza comercial estadounidense, implementada en la forma de embargos temporarios a las exportaciones nacionales —el objetivo era proteger a los barcos, marinos y propiedades mercantiles— y de embargos totales a las exportaciones e importaciones británicas como arma ofensiva de persuasión económica[3]. En 1808 falló el embargo.

Con la asunción del presidente James Madison en marzo 1809, poco cambió respecto de la marina. La guerra económica con el Reino Unido se había iniciado con el incidente Chesapeake/Leopard en junio de 1807 y a pesar de que se aproximaba la guerra de 1812 el programa de ampliación comenzó a perder momentum. Hacia 1811 los únicos barcos en construcción habían sido ordenados antes; los existentes —de madera— estaban en su mayoría en descomposición y muchos en uso requerían reparaciones. En 1812 Estados Unidos tenía 17 embarcaciones capaces de aventurarse en el mar, nueve eran fragatas y el resto embarcaciones menores, en tanto la Marina Real contaba con 1048, 117 de ellos fragatas. De todos modos la guerra se planeó por tierra y contra Canadá, abastecedora del Reino Unido. La preparación de estos efectivos dio tiempo a la marina para preparar algunos barcos. El primer año de la guerra arrojó indiscutibles victorias estadounidenses en el mar, en parte debido a que la marina británica también debía controlar la defensa contra Napoleón o proteger su flota comercial. El segundo año el Reino Unido fortaleció el bloqueo de los puertos y el comercio de Estados Unidos, paralizando la economía. La confianza en una estrategia marítima defensiva resultó inadecuada para proteger los intereses estadounidenses.

Continuó luego, como parte del “Destino Manifiesto”, la predominancia de expansión territorial hacia el oeste.

En el siglo XX se consideró que la guerra era tan dañina para los intereses comerciales norteamericanos como una Europa bajo una potencia única que controlara el acceso al comercio continental en detrimento de los Estados Unidos. Ahí surgieron las dos tendencias que se mantienen actualmente:

- la adquisición de bases ubicadas en lugares estratégicos o el derecho de permanencia o visitas a otros puertos por buques de guerra norteamericanos (y ahora también la permanencia de aviones y fuerzas terrestres);
- rechazo de cualquier intento hegemónico desde el continente euroasiático, etapa que coincidió con las teorías de Sir Halford Mackinder.

La cuestión del continuo acceso a los mercados europeos ayudó a los Estados Unidos a enfrentar la Alemania imperial.

El capítulo Mahan en la Historia de Estados Unidos

Acorde con el momento histórico estadounidense —y en parte construyéndolo— la doctrina de Mahan indicaba que una nación debe tomar medidas en el mar para asegurar su dominio político y militar

Alfred Thayer Mahan, (1840-1914), autor de “La Influencia del Poder Marítimo en la Historia, 1660-1783”, escrito en 1890, destacó la importancia estratégica de una efectiva fuerza naval en las naciones victoriosas a lo largo de la Historia argumentando que el poder naval resulta de la posición geográfica, de los abundantes recursos, del carácter nacional y de un gobierno que lo sostenga. Poseedores de todas estas características, los Estados Unidos, “lo deseen o no (…) deben comenzar a mirar hacia afuera”.

Según Mahan dos razones pueden llevar a desear una fuerza naval:

- para su uso pacífico, su primera función es proteger el comercio marítimo de la nación[4];
- en el caso de una nación con tendencias agresivas constituye una rama del establecimiento militar y un arma de conquista.

Muchas naciones con este propósito también tienen flotas comerciales que desean ver protegidas. Los buques son la proyección táctica directa del poder naval. Son el elemento de la estrategia naval diseñado para proyectarse desde bases protegidas e infligir daños en sus oponentes. Son armas ofensivas en tanto hacen la guerra a gran distancia de su territorio y defensivas al proteger sus flotas comerciales, líneas de comunicación y puertos. Los puertos y fortificaciones, usualmente considerados con propósitos defensivos son por el contrario ofensivos. Sin ellos las marinas no pueden funcionar y las indispensables líneas de transporte y comunicación interior quedan interrumpidas, frustrando el objetivo ofensivo de mantener el comercio y comunicación. Es responsabilidad del gobierno asegurar que en caso de guerra, las provisiones, hombres y armamentos resulten suficientes para proteger la flota mercante.

Las ideas de Mahan tuvieron otras implicaciones. Su política expansiva requería presidentes poderosos. Convencido de que el mundo estaba dividido en poderes navales (Estados Unidos, Reino Unido, Japón) y poderes continentales (como Rusia), animaba a los primeros a unirse y desafiar a los segundos, especialmente en Asia. Su tesis de que una marina eficaz era el basamento de las mayores potencias del mundo fue recibida con gran interés y ejerció enorme ascendiente en funcionarios clave de Estados Unidos, especialmente en los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt, quienes siguieron sus diseños expansionistas: Hawai; construcción de un canal ístmico (Panamá) para que su flota pudiera rápidamente moverse de un océano a otro; la Guerra Hispano-Americana (marzo-agosto 1898), que permitió a Estados Unidos apoderarse de Puerto Rico y Guam e instalar la base norteamericana en el territorio cubano de la bahía de Guantánamo, así como el control total y directo de Cuba hasta 1902 y de Filipinas —hasta 1946— y la obtención de otros territorios en el Pacifico para bases necesarias destinadas a proteger el comercio.

También influyó Mahan en la construcción de una gran marina. En este caso formada por gigantescos buques de guerra que permitieran victorias decisivas. La marina que en 1882 tenía 90 pequeños buques (38 de ellos de madera), se transformó en la siguiente década en la Gran Flota Blanca que ganó la guerra de 1898 y participó en la Primera Guerra Mundial. Mahan fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial: sus ideas justificaron la carrera armamentista naval del Reino Unido -Alemania (y también la de Japón), si bien estaba convencido que no ocurriría una gran guerra. Su trabajo colaboró en la modificación del tradicional sentimiento anti-naval en la mentalidad estadounidense.

**Avances territoriales de Estados Unidos entre 1867 y 1947**.

El Informe Stratton

Julius A. Stratton encabezó la Comisión sobre Ciencias, Ingeniería y Recursos del Mar y completó en 1969 —a pedido del presidente Ronald Reagan— el informe “Nuestra Nación y el Mar”[5], que sirvió de base conceptual para la formulación de las estrategias oceánicas aplicadas desde entonces por los Estados Unidos Fue una fuente de inspiración para otros países y contribuyó al notable desarrollo del Derecho del Mar en las décadas siguientes (la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas comenzó a sesionar en 1973). Uno de sus resultados más destacados fue la creación de la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera (NOAA), en 1970, y la adopción de nueva legislación sobre la zona costera, en 1972.

Es interesante destacar algunos conceptos vertidos en el capítulo 1 de este Informe: “debido a que las inestabilidades en la situación mundial no pueden resolverse rápidamente, el poder militar seguirá siendo un factor central en las cuestiones mundiales. Los avances actuales en la tecnología militar submarina otorgan a Estados Unidos un importante rol en las capacidades de defensa y prevención en el océano global. En la medida que los usos del mar se multiplican, la misión de defensa de la marina se complica por la presencia de estructuras, vehículos y hombres. Los problemas resultantes solo pueden ser resueltos mediante una cooperación muy próxima entre los usos civiles y militares del mar”. La Comisión destacó que la participación de la Nación en el uso del mar requiere “una marina capaz de llevar a cabo sus misiones de defensa en cualquier lugar de los océanos, a cualquier profundidad y en cualquier momento”.

De la misma manera que el Informe Stratton encontró dificultades, la III Convención del Derecho del Mar —UNCLOS— también fue testigo de un arduo debate —que había hecho fracasar las dos convenciones previas— entre los países con importantes flotas —como Estados Unidos — que no deseaban la extensión del Mar Territorial a 200 millas. Con elementos para defender sus espacios marítimos, no veían interés en limitar su ingreso en los sectores de otros países que las sustentaban con argumentos económicos. Finalmente esta Conferencia estableció el Mar Territorial en 12 millas y también la Zona Económica Exclusiva (ZEE) con soberanía para los Estados costeros sobre los recursos hasta 200 millas. La Convención entró en vigor en septiembre 1994, sin la ratificación de Estados Unidos.

La última década

El Informe Watkins

Para actualizar el análisis de su relación con el mar, el Congreso de Estados Unidos y el presidente George H. W. Bush encomendaron en 2001 a expertos de alto nivel que conformaran una comisión para identificar mejores estrategias para conservar y utilizar los océanos y sus recursos, formándose la Comisión Estadounidense de Política Oceánica. Presidida por el almirante de marina retirado, James D. Watkins, la comisión inició sus tareas en septiembre de 2001[6]. Como parte de los objetivos, Watkins expresó que “los problemas que enfrentan nuestros océanos y costas son reales, pero también le brindan a esta nación nuevas e interesantes oportunidades para ser buenos gestores de los recursos naturales de este planeta. Debemos aprovechar este momento para hacer cambios significativos y fundamentales no sólo hoy, sino para generaciones futuras”. Las recomendaciones sobre una serie de cuestiones sobre los océanos, incluirán estrategias para una política nacional de los océanos que “mantenga el liderazgo de Estados Unidos en las actividades relacionadas con océanos y costas”.

La Comisión afirma que para influir en la gestión de los océanos en el ámbito mundial, Estados Unidos debe comenzar por promulgar y aplicar políticas ejemplares en el ámbito nacional sin descuidar la acción internacional coordinada. Para ello debe trabajar con otros países y organizaciones internacionales en la elaboración de políticas y mecanismos para mejorar todos los aspectos del manejo de los océanos de otros países.

En particular, se señala que es imperativo que Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), marco jurídico preeminente para tratar las cuestiones internacionales de los océanos[7]. Mientras no lo haga, Estados Unidos no podrá participar directamente en los órganos establecidos al amparo de la Convención, que toman decisiones sobre cuestiones de importancia para todos los países costeros y marinos. Las conclusiones y recomendaciones de la comisión en el sector internacional abarcan mucho más que el Derecho del Mar.

Entre los principios rectores se encuentra que Estados Unidos “actúe en cooperación con otros países en elaborar y poner en práctica una política internacional de los océanos, que refleje las profundas conexiones entre los intereses de Estados Unidos y el océano mundial”.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que el presidente Reagan se negó a firmar fue rubricada por el presidente Bush para no dejar en manos de la ONU las riquezas del mar: la Autoridad Internacional del Fondo del Mar (ISA) puede regular 7/10 de la superficie del planeta, establecer impuestos internacionales —atributo de soberanía—[8], tiene el poder para regular la investigación y exploración oceánica así como imponer cuotas de producción de petróleo y minerales en el lecho y subsuelo oceánicos. La ISA tendrá poder para crear una corte internacional y emitir fallos con una jurisdicción mayor que la de la Corte Criminal Internacional —a la que Estados Unidos no pertenece— o la OMC —que le ha creado no pocos problemas—. A varios de los opositores les resulta irritante la cláusula de “un país, un voto”.

Por otra parte se considera peligrosa la firma de un tratado que obligue a compartir información y transferir costosa tecnología con otros Estados. El argumento contrario era ¿por qué es necesario firmar por esos beneficios en un territorio oceánico que ya poseemos y controlamos[9 ]?

Presencia actual en el “Océano Global”

Durante las últimas décadas Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mundo, tanto en tiempos de paz como de guerra. En consecuencia, Washington ha debido realizar cambios y adaptaciones como en marzo 2004 la retirada de la base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, luego de una presencia de 60 años que sirvió para apoyar los ejercicios navales en las cercanías de la isla de Vieques o el soporte a las Repúblicas Bálticas para su incorporación en la OTAN. Estos son sólo algunos de los cambios en la Reorganización Global que lleva a cabo el Pentágono[10]. El cierre de bases en el país —consideradas innecesarias— guarda relación con nuevas estrategias de emplazamientos en el exterior y con permitir realizar mayores inversiones en armamento de avanzada[11].

El “Informe sobre las Bases” del Departamento de Defensa del año 2003 contiene una lista de 730 bases en más de 50 países que son propiedad del Pentágono o han sido arrendadas por éste y aproximadamente otras 6.000 instalaciones que se encuentran en territorio estadounidense o en sus posesiones.

En la actualidad, una Comisión de Bases de Ultramar trabaja para recomendar al Pentágono operaciones más eficientes en el exterior. El informe final servirá de complemento al trabajo realizado por el panel de Reubicación y Cierre de Bases (BRAC) que está sesionando para analizar las instalaciones militares y recomendar cierres, reubicaciones y permanencias.

La Marina de Estados Unidos en el mundo[12]

- Comando Europeo: para misiones operacionales en el área en forma coordinada con otras fuerzas aliadas.
- Flota del Pacífico: cubre más del 50% de la superficie planetaria, en los océanos Pacífico, Índico y Ártico. Debe sostener al Comando del Pacífico y proveer fuerzas navales interoperativas, entrenadas y alistadas a esta Flota y a los comandos unificados de Estados Unidos.
- Flota de Guam: sostiene a la 7ª Flota y a los numerosos comandos marinos de Guam y Micronesia.
- Estación Aeronaval Keflavik, Islandia: base del Comando de la OTAN en esta república. Proveer servicios a las actividades aeronáuticas y de la marina.
- Base naval de soporte Nápoles, Italia: Para la región del Mediterráneo que incluye a la 6ª Flota. El Comando está en Capodichino y es asistido desde Nápoles con cuarteles en Bagnoli.
- Base Naval Rota, España: entre Gibraltar y el límite con Portugal. Sostiene a la 6ª Flota en misiones de mantenimiento de paz, estabilidad y aprovisionamiento.
- Flota Sasebo, Japón: Sostiene a los seis buques estacionados en el lugar, a la Flota del Pacífico. Se ocupa de mantenimiento y aprovisionamiento. El Comando también es sede el Grupo 1 de Anfibios y el Escuadrón 11 de Anfibios, el único permanente de la Marina.
- 7a Flota: La mayor con 50-60 buques, 350 aviones y 60.000 efectivos. Establecida en 1943, opera en el Pacífico Occidental, Índico y golfo de Arabia.
- Estación Naval Sigonella, Italia: Juega un rol vital en sostén de actividades navales en el Mediterráneo.

La nómina de portaviones completa la estructura del poder militar de Estados Unidos. Su función es proyectar poder.

Por último se mencionará que Estados Unidos es parte —importante— de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con ella —a través de ella o por su intermedio— interactúa en numerosos espacios que ya han excedido el espacio oceánico original de la Organización y es parte de escenarios en el Cáucaso y Asia Central.

La existencia de bases de diferente índole distribuidas en todo el mundo, la posibilidad de despliegue rápido aportada por sus numerosos portaviones, el valor y peso de sus aliados, hacen del país una potencia arrolladora cuyo poderío hace difícil un diálogo en igualdad de condiciones.

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.

Referencias

[1] Thomas Jefferson to John Adams, 11 July 1786. Letters. 855.

[2] De hecho, el texto de Clausewitz es lectura obligatoria en instituciones como la United States Naval Academy, Annapolis. http://prodevweb.prodev.usna/SeaNav/ns310/ns310%20reading%20Assign.pdf [consulta: 04/07/2003].

[3] Spivak, Burton. Jefferson’s English Crisis: Commerce Embargo and the Republican Revolution. Charlottesville: University Press of Virginia, 1979, p. 105.

[4] Brodie, Bernard. A Layman’s Guide to Naval Strategy. Princeton: Princeton University Press, 1943, p. 16.

[5] Stratton, Julius A. Our Nation and The Sea. A Plan for National Action http://www.lib.noaa.gov/edocs/stratton/chapter1.html

[6] Watkins, James D. Anteproyecto oceánico para el siglo XXI. http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0404/ijgs/gj04.htm. La dirección electrónica de la Comisión de Política Oceánica es: http://www.oceancommission.gov/welcome.html

[7] El 23 de marzo de 2004, la administración Bush anunció su apoyo a la ratificación de la UNCLOS. El Senado todavía debe someter a voto la ratificación.

[8] Existen páginas web que sostienen el rechazo a la ratificación. http://www.thelibertycommittee.org/lost.htm

[9] Grigg, William Norman. “Sink the Law of the Sea Treaty!” The New American. Marzo 7, 2005 http://www.getusout.org/un/articles/lost.htm [consulta: 29/05/2005]. Es abrumadora la información en Internet sobre la campaña “por el NO”.

[10] Smith, Daniel. “Contar con tropas en el lugar de operaciones. Despliegue militar estadounidense en el mundo”. Red Voltaire, www.reseauvoltaire.net, [consulta: 31/05/2005].

[11] Vieth, Warren. “Military Must Adapt to Terror Era. Bush Says”. Los Angeles Times, 28/05/2005, http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-bush28may28/story

[12] “An Internet Guide to United States Military Bases Around the World”. http://www.libsci.sc.edu/bob/class/clis734/webguides/milbase.htm [consulta: 31/05/2005].

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Estados Unidos, Vietnam

DIEZ PUNTOS PARA ENTENDER LA RELACIÓN VIETNAM ESTADOS UNIDOS EN MOMENTOS DE LA VISITA DE KAMALA HARRIS.

2 septiembre, 2021 SAEEG Deja un comentario

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Ruvislei González Saez*

Por estos días se realizó la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris a varios países asiáticos, pero sin dudas la atención mayor ha estado centrada en el segundo destino, es decir Vietnam, del 24 al 26 de agosto. La gira por el país indochino se realizó por invitación de su homóloga anfitriona, Vo Thi Anh Xuan. Los medios de comunicación e incluso analistas occidentales tienden a confundir y realzan las relaciones al punto que algunos han llegado a llamarles aliados, lo cual no es correcto.

Con la visita se concretaron algunos resultados como la firma de un acuerdo sobre la nueva ubicación de la Embajada de Washington en Hanoi. Ambos países firmaron un acuerdo al respecto en 2019 y a principios de este año, el Comité Popular de Hanoi ratificó y emitió una decisión de arrendar la tierra a servicio del proyecto mencionado por 99 años. Con respecto a la lucha contra el COVID-19 y la seguridad sanitaria, la vicepresidenta estadounidense reforzó el compromiso de su país para poner fin a la pandemia y anunció nuevas donaciones de vacunas a Vietnam (un millón de vacunas Pfizer más para completar 6 millones, muy por debajo de las necesidades de la nación del Sudeste Asiático con más de 93 millones de habitantes) y la apertura de una nueva oficina regional del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Hanoi para mejorar la cooperación en seguridad sanitaria en el Sudeste Asiático.

Mientras, en la cuestión de adaptación al cambio climático, ambas partes coincidieron en la importancia de combatir la crisis correspondiente, incrementar la resiliencia y colaborar hacia un futuro de energía limpia. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció la Alianza para la Reforma de la Educación Superior, con un proyecto de cinco años que proporciona hasta 14,2 millones de dólares para fortalecer la enseñanza, la investigación, la innovación y la gobernanza dentro de las tres universidades nacionales más grandes de Vietnam.

El “unicornio” tecnológico vietnamita VNG consideró en el marco de la visita cotizar en bolsa en Estados Unidos a través de una fusión inversa con una compañía de adquisición con fines especiales (SPAC), valorada de dos mil millones a tres mil millones de dólares. Sin embargo, al mismo tiempo, el fabricante vietnamita de automóviles VinFast firmó un memorando de entendimiento sobre la cooperación con la compañía china de Gotion High-Tech en la investigación y producción de batería de litio-ferrofosfato (LFP) para sus vehículos eléctricos. Puede añadirse que los propias de la visita la compañía Boeing abrió su primera oficina en Vietnam, que se espera respalde los objetivos de crecimiento de la empresa en sus negocios de aviones comerciales, defensa y servicios. También abrió otra en Indonesia, debido a la relevancia del crecimiento de la clase media en el Sudeste Asiático.

Al analizar las relaciones bilaterales en el marco de la visita es importante destacar una serie de elementos para clarificar el grado de interrelación, sin obviar la relevancia de estas relaciones para las dos partes que si deben plantearse como prioritarias, pero no en grados de alianzas. En ese sentido hay que destacar que:

El presidente Nguyen Xuan Phuc, el primer ministro Pham Minh Chinh y la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan recibieron a la vicemandataria. Sin embargo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong no la recibió.
Las relaciones Vietnam-Estados Unidos existentes desde el 2011 como Asociación Integral, permanecen y no avanzaron a pesar de la insistencia de la parte estadounidense y de la visita de la vicepresidenta de elevarla al nivel de Asociación Estratégica. Para Estados Unidos es más importante relanzar sus relaciones con Vietnam y llevarlas al nivel de socios estratégicos teniendo en cuenta la variable China. A su vez, aprovechando la cuestión del conflicto del mar del Sur de China entre Beijing y Hanoi, sin dudas Washington pretende utilizar a su favor como parte de su política de contención al gigante asiático. Por tanto, hay que entender las relaciones Estados Unidos-Vietnam como una triangulación Estados Unidos-Vietnam-China. En ese sentido, Hanoi evita caer en un conflicto entre dos grandes potencias y promueve el equilibrio estratégico.
El mismo día que arribó la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris a Vietnam el primer ministro, Pham Minh Chinh recibió al Embajador de China, Xiong Bo. En el encuentro expresó que Vietnam atesora las relaciones de vecindad amistosa tradicional y la Asociación de Cooperación Estratégica Integral con Beijing, considerándolas una opción estratégica y máxima prioridad en su política exterior. Destacó que Vietnam persiste en la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de vínculos, integración internacional proactiva y activa, y ser un miembro responsable de la comunidad internacional. Ratificó también la postura de no integrarse en ninguna alianza en contra de un tercer país. Expresó su deseo de que ambas partes mejoren la confianza política, promuevan los intercambios a todos los niveles, impulsen la colaboración integral y el mecanismo del Comité Directivo para la cooperación binacional.
Un día antes de la visita de la vicepresidenta estadounidense a Hanoi, el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo una llamada telefónica con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel. Ello demuestra los principios de vínculos históricos y justo con la visita de Kamala Harris los titulares de noticia vietnamitas se hacían eco de que Cuba apoyaría a Vietnam con la vacuna cubana Abdala, la misma que ha sido cuestionada por el gobierno y algunos medios estadounidenses.
En el Libro Blanco de Defensa 2019, Vietnam ha dejado claro, la concepción de ser amigo de todos y aplicar la concepción de los tres no: “Vietnam no se unirá a ninguna alianza militar, no se asociará con una de las partes para oponerse a otra y no permitirá que ningún país extranjero establezca una base militar en el país”.
Las relaciones militares incluso promovidas por el antecesor visitante en el mes de julio, es decir, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, evidenciaron que los marcos de la cooperación se centran en: colaboración en el alivio de las consecuencias de la guerra (búsqueda de soldados desaparecidos, desactivación de bombas y minas y superación de las secuelas del Agente Naranja/dioxina), la solución de los desafíos de seguridad no convencionales (prevención y lucha contra el COVID-19), asistencia humanitaria y en casos de emergencia, y la asistencia a Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Incluso en la venta de armamentos esta es restringida, a la vez que los ejercicios son limitados.
Según datos oficiales, el valor del comercio bilateral se situó en 90.800 millones de dólares en 2020, para un aumento interanual de 19,8%, pese a los impactos del COVID-19. Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, tras la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio Bilateral en diciembre de 2001, el valor del trasiego mercantil entre ambas partes aumentó 47 veces y se situó en 77 mil millones de dólares en 2020 las exportaciones vietnamitas a la nación americana, mientras solo 13,7 mil millones de dólares de importación. Estados Unidos constituye el mayor mercado de exportación de Vietnam. A pesar de los impactos de la pandemia de COVID-19, los ingresos por las ventas de esos rubros vietnamitas a Estados Unidos en 2020 aún alcanzaron los 12.200 millones de dólares[1]. Ante el elevado superávit comercial vietnamita, Estados Unidos se ha resistido a firmar un tratado de libre comercio bilateral algo que incluso Hanoi promovió con la visita. Se insistió en desarrollar un nuevo acuerdo comercial y de inversiones al margen del que se desarrolló en el 2001. Ambas partes estuvieron a punto de concretar con la firma del tratado de Asociación Transpacífico (TPP), pero el entonces presidente Donald Trump (2017-2020) retiró a Estados Unidos de dicho megacuerdo.
Estados Unidos mantiene cuestionamientos a la política comercial vietnamita. Plantea que la Circular 182/2015 / TT-BTC, promulgada por el Ministerio de Finanzas de Vietnam en 2016, regula los aranceles preferenciales de exportación e importación en las categorías de bienes gravables. También plantea que el Ministerio de Defensa de Vietnam (MDV) limita el número de empresas que pueden importar o exportar equipos de defensa[2]. Hace cuestionamientos a las prohibiciones de importación: De acuerdo con el Decreto No. 187/2013 / ND-CP del 20 de noviembre de 2013, Vietnam actualmente prohíbe la importación de algunos productos, incluyendo armas, municiones, materiales explosivos, equipo técnico militar, petardos, bienes de consumo de segunda mano, tipos de publicaciones y productos culturales en la categoría de cuya difusión y circulación está prohibida en Vietnam, vehículos motorizados con volante a la derecha, materiales e instalaciones de transporte, productos químicos, agentes de protección de planes cuyo uso está prohibido en Vietnam, desechos y desperdicios, equipos de refrigeración que utilizan CFC , productos, materias primas que contienen amianto del grupo de los anfíboles, productos químicos en la lista de productos químicos prohibidos[3]. Tan solo son algunos ejemplos de diferencias en temas comerciales.
Estados Unidos es el onceno inversionista en Vietnam según fuentes vietnamitas. Singapur, Corea del Sur, China, Japón y la provincia china de Taiwán fueron los cinco principales inversores en 2020[4].
24 mil vietnamitas estudian en Estados Unidos, contribuyendo con casi mil millones de dólares a la economía del país norteamericano. Es el sexto país con más estudiantes en la nación americana después de China (34,6% del total), India (18%), Corea del Sur (4,6%), Arabia Saudita (2,9%), Canadá (2,4)[5].

* Doctor en Ciencias Económicas (2015). Profesor e Investigador Auxiliar. Jefe del Equipo de Asia y Oceanía y miembro del Consejo Científico del CIPI. Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos (SAEEG).

Referencias

[1] Información obtenida del departamento general de Aduanas de Vietnam, 2021.

[2] https://www.export.gov/apex/article2?id=Vietnam-Defense-Sector

[3] https://www.trade.gov/knowledge-product/vietnam-trade-barriers

[4] Según Vietnaminsider, Vietnamtimes, statista, VNA, etc.

[5] https://www.migrationpolicy.org/article/international-students-united-states-2020

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Análisis, Estados Unidos

HACER QUE NUESTRAS DEMANDAS SEAN TANTO PRÁCTICAS COMO VISIONARIAS

5 agosto, 2021 SAEEG Deja un comentario

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Mark Engler* y Paul Engler**

***Señales publicadas cerca de 38th y Chicago Avenue South en Minneapolis. (Flickr/Tony Webster)***

Cómo los movimientos sociales están empleando el concepto de la «reforma no reformista» para promover un cambio de largo alcance.

Cuando se trata de evaluar una determinada demanda o propuesta de reforma, los movimientos sociales se enfrentan a un dilema común. En respuesta a la presión que generan los activistas, los políticos convencionales constantemente pedirán paciencia y moderación. En el mejor de los casos, sólo respaldarán las reformas poco a poco que consideren razonables y pragmáticas. El resultado son ajustes tecnocráticos que podrían ofrecer pequeñas ganancias, pero que no desafían fundamentalmente el status quo. Por otro lado, en momentos en que están a punto de obtener concesiones significativas, algunos activistas no quieren aceptar el “sí” como respuesta. Les preocupa que aceptar cualquier reforma signifique abrazar la cooptación y diluir su visión radical. Como consecuencia, terminan en un ciclo de autoaislamiento.

Entonces, ¿cómo se decide cuándo una demanda es válida y cuándo vale la pena aceptar una reforma? ¿Cómo pueden los movimientos sopesar el deseo de obtener ganancias prácticas y evitar la marginación con la necesidad de mantener una visión transformadora?

En el pasado, los debates en este sentido a menudo han tenido lugar en un marco que enfrentaba la reforma con la revolución: aquellos que sostenían que los movimientos sólo podían avanzar en forma gradual se enfrentaban a aquellos que creían que el sistema debía ser reemplazado en un momento de ruptura dramática. Pero en la década de 1960, el teórico austriaco-francés André Gorz intentó romper esta dicotomía fija y ofrecer a los radicales un camino diferente. Propuso que, en situaciones en las que la revolución podría ser deseable pero no podía considerarse inminente, los movimientos debían llevar a cabo reformas “no reformistas” o “estructurales”, cambios diseñados para marcar una diferencia práctica en el corto plazo, al tiempo que avanzaban hacia transformaciones más grandes.

Las reformas no reformistas se caracterizarían por varios rasgos clave: primero, en lugar de ser tratadas como fines en sí mismas, servirían como pasos hacia una visión más amplia del cambio. En segundo lugar, no sólo serían transmitidas por burócratas y políticos, sino que se ganarían a través de la organización, la protesta y la aplicación de la influencia de un movimiento. Y, por último, cada reforma estaría diseñada para cambiar el equilibrio de poder entre los movimientos y las instituciones del statu quo, dejando a los defensores en una mejor posición para emprender batallas por un cambio aún mayor en el futuro y comenzar nuevos ciclos de movilización.

Gorz era muy consciente de los peligros de la cooptación y de la capacidad de las instituciones del statu quo para absorber los desafíos externos. Dado que, en sus palabras, cualquier cambio podría volverse “desarticulado, controlado y digerido por el sistema” con el tiempo, la voluntad de participar en una lucha continua era esencial. Sólo así una sucesiva serie de cambios modestos podría convertirse en parte de una “conquista progresiva del poder” por parte de las fuerzas del movimiento.

Estableciendo los standards

Desde los tiempos de Gorz, el concepto de la reforma no reformista ha sido invocado por una amplia gama de activistas, desde anarquistas dedicados a los liberales de izquierda de la American Prospect. Ha sido empleado con frecuencia por socialistas democráticos en los Estados Unidos —que fueron pocos en número entre las eras de Reagan y Obama, pero que han visto cómo sus filas aumentaron dramáticamente después de las campañas electorales de personas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez—, a menudo para defender demandas como el Green New Deal o Medicare para Todos. Y el concepto se ha abierto camino en los debates recientes de los movimientos sociales.

***Un mitin de Medicare para Todos en Los Ángeles en febrero de 2017. (Flickr/Molly Adams)***

“The Red Deal,” un manifiesto publicado en 2021 por un grupo de organizadores indígenas llamado The Red Nation (La Nación Roja), adopta las reformas no reformistas como parte central de su estrategia. Haciéndose eco de la evaluación de Gorz de las condiciones en Europa en la década de 1960, los organizadores argumentan: “No debemos apartarnos de la verdad: todavía no poseemos la capacidad para la revolución, de lo contrario habríamos visto un movimiento de masas unificado salir de la notable energía revolucionaria de la última década. Y, sin embargo, tenemos muy poco tiempo para llegar allí”.

Respaldando un tipo de “reforma no reformista que no limita la posibilidad de lo que ofrece el status quo, pero que desafía fundamentalmente la estructura de poder existente”, The Red Nation intenta trazar un rumbo que permita campañas enmarcadas en cambios a corto plazo al mismo tiempo que presiona para una revisión estructural. Estos organizadores proclaman su intención de destruir el sistema “para reemplazarlo”, y lo ven como un proceso que puede surgir ya sea a través de la agitación o a través de “un millón de pequeños recortes”. Las reformas no reformistas son las que proporcionarán los recortes de papel y las navajas de afeitar necesarias para esta última opción.

Cuando se trata de nombrar ejemplos específicos, The Red Nation señala actividades que van desde la política electoral hasta la protesta y la ayuda mutua. “Nuestras reformas no reformistas vendrán en muchas formas”, escribe el grupo. “Se parecerán a las redes de bancos de semillas indígenas de base donde miles de agricultores sostenibles comparten, comercian y alimentan a sus comunidades. Se verán como carreras exitosas para las elecciones municipales donde los candidatos de izquierda implementan una plataforma popular para el clima y la justicia social a nivel municipal y municipal. Parecerán campamentos de tierra o resoluciones de consejos tribales que rechazan los asentamientos coloniales de agua. … Cualquiera que sea la forma que adopten, simplemente debemos ponernos a trabajar”.

La variedad de grupos que se han interesado en las reformas no reformistas pone de relieve el hecho de que la definición del concepto por parte de Gorz es lo suficientemente ambigua como para invitar al debate sobre qué demandas específicas deben o no deben incluirse. A medida que diferentes grupos y estrategas individuales han formulado sus propias iteraciones de la idea, a menudo han proporcionado listas de preguntas para que los activistas las usen en la evaluación de una reforma. Los ejemplos de varias fuentes incluyen:

“La iniciativa ¿aumenta la descentralización y la difusión del poder y control, tanto económico como político, más que su concentración?”

¿Nos “[pone] más cerca de una visión emancipadora, o [nos pone] en una mejor posición para alcanzarla[?]”

“¿Esta lucha está ejerciendo presión sobre las falla en el Estado?”

“¿Legitima o expande un sistema que estamos tratando de desmantelar?”

Y, “¿tendremos que deshacer esto más tarde?”

Tales preguntas divergen en su contenido ideológico y algunas son más consistentes con la intención original de Gorz que otras. Pero no es necesario que todos los grupos se pongan de acuerdo sobre una norma absolutamente uniforme para los cambios que aprueban. De hecho, un punto principal del concepto es permitir un debate estratégico, basado no en esquemas utópicos ni en los estrechos confines de lo que los legisladores del establishment conciben como conveniente, sino más bien en el deseo de un movimiento para crear victorias que puedan construirse unas sobre otras.

Como la autora y periodista Megan Day escribe, dirigiéndose a los miembros de los Socialistas Democráticos de América, “Los socialistas pueden tener desacuerdos razonables sobre lo que constituye exactamente una lucha de reforma estructural. Eso está bien, y ese es exactamente el tipo de debate que la izquierda socialista debería tener consigo misma”. Y añade: “Sin embargo, debemos prescindir de las concepciones que contraponen las luchas reformistas al objetivo final del socialismo como un tipo diferente de sociedad. La conclusión lógica de la hostilidad a las luchas por la reforma es la abstención de los esfuerzos continuos de los trabajadores por mejorar su calidad de vida. Ese tipo de calentamiento perpetuo de los bancos conduce a una especie de aislamiento sectario que se vuelve estéril por la falta de contacto significativo con los millones de personas que actualmente se encuentran fuera del redil”.

Reforma y abolición

Tal vez el compromiso más animado con la posibilidad de reformas no reformistas ha venido de los abolicionistas de las prisiones y de la policía, muchos de los cuales dan crédito a Ruth Wilson Gilmore por popularizar el concepto. (De hecho, los organizadores de The Red Nation señalan a estos activistas por inspirar su propia adopción de la idea). En su libro de 2007, “Golden Gulag”, Wilson Gilmore llama a los abolicionistas a buscar “cambios que, al final del día, desentrañen en lugar de ampliar la red de control social a través de la criminalización»” Señala que estos objetivos estructurales son particularmente difíciles de apuntar cuando los movimientos se profesionalizan demasiado y están en deuda con los financiadores. Sin embargo, sostiene que la dedicación a este camino es, no obstante, necesaria, escribiendo que “todas las crónicas de las revoluciones muestran cómo los cambios persistentes y pequeños, y las consolidaciones totalmente inesperadas, sumaron suficiente peso, a lo largo del tiempo y el espacio, para causar una ruptura con el viejo orden.”

En un ensayo publicado en el Boston Review sobre la larga lucha por los derechos civiles contra la policía y el encarcelamiento, el profesor de historia afroamericano Garrett Felber escribe: “La relación entre la abolición (como objetivo) y la reforma (como un medio para un fin) sigue siendo un debate vivo”. Cita una variedad de objetivos específicos que se han incluido en los llamamientos a favor de un cambio intermedio: “Ejemplos de reformas no reformistas”, señala Felber, “incluyen, entre otros: abolir la reclusión en régimen de aislamiento y la pena capital; moratorias en la construcción o ampliación de prisiones; liberar a los sobrevivientes de violencia física y sexual, a los ancianos, enfermos, menores y a todos los presos políticos; la reforma de las penas; poner fin a la fianza en efectivo; la abolición de la vigilancia electrónica, la vigilancia de las ventanas rotas y la penalización de la pobreza; y una garantía federal de empleos y hogares para los ex encarcelados”.

Mientras que la reforma de la policía y la abolición a menudo se yuxtaponen entre sí como paradigmas en competencia, Mariame Kaba, una de las principales pensadoras abolicionistas, utiliza el concepto de reformas no reformistas para sugerir áreas de superposición. “De alguna manera, lo que la gente piensa es que o estás interesado en la reforma o eres un abolicionista, que tienes que elegir estar en un campo u otro”, explicó Kaba en una entrevista en 2017. “No lo creo. Para algunas personas, la reforma es el objetivo principal y final y para algunas personas la abolición es el horizonte. Pero no conozco a nadie que sea abolicionista… que no apoye algunas reformas”. Si bien Kaba afirma que es legítimo preocuparse de que una reforma determinada pueda terminar reforzando el sistema, advierte contra caer en la trampa de pensar que «no podemos hacer nada hasta que derroquemos al Estado». Como guía para elegir demandas, se pregunta: «¿Cómo pensamos en las reformas que no nos dificultan desmantelar los sistemas que estamos tratando de abolir? ¿Eso no hace que sea más difícil crear cosas nuevas? ¿Cuáles son las reformas… que nos ayudarán a seguir avanzando hacia el horizonte de la abolición?”

***Una marcha que pide la abolición de la policía en Filadelfia el 28 de junio de 2017. (Flickr/Joe Piette)***

A fines de 2014, en medio de las protestas generalizadas de Black Lives Matter, Kaba escribió un blog post proponendo normas más concretas que los movimientos de reforma deberían apoyar y que deberían evitar respaldar. Aconsejó que los activistas rechacen las reformas que asignan más dinero a los departamentos de policía; que abogaba por “más policía y policía (bajo términos eufemísticos como ‘policía comunitaria’ …)”; que se basaban principalmente en el uso de la tecnología; o que «se centrara en diálogos individuales con “los agentes de policía. Entre otras medidas, argumentó que los movimientos deberían apoyar demandas que proporcionaran reparaciones a las víctimas de la violencia policial, redirigirán los fondos para la prisión y la policía a otros bienes sociales, o que “promoviera la transparencia de los datos”.

La publicación fue una sensación inesperada, y se convertiría en un punto de referencia en los debates en los próximos años. “Lo escribí tan rápido”, reflexionó Kaba. “Varios jóvenes organizadores que se identifican como abolicionistas me hicieron algunas preguntas y que estaban luchando poderosamente cuando salían todas estas propuestas sobre cámaras corporales y esas cosas. Estos organizadores querían apoyar algo, pero no sabían qué y no creían que supieran cómo resolverlo por sí mismos. Escribí ese artículo muy rápido y lo publiqué en mi blog. Se volvió viral: alguien me envió un correo electrónico desde Londres para decirme que lo estaban usando allí. Pensé, Dios mío, eso es realmente asombroso y genial para que algo sea útil para mucha gente”.

En 2020, durante los levantamientos masivos a raíz del asesinato de George Floyd por parte de la policía, el debate sobre las demandas en el Movimiento por las Vidas Negras se calentó aún más. A medida que las protestas aumentaron a principios de junio de ese año, Campaign Zero, una organización cofundada por el prominente, aunque controvertido, activista DeRay Mckesson, lanzó una campaña llamada #8CantWait. Esta campaña presentó un conjunto de demandas inmediatas que enmarcó como “ocho reformas específicas que las comunidades locales pueden adoptar para reducir la violencia policial hasta en un 72 por ciento”. Entre ellas figuraban medidas como prohibir a la policía el uso de estrangulamientos y disparar contra vehículos en movimiento, exigir a los agentes que proporcionaran advertencias verbales antes de usar la fuerza letal y obligar a la policía a presentar informes exhaustivos cada vez que utilizaran o amenazaran con usar la fuerza contra civiles. La lista fue ampliamente compartida en las redes sociales y obtuvo el respaldo de los dos políticos principales (como el excandidato presidencial demócrata Julián Castro) y celebridades (incluyendo a Oprah Winfrey y Ariana Grande).

Muchos activistas, sin embargo, no quedaron impresionados por las reformas de la Campaña Cero y arremetieron contra sus creadores. Las demandas, acusaron, eran “inútiles” e “irresponsables” —o posiblemente incluso “peligrosas”— al ignorar propuestas de cambio más exhaustivas. El alboroto reveló una división que se convertiría en objeto de un considerable debate. Curiosamente, al menos algunas de las reformas #8CantWait podrían considerarse consistentes con los estándares de Kaba para las reformas descritas en su publicación de blog de 2014: no tenían una base tecnológica, no se basaban en una mayor vigilancia comunitaria o se centraban en el diálogo con oficiales individuales. Exigir informes, por ejemplo, promueve la transparencia de los datos y es una pérdida de recursos para los departamentos de policía, que están obligados a dedicar más tiempo al papeleo. Otras reformas propuestas por la Campaña Cero no se considerarían controvertidas a primera vista: después de todo, ningún abolicionista quiere que la policía dispare a los vehículos en movimiento. Entonces, ¿qué motivó la controversia?

Un primer problema fue que, violando uno de los estándares clave de Gorz, Campaign Zero no ofreció sus demandas como pasos graduales al servicio de algo más grande. Más bien, presentaron su lista de reformas como la solución, invocando la “prueba” de la ciencia de datos para dar a sus propuestas el barniz de la objetividad. No en vano, los méritos de los datos en uso resultaron ser muy debatibles y la idea de que el problema de la violencia policial contra las comunidades de color podría resolverse de manera sustantiva con algunos ajustes menores sigue siendo muy dudosa.

En segundo lugar, existía la sensación de que las demandas hacían que el movimiento se viera contradictorio. En un momento en que las protestas masivas estaban a punto de impulsar cambios ambiciosos en la institución de la policía estadounidense, el #8CantWait exige, en palabras de un activista mencionado por Colorlines, ofreció “la salida fácil para los políticos”. La lista de reformas ignoró por completo la idea central, que estaba ganando fuerza rápidamente, de que el país debía reorientar los recursos de la policía hacia los servicios sociales. Además, desde una perspectiva organizativa, las estrechas demandas de #8CantWait estaban fuera de sintonía con el imperativo de radicalizar una avalancha de nuevos manifestantes y reunirlos en torno a una visión más profunda del cambio.

Los críticos señalaron que muchas de las reformas #8CantWait propuestas ya habían sido adoptadas por los principales departamentos de policía. Como escribió la comentarista Olivia Murray para el Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, “De hecho, los departamentos de policía más grandes del país ya tienen la mitad o más de estas políticas en vigor, incluyendo la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y la policía de Filadelfia. En Chicago, donde la policía está sujeta a siete de las ocho políticas, parece que habría poco margen de mejora bajo la propuesta #8CantWait”. Y sin embargo, Murray señaló que la policía de Chicago todavía mata a personas negras a una tasa 27.4 veces mayor que la de las personas blancas”. En lugar de estar orientado hacia la construcción de poder de movimiento para la lucha en curso, las demandas del #8CantWait pretendían aplicar “la ciencia” para crear una resolución tecnocrática.

Frente a una ola de reacción violenta, Campaign Zero emitió una disculpa por haber “desmerecido involuntariamente los esfuerzos invertidos por otros organizadores en cambios paradigmáticos que son nuevamente posibles en este momento”. También añadió material a su sitio web en el que se indicaba que las ocho demandas se entendían únicamente como una estrategia inmediata de reducción de daños, y que también se necesitaban propuestas más sustantivas para la “seguridad integral de la comunidad” y la “abolición” a largo plazo. Pero en ese momento, una campaña rival llamada #8toAbolition había lanzado su propia lista de propuestas que, imitando la infografía de Campaign Zero, pedía medidas para reducir la policía, desmilitarizar comunidades, remover policías de escuelas e invertir en salud. El grupo abolicionista Resistencia Crítica promovió de manera similar su propia rúbrica para distinguir las reformas reformistas de las abolicionistas. En general, la controversia elevó el perfil del debate interno del movimiento sobre las demandas y difundió la conciencia del llamado a reformas no reformistas a los nuevos participantes.

Una ecología de demandas

Siempre habrá tensión entre los movimientos con una visión transformadora, por un lado, y los políticos y reformistas liberales más convencionales, por el otro. Los funcionarios electos y otros actores orientados al establishment, incluso aquellos que afirman simpatizar con los objetivos del movimiento, abogarán de manera confiable por cualquier compromiso que sea políticamente conveniente en un momento dado. Aconsejarán a los activistas que tal acuerdo es lo mejor que pueden esperar obtener y que algo es mejor que nada.

Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Si bien a menudo hay algo de verdad en esta posición, estos funcionarios no reconocen que hay desventajas genuinas en muchos acuerdos. En primer lugar, las reformas pueden atenuar las energías de los activistas y desviar la atención pública, causando la desmovilización. En segundo lugar, una victoria en un punto de disputa, a menudo se produce a costa de una concesión en otro punto, lo que puede significar el abandono de una circunscripción importante. En tercer lugar, los compromisos pueden desviar el enfoque de la promoción de nuevas demandas hacia preguntas sobre cómo se implementarán y monitorearán las reformas pasadas, a veces cooptando a los organizadores del movimiento en roles administrativos. Finalmente, como advirtió Gorz, a menos que se inicie rápidamente un nuevo ciclo de movilización, un cambio gradual puede ser absorbido de manera segura por el sistema, y su potencial transformador se desgasta constantemente con el paso del tiempo.

Los grupos de movimientos sociales, por lo tanto, deben involucrarse en un cálculo complejo al considerar tales reformas, sopesando estos aspectos negativos contra los posibles beneficios a corto plazo para sus electores. No todos los grupos llegarán a las mismas conclusiones. Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Un escollo que las organizaciones comúnmente encuentran es la suposición de que la demanda que han elegido como la más estratégica para sus propias campañas es la misma que la que todos los grupos priorizarán. Incluso si esa alineación fuera deseable —lo que no siempre es claramente el caso—, no es realista esperar que se produzca con frecuencia. Los grupos aportan diferentes ideologías, representan a diferentes grupos, se basan en diferentes fuentes de financiación y poseen diferentes teorías del cambio. Incluso una vez que una organización del movimiento decide lo que es correcto para ella, el grupo todavía tendrá que participar en la toma de decisiones matizadas sobre cómo relacionarse con las prioridades de los demás.

La lente de la ecología de los movimientos sociales proporciona un medio para comprender cómo los diferentes grupos abordan su cálculo sobre las demandas, y para elaborar estrategias sobre cómo interactuar con estos diversos actores. En lugar de mirar los esfuerzos para crear un cambio desde la perspectiva de una sola organización, este punto de vista tiene en cuenta todo el ecosistema de personas que trabajan en un tema. Reconoce los diferentes modelos de organización y conjuntos de sesgos que traen los diversos grupos. Aquellos que ocupan diferentes posiciones en la ecología incluyen: individuos que intentan jugar el juego interno cabildeando o trabajando desde dentro de instituciones de poder, grupos comprometidos con la organización basada en estructuras (como sindicatos y organizaciones comunitarias), movimientos de protesta masiva y personas que trabajan fuera del sistema para construir alternativas radicales o promover la transformación personal.

Los grupos de cada una de estas categorías evaluarán las demandas y las reformas de distintas maneras. Y aunque algunas organizaciones pueden tratar de adoptar múltiples enfoques estratégicos o difuminar los límites entre las categorías, casi siempre tendrán una orientación predominante, basada en los enfoques de organización y teoría del cambio más centrales para ellas. Para cada conjunto de grupos hay diferentes cualidades de una demanda o reforma que serán más valoradas y estas diferencias de perspectiva a menudo conducen a la tensión entre las organizaciones en un ecosistema de movimiento, incluso cuando los grupos profesan objetivos similares.

Aquellos que trabajan dentro de las instituciones principales se preguntarán: “¿Una reforma propuesta proporciona una ganancia inmediata y tangible que satisfaga una necesidad de la comunidad?” En otras palabras, están interesados en el valor instrumental de una determinada demanda o compromiso. Evaluarán su valor en función del beneficio concreto que proporciona a uno o más grupos seleccionados. Para los políticos maquiavélicos, tales ganancias son partes importantes de sus operaciones de patrocinio y esenciales en sus impulsos por preservar el poder político; sin embargo, solo perseguirán estos cambios si no generan críticas significativas o alienan a otras partes de la coalición que los apoya. Los radicales que intentan tomar el control de los resortes del poder y tirar de ellos hacia la justicia también estarán preocupados por las reformas incrementales que traen mejoras concretas a la vida de las personas. Y, debido a que están trabajando para impulsar los mejores acuerdos posibles a través de canales legislativos y burocráticos, la viabilidad a corto plazo de una demanda dará forma en gran medida a la percepción de su valor.

Las organizaciones basadas en estructuras están ciertamente interesadas en los beneficios instrumentales que una reforma podría traer a sus miembros. Pero los líderes más visionarios de estos grupos también se preguntan: “¿Cambiará el equilibrio de poder en el sistema?» En este sentido, los sindicatos a menudo participan en “negociar para organizar”, ganar concesiones de empleadores u otros titulares de poder que les permitan atraer miembros adicionales y, por lo tanto, obtener una mayor capacidad para participar en futuras luchas. Para los movimientos de protesta masiva, una pregunta crítica a hacer a una demanda es: “¿Influye en la opinión pública y reúne apoyo activo a nuestra causa?” Aquí, la resonancia simbólica de un cambio propuesto es clave. El valor de una demanda está en ganarse a bloques cada vez más grandes del público para una causa (expandiendo así el apoyo pasivo a un movimiento) o en reunir a la base del movimiento y atraer a un mayor número de participantes activos.

Finalmente, para aquellos que trabajan para crear alternativas fuera de las instituciones dominantes o para promover la transformación personal, una pregunta central será: “¿Una demanda educa a la gente o construye legitimidad para un programa de cambio más profundo?” La prioridad de estos activistas es mantener la integridad de una visión transformadora y promover la conciencia de la misma. Si una demanda es inmediatamente viable —y si resuena en el público en general— es de menor importancia. Si los expertos se enfocan en los aspectos instrumentales de una reforma priorizan el impacto a corto plazo de un cambio, aquellos que impulsan hacia alternativas tienen la visión más larga. Y si los organizadores de protestas masivas se centran en llegar a una audiencia externa más amplia, aquellos que construyen alternativas están trabajando para construir una comunidad más pequeña y dedicada que prefigura los valores de la sociedad que en última instancia desean crear.

Un paso hacia mejores estrategias

La comprensión de la ecología de los movimientos sociales en torno a un tema permite una mayor comprensión de los conflictos que surgen entre los diferentes grupos. Y si bien una apreciación de las diferentes perspectivas no tiene por qué requerir la conclusión de que todos los actores tienen la misma razón en su evaluación de una demanda o compromiso, reconocer diferentes posiciones y sesgos ayuda a los grupos a maximizar la contribución estratégica que pueden hacer.

En última instancia, la idea de reformas no reformistas presenta un desafío tanto para los que se centran en los beneficios a corto plazo como para los que tienen la vista puesta en la transformación a largo plazo. Para los organizadores preocupados por el valor inmediato de los cambios incrementales, el concepto representa un impulso más grande para pensar, para mirar más allá de las circunstancias actuales y adoptar una estrategia que esté alineada con una visión más sustantiva del cambio. Al mismo tiempo, la idea de reformas no reformistas alienta a los radicales a ser duros a la hora de trazar un curso de acción práctica. Los empuja a no permanecer puros, sino a mantener principios en tiempos en que la pureza no es una opción.

Gorz tenía claro que si los movimientos no eran lo suficientemente fuertes como para ganar una revolución de plano, tampoco serían lo suficientemente fuertes como para exigir cambios que desmantelaran el sistema directamente. Como han argumentado los organizadores contemporáneos: “No debemos apartarnos de la verdad”. El punto es crear un camino a través del cual las fuerzas populares, paso a paso, puedan construir fuerza y cambiar el equilibrio de poder. Se trata de señalar en la dirección de los deseos de un movimiento, incluso cuando, por el momento, no está a la altura de sus ambiciones más radicales. Se trata de encontrar medidas que podrían ser menos que ideales, pero que sin embargo valgan la pena, y con ellas trazar un rumbo hacia la transformación.

La asistencia en investigación para este artículo fue provista por Akin Olla.

* Mark Engler es escritor, miembro del comité editorial de la revista Dissent y coautor de This Is an Uprising

** Paul Engler es miembro fundador y director del Center for the Working Poor de Los Ángeles, cofundador de Momentum Training y el coautor de This Is an Uprising.

Artículo publicado originalmente el 27 de julio de 2021 en WAGING NONVIOLENCE, https://wagingnonviolence.org/2021/07/making-our-demands-both-practical-visionary/

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con la autorización de los autores.

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