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MALVINAS Y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

César Augusto Lerena*

Especial para Agenda Malvinas, agosto 9 de 2026

 

El actual gobierno argentino sigue al pie de la letra las nuevas tendencias de las grandes potencias imperialistas de apropiarse de la tierra y de los recursos de los países emergentes y endeudados; pero, equiparándose a cualquier país bananero, el gobierno nacional, utiliza el procedimiento de cederle tierras y recursos graciosamente.

Resulta increíble que luego de la sanción de las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065 y 37/9 (04/11/1982) el hecho más relevante que visibilizó los derechos argentinos sobre Malvinas fue la exhibición el 15/07/2026 ante miles de millones de personas en el mundo y unos 30 millones de argentinos de un trapo blanco con el texto “Las Malvinas son argentinas” de los jugadores nacionales que derrotaron en la semifinal del Mundial de Futbol al seleccionado inglés. Ya no fue necesario ganar ese mundial; al contrario, hubiese actuado como cortina de humo para enmascarar el hecho popular sobresaliente de recuperar la dignidad nacional de defender nuestros derechos territoriales y recordarle al gobierno que “La Patria no se vende” como ocurriría días después. También desnudó la lamentable política —con excepciones— llevada por la Cancillería en estos años.

 Ya no será necesario dar alguna explicación de porqué los argentinos, necesitados de alegrías, corramos a juntarnos alrededor del Obelisco, dándole sentido a muchas interpretaciones simbólicas y culturales que consideran a éste un elemento fálico. Inglaterra perdió en el juego y también en sus falsos argumentos esgrimidos para justificar su invasión y la apropiación de territorios y recursos.

También perdió el gobierno argentino que viene desplegando una política de sumisión que será recordada como la que mayor daño ha hecho a la integridad territorial de Malvinas, del continente argentino y de debilitamiento del aparato productivo nacional. 

El rol de Pinedo y de los propios y ajenos que apoyan las políticas al gobierno

El 02/01/1833, cuando los ingleses invadieron las Malvinas, el Tte. Cnel. de la Armada argentina José María Pinedo, gobernador y comandante en Malvinas, evaluó la inferioridad de las fuerzas propias respecto a las inglesas y no ofreció resistencia alguna, arrió la bandera y dos días después, “se tomó el buque”. ¿Quién recuerda el lamentable rol de Pinedo? Un siglo y medio después, el 23/03/1976, el entonces secretario general de la CGT Casildo Herreras, cuando se le preguntó, en su huida a Montevideo, qué pasaba en Buenos Aires contestó: “Ah, no sé. Yo me borré”. Está claro, traidores siempre los hubo y hoy, los hay a montones.

Si nuestros generales, coroneles y soldados, por la inferioridad numérica hubiesen seguido el camino de Pinedo, San Martín perdedor en la Batalla de Cancha Rayada en marzo de 1818 no habría ganado días después la de “Maipú” en abril de 1818, dando paso a la independencia de Chile y la posterior libertad de Perú.  Artigas no hubiera peleado contra los españoles en “Las Piedras” contra los portugueses-brasileños y contra las fuerzas porteñas y centralistas del Directorio unitario de Buenos Aires. Belgrano no lo hubiese hecho contra las fuerzas realistas con el Ejército del Norte y tampoco el Gral. Martín Miguel de Güemes hubiese frenado con sus gauchos “infernales” a los ejércitos realistas. Del mismo modo, el Almirante Guillermo Brown no hubiese combatido en inferioridad de condiciones contra los españoles en Martín García, el Combate del Buceo y contra el imperio de Brasil en el Combate de Los Pozos; el de Quilmes y, de Juncal, donde destruyó la escuadra brasileña en el Río Uruguay.

Por cierto, no se hubiesen equiparado nuestros combatientes y caídos en Malvinas, a nuestros héroes nacionales de la Independencia, si no hubiesen peleado con el coraje y entrega que lo hicieron para defender en Malvinas nuestra bandera y la integridad territorial nacional.

Es probable que si no hubiese existido un fuerte rechazo a los personajes apátridas que niegan y no defienden los derechos argentinos sobre Malvinas (por ejemplo, la embajadora en Londres Mariana Plaza, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas” (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025) esta Nación ya hubiese quedado reducida a una colonia. Aunque estamos muy cerca de serlo. Entre ellos, hay quienes favorecen con sus políticas y declaraciones (ya fueron citados muchas veces, entre ellos el propio presidente), la dominación política y económica de nuestros territorios y recursos.

El gobierno que ha emparentado sus políticas con las de Malvinas, ya no con la extranjerización de los archipiélagos y el mar argentino, sino con la extranjerización del continente todo. 

Las nuevas formas de apropiación territorial y de sus recursos

Si bien, todavía se siguen utilizando métodos bélicos para hacerse de territorios y recursos, hoy las potencias, con gran capacidad económica, tecnológica y comunicacional, bajo pretexto del liberalismo y promoviendo el libre mercado se apropian de tierras y de la riqueza natural de terceros países que se encuentran endeudados y con sus defensas bajas, produciendo en estos una paulatina y sostenida pérdida de soberanía. Aplican la metáfora de la rana hervida.

Grandes cambios territoriales ocurrieron en las guerras griegas/helenísticas; las romanas; las derivadas de la Primera Guerra Mundial con la creación de nuevos Estados; al igual que las pérdidas de territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar las Guerras napoleónicas, las de guerras de la independencia americana y el fin (¿?) de los imperios coloniales británicos, españoles, portugueses, franceses, etc., en América. También la independencia de nuevas repúblicas luego de la disolución de la URSS. Y, por cierto, los actuales conflictos de Irán, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, etc.

Sacando los millones de muertos que estás guerras dejaron y dejan, lo cierto es que las nuevas formas de dominación incruentas (¿?) se están apropiando de los bienes elementales de las naciones, provocando desocupación, pobreza, hambre, sumisión e indignidad en los pueblos, bajo pretexto de una hipótesis de bienestar general que nunca llegará. El gobierno actual argentino —a este efecto— actúa de Virrey; después podremos imaginar si el presidente está o no en su juicio, pero los objetivos extranjeros los cumple.  

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de extranjerización de la tierra y el mar

Ya nos referimos en 2024 al proyecto del gobierno incluido en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena “El modelo de enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024), un proyecto que de no haber recibido un masivo rechazo habría llevado a la quiebra a la industria pesquera nacional.

El proyecto de extranjerizar la tierra de Milei-Sturzenegger es idéntico a la existencia de extranjeros en Malvinas, ya que aumenta las áreas estratégicas de la República que pueden extranjerizarse; todo lo contrario, a los británicos, que impiden la radicación e inversión de argentinos en Malvinas. Ese lamentable proyecto, independientemente de aumentar el porcentual posible a extranjerizar, libera las zonas fronterizas y, además de ello, a todas aquellas áreas que tengan recursos acuíferos; petroleros, gasíferos; mineros; pesqueros, etc. Suena, literalmente, al cuento de “la gallina de los huevos de oro”. Una entrega total.

Las empresas extranjeras —que las hay con muy buenas y con valiosas intenciones— no vienen a la Argentina a administrarla, cuidar su soberanía y proveer de bienestar a sus ciudadanos; vienen a llevarse —legalmente, porque los gobiernos los autorizan— los recursos o a mejorar los resultados de sus sociedades. Suelen generar empleo y las obras necesarias para extraer y movilizar los recursos. En muchos de los casos, provocan pasivos ambientales e inexorablemente se irán cuando esos recursos se hayan agotado, como lo harían también las empresas argentinas, solo que a ningún gobierno se le ocurriría darle facilidades de todo tipo a las inversiones extranjeras mientras se desatiende a las empresas nacionales, con una carga altísima impositiva, liberación de todas las importaciones y altos costos internos de los servicios básicos.

Este gobierno trató de modificar la Ley 26.737 de Tierras que establecía un tope porcentual en manos extranjeras llevándola del 15% al 25% y ello alcanzaba incluso a los topes máximos por provincia o departamentos; eliminando el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y la prohibición de compra a extranjeros de tierras que tuviesen lagos, ríos, etc. Esta posibilidad podría incluir también la explotación extranjera de la Zona Económica Exclusiva y de hecho el gobierno ya ha autorizado la explotación de recursos petroleros hasta nuestros días, incluso violando la Ley Solanas (Ley 26.659). El agua es argentina.

La modificación de la Ley de Tierras podría dar lugar a que el Reino Unido se compre incluso por unas libras las Malvinas y las aguas que le dan sustento, diciéndole adiós a los reclamos económicos argentinos o, tal vez, comprarse la Provincia de Tierra del Fuego, cumpliendo con el proyecto que iniciara en 1863 el anglicano inglés Thomas Bridges. Ah… y el intermediario podría ser el diputado libertario y vendedor de tierras Joaquín Benegas Lynch. Total, todo es una cuestión de dinero y a los que se endeudan, como diría Milei, «nadie les pone una pistola en la cabeza. Es un acuerdo entre privados…».

Cuando el diputado de Buenos Aires Pedro Medrano propuso modificar el Juramento del Acta de Independencia, de modo tal de no limitarse solo a ser “independiente del Rey Fernando VII y, sus sucesores…” sino “…de toda dominación extranjera” ello estaba implícitamente destinado a la corona británica, que había pretendido invadir Buenos Aires en 1806 y 1807, una ciudad que, con 203 Km2, solo alcanza al 1,78% de la superficie de Malvinas, sin contar los 1.639.900 Km2 que ocupan y explotan los británicos en materia pesquera y petrolera. Un territorio equivalente a todas las Provincias argentinas, salvo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nadie podría dar certeza respecto a la compra o no de territorios de la Patagonia por parte de empresas israelíes, como se ventila desde hace rato o, que cualquier otro Estado (incluso chinos, rusos o norteamericanos, europeos, etc.) a través de empresarios se hagan de territorios estratégicos argentinos.   

Otras medidas que atentan contra la soberanía nacional

Son muchísimas acciones las destinadas a desalentar la integración territorial de Argentina. Desde opiniones de importantes referentes políticos (diputados, senadores, miembros del PEN) que, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, niegan o devalúan los derechos argentinos sobre Malvinas.

Nosotros observamos que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de “Perpetua” Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después —en 1833— invadía el territorio nacional de Malvinas. Pese a ello, hasta la fecha, se mantienen vigentes la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid que otorgan privilegios al Reino Unido y limitan nuestra capacidad defensiva.

Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acordó con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que éste realice “entre otras actividades no detalladas” tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo se está concesionando por 30 años a empresas extranjeras.

Es llamativa también la intervención del Puerto de Ushuaia bajo pretexto de una mala administración de un funcionario provincial, mientras el gobierno nacional discute proyectos de cooperación relativos a la defensa de la región con Estados Unidos y Gran Bretaña. Algo así, como acordar con el zorro el cuidado el gallinero.

No olvidamos tampoco, que los gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscaron acordar con empresas del Estado chino o empresas españolas que pescan en Malvinas.

El RIGI, la exención de impuestos, los derechos de importación; estabilidad fiscal, aduanera y otros beneficios y, bajos salarios; destrucción del comercio, de la industria nacional y pérdida de empleo.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado por la Ley de Bases (Ley 27.742) para atraer grandes inversiones -especialmente extranjeras- en sectores estratégicos con diversos beneficios que no alcanzan a las empresas nacionales, en una evidente política inequitativa.

Llevar políticas de mercado que no aplican las grandes potencias y subsidian sus producciones (caso la Unión Europea, por ejemplo) y colocan barreras arancelarias diferenciadas como Estados Unidos. En este marco las declaraciones del Ministro de Economía Toto Caputo “para todos los tarados que hablan de la industria” el pasado 5 de agosto en la Cámara de Agentes de la Bolsa de Comercio son elocuentes. 

El desmantelamiento del Estado y de la educación nacional

Para acompañar estas políticas se desmantelan o privatizan las principales empresas u organismos públicos. En especial aquellas relativas al uso del agua, la producción y distribución de energía y las comunicaciones, etc., AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Enarsa y Transener (Centrales térmicas y Energía Argentina); las Represas hidroeléctricas del Comahue, Nucleoeléctrica Argentina (NASA, centrales nucleares), Télam, Radio y Televisión Argentina incluidas en listas de privatización o transformación, ARSAT (satélites y telecomunicaciones), Intercargo (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE (Trenes Argentinos): sujetas a privatización o concesión; el Ramal fluvial Paraná-Paraguay, donde se transporta el 80% del comercio nacional adjudicado en concesión de largo plazo. El desfinanciamiento de la Universidad Pública y otras empresas donde la presión pública impidió privatizar como YPF y Aerolíneas Argentinas, etc. Una política de debilitamiento de la soberanía nacional. 

La política de Malvinas, la pretensión de extranjerizar la tierra y debilitar la industria nacional. Una política orquestada internacionalmente que el gobierno nacional ejecuta sin pudor para el poderdante.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar                               

LA DENUNCIA DE LOS ACUERDOS DE MADRID, UN CAMINO HACIA LA SOBERANÍA PLENA DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Por el incumplimiento del Reino Unido de los Acuerdos de Madrid respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias de esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros, se estima imprescindible su denuncia.

 

El Gobierno está concluyendo su mandato y la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona y el Consejo Nacional de Malvinas, integrado por varios de los autores que intervinieron en la elaboración de esos ignominiosos Acuerdos de Madrid I y II, los mantuvo vigente, donde la fórmula inglesa del «Paraguas», que impide tratar las cuestiones de soberanía mantiene pleno vigor después de 35 años, en beneficio del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante RUGB).

Nosotros hemos reiterado y fundado las razones para denunciarlos y la última vez, en el año 2021, entendimos que el Congreso debía encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la denuncia de los llamados «Acuerdos de Madrid» con el RUGB, acordados en  Madrid el 17 al 19 de octubre de 1989; en París el 20 de diciembre de 1989; en Madrid el 14 y 15 de febrero de 1990 y en Buenos Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990, efectuando también esta denuncia ante las Naciones Unidas, por la violación de parte de este RUGB de la llamada «fórmula del paraguas», en atención al avance del RUGB en la ocupación prepotente del territorio marítimo en el Atlántico Sur y Antártico que viola la Resoluciones 31/49 y 41/11 de las Naciones Unidas; solicitando que el RUGB retrotraiga la situación de ocupación a la imperante en abril de 1982, esto es, a la ocupación de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y las tres millas marinas alrededor de éstas, hasta tanto se negocie entre ambos países este territorio y su reposición en favor de la República Argentina, permitiendo que pueda realizar su actividades pesqueras en la zona que RUGB tiene ilegalmente ocupada, solicitándole el cese inmediato de otorgamiento ilegal de permisos de pesca a buques extranjeros o propios del RUGB que ocupan los citados archipiélagos, que además de apropiarse de estos recursos naturales argentinos, provocan depredación y contaminación de los recursos pesqueros y del medio marino.

En atención al incumplimiento por parte del RUGB de los denominados Acuerdos de Madrid respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias que esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros argentinos, explotándolos sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina, depredándolos, mediante buques pesqueros extranjeros que extraen peces y moluscos en el área de Malvinas y, fuera de ella, con licencias ilegales otorgadas por el citado RUGB; se estima imprescindible su denuncia y, la solicitud del inmediato cese de capturas ilegales del referido RUGB en Malvinas.

La resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al RUGB a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en las islas hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a lo cual, el RUGB persiste en explotar los recursos pesqueros e hidrocarburíferos argentinos y militariza en forma creciente las Malvinas; resultando por lo tanto, absolutamente incongruente mantener vigentes los denominados Acuerdos de Madrid que congelaron la discusión respecto a la soberanía plena en Malvinas que ―entre otras cosas― impide a Argentina realizar actividades pesqueras en parte de su territorio marítimo y realizar una administración adecuada de sus recursos naturales.

En la Constitución Nacional se precisa: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional», por lo que resulta improcedente, mantener suspendido el tratamiento de cuestiones inherentes a la soberanía nacional, bajo lo que se llamó la fórmula del «paraguas» que postergó sin límite nuestros legítimos derechos, mientras que por el contrario, el RUGB no ha hecho otra cosa que ejercer permanentes actos de soberanía en territorios usurpados a la Argentina.

En especial, desconociendo las reuniones entre los representantes de ambos gobiernos, que dieron lugar a la llamada «fórmula del paraguas», el RUGB amplió en forma sostenida la ocupación del territorio marítimo alrededor de Malvinas, y de tener en 1982 unos 11.410 KM2 ocupados, hoy ocupa y explota 1.639.900 KM de territorio marítimo, el control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos pesqueros; lo que permite concluir la ineficacia de los denominados Acuerdos de Madrid y la certeza de la depredación británica de los recursos naturales argentinos a consecuencia de su inobservancia, razón suficiente para denunciarlos y promover nuevos acuerdos que respeten el interés argentino y permitan una administración racional y sostenible de los recursos pesqueros.

Corresponde aclarar que estos acuerdos, que algunos juristas consideran tratados, no fueron aprobados por el Congreso, como bien lo indicó el proyecto de declaración que se elaboró para ser sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, donde en los artículo 1° y 2° refiere a «desechar los Tratados de Madrid I y II, por no haber sido sometidos al Congreso de la Nación, y ser lesivos a la soberanía territorial argentina y el orden público constitucional (Cláusula Transitoria Primera y art. 27, C.N.), así como del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36) y declarar inaplicables en todo el territorio de Tierra del Fuego, las disposiciones de los tratados internacionales inconclusos, conforme la normativa invocada en el Art. 1° de esta ley, y lo dispuesto por el art. 105, incisos 6, 7, 25, 27 y 37 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego» y la oportuna Resolución (AS N° 412-21), de la citada Legislatura donde en sus artículos «se invita a los legisladores nacionales de Tierra del Fuego en los términos del art. 105° inc. 6 de la Constitución Provincial y el art. 1° de la Ley Provincial N° 98 y, con el debido debate, a desechar los Acuerdos de Madrid I y II, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia».

Estas «declaraciones» tampoco contaron con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego que es parte necesaria en las cuestiones de los archipiélagos y sus mares.

Estos Acuerdos de Madrid I y II, son una lamentable claudicación de los gestores e, incluyen por primera vez, a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del RUGB y la ingenuidad o sometimiento del gobierno argentino; cuestión nunca tratada previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de la ONU y, los distintos intercambios entre la Argentina y el RUGB.

Además, la Constitución en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos «correspondientes» y no «circundantes» que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es este término no se ajusta a lo establecido en 1994 en la Constitución, lo que algunos funcionarios erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites que ponen en juego millones de kilómetros cuadrados marítimos argentinos.

No puede dejar de tenerse en cuenta, tampoco, la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, residual de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, donde se regulan además cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación en el Acuerdo de Madrid II que son absolutamente contrarias el compromiso expresado por el RUGB de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares y navales en Malvinas en evidente violación a la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (Res. 41/11 del 27/10/1986 de la ONU) que agravian a la Argentina y, son contrarias a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el RUGB «eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente e inamisible acción de administración británica de los territorios argentinos.

Se ha ejecutado formalmente un evidente «cambio de figuritas» (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico conviene en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etcétera. Una vergüenza este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina.

Por otra parte, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control…».

Es decir, administrar nuestros espacios. Sin referirnos, al vigente veto del RUGB a la compra de armas por parte de la Argentina que, nos dificulta defender el territorio.

A todo lo dicho se agrega en los acuerdos, la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250.000 toneladas, equivalentes a US$ 1.000 millones/año, es decir, que desde 1989 al firmarse los Acuerdos, a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de US$ 32.000 millones; los que comercializados en el mercado final ascienden a los US$ 192.000 millones y, lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & Partners Limited en 2020, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas, 10/06/2021) lo considera; es decir, que la actividad ilegal británica está comprometiendo el ambiente marino, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.

Como consecuencia de este acuerdo (Madrid II, inc. 12), Argentina aprobaría luego la Ley 24.184 de «Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido», con condiciones muy ventajosas sobre los demás países, comportamiento argentino que se contrapone con la apropiación que el RUGB hace de nuestros recursos.

Aunque la interpretación de algunos, es que «los británicos aceptaron la fórmula del paraguas y con ello reconocieron la disputa de soberanía» (Clarín, 22/10/1989), esta opinión es sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaron toda soberanía y obtienen los resultados que están a la vista: siguen avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos, mientras que Argentina quedó congelada.

Finalmente, el incumplimiento por parte del RUGB de la Res. 2065 (XX) de dialogar el mecanismo de reconocimiento de la soberanía plena argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo la «fórmula de paraguas» sin fecha de vencimiento para avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el RUGB viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, viola la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, al invadir en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y explotar nuestros recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, pese a que esa Resolución refiere a no innovar respecto a los espacios ocupados por el RUGB. Todos actos violatorios de la Carta Magna de las Naciones Unidas y la «Zona de Cooperación y Paz» establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.

En el mismo acto de denunciar los acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentoria de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, habiendo pasado 56 años, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo a la brevedad sobre la soberanía.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “Cien acciones para un Plan de Pesca y Reforma de la Ley de Pesca” (2023).

Artículo publicado en El Economista, 18/10/2023, https://eleconomista.com.ar/politica/la-denuncia-acuerdos-madrid-camino-soberania-plena-malvinas-n67389