Archivo de la categoría: SOBERANÍA NACIONAL

TRAICIONAR A LA PATRIA

César Augusto Lerena*

El día 2 de abril en que debió resaltar frente al Cenotafio de Buenos Aires, el sacrificio de los combatientes argentinos caídos en Malvinas; pero el presidente Javier Milei dio por tierra el eje central de la reivindicación argentina respecto a Malvinas, plasmado en la Disposición Transitoria Primera del Constitución Nacional: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

El Presidente «anheló», que los malvinenses «decidan algún día, votarnos con los pies»; es decir, aplicar «la fórmula británica de la autodeterminación» rechazada reiterada y fundadamente por la Argentina y descartada por las Naciones Unidas y, con sus improcedentes expresiones, invitando a los isleños británicos que se trasladasen desde un territorio ―las Malvinas e islas del Atlántico Sur― que no es ajeno a Argentina, sino parte integrante e indivisible de la República. Por sus afirmaciones la Justicia sabrá si tipificarlo de Incapaz o Traidor a la Patria. Además, debemos indicarle al Señor Presidente que el reclamo argentino ―como lo indica la Constitución Nacional― no solo alcanza a los «espacios marítimos circundantes» sino «a los correspondientes» y, entre ellos, a los 1.639.900 Km2 que tiene invadidos ―y explota los recursos― el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nación que el primer magistrado ni siquiera mencionó a lo largo de su reducido discurso. Por cierto, tampoco son «malvinenses» sino isleños ocupas británicos y también rechazamos que «nuestra demanda soberana haya sido damnificada» por una supuesta casta política, porque si bien, se han llevado insuficientes y erróneas acciones políticas en los gobiernos de turno, no se puede involucrar en ellas a los importantes aportes de destacadas personalidades de la política y de la diplomacia argentina que permitieron el apoyo de las naciones del mundo y en particular el dictado de las Resoluciones de las Naciones Unidas, de singular valor para sostener la posición de Argentina sobre los derechos argentinos.

A modo de ejemplo, bastaría recordar el memorable «Alegato Ruda» donde el representante argentino, el Embajador Dr. José María Ruda, en el Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales (Nueva York, 09/09/1964).

No ha habido, daño más grave a la soberanía nacional que el infringido por las citadas declaraciones del presidente. Hay que prestar atención, que no se trata de un funcionario de segunda categoría el que efectuó las lamentables declaraciones, sino que son expresiones del Presidente de la Nación que lesionan toda la política argentina, muy especialmente las que resultaron el dictado de Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras la Resolución 31/49 del 1/12/1976 ―aunque aprobada gracias a las gestiones llevadas adelante por el gobierno de Isabel Martínez de Perón― que instó «a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 1.514 (XV) del 14/12/1960, la 2.065 (XX) del 16 de diciembre de 1965 y la 3.160 (XXVIII) del 14/12/1973» y donde la Asamblea General de la ONU expresa «su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas». Esfuerzos que parecen ignorar el presidente Milei.

De igual modo, las Resoluciones 2.065 y 3.160 citadas, donde la Asamblea General «pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía».

Por otra parte, mediante un extraordinario esfuerzo y éxito de la diplomacia argentina y el apoyo de numerosos países del mundo la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14/12/1960 aprobó la Resolución 1.514 (XV) «que declaró que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»; una decisión plenaria que irresponsablemente pretende dejar de lado el presidente Milei.  

En esta Resolución se declaró que «La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales»; que «a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional»; que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y que «Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de la ONU; de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial».

A esta importante Resolución le siguió la Resolución 2.065 del 16/12/1965 de las Naciones Unidas que despejó toda duda sobre los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, dejando constancia de «la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre dichas Islas e invitó a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial» y, dejando nuevamente en claro, que ninguna cuestión relativa a «la autodeterminación» de los isleños está en juego.

La guerra por la recuperación de Malvinas de 1982 y el posterior retiro de las tropas argentinas no modificaron los derechos argentinos sobre los archipiélagos ya que la Resolución 37/9 de la Asamblea General de la ONU del 04/11/1982 «recordando todas las resoluciones citadas y las Resoluciones 502 (1982) y 505 (1982) del Consejo de Seguridad del 3 de abril y 26 de mayo de 1982…» la Asamblea General instó «a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones para encontrar en el más breve plazo una solución pacífica al conflicto de la soberanía en el asunto de las Malvinas»; es decir, absolutamente contrarias a las manifestaciones del desinformado (¿?) Diputado José Luis Espert y también a las imputaciones inconsistentes del presidente Milei.

El Reino Unido de Gran Bretaña carente de todo derecho sobre las islas se ha negado sistemáticamente a dialogar con Argentina sobre «el otorgamiento de la soberanía plena», demostrando un total desprecio sobre el reclamo reiterado y universal de los pueblos para terminar con esta invasión de los territorios insulares y marítimos argentinos; por el contrario el Reino Unido avanzó sobre nuevos territorios argentinos, ya que mientras en 1982 invadían y explotaban las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur de unos 20.000 Km2 y las tres millas marinas alrededor de éstas, han avanzado hasta invadir 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos y disputan con la Argentina 1.430.367 Km2 de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas y los territorios de la Antártida Argentina. Hecho gravísimo al que hay que agregarle la extracción ilegal de unas 250.000 toneladas anuales recursos pesqueros y el inicio de la explotación de recursos petroleros, estimada en 150.000 barriles diarios.

La pretensión del invasor, su dilación en el tratamiento del tema y la inconsistente argumentación utilizada es de una gravedad superlativa ya que atenta contra la soberanía argentina; por lo tanto, las declaraciones del presidente Milei comprometen la soberanía nacional y contradicen la política internacional seguida sin solución de continuidad por nuestro país desde la invasión a Malvinas por el Reino Unido en 1833 dando lugar al reconocimiento de la demanda argentina de la mayoría de los países del mundo. Una irresponsabilidad sin precedentes tratándose del primer magistrado de la Nación.

Pero, estas declaraciones gravísimas no pueden considerarse producto de una desinformación del presidente o del escribiente del discurso pronunciado el 2 de abril en el Cenotafio a la hora de honrar a los caídos en Malvinas, ni se trata de hecho aislado; son la culminación de una serie de actos contrarios al interés nacional que debilitan el pleno cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel rechazó la incorporación de Argentina a los BRICS, todas acciones que debilitan los tradicionales apoyos que tuvo Argentina sobre la Cuestión Malvinas en las Naciones Unidas. Insólitamente, mientras eso ocurría el presidente Donald Trump diferenció a las Islas Malvinas respecto a la Argentina continental aplicándole un arancel del 41% en lugar del 10% que le aplicó a la Argentina y el resto de los países de Sudamérica, como si Malvinas se tratara de un Estado independiente.

Por otro lado, es más que evidente el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a los territorios insulares y marítimos argentinos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN; cuestión ciertamente insólita porque el Reino Unido la integra y la Argentina al igual que el Reino Unido ni siquiera le prestan atención a la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur», que este último viola sistemáticamente.

Al mismo tiempo, al asumir el gobierno del presidente Milei en 2023 no trató el presupuesto anual y con ello, congeló los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control, dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida, el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo, el narcotráfico y la contaminación marina.

La entonces Canciller Diana Mondino declaró en 2024 que era «necesario atender los derechos de los isleños», en línea con lo expresado por el presidente el pasado 2 de abril y en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.

Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se preveía reformar la ley de Pesca que permitiría el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, hecho que hace inviable todo tipo de control argentino en el Atlántico Suroccidental, debilitando su administración y favoreciendo la posición británica en el área. Profundizando la gravedad de la medida, esta Ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de tripulación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la Ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa, permitiendo en consecuencia que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de sociedad española-británica, coreanos y taiwaneses pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizaron los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos.

Mientras tanto, en nombre de la Corona Británica, el Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió «la prohibición de pescar» a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando ―además de la soberanía argentina― la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

Se violaba de esta manera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y, 27.564) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, la administración invasora en Malvinas licita la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild, estimándose habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. También los que transitan desde el océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.

La Canciller Mondino y la secretaria de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde, pese a ello «los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Se debilita el frente fluvial y marítimo argentino y se promueve la extranjerización de la administración de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que a la par de desatender la soberanía nacional y el poder de policía en estos importantes ríos se impedirá el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino. A la par se autoriza a Uruguay la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impidiendo la debida integración de la red comercial fluvial-marítima argentina y facilitando la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y de Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy especialmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es la más bajas del país.

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, se consolidan las relaciones del Reino Unido con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y ante el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Mediante el Comunicado de prensa del 24/09/2024 (IP 470/24) se promueve el Pacto Mondino-Lammy, donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, firmado en 2019 donde se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías (de titularidad de Argentina) y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…»; es decir, facilitando el comercio de los isleños con uno de los centro más importantes de Suramérica de distribución mundial. Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión del gobierno argentino.

En febrero de 2025 se designa a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza; nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería «renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas» (De Vedia Mariano, La Nación, 22/02/2025).

Sin oposición Argentina el Reino Unido en marzo de 2025 profundiza el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelita Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios y, en el mismo mes las fuerzas armadas británicas efectúan ejercicios militares en Malvinas para mostrar su potencial bélico a la Argentina y al mundo y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, el 3 de abril, ha denunciado al presidente Javier Milei por traición a la Patria.

Las acciones o inacciones precedentes confirman que las declaraciones del presidente Javier Milei el pasado 2 de abril no fueron producto de un error sino la clara determinación de dar por tierra con todos los avances logrados por Argentina respecto a recuperar su soberanía plena en Malvinas a través de toma de posesión territorial de todos los espacios insulares y marítimos invadidos en forma prepotente por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO ES INCOMPETENTE PARA AUTORIZAR LA INVESTIGACIÓN EN AGUAS ARGENTINAS DEL BUQUE BRITÁNICO JAMES COOK

César Augusto Lerena*

Quienes seguimos de cerca las cuestiones que ocurren en el Atlántico Suroccidental nos sorprendimos con una supuesta autorización del Consejo Federal Pesquero (CFP) para operar en aguas argentinas por más de 30 días el buque de investigación RRS James Cook. Este barco que fue botado en 2006 y tiene una eslora de casi 90 metros es de propiedad del Reino Unido, quien ocupa en forma prepotente 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular argentino. Pero, NO. Ese Consejo no tiene competencia para autorizar a investigar ―en las materias que se solicita― y, si las investigaciones fuesen relativas a la pesca ese Cuerpo estaría incumpliendo el artículo 27º bis de la Ley 24.922 que entre otras cuestiones refiere a tener o no relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido por la Autoridad de Aplicación Argentina”. Obviamente, el Reino Unido viola esa Ley cuando pesca u otorga permisos ilegales a buques extranjeros en las aguas argentinas de Malvinas y ambos ―los funcionarios argentinos y el Reino Unido― podrían violar la Ley 26.659 si se autorizase a “llevar a cabo investigaciones oceanográficas, químicas y físicas” en la plataforma continental argentina.

En esta situación de excepcionalidad que vive la Argentina con gran parte de su territorio marítimo ocupado por el Reino Unido, un permiso de esta naturaleza solo podría ser autorizado por el Congreso de la Nación, en el caso que se interpretase que no viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, cuestión que nosotros entendemos que sí, porque favorece la presencia británica en el Atlántico Suroccidental.

Empecemos por decir, que la Embajada del Reino Unido solicitó autorización para que el buque James Cook realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas y lleve adelante dos proyectos, uno sobre la toma de datos en determinados recorridos y otro, sobre la comprensión de los océanos por debajo de las capas superficiales en una región de intercambio entre cuencas oceánicas del Atlántico Suroccidental” no vinculados a la actividad pesquera y, por lo tanto, el Consejo Federal Pesquero ni la Subsecretaria de Pesca tienen atribución alguna para autorizar investigaciones que no sean de pesca conforme lo establecido en los artículos 5º; 7º (las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros), 9º (Establecer la política de investigación pesquera), 11º (investigaciones referidas a los recursos vivos marinos), 14º y 15º (La pesca experimental requerirá autorización) y 23º (autorización de pesca para fines de investigación científica o técnica) de la Ley 24.922.

El Consejo Federal Pesquero en el Acta 23/24 del 28/11/24 «analizó las actuaciones» y manifestó «mayoritariamente» que, «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular para que se autorice al buque RRS JAMES COOK a llevar a cabo actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales» y vale la pena destacar “falta de objeciones” la formularon solo seis miembros, con el voto del Subsecretario López Cazorla y los representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en ausencia de los dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Semejante decisión estratégica, en manos seis personas que tienen limitada su función de fijar la política pesquera.

Por si faltaba poco, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero informó que “no participaría un observador del instituto en la campaña, pero ha sugerido un contacto de referencia de la institución para la recepción de datos”, lo cual ratifica aún más sobre la incompetencia del CFP. Por su parte, y verdaderamente llamativa su intervención, “la Representante de la Cancillería informa que se ha acordado la participación de un Observador de la Armada Argentina en el crucero de investigación y la participación de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para observar la fauna en general y los mamíferos marinos y colaborar con los protocolos de mamíferos marinos, asociados al uso de acústica oceánica”. No tenemos certeza con qué objeto la Cancillería introduce a la Armada ―que debe encargarse de la Defensa― en esta investigación británica ni tampoco a la UBA. Todo pareciera destinarse a procurar la competencia del Consejo Federal Pesquero; pero, en cualquier caso, tratándose de interés del Ministerio de Relaciones Exteriores estas participaciones podrían enmarcarse en dar ejecución a los pactos Foradori-Duncan (2016) o Mondino-Lammy (2024), ambos de cooperación unilateral argentina en favor del Reino Unido.

Lo cierto, que el buque británico, que lleva el nombre del Capitán de la Marina Real Británica James Cook “uno de los colonizadores más destacados del Pacífico” y que calificó a las islas Sándwich del Sur “el lugar más horrible del mundo”, no ha sido hasta hoy formalmente autorizado a operar en aguas argentinas, porque el Consejo Federal Pesquero se ha limitado a indicar que «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular», competencia que como dijimos no tiene y, que, incluso, hasta la fecha el Presidente del Consejo no ha firmado Resolución al respecto, pese a que ―llamativamente― el buque James Cook ya partió con destino a Buenos Aires sin tener la debida autorización para investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Para agregar más absurdo a la falta de objeciones del Consejo Federal Pesquero éste ignoró la opinión del representante de la Provincia del Chubut, que expresó no estar de acuerdo con el crucero de investigación “toda vez que las actividades científicas a realizarse implican la utilización de cañones sísmicos que podrían tener un impacto negativo en la ballena franca austral, cuya ruta migratoria coincide con el área geográfica donde se pretende realizar el estudio científico”; cuestión, a la que adhirió la representación de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones que parecen calificadas, cuando se trata de las dos provincias que mayor captura, industria y comercio pesquero realizan. Y esta cuestión de conservar las especies, si era de su competencia, por lo que debió tenerse en cuenta más allá de las simples mayorías, además de estar previsto en el artículo 5º de la Ley 24.922.

Nos queda claro que, aún incompetentes, los consejeros en el Acta 23/24 no escribieron una sola línea referida a la apropiación británica de 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos en las aguas de Malvinas y los espacios marinos argentinos ocupados en forma prepotente por el Reino Unido y, no parece que la Argentina deba cooperar en tareas de ninguna naturaleza.

“Cuando en el reinado existen más facilidades para hacer la corte que para cumplir con el deber, todo está perdido” (Montesquieu); aunque hay quienes no creemos que debemos aceptar un destino impuesto.   

   

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

LA METAMORFOSIS EN LA CAUSA MALVINAS Y EL PROTOTIPO KOHEN

César Augusto Lerena*

Por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44); pero, claro, decía Maquiavelo: «juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos».

Cuando los ingleses invadieron Buenos Aires el 27 de junio de 1806 la Plaza se rindió sin resistencia al general Beresford. Los porteños ven marchar triunfantes a rubicundos ingleses, que ocuparon la ciudad sin perder un solo hombre, como una parada militar, sonando clarinetes, gaitas y tambores mientras el pueblo y las autoridades se escondían en las casas y miraban por detrás de los visillos. En general, no había alegría por la caída del reino español, aunque muchos vecinos se entusiasmaron con la libertad de comercio prometido. Los oficiales ingleses alternan con las principales familias porteñas y se alojan en sus casas, donde realizan fiestas para homenajear a los invasores. Es frecuente ver a las Sarratea, las Marcó del Pont y, las Escalada, paseando por la alameda del brazo de los ingleses. Un gesto que hoy realizan unos políticos encantados con tanta genuflexión. Algunos porteños inician la rebelión, entre ellos Martín de Álzaga ―que sería ahorcado en 1812― y Juan Martín de Pueyrredón, junto a los catalanes Felipe de Sentenach y Gerardo Esteve y Llach, que toman contacto con dos compueblanos de Montevideo, Miguel Vilardebó y Cristóbal Salvañach. “catalán, catalán, no pasarán”; consigna que es el eje en ambos márgenes del Río de la Plata.

El Cabildo de Montevideo, gobernado por Ruiz Huidobro y los principales, acuerdan ir por la reconquista de Buenos Aires y lo único que se habla en las tertulias y pulperías es de echar a los ingleses de Buenos Aires y ello ocurre, efectivamente, el 12 de agosto de 1806 cuando se recupera la ciudad. Pero, nada está claro. El capitán de caballería don Saturnino Rodríguez Peña, mantiene una relación estrecha con los prisioneros ingleses Beresford y Pack, con quienes tiene largas conversaciones y, convence a Liniers ―de quién era edecán y confidente― de facilitarles su huida ―acompañados del oro― para no ganarse mayores enojos de los británicos y para ello les facilita su traslado a la Banda Oriental y, desde allí, hasta Londres. Esto no solo los eximió de la horca a estos indignos al regresar a la Gran Bretaña, sino que los recibieron victoriosos.

Doscientos años después, “los Saturnino” siguen influyendo en la Argentina y asesoran a todos los gobiernos de turno; da igual si son menemistas, macristas, kirchneristas o mileístas, a los que se han agregado también, los embajadores de la Pérfida Albión que, contrario a la creencia generalizada de que los echamos en 1806 siguen expoliando nuestros recursos naturales e influyendo sobre los poderes públicos y privados.

Saturnino ya tenía relaciones con los ingleses desde comienzos del siglo XIX. En 1804 pertenecía a la logia masónica Southern Cross y, al producirse la invasión inglesa, se consideraba «muy inglés en sus ideas»; concepto que comparten algunos gobernantes, legisladores e intelectuales de hoy ―entre ellos el presidente Milei que ha manifestado su admiración por la criminal de guerra Margaret Thatcher― y consideraba que por razones políticas y económicas “debía solicitarse el apoyo de Inglaterra para la emancipación”; cuestión que sigue vigente en estos días de la Argentina colonizada, donde incluso el gobierno traslada oro a Londres.

A comienzos de 1809, Liniers solicitó la captura y extradición, pero Rodriguez Peña se refugió en una nave inglesa hacia Río de Janeiro donde dependió del apoyo inglés y portugués, recibiendo aportes económicos de John Whitelocke y del Lord Strangford, y la embajada inglesa costeo sus viajes. No hay duda, la injerencia inglesa era y es atractiva y Saturnino un calificado “patriota” pro-británico.

Con sus matices, en la Argentina de estos tiempos, hay especímenes diversos que van, desde sostener “que las Malvinas son británicas” (Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo; Sebreli; Luis Romero; Sabrina Ajmechet y, Marcelo Kohen, este último en forma retardada ya que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía»), pasando por “promover una zona de conservación conjunta de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas, el establecimiento de las líneas de base facilitando la demarcación inglesa de las islas y los Acuerdos de Madrid” (los ex Cancilleres Domingo Cavallo; Guido Di Tella y Susana Ruiz Cerutti, etc.); sostener que “no son un tema central en la relación con los ingleses; hay que cooperar con ellos y reeditar el Pacto de Foradori-Duncan” (los Cancilleres Mondino; Ruiz Cerutti; Faurie y el ex Vicecanciller Foradori, entre otros); que “se tendría que haber cambiado las islas por vacunas contra el COVID” (la Candidata a Presidente y Ministra de Seguridad Patricia Bullrich); los que “creen que queda bien ser probritánico y actúan como tales” (“María Belén” Bertie Benegas Lynch y varios más); los capaces de ser autores de una ley y luego votar u oponerse a ellas (el radical Mariano Campero, entre otros); los que sostienen “que las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina” (el ex Presidente Mauricio Macri); los que “se suben al carro de los peronistas pero mantienen el statu quo de Malvinas” (el secretario de Malvinas Guillermo Carmona del fallido gobierno de Alberto Fernández, etc.) y, en términos generales, para todos los mencionados y otros que por razones administrativas omito, que entienden que “la cuestión Malvinas es poco importante en relación al mantenimiento de excelentes vínculos económicos y amistosos lazos históricos” que nos unen a los usurpadores británicos, omitiendo que ocupan en forma prepotente 1.639.900 Km2 de territorios continentales, insulares y marítimos argentinos (cinco veces más extenso que el Reino Unido); nos disputan más de 2,4 millones de km2 de la plataforma continental y la Antártida y extrajeron ilegalmente desde 1976 a través de buques extranjeros 12 millones de toneladas de recursos pesqueros argentinos por un valor FOB del orden de los 48.000 millones de dólares y han iniciado la explotación de recursos hidrocarburíferos cuyas estimaciones son billonarias; por lo cual y por razones geopolíticas tienen la más importante base militar del Atlántico Suroccidental, pese a la Res. ONU 41/11 (ZPCAS).

Destacamos que la colonización de Argentina no es solo una tarea de británicos, es fundamentalmente una laboriosa obra de unos cuantos argentinos débiles de nacionalidad y flojos de carácter que ocuparon y ocupan importantes espacios del poder doméstico.

Están los que se transfiguran; los hábiles para mutar y “borocotizarse”; los trapecistas circenses, donde es posible disfrazarse de payaso y acto seguido domar “con valentía” a viejos leones sin dientes para sobrevivir a los cambios, porque el público como el gobierno se renueva; los que son capaces de una metamorfosis jurídica porque esta ciencia los habilita alternativamente a representar a todas las partes; los que cooperan voluntariamente a la espera de ser compensados; los camaleónicos; los personajes de reparto que se destacan por la incapacidad de los destinatarios de sus servicios; los que se ofertan independientes y refieren que “no soy de acá ni soy de allá”, aun cuando estén en juego los inalienables intereses de la Nación. También los que previamente consultaban sus iniciativas al “simpático embajador británico del club del whisky” Mark Kent, que cansado de intercambiar tuits con miles de cholulos argentinos, supo ganarse ―al igual que con algunas señoritas de Buenos Aires de 1806― sus corazones; lo mismo la embajadora “la promotora turística” Kirsty Hayes que nos invita a “conocer nuestros vecinos” los usurpadores; los que “dicen que con la misma gente se revitalizará el peronismo y se malvinizará”. Don Saturnino, al lado de estos fue un patriota y murió en el exilio perseguido.

A todos estos colonizados, mascarones de proa, transformistas, transversalistas, metamorfistas, mutantes, seductores vendedores de víboras o con osos de Winnie Pooh. relacionadores carnales, cooperadores unilaterales, declamadores seriales, conservadores conjuntos de recursos naturales argentinos, trolls, etc., podemos responderles con suficientes fundamentos políticos, económicos, legales, geográficos, históricos, biológicos y éticos. Y estamos dispuestos a un acalorado debate de ideas si hubiese interés.

Podríamos referirnos a un centenar de “personajes” que califican en este grupo en mayor o menor medida; pero, nos referiremos a un prototipo, a quien mencionamos en 13 artículos (ver www.cesarlerena.com.ar) por sus opiniones inconsistentes, mudables, erróneas. Quien mejor expresa aquello atribuido a Groucho Marx: “estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros” en la “Cuestión Malvinas”.

El prototipo que analizamos por reunir gran parte de “las virtudes” citadas precedentemente es el abogado-docente Marcelo Gustavo Kohen (aunque no debiéramos olvidar aquello de “la culpa no es del chancho…); un profesor de un oscuro Instituto de la Universidad de Ginebra, cuyo Ranking Mundial de Universidades ocupa el puesto 1913 y en materia de Excelencia la 2940, es decir, muy por debajo de la Universidad de Buenos Aires que Milei detesta que ocupa la posición 502 y en Ranking QS Global que evalúa la reputación académica, salida laboral y desarrollo científico logró el puesto 71º.

Ha prestado diversos y contradictorios “aportes” y cuenta con el apoyo de distintos “operadores” en los gobiernos desde Cristina F. de Kirchner a Javier Milei inclusive (los que cambian son los gobiernos) e incluso, fue propuesto fallidamente por el igualmente fallido gobierno de Alberto Fernández ante la Corte Internacional de Justicia. Recientemente ha escrito dos artículos en colaboración con su amanuense Facundo Rodríguez, el pasado 5 de julio “Malvinas: falacias del Reino Unido” y el 6 de octubre “El Archipiélago de Chagos y Malvinas. Un ejemplo”. En el primero refiere a “El relato de una realidad paralela para justificar los últimos vestigios coloniales es la política que el Reino Unido elige para Malvinas… En declaración del ministro Rutley ante la OEA… (este) mencionó la presencia de observadoreselegidos por el Reino Unido…”. Sin embargo, fue el propio Kohen quien en 2018 promovió un referéndum en favor de los isleños. Incluso en este artículo refiere a que “El referéndum no contó con la organización, fiscalización ni el aval de la ONU”; como si en el caso de que se hubiese contado con observadores de la ONU en el plebiscito de unos dos mil isleños británicos, hubiese modificado en algo los derechos soberanos argentinos sobre los archipiélagos que cuentan con el aval de 45 millones de argentinos, plasmados en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Kohen va preparando el campo a su segunda nota y refiere que «no hubo “libre determinación” cuando (el Reino Unido) expulsó a dos mil mauricianos de Chagos, ni hubo “referéndum de libre determinación” cuando Thatcher devolvió Hong-Kong a China, su legítimo titular» y amplia «si algún gobierno argentino está dispuesto a utilizar todas las herramientas que el Derecho Internacional, más temprano que tarde, se demostrará que el Reino Unido deberá cumplir con sus obligaciones internacionales». Posición que se contradice con otras opiniones previas que viene recomendando a todos los gobiernos. Para finalmente indicar que, «en Malvinas, la víctima del accionar colonial británico, es el pueblo argentino, privado de determinar libremente una parte de su territorio» y «expulsar a las autoridades (argentinas) y parte de su población, para luego poblarlo con colonos traídos desde la metrópoli y controlar la política migratoria», cuestión esta última, que el propio Kohen ―como veremos― les promovía a los isleños en 2018.

En el segundo artículo, Kohen refiere que el 3 de octubre el Reino Unido y la República de Mauricio emitieron un comunicado conjunto donde aquel reconoce la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, por lo cual este docente pretende comparar esa controversia con la Argentina, a pesar de observar diferencias entre ambos en la cuestión relativa a la negociación de soberanía, donde Mauricio «fue a la Asamblea General de la ONU en el 2017 y logró que ésta solicite ―contra la voluntad del Reino Unido y de Estados Unidos― una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y ésta señaló que el Reino Unido debía poner fin a su presencia colonial ilegal en el archipiélago, a partir de lo cual la Asamblea General solicitó la restitución del territorio», razón por la que el Reino Unido aceptó una suerte de “soberanía mauriciana colonial”, ya que este Reino seguirá teniendo derechos en la isla Diego García durante un período de 99 años para garantizar el funcionamiento de las bases militares norteamericanas y británicas en las islas. Reconoce Kohen que “No existen situaciones idénticas, pese a similitudes entre los dos casos, tales como tratarse de una ocupación prepotente e implante de británicos en las islas; manipulación demográfica y, ruptura de la integridad territorial de ambos países”.

Aunque nosotros entendemos que hay diferencias sustanciales; entre ellas, que el Reino Unido en Chagos limitó su accionar a alquilar y poner bases militares; es decir, no tuvo ningún afecto poblacional isleño-británico significativo y contrario a Mauricio, la Argentina aceptó dejar bajo un “paraguas la soberanía” y sin vencimiento alguno sus derechos territoriales, las imposiciones de los Acuerdos de Madrid e intentó de todas las formas posibles, un diálogo sobre la disputa con el Reino Unido, cuando debió reclamar “el ejercicio pleno de la soberanía” en Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y sus mares correspondientes y admitió la explotación de todos los recursos naturales argentinos en Malvinas, pese a la Res. 31/49 de la ONU que promovió en 1975 nuestro gobierno, sin que los gobiernos posteriores rechazasen esta apropiación ilegal; aceptando incluso investigaciones pesqueras conjuntas y sin sancionar a las empresas extranjeras que extraen ilegalmente los recursos pesqueros, pese a existir suficiente legislación (leyes 24.922; 26.386; 27.564, etc.) para penalizar esas prácticas y, el absurdo, que el gobierno argentino no haya intimado a España ―quien reconoce los derechos argentinos― a cesar con la pesca ilegal de sus buques gallegos-británicos en Malvinas.

Refiere en este artículo Kohen que «desde 1983 las distintas estrategias argentinas para reiniciar negociaciones sobre soberanía se han encontrado siempre con el mismo resultado: la negativa del Reino Unido. No sorprende. Lo que si puede sorprender es seguir intentando las mismas recetas creyendo que se pueden obtener resultados diferentes y abstenerse de buscar nuevos caminos disponibles»; resultando igualmente sorprendente su opinión, porque en su condición de miembro del Consejo Nacional de Malvinas, cargo que aún conserva, se ha limitado a promover “la cooperación unilateral” con los isleños, aceptando el Pacto de Foradori-Duncan y ahora el “Mondino-Lammy”; pactos que no hacen otra cosa que “eliminar todo obstáculo que dificulte el desarrollo de las islas” a cambio de absolutamente nada en favor de la Argentina; pese, a entender Kohen que “no deben llevarse estrategias meramente declamatorias o de concesiones gratuitas”, pero acompaña los citados Pactos que ―entre otras cosas― abre a las islas al más importante mercado de Latinoamérica y de acceso al mundo, como es el Estado de San Pablo de Brasil. Insólitamente limita las estrategias negativas al período democrático, ponderando (Perfil, 29/06/21) los acuerdos de “colaboración unilateral” al Reino Unido por parte del gobierno de facto de la llamada “Revolución Argentina” de 1971 y jamás rechazó los referidos Pactos, pese a afirmar que “la historia muestra que el Reino Unido jamás ha cambiado su posición por el mero paso del tiempo o por una buena relación con la contraparte”.

Rápidamente se contradice otra vez Marcelo Gustavo cuando afirma que es necesaria «una política internacional equilibrada y conforme a las tradicionales posiciones asumidas por gobiernos de los más variados tintes políticos», en los que este abogado habría dado su opinión sin el menor éxito; inclusive a funcionarios de Cancillería que participaron durante el Proceso Militar; por lo que habría que dudar sobre su posición de copiar el camino recorrido de la República de Mauricio; más aún, cuando sus opiniones son verdaderamente cambiantes, propias de comportamientos tránsfugas.

La mirada de “intramuros” de Kohen se limita a esbozos jurídicos que ignoran toda estrategia política nacional e internacional. Tal vez no realiza un diseño preciso ―FODA incluido― para que los convoquen; pero en ningún momento evalúa la posición argentina en el mundo, la alineación al eje Estados Unidos-Israel del gobierno de la “Libertad Avanza” (en espejo al engañado Galtieri que estimaba que a la hora de recuperar Malvinas contaría con el apoyo del primero); la falta de incorporación al BRICS y la calificación de comunistas y corruptos por parte del presidente Milei a la mayoría de los bloques de apoyos que ha contado la Argentina en la ONU; la ausencia de acuerdos con la Unión Europa a partir del Brexit y la mendigante aspiración de ingresar a la OTAN mientras uno de sus miembros ocupa Malvinas; la baja intensidad de los reclamos argentinos en los foros internacionales y la tensión que vive el gobierno con los vecinos de la región, como Brasil, Chile y Uruguay que facilitan las operaciones y transportes con Malvinas; el retiro de la embajadora española de Buenos Aires; los agravios del presidente argentino a su par colombiano; el mantenimiento de paupérrimos presupuestos de defensa destinados al control del Atlántico Sur y su administración; la eliminación de las Malvinas en un plano exhibido en la reunión con diplomáticos extranjeros, etc.

No plantea una estrategia concreta más que rogar de rodillas a la Asamblea donde la Argentina ha perdido su liderazgo. Un camino al suicidio, del mismo modo que cuando se descartó su postulación a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Un infanticidio que ni siquiera tiene la probabilidad del “cara y seca” para elegir el arco en un partido de futbol y sin decir cómo va a conseguir los votos ante semejante salto al vacío. Las ambiciones personales desmedidas de un tecnócrata pueden llevarlo al “riel muerto”; pero la Argentina no puede aceptar un rechazo de la CIJ del que no se vuelve.

Al respecto el diplomático Guillermo Rossi, quien fuera Director de Malvinas, refiere que «hace aproximadamente cien años el Reino Unido adhirió al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia con reservas sobre el artículo 36º, donde no aceptaba la jurisdicción de la CIJ para el caso Malvinas». Por otra parte, continua: «solicitar una opinión consultiva a la CIJ tiene como resultado el reconocimiento implícito de soberanía al Reino Unido» y amplía: «suponiendo que consiguiéramos los 192 votos (con la política de Milei es muy probable que los en favor de Argentina disminuyan), se perderá totalmente el control y… el peso cultural y doctrinario que tienen los británicos y sus aliados sobre los jueces es algo que la Argentina no puede controlar (y) los jueces no necesariamente se ceñirán a la consulta que formule Argentina… el País ya tiene todo dicho en la Res. 2065, ¿qué va decir la CIJ que no sepamos?» «Hay que estar atento a la venta de buzones a los políticos».

En nuestra falible opinión Kohen no tiene los atributos suficientes, sus cuatro años en el gobierno pasado (y sigue) como miembro del Consejo Nacional de Malvinas han sido intrascendentes y como docente carece de los conocimientos políticos necesarios y no tiene por qué tenerlos, ya que nunca ocupó una función política relevante. Una cosa es ser un libre pensador frente a educandos y otra un negociador de semejante decisión irrenunciable. La discusión jurídica en una negociación no es central sino respaldatoria, salvo que la cuestión se pretenda encaminarla hacia los tribunales y, es sabido, que litigar en éstos no es garantía de un buen acuerdo. Tampoco es cuestión de presentar “propuestas” sino formularlas de la forma y en el tiempo adecuado, que puedan ser ajustadas sin perder el objetivo buscado y aprovechar la sinergia de la contraparte. La restitución de Malvinas será un hecho político, no jurídico, aunque esta herramienta sirva para dar sustento a la política. Parafraseando a Bill Clinton (1992): «It’s politics, stupid».

Entendemos que Kohen, en lo personal demuestra ser excesivamente ambicioso; pero a la luz de los hechos, lo grave son sus propuestas que resultan inconsistentes, erráticas y poco confiables. Veamos, algunos ejemplos:

1) En primer lugar resulta notable que Kohen siendo miembro del Consejo Nacional de Malvinas difunda por medios públicos y en conferencias públicas las estrategias que debería llevar adelante la Argentina, contrario a lo que manifestaba en el año 2000 un conocido y controvertido Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): “cuando se le preguntó sobre el destino de la documentación que produce la Secretaría, éste respondió: Como es secreta, se destruye” (Braslavsky, G, Clarín, 16/04/2002). Los británicos sentados en primera fila en las amables recomendaciones de Kohen.

2) El 22/03/2018 (Infobae) Kohen viola temerariamente la Disposición Transitoria Primera de la C.N. al proponer a los isleños de Malvinas ―entre otras cosas― mantener el régimen migratorio, donde los argentinos seguirían sin poder radicarse ni invertir en Malvinas y, proponer a los isleños «organizar un referéndum para decidir si se mantiene la situación acordada o si los isleños pueden asumir una soberanía plena». Ello pese a que el propio Kohen en una entrevista en la TV Pública entiende que “la fórmula más negativa es la libre determinación” y facilitarles un referéndum no es otra cosa que concederles la libre determinación a estos isleños británicos. Este plan, luego lo ratifica el 20 de marzo de 2018 ante una calificada audiencia del Consejo Argentino de Relaciones Exteriores (CARI), donde quien además pretende ponerse la peluca de juez de la Corte Internacional de Justicia manifiesta: «La carencia argentina de una propuesta concreta hace que el vacío se llene con las ideas más recalcitrantes»; aunque su idea precedente podría ser calificada de traición a la patria, ya que esta concesión de la autodeterminación a los isleños no podría tener otro resultado que la continuidad de la relación de éstos con la Corona Británica o su independencia e incorporación a la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth). No asombra la oportunidad de Kohen para presentar la propuesta durante el mismo gobierno que concretó el Pacto de Foradori-Duncan donde se acordó «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos…», que entre otras cosas aspiraba a la derogación de la citada DTP de la Constitución y no se haya pronunciado sobre el Pacto Mondino-Lammy.

Dice Kohen que su propuesta es «romper el punto muerto, salir de la inercia de invitar todos los años a dialogar al Reino Unido, para que ellos nos digan que aceptarán lo que digan los isleños» (sic); pero la que propicia es la propuesta británica, solo que posterga la autodeterminación de los isleños 30 años, favoreciendo mientras tanto, con el aporte argentino su desarrollo.  

3) Su propuesta de escindir a Tierra del Fuego que propone en la misma ocasión para crear una nueva provincia para los isleños, contraria a lo prescripto en los art. 6º y 13º de la Constitución Nacional y los art. 1º, 2º, 81º y 87º de la Constitución Provincial, su Disposición Transitoria Décima Segunda y el art. 14º de la Ley 23.775 sin consultar la voluntad de los fueguinos, ignora la autonomía provincial, es al menos ilegal, antidemocrática, rompe con el principio de integridad territorial y nada refiere a los derechos argentinos sobre las aguas y la Antártida Argentina. Propuesta que no es novedosa ya que en 2017 en la Legislatura de Tierra del Fuego se «procedió a rechazar categóricamente el proyecto Prov. de Malvinas, Provincia 24» propuesto por periodistas de la UNLP.

En este sentido, la propia Res. 1514 de la O.N.U. en su inc. 6º estableció el marco para las disputas de soberanía: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», y puede entenderse que lo aplicable con relación a terceros países es también aplicable en la integridad interna.

4) Kohen apoya la idea de que las autoridades de la nueva provincia sean quienes autoricen o no a residir en las islas y manifiesta que “es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes”; pero ello no puede impedir el derecho de los argentinos a transitar, radicarse, invertir, etc., en Malvinas; de otro modo, se trataría de una soberanía quimérica. Respecto a la cultura, Malvinas está en la cultura de los argentinos. Los británicos han ocupado nuestro territorio, pero no han sacado a Malvinas de nuestra cultura.

5) En el CARI Kohen promovió las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que facilitarían al Reino Unido profundizar la apropiación de los recursos argentinos; además, propició «coparticipar con los isleños los recursos de la Z.E.E. de Malvinas», ambas medidas consolidarían la ocupación británica en Malvinas, en abierta colisión con el resto de las provincias del litoral marítimo. ¿Qué clase de soberanía propicia Kohen? No refiere a las islas Georgias ni Sándwich del Sur que tienen una administración independiente ni a la proyección Antártida; les da los recursos pesqueros e hidrocarburíferos ¿Qué referéndum podría favorecer a la Argentina en estas condiciones? El eslogan de Kohan de «soberanía argentina, autonomía isleña» es solo un sofisma.

6) Indicó también que “se podría pensar en una forma similar a la resolución de la disputa entre Nueva Caledonia y Francia” que resultó desfavorable a los franceses; pero ahora cede semejante decisión a terceros.

7) En su exposición en el CARI, Kohen afirma «la Argentina (se atribuye una facultad que no tiene) no descarta de antemano ir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)»; sin embargo, este abogado, al hacer esta afirmación, ya había fijado siete años antes su posición negativa a concurrir a la CIJ en el reportaje dado a Telma Luzzani (Visión 7 de la TV Pública, 01/12/2011): «…para que un Tribunal Internacional trate la cuestión hace falta el consentimiento del Estado (…). En el caso Malvinas el Reino Unido hizo una Declaración aceptando la competencia de la CIJ, pero está hecha de manera tal que es imposible llevar el caso por vía contenciosa. Es decir, que si algún día la Argentina decide llevar el caso Malvinas a la CIJ el Reino Unido tendría argumentos como para oponerse». ¿Cuáles, serían, pregunta Telma? «el hecho que al aceptar la competencia de la CIJ excluyó toda controversia anterior a 1974. Sabemos que la controversia por Malvinas tiene mucho más de un siglo y medio…». Ahora Kohen hace propuestas frágiles y cambiantes, por cuanto a la periodista Natasha (Clarín) le había manifestado el 19/12/2021: “he aconsejado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de llevar a los británicos hasta la CIJ, lo que después he desaconsejado por su propia experiencia”. Deberíamos recordarle a Kohen que de lo que se trata es de resolver la soberanía plena de Malvinas, no qué traje deberían ponerse los presidentes en una fiesta de gala en el Colón. Para esto hubiera bastado con el asesoramiento del ex Canciller Jorge Faurie.

Hay personas que se creen predestinadas y suelen poner sus cuestiones personales por encima de las nacionales. Marcelo Kohen dejó en claro a la hora de autopostularse y ser postulado por el gobierno de Fernández a juez de la Corte Internacional de Justicia que era uno de ellos. Al elegir el perfil de los candidatos argentinos a la Corte, es muy interesante destacar que, mientras José María Ruda tenía una clara posición de representante de los intereses políticos nacionales y los traducía en claras y comprometidas acciones jurídicas y diplomáticas, la posición de Kohen parece ser la de un técnico al servicio de la técnica. Las declaraciones de Kohen, son reveladoras respecto a su compromiso con el Estado Argentino. Al preguntarle la periodista de Perfil: ¿Cómo surgió su candidatura?, contestó: «fue una propuesta de destacados colegas y amigos de todo el mundo que consideran que mi presencia como juez sería una contribución positiva para el trabajo de la Corte… soy profesor, no diplomático ni político, y pienso de manera independiente… No soy “pro tal estado o tal otro” sino proderecho internacional… Mi compromiso como candidato es con la independencia de todo estado, presión o interés; poner el respeto del derecho internacional por encima de todo…». Léase: “autobombo”; cero compromiso con la causa de Malvinas que dice defender y, la agobiante sombra del veto del Reino Unido sobre su estrategia para llegar al cargo (El fin justifica los medios).

Aun respecto a la idoneidad para acceder a ser Juez de la Corte Internacional de Justicia, resulta un verdadero despropósito que mientras los postulantes a un cargo de Juez de 1ra. Instancia deben pasar por un concurso de antecedentes y oposición, luego ser aprobados por los Consejos de Magistratura y los respectivos Senados, para finalmente, de entre una terna ser designado por Decreto del Poder Ejecutivo; para postularse a esta Corte sea suficiente un Decreto. Esto no ocurre ni siquiera para aspirar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde además del filtro del Senado, se expone al candidato a la opinión pública. Y este abogado, con ninguna experiencia en la justicia ya había sido fallidamente promovido por el gobierno del Presidente Macri para integrar la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de la ONU, oportunidad en la que manifestó “trabajar y residir” en Suiza, quedando descartado de entre los 34 seleccionados, al ser superado categóricamente por los votos a los candidatos de Colombia, Chile, Nicaragua, México, Brasil, Perú y Ecuador.

La vida de intramuros en los entes internacionales puede hacer perder la realidad a quienes descansan en la tranquilidad de los salarios mensuales y carecen de pasión en las cuestiones relativas a la soberanía nacional. Con su forma de pensar y una aspiración desmedida de por medio, tiene una vocación en la Cuestión Malvinas ―en el mejor de los casos― con fecha de vencimiento. No entiende aquello del Gral. Simón Bolívar: “Cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla”.

Existen suficientes antecedentes para calificar este camino que propone Don Kohen como una aventura que, como las guerras, no se pueden poner en manos de unos pocos ―supuestamente teóricos iluminados― que carecen de experiencia fuera de la jurídica o la docencia. La política argentina debiera, en esta etapa, ser la de “poner la escoba detrás de la puerta” para hacer más difícil la ocupación de Malvinas, llevando adelante acciones directas que algunas de las cuales muy modestamente ya hemos explicitado.

Para profundizar sobre los temas tratados en este artículo sugerimos leer en www.cesarlerena.com.ar los siguientes:

 

1) La estrategia del Consejo Nacional de Malvinas – parte 1 – 09/02/2021.

2) De docente de intramuros a gestor de los deseos de los isleños en Malvinas – 21/02/2022.

3) El acceso a la Corte Internacional de Justicia al margen del interés nacional – 01/05/2022.

4) La política de cooperación argentina sobre Malvinas. Cuando las políticas se diseñan en los intramuros – 01/07/2021.

5) La estrategia del Consejo Nacional de Malvinas – final (por ahora) – 05/03/2021.

6) La política transversal de la colonización argentina de Thomas Bridge a Daniel Filmus. La continuidad de las relaciones carnales – 26/06/2021.

7) La secretaría de Malvinas no agarra una sola pelota ante la acción política británica en la Argentina – 09/12/2022.

8) Malvinas hoy más lejos de Argentina que en 1982, más cerca del Reino Unido que en 2003 – 10/06/2022.

9) Monólogo Argentino y avance británico – 22/10/2021.

10) Sin Plan para Malvinas – 23/08/2021.

11) ¿A quiénes apoyan algunos teóricos en la cuestión Malvinas? 10/06/2021.

12) El Consejo Nacional de Malvinas no diseña una Política de Estado – 1/2/2022

13) La Corte Internacional de Justicia o los intereses nacionales – 28/12/2021.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar