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MADURO Y EL ABRAZO DE ORTEGA

Roberto Mansilla Blanco*

Algún eco mediático tuvo un hecho bastante significativo acaecido durante la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero en Caracas. Recién llegado a la Asamblea Nacional, el presidente nicaragüense Daniel Ortega (junto con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel el único presidente de gobierno y de Estado que asistió a un evento deslegitimado por la mayor parte de la comunidad internacional) se apresuró a realizar un sensible abrazo a Maduro una vez éste juró el cargo.

Con matices, como había ocurrido con Fidel Castro durante la toma de posesión de Hugo Chávez en 1999, el protagonismo de Ortega durante los actos de investidura de Maduro fue un hecho igualmente notorio. De este modo, el abrazo de Ortega es significativo porque puede definir algunas de las directrices por las que transitará el régimen de Maduro en este nuevo período presidencial hasta 2031.

Muchos han advertido de la compatibilidad en Caracas del sistema político instaurado en Managua tras el retorno de Ortega al poder en 2007. Un sistema claramente autoritario, que busca neutralizar y ahogar los espacios opositores y las disidencias propiciando el ascenso de una oposición domesticada y dócil, fortalecido por una nueva oligarquía económica subsidiaria del poder, de la complacencia y lealtad del estamento militar y de la capacidad movilizadora de un partido histórico (el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) que, no obstante, también ha observado divisiones internas ante la hegemonía autoritaria «orteguista». Características todas ellas muy similares a las existentes dentro del régimen «madurista» predominante en Venezuela desde 2013.

Haciendo de las irregularidades y de un presunto fraude electoral una herramienta efectiva para mantenerse en el poder (a pesar de las exigencias de la comunidad internacional, el órgano electoral venezolano hasta ahora no presentó los actas definitivas de los comicios presidenciales de julio pasado), Maduro cierra un círculo iniciado en 2015 cuando la oposición retomó el control de la Asamblea Nacional ganando las elecciones legislativas. Desde entonces Maduro y el establishment «chavista-madurista» han aplicado un permanente hostigamiento hacia la oposición vía represión, tácticas detenciones arbitrarias, presos políticos (muchos de ellos militares, lo que define una purga muy probablemente diseñada por la asesoría cubana) e ilegalización de candidaturas.

Como en Nicaragua, en la Venezuela de Maduro comienza a ser predominante la criminalización e ilegalización de ONGs y movimientos cívicos disidentes adoptando una vía libre hacia la configuración de un sistema a la carta. Este 2025 anuncia hasta seis procesos electorales diferentes en Venezuela, destacando los comicios legislativos y municipales y hasta un posible referéndum para cambiar a la Constitución.

Por otra parte, la toma de posesión de Maduro evidencia el enésimo fracaso de la oposición venezolana, incapaz de articular una estrategia efectiva más allá de los apoyos que pueda obtener de la comunidad internacional. El exilio de varios líderes opositores, destacando el caso de Edmundo González Urrutia (quien probablemente intentará juramentarse como presidente desde República Dominicana en un émulo del «guaidonazo» de enero de 2019), neutraliza la capacidad de movilización opositora dentro de Venezuela, ahora cada vez más dependiente del accionar de María Corina Machado, cuyo futuro político puede verse igualmente condicionado por el exilio.

El fracaso opositor fue evidente ante la imposibilidad de cumplir el tan anunciado retorno de Urrutia a Caracas para asumir el cargo presidencial y el rocambolesco episodio de «detención-liberación» de Machado un día antes de la toma de posesión de Maduro. Si bien se registraron algunas protestas en las calles venezolanas tampoco éstas tuvieron el impacto masivo de antaño, otro factor que certifica síntomas de cansancio e incluso de cierta «despolitización» de una sociedad venezolana demasiado ocupada en sobrevivir a la crisis económica y adaptarse a la dolarización de facto de su economía.

La nueva oligarquía «madurista» en el poder en Caracas evidencia una especie de perestroika económica con respecto al legado «chavista» de expropiaciones masivas pero no así en el plano político.

Mientras la oposición vuelve a transitar por el desierto toda vez que repite hasta la saciedad nuevas líneas de acción de dudosa efectividad (incluyendo un estrafalario intento de invasión exterior a Venezuela en manos de un contratista pro-Trump de nombre Erick Prince), Maduro abre un período en el que la sombra de ilegitimidad de su cargo se acrecienta a nivel internacional pero que el fait accompli de observar cómo su poder sigue aparentemente intacto será la dinámica y la tónica a seguir en Venezuela. Con matices pero no menos importante resulta el hecho de que la economía venezolana está dando síntomas de cierta recuperación al igual que su industria petrolera comienza a normalizarse. En clave política, más poder para Maduro.

Definido por el politólogo argentino José Natanson como un «autoritarismo caótico», Maduro emplaza cualquier tentativa de transición que no se acomode sus exigencias. La suya será una presidencia pret-à-porter, a su medida, dependiente de factores como la realpolitik y del asesoramiento de poderosos aliados exteriores (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros (Cuba, Nicaragua) con notable influencia en Caracas que le permitan neutralizar las sanciones y presiones exteriores. El manto de ilegitimidad internacional de su presidencia incluso puede observarse en el distanciamiento y las críticas recibidas por Maduro por parte de teóricos aliados de izquierdas como Chile, Brasil, Colombia o México.

Como Ortega, Maduro apuesta por la perpetuidad en el poder sin desestimar que la irresolución por consensos internos y externos de la interminable crisis política venezolana puede anunciar durante este nuevo período los canales de una posible «sucesión-transición» pactada entre las grandes familias del poder, los Maduro-Flores, los Rodríguez y los Cabello. Un eventual escenario en el que muy posiblemente el asesoramiento del líder nicaragüense puede también ser decisivo.

 

Este artículo fue originalmente publicado en idioma galego en Editorial Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/maduro-e-o-abrazo-de-ortega-roberto-mansilla-blanco/

MADURO EN EL ESPEJO DE BASHAR

Roberto Mansilla Blanco*

Tras la súbita e inesperada caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y su inmediato asilo en Rusia, una sugerente interrogante recorre las redes sociales, especialmente dentro de la diáspora venezolana: ¿sucederá lo mismo con Nicolás Maduro?

La interrogante aumenta ante la evidencia de que aliados comunes de Maduro y de Bashar al Asad como Rusia e Irán, con bases y presencia de efectivos militares en Siria y una mayor capacidad logística, finalmente dejaron caer, prácticamente sin rechistar, al dictador sirio. Tampoco olvidemos a China, con importantes inversiones de cooperación económica tanto en Siria como en Venezuela.

Destaca en este aspecto la posición rusa, que cuenta desde 1971 (prácticamente desde el inicio del poder del clan al Asad) con una estratégica base militar en la localidad mediterránea siria de Tartus. Desde 2015, Moscú ha venido asistiendo militarmente, en especial con fuerza aérea, al mantenimiento del régimen de al Asad dentro de la guerra interna en el país árabe. En un contexto de tensiones con Occidente, para Moscú resulta esencial mantener esa presencia en la Siria post-Asad.

A diferencia de lo sucedido en otros escenarios geopolíticos de interés (Ucrania, Moldavia, Rumanía, Georgia), el Kremlin ha optado por la discreción sin apenas mostrar, al menos oficialmente, una reacción virulenta ante la caída de su ahora ex aliado sirio. China también ha mostrado una actitud similar evitando pronunciarse expresamente e instando a una transición política en Siria que “evite el caos regional”.

Este discreto y prudente silencio de Moscú, Teherán y Beijing ante lo sucedido en Siria dejarían aparentemente a Maduro ante serios dilemas y una posición, al menos a priori, más delicada. Estos dilemas parecen concentrarse en una interrogante: ¿hasta qué punto Rusia, China e Irán están dispuestos a arriesgar capital político e incluso militar para mantener a Maduro en el poder?

En la laberíntica crisis política que vive Venezuela, dos fechas se imponen en el calendario como decisivas: el próximo 10 de enero de 2025 debe asumir un nuevo gobierno en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde grosso modo la mayor parte de la comunidad internacional no se ha pronunciado definitivamente a la hora de reconocer un ganador argumentando falta de transparencia electoral.

Como ocurriera en 2019 con el caso de Juan Guaidó, el pulso político venezolano se ha trasladado al reconocimiento o no del ganador en las elecciones y a una disputa de legitimidades presidenciales. Siete países, entre ellos EEUU así como el Parlamento Europeo y el de España (no así su gobierno) reconocen oficialmente la victoria electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia (actualmente exiliado en Madrid) y por lo tanto su legitimidad presidencial. Por el contrario, unos 40 países, entre ellos Rusia, China, Irán, la Siria de al Asad, Cuba y Corea del Norte, han reconocido oficialmente a Maduro como presidente electo.

La segunda fecha en importancia viene diez días después. El 20 de enero asumirá Donald Trump un nuevo mandato presidencial hasta 2029. Su radical oposición a Maduro y sus aliados se verá complementada en la figura de su presumible Secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. En este sentido se prevé un clima de tensión in crescendo por parte de la nueva administración en la Casa Blanca hacia países díscolos e incómodos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como ante la penetración e influencia en esos países por parte de sus aliados ruso, chino e iraní.

En este maremágnum de suposiciones y escenarios hipotéticos sobre qué influencia puede tener en Venezuela lo sucedido en Siria está el modus operandi de la caída de al Asad, cuya retirada a tiempo (muy probablemente tutelada desde Moscú y Teherán) le evitó tener un final similar al del líder libio Muammar al Gadafi en 2011, traicionado por supuestos aliados vendidos al mejor postor que lo terminaron linchando en directo ante al mundo entero. Dos finales, el de Gadafi y ahora el de Bashar, que Maduro muy seguramente está tomando en cuenta.

No obstante, más allá de la realpolitik se impone la necesidad de observar hasta qué punto el ejemplo sirio puede reproducirse en Venezuela. Como Bashar al Asad antes de la inesperada reaparición de unos rebeldes sirios que nadie conocía, Maduro no parece confrontar una rebelión interna de gran calibre más allá de la presión, principalmente desde el exterior, que manifiesta una oposición política cuyos principales figuras (a excepción de la incansable María Corina Machado) están en el exilio. Si bien el país sigue a vivir una aguda crisis económica y de incertidumbre política, salvo casos esporádicos, la tensa calma parece ser la tónica en las calles venezolanas, sin grandes movilizaciones opositoras como sucediera años atrás.

Por otro lado, no parecen existir fisuras significativas dentro del estamento militar y la estructura burocrática y empresarial del «chavismo-madurismo». A diferencia de Siria, en Venezuela no existen grupos armados internos con capacidad para desafiar el poder de Maduro o que controlen porciones del territorio nacional donde puedan imponer su ley. Más bien, todo lo contrario: fuentes opositoras informan constantemente de la existencia de actores paramilitares (Hizbulá; guerrillas colombianas) y de entidades de otros países (Turquía, China, Rusia, Irán, India), todos ellos aliados de Maduro, controlando territorios en estados venezolanos ricos en minerales (Arco Minero), petróleo y gas (Plataforma Deltana).

Pero en algo sí coinciden ambos casos: la guerra en Siria desde 2011 y la crisis económica venezolana desde 2014 han provocado el mayor drama humanitario de refugiados desde la II Guerra Mundial, sólo recientemente superado por la guerra de Ucrania desde 2022.

Con este panorama vuelve la pregunta clave: ¿caerá Maduro como lo hizo Bashar al Asad? Es una incógnita tan apremiante como sorprendente fue la caída del régimen sirio tras cinco décadas en el poder. La presión internacional parece ser la clave mientras aumentan las sanciones de EEUU y de la Unión Europea contra altos cargos del «madurismo» mientras la Corte Penal Internacional avanza en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte de las fuerzas policiales y de seguridad durante las protestas de 2017.

Mientras en la Siria post-Asad comienzan a salir a la luz pública los centros de detención clandestinos, sectores opositores y ONGs de derechos humanos en Venezuela que han venido denunciando la represión, tortura y desaparición de presos políticos esperan observar una situación similar en caso de eventual caída del régimen «madurista».

En la pasada cumbre de los BRICS celebrada en octubre en Kazán (Rusia), un tradicional aliado del «chavismo-madurismo» como Brasil vetó el ingreso venezolano en ese organismo que busca reducir la hegemonía occidental «atlantista». La razón del veto brasileño fue la posición del gobierno de Lula da Silva de no reconocer los resultados oficiales mostrados por el Consejo Nacional Electoral venezolano sobre la presunta victoria de Maduro, argumentando falta de transparencia atendiendo así las evidencias crecientes de un fraude electoral.

En Kazán fue reveladora la imagen del anfitrión Vladimir Putin quien, mientras se dirigía apresurado a la cumbre oficial de los BRICS, mostró con sutileza a Maduro el camino de salida para los invitados tras un breve apretón de manos. Las redes sociales, especialmente de opositores venezolanos, ardieron en todo tipo de interpretaciones sobre el mensaje aparentemente subliminal de esta imagen. Otros aclararon lo sucedido restando cualquier tipo de sentido político al asunto. En todo caso, Maduro no logró su objetivo en Kazán: Venezuela no entró en los BRICS.

La imagen de Kazán entre Putin y Maduro fue complementada este 8 de diciembre con el mensaje de Trump asegurando que la caída de Bashar al Asad fue posible porque «a Rusia dejó de interesarle» seguir manteniendo al hoy defenestrado presidente sirio. Por cierto, Trump ya anunció aranceles del 100% hacia los países miembros del BRICS, lo cual augura una guerra económica a gran escala.

Con todo, y tras lo sucedido con un Bashar al Asad hoy exiliado en Rusia, ¿podrá experimentar Maduro un destino similar con un sutil distanciamiento por parte de Putin que le termine costando el poder?

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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GUAYANA ESEQUIBA: OPONIBILIDAD Y PERSECUCIÓN DE LO NUESTRO

Abraham Gómez R.*

La ligazón oportunista y juego de intereses dinerarios con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa y les provocó «amnesia selectiva» que les impidió (antes de accionar contra Venezuela, por ante la Corte Internacional de Justicia) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional, exactamente el mismo día que alcanzaron su independencia del Reino Unido, el 26 de mayo de 1966.

Desmemoria inoculada a petición y complacencia de las aprovechadoras compañías de turno, esquilmadoras de nuestros recursos. Ya habrá ocasión de arreglar cuentas sobre el particular.

Frente a la acción de Guyana interpuesta contra nosotros, el 29 de marzo del 2018, una vez que el Secretario General de la ONU remitió el asunto controversial al Alto Tribunal de La Haya, ¿qué nos quedaba hacer?

Defendernos con las disímiles estrategias que nos sean factibles y lícitas desarrollar hasta lograr la restitución de lo que nos desgajaron.

Veamos. Producto de los resultados obtenidos del referendo consultivo, celebrado en diciembre pasado, concretamos la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, dentro de lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento con pleno vigor jurídico para encarar este pleito.

Con el precitado instrumento normativo se procedió, bajo la promulgación del jefe de Estado, a la creación de una nueva entidad federal de la República:

«Se crea el estado Guayana Esequiba dentro de la organización político territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente» (Artículo 9).

Así, además, con la representación de importantes organismos se conformó un cuerpo institucional extraordinario para que a través de su rectoría se implementen las políticas de consolidación integral del naciente Estado.

El artículo (27) de la señalada normativa reviste capital importancia al conferirle al presidente de República la expresa prohibición (capacidad de veto) para la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con actividades conexas en el territorio de la Guayana Esequiba o en su proyección atlántica (aguas pendientes por delimitar).

Sabemos de las licencias, concesiones y autorizaciones que ha recibido un enjambre de (59) empresas transnacionales, procedentes de diferentes países.

Considero que el jefe de Estado, por intermedio de la Alta Comisión, debe comenzar a fijar las responsabilidades, en el sentido restrictivo que le faculta esta ley, para con las compañías norteamericanas, chinas, rusas, noruegas, brasileñas, mexicanas, entre muchas otras que se encuentran instaladas, operando en Venezuela y simultáneamente prestan allá también cuantiosos servicios extractivos de nuestros recursos en favor de los gobiernos guyaneses.

Apliquemos la ley, justamente, como ella mandata. ¿Cómo la daremos vigor a esta ley? Prestemos atención.

Estamos invocando ―en lo inmediato― dos principios jurídicos para resguardar lo que siempre ha sido nuestro desde el punto de vista jurídico, histórico y cartográfico; no precisamente por una malcriadez diplomática o deseo sobrevenido sino porque poseemos los Justos Títulos Traslaticios que nos han asistido ―permanentemente― en la presente controversia que ha sido revestida con carácter de juicio al cual estamos en disposición de encarar y comparecer el próximo 11 de agosto de 2025, cuando se inicia la fase de pruebas, en el subsiguiente trayecto del  Proceso.

Mientras tanto nada nos limita o impide a invocar y proceder con el denominado Principio y Derecho de Persecución, que consiste en:

«El atributo que permite a su titular perseguir la cosa objeto de su derecho, sin importar quién la tenga en su posesión, quien lo retenga, u ocupe, en manos de quien lo detente o en qué lugar se encuentre.

Además, comporta una característica que cobra especial importancia en el Derecho Internacional; por cuanto, es un poder jurídico del Estado propietario, con dominio demostrable sobre un bien, que lo puede ejercer directamente sobre su objeto».

Acaso no hemos expresado y explicado de muchísimas maneras y a través de bastantes vías y medios que poseemos un enjundioso acervo de probanza que demuestran la vileza cómo se le perpetró a Venezuela el arrebato de la controvertida extensión territorial, que constituye una séptima parte de nuestra geografía nacional, por el costado este.

Todo lo referido en el párrafo anterior tiene fuerza y fundamentación en la Real Cédula de Carlos III, fechada el 8 de septiembre de 1777, cuando procede, dentro de las Reformas Borbónicas, a crear la Capitanía General de Venezuela, soportada en las Capitulaciones de Santa Fe de 1492.

«(…) He tenido a bien resolver la absoluta separación de las mencionadas Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, é islas de Trinidad y Margarita, del Vireynato y la Capitanía General del Nuevo Reyno de Granada, y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están, por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda, a la nueva Intendencia erigida en dicha Provincia, y ciudad de Caracas, su capital… que obedezcan, como a su Capitán General, al que hoy es y en adelante lo fuere de la Provincia de Venezuela, y cumplan las órdenes que en asuntos de mi Real Servicio les comunicare en todo lo gubernativo y militar… que así es mi voluntad.

Dada en San Ildefonso a ocho de septiembre de mil setecientos setenta y siete.

Yo El Rey”

Con igual propósito hemos hecho saber ante el mundo que soportamos nuestro pedido de restitución ante la honorable Sala Jurisdicente en el «Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela», suscrito el 30 de marzo de 1845, en el preciso momento y evento de reconocimiento de nuestra independencia, por parte de Su Majestad Católica:

«Artículo 1°. S.M.C., usando de la facultad que le compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela.

Artículo 2°. A consecuencia de esta renuncia y cesión S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente la República de Venezuela compuesta de las provincias y territorios expresados en su Constitución: y demás leyes posteriores a saber: Margarita, Guayana, Cumaná, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, Mérida, Trujillo, Coro y Maracaibo y otros cualesquiera territorios e islas que puedan corresponderle.

Artículo 3°. Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los ciudadanos de la República de Venezuela, y los españoles, sin excepción alguna, cualesquiera que haya sido el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente Tratado…» (Omissis).

Ambos documentos los hacemos valer con pleno carácter jurídico en nuestro derecho de oponibilidad interpartes y frente a todos aquellas personas y entes que, aunque no estén directamente concernidas, deben mantenerse en conocimiento de lo que estamos reivindicando desde hace más de cien años.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba- Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).