IRÁN: ¿CAMBIO DE RÉGIMEN O VIRAJE HACIA UN POPULISMO CON PRETORIANISMO MILITAR?

Roberto Mansilla Blanco*

La cuarta ola de protestas que vive Irán desde 1999, ahora propiciada por la crisis económica contextualizado con síntomas de malestar social contra el sistema político teocrático dirigido por los ayatolás desde 1979, ocurre bajo un contexto de fuertes presiones exteriores, principalmente desde Israel y EEUU y en gran medida de carácter sedicioso, aceleradas tras la operación militar estadounidense de captura contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y el «golpe de timón» unilateral para reconducir a Venezuela hacia las esferas de influencia de Washington.

Las razones de malestar interno dentro de la República Islámica de Irán, un país que está observando una silenciosa transformación social en los últimos años, no son muy diferentes de lo que pueda existir en algunas sociedades occidentales. Son protestas dirigidas por clases medias y populares afectadas por la crisis económica y los cambios que se están observando en el capitalismo global, contextualizadas en el caso iraní por las sanciones exteriores, la rigidez y represión del régimen dirigido por el ayatolá Alí Jamenei, obligado ahora a enrocarse en el poder.

Con todo, la crisis actual supone igualmente un pulso geopolítico entre varios actores exteriores con la finalidad de ejercer influencia en cuanto al control de las reservas de petróleo y gas natural iraníes así como de su estratégica ubicación geográfica entre Oriente Medio, Golfo Pérsico, Asia Central, el océano Índico y el sureste asiático, relevantes por ser rutas principales del comercio mundial.

La rebelión de la «burguesía del Bazar»

Un catalizador de estas protestas lo encontramos en la capacidad de poder que tiene la coloquialmente denominada «burguesía del Bazar» en Teherán, que instó a la protesta debido a las pérdidas económicas determinadas por la devaluación de la moneda nacional, el rial.

Como indica la politóloga iraní Nazanín Armanian, «los bazaríes, élite comercial anclada en la época feudal, se despegan del régimen, reduciendo aún más su base social para convertirlo en una camarilla ―más peligrosa que nunca― de mulás y militares apocalípticos».

Obviamente, las desigualdades sociales determinan una clave importante detrás de las protestas. Aproximadamente un 80% de la población iraní colinda con el umbral de la pobreza, en total casi unos 50 millones de personas. Este diagnóstico escapa al ritmo de vida de las elites del poder teocrático así como del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI) Este cuerpo detenta prácticamente el poder de facto dentro del régimen teocrático por sus redes militares, paramilitares, control del programa nuclear, de los mecanismos de seguridad estatales y de un conglomerado empresarial con ramificaciones exteriores más allá de Oriente Próximo, como ha venido siendo el caso de Venezuela.

La hiperinflación, calculada por algunas fuentes en un 600%, empeora el cuadro socioeconómico principalmente para los jóvenes en materia de empleo e independencia familiar. Más del 60% de los 91.500.000 de habitantes de Irán es menor de 30 años. Como era de esperarse por parte de un régimen caracterizado por su rigidez, la brutal represión que hasta los momentos se cifra en decenas de muertos y unos 2.000 detenidos, aumenta las tensiones en el país persa.

Argumentando falta de liquidez, en octubre pasado el gobierno de Masoud Pezeshkian eliminó subsidios y ayudas que beneficiaban a unas 14 millones de familias en condición vulnerable. No obstante, según reveló el Departamento del Tesoro de los EEUU con obvias y convenientes intenciones de influencia mediática, Irán ha venido transfiriendo unos US$ 1.000 millones al Hizbulá libanés que benefician al régimen en sus expectativas geopolíticas y negocios personales.

Más allá de Reza Pahleví. Protestas sin liderazgo político visible.

Sin una figura visible al frente de las protestas, más allá del incesante interés israelí y estadounidense por enfocar a Reza Pahleví (66 años), hijo del depuesto Sah de Persia, como su principal baluarte, las manifestaciones dan cuenta de una aparente espontaneidad y agilidad en su capacidad de expansión, muy similares a las que se vivieron en septiembre pasado en Nepal y que llevaron a la caída del gobierno comunista.

El malestar popular in crescendo en Teherán y las principales ciudades iraníes pone contra las cuerdas al oficialismo, palpándose en el ambiente la posibilidad de un cambio de régimen. No obstante, los ejemplos de rebeliones anteriores (1999, 2009 y 2022) indican que el régimen teocrático sigue manteniendo una considerable capacidad de maniobra para mantenerse en el poder, sea por la represión brutal o la coacción disuasiva hacia diversos sectores religiosos, económicos, militares y burocráticos.

A pesar del apoyo indisimulado de EEUU e Israel, las redes de poder internas de Pahleví son aparentemente endebles. Pahleví lleva prácticamente toda su vida en el exilio (46 años) Si bien durante las protestas se han visto banderas con la insignia del león y del sol que identifica al Irán de la dinastía Pahleví, no resulta clara la activación de una plataforma unitaria de fuerzas políticas opositoras coordinadas para derribar al régimen que tengan como líder al hijo del último Sah.

Tradicionalmente en Irán la oposición es heterogénea, con partidos y movimientos comunistas, centristas, regionalistas y de otras tendencias que, visto el actual panorama, no parecen ofrecer una opción unitaria que aglutine el descontento.

Por otro lado, y más allá de la consecuente desinformación desde medios occidentales, hasta el momento no se han observado fisuras significativas en el entramado de poder iraní. La represión ha sido inmediatamente activada y tanto el GRI como los organismos de seguridad parecen dejar claro quién está al frente del poder.

Los ataques contra mezquitas y la rebelión femenina en clave de quema de velos mostrando las ansias de liberación social de las ataduras teocráticas son un material atractivo para los medios occidentales a la hora de construir el relato sobre la aparición de una nueva revolución iraní.

Estas informaciones convenientemente ocultan que Irán viene transitando una revolución social silenciosa en las últimas décadas, una «modernización» en clave propia que, si bien entraña expectativas aperturistas, las mismas no necesariamente congenian con los intereses occidentales.

Egipto (2013), Siria (2024) y Venezuela (2026): ¿precedentes para Irán?

En un aparente ejercicio de realpolitik, Pahleví, muy probablemente disuadido por Washington, ha instado a la masificación de las protestas con la intención de asestar un cambio de régimen en el cual ya ha dejado entrever que el GRI continuará siendo un actor preponderante.

Visto en perspectiva con lo que ha sucedido recientemente en otras latitudes (Siria post-Asad; Venezuela post-Maduro), el interés exterior estaría dirigido a propiciar el ascenso de un actor interno en Irán que erosione y socave el régimen teocrático «desde dentro» e inicie tentativamente una transición democrática que reconduzca a Irán a las esferas de influencia estadounidense e israelí tras casi cinco décadas de régimen teocrático islamista.

Este ejercicio de poder, de consecuencias inciertas dentro de la actual crisis iraní, implicaría para Occidente e Israel fomentar una figura de peso y con notables consensos, sea por la fuerza o por la negociación, para dar curso a las expectativas de «cambio de régimen». Los ejemplos de Ahmed al Sharaa en Siria y el más reciente de Delcy Rodríguez en Venezuela podrían explicar estos intereses exteriores que ahora quieren verse reproducidos en un hipotético Irán post-ayatolás.  

La caída de Maduro, un estrecho aliado iraní, sirve a Israel como atenuante a la hora de cortar la cadena de transmisión exterior de Teherán a través de «proxy wars» vía Hizbulá en Líbano, hutíes en Yemen y milicias chiítas en Irak. Mientras arden las calles iraníes, los ataques israelíes contra objetivos de Hizbulá al sur del Líbano reflejan claramente esas expectativas toda vez aumentan las informaciones sobre la posibilidad de renovación de la confrontación armada entre Irán e Israel tras la «guerra de los doce días» de junio pasado, cuyo resultado militar verificó una paridad de fuerzas a pesar de contar Israel con el apoyo estadounidense y europeo.

Por otro lado, el inédito reconocimiento de Israel a Somalilandia, un Estado de facto hasta ahora no reconocido por ningún país, supone igualmente una cabeza de puente para Tel Aviv a la hora de monitorear a Irán desde el Cuerno de África para ejercer presión sobre el Golfo de Adén y Yemen.

Otro escenario que podría abrirse en Irán sería un eventual «golpe palaciego» similar al que realizó en 2013 el entonces general y actualmente presidente egipcio Abdelfatah al Sissi contra el gobierno islamista dirigido por Mohammed Morsi, fallecido en 2019 tras un cautiverio en prisión. Tras ganar las elecciones presidenciales en 2014, al Sissi ha gobernado por la vía autoritaria del pretorianismo militar, amparado en el poder corporativo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y la burocracia heredada del anterior régimen de Hosni Mubarak, depuesto en 2011 por las denominadas «Primaveras árabes».

Más allá de su poder autoritario frecuentemente tildado de «faraónico», al Sissi se ha convertido en un «hombre fuerte» y de consensos con capacidad de interlocución ante actores exógenos tan disímiles y con intereses en disputa como EEUU, Rusia, China, Israel, Arabia Saudita, Turquía e incluso el propio Irán, al que al Sissi acusó en su momento de estar detrás del islamismo político egipcio monopolizado por la Hermandad Musulmana.

El ejemplo egipcio puede servir como catalizador para esos intereses occidentales en un Irán post-ayatolás domesticado y neutralizado en cuanto a su potencial militar y económico, que ya no constituya una «amenaza» para Israel vía «proxy wars» y acercándolo a las esferas de influencia de EEUU para el control de sus apetecidos recursos naturales; una réplica de lo que Washington está llevando a cabo en la Venezuela post-Maduro con Delcy Rodríguez transitoriamente al frente del poder.

No obstante, y en caso de así observarse, no resulta claro si la posibilidad del desalojo de la casta teocrática de los ayatolás llevará necesariamente en Irán a la constitución de un régimen pro-occidental supeditado a los intereses estadounidenses que neutralicen la capacidad iraní de desafiar a Israel y Arabia Saudita, los principales aliados de Washington en la región o, en todo caso, a una situación similar a la Siria post-Asad.

Más allá del previsible sesgo propagandístico, las informaciones oficiales de Teherán sobre detenciones de agentes del Mossad por parte de las fuerzas de seguridad iraníes evidenciarían esa intromisión israelí en la crisis del país persa.

En redes sociales son prolíficas las informaciones, la mayor parte provenientes de medios israelíes, sobre la conjunción de intereses entre Israel y las expectativas de cambios de diversos sectores dentro y fuera de Irán. No debemos olvidar que, tras Israel, Irán es el país de Oriente Medio con mayor población de origen judío, unas 10.000 personas, principalmente ubicadas en Teherán y Shiraz. Este factor ha sido constantemente «explotado» en las redes sociales como un subliminal mensaje político que cobra intensidad en este momento de protestas en Irán.

Por otro lado, la alianza iraní con Rusia y China, principalmente en materia económica y de desarrollo del programa nuclear, determina un componente de fortaleza para el actual statu quo en el poder, fuertemente solidificado por una GRI que, si la situación lo requiere, podría dar un paso al frente para eventualmente constituir un régimen de pretorianismo militar que, neutralizando el poder de la teocracia, combine nacionalismo y populismo como vectores de cohesión social y política en un hipotético Irán post-ayatolás.

En el caso de Moscú, el reciente ataque con misiles Oreshnik en el occidente de Ucrania implica un anclaje de la doctrina de seguridad rusa como medida disuasiva del Kremlin hacia Occidente tras la caída de Maduro y la posibilidad de que las protestas en Irán lleven a un cambio de régimen.

Este contexto también implica a Europa. La primera ministra italiana Giorgia Meloni rompió el consenso belicista predominante en Bruselas al instar a la posibilidad de un diálogo con Rusia. Con anterioridad, el presidente francés Emmanuel Macron adoptó una posición similar. Una Unión Europea debilitada por la unilateralidad de Trump en Ucrania, Venezuela y Groenlandia sopesa ahora posibles escenarios de distensión con Rusia, un giro copernicano a su hasta ahora irreductible apoyo a Ucrania.

Está por verse si este eventual e incierto cambio de posición europea con Rusia tiene algún tipo de implicación sobre lo que está sucediendo en Irán, especialmente ante las expectativas de crisis en el suministro petrolero desde el país persa y ante la hegemónica posición estadounidense hacia el petróleo venezolano.

Finalmente está el equilibrio del mosaico interétnico y religioso iraní, con predominante peso de la población de origen persa conviviendo con comunidades de kurdos, armenios, árabes, turcomanos, baluchíes, entre otros. No es un secreto que desde el exterior se han intentado crear situaciones de desintegración territorial dentro de Irán, con la posible creación de «bantustanes» con esferas de influencia principalmente para EEUU, Israel, Arabia Saudita y Turquía.

Especial atención cobra el caso del irredentismo kurdo y sus expectativas de creación de una entidad estatal independiente entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Mientras las fuerzas sirias tomaron el control de la estratégica ciudad de Aleppo tras un ataque de fuerzas kurdas, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ayudó al GRI a doblegar a irrendentistas kurdos del PJAK aparentemente apoyados por Israel y EEUU y que habrían ingresado en territorio iraní por las provincias de Ilam y Kermanshah.

La Organización de Inteligencia Nacional de Turquía (MIT por sus siglas en turco) estaba rastreando a los separatistas del PJAK en Irak y en Irán, y compartiendo información con el CGRI, lo que explicaría cómo pudieron neutralizar rápidamente a los separatistas kurdos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 1/4)

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 10 de enero de 2026**

 

En la actividad pesquera es difícil determinar dónde empieza el Estado y donde termina. Tal vez sea por aquello de que se trata de un recurso del Estado concesionado a terceros o porque entre la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero ―aunque lo diga la Ley 24.922― no tienen claro quién fija la política pesquera y quién la investigación y pareciera que carecen de determinación o capacidad para administrar la actividad.

Podría deberse a una cuestión de ineptitud; pero, dejar en manos de unas pocas manos la adjudicación y aprobación de la licitación de buques de investigación en favor de un astillero español ―contra todas las opiniones especializadas― por 161 millones de dólares, perjudicando el erario público y violando ―tratándose de aportes para la construcción que realiza el Estado― el art. 15° de la Ley 27.418 (de la que soy coautor junto a Fabián Lugarini para el fallecido Senador Pino Solanas) y también la Ley 27.437 de «Compre argentino», transfiriendo al exterior recursos económicos escasos de los argentinos y, además y muy importante, desconociendo las capacidades industriales navales de Argentina. Un hecho deleznable que la Justicia debería investigar para determinar si las personas que intervinieron (que en los sucesivos artículos develaremos) hubiesen cometido delitos contra la administración pública.

Aunque en la adjudicación no se hubiese probado corrupción (cuestión ventilada), el daño a la soberanía, a la economía nacional, al desarrollo tecnológico y a la generación de mano de obra es gravísima. Es un delito de acción pública cuando ―como afirman los expertos― el país tiene capacidad para construir buques, aunque pudiese recurrir a componentes extraños, como lo hacen también otras industrias, como la automotriz.

Además, ¿cómo la Argentina recurre a astilleros de España cuando los buques gallegos depredan los recursos migratorios argentinos en alta mar y en las aguas argentinas de Malvinas? y, ¿cómo esa decisión queda en manos de un investigador y asesores de dudosa imparcialidad? ¿Será ineptitud u otras razones para justificar semejante imbecilidad? ¿falta de inteligencia o corrupción?

Nosotros teníamos desde hace años este tema en carpeta y, erróneamente, descansamos en las denuncias que oportunamente efectuaron expertos, varios directivos de los astilleros nacionales y gremios del sector; pero, todo parece seguir igual, con lazos endogámicos y una dirección del INIDEP, donde el funcionario elegido ―como hoy el Lic. Gonzalo Bacigalupo― incumple con el art. 4° de la Ley 21.673 o, cuando estuvo a cargo de un investigador ―como ocurrió en los años 2015/6― resultó incapaz para hacer un análisis integral a la hora de promover la construcción de buques para el INIDEP; pero, claro ―por alguna razón― los que establecen la política también estuvieron ausentes; por ejemplo Juan A. López Casorla, que ya integraba el Consejo Federal Pesquero en esos años y, hoy siendo Subsecretario de Pesca, designó a Otto Christian Wöhler Director de Investigación; que, para ese entonces como Director del INIDEP, recomendó alegremente la construcción en España de los buques de investigación «Victor Angelescu» y «Mar Argentino», perjudicando a toda la industria pesquera y naval nacional que contribuye al pago de sus salarios desde 1980 a la fecha.  

Todo tiene su límite y el disparador fue la nota firmada por una consultora, sin personería y con marca de fantasía «Resilience», publicada en la Revista Puerto el pasado 05/12/2025 donde refiere a un «doble estándar ante la pesca INDNR» de la Unión Europea. Tema en el que coincidimos, porque días antes habíamos escrito (Perfil, 27/11/25), refiriéndonos a que Vigo es el principal puerto europeo de descarga de los productos pesqueros ilegales de especies argentinas. Ahora bien, que esta consultora opine sobre el tema y hable de «doble estándar» fue más allá de lo que uno puede tolerar.

En primer lugar, diremos que la citada «Resilience» podría tener algún vínculo con el Director de Investigación Otto Christian Wöhler, ya que muchos funcionarios imaginan para su jubilación una estructura de este tipo para aprovechar la capacitación y perfeccionamiento que recibieron gratuitamente del Estado; pero no, el hecho es que sus hijos Otto Axel y Sofía Irina la integran y es muy difícil no caer en incompatibilidades o conflictos de intereses, entre la actividad pública y la privada, en estos casos.

Nos llamó la atención que no suscriban la nota citada los referidos jóvenes Otto Axel y Sofía Irina Wöhler en lugar de «Resilience», ya que son los titulares de la marca. Ambos, son profesionales con escasos antecedentes en tareas ambientales; ninguno de los dos en materia de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), al igual que en materia pesquera. Hace 40/50 años era muy común que las empresas contrataran personal sin experiencia, la que precisamente adquirían luego en las empresas; pero la situación desde hace años requiere la elaboración de una estrategia o la solución de problema «ya», y éstas no pueden esperar un aprendizaje que, además, es endogámico. Por ello sorprende que, frente a semejante crisis crónica que enfrenta la pesca, por alguna rara razón, tres importantes Cámaras Pesqueras (CAPA, CEPA, CAPECA) requieran «los servicios» de dos inexpertos para representarlos y defender sus intereses en un negocio que factura dos mil millones de dólares anuales y depende de la macroeconomía, del mercado internacional, de los gobiernos nacionales, provinciales y sus funcionarios, de la biología, la climatología, la captura, las retenciones, los impuestos, derechos y tasas, los servicios, la producción, la industria y por supuesto del trabajo donde intervienen una docena de gremios. Basta ver sus ingresos y las tareas que realizan y que, en su corta vida profesional, solo elaboraron dos informes, uno de ellos sobre prospecciones sísmicas para la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Aunque es «vox pópuli» en los ambientes portuarios que ambos informes recibieron una “ayudita” de su Papá Otto Christian. Pero, ello, no habla mal de los contratados, habla mal de las Cámaras Empresarias que suelen ser justos y permanentes reclamantes ante los gobiernos de turno.

Por una parte, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) contrató a Sofía Irina Wöhler (Monotributista, Cat. C, 30 años; UNICEN, 2021), no como experta en gestión ambiental ―el diploma no presume habilidad― sino como empleada administrativa que en su único trabajo publicado (UNICEN, 27/09/2021) escribió: «en una de las principales actividades económicas que se desarrolla en la pesca (…) la captura, incluye especies y/o tallas de peces no comerciales que generalmente son descartadas por la borda, pero también aves, mamíferos y tortugas marinas (…) atraídas por los desechos y descartes generados (…) existe una deficiente comunicación entre empresarios y capitanes (…) Dificultades por parte de los empresarios para controlar lo que pasa arriba del barco (…) Necesidad de incrementar los procedimientos de control (…) se requiere la presencia de observadores…» (sic) mencionando que los empresarios pesqueros comenten varias prácticas prohibidas en la Ley de Pesca 24.922. Ello, popularmente podría denominarse: «el pez por la boca muere» o «durmiendo con el enemigo». Flaco favor le hace al sector sus opiniones y luego los representa.

No pasó desapercibido en la exposición de Sofía Irina en la Audiencia Pública N° 1/24 (de la que se ausentó Otto Axel Wöhler) donde se presentó como fundadora de «Resilience» y asesora ambiental y representante de CAPECA refiriéndose críticamente a los posibles efectos de las exploraciones sísmicas sobre la merluza de cola, la polaca y la merluza negra (casualmente, las especies de especialidad de su padre Otto Christian); pero omitiendo a numerosas especies que se pescan en la región y en Malvinas, tales como la merluza hubbsi, merluza austral, abadejo, bacalo, nototenias, rayas, calamar Illex y loligo. Muy especialmente estas dos últimas ―por su importancia económica y biológica― que está probado internacionalmente en estudios in situ que son afectadas por las exploraciones sísmicas. Es notable que representando a una Cámara Pesquera no haya planteado otras observaciones muy importantes a los estudios de impacto ambiental realizados por Shell y Equinor. Por ejemplo, la falta de estudios en el área y la ausencia de compensaciones económicas, como ya son una práctica normal en la Ley Noruega. Además, de establecer en otro organismo y no en la administración central al INIDEP las aprobaciones. Se trató de una exposición de generalidades sin profundidad que debió destinarse a la revisión de los «dibujados» EsIA y asegurar la sostenibilidad de un recurso que se explota en «forma previa» a los hidrocarburos, cuestión muy importante en la materia.

Por su parte, el joven abogado Otto Axel Wöhler (Monotributista, Cat. D, 32 años, recibido en 2019) presta sus servicios jurídicos en una reconocida empresa pesquera marplatense y, probablemente por ello, poco tiempo atrás, fue designado Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y entonces ―probablemente también― podría no ser políticamente correcto cuestionar a los empresarios españoles que pescan en aguas argentinas o, bien, porque sería difícil separar su rol de abogado, presidente de una Cámara pesquera y consultor medio ambiental, de su vínculo directo con el Director Nacional de Investigaciones del INIDEP Otto Christian Wöhler, ya que es lógico suponer que éste deba tomar distancia de las posiciones políticas gremiales-empresarias que coalicionan con su  competencia oficial de asegurar la sostenibilidad de los recursos. La ley de incompatibilidades exige neutralidad a quienes trabajan en las reparticiones públicas.

Por último, es asombrosa la designación de Otto Axel en CEPA. De tener un presidente del peso específico de Oscar Ángel Fortunato (f.2025), a un ignoto abogado. Si bien «el gordo» no era «Ángel» de mi devoción, era muy solvente en el tema pesquero; ocupó los cargos más importantes de la actividad pública y privada de la especialidad y era un profundo conocedor de la gestión pesquera. Me opuse reiteradamente a sus políticas pesqueras pero, en el tema era un experto con capacidad de representar sólidamente al sector. La designación de Otto Axel muestra que el poder real ya no pasa por las Cámaras ¿o alguien se imagina a Tony Solimeno o cualquier otro, etc., escuchando ―atentamente― la estrategia pesquera de Otto Axel?

Inteligencia Artificial (IA) dice: «Otto Cristian Wöhler y Otto Axel Wöhler no son la misma persona, pero operan en círculos interconectados». Lo que es vox pópuli, la propia IA lo hace suyo. También aclara: «Hay riesgos éticos potenciales: los funcionarios públicos como Otto Christian Wöhler están sujetos a la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y la Ley de Conflictos de Intereses (N° 25.964), que prohíben actividades privadas que interfieran con deberes públicos, especialmente si involucran a familiares o generan favoritismos y, además, (pone el ejemplo de) Resilience asesora a CAPECA que financia campañas al INIDEP o suministrando información privilegiada a su hijo, violando potencialmente la confidencialidad pública. Las colaboraciones podrían interpretarse como promoción familiar, especialmente si el INIDEP valida conclusiones sin competencia abierta. Y concluye, hay un potencial conflicto de intereses. El riesgo radica en la percepción de favoritismo familiar que podría escalar a una investigación de OA si se denuncia» (sic).

Vale la pena tener en cuenta que «Resilience» en su nota no precisa ¿a qué Pesca Ilegal y/o Pesca INDNR en el área adyacente a la ZEE refiere?; atribuyendo genéricamente a «países europeos» y omitiendo la pesca ilegal en Malvinas; además, es sabido que en el Atlántico Suroccidental, los únicos europeos que pescan son españoles. La FAO y la Auditoría General de la Nación han dicho, que se descarta el 30% de las capturas y, digámoslo más claramente «aunque quedaría feo hacerlo desde CEPA― ello incluiría también a la flota nacional. El eufemismo de pesca INDNR no es otra cosa que PESCA ILEGAL. Como lo son el descarte (Art. 21 Ley 24.922), la sustitución o sub-declaración en los desembarcos ―entre otras prácticas― ilegales.

Referenciarse en la opinión de ONG extranjeras ―como indica la nota de los Wöhler― merece una opinión. La motivación de los argentinos en las cuestiones ambientales no solo debería estar fundada en las ONG extranjeras, muchas de las cuales están solventadas por terceros países geopolíticamente interesados (Caso WCS en «Agujero Azul»).

Nuestro modesto Centro (CESPEL) viene denunciando la pesca ilegal extranjera en el Atlántico Sur en forma permanente y sin solución de continuidad desde 1989; pero la pesca ilegal, no empezó ayer; desde la década del 60 y del 78 al 90 pescó ilegalmente la flota soviética y especialmente la polaca. Esto de creer que la opinión, los servicios y los bienes extranjeros son mejores, es una mirada colonizada que podría dar lugar a decisiones equivocadas o actos de corrupción. Por ello, analizaremos, el caso de la construcción de buques para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en España.

El doctor en Ciencias Biológicas Otto Cristian Wöhler ―en la opinión de varios referentes destacados― habría sido el principal responsable de la construcción de buques de investigación en España (sin su aprobación no habría sido posible), descartando la opción de mayor beneficio para Argentina de construirlos en un astillero nacional público o privado o asociados. Este funcionario, al que desde 1980 todos los argentinos le abonan su salario, habría decidido que todos los argentinos paguemos 35 millones de dólares a un astillero español y hubiésemos tenido que abonar 161 millones de dólares de no desactivarse la construcción de un tercer buque Ice-Class en estudio desde 2019.

Wöhler desde 1980 a la fecha ha ocupado posiciones de política institucional y participado activamente desde gobiernos populares a libertarios como en la actualidad. Investigador principal, desde 2004 a 2006 fue director interino del INIDEP; desde 2006 a 2009 director de Investigación; a cargo del Despacho de INIDEP del 2009 a 2012; director de Investigación del 2012 a 2015; siendo promovido a director del INIDEP en 2015 (período de la adjudicación del buque Angelescu) a 2018, año en que fue separado del cargo y volvió a su actividad de Investigador Principal hasta 2024, para ser nuevamente designado Director de Investigación del INIDEP (13/05/24 Res. 86/24) hasta la fecha. Un funcionario requerido.

No fue miembro del CFP pero participó en distintas comisiones vinculadas a decisiones políticas, incluyendo cuotas y regulaciones. Este agente polifacético que, pese a ser un funcionario público ―según información documentada― mantuvo una relación de dependencia privada y una sociedad comercial.

En síntesis, cumplió cargos políticos-administrativos en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei, contando para su designación actual con el apoyo del Subsecretario de Pesca López Cazorla. Ductilidad política y contactos aceitados con la prensa.

Complementariamente, Wöhler gestionó el acuerdo con la Prefectura para operar los buques de investigación en lugar de la tripulación civil (juicio en la Corte, con dos fallos a favor de los tripulantes del SiMaPe), desnaturalizando la función policial que debe estar en la prevención y el combate del delito y, al mismo tiempo, incorporando a un ámbito de investigación civil, personal de seguridad, cuya sola presencia viola el art. 13° de la ley 24.922 que no permite ventilar a terceros información que debe reservarse a las autoridades del INIDEP hasta su revisión y aprobación.

Profundizaremos en la próxima nota (2/4) sobre los actores de la construcción de buques de investigación en España. El rol de Otto Christian Wöhler y otra decena de actores en la adjudicación y contratación de los buques de investigación «Víctor Angelescu» y «Mar Argentino» construidos en Armón (Vigo) , en la gestión fallida para construir un tercer buque oceanográfico con capacidad Ice-Class.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

 

** https://www.seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=10&id=136870&l=s&special=0&ndb=0.

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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