AUSENTISMO ELECTORAL

Santiago González*

La reconstrucción de la democracia argentina, y la recreación de la confianza en ella, pasa por la regeneración de los partidos políticos.

 

En el sistema democrático, una consulta electoral es una pregunta que los ciudadanos se hacen a sí mismos para conocer de manera amplia, sistemática y ordenada su evaluación sobre la marcha de los asuntos comunes hasta el momento del comicio, y su opinión sobre el rumbo futuro que deberían tomar esos asuntos, con atención a un menú de opciones ofrecido por los partidos políticos que seguramente ha de incluir la continuidad de lo presente junto con diversas alternativas para cambiar el derrotero. En nuestro ordenamiento institucional, la respuesta a esa consulta es obligatoria, y sus resultados son vinculantes: quiere decir que el manejo de la cosa pública deberá emprender el camino decidido por los votantes.

La República Argentina adhirió formalmente a este arreglo republicano en la Constitución de 1853, comenzó a aplicarlo de manera más o menos sistemática a partir de la organización nacional de 1880 y lo perfeccionó con el sufragio universal de 1912, ampliado con la inclusión del voto femenino en 1952. Sobre esta base, la Argentina acostumbra describirse a sí misma como una nación democrática, pero el sistema republicano raras veces funcionó normalmente entre nosotros, y nunca lo hizo con la continuidad necesaria como para adquirir solidez. Primero lo sabotearon los golpes militares, después las proscripciones políticas y por último, ya desde los setenta pero acentuadamente desde los ochenta, la desintegración de los partidos. Ahora, casi como lógica consecuencia, aparece la deserción ciudadana.

En los 14 comicios provinciales celebrados este año, la suma de ausentismo, voto anulado y voto en blanco ronda en promedio el 40 por ciento, una proporción nunca vista en la historia electoral del país. El desglose de esa proporción resulta todavía más alarmante: los votos anulados y en blanco, que implican una disconformidad con la oferta pero no con el sistema ya que el votante se tomó la molestia de acercase a la urna, representan una cuarta parte. El resto, un 30 por ciento de los empadronados, prefirió quedarse en su casa: no discute la oferta, se desentiende del sistema. No encuentra allí un instrumento útil para resolver los problemas de su vida o perfilar el futuro de sus hijos. Peor aún, no se siente parte de un conjunto, la nación, cuya expresión visible y vital es la participación política, tarea de todos y cada uno.

Estos datos, que marcan una tendencia continua y creciente por lo menos desde la crisis del 2001, han despertado la preocupación de algunos observadores de la escena política, que en general la han resuelto con apelaciones escolares a la responsabilidad ciudadana. “El voto no es solamente un derecho, sino una obligación, y desentendernos de la cuestión cívica no nos exonera del compromiso ciudadano”, advierte un editorial del diario La Nación. Agrega que la abstención “nos sitúa en la categoría de meros espectadores de una realidad que no asumimos como propia.” Con un poco más de enjundia, la consultora Shila Vilker, también citada por el diario, atribuye al ausentismo un “nihilismo activo”, un “hacer destructivo” motorizado por la “bronca”: desconfianza y pérdida de fe en la política.

Incumplimiento de un deber, falta de compromiso, nihilismo, destrucción: estos observadores, y probablemente también otros, describen el fenómeno en términos de reproche e incluso de condena. Pero votar en blanco o no votar envía un mensaje político tan valioso como el voto positivo, y ese mensaje debería ser leído correctamente, sin rechazo ni subestimación. Para muchos ciudadanos no votar, votar en blanco o depositar alguna leyenda ofensiva en la urna puede ser un modo de expresar de la manera más clara posible, y en la única oportunidad en que se lo consulta, su fuerte disconformidad con el estado de las cosas, con las opciones que se le ofrecen para reencauzarlas, y con el sistema que hace posible y tolera todo lo anterior.

Además, ¿qué instrumentos le ofrece ese sistema al votante para que pueda ejercer responsablemente y a conciencia su derecho y su obligación? La primera herramienta de la ciudadanía es la información. Hoy casi toda la prensa es militante, vale decir que es parcial y sesgada y lo es de manera tan amplia y evidente como para que nadie confíe demasiado en lo que dice. Se la ha visto involucrada en operaciones para destruir o encumbrar a tal o cual personaje, y se la ha visto detener su cobertura cuando llega al límite de los negocios oscuros, a los que no suele ser ajena. Cruzado ese límite se ingresa a una región de entendimientos, complicidades y transacciones que el votante nunca ve en los medios pero cuya existencia intuye, porque de lo contrario las cosas nunca habrían podido ir tan mal, durante tanto tiempo, en diferentes contextos y bajo cualquier gobierno.

El ciudadano, con su ausencia, quiere decir mal y pronto que está harto de que le tomen el pelo. Ya se dio cuenta de que todo es un juego con suculentos premios del que él no participa y de cuyas alternativas se entera apenas a medias, aunque su presencia sea imprescindible para que el juego pueda desarrollarse. Su situación recuerda a la de esos policías que suelen verse apostados en los estadios de fútbol de espaldas al campo: tienen que estar ahí pero no pueden ver el partido. Los políticos y sus voceros reclaman la presencia del ciudadano en las urnas pura y exclusivamente porque sus votos son los que les dan legitimidad para llegar al poder del estado, del que se valen para engordar sus cuentas bancarias y las de sus amigos, o para imponer a los demás sus berrinches ideológicos, o para cobrar de agencias extranjeras por imponerlos, o para todo eso junto.

La reacción de los ciudadanos que deciden no prestarse al juego, y que preocupa a los observadores, se distribuye como ya dijimos en dos categorías que podríamos describir ahora con más precisión valiéndonos de esa oposición entre “apocalípticos” e “integrados” que Umberto Eco aportó al análisis sociocultural. Los “integrados” rechazan las opciones que les plantea el comicio, pero preservan el sistema, lo ratifican con su asistencia, con la emisión del voto. Los apocalípticos creen que nada de lo que hay puede mejorarse, y que es necesario hacer volar todo por el aire y empezar de nuevo. Entonces optan por no votar, o bien se inclinan por alguna opción disruptiva cuya llegada al poder produciría, eso creen, el mismo efecto dinamitero. Lo suyo, antes que un “hacer destructivo” como dice Vilker, se parece más a esa virtuosa “destrucción creativa” que suele atribuirse al sistema capitalista.

Sin embargo, las cosas son más complicadas y no se resuelven mediante un rechazo, más o menos violento. Al enumerar las amenazas y distorsiones que sufrió nuestro sistema democrático mencionamos al principio los golpes de estado, las proscripciones y el eclipse de los partidos. Las dos primeras se resolvieron, la tercera no, y en ella reside el meollo del problema. La reconstrucción de la democracia argentina, y la recreación de la confianza en ella, pasa por la regeneración de los partidos políticos. En una sociedad de masas no hay política sin partidos, no hay partidos sin participación popular, y no hay participación popular sin conciencia nacional. En la Argentina no hay partidos, no hay participación popular, no hay conciencia de pertenencia a un todo llamado nación, y en consecuencia hay deserción ciudadana en los comicios, porque la oferta se muestra ajena, distante y sospechosa como si la hiciera un proveedor de servicios.

Pero las siglas políticas no son empresas de servicios especializadas en administrar el Estado. Podrían serlo, pero en ese caso el contrato sería otro e incluiría garantías de cumplimiento y eficacia. Los partidos son, deberían ser, agrupaciones de ciudadanos, unidos por una misma convicción sobre cómo debe administrarse la nación y cuál debe ser su lugar en el mundo, y que persiguen el poder para llevar esas convicciones a la práctica. Y la participación no se limita, no debería limitarse, a mirar por televisión las trifulcas entre candidatos, ni a simpatizar con uno o con otro. La participación política consiste en informarse, estudiar, acudir todas las semanas al comité, la unidad básica o lo que sea, pagar la cuota, poner el cuerpo, y discutir, promover a los mejores y separar a los oportunistas, y todo lo que supone la vida partidaria. Se habla con razón de la distancia entre la política y los ciudadanos, pero se omite decir que el eslabón faltante entre unos y otros es justamente el partido.

Políticos y publicistas acostumbran criticar el asistencialismo diciendo que a la gente no hay que regalarle pescado sino enseñarle a pescar. Pero nunca dicen que a la gente no hay que ofrecerle servicios políticos sino enseñarle a participar en la vida política y facilitarle esa participación. Defienden lo primero porque aspiran a quedarse con más de la mitad de lo que el ciudadano pesque, y omiten lo segundo porque no quieren competencia en esa rapiña. El sistema no sólo no entrena para la vida política, sino que ha impuesto un sinnúmero de trabas, requisitos y regulaciones absurdos para la inscripción y el reconocimiento de nuevos partidos, como lo han comprobado a su costo José Luis Espert, Javier Milei, Juan Gómez Centurión, y otros que han pretendido últimamente promover alternativas diferentes.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Artículo publicado el 30/06/2023 en Gaucho Malo, el sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/ausentismo-electoral/

AHORRO

Iris Speroni*

Reducir significativa y sostenidamente la deuda pública, tanto en pesos como en divisa, permitirá liberar recursos para otros usos.

 

Los habitantes de la República Argentina nos sentimos agobiados por el peso de la deuda nacional. La misma está emitida tanto en divisa como en pesos.

La deuda —externa o no— es una excusa servida en bandeja, para que los gobernantes tomen decisiones aparentemente arbitrarias. Le sirve a los tenedores de deuda, le sirve a los gobernantes para ceder ante sus pretensiones. Es una historia muy vieja, incluso anterior al nacimiento de la República.

La deuda también es un gran negocio. Cada vuelta de renegociaciones, canjes, emisiones, es una oportunidad para ofrecer y recibir sobornos por contratar comisiones de asesoramiento, estructuración, colocación, etc. También nada nuevo, desde Rivadavia a hoy. Existen innumerables casos presentados ante la Justicia, que siempre quedan en vía muerta.

El Ministerio de Economía de la Nación brinda informes periódicos y en algún momento, tiempo atrás, analicé la DEUDA PÚBLICA.

Entiendo que la Argentina, si quiere ser la octava potencia mundial y la líder del IMPERIO AUSTRAL, debe rescatar su deuda soberana en su totalidad y no endeudarse nunca más. Para lograrlo existen varias estrategias posibles, que escribiré en algún otro momento, o nunca, porque hay cosas que deben guardarse en el pecho.

Lo que sí debemos imperiosamente hacer es recuperar la capacidad de ahorro a nivel público y privado. En esta segunda categoría, hay que facilitar la construcción de estrategias de ahorro tanto para las empresas como para las personas.

Recuerden que tenemos sólo dos objetivos: la grandeza de la Nación y la felicidad del Pueblo.

Ahorro

Estrategias de ahorro del Estado

El Estado recauda en pesos en todos los casos. Propongo desdoblar la moneda de cobro de impuestos.

  • Que la recaudación aduanera sea en divisa. Que puede ser tanto en dólares como en la moneda de la transacción siempre y cuando esté limitada a una cartera posible. Propongo que las monedas admitidas sean:
    • Dólar,
    • Euro,
    • Real,
    • Yen,
    • Yuan,
    • Guaraní,
    • Peso Uruguayo,
    • Boliviano,
    • Rupia,
    • Rublo.

Se recaudarían en divisa tanto los aranceles aduaneros como los adelantos de impuestos asociados a la importación (IVA e Impuesto a las Ganancias). Ambos son proporcionales al valor del bien, por lo que son de fácil cálculo.

La recaudación total de la AFIP por todo concepto, incluida la Aduana, para el 2022, fue de 21.540.626.249.362,20 pesos.

Los ingresos aduaneros sumaron 2.456.761.931.898,75 pesos (línea 6 del cuadro). A esta cuenta habría que sumar el IVA aduanero y Ganancias aduaneras por 2.569.895.693.257,44 pesos, (líneas 1 y 2 del cuadro). Por lo cual, la recaudación en divisa pudo haber sido del 23% del total [1].

Fuentes: AFIP y Banco Nación.

De haberse aplicado mi propuesta de recaudación en divisa, el Estado Nacional hubiera recaudado 36.100.568.213,95 U$D en divisa en 2022. Sí, treinta y seis mil millones de dólares. Imaginen si el gobierno hubiera podido cancelar o no vencimientos de deuda externa. En dos años nos sacamos de encima al FMI.

    • En el 2022, la Argentina exportó 2.959 millones de dólares en oro y plata. Esta industria paga derechos de exportación, más otros impuestos (pocos, debido al código aduanero). Propongo cobrar en especie los impuestos existentes, esto es, en oro y plata. Si la totalidad de los impuestos por cualquier razón fueran del 10%, estamos frente a oro y plata equivalente a 296 millones de dólares.
      El resto de la recaudación continuaría en pesos, como actualmente.

Destino propuesto de la recaudación aduanera e impositiva

    1. La recaudación aduanera en divisa tendrá por únicos destinos:
      1. Repago de deuda externa nominada en divisa,
      2. Compra de armamento para las FFAA. Ahí tendremos el submarino que solicita César Shaffer.

2. La recaudación en oro y plata proveniente de la minería tendrá por único destino acumular reservas en metales preciosos y se prohíbe cualquier otro uso, por ejemplo, el pago de deuda.

3. La recaudación en pesos se destinará a los gastos corrientes e inversiones en cabeza del Estado.

A esto se le suma mi propuesta de cancelación inmediata de las LELIQs, una verdadera vaca en brazos que sostenemos todos.

Reducir significativa y sostenidamente la deuda pública, tanto en pesos como en divisa, permitirá liberar recursos para otros usos (inversión pública) y básicamente, ser libres de la injerencia externa.

Compraremos libertad.

Debemos desconfiar de quien propone endeudarnos con el FMI o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Habitualmente, como vendedor ambulante de tren, el político de turno querrá contarnos las bondades de contraer ese crédito (hacer un hospital, desarrollar un barrio, extender cloacas). Es una trampa. Son instituciones intrínsecamente corruptas y sólo pretenden controlar las decisiones soberanas del país. Si queremos algo, ahorremos y lo construimos. Si necesitamos más plata, exportemos más.

Ahorro de las familias y empresas

Familias

Será obligatorio el uso del peso para el Estado, el que deberá saldar sus obligaciones y cobrar los impuestos domésticos —no aduaneros ni mineros— en pesos. Con ese dinero se pagarán proveedores, sueldos, jubilaciones, beneficios sociales e intereses de la deuda nominada en pesos.

En cambio, los particulares deben tener total libertad para comprar y vender cualquier divisa de su gusto y hacer contratos en la misma (lo que es permitido por el Código Civil). Los bancos aceptarán abrir cajas de ahorro (no cuentas corrientes) en las monedas listadas en un principio. No se podrán emitir cheques en divisa (para no generar argendólares) y los bancos podrán prestar dinero en divisa únicamente si es capital propio o para operaciones de comercio exterior (adelanto de exportaciones).

Esto permitirá que los trabajadores, y cualquier otro particular, ahorre ya sea en divisa, ya sea en metálico (oro o plata).

Adicionalmente, habrá un ahorro compulsivo, que podrá quedar bajo la administración de la ANSES, nominado en divisa o en metálico (oro o plata), correspondiente al PAGO ANTICIPADO DE LA INDEMNIZACIÓN.

Actualmente la UIA ha presentado una propuesta de indemnización con la que no estoy de acuerdo, porque creo que cercena derechos adquiridos. Tengo una propuesta que creo es mejor para los trabajadores y para las PyMes.

Reconozco que la ley actual presenta varios defectos: deja desprotegido al trabajador en caso de quiebra; aún si el empleador es solvente, los juicios llevan tiempo y en ese período el trabajador se encuentra desamparado; y en el caso de las PyMes, la resolución judicial es impredecible, lo que puede afectar la continuidad de la empresa. 

Así que con el fin de dar previsibilidad a las familias y a las empresas, propongo que los montos indemnizatorios actuales se mantengan (preaviso, un mes por cada año de antigüedad, vacaciones y aguinaldo), pero con las siguientes modificaciones: se pagará en todos los casos y no solamente por despidos sin causa, esto es: despido con causa, sin causa, jubilación, renuncia, accidente, muerte y cualquier otra. Será por el total. Con el fin de garantizar la disponibilidad de la indemnización, el empleador entregará al ANSES el 8,33% del salario todos los meses (un mes por cada año de antigüedad), lo que será contabilizado en una cuenta del trabajador como un ahorro. 

El trabajador instruirá al ANSES si con ese dinero quiere comprar oro, plata, divisa y cuál o una cartera de las opciones anteriores, lo que quedará depositado en una cuenta de inversión a su nombre. Tendrá ese dinero disponible al momento de la desvinculación. 

Al momento del efectivo despido/renuncia/jubilación, el empleador se limitará a pagar preaviso, aguinaldo y vacaciones.

Esta propuesta es en realidad el pago anticipado de la indemnización por desvinculación, con el ANSES como depositario hasta el efectivo momento.

En contrapartida el ANSES comprará divisas, oro o plata según la demanda de los trabajadores. En el caso del metálico podrá acumularse en las bóvedas del Banco Nación y auditarse (por trabajadores sorteados al azar) en forma diaria. 

Eso será ahorro en moneda dura, pero también ahorro acumulado, en particular en metálico, en territorio nacional.

Para tener una idea de montos, la masa salarial aportante al ANSES fue de 1.376.515.368.812,81 pesos en noviembre de 2022. De esos montos 1.027.820.288.528,23 pesos corresponden al sector privado. El 8,33% de esa cifra es 85.617.430.034 pesos cuyo equivalente los trabajadores en conjunto podrían ahorrar en divisa, oro o plata. O dicho de otra manera, el conjunto de trabajadores argentinos formales podrían ahorrar en oro el equivalente a 171 MM U$D mensuales = U$D 2.226 millones anuales, equivalente a nuestra producción anual de oro y plata. O dicho de otra forma, los trabajadores podrían comprar todo el oro y plata que se produce en el país, sin que salga ni un gramo. Y sin que las mineras pierdan dinero, ya que lo venderían a precio internacional.

Esta propuesta también es conveniente para los empresarios, porque si bien deberán erogar los costos de indemnización antes de que la desvinculación se produzca, tendrán dos ventajas: a) el monto es previsible, b) es deducible de impuestos.

Empresas

El Estado habilitará el peso oro o el peso fuerte (plata), ambas monedas vigentes, la primera por una ley de 1881 y la segunda en la Constitución, como unidad de cuenta y serán fijados los parámetros (por ejemplo los mínimos no imponibles impositivos) en dicha unidad monetaria. Los balances de las empresas podrán presentarse a la AFIP en alguna de dichas monedas y sobre dichos valores se determinarán los impuestos a pagar.

Las empresas podrán guardar sus excedentes en divisa, oro o plata a su gusto. Podrán cancelar obligaciones en divisa mediante transferencias bancarias. No podrán emitir cheques en divisa.

Asimismo se eliminarán los adelantos impositivos (excepto los aduaneros). Esto dará mayor capital de trabajo a las empresas, lo que les permitirá compra de suministros, cancelación de deudas o ahorro dinerario.

Conclusiones

Argentina, para volver a ser soberana, y empezar nuestro camino hacia el IMPERIO AUSTRAL, deberá sacarse de encima la deuda externa y acumular, tanto en manos de sus habitantes, como de las empresas y de los estados, ingentes cantidades de metálico.

Las familias propietarias son familias que defienden el sistema de propiedad. El ahorro en manos de las personas es un reaseguro para los tiempos difíciles. En realidad lo es para todos, empresas y estados incluidos.

Hasta tanto no se estabilice el valor del peso, el Estado deberá usar una unidad de cuenta, que puede ser tanto el peso oro como el peso fuerte.

Recomiendo la lectura de este fallo (gracias, Fabeluke).

Las soluciones están a disposición de los gobernantes, sin grandes modificaciones de las leyes actuales.

Nuestro objetivo debe ser:

    • Reventar el BCRA de reservas de oro, plata y divisas.
    • Tener cero deuda soberana.
    • Tener estabilidad monetaria que nos permita prosperar y levantar el salario real de la población.
    • Estimular las exportaciones.
    • Tener divisas suficientes para pertrechar a nuestras FFAA, porque lo que se viene, no va a ser fácil.
    • Ser felices.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Lecturas relacionadas

Deuda pública

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A indemnizar en pesos argentinos oro

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Nota

[1] En anteriores oportunidades propuse eliminar los derechos de exportación, al sólo efecto de imitar a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y fomentar las exportaciones. En ese caso, únicamente tendríamos una tasa de estadística sobre todo comercio, más los aranceles de importación y los adelantos impositivos motivados por importaciones.

Si se aplicara eliminar los derechos de exportación y dejar sólo una tasa aduanera de 1% sobre las mismas, la recaudación podría haber sido alrededor de los U$D 25 mil millones, con los volúmenes de exportación actuales. Si liberáramos el tipo de cambio y elimináramos las DEX podemos esperar un crecimiento sustancial de las exportaciones hasta llegar en poco tiempo a U$D 300 mil millones actuales.

 

Artículo publicado el 01/07/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/07/ahorro.html

GUAYANA ESEQUIBA: EXPLORACIÓN, DESCUBRIMIENTO E INVERSIÓN ¿A CUENTA Y RIESGO?

Abraham Gómez R.*

A partir de los lamentables acontecimientos bélicos entre Rusia y Ucrania, desatados desde hace más de un año, han surgido bastantes opiniones críticas contra el propio sistema normativo internacional.

El mundo se pregunta: si existe un derecho internacional, ¿por qué no han podido contener las atrocidades que se cometen en las áreas en conflagración?

No pocos llegan a cuestionar severamente al sistema y a preguntarse de qué sirve esa fórmula que una vez nos vendieron como explicación cuasi mí(s)tica para el arreglo de las controversias entre los Estados.

Es verdad que no hay sociedad sin derecho —ubi societas, ibi ius—; pero, también es cierto que el derecho se resquebraja; o lo ponen a jugar el juego que les interesa a los detentadores poderosos del ámbito de que se trate y todavía así, se les exige a algunos Estados que deban someterse a un orden normativo, obligatorio y coercitivo que se consagra en el Derecho Internacional Público.

Sin dudas que ha habido un retroceso (e incredulidad) en la fundamentación doctrinal del Derecho internacional; por cierto, hasta no hace mucho uno de los ejes temáticos que desplegaba apasionadas y productivas discusiones para nutrir y fortalecer —al propio tiempo— las particulares soberanías nacionales.

Todavía pugnan dos visibles corrientes —caras complementarias una de la otra— para dar cuenta de la problematización o serios enfrentamientos interestatales.

Veamos: si nos inscribimos en la perspectiva estrictamente voluntarista; para intentar resolver el asunto de fondo sin acuerdos previos, expresos o tácitos, nos encontraremos de frente con los límites y demás regulaciones que impone el derecho.

En otro sentido. Si se nos ocurre o procuramos acopiar la mayor y mejor consensualidad posible, entre las partes conflictuadas; se nos impone la norma Internacional, sin más. ¿Entonces, cómo hacemos para alcanzar una resolución satisfactoria, sin que incomodemos susceptibilidades o contrariemos la norma?

La brevísima reflexión y descripción anterior viene a propósito de la justa y centenaria reclamación que ha hecho Venezuela de la séptima parte de su histórica extensión territorial, que le desgajaron con artimañas y vilezas.

Las posibles alternativas de solución planteadas por nuestro país fueron saboteadas por ingleses y guyaneses.

Algunas veces, quisimos alcanzar una decisión por la vía voluntarista y conseguimos resistencias internas y en la comunidad internacional con discursos conminativos a respetar las normas.

En otras ocasiones, invitamos a la contraparte (Reino Unido y su colonia Guayana Británica) a consensuarnos para solucionar —definitivamente— el despojo que nos habían perpetrado.

Logramos —luego de extenuantes jornadas de análisis y discusiones— negociar, suscribir y ratificar el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; documento que posee pleno vigor jurídico; el cual en su debida oportunidad fue consignado en la Organización de la Naciones Unidas, donde causó estado; es decir, su contenido ha resultado inalterable, y jamás ha sido atacado o recurrido.

Sus efectos jurídicos han asumido, desde siempre, el carácter permanente como consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo, haber pasado en autoridad de cosa juzgada.

Una vez más, me permito citar el Artículo Primero del Acuerdo de Ginebra, donde quedó explícitamente entendido la condición de nulidad absoluta del ardid tramposo del 03 de octubre de 1899.

“Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

Basta con exponer el Acuerdo de Ginebra en el juicio e invocar derecho ante la Corte Internacional de Justicia, donde se dirime este asunto litigioso para que se le restituya a Venezuela los 159.500 km2 que nos desgajaron.

Así también, pedir cautelarmente la inmediata paralización de las actividades de las empresas transnacionales que vienen operando en la Zona en Reclamación y en su proyección atlántica.

¿Por qué solicitar medidas provisionales? Porque esos incalculables recursos nunca han sido ni británicos ni guyaneses.

Estamos dispuestos a comparecer y encarar en el citado Proceso para probar con suficientes elementos de convicción: jurídicos, históricos y cartográficos que ha habido una ocupación abusiva de esas empresas, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses.

Entregas impregnadas de añagaza económica.

Guyana no es un país petrolero. Esos recursos no le pertenecen.

Lo decimos por cuanto pretenden insistir en irrespetar el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra que jamás les ha concedido ni propiedad y menos soberanía para que se pronuncien, con descaro de la siguiente manera:

“Dos empresas canadienses descubrieron yacimiento petrolero en Guyana. La firma conjunta ha finalizado con éxito las operaciones de perforación sin incidentes de seguridad y espera poner en marcha la plataforma de perforación a principios de julio de 2023. Las compañías canadienses indicaron que debido a una falla de la herramienta en el fondo del pozo y a que la nueva herramienta no estaba disponible, no se obtuvieron todavía muestras de petróleo.

Las propiedades de las rocas y los fluidos serán analizadas por un laboratorio independiente en los próximos 2-3 meses para definir la producción neta. En los próximos meses, los resultados se integrarán en los modelos geológicos y geofísicos para obtener una visión actualizada de toda la parte norte del bloque Stabroek. Esperamos ansiosamente los resultados de este análisis. Este reciente descubrimiento marca un hito significativo en la exploración petrolífera de las costas de Guyana, con un total de 45 hallazgos desde 2015, lo que reafirma que el potencial de hidrocarburos del país”.  (Declaración del vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo)

A propósito de lo que hemos venido denunciado, Irfaan Ali ratificó, recientemente, las declaraciones que había ofrecido a finales del año pasado, acerca del denominado Proyecto Guyana 2023; cuando, precisamente, estaba en su punto álgido la reclamación de Venezuela, a través de la Excepción Preliminar.

No obstante, la sibilina paralización del mencionado proyecto, manejamos la información de que lo están ejecutando por debajo de cuerda a pesar de la reticencia de algunas empresas a involucrarse en estas labores, hasta que haya una resolución definitiva sobre este caso controvertido en la Sala Sentenciadora de la ONU.

El presidente guyanés da a conocer a los medios de comunicación lo siguiente:

“Están a subasta 14 bloques de petróleo en alta mar y que el Gobierno espera otorgar nuevos contratos para fines de junio. La cuenca de Guyana es considerada la de más rápido crecimiento del mundo, con recursos estimados superiores a 25.000 millones de barriles de petróleo equivalente y una reserva estimada superior a 11.000 millones. Esta ronda de licitaciones permite al Gobierno de Guyana crear y administrar un marco fiscal y regulatorio mejorado. Lo que buscamos hacer es tener el mejor resultado posible para Guyana, dadas las lecciones que hemos aprendido. Hasta ahora, un consorcio de empresas: Exxon, Hess y CNOOC son los desarrolladores de un bloque gigante llamado Stabroek en la costa de Guyana. Buscamos un equilibrio para garantizar que el país obtenga el mejor trato posible en términos de ingresos y, al mismo tiempo, no asustar a los inversores”.

Hacemos la categórica advertencia que la mayor parte de esos recursos se ubican en la proyección atlántica de la Guayana Esequiba, inclusive en el frente marítimo del Delta del Orinoco, que no se encuentra incluido en el litigio.

Dejamos sentado ante el mundo que La condición de Venezuela de país petrolero no es un artificio de ayer para hoy; una sobrevenida invención para coquetear con las transnacionales o una caricatura económica para justificarnos por el asunto litigioso que se dirime en La Haya.

A lo largo de los siglos XX y XXI se han emprendido nuevos y precisos descubrimientos, exploraciones tecnificadas y sostenidas explotaciones que le han conferido a nuestra nación la merecida categoría de país petrolero y la ocasión de hacerse cofundadora de la OPEP.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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