Abraham Gómez R.
De todos es conocido que la Universidad nace, como institución, en la Edad Media. Surge formalmente en tanto una entidad donde, para entonces —como aún hoy—concurren los maestros y discípulos en la búsqueda de la verdad.
Aunque sea una “verdad relativa” y con múltiples aristas. Tal vez lleguemos a compartir, que, en tal hecho disímil o de universalización del pensamiento, queda arraigado lo más hermoso de las ideas y las posiciones.
En el presente tramo epocal contemporáneo las ilimitadas conexiones tecnológicas han transformado los modos de generar el conocimiento, de preservarlo, de rehacerlo y transmitirlo con otros principios y valores; así entonces, esos elementos constituyentes de los saberes los docentes universitarios están obligados a incorporarlos en su caja de herramientas intelectuales.
Nos agrada recordar que en el año 1958 se sancionó y promulgó, en nuestro país, una nueva Ley de Universidades que vino a sustituir la que para entonces estaba en vigencia desde 1953. El mencionado acontecimiento no fue, de ninguna manera, un hecho fortuito o desprevenido; sino, debemos decirlo, honestamente, a partir de ese hito socio histórico quedó contextualizada la universidad venezolana, a la par de las autonomías orgánicas, funcionales, administrativas y académicas, de las que gozan las demás universidades en el mundo.
Reconocemos, sin embargo, que en 1970 se produjeron serias y sustantivas reformas en el citado texto legal, hasta obtener una norma para el Sistema Universitario Venezolano (mayúsculas adrede) que nos rige ahora.
Nuestras Universidades habían venido resistiendo embates —algunas veces sibilinos, otros tantos develados—, pero nunca con el ensañamiento como se le perpetran los daños de todo tipo, en la actualidad.
Citemos, a manera de ejemplo: el nombramiento fraudulento e írrito de algunas autoridades, completamente desarraigadas de las realidades de las universidades que pretenden dirigir; el asfixiamiento inmisericorde de las asignaciones presupuestarias y financieras; el desestimulo y deterioro progresivo de la calidad de vida del personal; el abandono de la infraestructura física y de los equipos; la centralización descarada de las nóminas en la “plataforma patria”, la inseguridad en los campus y un largo etcétera.
Apenas asomamos un ápice de la inmensa crisis que estamos atravesando. Lamentamos también —hay que decirlo— que un reducido número de Instituciones de educación Superior (muy pocas afortunadamente) y una minúscula facción de docentes universitarios, contaminados ideológicamente, han adoptado una respuesta mimética y vergonzosamente adaptativa al descalabro de nuestras universidades. Allí los vemos, medrando y rumiando pesares; cómplices de las directrices de sus órganos superiores, sin proponer significativos cambios, para deslastrarnos de las calamidades
Honrosamente, la excepción la constituyen las Universidades en cuyo seno se respeta el disenso y la pluralidad de las ideas. Las Universidades caracterizadas por permanecer libres y siempre irreverentes, aparejadas a los docentes que han asumido los desafíos para desarrollar alternativas académicas y gerenciales con perspectivas hacia las sociedades que han sido emprendedoras.
Sobran los ejemplos de los desmanes inocultables del oficialismo hacia nuestras universidades: el cometido contra la emblemática Universidad Simón Bolívar, al designar, mediante acto inconstitucional e ilegal a un rector, vicerrectores y secretario, en una sesión amañada del Consejo Nacional de Universidades. El constreñimiento sin justificación de las asignaciones de los recursos para el funcionamiento de las universidades de Carabobo, del Zulia, de Oriente, Nacional Experimental Politécnica, de la Unillez y muchas otras más.
Jamás se había visto tanta desidia y atropellos ocurridos contra, nuestra insigne y reconocida ante el mundo, Universidad Central de Venezuela.
Los numerosos actos de terrorismo perpetrados para intentar arrodillar a la “Casa que Vence las Sombras” son tropelías cohonestadas y promovidas desde el gobierno.
Se le quiere “pegar la mano” a nuestra Alma Mater a como dé lugar o como sea. Sin medir las consecuencias en sus desmanes; en violación flagrante del Estado de Derecho y por ende de nuestra constitucionalidad.
Pretenden someter a nuestras universidades, hacerlas sumisas.
Los estudios universitarios en el presente siglo XXI deben asumir el cambio para el futuro, como consustanciales de su ser y quehacer. Dicha transformación exige de las instituciones de Educación Superior una predisposición a las reformas y cambios constantes de sus estructuras y métodos de trabajo.
Esto implica asumir la flexibilidad epistemológica. Digamos, admitir que hay muchas y hasta contradictorias visiones del mundo y la vida, y las diversas propuestas teóricas para comprenderla, en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables que imponen los regímenes totalitarios.
En nuestro país invocamos la incorporación y participación —para la transformación— del docente universitario en su labor diaria; que diga y aporte soluciones.
El profesor-docente debe asumir la obligación de participar, de hacerse activo en la elaboración de los proyectos futuros de la sociedad que queremos y necesitamos; inspirados en la solidaridad, en la superación de las desigualdades y el respeto a los fines democráticos, a la meritocracia y a la pluralidad del pensamiento conforme a nuestros preceptos constitucionales.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.
Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/
