Abraham Gómez R.*
La delegación diplomática que representa a la excolonia británica en la Corte Internacional de justicia, sus pertinentes y autorizados voceros gubernamentales ya ni siquiera ocultan la intranquilidad (y nervios) que les recorre el espinazo. Ellos, por sus propios motivos ególatras y de desenfrenos de aprovechamientos dinerarios, se metieron en este pleito jurisdiccional a partir del (29) de marzo de 2018, cuando demandaron (inmerecida e ingratamente) a Venezuela ante el Alto Tribunal de La Haya.
Diremos, adicionalmente, que Guyana (y quienes la representan) no manejan remilgos en este asunto.
No miden consecuencias, ni ponderan sus pasos en un asunto de tanta monta.
Sospechamos que para actuar con tanto envalentonamiento debe estar recibiendo malsanos consejos y asesorías de entidades interesadas en el inmenso caudal de recursos de nuestra Guayana Esequiba.
Percibimos, desde hace unas semanas para acá, el cambio del contenido, alcance e intención del discurso de todos quienes han venido opinando a nombre del oficialismo guyanés.
Se volvieron pugnaces, agresivos e irrespetuosos.
Por ejemplo, declarar, como lo hizo el Primer Ministro de ese país Mark Phillips, durante su intervención en una sesión extraordinaria del Legislativo de Guyana sobre la controversia, con estos desconsiderados e imprudentes términos:
“El tiempo de la negociación se ha agotado. No habrá necesidad de dialogar con Nicolás Maduro. No habrá reunión entre Maduro y el presidente Irfaan Ali». Esperaremos a Venezuela en la Corte. El Esequibo pertenece únicamente a Guyana y a los guyaneses. Juntos aseguraremos el triunfo de la justicia y preservaremos la soberanía de nuestra nación».
Que le quede claro al Sr. Phillips que hasta en los más aciagos momentos de las relaciones interestatales y/o por muy grave, e inimaginables que puedan presentarse las crisis entre los países, las delegaciones siempre deben estar en disposición de conversar y negociar hasta hacer factible alguna alternativa de solución.
Nos luce una temeridad y un fraude declarativo ―por decir lo menos― la infeliz declaración de quien representa el segundo cargo de importancia en el ejecutivo guyanés, por cuanto debió agregar allí las suficientes pruebas que soporten la “presunta propiedad que ellos se atribuyen” sobre la extensión territorial que nos arrebataron con vileza.
Hasta ahora no han justificado lo que piden en su pretensión procesal. No tienen cómo ni con qué.
No hay dudas de que Guyana está dispuesta a todo o nada.
Contrariamente, Venezuela ―conforme a nuestro principio rector de país pacífico y respetuoso del Derecho Internacional― ha instrumentado todos los mecanismos para mostrar y probar en cualquier escenario que poseemos una irrefutable cadena titulativa de propiedad sobre esa inmensa área.
Dicho con mayor énfasis aún, nos asistimos con Justos Títulos traslaticios de pleno derecho que no admiten pruebas en contrario.
De allí que haya aflorado, últimamente, un altísimo grado de intranquilidad a lo interno de la delegación guyanesa; porque saben (o sospechan) que de darse una resolución ―en estricto derecho— en el citado Ente Jurisdicente no los va a favorecer.
La Sala Juzgadora de la ONU comenzaría por declarar nulo de nulidad absoluta el ominoso Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, adefesio jurídico que nunca debió ser admitido en la Corte como causa de pedir por la contraparte ya que había quedado rechazado, invalidado y sin la más mínima posibilidad de surtir ningún efecto cuando se suscribió el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966.
Por eso la excolonia británica, causahabiente de los ingleses en este pleito, se ha dedicado a buscar alianzas con empresas transnacionales a cambio de concesiones (calificadas por nosotros de ilegítimas e ilegales) en los bloques petroleros de las áreas aún no delimitadas en la proyección atlántica de la Zona en reclamación (exactamente la disposición reivindicativa, para ese mar territorial, que desarrollaremos a partir de los resultados, en concreto, de la pregunta cuatro del Referendo Consultivo).
Así, además, ellos han procurado ―con desesperación— aligerar comunicados y pronunciamientos de sujetos internacionales; caso de la CARICOM, la COMMONWEALTH. Agreguemos además la inmoderada declaración del Secretario General de la OEA, de funcionarios del Departamento de Estado y del Comando Sur de los EE.UU. También sabemos del vergonzoso juego solapado de países a los cuales teníamos como solidarios a lo largo de nuestro proceso de reivindicación y resulta que nos han dado la espalda.
Hay un dineral de por medio.
¿Qué nos corresponde, a los venezolanos ―como desafío histórico― en esta hora de definición y disyunción?
Encarar esta lucha, en los distintos terrenos, con determinación y templanza; porque somos herederos de la estirpe libertaria de nuestros próceres.
Nada de amilanarnos o entregar ―sin más― esa séptima parte de nuestra geografía nacional, por la cual Simón Bolívar, el Padre de la Patria elevó en su tiempo (1822) sendas advertencias y protestas por el vil despojo que se nos estaba perpetrando:
“Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra, que según aquellos nos pertenecen del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable que dichos colonos, o se pongan bajo la protección y obediencia de nuestras leyes, o que se retiren a sus antiguas posesiones”
Permítanme transmitir el entusiasmo, que percibo en toda Venezuela, de reafirmación de lo nuestro y, por lo tanto, de decidida participación en/para el Referendo Consultivo. Eso sí, entendido y asimilado como un Asunto de Estado y no como un acto de gobierno. De tal modo, exactamente, lo he recogido e interpretado, en mis conferencias, por todo el país.
Nuestra nación se encuentra ―como nunca― en pie de lucha, en defensa civilista de lo que siempre nos ha pertenecido histórica, jurídica y cartográficamente.
Requerimos preservar la unidad compacta del país en esta hora difícil, donde nos jugamos una buena parte de nuestra integridad territorial.
Lo hemos dicho en bastantes oportunidades y deseo reconfirmar: el Acuerdo de Ginebra fue un triunfo de la diplomacia venezolana —ciertamente— con la fortaleza de saber que se contaba con toda la nación venezolana en una única expresión patriótica.
En aquellas circunstancias y tiempos de enconados debates políticos-ideológicos de 1966, pudimos concitar la solidaridad plena para autorizar la negociación, firma y la debida ratificación del Acuerdo de Ginebra; precisamente, el documento base que nos asiste en el presente trance controversial.
Ese histórico Acuerdo comporta la grandeza de un país que supo entender que, por encima de particularismos, de egos malcurados y de intereses parcelarios se encuentra la Patria.
Igualmente, nos encontramos a la expectativa de todo cuanto pueda acaecer en el transcurso de esta semana (específicamente los días 14 y 15), cuando a las Partes concernidas les corresponderá presentar, por ante la Corte Internacional de Justicia, sus respectivos alegatos de ratificación (caso de Guyana) de pedido de medidas provisionales de suspensión del Referendo Consultivo, a realizarse el 3 de diciembre y, por supuesto, la esperada asistencia de Venezuela para replicar y rebatir con sendos y suficientes asideros que la consulta popular constituye un acto pleno de ejercicio de la soberanía de nuestro país, conforme a la Carta Magna y que, por lo tanto, no estamos incurriendo en ningún acto de deshonestidad o agresión contra algún país vecino o contrariando el orden que rige a la Comunidad Internacional.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).
