TRUMP Y EL «MÉTODO DELCY» PARA CUBA

Roberto Mansilla Blanco*

La activista y disidente cubana Rosa María Payá declaró que no hace falta «una Delcy Rodríguez» en Cuba para una transición. No obstante, los medios internacionales van asomando en La Habana un nombre que puede ser clave en caso de se produzca, eventualmente, esa posible transición. Es el de Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior además de sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro. Se habla incluso de «perestroika» a la cubana, con medidas de liberalización económica y expectativas, aún inciertas, de apertura política.

En Washington apuran las presiones contra la isla caribeña. Fiel a su retórica neo-imperial, el presidente Donald Trump ha declarado sin tapujos que «sería un gran honor tomar Cuba». La «Doctrina Donroe» con el «Corolario Trump» a la Estrategia de Seguridad de EEUU adoptada en diciembre pasado, tiene a Cuba en la mira como pieza clave para ser derribada. Como ya hiciera con la famosa «Doctrina Monroe» de 1823, Washington no quiere interferencias de potencias exteriores (China y Rusia) en un hemisferio occidental concebido como su esfera de influencia.

Como era de esperar, en La Habana la reacción de la dirigencia cubana ante las presiones de Trump fueron inmediatas aunque aderezadas con síntomas de preocupación tras lo sucedido en Caracas el pasado 3 de enero con la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Ese día murieron en Caracas unos 32 efectivos militares cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro. La acción de los Delta Force estadounidenses fue un mensaje claro hacia Cuba, cuyo predominio político y de inteligencia en Venezuela ha sido súbitamente sustituido por el poder estadounidense.

Toda vez que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmaba que «toda agresión contra Cuba chocará con una resistencia inexpugnable», al mismo tiempo reconocía que su gobierno abrió canales de negociación con Washington para afrontar la crisis económica en la isla, derivada de la desconexión energética venezolana bajo presión de Trump. La estructura de poder en La Habana, cuyos bastiones son el Partido Comunista (PCC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FARC), se afana en mantener la iniciativa ante una posible «perestroika» que no necesariamente debe ser tutelada por interferencias exteriores.

¿Y en Caracas? Predomina el silencio sobre lo que pasa o pueda suceder en Cuba. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la que el propio Trump ha elogiado considerando que tiene «una relación muy buena», sigue avanzando en la nueva era de distensión con Washington. En esta ruta ya comienzan a caer piezas clave del poder: tras doce años en el cargo fue destituido Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, sustituido ahora por Gustavo González López, un perfil más tecnocrático.

Ante el escenario abierto en Venezuela de «chavismo post-Maduro» tutelado por Trump, el foco de atención mediática se ha dirigido inevitablemente hacia Cuba, que parece encarnar la condición de «eterno aspirante» a ser derribado por parte de Washington.

La relación iniciada por Caracas y La Habana en el año 2000 con el Acuerdo de Asociación Estratégica se ha venido abajo súbitamente en este frenético 2026 de cambios y convulsión. La crisis energética cubana se ha profundizado con la presión de Trump sobre Delcy Rodríguez para cortar el suministro de petróleo venezolano que, durante más de dos décadas, ha beneficiado a La Habana con precios preferenciales a cambio de cooperación sanitaria, cultural y deportiva. Ante esta coyuntura sólo México y Rusia están en capacidad de asistir energéticamente a la maltrecha isla caribeña, que vuelve a presentar un clima de malestar y protestas. Una sede del Partido Comunista fue saqueada y quemada en la localidad de Morón.

Atascado en la guerra de Irán, Trump busca evitar en Cuba un «nuevo Haití» que implique una incómoda crisis migratoria en el Caribe mientras rompe el cordón umbilical energético y político entre Caracas y La Habana. Trump se la juega este 2026 electoral en EEUU, con comicios mid-term en noviembre para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Las encuestas no le favorecen toda vez que Trump observa una crisis interna en su movimiento MAGA, profundizada ahora por la guerra de Irán, el irrestricto apoyo a Israel y el alza de los precios del petróleo derivada de esta guerra con escaso apoyo popular. A esto debe sumarse que las medidas anti-inmigración de Trump y la arbitraria actuación de las fuerzas del ICE han polarizado el debate político estadounidense.

Ante este contexto, Trump necesita en Cuba una repetición del éxito alcanzado en Venezuela, un golpe de timón que mantenga intacto el apoyo electoral y político del influyente lobby cubano en EEUU, que tiene en el secretario de Estado Marco Rubio a su principal baluarte. Trump espera ver en Cuba una reproducción de la tutela que ejerce sobre Delcy Rodríguez en Caracas. Conoce que la situación puede ser propicia ante el evidente debilitamiento estratégico cubano determinado por la desconexión petrolera venezolana así como por la sustitución de su influencia política y de inteligencia en Venezuela, en este caso a favor de EEUU. El restablecimiento de la embajada estadounidense en Caracas y las visitas de altos cargos de seguridad estadounidenses a Venezuela son síntomas que dan a entender este «cambio de era» en Caracas.

Con todo, ¿es posible reproducir en La Habana una situación similar a la de Delcy Rodríguez en Venezuela?; ¿Seguirá Cuba el camino de Venezuela tras la caída de Maduro?; ¿Tienen Trump y Marco Rubio un plan específico para Cuba?; ¿O será el propio sistema cubano el que abra el compás de una «perestroika» con la vista puesta en una transición pactada bajo la coercitiva presión de Washington? Interrogantes que cobran fuerza en este frenético e incierto 2026.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

SIRIA Y EL CÁUCASO SUR COMO ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS ANTE LA CRISIS DEL ESTRECHO DE ORMUZ

Roberto Mansilla Blanco*

Conferencia de Al Sharaa y Merz tras su reunión en Berlín (Imagen: Hans Scherhaufer/epd/IMAGO).

 

La reciente visita a Alemania del presidente sirio Ahmed al Sharaa, en la que entre otras disposiciones acordó con el canciller Friedrich Merz el retorno de refugiados sirios radicados en ese país, abrió igualmente las compuertas para un proyecto geoeconómico de mayor calado determinado por la actual guerra de EEUU e Israel contra Irán y, particularmente, ante las tensiones económicas globales por las presiones iraníes de cierre del Estrecho de Ormuz.

El interés occidental implica convertir a Siria en un «puerto seguro» así como en un posible corredor energético desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo lo suficientemente fiable para Europa, tal  como lo explicó el propio al Sharaa durante su participación en el Foro Económico Siria-Alemania. Damasco espera recibir inversiones exteriores en los próximos años valoradas en US$ 59 mil millones.

Occidente y la «nueva Siria»

Tras la caída en Damasco del régimen de Bashar al Asad, aliado de Irán, Rusia y China, Occidente ha iniciado un proceso de atracción a la «nueva Siria». El nuevo presidente de facto al Sharaa, un antiguo yihadista vinculado a la red Al Qaeda, ha dado un giro copernicano a la orientación geopolítica siria. Ha sido recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump; en el Kremlin por Vladimir Putin; y ha realizado su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

De este modo, se asumen como imperativos estratégicos para Occidente la reinserción de una Siria más proclive a sus intereses en el tablero geopolítico mundial y su reconstrucción estatal en aras de propiciar la estabilidad ante un convulso Oriente Medio, ahora erosionado por la guerra contra Irán y su capacidad para provocar distorsiones en la economía global.

Por otro lado, y en un momento de ascenso político y electoral de opciones antiinmigración y de ultraderecha en Europa, las expectativas de aplicar medidas de retorno de refugiados sirios suponen una medida orientada a intentar hacer frente a un tema, el de la inmigración, que inquieta a determinados liderazgos políticos en Europa y EEUU, como son los casos del presidente estadounidenses Donald Trump, el húngaro Viktor Orbán y la italiana Giorgia Meloni, entre otros. 

Dos estrechos estratégicos: Ormuz y Bab el Mandeb

Occidente observa con obvia preocupación el tectónico golpe geoeconómico y geopolítico realizado por Irán a través de su control del estrecho de Ormuz y ante sus reiteradas amenazas de cierre. El valor estratégico de este estrecho es evidente ya que supone una ruta por la que transita aproximadamente el 20% del suministro energético mundial.

Teherán también ha colocado en el centro de atención la posibilidad de cierre de otro estrecho, el de Bab el Mandeb, muy próximo al golfo de Adén y al océano Índico. Aquí entra en juego otro escenario, el de Yemen. La guerra con Irán ha ampliado su radio de actuación hacia este país que vive un conflicto armado interno con repercusiones regionales. En Yemen, la comunidad hutí, aliada de Teherán, ha entrado en la guerra atacando objetivos israelíes y occidentales en la región y ejerciendo presión contra Occidente sobre el control del estrecho de Bab el Mandeb.

Por otro lado está Bahréin, importante productor petrolero y de gas natural y que, al igual que Yemen, podría verse arrastrado por el conflicto de Irán vía posible insurrección popular e incluso militar por parte de la mayoría chiíta, aliada iraní, contra el poder sunnita mantenido entre otros por Arabia Saudita.

Como en los casos de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, Irán ha atacado estratégicas estructuras energéticas en Bahréin. De este modo, buscando propiciar una eventual insurrección popular contra la monarquía, Bahrein podría convertirse en un eventual «satélite iraní vía eje chiíta», similar al ya existente en Yemen, Líbano e Irak.

La alternativa energética del Cáucaso Sur

La actual coyuntura en torno a los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb también apunta a otro escenario geopolítico estratégico, el Cáucaso Sur, y específicamente el mar Caspio, como ruta energética alternativa para Occidente a la hora de suplir de gas natural y petróleo a las economías europeas, sacudidas por los elevados precios del crudo.

Por su condición de territorio de tránsito de oleoductos y gasoductos desde el mar Caspio, desde hace tres décadas, coincidiendo con la disolución de la URSS, el Cáucaso Sur se ha erigido como un escenario geopolítico emergente y con cada vez mayor importancia geoeconómica. Rusia, Turquía, EEUU, Irán, Israel, la Unión Europea, Arabia Saudita, China e India, entre otros, han entrado con fuerza para colocar al Cáucaso entre sus prioridades de influencia.

En este contexto adquieren importancia estratégica el proyecto de Corredor del Gas del Sur (SGC por sus siglas en inglés), que conecta el mar Caspio con Europa transportando gas desde Azerbaiyán vía Georgia y Turquía; y el ya conocido como oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC)

El interés geoeconómico para Europa en el Cáucaso Sur está enfocado en controlar estas rutas para reducir su dependencia energética de Rusia, palpable tras la guerra de Ucrania, así como perfilar una alternativa estratégica ante las tensiones en Oriente Medio. Por otro lado se han registrado nuevos proyectos de rutas de gasoductos regionales vía Georgia y Armenia hacia Europa como es el caso del “Corredor Verde”. 

Esto ha repercutido en el ascendente peso de Azerbaiyán, productor petrolero y de gas natural y principal actor dentro del Mar Caspio, lo cual hace de este país una potencia regional. Bakú ha ampliado sus socios comerciales energéticos hacia Israel, Turquía y ahora Siria, además de manejar hábilmente sus equilibrios estratégicos en torno a Rusia, Occidente, Irán y China.

Las tensiones ruso-occidentales, principalmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, han propiciado pulsos geopolíticos por el control de esferas de influencia determinados por los intereses energéticos. Rusia ha logrado neutralizar la implicación occidental en Georgia toda vez el giro prooccidental armenio anuncia nuevos equilibrios. Moscú ha iniciado una etapa de distensión con Azerbaiyán ante los contactos de Bakú con EEUU, palpables tras la materialización del acuerdo de paz en Nagorno Karabaj (2024)

Aquí cobra especial atención el corredor de Zangezur (Armenia) y el impacto estratégico de esta región clave en las rutas energéticas, comerciales y de seguridad euroasiáticas. El histórico acuerdo de 2024 para Nagorno Karabaj propiciado por Trump ha revitalizado la importancia geoeconómica de este corredor transcaucásico. Para todos estos actores involucrados, la guerra de Irán ha revitalizado esta importancia geopolítica y geoeconómica del Cáucaso Sur.

Arabia Saudita y Turquía mueven fichas

Volviendo al caso sirio, Arabia Saudita está emergiendo como un actor fundamental en la reconfiguración de la infraestructura energética y económica de ese país, con especial incidencia en la reconstrucción del sector eléctrico.

Para Riad, que también ha propiciado el proceso de reinserción internacional de Siria vía «lavado de imagen» del liderazgo de al Sharaa, el objetivo es asegurar la vía Siria la estabilidad necesaria para la creación de corredores económicos hacia Europa y Oriente Próximo. El reino saudita ha comenzado a invertir más de US$2.000 millones en Siria, buscando fortalecer su influencia en ese país al mismo tiempo que propicia la conexión energética desde el golfo Pérsico con Europa. Este proceso redefine el mapa de poder energético regional a través de nuevas rutas menos dependientes del control de rivales como Irán vía estrecho de Ormuz.

Por otro lado es igualmente perceptible el peso de Turquía en la Siria de al Sharaa, escenario que complica los intereses sauditas toda vez la posición de Ankara ampara nuevos equilibrios geopolíticos regionales con respecto a Israel, Irán y EEUU. En este sentido, Turquía también juega sus cartas geoeconómicas y geopolíticas. Ankara ha avanzado negociaciones con Egipto para propiciar nuevas rutas logísticas vía Canal de Suez, menos dependientes de los imperativos occidentales e israelíes. 

Irán: el CGRI configura un régimen pretoriano nacionalista

Mientras China, Turquía, Egipto y Pakistán ensayan iniciativas de paz para finalizar la guerra con Irán, Washington ha venido manteniendo la presión militar sobre Teherán, incluso vía despliegue de efectivos, atizando las expectativas de una eventual invasión terrestre del país persa.

No obstante, Washington comienza a asumir los costos de una guerra estéril para sus objetivos, especialmente en un 2026 electoral con los comicios legislativos de noviembre y ante la impopularidad de este conflicto y las recientes protestas sociales en EEUU. Esto ha provocado que Trump comience a decantarse por la posibilidad de una negociación directa con Irán que ponga fin al conflicto.

Este escenario perjudica las pretensiones israelíes de influir en la administración Trump para un cambio de régimen en Irán, aspecto que podría implicar un posible enfriamiento en las relaciones entre Washington y Tel Aviv. Toda vez, que Trump vuelve a invocar su pretensión de degradar los compromisos con Europa vía OTAN, profundizando cada vez más sus posiciones unilaterales y aislacionistas.

Por otro lado, el creciente poder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el manejo de la guerra determina la posibilidad, cada vez más asertiva, de que Irán se deslice hacia un régimen de pretorianismo militar donde el nacionalismo persa y el chiísmo converjan en una nueva estructura de poder, desplazando del centro de gravedad a la teocracia y a los ayatolás hacia posiciones meramente simbólicas.

El creciente poder del CGRI durante esta guerra no sólo transformará el mapa político iraní y regional sino que implicará una mayor radicalización de las posiciones de Teherán con respecto a Occidente, Israel y Arabia Saudita, sus principales rivales geopolíticos regionales.

EEUU y Europa comienzan a interpretar este escenario como una especie de fait accompli que eventualmente implique adoptar posiciones de realpolitik con Teherán, toda vez que sus expectativas de cambio de régimen prooccidental y adopción de un «modelo sirio» en el país persa comienzan a desvanecerse.

Un Irán cada vez más nacionalista bajo el CGRI ejercerá su presión y su poder de control sobre rutas comerciales estratégicas como los anteriormente mencionados estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, perjudicando los intereses geoeconómicos occidentales a favor de países aliados de Teherán como China y sus conexiones geopolíticas. Por ello, Occidente acelera sus intereses geoeconómicos en rutas alternativas como los corredores sirio y del Cáucaso Sur para reducir esta dependencia comercial y energética de las rutas por estos estrechos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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