Iris Speroni*
Para demostrar que se juega en serio.
En Argentina vivimos una disparidad de fuerzas entre distintos sectores, lo que genera un equilibrio político precario.
“Consolidar la paz interior” y “promover el bienestar general” son mandatos del Preámbulo por alguna razón. Cuando se logran largos períodos de paz, es cuando surge la prosperidad[1].
Hoy vivimos una “paz interior” precaria por el acentuado abuso de los más fuertes sobre los más débiles. Mal basamento para que el status quo dure. En lo que a mí respecta, Carthāgō dēlenda est y todas esas cosas. Que no quede un cascote mayor a 1 cm3.
Pero eso son sueños.
La realidad es que funcionarios favorecen a unos privados en detrimento de otros. Desde que gobiernan los kirchneristas, los funcionarios gubernamentales sistemáticamente favorecen a los ciudadanos y empresas fuertes contra los ciudadanos y empresas débiles. Lamentablemente el interregno de Macri no cortó ese ciclo. Por débiles, léase “atomizados”. Todos aquellos casos donde decenas de miles poseen un pedacito de la actividad y no defienden sus intereses coordinadamente.
Hay tres grandes sectores de la sociedad y de la economía altamente desfavorecidos:
- los trabajadores en blanco o sindicalizados.
- las pymes industriales, comerciales, otros servicios no comerciales[2].
- los productores rurales.
En el caso de los trabajadores en blanco, enfrentamos una situación muy delicada. El sueldo promedio es de US$ 400 (o US$ 230 si uno toma el dólar libre). El mismo nivel que en los aciagos años 2002/2004. Los funcionarios se golpean el pecho con que las personas no pueden comprar carne. Con esos valores ni carne, ni indumentaria, ni pagar la luz.
Ataques a los ingresos de los asalariados:
- Devaluaciones
- Impuesto a las ganancias
- Quita del salario familiar[3] [4].
- Carga impositiva a alimentos, combustibles[5] y servicios públicos (luz, gas, agua).
- Impuestos directos a las familias: ABL e impuesto inmobiliario urbano.
- Fomento del trabajo informal (“movimientos sociales”) por parte del gobierno como mecanismo de debilitamiento de los sindicatos[6].
¿Qué deberían exigir los sindicatos?
- La reinstauración del salario familiar en los términos de la ley que le dio origen.
- Eliminar en su totalidad el impuesto a las ganancias cuarta categoría. El salario no es ganancia.
- La eliminación de todo impuesto a los alimentos, servicios y combustible[7].
Agregaré: oponerse al estímulo estatal del trabajo informal.
El conflicto de la carne
Analicé el discurso del gobierno[8]. ¡Cuánto más fácil sería que la gente gane bien y las cosas valgan lo que tenga que valer!
Sin embargo, creo que es todo mentira. Dicho en buen romance: la preocupación del gobierno por el precio minorista de la carne es la excusa para favorecer al frigorífico A sobre el frigorífico B en la asignación de las exportaciones.
Como me ha dicho un lector, no hay ningún nene de pecho entre los jugadores de exportaciones de carnes vacunas.
De acuerdo.
Si son tan pesados, que se agarren a los tiros, como hacen los peruanos de Lugano, en lugar de ir a llorar a papá Estado para que saque del mercado a los exportadores M, N, Ñ así se quedan con su participación. Por un lado, porque es de maricón. Por el otro, porque es un crimen. Los funcionarios cometen el delito de abuso de autoridad. Y la interacción entre ambos (el frigorífico beneficiado y los funcionarios) es peculado. Y en cuanto a los expulsados del sistema, son víctimas de coacción, les violan su derecho al trabajo y a la libertad de comercio. Más un largo listado de delitos tipificados en el código penal.
Punto a resaltar. Se repiten los protagonistas del último cierre de exportaciones de carnes. El común denominador de ambos conflictos es Alberto Fernández y el mismo frigorífico. Por lo que cualquier acción penal contra Alberto Fernández, Matías Kulfas y Paula Español debería avanzar como trompada en Comodoro Py.
Los representantes
Ahora bien, llama la atención la pasividad de los perjudicados en lo que es una acción conjunta de uno o varios frigoríficos supuestamente coludidos con uno o varios funcionarios públicos contra los ingresos de los productores ganaderos (y en segunda instancia contra el público y la Nación). Contra los productores, el perjuicio es inmediato y claro. Contra el público, porque estas maniobras provocarán mayores precios en poco tiempo (lo que ya sucedió con las restricciones anteriores). Contra la Nación porque afecta el nivel general de riqueza al reducir los rodeos ganaderos y daña el buen nombre del país como proveedor alimentario en el exterior.
Todo para favorecer a un frigorífico extranjero y a cadenas de supermercados también extranjeras. No suena razonable.
¿Qué podrían hacer los representantes?
Hablar sobre la plata ajena —como es mi caso ahora— es fácil. Lo difícil es poner la cara y el patrimonio en juego. Hecha esta aclaración:
Contrataría al mejor estudio de abogados penalistas del país para denunciar esta maniobra conjunta de privados y funcionarios contra los productores ganaderos. Perjudica a toda la cadena de producción, desde las cabañas, a la cría, invernada, veterinarios, proveedores, rematadores de hacienda, los trabajadores de la carne y los trabajadores rurales, etc. Además es una maniobra de frigoríficos grandes contra pequeños[9], por lo que estos últimos también pueden considerarse menoscabados por esta acción delictiva.
Pueden elegir un estudio grande o un estudio penal que trabaje en conjunto con otro que cuente con profesionales expertos en derecho administrativo y derecho impositivo. Deberán subcontratar estudios de abogados en Brasil y EEUU.
Gasten. Lo que salga. US$ 100.000 ó US$ 1.000.000 ó US$ 5.000.000. Será la plata mejor invertida del mundo.
No deben litigar sólo acá. En Brasil (donde hay antecedentes) y denunciar ante la SEC y ante la justicia ordinaria de los EEUU si cabe.
En paralelo, una campaña de publicidad y de “opinadores mediáticos” que explique por qué los funcionarios mienten. Que no es cierto que les preocupa el precio del asado para la familia trabajadora sino que defienden intereses de multinacionales contra los abnegados criadores que pasan la noche en vela y bajo la lluvia durante las pariciones. Jugar duro. Usar las palabras que el público entiende y no el lenguaje propio. Citar a Perón y su discurso del 25/10/1973 donde exige 200.000.000 de cabezas de ganado vacuno. Acusar de traidores al mandato del General a los funcionarios. Toda la carne en el asador.
¿Saben por qué hay que hacerlo? No porque el juicio se vaya a ganar. Sólo Dios lo sabe. La Justicia Argentina es randómica en el mejor de los casos[10]. Sino porque es la única manera de que esta casta de funcionarios y empresas entiendan que acá se juega en serio. El facón hasta el caracú.
Si no me creen, fíjense en el sindicalismo argentino. A un trabajador que no gana ni mil dólares por mes le dan un sablazo por impuesto a las ganancias, le quitan el salario familiar y lo amenazan con trabajo precarizado; tras lo cual va al almacén y la mitad es para el Estado.
Al sector rural:
No es por la carne. Es para que no hagan esto con otros productos.
Hoy ya están intervenidos los mercados de la carne, el trigo y el maíz. ¿Cuánto le falta al sorgo, al té y a la cebada?
Recuerden: Cachetada es la primera. Luego, es un derecho adquirido.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Publicado originalmente por Restaurar.org https://restaurarg.blogspot.com/2021/06/caracu.html
Notas
[1] Constitución de la Nación Argentina
Preámbulo
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.
[2] Queda claro que el comercio es un servicio. Pero quise separarlo de transporte, flete, maestranza y otros.
[3] Contó con el silencio del entonces número 1 de la CGT, Hugo Moyano.
[4] El estado quitó el salario familiar a los trabajadores formales y lo entregó a los trabajadores informales en la forma de AUH. Lo hace con fondos que provienen de un impuesto a la masa salarial formal.
[5] Los impuestos al combustible afectan de dos maneras a los trabajadores: cuando compran combustible (aquellos que tengan auto o moto) y en el precio de los alimentos. En efecto, la participación promedio de los fletes en el costo total del producto es del 20%, el doble de otros países de gran extensión. Esto es porque el 55% del precio del combustible es impuestos. 20% x 55% = 11%. Ésta es la participación de los impuestos vía flete en el precio de cada paquete de garbanzos. A lo que hay que sumar IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, cargas sociales, ABL, inmobiliario, tasa de seguridad e higiene, impuestos sobre servicios, y los impuestos en cabeza de los comerciantes y transportistas. Más algún otro impuesto que se me escape.
[6] La relación de los políticos con los trabajadores informales en detrimento de los formales y los sindicatos es otro tema más que los sindicalistas no abordan. La falta de visión estratégica del sindicalismo argentino con este tema ha llevado a la actual situación de indefensión de sus representados.
[7] Así es en EEUU y en Reino Unido.
[8] Carne y el valor del salario episodio 258.701 bis
[9] El Senador De la Torre acusó a los ministros Duhau y Pinedo de favorecer al frigorífico de propietarios ingleses. De la Torre sostuvo que Duhau recibía mejores precios por su hacienda a cambio (esto último no probado). Terminó con el asesinato del senador Bordabehere a manos del custodio del ministro Duhau.
[10] En dos años, en el peor de los casos seis, Alberto Fernández es historia. Comodoro Py lo esperará.
