César Augusto Lerena*

Cuando las políticas se diseñan en los intramuros

 

Hay un importante número de funcionarios argentinos, transversales a todos los gobiernos y, también, algunos respetables académicos o profesionales que entienden que el diálogo y la cooperación son las herramientas adecuadas para resolver la ya casi bicentenaria invasión y ocupación británica de Malvinas y sus implicancias sobre las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida Argentina. Me referiré a ello, aunque, claro está, «juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos» (Maquiavelo). No tengo una innata vocación de confrontar, aunque los hechos y no las palabras, me permitan afirmar —casi con rigor científico— que ni el diálogo, la reclamación del diálogo y la reiterada e incondicional cooperación de los gobiernos argentinos con los británicos ocupantes de Malvinas, hayan permitido avanzar en un centímetro la posición argentina respecto a la recuperación de los archipiélagos, los espacios marítimos correspondientes y la disputa sobre la plataforma continental y la Antártida.

Sugiero en primer lugar a los funcionarios que empiecen por hablar claro; para lo cual, dejen de difundir en la sociedad argentina un reclamo falso y parcial. No son solo las Malvinas con sus 11.410 km² las que están ocupadas por el Reino Unido. El invasor británico tiene ocupado el 52% (1.639.900 km²) del territorio marítimo argentino; las Malvinas; Georgias y Sándwich del Sur; pretende disputar a la Argentina 1.430.367 km² de su plataforma continental y 965.597 km² —más las aguas correspondientes— de la Antártida. Es decir, es como si estuviese ocupado o en disputa todo el territorio continental argentino.

Esto no se puede seguir ocultando. Primero, por respeto a los argentinos y, después, porque es imposible llevar adelante una estrategia adecuada sino se tiene un estado real de situación. Tenemos un país ocupado y, en lugar de ver cómo desalojamos a los okupas, les ofrecemos todo tipo de beneficios para su supervivencia en las islas: desde infraestructura, cesión de recursos, vuelos, sanidad y educación, pasando por la entrega de ositos Winnie Pooh, fotos con la Reina y hasta cartitas de aliento.

El martes 13 de septiembre del 2016 el Secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori declaró junto al Ministro para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan y, en lo relativo al Capítulo del Atlántico Sur acordaron lo siguiente: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo vigente la “fórmula del paraguas”.

En síntesis, pretendía esta Declaración Conjunta, que nunca fue aprobada por el Congreso de la Nación, remover por ejemplo la Disposición Transitoria Primera de la Constitución («La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino»); dejar sin efecto las leyes 17.319 (Art. 1º Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional); las leyes que refieren a la provincialización de los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes (no avanzaré aquí con este tema) y las leyes 26.659 (Solanas) y 26.386 que impiden operar en Malvinas a las empresas petroleras o pesqueras radicadas en el continente sin autorización argentina, etc. Además, a partir de este Pacto se pusieron nuevamente en vigor las investigaciones pesqueras conjuntas británico-argentinas, otorgándole al Reino una información científica sensible y estratégica, a la luz de la dependencia económica que tienen las islas respecto a la captura del calamar. Amén de ello, se otorgó el acceso a las islas a los mercados más importantes del mundo al autorizar los vuelos a San Pablo que, junto a la construcción de puertos en Georgias del Sur y Malvinas, transformarán a ésta en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, en relación directa a la Antártida y el estrecho bioceánico de Magallanes, dejando de lado a Ushuaia. Hechos, que dejan de manifiesto, la incoherencia de la diplomacia argentina, que había promovido el quite de colaboración a Malvinas en todos los fueros y países y, que contraría, incluso, la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que establece no innovar en materia de ocupación territorial y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios ocupados. Un verdadero disparate este “Acuerdo de Cooperación”, donde cooperar es solo conceder por parte de la Argentina.

Con relación al referido Pacto el Prof. Armando Abruza, referenciando el Prof. Ariel Mansi observa la cuestión vinculada, un aspecto muy grave y poco hablado del Comunicado (“El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13/09/2016: su naturaleza jurídica…”, 89:116, 2016): «…la cooperación con el Reino Unido en materia de investigación científica en aguas subantárticas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en lugar de hacerlo en el marco multilateral de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que constituye el único régimen jurídico válidamente aplicable en esa región (…) como se ha expresado, deja traslucir la autoría británica del documento (…) Curiosamente, la temática aquí abordada no se incluyó en el capítulo del “Atlántico Sur”, sino en el de “Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos y Cuestiones de Género” (NdA: con el evidente propósito que se le preste menor atención). La situación así descripta sugiere la intención británica de dividir el objeto jurídico de la controversia, separando a las Georgias del Sur y de las Sándwich del Sur (…) de las Islas Malvinas, que se encuentran fuera del área de dicha CCRVMA. Los dos aspectos precedentemente examinados parecen confirmar la recepción en el texto del Comunicado Conjunto de desarrollos jurídicos favorables al Reino Unido, necesariamente contrarios a la posición sostenida por nuestro país en la controversia de soberanía sobre los tres archipiélagos australes».

Entiendo que en cualquier acuerdo de cooperación debe haber dos partes que en forma equivalente aporten al fin común. El Atlántico Sur es argentino, las Malvinas son argentinas, los recursos pesqueros y petroleros son argentinos, no se entiende que aportarían los ingleses, cuando en el denominado Pacto Foradori-Duncan se refieren a «…la complementariedad entre ambas naciones…» y lo que es más grave aún, no hay ninguna referencia en el documento a la existencia de una disputa o a iniciar un diálogo sobre ésta.

Aquellas declaraciones fueron revitalizadas el 15 de marzo de 2018 por el entonces Canciller Jorge Faurie y Mark Kent, el “simpático embajador británico” que se fue ayer del país después de “cinco años inolvidables” (sic), cansado de intercambiar twitter con miles de cholulos argentinos, dejando todo como está. Es decir, mucho peor para la Argentina, que cuando éste llegó a la Embajada en 2016. Con un embajador tampoco se puede cumplir con sus deseos sino discutir amablemente sobre nuestros intereses.

Esta política de cooperación unilateral por parte de la Argentina no se inicia en el 2016. Las ha habido de “relaciones carnales” de “Winnie Pooh o de seducción” y, de “conservación entre las partes”, que no han sido otra cosa que herramientas de dilación que favorecieron la consolidación inglesa en el área. La “fórmula del paraguas” congeló a la Argentina durante todos estos años mientras el Reino Unido ha avanzado territorial y económicamente, quebrando todas las normas reconocidas internacionalmente e ignorando las Res. 31/49 y 2065 (XX) y subsiguientes.

En 1987 en Nueva York el Canciller Dante Caputo y el Embajador Lucio García del Solar iniciaron las negociaciones orientadas a la aprobación de la “fórmula del paraguas” (y posteriores Acuerdos de Madrid I y II de 1989/90); y en 1988 en Ginebra el referido embajador acordó con el Embajador inglés ante la ONU Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca, minimizando la importancia de ésta en las negociaciones. Este tema les pareció una cuestión menor a los gobiernos radicales como a los peronistas; pero, como ya manifestáramos en 1989 y 2009 (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio”) fue, y es un tema central, aunque, como nadie suele ser profeta en su tierra cito al entonces director de Pesca británico en Malvinas John Barton quien el 14 de marzo de 2012 manifestó: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic).

En 1990 Domingo Cavallo firmó el “Acuerdo del Gallinero”, donde convino con el Reino Unido, el cuidado de los recursos marítimos argentinos y la prohibición de pesca en un área al este de Malvinas —con forma de medialuna (unos 400 mil km²)— que les aseguró a los ingleses, que terceros países no podrían pescar los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc. y, la consolidación económica de los isleños.

Igual camino siguió el ex secretario de Relaciones Exteriores Andres Cisneros, quien periódicamente nos da consejos de cómo recuperar Malvinas. En 1996 en Londres, explicó como un éxito, el rotundo fracaso de su política exterior: «se normalizaron las relaciones con Inglaterra» (léase: los británicos siguen explotando nuestros recursos) y «se coordinan en forma conjunta medidas de conservación para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en beneficio de las partes involucradas» (léase: Argentina cuida los recursos a los malvinenses, a los que considera “partes involucradas”). El remate llegaría en Madrid cuando en 1999, este secretario acordaría con el director para las Américas británico, Peter Westmacott, siete medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el Atlántico Sudoccidental. Es decir, contribuyó con el zorro a cuidar nuestro gallinero, mientras éste explotaba libremente el recurso, otorgándoles licencias a los buques extranjeros (chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos) en lugar de promover un “boicot biológico” con nuestros recursos, para dificultar la permanencia del Reino Unido en la región.

El uso de la palabra: “las partes” confunde a la sociedad cuando tan importante funcionario de la Cancillería se refiere al conflicto de Malvinas. Las partes, podrán estar referidas al conflicto, pero nunca a los derechos territoriales y sus recursos naturales, donde la única “parte” es la Argentina, y en todo caso, el Reino Unido es un “okupa” que usufructúa, ilegal y en forma prepotente, nuestros espacios y los recursos del patrimonio nacional.

Ya en este gobierno, el secretario de Malvinas Daniel Filmus le ofreció ayuda sanitaria con motivo del COVID-19 (¿?) y educación universitaria a los isleños que, con cierto desprecio rechazaron.

Se puede y debe “Cooperar” entre dos naciones amigas, que podrían aportan recursos económicos, tecnológicos, humanos y hasta territoriales equivalentes (como es el caso del Tratado del Río de la Plata y la Zona Común de 1973 con Uruguay); pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone su territorio y sus recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros, minerales y ambientales, y el Reino Unido ocupa los espacios y explota el patrimonio argentino, inclusive depredándolo como lo ha indicado una Consultora británica (MacAlister Elliott & partners Limited) recientemente. ¿Cooperar con un país que nos ocupa territorio insular y marítimo, que se lleva todos los años 250 mil toneladas de recursos pesqueros capturados con un subsidio de 100 millones de dólares, que luego compiten en los mismos mercados de los productos capturados por las empresas argentinas? ¿Quién sería el estúpido? No me imagino alcanzándole la escalera al ladrón para que se robe los frutos de mi árbol.

Es una ingenuidad diplomática (por calificarla suavemente) cuyos resultados —en estos últimos 56 años— están a la vista. Y no es responsabilidad de ningún partido político ni de un gobierno en particular, es de todos los que han sido partidarios de esa cooperación con este país hostil; calificación, que puede sonar un poco fuerte, pero, no parece que podamos aplicar otra al Reino Unido que mató 649 argentinos; ocupa y establece en Malvinas la más importante base militar del Atlántico Sur pese a existir la “Zona de Cooperación y Paz” firmada por todos los países con ZEE en el Atlántico Sur y convalidada por la ONU; avanza en forma creciente ocupando millones de km² de territorios marítimos; reivindica derechos sobre nuestra Antártida Argentina y nuestra Plataforma Continental; se queda, explota y depreda nuestros recursos naturales y se niega sistemáticamente a discutir la soberanía de Malvinas.

Ahora bien, creíamos haber escuchado y visto casi todo, hasta que el pasado 29 de junio, leímos en Perfil como Marcelo Kohen y Facundo Rodriguez conmemoran y ponderan el “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” que cumplió 50 años y que llevó adelante la dictadura autodenominada Revolución Argentina, cuyo presidente de facto fue el militar Alejandro Agustín Lanusse… Hay veces que los teóricos se olvidan de las prácticas y que no todo es ciencia jurídica.

Los autores confiesan que “el Acuerdo contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños” y, reconocen, que los isleños “se auto-bloquean y rechazan todo ofrecimiento” y ello es solo una muestra más que la cooperación unilateral carece de todo sentido. Y me surge la primera reflexión: casi idéntico a lo que se buscaba con el Pacto de Foradori-Duncan. ¿Estas son las recomendaciones de Kohen en el Consejo Nacional de Malvinas?

Podría ser un acto fallido, aunque ciertamente execrable poner como ejemplo el Acuerdo de una dictadura. En realidad este artículo esconde la renovada intención de Marcelo Kohen, que ya en 2018 (Infobae, 22/03/2018) había propuesto promover la escisión de Malvinas del Territorio de Tierra del Fuego, condición necesaria para luego habilitar a los isleños —y así lo proponía— un referéndum a los 30 años para que opten por su soberanía plena (es decir la libre determinación) y, donde habría que esperar que, siendo las autoridades locales (según su propuesta) quienes aceptarían o no la radicación de argentinos continentales en la isla, que la mayoría de británicos radicados en Malvinas opten por su soberanía plena (César Lerena “La Estrategia del Consejo Nacional de Malvinas – Parte 1”, 09/02/2021). Aquí mismo Kohen agrega «nadie desea desconocerlos ni privarlos de sus nacionalidades (a los isleños)» y pareciera querer —como punta de lanza— llevar la cuestión Malvinas a la Asamblea General y para ello aduce que «el gobierno del General Perón decidió llevar la cuestión Malvinas a la Asamblea General por segunda vez (Resolución 3160 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973) a efectos de reencauzar las negociaciones sobre soberanía» y, ciertamente llama la atención la cita (tenemos un Kohen que veinte años en Ginebra lo han transformado en peronista o alguien que quiere hacer los deberes) y el desconocimiento de éste respecto al liderazgo internacional del Presidente Juan Domingo Perón; el marco político actual respecto a los diferentes intereses mundiales; el fortalecimiento de los intereses marítimos, insulares y en el British Commonwealth of Nations del Reino Unido post-Brexit y la asociación estratégica con Estados Unidos, además de los altísimos riesgos de esta aventura, propia de un ejercicio docente y no de quien desde su designación como miembro del Consejo Nacional de Malvinas, ni siquiera podría estar habilitado a exponer sus ideas a otros docentes (Facundo Rodriguez) o en medios de difusión, sin que previamente sean tratadas y aprobadas por todos los miembros del Consejo que integra, donde asesora —nada menos— que al Presidente de la Nación en la formulación de una Política de Estado relativa a Malvinas que es confidencial en función de los intereses internacionales en juego, lo previsto en la legislación vigente y en especial la Ley 27.558, el Decreto 822/20 y reglamentos.

No se entiende la presencia de Facundo Rodriguez en el artículo que firman ambos, ya que no encontramos en este autor que haya compartido la posibilidad de escindir Malvinas o habilitar a los isleños en un referéndum; pero, son llamativas algunas de sus afirmaciones (“Malvinas: aclaraciones que oscurecen” Infobae, 06/10/2016) respecto al Pacto Foradori-Duncan: «Como viene de reafirmar el presidente Mauricio Macri, la manera de poner fin a esta disputa es la negociación (…) Es auspiciosa la presencia de la señora canciller ante el Congreso de la Nación a efectos de aclarar todos los puntos controvertidos. Máxime teniendo en cuenta que podría llegar al cargo de secretaria general de la ONU, que es, además, presidente provisional del C24 y titular de un mandato de buenos oficios en la cuestión Malvinas. Nada menos. (…) Como bien lo expresó el senador Federico Pinedo: Con Malvinas, hay que ser muy prudentes». Un mensaje que resulta bastante tolerante para la política que sobre Malvinas llevó adelante del gobierno de Cambiemos. Sabemos a qué intereses responde Kohen, no sabíamos a cuáles respondía Rodríguez; pero por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).

Nos refieren los autores que conforme a lo prescripto en la Constitución hay que respetar «el modo de vida de sus habitantes» pero, ello no puede implicar —de ningún modo— impedir los derechos del resto de los argentinos a transitar, radicarse, invertir, etc., en Malvinas, de otro modo se trataría de una soberanía quimérica. Kohen (Infobae, 2018), apoyando la idea que las autoridades de la Provincia sean quienes autoricen o no a residir en las islas, manifiesta que “es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes”; pero, no se trata de “preservar” (conservar su estado) sino de “respetar” las prácticas y costumbres habituales, es lógico suponer que con el correr de los años esos modos de vida se transfiguren, aunque conservando ciertos hábitos culturales, alimenticios, etc., como ha ocurrido con las distintas colectividades (galeses, irlandeses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, etc.) radicadas en el continente argentino. Hay muchas formas de “respetar” el modo de vida, entre otras manteniendo el idioma inglés (aunque junto al castellano, ambos deberían ser obligatorios en la educación). Nadie duda que Suiza es un país que mantiene sus costumbres, aunque los idiomas oficiales sean el alemán, el francés, el italiano y el retorrománico. También, otra forma de “respetar” el modo de vida, es mantener vigente toda la legislación respecto a la convivencia en los ámbitos urbanos y rurales, sin que ello implique no actualizarla conforme la evolución de la sociedad.

Por otro lado, los autores dicen que «algunos (argentinos) prefieren seguir la política de adaptarse a vivir con el conflicto, vociferando altamente la reivindicación, pero sin que se haga nada en el plano multilateral que moleste al Reino Unido. Otro camino es posible». Bueno, entiendo, que se estarán refiriendo algún miembro del gobierno, ya que esta tarea es propia y exclusiva de la Cancillería. Debo suponer que efectivamente la intensión de los autores sería la de llevar la cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual sería una verdadera ruleta rusa y un gravísimo error que la Argentina sea quien descarte el diálogo y le baje el valor a la Res. 2065 (XX), coincidiendo —precisamente— esta decisión con la actitud que todos estos años lleva adelante el Reino Unido y, tal vez, uno de los puntos diplomáticos más fuertes que tiene la Argentina.

Al respecto, no hay ningún fundamento para cambiar en una Asamblea General la Res. 2065 (XX) que permanece vigente y, con un alcance absolutamente suficiente que -incluso- se ajusta a la posición argentina relativa a la integridad territorial y donde se limita a los intereses y no a los deseos de los isleños (con lo que se limita la posibilidad de la libre determinación); que, contrario a otras disputas internacionales ha sido ya reconocida por la ONU, donde está definido con precisión a las partes intervinientes (no los isleños) y sería de difícil repetición y muy difícil mejora, con el gravísimo riesgo de que pudiese infiltrarse la remanida bandera británica de la “libre determinación”. Habría que salir de “los intramuros universitarios” para analizar seriamente, si la Argentina pudiese estar en condiciones ¿y para qué? de conseguir los votos obtenidos al momento de aprobarse la Res. 2065 (XX) y, preguntarse quién se haría cargo de una Resolución desfavorable o de una resolución tomada con una menor cantidad de votos. ¿El Canciller, el secretario de Malvinas o cada uno de los miembros del Consejo de Malvinas? Esta es una decisión que ni siquiera el Poder Ejecutivo puede tomar ya que pondría en duda el propio texto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

A quienes refieren que el Brexit acercaría votos europeos a la Argentina que compensarían los votos perdidos de los países no alineados y otros, les recuerdo: la reciente resolución donde los productos pesqueros no pagarán aranceles al ingreso a Europa; la integración del Consejo de Seguridad, la OTAN; el rol de Estados Unidos y la propia conducción de las Naciones Unidas o, simplemente, la cuestión geopolítica instalada a partir de la pandemia que podría condicionar gran cantidad de votos. Y qué hablar, de los nuevos condicionamientos que habría de adquirir el país para obtener algunos votos, agregando más colonización a la ya existente.

Existen suficientes antecedentes para calificar este camino como una aventura que, como las guerras, no se pueden poner en manos de unos pocos —supuestamente teóricos iluminados— que carecen de experiencia fuera de la jurídica o la docencia. No se ha hecho nada todavía o de suficiente entidad para llegar al objeto esperado con mayor certeza y, desde una posición de fortaleza que la Argentina carece en la actualidad y probablemente por muchos años.

A mi juicio una decisión de Argentina en este sentido sería funcional a los intereses británicos y no pondría en sano juicio en manos de tres, cuatro, cinco personas, por más hábiles que fuesen, el destino de un territorio legítimo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable de todos los argentinos.

La política argentina, debiera, en esta etapa, ser la de “poner la escoba detrás de la puerta” para hacer más difícil la ocupación de Malvinas, llevando adelante acciones directas que en su gran mayoría ya he explicitado en anteriores artículos (César Lerena “El ejercicio de la soberanía pacifica en el Atlántico Sur y Malvinas”, 06/06/2021; “La política transversal de la colonización argentina. De Thomas Bridge a Daniel Filmus”, (27/06/2021); buscar acuerdos con nuestros socios del MERCOSUR y fortalecernos en el Atlántico Sur y, muy especialmente, recomponer nuestra imagen como Nación predecible, independiente y soberana en el mundo.

La vida de intramuros en los entes internacionales puede hacer perder la realidad en quienes descansan en la tranquilidad de los salarios mensuales y carecen de pasión en las cuestiones relativas a la soberanía nacional.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

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