La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella, de los recursos migratorios originarios y asociados de esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.
Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.
El Estado Nacional y/o Provinciales podrían explotar y/o industrializar y/o comercializar los recursos pesqueros en forma directa o por asociación con empresas, comunidades, cooperativas y otras entidades o personas nacionales y promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera en sus respectivas jurisdicciones según lo indicado en la Ley 24.922, u otorgar concesiones a empresas nacionales para la explotación de los recursos pesqueros.
En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y el Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.
El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.
Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y El Caribe han dado preeminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.
El Estado Nacional y/o Estados Provinciales debieran reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado debería obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y jurisdicción del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.
Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).
Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.
Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial representa el 50%, en la Argentina está por debajo del 3% de la producción nacional.
Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (Diario Oficial de la Federación el 24/7/2007. Última reforma publicada DOF 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.
No lo han entendido ni el Secretario de Malvinas ni el Subsecretario de Pesca que son meros continuadores del orden establecido, en el mejor de los casos. No entienden el daño económico, social y a la soberanía nacional que ocasiona la pesca ilegal. La administración de la Pesca en el Atlántico Suroccidental es central para recuperar la soberanía no solo en los espacios marinos argentinos, sino en los territorios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Sur. El equivalente, al 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
Hacia fines de 2019 se realizaban en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) unas Jornadas sobre «selectividad y reducción de pesca incidental», donde se escuchó decir que era «un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo». No era un representante de una organización social o medioambiental o un militante opositor al gobierno, era nada menos que el propio Subsecretario de PescaJuan Bosch quien expresaba este horror, como si no fuera el principal responsable de la depredación pesquera que ocurría en el mar argentino después de varios años de una lamentable y deficiente tarea y, en un repudiable sincericidio nos expresaba, que eraun escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía, en su doble condición de subsecretario del área y presidente del Consejo Federal Pesquero. Pues bien, de ese Consejo del gobierno saliente participaba —y levantaba la mano en signo de aprobación— el actual subsecretario de PescaCarlos Liberman y, a poco menos de dos años de gestión todo se ha agravado; porque no solo se siguen descartando proteínas al mar, vital elemento para la formación y desarrollo intelectual de nuestros niños y jóvenes, sino que la pobreza y la indigencia siguen aumentando en la Argentina.
Estos dos funcionarios de distintas corrientes políticas expresaron y expresan una sola política: la de la ineptitud y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones públicas y, mientras los trabajadores, empresarios, profesionales e investigadores del sector se esfuerzan, con virtudes y defectos en producir más y mejor desarrollando los pueblos donde se radican, estos burócratas son el ejemplo que aprovechan los prebendarios para denostar al Estado, calificándolo de ineficiente, incapaz y, hasta corrupto, para hacerse, vía concesión o privatización de los recursos, privándole a éste de los medios para sostener los servicios básicos a la población.
El ex representante de Santa Cruz y hoy subsecretario Carlos Damián Liberman, quien como consejero votó reiteradamente decisiones que perjudicaron el interés pesquero en general y muy especialmente a los de su Provincia, como surge de las Actas del CFP y, responsable del escaso desarrollo pesquero de esa Provincia en los últimos quince años, sino no fuese por la presencia del imprevisible langostino —cuyos derechos originarios ni siquiera supo defender— mantiene el modelo (¿?) de gestión iniciado en el proceso militar y reafirmado durante el gobierno de Menem. El de la concentración pesquera; la exportación sin valor agregado y la importación de buques; la ausencia de consumo interno y el desempleo y trabajo precarizado. Si este funcionario fuese peronista, diría Evita: «los peronistas tibios, me dan asco». Y habrá otra cantidad importante de argentinos que no son peronistas, y puede no importarles este calificativo, pero no están en el gobierno.
Ya es bastante absurdo que éste y los anteriores gobiernos mantengan con rango de subsecretaría un área que tiene bajo su responsabilidad administrar (investigar, conservar y distribuir) los recursos pesqueros; ser palanca del desarrollo poblacional e industrial del estratégico litoral marino; estar relacionada con la industria naval y la ocupación marítima; su control y defensa y, en un espacio, que está ocupado en un 52% por una potencia extranjera que se sostiene con la sustracción de 250.000 toneladas anuales de recursos migratorios argentinos, además de las capturas igualmente ilegales que realizan buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses con subsidios que facilitan la pesca a distancia. Un Estado ribereño (Argentina) que tiene un PBI marítimo desaprovechado; un sector que exporta el 50% de los recursos que le roban; que pese a tener una Zona Común de Pesca con Uruguay en los puertos de este país hacen su logística los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas. Pero, si algo falta, ¿qué hace la subsecretaría de pesca en el Ministerio de los granos y la carne? En lugar del de la Producción o Industria o en un Ministerio del Mar, como Francia, que con el 10% de Zona Económica Exclusiva Continental Argentina entiende la importancia del mar y sus recursos. La Pesca no solo es una cuestión productiva, de desarrollo, alimentario y sanitario, es geopolítica y de soberanía nacional. Claro, con funcionarios mediocres, con escritorios y la bandera a sus espaldas, es poco probable que se entienda.
Transcribo dos mensajes inaugurales de dos presidentes en el Congreso de la Nación, que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar las capacidades puestas por los citados subsecretarios Bosh y Liberman por igual:
«Para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio».
«Adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos (…) Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades».
El primero, el 1º de marzo de 2016, fue pronunciado por Mauricio Macri y, el segundo, el 1º de marzo de 2020, por Alberto Fernández. Aunque opositores, el mensaje parece similar. Me inclino a pensar que los ineptos (véase significado) de Bosch y Liberman por igual, no han cumplido con el mandato presidencial ante los representantes del pueblo argentino.
A nuestro entender, ambos funcionarios, han sido igualmente incapaces de:
Asuntos Nacionales
1)Nose eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.
2)Nose evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.
3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sostenibilidad y sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.
4)Nose eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.
5)No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo, con motivo -entre otros- del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino y su transformación en terceros países, muchos de ellos consumidores directos.
6)No se aumentó el valor agregado de las exportaciones, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado. Se mantiene el mismo modelo extractivo probadamente generador de menor mano de obra e industrialización nacional y de transferencia del trabajo a los importadores.
7)No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, quién se limitó al mero registro. Se aumentó del esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.
8)No se aumentó el consumo nacional de pescado y por tanto no se mejoró la dieta de los argentinos, la que está entre los más bajos del mundo (6,5 kg per cápita/año) cuando el promedio mundial es del orden de los 20kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y que los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.
9)Se mantuvo la concentración y extranjerización pesquera, concentrando las exportaciones en unos diez grupos empresarios, que colocan en una situación de desarmonía al conjunto del sector pesquero.
10)No se aseguró la diversidad de la explotación, el que depende en gran medida de las exportaciones de langostino, un recurso biológicamente imprevisible, que ante una eventual caída de precio o de la captura llevaría al sector a una crisis sin precedentes.
11)No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras una Unidad Económica Pesquera que pueda garantizar su sustentabilidad económica y social.
12) Cayeron las exportaciones y no se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo y, el valor promedio de las exportaciones en 2020 del complejo pesquero alcanzaron 1.730 millones de dólares (3,2% de las exportaciones totales) y decrecieron 7,1% con respecto a 2019. Del total exportado, crustáceos y moluscos participó con 74,5% (se destacaron los calamares congelados y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados participó con 24,0% (mayoritariamente merluza en filetes, merluza negra congelada y merluza congelada); y harinas y conservas participó con 1,6%. Y esto muestra la endeblez del sector dependiente en gran medida del imprevisible recurso langostino.
13)Se mantiene una política sin federalizar la explotación de los recursos originarios desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.
14)Se mantuvo la política de importación de buques pesqueros, de investigación y transporte y se privatizó un recurso del Estado Nacional o Provincial en su caso en evidente perjuicio de la industria pública y privada argentina, con la consecuente pérdida de mano de obra y sin la rápida y adecuada renovación de la flota obsoleta, cuyas consecuencias trágicas son conocidas. Los españoles importan buques y llevan materias primas ilegalmente del mar argentino. El mantenimiento del DNU 145 del gobierno de Macri, permitió poner en garantía para la construcción de buques los permisos y/o cuotas de pesca, cuyo titular es el Estado, y meras concesiones para habilitar a la pesca. No se ha promovido la acción de la justicia penal.
15)No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el grave caso del puerto de Mar del Plata.
16)No se intervino en la promoción de la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.
17) Se mantuvo con escasa actividad los buques de investigación del INIDEP a pesar de realizarse la construcción en el extranjero de buques destinados a esta tarea. No se realizan investigaciones en alta mar destinadas a demostrar la depredación que están realizando al ecosistema los buques extranjeros que pescan ilegalmente ni a determinar el origen de las especies migratorias que realizan su ciclo vital principal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.
18) No se intervino en la integración Paraná-Río de la Plata-Atlántico Sur para mejorar la eficiencia e integración territorial marina.
19)No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.
20) Nada se ha hecho en materia de acuicultura a pesar de que en el mundo de la producción total de pescados, moluscos y crustáceos alcanza a unos 167 millones de toneladas y que de éstas un 44% son de origen en acuicultura (73,8 millones). En la Argentina la producción total anual llegó en 2019 a las 2.592 toneladas, es decir un 0,0039% a nivel mundial y un 0,0843% en Latinoamérica. Si relacionamos los desembarques totales de capturas marítimas en 2019 (781.327 toneladas) con la acuicultura, en la Argentina ésta representa el 0,33% cuando debería representar el 44% mundial, es decir un volumen del orden de las 343.784 toneladas, que permitirían duplicar el empleo pesquero, el consumo y la exportación nacional.
21) No se tomaron las medidas adecuadas —entre otras considerar esenciales a los trabajadores de la pesca— para evitar la contaminación por COVID-19, la enfermedad y muerte. Amén de las graves dificultades operativas que la enfermedad y ausentismo provoca en la actividad.
Asuntos Internacionales
22)No se llevó adelante ninguna política de erradicación de la Pesca ilegal (INDNR), implementada por la Unión Europea (Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008) por el que se estableció un sistema prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PESCA INDNR). No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares por un valor estimado de 4 mil millones de dólares anuales que duplican las exportaciones de Argentina. No hubo sanciones a la pesca en Malvinas.
23)No se llevó adelante una política de explotación nacional subsidiada de los recursos en la alta mar por parte de los buques argentinos destinada a facilitar la pesca argentina en esa área para contrarrestar la presencia de buques extranjeros en el mar argentino de Malvinas y la alta mar y, facilitar, accesoriamente Acuerdos entre empresas o de Estado-Estado. Esto permitiría duplicar la producción nacional y el empleo y ejercer mayor soberanía territorial y biológica.
24) No se canceló la Comisión Conjunta de Pesca con el Reino Unido y sólo se suspendieron las investigaciones conjuntas.
25)No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal inglesa pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur y Malvinas, violando las Leyes 24.922, la 26.386 y la 27.564, en un evidente incumplimiento de deberes de funcionario público y un daño gravísimo al patrimonio nacional.
26)No se concretaron nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones ilegales de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.
27) No se promovió la derogación del Acuerdo de Madrid I y II; el Pacto de Foradori-Duncan; los Acuerdos de Nueva York, del Atún y Rector de Puertos que le han permitido al Reino Unido extraer de Malvinas desde 1989 a la fecha 32 mil millones de dólares de productos pesqueros de origen argentino debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur, Malvinas e impedir el desarrollo estratégico de la Patagonia y especialmente la provincia de Tierra del Fuego, a cuya jurisdicción pertenecen los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes. A la par, de facilitar la intervención de Estados de bandera (extranjeros) en la administración de los recursos argentinos en el Atlántico Sur y facilitar al Reino Unido el pretendido e ilegal rol de Estado ribereño, absolutamente violario de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
28)Nose intervino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ante los países que subsidian la pesca a distancia (China, España, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Noruega) y, que en el caso específico de la pesca en Malvinas reciben 100 millones de dólares anuales de subsidios.
29) No se opone a la iniciativa de declarar Área Marina Protegida al denominado Agujero Azul, que debería limitarse a declarar monumento por ley aparte la reducida área donde descansan los restos de los tripulantes del ARA San Juan y no restringir la pesca nacional en esa área, mientras que los buques extranjeros no habrán de acatar dicha declaración, creando el gravísimo precedente que seguramente habrá de darle pie al Reino Unido a iguales acciones en perjuicio de la Soberanía Nacional Argentina.
30) Se mantienen las Áreas Marinas Protegidas de Yaganes y Namuncurá en lugar de aplicar los previstos de vedas, reservas, limitaciones, etc. de la Ley 24.922 en un evidente perjuicio a la pesca nacional y por el contrario no ha promovido la instalación de Áreas Marinas Protegidas en los 1,6 millones de km2 en los territorios marino alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur mantiene ocupado el Reino Unido.
31) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación certificada de los productos pesqueros argentinos en el mundo y equilibrar las barreras para-arancelarias que organismos internacionales certificadores ejercen sobre los productos nacionales y los sistemas de explotación. A punto tal que estas empresas extranjeras certifiquen procesos y productos extraídos en forma ilegal en las áreas bajo ocupación del Reino Unido.
En la numerología el 31, que son el número de observaciones que aquí se realizan, simboliza la expresión creativa, sinceridad, confiabilidad, pragmatismo, seguridad, etc. el problema es que a estos funcionarios les faltan y no están presentes.
Los funcionarios públicos van a tener que empezar a rendir cuentas. No sea que tomemos como cierto los cuentos del pescador mentiroso o apelemos a la multiplicación de los peces para ser, como tantas veces, campeones morales del subdesarrollo.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja de manifiesto este gobierno nacional, el anterior y el anterior, per sécula seculorum.
Algunos funcionarios del sector pesquero, al solo efecto de posicionarse en las propias internas de los partidos gobernantes de turno, suelen referirse a que el sector tuvo un volumen mayor crecimiento que el agrícola, ganadero, minero, etc. Ello sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a 3.192 millones de dólares (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de 24.310 millones de dólares, obviamente muy superior a los U$S 1.730 millones de dólares de la pesca.
Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso, la eliminación de los descartes, el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.
Finalmente habría que agregar que, siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, americanos, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.
Todas tienen en común que sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también, que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.
Accesoriamente y como muy importante es que la Pesca es una herramienta estratégica para encaminarnos a la recuperación de Malvinas y esto no parecen entenderlo ni el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman ni el secretario de Malvinas Daniel Filmus. Ellos también siguen consumiendo no más de 6,5 kg per cápita de pescado por año y con este simple dato es muy poco probable revalorizar el mar y los espacios insulares argentinos.
Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria (Manuel Belgrano).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
