Archivo de la etiqueta: Defensa Nacional

EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

©2026-saeeg®

 

RESERVAS, CIUDADANÍA Y DEFENSA NACIONAL: LA URGENCIA DE MODERNIZAR EL SISTEMA ESTRATÉGICO ARGENTINO

«… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defens común…»

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina

 

La discusión sobre la modernización del sistema de defensa argentino vuelve al centro del debate en un contexto geopolítico global donde las naciones más sólidas han integrado a la ciudadanía en estructuras de movilización, apoyo y reserva. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino presenta vacíos significativos respecto del estatus, derechos y funciones de la Reserva Voluntaria, un componente que resulta indispensable para garantizar la resiliencia estratégica del Estado.

Tres modelos de ciudadanía y defensa: Estados Unidos, Suiza e Israel ante el desafío de la seguridad contemporánea

En un mundo donde las amenazas se diversifican más rápido que las respuestas estatales, la relación entre ciudadanía, armas y defensa nacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Estados Unidos, Suiza e Israel representan tres modelos radicalmente distintos ―aunque con raíces comunes― sobre cómo un Estado concibe el rol del ciudadano en su propia seguridad. Desde el derecho individual a portar armas hasta la obligación constitucional de participar en la milicia, cada caso ilumina, con sus luces y sombras, cómo se construye la defensa en democracias modernas bajo presiones históricas específicas.

Estados Unidos: el pueblo armado como barrera contra la tiranía

La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, redactada en 1791, sostiene que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas»[1]. Este enunciado, tan citado como debatido, adquiere una dimensión más clara cuando se lo ubica en su contexto original: un país recién independizado, temeroso de los ejércitos permanentes y profundamente desconfiado del poder central.

Alexander Hamilton y James Madison[2], autores de El Federalista, planteaban que la ciudadanía armada era la mejor garantía contra un gobierno que pudiera tornarse opresivo. La idea de que «un pueblo armado no puede ser subyugado» se convirtió en uno de los pilares culturales y políticos de la identidad estadounidense.

Hoy, ese concepto convive con regulaciones modernas como el Armed Forces Reserve Act, que organiza las reservas militares, y la ley USERRA[3], que protege los derechos laborales de quienes sirven como reservistas. El resultado es un modelo híbrido: mezcla el derecho individual con estructuras estatales formales, manteniendo viva la noción del «ciudadano-soldado».

Suiza: la defensa como deber constitucional

A diferencia de Estados Unidos, donde la posesión de armas se presenta como un derecho, Suiza convierte la defensa en un deber. Su Constitución es explícita: todo ciudadano masculino debe realizar el servicio militar[4], y quien no lo hace paga un impuesto compensatorio. Las mujeres pueden participar voluntariamente.

Este sistema, conocido como milicia, no es una simple tradición. Es una institución profundamente arraigada en la identidad suiza, que sostiene la idea de una «neutralidad armada». La lógica es simple: un país pequeño rodeado de grandes potencias solo puede garantizar su independencia si su población está entrenada y organizada.

Los cantones, además, mantienen competencias en materia de oficiales y equipamiento, reforzando un federalismo que distribuye el poder y evita la centralización excesiva de la fuerza militar. En Suiza, el arma no es un símbolo de libertad individual, sino una responsabilidad ciudadana.

Israel: la reserva activa como forma de supervivencia

En Israel, la relación entre sociedad y defensa adquiere otra dimensión, marcada por un contexto de conflicto permanente desde la creación del Estado en 1948. Aquí, el servicio militar obligatorio se prolonga luego de la baja mediante un sistema de reservas activas[5]: ciudadanos que, aun reintegrados a la vida civil, continúan realizando jornadas mensuales y períodos anuales de entrenamiento, y pueden ser convocados de inmediato ante un estado de emergencia.

La ley permite al ministro de Defensa emitir órdenes de movilización masiva con un simple aviso al Knesset. En la práctica, esto da lugar a un modelo único en el mundo: una sociedad donde casi cada familia tiene vínculos directos con las Fuerzas de Defensa de Israel y donde la frontera entre civil y militar se vuelve difusa en momentos de crisis.

Más que un modelo cívico, la reserva israelí es un mecanismo de supervivencia nacional. La rápida movilización de cientos de miles de ciudadanos entrenados es la piedra angular de su estrategia militar.

Tres caminos para un mismo desafío

Aunque Estados Unidos, Suiza e Israel llegan a soluciones distintas, todos comparten una premisa común: la seguridad nacional no depende únicamente de un ejército profesional, sino también de ciudadanos capacitados y comprometidos con la defensa del Estado.

    • EE.UU. apuesta al derecho individual para evitar la concentración excesiva del poder.
    • Suiza sostiene la obligación colectiva, integrando la defensa en la identidad cívica.
    • Israel impone una disponibilidad permanente, adaptada a un entorno geopolítico hostil.

Los tres modelos plantean preguntas fundamentales para cualquier democracia contemporánea:

    • ¿qué papel debe ocupar el ciudadano en su propia defensa?,
    • ¿dónde termina el derecho y comienza el deber? y
    • ¿y cómo se equilibra la libertad con la seguridad?
Antecedentes normativos: un marco que demanda actualización

La Ley 13.234[6] estableció la organización de la Nación para el tiempo de guerra, creando un sistema de movilización que respondía a las necesidades estratégicas del siglo XX. Posteriormente, la Ley 16.970[7] definió los principios de la Defensa Nacional bajo un paradigma estatal centralizado y doctrinario (República Argentina, 1966).

La Ley 23.554[8], que aún constituye la base del Sistema de Defensa, introdujo el principio de conducción política y delimitó las funciones entre defensa y seguridad interior. No obstante, esta normativa carece de un apartado integral sobre la misión, funciones y derechos del personal de reserva, lo cual genera un vacío jurídico relevante.

Asimismo, la Ley 19.101[9] regula el régimen del personal militar pero no reconoce expresamente el estatus del reservista voluntario ni su derecho a un régimen previsional, sanitario o de carrera claramente definido.

La doctrina de Colmar von der Goltz y la actualidad estratégica global

La conceptualización moderna de la «nación en armas», propuesta por Colmar von der Goltz en Das Volk in Waffen[10] («El Pueblo en Armas»), sostiene que la defensa no es solo responsabilidad del ejército regular, sino también del conjunto de la ciudadanía instruida y organizada.

Este principio se refleja hoy en doctrinas contemporáneas, como la política exterior y de defensa de China, cuyo enfoque estratégico integra reservas activas, movilización civil y participación directa del ciudadano en la estructura de seguridad nacional[11].

El mensaje es claro: una nación sin reservistas capacitados y reconocidos carece de una capacidad real y sostenible de defensa.

La necesidad de reconocer derechos: el espejo de los Bomberos Voluntarios

Argentina ya cuenta con antecedentes normativos que reconocen el servicio público de carácter esencial. La Ley 25.054[12], que regula a los Bomberos Voluntarios, reconoce derechos previsionales, cobertura médica y protección jurídica para quienes prestan un servicio público vital. La Ley 27.629[13] refuerza esta visión al otorgar un Régimen Tarifario Especial Gratuito para garantizar condiciones básicas a quienes sirven a la comunidad.

Si este reconocimiento es válido ―como lo es― para cuerpos voluntarios civiles, resulta lógico que los reservistas militares, que cumplen funciones asociadas a la defensa nacional, accedan a categorías equivalentes de protección legal y social.

Propuestas para una modernización normativa con enfoque estratégico

Para adecuar el sistema de defensa argentino a las demandas contemporáneas, especialistas proponen:

  1. Actualizar la Ley 23.554

Incorporando:

  • misión específica de la reserva,
  • funciones,
  • obligaciones y derechos,
  • régimen de movilización y
  • capacitación anual obligatoria.
  1. Modificar la Ley 19.101 de Personal Militar

Reconociendo:

  • estatus jurídico del reservista voluntario activo,
  • derecho a carrera y ascenso,
  • plan anual de capacitación y
  • acceso a cursos regulares del cuerpo permanente.
  1. Crear un decreto reglamentario exclusivo para la Reserva Voluntaria

Que establezca:

  • credencial oficial habilitante,
  • incorporación al sistema de salud militar,
  • aportes previsionales equivalentes a los Bomberos Voluntarios y
  • beneficios sociales similares al personal permanente.
  1. Incorporar contratos temporales remunerados

Para casos de:

  • emergencias nacionales,
  • ejercicios prolongados y
  • necesidades operativas.

Además, si un reservista sufre lesión en acto de servicio debería integrar transitoriamente el cuadro permanente con cobertura plena hasta su alta médica. Finalmente, con la edad jubilatoria cumplida, debería acceder a una pensión proporcional por el servicio prestado.

Conclusión: hacia un modelo de ciudadanía estratégica

La comparación doctrinaria e internacional muestra que la defensa moderna no se sostiene únicamente en fuerzas regulares, sino en sistemas dinámicos de movilización ciudadana.

Reconocer jurídicamente al reservista argentino no solo es un acto de justicia, sino una condición necesaria para fortalecer la defensa nacional, adaptarla al siglo XXI y cumplir con estándares internacionales de preparación estratégica.

Una Argentina más segura requiere, inevitablemente, reservistas respetados, capacitados y protegidos.

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

Referencias

[1] Constitución de los Estados Unidos. (1791). Segunda Enmienda, https://www.heritage.org/constitution/amendments/2/essays/142/to-keep-and-bear-arms.

[2] Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. The Federalist Papers (Edición Jacob E. Cooke). Wesleyan University Press, 1787-1788.

[3] United States Congress. (1994). USERRA – Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/armed-forces-reserve-act-1952#:~:text=La%20ley%20estableci%C3%B3%20tres%20categor%C3%ADas,el%20proceso%20de%20planificaci%C3%B3n%20militar.&text=Eileen%20Galloway%2C%20Historia%20de%20la,%2C%201943%2D1969%20%2C%201985.&text=Elija%20un%20estilo%20a%20continuaci%C3%B3n%20y%20copie%20el%20texto%20para%20su%20bibliograf%C3%ADa.&text=APA-,Ley%20de%20Reserva%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas%20(1952).,13%20de%20agosto%20de%202025%20.

[4] Constitución Federal de la Confederación Suiza (1999), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/498812

[5] Gobierno del Estado de Israel. (2023). Defense Service Law, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-defense-service-law-1986#google_vignette.

[6] Ley 13.234 (1948). Organización de la Nación para el Tiempo de Guerra. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[7] Ley 16.970 (1966). Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[8] Ley 23.554 (1988)– Principios básicos. Finalidad y estructura del sistema. Organización de las Fuerzas Armadas. Servicio de Defensa Nacional. Organización Territorial y Movilización. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm.

[9] Ley Nº 19.101 (1971). Ley para el Personal Militar. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19875/norma.htm.

[10] Goltz, C. von der. The nation in arms. Publisher London: Hodder and Stoughton. Contributor University of California Libraries, 1913, https://archive.org/details/nationinarmstrea00golt/page/20/mode/2up.

[11] State Council of the People’s Republic of China. (2019). China’s National Defense in the New Era. Beijing: Information Office of the State Council.

[12] Ley 25.054 (1998). Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54903/texact.htm.

[13] Ley 27.629 (2021). Régimen Tarifario Especial Gratuito. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350984/norma.htm.

 

©2026-saeeg®

 

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA NACIÓN EN PELIGRO: SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA DE ESTADO EN LA ARGENTINA

Marcelo Javier de los Reyes*

El sistema de Defensa Nacional, los diversos organismos de Seguridad y el Sistema de Inteligencia Nacional son a la Nación como el sistema inmunológico al cuerpo humano.

El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La función de este sistema es defenderlo de agentes patógenos, es decir, de organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus y las bacterias.

De manera similar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia trabajan con el mismo objetivo aunque cada una de estas instituciones tiene su objetivo.

Este diagnóstico será considerado desde dos puntos:

    • Institucional
    • Profesional

La Inteligencia Nacional es definida por la Ley 25.520 como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación». La Ley 27.126, promulgada el 3 de marzo de 2015, considera a la Inteligencia Nacional como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación». Solo un cambio sutil pero importante, pues se han eliminado las «amenazas» respecto de la Ley 25.520. Mientras que la «amenaza» es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado, el «riesgo»  sería la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

La Inteligencia es el conocimiento que favorece al decisor en la toma de decisiones, como así también en la reducción de los riesgos. En síntesis, la importancia es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La Inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La actividad de Inteligencia, más precisamente la Inteligencia Estratégica, le permite al gobierno nacional comprender los conflictos regionales e internacionales con el objetivo anticipar las respuestas adecuadas a los mismos.

Del mismo modo, la Inteligencia le permite al gobierno tomar las medidas adecuadas para favorecer la inserción de nuestro país en el escenario internacional, tanto en el ámbito diplomático como económico.

A partir de esto se puede afirmar que, desde lo institucional, los organismos de Inteligencia deben estar en condiciones de dar respuestas a estas demandas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y, conforme a la ley, debería dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye a los demás organismos de Inteligencia del Estado que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad— a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

En función de ello pueden determinarse las siguientes anomalías que impiden que la Inteligencia Nacional cumpla con sus objetivos:

    • Los diversos gobiernos nacionales de las últimas décadas han transformado la Inteligencia Nacional en una herramienta para amedrentar jueces, políticos opositores y demás denunciantes a partir de lo que se denominan «carpetazos».
    • Como consecuencia de ello, los gobiernos nacionales (fundamentalmente los kirchneristas y el de Cambiemos) han realizado un uso perverso de la inteligencia interior pero desatendieron la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica al punto que se puede afirmar que estas áreas están prácticamente desactivadas y sin rumbo. La Inteligencia Exterior ha perdido, virtualmente, contacto con los servicios de otros países, lo que implica una seria gravedad desde el punto de vista del intercambio de información y de la capacitación. Las delegaciones del exterior de la Secretaría de Inteligencia / AFI carecieron de rotación de sus delegados durante más de una década y su número ha sido seriamente reducido, al punto que fueron cerradas delegaciones en los principales países de Europa. Como los gobiernos actúan en este sentido con reciprocidad, varios servicios no destinan agentes a sus embajadas en la Argentina y algunos los han retirado reasignándolos en países de la región. La situación se ha visto sumamente agravada con las filtraciones a los medios de las Actas durante la gestión de la «fiscal interventora» Cristina Caamaño.
    • Respecto del tema de la capacitación, el sistema ha perdido el rumbo desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), gobierno que el 7 de febrero de 2000 realizó una purga de 1.500 agentes, un hito lamentable que cortó la transferencia de conocimientos. La idea fue apelar a la contratación de «consultoras», lo que pone en evidencia la ignorancia de quienes estaban al frente de la Inteligencia Nacional. Los últimos gobiernos, sin excepción, han puesto al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) a funcionarios inexpertos, al igual que en el resto del organismo, y en la actualidad le ENI tiende más hacia un adoctrinamiento, no hacia una capacitación profesional, impartiendo «cursos de género», «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», etc. En este punto cabe destacar que el máximo responsable de la ENI de la gestión de Cambiemos llegó a manifestar a un medio «vamos a cambiar la cultura del espionaje»: es evidente que desconocía de qué se trata la Inteligencia[1].
    • Cabe recordar que en febrero de 2015 el gobierno de Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó una AFI debilitada, otorgándole un rol protagónico a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar pero llevando a cabo actividades ilegales, toda vez que esa área no debe, por ley, realizar inteligencia interior. Incluso el presupuesto destinado a ese órgano militar era mayor al que recibía la entonces Secretaría de Inteligencia.
    • Contrariamente a lo que especifica la Ley, la AFI, como es de conocimiento público, ha sido prácticamente marginada y no dirige el Sistema Nacional de Inteligencia. Aún peor, el proyecto de Ley de Inteligencia presentada al Congreso por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño proponía que ese organismo dejara de ser la cabeza del sistema de Inteligencia. Varias delegaciones del interior han sido eliminadas o reducidas en su operatividad. Vale aquí recordar que la mencionada interventora desactivó la base de Trelew y cedió el edificio al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en una región con graves problemas derivados del problema de la nueva etnia autodenominada «mapuche», con tomas de tierras e incendios de propiedades privadas e iglesias.
    • Los organismos de inteligencia no mantienen contactos entre sí y, peligrosamente, se aprecia una competencia entre algunos de esos organismos.

Desde lo profesional, desde que asumió el gobierno del Frente para la Victoria, en la entonces Secretaria de Inteligencia se ha procedido a una «purga» de su personal, reduciéndola a su mínima expresión. Cierto es que hasta la creación de la AFI no ingresaron «militantes» y los cargos políticos fueron muy reducidos. Con sus limitaciones, el organismo continuó funcionando pero la «metodología» que se implementó produjo una fuerte desmotivación del personal, por falta de incentivos, bajos salarios y una persecución hacia algunos agentes que fueron destinados a «áreas de castigo». A ello debe sumarse la pérdida del rumbo del organismo lo que se traduce en un sin sentido de la actividad diaria del agente de inteligencia.

Si, debe reconocerse, que durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo se produjo un sustancial aumento de sueldos —el cual finalmente no se completó— pero con ello se favoreció el ingreso de numerosos «militantes» que no calificaban para cumplir con sus funciones.

Se procedió a una reestructuración, con un nuevo organigrama que incrementó notablemente los cargos directivos y eliminó las jefaturas intermedias lo que, al igual que en el ámbito privado, hace inviable cualquier gestión. Aún más grave fue la supresión de un área de «Análisis» cuando ésta es la tarea esencial de un organismo de inteligencia.

La gestión del organismo durante el gobierno del presidente Macri, teniendo la oportunidad de reconstruirlo, siguió la misma línea del gobierno kirchnerista y los cargos directivos fueron ocupados por gente inexperta, entre los cuales se encuentran quienes fueron los máximos responsables del organismo. Además debe mencionarse la incorporación de algunos ex comisarios con antecedentes de sumarios dentro de la propia policía. Es en ese momento que se crearon más delegaciones en el AMBA con una impronta inspirada en una comisaría.

Con respecto al personal, se despidió a los contratados por la gestión de Parrilli y se contrató a un número similar de personal, en su mayoría tampoco calificado para cumplir funciones en un organismo de Inteligencia. Además se contrató más personal con sueldos equivalentes a cargos directivos.

Del mismo modo, debe destacarse que los políticos tienden a confundir Inteligencia con «Seguridad», lo que lleva a una seria distorsión de la actividad.

Asimismo, la gestión del gobierno de Cambiemos continuó marginando al personal de carrera e igualando hacia abajo como lo hizo el gobierno del Frente para la Victoria, el cual desarmó su cuerpo profesional que otrora era considerado «Personal Superior». Desde entonces, numerosos cargos que deberían corresponder a ese cuadro pasó a estar en manos de personal auxiliar, desvirtuando la línea jerárquica y profesional que debe mantener un organismo de estas características. Es como si en las Fuerzas Armadas se colocara a un suboficial por encima de un oficial.

Por otra parte, la gestión política siempre hace uso de la «caja» del organismo con fines políticos, es decir, el uso de sus recursos que no son empleados para mantener la infraestructura y la operatividad del organismo.

En síntesis, hasta la llegada de la Alianza al gobierno, el organismo, a pesar del despido de algunos agentes durante el gobierno de Alfonsín, mantuvo un alto nivel profesional. En la ENI se dictaban cursos tanto destinados a personal de la Argentina como a personal extranjero. El nivel del cuerpo docente y de los cursos aún hoy es reconocido por agentes europeos que asistieron a los mismos en la década de 1990. La formación giraba en torno a inteligencia, al análisis de la información, de los medios de comunicación, a la geopolítica entre otros temas.

Del mismo modo, existía un curso denominado «Curso básico de Inteligencia para funcionarios del Estado» al que asistía personal de diferentes ámbitos, de la Justicia, de lo que hoy es la AFIP, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de diversos organismos. Este curso era fundamental para establecer lazos informales en un agradable ambiente de camaradería.

Esto funcionó, por inercia, hasta aproximadamente el año 2002. En la actualidad nos encontramos con un organismo verdaderamente destruido, con personal que no ha recibido una buena capacitación, con una ENI carente de docentes, pero lo más difícil será reconstruir tanto el organismo como el instituto de formación debido a que durante décadas no se ha considerado la importancia que tiene la transferencia de conocimientos en una actividad cuyos conocimientos se adquieren con la práctica dentro de un servicio. Para hacer un paralelismo, un ingeniero se forma en una universidad pero la experiencia la obtiene en la obra, en un astillero, en una fábrica, según sea su especialidad.

Para completar el calamitoso cuadro en que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional deben mencionarse dos proyectos de ley, uno presentado por la entonces diputada Elisa Carrió —que tenía la intención de cerrar el organismo y crear uno nuevo que coordinara las fuerzas de seguridad y pusiera la mira en el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo— y otro el ya mencionado presentado por la que fuera interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Ambos dan claras muestras del desconocimiento de la actividad de inteligencia o de un intento de seguir destruyendo el sistema inmunológico de la Nación y en esto coinciden quienes se definen a uno y otro lado de la grieta.

La propia Elisa Carrió pidió la eliminación de la AFI en diciembre de 2018[2] y Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, propone nuevamente «crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general». En primer lugar, demuestra su desconocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, de nuevo, se observa la confusión de Seguridad con Inteligencia. Pero lo paradójico es que su crítica se centró en oportunidad de que saliera a la luz el espionaje llevado a cabo por María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, es decir, durante el gobierno de Cambiemos, del cual la Coalición Cívica fue parte. Según la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño, durante su gestión halló una fotografía y un informe de seguimiento a Carrió durante un viaje a Paraguay en 2017, es decir, durante el gobierno de Cambiemos[3].

Los del Frente de Todos apuntan al espionaje durante el gobierno de Macri pero olvidan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió también a un espionaje de consideración tanto de opositores como de allegados, al punto que se difundió que mandó a pinchar 20.000 teléfonos[4]. También el presidente Menem acostumbraba a espiar hasta a sus propios funcionarios.

Para concluir, tampoco se debe confundir «espionaje» con «inteligencia» y no se debe responsabilizar al organismo ni a sus agentes por el uso que le dan los políticos a esa estructura.

Por otro lado, la Ley 25.520 es una ley que puede ser mantenida en vigencia, más aún cuando lo que han presentado últimamente es verdaderamente un adefesio.

Propuestas en materia de Inteligencia
    • Establecer los Objetivos Nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de Inteligencia, los cuales deberán ser acordes a una agenda de Seguridad Nacional diseñada a los efectos de salvaguardar los intereses de la República
    • La Inteligencia es un atributo de un Estado y no de un gobierno, por lo que debería volverse a recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con un Secretario con rango de Ministro. Por un lado, se volvería a jerarquizar la actividad de Inteligencia y, por otro, tanto la sociedad como los medios continúan denominando informalmente al organismo como «SIDE».
    • Dejar inmediatamente sin efecto el Decreto 1.311 y restablecer el organigrama existente hasta la modificación implementada por la gestión de Parrilli y «La Cámpora». Eso reduciría considerablemente las direcciones creadas por el kirchnerismo y el macrismo y restablecería las jefaturas de División y Departamento, cuya desaparición ha hecho ingobernable al organismo.
    • Reestructurar nuevamente las diferentes áreas de bajo la conducción de un Subsecretario de Inteligencia Estratégica.
    • Crear, al menos, una delegación en cada Provincia con la finalidad de actuar en coordinación con el Gobierno Provincial, la Policía Provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales existentes en cada Provincia, como así también las unidades de las Fuerzas Armadas.
    • Crear delegaciones regionales de Inteligencia Estratégica que actuaran con las autoridades respectivas a los efectos de: a) recurrir a la Inteligencia Competitiva a los fines de analizar el mayor aprovechamiento de los recursos económicos regionales en favor de la producción y del empleo; b) analizar los medios de comunicación para favorecer la explotación económica regional y la integración regional y nacional, lo cual favorecerá, asimismo, a fortalecer la Soberanía Nacional.
    • Otorgarle a la ENI el lugar que le corresponde como máximo instituto de formación de la Inteligencia Nacional, la cual, en coordinación con un equipo idóneo de profesionales deberá reestructurar la forma de reclutamiento del personal, los cursos a dictarse y la carrera profesional, de modo tal que el organismo deje de ser una «agencia de empleo» a disposición del gobierno de turno.
    • La profesionalización del organismo debería evitar la intromisión del oportunismo político. La Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación pero no de los antojos del Presidente o de funcionarios políticos designados por la máxima magistratura nacional.
    • Atento a que la intención es dinamizar la inserción de la Argentina en el mundo, el personal de inteligencia exterior deberá gozar de una alta capacitación con el objetivo de que sus miembros puedan ser incorporados circunstancialmente al Servicio Exterior de la Nación para cumplir sus funciones en nuestras representaciones diplomáticas.
    • Deben reconstruirse con urgencia las áreas de Reunión y Análisis, toda vez que la Inteligencia es el resultado del análisis de la información recolectada.
    • Por medidas de contrainteligencia, el organismo debe ser relocalizado en un lugar discreto a determinar y alejado de la zona céntrica. De la misma manera la ENI podrá mantener su sede actual a los efectos protocolares pero sería apropiado que cuente con otra sede donde desarrolle sus actividades con la discreción que amerita la profesión.
    • A los efectos de estimular al personal deberá establecerse una meritocracia que actuará como un filtro natural en la carrera profesional. Se evaluará una recomposición salarial escalonada a los efectos de equiparar al personal con el Servicio Exterior de la Nación o el Poder Judicial y no con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como en la actualidad.
    • Debería considerarse la incorporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación dentro del organismo de Inteligencia a los efectos de que la misma se beneficie de la información de inteligencia y evitar la duplicación de las actividades.
    • Finalmente, debería evaluarse la pertinencia de la creación de una Asociación Profesional del Personal Civil de Inteligencia con el propósito de defender los derechos del personal de Inteligencia, promover su jerarquización, su profesionalidad y el federalismo, como base para el desarrollo de una Inteligencia no politizada para la Argentina.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Mendocino en la escuela de espías: “Vamos a cambiar la cultura del espionaje”». Sitio Andino, 06/08/2016, https://www.sitioandino.com.ar/n/207008-mendocino-en-la-escuela-de-espias-vamos-a-cambiar-la-cultura-del-espionaje.

[2] «Elisa Carrió pidió eliminar la AFI: “Hay que terminar con el oscuro mundo del espionaje y las operaciones”». La Nación, 28/12/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/elisa-carrio-pidio-eliminar-la-afi-hay-que-terminar-con-el-oscuro-mundo-del-espionaje-y-las-nid28122021/

[3] Luciana Bertoia. «Cómo la AFI de Macri espió a Elisa Carrió en Paraguay cuando se reunía con un carapintada». Página 12, 19/10/2022, https://www.pagina12.com.ar/490763-la-afi-macrista-siguio-a-elisa-carrio-en-paraguay.

[4] “Kirchner mandó a pinchar 20 mil teléfonos. La Política online, https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-55555/

©2022-saeeg®