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LA ERRADICACIÓN DE LA PESCA ILEGAL EN ALTA MAR PARA CONTROLAR EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS

César Augusto Lerena*

Cientos de buques, en su mayoría de China, Corea, Taiwán y España, depredan el Atlántico Sudoccidental. Foto: NASA.

¿A quién responde el administrador Favio Cambareri?

Hay entre 350 y 500 buques pescando los recursos migratorios argentinos en forma ilegal dentro o fuera de la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE), y ésta debe entenderse como ilegal, ya que pescar sin control de ningún tipo más allá de las 200 millas y depredar los recursos que migran desde la ZEE debe tipificarse de ilegal, ya que se atenta contra la sostenibilidad del ecosistema y contra los Estados ribereños que, como el litoral patagónico, tienen en el recurso pesquero un ingreso fundamental.

Contrario a lo que algunos juristas opinan y muchos funcionarios repiten, de que la pesca en alta mar es libre, absoluta y arbitraria por aplicación de la Parte VII art. 87º y 89º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) los buques extranjeros que pescan los recursos migratorios originarios de los Estados ribereños más allá de las 200 millas realizan pesca ilegal, conforme argumentos biológicos de sostenibilidad e interrelación de las especies y la interpretación ampliada de la Convención (análisis hermenéutico jurídico y biológico), en especial, teniendo en cuenta el art. 2º inc. c) de la Ley 24.543; el Preámbulo de la Convención y sus art. 55º; 56º, 58º inc. 3, 61º, 62º; 63º inc. 2; 64º; 69º; 70º; 94º; 100º; 101º inc. ii, 117º, 118º y 119º; su relación con los artículos 4º, 5º inc. d, 22º y 23 de la Ley 24.922 y las opiniones de la FAO (FIDI) respecto a que «las poblaciones transzonales son fundamentalmente “residentes” de las ZEE que desbordan unas millas hacia alta mar» (…) La tendencia de acordar con los Estados ribereños se interpreta como el reconocimiento de facto de un derecho privilegiado de éstos» (Munro, 1993; Lerena César A. El desacuerdo pesquero de Nueva York. El control del Estado Ribereño de la Pesca en Alta Mar, 14/01/2019) y, los Códigos de Buenas Prácticas de Pesca Responsable y Sostenible de la FAO, adoptados por la mayoría de los países.

Para ponderar lo que la pesca ilegal significa para la Argentina, aparte de las pérdidas económicas, podríamos sintetizar los daños sociales: esta pesca impide que 6 millones de niños y adolescentes argentinos reciban una ración diaria de proteína los 365 días del año que pondría fin al hambre y la desnutrición. Y de esto, se tendrán que hacerse cargo al fin, los gobernantes algún día. Nos estamos empezando aburrir de que el administrador de este consorcio (el país) no optimice la utilización de nuestros escasos recursos y nos empuje a la pobreza, a la indignidad y a la vergüenza internacional.

Si bien debería ser entendible que países como el nuestro —empobrecidos y con alto nivel de desocupación— estén a la búsqueda de inversiones extranjeras que generen desarrollo y empleo, es inaceptable que, la prestación de servicios que está en condiciones de realizar en forma directa el Estado los concesione a empresas extranjeras que operan sin control y que no solo se apropian de los escasos recursos con que cuenta la nación, sino que carecen de un plan rector nacional y regional, quedando la renta en manos de unas pocas empresas (en su mayoría extranjeras); tal es el caso, de la administración del Río Paraná, del Río de la Plata y del Atlántico Sur. Sus canales, puertos, transportes de mercaderías y explotación de los recursos. Todo está concesionado (privatizado) y, para llegar a ello, se burocratizó al Estado; se lo colocó en el peor grado de ineficiencia; se le quitaron los recursos; la corrupción y las negociaciones incompatibles con la función pública avanzaron y no se privilegia el mérito ni la carrera pública. Pertenecer al Estado es —en muchos países— un orgullo para cualquier persona calificada; lo era también en la Argentina pero desde hace muchísimos años es un refugio para la militancia política sin formación técnica alguna ni preparación en campo de la política y la administración pública.

La concesión de las potencialidades del país, son especialmente ineficientes, salvo para los concesionarios. Surgen de pliegos de licitación amañados que no suelen contemplar ventajas comparativas a las empresas nacionales que se presenten; tienen aportes del Estado, incluso, hasta cuando la prestación de los servicios no son probadamente deficitarios; no contemplan un plan de desarrollo en el sector o región con metas verificables; no se auditan en forma cristalina los procesos, los resultados, ni los pasivos ambientales, etc. Estas licitaciones se presentan con alcance “internacional” como si ello fuera un sinónimo de idoneidad y responsabilidad en la prestación de los servicios y, en realidad, esconden la intención de sacar de juego a los ofertantes nacionales a los que suele descalificar.

Observemos a las empresas que más facturan en la Argentina y veremos que gran parte de ellas viven de los negocios que les provee el Estado, al que califican de bobo, corrupto y deficitario y no debiéramos perder de vista: no hay Estado ni funcionarios corruptos sin la contraparte privada.

Pero vayamos al grano.

Dos ejemplos de llamados a licitación para la concesión de obras y servicios, sin proteger los intereses prioritarios y de desarrollo de la nación y de las provincias son el Decreto 949/2020 de concesión de la administración del Río Paraná (la hidrovía) y la canalización para el acceso a los puertos y el Atlántico Sur y la pretensión de adjudicar a empresas armadoras chinas un Astillero en Comodoro Rivadavia para que preste servicios de reparación a buques que pescan ilegalmente nuestros recursos dentro o fuera de la ZEE que, además, habrá inexorablemente de prestar otras tareas logísticas a su favor y al de otras empresas chinas igualmente ilegales. Ambos casos son un modelo colonizador que nos retrotrae a los siglos XVIII y XIX y deja en evidencia, por un lado, la falta de planificación estratégica nacional y, por el otro, la incapacidad de los funcionarios para administrar el Estado y potenciar la fuerza empresaria y laboral nacional.

¿Puede un subsecretario de Puertos y Vías Navegables o un Ministro de Transportes (Mario Meoni) establecer la política de producción y comercio de las Provincias del litoral y más aún, de la exportación argentina? por el solo hecho de tener una herramienta con la que se comercializan productos por unos 70 mil millones de dólares anuales transportados en unos 4.400 barcos de gran porte en su mayoría extranjeros, que contienen unos cien millones de toneladas de granos y productos del comercio internacional y nacional; se trasladan unos 25 millones de toneladas de cargas de cabotaje; 2 millones de contenedores y centenares de miles de vehículos y personas. Evidentemente NO.

¿Puede un simple Administrador de un Puerto de Comodoro Rivadavia (Favio Rafael Cambareri) establecer la política de administración de los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur?, un área donde se extraen con buques subsidiados y trabajo esclavo unos cuatro mil millones dólares anuales de pesca ilegal (el doble del total de las exportaciones pesqueras argentinas) que se comercializan en el mismo mercado mundial de los productos argentinos, generando un evidente perjuicio a las empresas pesqueras radicadas en el país; a la sustentabilidad de las economías regionales del litoral marítimo; a la sostenibilidad biológica del ecosistema y que provocan una internacionalización del Atlántico Sur que favorece la presencia del Reino Unido en Malvinas Absolutamente NO.

Avanzaré entonces en lo referido a este incoherente proyecto de adjudicar a empresas chinas el Astillero citado y sobre cómo reducir la pesca ilegal; pesca, que esta insensata adjudicación promovería a niveles insospechados, provocando un daño económico, social y biológico que afectará a la independencia de Argentina y a su soberanía nacional, con una mínima utilidad para la Provincia de Chubut, muy por debajo que las pérdidas directas que ocasionará y absolutamente insignificantes frente al daño económico, social y biológico que he mencionado.

Además de ello, este tema y otros relativos a cuestiones marítimas, fluviales, navales y pesqueros no pueden estar en manos de un mero administrador de un puerto. Éstas se enmarcan en una compleja trama que debería tratarse en forma integrada, escalonada y con un mecanismo de relojería, ya que la Argentina tiene el 52% de su ZEE y los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) ocupados. Al respecto, la Secretaría de Malvinas (Daniel Filmus) y algunos miembros del Consejo Nacional de Malvinas (Marcelo Kohen y otros) hablan de que el Reino Unido debe descolonizar Malvinas y negociar la soberanía; pero, al margen de que es erróneo creer que “descolonizar” llevaría necesariamente a la Argentina a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía insular y marítima (como prescribe la Constitución), por el contrario, las islas descolonizadas podrían quedar integrando parte del Commonwealth y es altamente improbable que si el gobierno no toma una serie de medidas previas de descolonización de la Argentina territorial y marítima (obviamente inversas a darle logística a los buques chinos ilegales) se pueda recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en los archipiélagos, las aguas correspondientes y la plataforma continental argentina, que nos disputa y ocupa el Reino Unido.

La Argentina es un país marítimo (su ZEE es más amplia que el territorio continental) pero, la cuestión marítima está sospechosamente ausente entre los argentinos; mientras tanto, distintos intereses, en su mayoría extranjeros, se apropian de estos espacios y recursos, ante la pasividad o la cuestionable acción de muchos de los funcionarios de las áreas pertinentes. El Mar argentino hay que ocuparlo y para ello hay que tomar una serie de medidas que alcanzan a éste, pero también al Río Paraná, el Río de la Plata; a las relaciones con la República del Uruguay y de Chile; a la presencia argentina en la Antártida; el estrecho de Magallanes y a las exploraciones en la plataforma continental en la ZEE o más allá de ésta.

Para ello debe encontrarse la organización del Estado que sintetice la multiplicidad de organismos que duplican sus obligaciones (la Secretaría de Malvinas; la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; la Subsecretaría de Pesca, la Comisión Administradora del Rio de la Plata, la Comisión Técnica del Frente Marítimo, la Comisión de la Cuenca del Plata, la Empresa Hidrovía Sociedad del Estado y las decenas de administraciones portuarias, etc.) en la que, a modo de accionistas, intervengan las provincias y sea dirigida por hombres probos, que cuiden y desarrollen los intereses nacionales y regionales. Un Ministerio del Mar y de los Recursos Hídricos, que entre otras tareas promueva la explotación de los recursos, la industria y el transporte naval nacional y la administración portuaria. Que lleve adelante en forma directa la canalización y dragados; que encontrarían mayor sentido si se promueve la utilización de la bandera argentina en la flota mercante y fluvial, para lo cual deberían reducirse las asimetrías impositivas, fiscales y laborales respecto a los armadores de otras naciones usuarias de las redes troncales fluviales, que se ponga al servicio de las producciones regionales los puertos y facilite sus exportaciones y el transporte de cabotaje, la construcción naval nacional, se efectué el control de las operaciones de embarque para evitar la exportación de productos nacionales a través de banderas de terceros países que facilitan el contrabando e impiden sincerar el volumen y la facturación de la producción y exportación nacional, etc. La reducción de los costos de los fletes debería ser un motor dinamizador de las producciones y exportaciones del país y, para ello, es fundamental disponer de puertos eficientes y transportes navales nacionales adecuados.

Se debe mejorar también la capacidad y eficiencia portuaria, tanto en el ámbito fluvial como marítimo, ya que es poco probable optimizar los costos y generar nuevos negocios si no se cuenta con los apoyos logísticos adecuados para las operaciones de armado, captura, desembarco, transbordo, transporte, almacenamiento y comercio.

Nada de esto parece preocuparle al Administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia Favio Cambareri, quien a la hora de promover la licitación del Astillero manifestó «no importa el origen de los fondos, lo más importante es el plan de inversión que tenga cada oferta» (Revista Puerto, 02/04/2021). ¡Con este criterio Sr. Cambareri, convoquemos también a los narcos a invertir! Me queda claro que para este imbécil (según la definición de la RAE), el fin justifica los medios y para reactivar un astillero, es capaz de convocar a quienes se llevaron ilegalmente desde 1982 a la fecha la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros originarios de la ZEE, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país.

En la misma declaración Cambareri también nos explica «que dentro de nuestro ordenamiento legal puede ingresar un buque pesquero extranjero, en la medida que no pesque en infracción dentro del Mar Argentino. Normalmente un buque que viene en navegación no está pescando, sobre todo cuando se trata de calamar, porque es un modo de captura que se realiza únicamente con la embarcación detenida (…) que en el Derecho de la Navegación existe lo que se llama paso inocente…». Bueno, Cambareri, hemos criticado reiteradamente que no se debería dar apoyo logístico en puertos uruguayos a cientos de buques que hacen tráfico con Malvinas o capturan en forma ilegal nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur. No podemos admitir ahora que eso ocurra en Comodoro Rivadavia. La navegación en el Atlántico Sur, trasladando recursos originarios de la ZEE, sean éstos extraídos en alta mar o en el área de Malvinas debe considerarse “no pacífica”, porque se trata de transportar una pesca ilegal (INDNR), además de un acto de piratería (captura de semovientes originarios de la ZEE) que, en el caso de Malvinas se agrava en perjuicio de Argentina, por incumplimiento del Reino Unido y los buques extranjeros de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Favio Rafael, lo que Ud. refiere sería como creer que a un ladrón sólo lo deberíamos considerar como tal si lo agarramos con las manos en la masa. Su planteo simplista y mercantilista, lesiona los derechos e intereses nacionales. La Argentina y el mundo quieren que se vayan. Aún sin ayudarlos tal vez no se vayan más. Si usted los ayuda, jamás podremos eliminar la pesca ilegal.

¿Tiene en claro Cambareri, sus limitadas atribuciones y las obligaciones inherentes al cargo de administrador de un puerto? A las que, usted además le agrega (aunque no les haga ningún favor) el de vicepresidente del Consejo Portuario Argentino. ¿Tiene idea de la magnitud del daño que podría provocar a la ecología del recurso y a la actividad pesquera (en especial la potera) la insensata apertura del puerto a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos? Sería bastante más adecuado que trabaje para hacer más eficiente y efectivo el puerto a su cargo, ayudando a modificar la matriz del transporte patagónico, que se realiza mayoritariamente por vía terrestre con evidente encarecimiento de los fletes, el deterioro de rutas y del medio ambiente. Que tal, si desde su posición le da competitividad al puerto que en la actualidad (2020) ocupa el último puesto de desembarcos pesqueros nacionales de merluza (4,8%), langostino (2,54%) y calamar (0,002%) y se pone a colaborar con la industria para que su puerto se posicione como exportador de productos de alto valor agregado. Y por cierto, por qué no se asegura de aplicar los procedimientos de prevención sanitaria necesarios para evitar que usuarios y trabajadores no contraigan el COVID-19.

Es sabido que entre 350 y 500 buques pesqueros y de apoyo logístico (petroleros y mercantes), subsidiados y con trabajo esclavo, se apropian de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y en el área de Malvinas, extrayendo un volumen que asciende al millón de toneladas anuales con un valor estimado del orden los cuatro mil millones de dólares, con la consiguiente ruptura del ecosistema biológico argentino; la competencia desleal en el mercado internacional; la apropiación del trabajo regional y desarrollo de los pueblos del litoral marítimo patagónico.

Ya me referí a varios proyectos de base para reducir la pesca ilegal; entre otros promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES); un Acuerdo de Complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la cooperación en el Canal del Beagle y el control del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico; perfeccionar el pre-Acuerdo con la Unión Europea (U.E.), en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico sur-sur); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) libres de aranceles a la U.E. y, c) mientras ello no ocurra, darle el mismo tratamiento arancelario que a Argentina a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina; establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa en forma prepotente el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y en el área adyacente a Malvinas donde migran especies originarias de la ZEE que luego son capturadas por buques extranjeros, fundado, en que la falta de control de Argentina en esos espacios marítimos impide controlar las extracciones, descartes y otras prácticas ilegales, que depredándose los recursos, comprometen todo ecosistema del Atlántico Sur; Declaración de delito penal a la pesca ilegal (Todos mis proyectos en poder la Cancillería Argentina).

Con el apoyo de las medidas precedentes hay que convocar a la flota nacional y extranjera a la pesca en alta mar, para contraponerse a la pesca ilegal. Por ello y con fundamento en las previsiones de la CONVEMAR, de que los Estados de Bandera y los Ribereños deben acordar la captura en la Alta Mar; constituyéndose estos últimos en administradores; además, de no crear las OROP (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero), que dejarían a la Argentina y a Uruguay en inferioridad de condiciones para administrar el ecosistema pesquero del Atlántico Sur; estimo necesario, llamar a Concurso para adjudicar las capturas en la Alta Mar y al respecto promuevo:

  1. El Concurso. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debe constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la alta mar y, hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la alta mar, en base a un pliego de condiciones.
  2. Las limitaciones. Entendiendo que en la actualidad los buques extranjeros pescan sin control alguno en la alta mar y, de igual modo, lo hacen con licencias ilegales otorgadas por el Reino Unido, se tratará de acordar en la mejor forma posible para asegurar la aceptación de las condiciones, salvo que no podrán participar —conforme la ley 26.386— del 19/06/2008 los buques de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
  3. Sanciones. Los buques que adhieran al régimen se ajustarán a la legislación argentina y ello supone, entre otras exigencias, la de llevar a bordo observadores, no efectuar trasbordos en la Alta Mar y hacerlo en puertos argentinos, ajustándose a las prohibiciones, infracciones, sanciones y otras de la Ley 24.922.
  4. El rendimiento Máximo Sostenible. Las empresas interesadas aceptarán las épocas de pesca y cuotas de captura otorgadas por la Autoridad de Aplicación en función del RMS del ecosistema global establecido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
  5. Derechos e impuestos. Tanto las embarcaciones nacionales como extranjeras habilitadas dispondrán del Permiso correspondiente y no pagarán derecho alguno de captura, impuestos internos ni de exportación desde la Argentina sobre las extracciones efectuadas en la alta mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la alta mar no pagarán impuesto alguno al gasoil. Es un absurdo la vigencia del art. 23º de la Ley 24.922 que exige el otorgamiento de permisos de pesca de gran altura a buques nacionales para pescar en la alta mar, debiendo pagar derechos a la captura. El gobierno debe eximir ya el pago de todo impuesto o pago derecho a esta pesca.
  6. Seguridad, Depredación y Contaminación. La flota naval y aérea de la Armada Argentina en colaboración con la Prefectura Naval asegurará el cumplimiento de la legislación argentina por parte de los buques y, en especial, que los extranjeros no pesquen dentro de la ZZE Argentina, no efectúen transbordos en la alta mar, se ajusten a las cuotas otorgadas y no depreden ni contaminen el mar.
  7. La Zona Común de Pesca. La Argentina acordará con Uruguay las capturas en la alta mar lindera a la Zona Común de Pesca con Uruguay.
  8. Otras bases del pliego de condiciones. Se omiten algunas cuestiones por razones de reserva y en la revisión de las presentes cláusulas o el agregado de otras debiera participar el sector empresario y gremial, para asegurar que las operaciones derivadas de la captura y transporte en alta mar no interfieran con las operaciones de los buques pesqueros que capturen en la ZEE Argentina.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la Mar (Manuel Belgrano).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS – FINAL (POR AHORA)

César Augusto Lerena*

Estamos en manos de los integrantes del Consejo para alcanzar la soberanía plena en Malvinas.

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Abraham Lincoln

El tiempo de la contemplación concluyó.

 

La Cuestión Malvinas es un sentimiento, el conocimiento del derecho internacional es solo una de las herramientas necesarias; pero, sin imaginación, conocimiento, pasión y esfuerzo incansable es poco probable que llegue el día de recuperar ese pedazo irredento del territorio argentino.

Domingo Cavallo, al ser designado Canciller el 8 de julio de 1989 era un economista que, dicen, de relaciones exteriores sabía poco y nada. Yo creo, sin embargo, que privilegiaba la economía sobre los intereses nacionales, de otro modo, nunca podrían haberse firmado los Acuerdos de Madrid y otros tantos con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido).

En su paso por la Cancillería se basó en el asesoramiento de diplomáticos de carrera que ya habían intervenido fallidamente en la política de Caputo relativa a la cuestión Malvinas (por ej. los Acuerdos Marco con la URSS). A propósito de ello, un día mantuvimos una reunión en la casa del expresidente Frondizi que, en ese momento, era asesor —con rango de Secretario de Estado— del presidente Menem (increíble la dignidad y humildad de Frondizi). El nos hizo saber, sobre la escasa preparación de Cavallo en la tarea que le encomendaban; aunque, nunca pensamos que luego haría pública esa opinión: «cuando Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue a mi casa, me llevó un libro de economía llamado “volver a crecer”. Entonces yo (Frondizi) le dije: Doctor Cavallo ¿así que usted es especialista en economía y se hace cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores?, Cavallo me respondió: Doctor Frondizi, ¿por qué diablos cree que lo vengo a ver? Lo vengo a ver para que me diga, que política exterior tengo que hacer» (La Capital de Mar del Plata, 22/11/1992).

En anteriores artículos he puesto en conocimiento o recordado, el preocupante perfil para las cuestiones de Malvinas de cuatro de los miembros del “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes” (en adelante Consejo): Balza, Kohen, Padín y Ruiz Cerutti y, tal vez, sea necesario conocer, luego de siete meses de sancionada la ley 27.558 quiénes son los restantes integrantes de este “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes” (en adelante Consejo) que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, de modo, de poder imaginarnos, con alguna certeza, cuál podría ser la política diseñada por este Consejo, destinada a cumplir con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Me limitaré a una síntesis por razones de espacio.

Antes de ello, veamos a vuelo de pájaro los fundamentos de esta ley, su alcance y limitaciones.

En el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por el que se somete a consideración del Congreso un Proyecto de Ley de creación del Consejo de Malvinas se indica que, se lo hace «con el objeto de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria, con perspectiva de género y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática, procurando fortalecer los consensos políticos y sociales que garanticen la continuidad de las políticas que sustentan la legítima e imprescriptible soberanía argentina». Aplaudimos la iniciativa.

Empecemos por hacerle notar a los redactores de ese mensaje (que suponemos pertenecen a la Secretaría de Malvinas) que en él se repite cinco veces la palabra “espacios marítimos circundantes” en lugar de indicar “espacios marítimos correspondientes”. Lo mismo ocurre —una vez— en los fundamentos del Decreto 822/20 reglamentario de la Ley 27.558. La Constitución refiere a “correspondientes” y, obvio, que el alcance del término “circundante” alcanza a un espacio infinitamente inferior al de “correspondiente”, más aún cuando los espacios marítimos son más amplios que los insulares y la Argentina tiene derechos sobre la Plataforma Continental más allá de las 200 millas. Los diplomáticos saben bien que éstas son cosas sensibles como para cometer errores en una Ley o un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Se ha fundado la creación de este Consejo en la diversidad de su integración para formular una Política de Estado, pero, la pluralidad y diversidad en sí misma, no es garantía de que se obtenga una estrategia adecuada a los intereses nacionales y mucho menos que resulte eficaz para el cumplimiento de una Política de Estado. Incluso, el consenso es una herramienta adecuada en los negocios donde todas las partes pueden perder algo, del mismo modo en las cuestiones internas del país, pero aquí se trata de que los integrantes, todos, cualquiera sea su formación, utilicen todas las herramientas disponibles para dar cumplimiento a la Política de Estado ya establecida. Por ejemplo, no puede haber consenso en “remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas” del Pacto de Foradi-Duncan; en acordar la explotación pesquera como ocurrió y consolidó la posición británica en Malvinas o como la propuesta de Marcelo Kohen de promover un plebiscito de los isleños para determinar su futuro, todas violatorias de la Constitución Nacional. La soberanía nacional no se negocia, pese a lo indicado en el inciso 1 de la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas.

La Política de Estado ya se definió en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional por voluntad de los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso General Constituyente de la ciudad de Santa Fe a los 22 días de agosto de 1994: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”; por lo tanto, no es necesario indicar en el mensaje del PEN que se “consolide como una política de Estado que trascienda los gobiernos y las perspectivas partidarias o sectoriales (…) a través de medios diplomáticos y pacíficos que permitan cumplir con lo prescripto por la organización de las Naciones Unidas (ONU)”, primero, porque ya es una Política de Estado Nacional la establecida en la Carta Magna y, segundo, porque si bien los medios debieran ser pacíficos, no necesariamente diplomáticos. Sería limitar las acciones del Consejo, que deben dedicarse a establecer con imaginación e inteligencia las tácticas adecuadas para alcanzar el objetivo prescripto en la Constitución y no como se indica: “cumplir con lo prescripto en las Naciones Unidas”, que se refiere exclusivamente a negociar con el Reino Unido la cuestión “en disputa” (léase la soberanía).

Por otra parte, la “Cuestión Malvinas” no «representa la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido», como refiere el citado mensaje, sino la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, territorios argentinos invadidos por el Reino Unido el 3 de enero de 1833 y ocupados en forma sostenida y creciente (los espacios marítimos correspondientes) hasta nuestros días por esta potencia imperial y colonial. Si aceptásemos que la “Cuestión Malvinas” se tratara solo de “una disputa” estaríamos colocándonos en un pie de igual con el Reino Unido, en una cuestión que nos asisten los derechos jurídicos, históricos, territoriales, incluso biológicos (los recursos migratorios argentinos), independientemente que la resolución de la ONU 2065 (XX) de la Asamblea General del 16/12/1965 haya reconocido la existencia de una disputa y la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales al respecto.

Respecto al alcance de los objetivos percibo otro error, ya que no se han incluido las cuestiones de la Antártida, que están directamente relacionada con Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y ello adquiere mucha importancia por la pretensión británica de su proyección sobre la Antártida. Esto lo confirma el propio secretario de Malvinas Daniel Filmus, cuando refiere: “claramente no hay ninguna intención, por parte del Reino Unido, que no sea tener una puerta de entrada a la Antártida…”, aunque esta afirmación sea solo parcial, porque hay aspectos militares y de control del acceso al Pacífico, entre otras. Del mismo modo, omitir las cuestiones de defensa, lo que también ratifica Filmus, cuando indica “…al mismo tiempo contar con la posibilidad de instalar una base militar de un país de la OTAN en un lugar estratégico” (Daniel Scarímbolo, Telam, 22/11/2020). Ello, entiendo que es una grave omisión o la consecuencia de las exigencias de los Acuerdos de Madrid I y II respecto a la navegación y comunicaciones de los buques y aeronaves de la Armada y Fuerza Aérea Argentina. Por otra parte, siendo el objetivo recuperar en forma pacífica Malvinas y los territorios marítimos, aparte de contar con especialistas en temas geográficos, biológicos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos (Art. 2º, Ley 27.558); es muy importante disponer de expertos en las cuestiones productivas, económicas, comerciales, sociales, comunicacionales y las relativas a los recursos naturales renovables o no; los puertos; los transportes; astilleros; buques, etc. y la radicación poblacional, industrial y laboral, fortaleciendo las provincias del litoral marítimo. Si bien el objetivo es recuperar Malvinas y los territorios marítimos, la estrategia que se aborde, tendrá que ver con las innumerables cuestiones que nos lleven a ello.

Entendida las necesidades de este Consejo, éste no podría cumplir con el objeto de su creación, si la coordinación y sus miembros no tienen en cuenta el alcance de los objetivos, su composición y la continuidad en el tiempo de sus miembros.

En esta etapa, no me cabe duda, que el principal paso debiera ser la “deconstrucción del andamiaje legal existente”, es decir la derogación de los Acuerdos de Madrid y demás acuerdos de subordinación a los intereses británicos y de otras potencias extranjeras que contribuyen a consolidar la posición británica en Malvinas y en el área meridional del Atlántico Sur. El segundo, el desarrollo de las estrategias necesarias para cumplir con el objetivo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y, para ello, podríamos tener en cuenta lo dicho por Rodolfo Colalongo (“Hacia un replanteo estratégico de la política exterior argentina en torno a las islas del Atlántico sur en el siglo XXI”, 1/9/2014) «existe una dinámica verticalista de las relaciones internacionales y, en este orden de ideas, cuestiones como igualdad soberana y horizontalidad en las interacciones funcionan como máscaras que ocultan la jerarquización del sistema. Sin embargo, esto no implica que aquellos países que ejecutan u obedecen las decisiones que otros toman, no puedan, alguna vez, y bajo ciertas circunstancias hacerlo. La autonomía se define como “la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real” (Puig, J.C. “Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. Instituto de Altos Estudios de América Latina, Univ. Simón Bolívar, 1980). Para alcanzar la autonomía es necesaria la conjunción de dos factores. Primero, la adquisición de recursos mínimos pero suficientes y, la existencia de “élites funcionales, o sea, dedicadas a emprender el camino de la autonomización”. A ello hay que sumarle la necesidad de mecanismos de cooperación entre los actores que estén (…) persiguiendo el objetivo de la autonomía para, de esta manera, obtener mayores probabilidades de éxito dentro de un sistema internacional flexible». Es claro, continúa Colalongo, que «la aplicación de la autonomía relacional (Russell, R. y Tokatlian, J. G. “Argentina, Brasil y EE.UU.: el desafío de una esfera de cooperación. Reflexiones en torno a nuevas estrategias para la política exterior argentina”. BA. Agenda Internacional, 2010) implica un cambio en la concepción de cómo hacemos una política exterior, de cuándo y cómo actuar solos o en relación con otros, en la forma en que trabajamos con las organizaciones internacionales tanto globales como regionales y en la manera en que planteamos nuestros intereses como país».

Empezando por lo básico, debería revisarse la norma de creación y reglamentación del Consejo y su integración.

En lo relativo a la delegación de funciones de los miembros del Consejo, prevista en los art. 5º y 6º de la Ley 27.558 y el art. 5º del Decreto 822/20 contrasta con la confidencialidad que se pretende de los consejeros. No parece una autorización seria para manejar cuestiones relativas a la soberanía nacional y elaborar las estrategias frente a la invasión territorial del Reino Unido y sus servicios de inteligencia.

En lo relativo a la continuidad de los designados, condición necesaria para diseñar estrategias a largo y mediano plazo acorde a la Política de Estado (Art. 2º inc. a); los legisladores, en su mayoría, tienen sus mandatos —al menos— hasta 2023, por lo que parece correcta su elección, aunque es muy probable que no tengan suficiente disponibilidad de tiempo para la realización de los trabajos que demandaría esta obligación anexa a su condición de legislador.

Respecto al carácter, llama la atención que, adoptando el Consejo “sus recomendaciones, con carácter no vinculante, por consenso” (Art. 4º), es decir, un cuerpo asesor, esté integrado por el propio presidente de la Nación o el Canciller, quienes debieran ser los destinatarios del asesoramiento y no parte de los asesores.

En cuanto a la composición, el número de integrantes designados se excede en cinco miembros, según lo previsto en la ley y su Decreto reglamentario 822/20 (Art. 3º inc. g, h e i), lo que constituye una irregularidad, pudiendo además a consecuencia de ello, manipularse las decisiones del Consejo. Además, no se fundan las capacidades o habilidades de cada uno de los designados (si es que lo están por Decreto por la función que cumplirán) y, si bien no creo que las capacidades puedan ser influidas por el género, tampoco se cumple en el caso de los legisladores con lo prescripto en el art. 3º ya que todos los titulares son varones y las suplentes mujeres. A su vez, el resto de los miembros son insuficientes para darle una continuidad a un trabajo que requiere coherencia, persistencia y una dinámica acorde a los cambios internacionales y los derivados de las acciones británicas o de otros países en la región y el mundo.

Respecto a que las funciones sean honoríficas (Art. 6º) supone que los designados tienen cargos públicos o actividades privadas para sostener la función y me parece una exigencia que genera dependencia, discriminación y dificultades a la hora de cumplir con las funciones asignadas.

En cuanto a que el Consejo dicte su propio Reglamento (Art. 7º) me parece que exige una discusión de objetivos y procedimientos y no la imposición de un instrumento por parte de la Secretaría.

Sobre el tratamiento de una serie de cuestiones de fondo (por ejemplos los Acuerdos de Madrid, el Pacto de Foradori-Duncan, el Acuerdo de Nueva York; el Convenio de Promoción y protección de inversiones británicas, ya vencido, etc.) y de otras herramientas que tienen que ver con las tácticas para cumplir con la Política de Estado, podremos ver qué tan dispuestos están sus integrantes a ser, un mero cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o diseñar esa política para ejecutar “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía nacional” o, el tiempo nos dirá, si como hasta ahora, la Argentina se limitará a solicitarle al Reino Unido que se siente a negociar la soberanía, como plantea la principal política de diálogo, del actual secretario de Malvinas Daniel Filmus.

En la sesión constitutiva el Consejo presentó una Declaración donde efectúa una serie de manifestaciones de reafirmación de derechos; condena al Reino Unido; rechaza la presencia militar; agradece a los organismos multilaterales; recuerda a los combatientes y pone de relevancia la importancia del Consejo “como ámbito abierto y plural (…) donde puedan intercambiarse ideas y asesorar al Presidente de la Nación sobre los cursos de acción para la construcción de una política de Estado sobre la materia…”.  Insisto, la Política de Estado está explicitada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, faltan herramientas para acercarnos a ese objetivo.

Me referiré ahora al perfil de los consejeros, para imaginarnos la política que se propiciará.

Respecto al secretario de Malvinas Daniel Filmus, habría que recordarle que ya han pasado siete meses desde la creación, el 04/08/2020, del Consejo y éste no se ha puesto en funcionamiento (salvo tres reuniones por zoom). A partir de esa fecha sus declaraciones relativas a las acciones que llevará adelante su Secretaría en la Cuestión Malvinas deberían pasar por el filtro del Consejo. A todas luces a la hora de elaborarse políticas dentro de este cuerpo (Art. 2 inc. a) la figura de este funcionario habrá perdido poder, el que se ha transferido al Consejo creado, salvo en el cumplimiento del rol de Coordinador asignado. Éste, conforme el Art. 8º “tendrá los deberes y atribuciones que se le asignen en el Reglamento Interno”. De acuerdo con la Ley y su Decreto reglamentario, el rol del secretario de Malvinas es de mera administración y coordinación del Consejo. Los consejeros a su vez deberían realizar su tarea en forma permanente y sin solución de continuidad, por la importancia, complejidad y dinámica de la cuestión Malvinas. No podrían limitarse a un par de reuniones mensuales. Por ejemplo, el Consejo Federal Pesquero, de mucha menor responsabilidad política que este Consejo, se reúne una vez por semana. Si pensamos que los consejeros deben elaborar una estrategia para resolver la recuperación de un espacio ocupado por el Reino Unido desde hace 188 años y, esos años han pasado gobiernos argentinos de lamentable política exterior y, es creciente la ocupación de espacios y explotación de los recursos por parte de los británicos, esas personas -seguramente- deberían trabajar a tiempo completo. A no ser, que quien fije las políticas sea el secretario y el Consejo sea un mero “mascarón de proa”, que quedarán “pegados” por la inacción o política errónea de aquel.

Entre los consejeros hay varios para destacar. No me cabe la menor duda el aporte relativo a los derechos humanos que pueda realizar el miembro honorario Adolfo Pérez Esquivel. En materia de derecho internacional público con conocimiento específico en la cuestión del Derecho del Mar, Malvinas y el Atlántico destaco la selección del académico y jurisconsulto Armando Abruza. Del mismo modo de Juan Gabriel Tokatlian y Frida Armas Pfirter, ésta última en particular, en los temas relativos a la Plataforma Continental, es un espacio que a raíz de su presencia en Malvinas el Reino Unido nos disputa más de 1,4 millones de km2.

Respecto a Mónica Pinto, si bien, desde hace más de treinta años que no publica nada relacionado con Malvinas, nadie duda de sus capacidades jurídicas como abogada, docente y decana de la Facultad de Derecho de la UBA; Académica de Derecho Internacional de La Haya en 2007 y por sus relevantes trabajos sobre cuestiones relativas a la defensa de los derechos humanos, aunque debo decir que su rol de abogada defensora de Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya me resulte decepcionante.

Mónica Pinto inició su intervención en esa oportunidad diciendo: “…me cabe el honor de dirigirme a ustedes sobre el Art. VI del Pacto de Bogotá, buscando que la corte se declare incompetente para zanjar el tema de fondo de la demanda interpuesta por Bolivia” (La Tercera, 04/05/2015) y si bien la CJI falló a favor de Chile, está claro que el resultado logrado no alcanzó el objetivo de cerrar la confrontación entre estos dos países vecinos. La demanda de Bolivia excede el interés territorial y la salida al mar, sino que se funda en razones históricas y sociales muy adentradas en el sentir boliviano, derivadas de la llamada Guerra del Pacífico (1879/1884) entre Chile contra Perú y Bolivia que terminó dándole a aquel el control de toda la costa boliviana, sus minerales y lo dejó sin soberanía marítima. Impuesto —manu militari— por el Tratado de 1904, Bolivia perdió unos 120 mil km2. Con posterioridad hubo múltiples intentos de arreglos, incluso relativos a canjes territoriales, pero lo cierto que los espacios perdidos por Bolivia y Perú representan para Chile el 40% de sus ingresos y, en el mejor arreglo, Bolivia no tendría derechos sobre el mar territorial ni la ZEE, sino a un triángulo de unas pocas millas cuadradas. Suscribo al respecto la opinión de Haroldo Dilla (Nueva Sociedad. octubre 2018) que aun ganando Chile la demanda boliviana para obtener una salida soberana al océano Pacífico, la cuestión no está resuelta porque, además, la Corte se limitó a resolver sobre los argumentos de Bolivia de “que, a lo largo de medio siglo, Chile le había hecho ofertas a Bolivia para una salida soberana al mar, y que estas creaban obligaciones que el vecino debería satisfacer”.

La posición de Chile es que habiendo ganado la guerra “nada tiene que negociar”. ¿Suena a un mensaje similar al de su aliado británico respecto a Malvinas? También, ¿El sentimiento boliviano no se emparenta con el “factor fuerza” argentino sobre Malvinas que refiere Rubén Moro? (“Historia del conflicto del Atlántico Sur, La trampa de Malvinas, Buenos Aires; Edivern, 2007). Por otra parte, tanto Argentina como Bolivia tienen en su Constitución (La Disposición Transitoria Primera en Argentina y el Capítulo IV el Artículo 267 I y II en Bolivia) el derecho permanente, irrenunciable e imprescriptible sobre sus territorios. En el caso de Bolivia del acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo que le quitó Chile en la guerra del Pacífico.

“En Chile, el fallo despertó los peores instintos chovinistas (…) incluyendo al presidente Sebastián Piñera; sin embargo, Chile tendrá que seguir cargando con el costo político internacional de ser un país usurpador, que proclama sus obligaciones como virtudes y cuyo aparato de relaciones internacionales —gobierne la derecha o la izquierda— parece empotrado en la época victoriana. Bolivia seguirá demandando su salida al mar —así lo prescribe su Constitución— y Chile seguirá negándole ese derecho, a pesar de haber varias formas de encaminar el tema. Lo que está en juego no es el comercio ya que Arica opera como un puerto boliviano, en el que la carga del 80% es de Bolivia y desde ésta exporta el 40% de sus productos. La deuda ética de Chile es cuestionable”. (Haroldo Dilla, pub. cit.).

Ante el rol de Monica Pinto en favor de Chile —el único país de habla hispana que denomina Falklands a nuestras Malvinas— su presencia en el Consejo genera desconfianza. En efecto, los abogados independientes y los docentes tienen la libertad de defender causas y distintas posiciones, aún aquellas que pudiesen afectar en un futuro la Causa Malvinas. El problema se presenta, cuando éstas integran el Consejo donde se deben diseñar estrategias para restituir la posesión de Malvinas a la Argentina.

Por otra parte, es muy importante la designación en el Consejo del gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella. La Provincia, seguramente, es la primera interesada en que se resuelva la cuestión Malvinas teniendo muy presentes sus derechos que le asisten sobre esta parte de su territorio. No debería estar ausente la Provincia en lo que se pueda resolverse respecto al futuro de las islas. En este sentido, la propia Res. 1514 de la ONU en su inc. 6º estableció el marco para las disputas de soberanía: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (por cierto, lo aplicable con relación a terceros países es también aplicable en la integridad interna). Asimismo, el Art. 6º de la Constitución Nacional y en especial el Art. 13º que establece que “Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso”. Del mismo modo, el Art. 2° de la Constitución de Tierra del Fuego reza: “La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la República Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular”. Una legislación absolutamente contraria al proyecto de uno de los miembros del Consejo, Marcelo Kohen, que propuso en 2018 escindir a Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, probablemente, respaldándose en el artículo 2º de la Ley 23.775, una ley, que es abiertamente inconstitucional y, muy importante, hiere la citada propuesta, el sentimiento de los fueguinos, quienes portan la antorcha de Malvinas.

Entiendo que se dejaron de lado a juristas, académicos, diplomáticos y, expertos de probada mirada nacional que hubieran garantizado el diseño de una estrategia malvinera sin cortapisas.

Indudablemente, la presencia de los excombatientes Adolfo Schweighofer y Ernesto Alonso es fundamental, pese a que debería haberse previsto una representación mayor, porque no han sido designados excombatientes muy valiosos, como César Trejo y otros. Los llamados Veteranos de Guerra deberían ser garantes de que, en los Acuerdos que eventualmente se arriben, no se cedan graciosamente los que se sostuvo con esfuerzo heroico de los combatientes (como lo ocurrido en casi todos los Acuerdos firmados de 1990 a la fecha) y, además, con la responsabilidad de quienes, habiendo participado de ese esfuerzo patriota, entienden, que hay mucho por hacer para recuperar la soberanía de Malvinas.

La exdiputada nacional (2009-2017) la socióloga Alcira Argumedo, es docente, fue parte de las “Cátedras Nacionales”. Acompañó a Pino Solanas en el proyecto que terminó en la Ley 26.659 referido al Régimen para la Exploración y Explotación Hidrocarburífera en Malvinas. Su presencia podría dar una mirada suramericana a las cuestiones relativas al Atlántico Sudoccidental.

La elección de los legisladores es todo un tema. Aquí se nota la ausencia en la Argentina de los Partidos Políticos y que las Plataformas Electorales no son de cumplimiento obligatorio para los legisladores y, así, los vemos votar en forma absolutamente antagónica a lo escrito en ellas. Un ejemplo: todos sabemos que el excanciller Dante Caputo fue el gestor inicial de los Acuerdos de Madrid y, no pudo concluirlos porque se aceleró el fin de su gobierno en 1989, aunque luego, como diputado, dio su voto afirmativo al “Convenio entre Argentina y el Reino Unido para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas en Argentina” suscripto el 11/12/1990 en Londres y aprobado por Ley 24.184 del 4/11/1992. Los Acuerdos de Madrid los terminó concretando Cavallo y casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones políticas con esta Ley, profundizaron los citados Acuerdos. Muchos de ellos se manifiestan luego contrarios a esos Acuerdos y si bien hay un consenso general de denunciar, observar o revisarlos, casi ninguno de los senadores y diputados de la Nación seleccionados para integrar el Consejo presentó proyecto alguno denunciando los Acuerdos de Madrid; el Convenio de Promoción y Protección de las inversiones británicas, el Acuerdo de Nueva York, el Acuerdo del Estado Rector del Puerto, el Pacto de Foradori-Duncan o, para reclamar al Reino Unido y/o las empresas extranjeras el resarcimiento económico por la explotación de los recursos naturales en el área de Malvinas desde 1982 o el pago de derechos aduaneros. La excepción fue la diputada Bertone que presentó una resolución de abstención a los Acuerdos de Nueva York.

¿Integra alguno de ellos el Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas? (Res. de la H. Cámara de Diputados del 17/05/2006 y la Res. Presidencial 374 del 01/04/2016 y 1399 del 27/09/2016 y Res. Presidencial 1878/2016 y Res. 1399/2016): no. El Observatorio inició sus actividades en 2012 y está sin funcionar desde 2019. Desde su creación se reunieron unas 25 veces (unas 3 veces por año) y la última en 2019, con una muestra fotográfica. El único miembro del Consejo que sí lo integró es Armando Abruza.

Entre los titulares al Consejo destaco entre los legisladores más ocupados en la Cuestión Malvinas al Senador Jorge Taiana (FdT, BA), excanciller que, durante su gestión, entre otras cuestiones positivas relativas a Malvinas, se destaca la suspensión de la investigación conjunta pesquera con los británicos, a través de las cuales éstos se hacían de información sensible que les permitía renovar las licencias pesqueras; la ratificación por parte de la Argentina de sus derechos sobre la plataforma continental ante la Comisión de Límites de la ONU; la sanción de la Ley 26.386 por el que se estableció restricciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas; el inicio de la localización de los excombatientes caídos en Malvinas y el establecimiento de la obligatoriedad de declarar el tránsito a Malvinas. El actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es firmante de la Ley de creación de la bicameral (1596/20) sobre Malvinas y el proyecto de resolución (1571/20) sobre la construcción del canal de Magdalena y cofirmante del proyecto de Ley (363/20) de traslado de la sede el Instituto Antártico Argentino a Ushuaia (Rodriguez); el proyecto de ley (364 y 365/20) de creación del polo logístico antártico al sur de Ushuaia (Rodriguez); el proyecto de ley (1016/20) sobre distribución del fondo para patrullaje en el mar (González).

Pese a su condición de miembro suplente (¿?) en el Consejo también destaco a la Diputada Rosana Bertone (Tierra del Fuego, Partido Justicialista) que fue gobernadora de Tierra del Fuego y es vicepresidente 2ª de la Comisión de Relaciones Exteriores y vocal en Defensa. Presentó varios proyectos propios sobre Malvinas, en su mayoría de Declaración y Resolución, de los cuales resalto: La declaración de interés “nosotros también estuvimos” mujeres en Malvinas GS y SS (5472-D-20); Declaración rechazo sobre instalación de un stand de los habitantes de Malvinas en Montevideo (4737-D-20; Declaración s/publicaciones s/incremento militar en Malvinas (3/3/15); Declaración interés de posgrado s/Malvinas en la Universidad de la Matanza (7/3/14); Ley declarando a TdF Capital de los VGM (3308-D-2011 del 23/6/11 y 1952-D-09 del 24/9/09); Declaración de repudio al R.U. por presentar ante la ONU una zona de exclusión alrededor de Malvinas y GS (4708-D-07 del 15/9/07); Resolución de repudio por incluir a Malvinas, GS y SS, Antártida como Territorio de Ultramar  en la UE (2417-D-05 del 29/4/05); Ley de creación de Comisión bicameral de Malvinas (2528-D-20 del 3/6/20); Declaración de Ushuaia de reivindicación de derechos sobre Malvinas GS y SS (1-D-2012 del 1/3/12); Decreto de rechazo y repudio a la Constitución de Malvinas (6248-D-08 del 7/11/08); Declaración de Repudio a la asistencia de Chile y Uruguay al acto conmemorativo del Reino Unido a la victoria del Reino Unico el 14/06/04 de Malvinas (5063-D-04 del 18/8/04); Resolución de Abstención del Acuerdo de Nueva York (196-D-02 del 7/3/02).

También como titular el Senador Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego, UCR) presentó el proyecto de ley (1303/20) de creación de la Comisión Bicameral de Malvinas (Blanco) y otros afines: Proyecto de Ley (1957/20) sobre investigaciones científicas en la pesca (Tapia); de Comunicación (1155/20) sobre puntos en disputa s/Malvinas (Blanco); de Declaración (1048/20) sobre colaboración de Uruguay Pesca ilegal (Blanco) y acompañó la Res. de apoyo a la UNdMP sobre premio Nobel Cardozo-Aro (1827-D-18 del 10/4/18).

El designado titular Juan Carlos Romero (Salta, y Juntos por el Cambio) en 20 años de legislador nunca presentó proyecto propio de Ley sobre Malvinas. Es Vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Incorporado como titular el Diputado Aldo Adolfo Leiva, (Chaco, Frente de Todos). No presentó proyectos propios de ley sobre Malvinas ni ocupa comisiones afines. Acompañó: Resolución para rendir homenaje a los combatientes de Malvinas (2773-D-20 del 11/6/20); Declaración de repudio instalación Stand británico en Montevideo (4737-D-20 del 11/9/20); Ley de otorgamiento de medalla de la Nación Argentina al Extraordinario valor en combate, al mérito, valor y heroísmo en Malvinas (2887-D-20 del 16/6/20); Ley de creación de la bicameral s/Malvinas GS y SS (2528-D-20 del 3/6/20).

Designado como titular el Diputado Fernando Suárez Lastra (CABA, UCR). Es vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores. No presentó proyectos propios de ley sobre Malvinas. Acompañó la Res. de apoyo a la UNdMP por el premio Nobel Cardozo-Aro (1827-D-18 del 10/4/18).

Incorporado como titular el Diputado Federico Frigerio, (Tierra del Fuego, PRO). Es vocal en las Comisiones de Defensa, Intereses Marítimos y Recursos Naturales. Presento como proyecto de Ley propio sobre Malvinas el proyecto de creación comisión bicameral de Malvinas (3224-D-20 del 30/6/20) y el proyecto de Ley de incremento sanciones a pesca ilegal (2133-D-20 del 19/5/20).

La suplente Senadora María Eugenia Duré (Tierra del Fuego, Frente de Todos), tiene la particularidad de ser de Tierra del Fuego y Vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presentó un solo proyecto de Ley propio sobre Malvinas: (2347/20) para garantizar la formación sobre Malvinas de los funcionarios públicos. Acompañó los proyectos de ley (1316/20) de creación de la bicameral sobre Malvinas (Rodriguez); (363/20) de traslado de la sede el Instituto Antártico Argentino a Ushuaia (Rodriguez); (364 y 365/20) de creación del polo logístico antártico al sur de Ushuaia (Rodriguez); (1016/20) s/distribución del fondo para patrullaje en el mar (González); la comunicación (1386/20) incorporando el mapa bicontinental en el DNI (Rodriguez); la declaración (2290/20) s/reclamo argentino de los derechos de Malvinas en la 75º Asamblea de la ONU.

La suplente Senadora Gladys González (BA, Frente PRO) no presentó proyecto de Ley propio sobre Malvinas y acompañó la Ley (1170/19, Pinedo) de modernización de la flota pesquera que autorizó garantizar la construcción de buques pesqueros con la cuota de pesca de propiedad del Estado Nacional.

La suplente Senadora Carmen Lucila Crexel (Neuquén, Movimiento Popular Neuquino). Es Secretaria Comisión Relaciones Exteriores. No presentó un solo proyecto de Ley propio sobre Malvinas. Presentó una Comunicación: (1465/18) para promover la celebración y firma de Convenio de Cooperación Educativa con el R. Unido y una Declaración (4558/17) reconociendo la asistencia del Reino Unido en la búsqueda del ARA San Juan.

La suplente Diputada Soher el Sukaria (Córdoba, Juntos por el Cambio). Es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. No presentó proyecto de Ley sobre Malvinas. Acompañó la Ley s/pesca ilegal (4805-D-2020) y la Ley de creación de la Comisión Bicameral de Malvinas (3224-D-2020).  

La suplente Diputada Roxana Reyes, (Santa Cruz, UCR). Es vocal de Comisión de Intereses marítimos. No presentó proyecto de Ley sobre Malvinas. Es cofirmante de leyes relativas a sanciones a la pesca ilegal (4805-D-20 del 15/9/20; 4276-D-20 del 19/8/20; 2133-D-20 del 19/5/20).

 

La política de “la declamación” y “el diálogo inconducente” tiene los mismos efectos que tuvo la política de “seducciónque “terminó siendo perjudicial y desfavorable para los intereses argentinos” (Bologna, Alfredo Bruno et al. “La política Exterior Argentina 1994-1997, CERIR, Rosario, 1998). Después de 56 años de espera, es necesario que los consejeros inicien un camino sostenido y sin pausas, ratificando con hechos lo que el pueblo argentino ya resolvió: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Frente al “El colonialismo visible que te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible que te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”, Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos”, 2000).

Estaremos atentos. El tiempo de la contemplación también concluyó.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS – PARTE 4

César Augusto Lerena*

El entonces presidente Carlos Saúl Menem con la embajadora Susana Ruiz Cerutti.

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas

De L’Éminence Grise en los Acuerdos de Madrid a miembro del Consejo Nacional de Malvinas

 

En línea de seguir relatando hechos en los que participaron algunos de los miembros seleccionados para integrar el Consejo Nacional de Malvinas (a 6 meses y 24 días de sancionada la ley 27.558) que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, de modo de poder imaginarnos, cuál podría ser la política diseñada por este Consejo destinada a recuperar Malvinas. Uno de ellos, es la embajadora radical jubilada Susana Myrta Ruiz Cerutti, que ha participado activamente en el diseño de las políticas de la Cancillería argentina en los últimos cuarenta y cinco años.

¿La selección de Ruiz Cerutti para el Consejo es una sorpresa, o no? Fue funcionaria en cargos o misiones jerárquicas en la Cancillería durante el Proceso Militar y en todos los gobiernos democráticos desde Alfonsín a Macri y ahora con Alberto Fernández. Casi eterna directora de la Consejería Legal; secretaria de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa y ministra post Caputo.

Ha sido multipremiada y se le reconoce un conocimiento superlativo del derecho internacional público aunque, es difícil imaginar, cómo se concilia su aporte jurídico, con su aceptada condición de radical (UCR); es decir, que, pese a su condición de funcionaria de carrera, tiene una posición política manifiestamente antagónica con el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria y el ahora Frente de Todos y, supongo también, con las políticas del proceso militar. Es evidente, que no es lo mismo ser un embajador de carrera (aunque algunos destinos sean muy sensibles), que ocupar los lugares más importantes de la Cancillería: ministra, secretaria de Estado y directora de la Consejería Legal. Si bien centraré su protagonismo entre los años 1985 y 1989, nada de lo que ocurrió durante sus 45 años en la Cancillería y en la política exterior argentina le fue ajeno; más bien todo lo contrario, la tuvo como protagonista y, en el caso de la gestación de los Acuerdos de Madrid, como una de las principales asesoras.

Esta gran pragmática de la política diversa estuvo bajo las órdenes de casi todos los cancilleres y vicecancilleres que manejaron las relaciones exteriores argentinas en los últimos años, desde Nicanor Costa Méndez hasta hoy Felipe Solá. “Sería exagerado decir que el nombre de cada uno de los Cancilleres remite a una política exterior distinta (…) pero la lista evoca directrices mutantes, incluso contrapuestas” (Pablo Mendelevich “¿Más cerca o más lejos?”. Di Tella en los medios. La Nación, 1/04/2012).

Caputo la recuerda a su lado durante las largas sesiones en Diputados, donde concurrió más de una vez para ser interpelado. “Susana se sentaba conmigo y me daba tranquilidad. Con ella cuidándonos las espaldas sabíamos que no había riesgo de que entrara ningún cañonazo (se supone los de los peronistas que hoy la convocan al Consejo). Sin embargo, y más allá de las idas y venidas, desde siempre sigue de cerca el conflicto con Gran Bretaña. De hecho, actualmente (NdA: en ese entonces) integra el Consejo Consultivo sobre Temas vinculados al Atlántico Sur junto al embajador Horacio Basabe, su principal colaborador en todos estos años, con quien ‘andan siempre juntos’ (…) con años de pragmatismo diplomático a cuestas, nadie puede asegurar que el calificativo no se deba en realidad a las célebres palabras de este pensador español: Yo soy yo y mi circunstancia (Adriana Balaguer, La Nación, 30/12/2012).

Ernesto de la Guardia el mentor. La Ley 17.094 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)

Ruiz Cerutti considera su maestro al embajador Ernsto de la Guardia (Leopoldo Godio, p. 128, 2018) y, al respecto, son interesantes las consideraciones de Roberto Roth que dan cuenta que algunos diplomáticos habrían contribuido (entre ellos Ruiz Cerutti) a la transformación de las 200 millas de Mar Territorial Argentino en Zona Económica Exclusiva: “Por la Ley 17.094 de 1966 la Argentina proclamó su soberanía sobre las 200 millas, la que fue acatada por la URSS y por los restantes países que tenían actividad en nuestra plataforma. El Embajador de la Guardia intentó sabotear la decisión de proclamar la soberanía en las 200 millas, con la colaboración de Elsa Kelly. El 10 de diciembre de 1983 asume el presidente Alfonsín con el Canciller Dante Caputo y la Secretaria de Relaciones Exteriores Elsa Kelly (la misma que no había logrado impedir la sanción de las 200 millas como mar territorial, seis años atrás) quien designa Embajadora ante los Organismos Internacionales de Ginebra a Ruiz Cerutti; la Embajadora que firmaría la CONVEMAR. El referido de la Guardia, embajador en Moscú, firma un Convenio de Pesca con los rusos, donde se introduce la terminología empleada en la CONVEMAR (aún no aprobada en Argentina) de ‘Zona Económica Exclusiva’. ¿Quién la introdujo en este Convenio? Ciertamente no los rusos, que no eran firmantes de la Convención (otro tanto pasó con el Acuerdo con Chile sobre el Beagle). La Argentina aparece aquí renunciando tácitamente a su ejercicio de soberanía y reconociendo en forma tácita a la CONVEMAR. Ya a mediados de 1989, con la ‘pretensión inocente’ de fijar las Líneas de Base, ya se había intentado infructuosamente aprobar un proyecto de ley que reducía a 12 millas nuestro Mar Territorial, con lo cual se hubiera puesto en vigencia parcialmente la CONVEMAR, cercenando los derechos argentinos”. (César Lerena, “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009, transcripción parcial). Roberto Roth amplía: “Las 200 millas argentinas, otra víctima del radicalismo. Tanto en la firma como en su ratificación intervinieron los radicales y los diplomáticos Elsa Kelly, Ernesto de la Guardia y Susana Ruiz Cerutti” (César Lerena, Ob. Cit.).

Este era el mentor de Susana Ruiz Cerutti. Para que vayamos conociendo a la alumna.

La CONVEMAR no estaba vigente en la Argentina y ya la introducían este grupo de diplomáticos en cuanto documento había. Mientras ello ocurría, ignoraban, pese a estar presentes, las muy importantes conclusiones y recomendaciones elaboradas por las Comisiones específicas de las 1ras. Jornadas sobre Problemática Pesquera realizadas en 1990, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata bajo el auspicio de la Presidencia de la Nación que, en su parte más saliente, decían: “…la CONVEMAR no rige, ni en el orden interno ni en el internacional, ni siquiera puede sostenerse su vigencia consuetudinaria, debido a la metodología de la negociación ‘global’ y por ‘consenso’. La legislación interna vigente contempla un mar territorial con una extensión de 200 millas, sin perjuicio de la libertad de navegación y sobrevuelo. Ello, a pesar de la existencia de un régimen diferencial en el espacio marítimo de 200 millas, limitando la navegación al tránsito inofensivo más restringido en un espacio determinado. Además, la Argentina, ha comunicado a las Naciones Unidas, que reclama el mar territorial de 200 millas, y como tal, figura en el informe publicado por la ONU en 1988”, quedando sin efecto siete años después con la ratificación de la Ley 24.543. En la recomendación, las Comisiones indicaron que: «no resulta conveniente la ratificación de la Convención, ni la adopción de la terminología empleada en ésta; debiendo insistirse en que la Argentina es titular de todos los derechos y potestades residuales, que no hayan sido expresamente delegados a la comunidad internacional o a terceros países”.

La influencia de los Consejeros Jurídicos en la Cancillería y la política nacional

Como dije, Ruiz Cerutti, aún radical, prestó sus servicios a todos los partidos políticos (sosteniendo posiciones políticas obviamente diversas) y también muchos de los cancilleres y vicecancilleres cumplieron al pie de la letra con sus opiniones jurídico-políticas. Es sabido que en los ministerios los asesores letrados suelen contribuir a las políticas de los ministros, pero en la Cancillería suelen fijarlas. Un ejemplo de ello es lo que refiere José Comas (El País, B.A. 26/5/1989) “El presidente argentino, el radical Raúl Alfonsín, designó para una situación de economía de guerra a su nuevo Gabinete de crisis, que debe gobernar el país hasta el próximo 10 de diciembre, fecha constitucional de culminación del mandato presidencial de seis años (…) La política exterior queda en manos de una mujer, Susana Ruiz Cerutti”. Aunque ya conocemos el fracaso de esta gestión, que motivó el adelantamiento de la asunción del presidente electo cinco meses antes (08/07/1989), sirvió para dejar claro el alcance de los consejeros legales y las limitaciones que muchos de ellos tienen en materia política.

Al respecto Leopoldo Godio (“El rol de los consejeros jurídicos en la política exterior argentina. El procedimiento decisorio entre 1983-1989”, UBA, 04/12/2018) indica que “resulta evidente que en el proceso decisorio de la Cancillería se requiere, explícita o implícitamente, la participación de la Consejería Legal (…). El Canciller recurre a su ‘mesa chica’ y en ella aparece como miembro permanente de ésta o, habitual funcionario de consulta, el consejero legal (…) Los entrevistados han destacado a distintos consejeros legales (…) que fueron ‘escuchados’ durante el ejercicio de la dirección: Hugo Caminos, José M. Ruda, Julio Barberis, Ernesto de la Guardia, José García Ghirelli, Elsa Kelly, Julio Barboza, Horacio Basabe y Susana Ruiz Cerutti, por mencionar algunos que continuaron la labor de Isidoro Ruiz Moreno (…) quien durante casi veinte años fue el titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y, simultáneamente, un muy influyente Consejero Legal de la Cancillería. Isidoro Ruiz Moreno fue el primero en ocupar esta función en la Argentina, creada por el expresidente Alvear. De su labor se destaca su opinión requerida por el canciller Ruiz Guiñazú (1941), referida a la conveniencia de no declarar la guerra al Eje…”. Lo que deja en evidencia, hasta dónde pueden influir; incluso en tándem estos asesores como, por ejemplo, Ruiz Cerutti con Horacio Basabe en varias cuestiones o con Elsa Kelly.

Durante la Cancillería de Caputo, los cargos claves fueron ocupadas por personas ligadas al presidente, no necesariamente diplomáticos y, si bien se reconoció (…) la formación del ISEN en los papeles, el verdadero núcleo estructural de este ministro estuvo encabezado por Raúl Alconada Sempé y Lucio García del Solar e integrado por Jorge F. Sábato, Hugo J. Gobbi, Elsa D. R. Kelly, Alberto Ferrari Etcheverry, Jorge Romero, Adolfo Gass y Susana Ruiz Cerutti (L. Godio “El rol de los consejeros jurídicos…”,UBA, 4/12/2018). Ello continuó tras la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, donde el nuevo Canciller Timerman instrumentó la renuncia de aquellos diplomáticos que el expresidente Néstor Kirchner consideraba conspiradores, entre ellos Susana Ruiz Cerutti” (Agensur.info, 09/01/2013). La liberación de la Fragata la salvó de la purga, no sabemos si del calificativo.

Susana Ruiz Cerruti. Malvinas, los Acuerdos de Madrid, del Beagle, de Irán y de Nueva York

Hay quién refiere que a Ruiz Cerutti “nada le molesta más que la contradigan” y ella misma se debe considerar “uno de los consejeros legales más representativos de la historia” como Leopoldo Godio también la califica (Leopoldo Godio “El rol de los consejeros jurídicos…” entrevista a Ruiz Cerutti, 23/11/2017, UBA, 04/12/2018). Ahora bien, más allá de estos autocalificativos, parecen imprudentes las declaraciones de un funcionario de su jerarquía —que intervino en la redacción de los Acuerdos de Madrid— referirse a ellos públicamente en esta forma: “al gobierno (…) le preocupaba la visión o percepción que había en Londres sobre el tema Malvinas y que se reflejaba en un comunicado del Daily Telegraph del 28/12/1999 (La Nación, 27/10/2000): en los pasados tres años, la Argentina firmó un conjunto de acuerdos que se acercan al reconocimiento de una independencia de facto de las Malvinas (NdA: ¿como si ella no tuviese nada que ver?). Reconoció a los isleños derechos de pesca dentro de un radio de 150 millas, llegó a Acuerdos sobre la explotación de petróleo y gas que nuevamente considera a las islas como una discreta entidad y, en agosto, los pasaportes de los turistas argentinos visitantes de las islas fueron sellados por las autoridades migratorias de aquellas. Es decir, la Argentina ha aceptado si bien no con palabras, con hechos, que las Islas Malvinas son británicas” (Ruiz Cerutti, 2000:13). Feas declaraciones de quien debe tener reserva sobre cuestiones de Estado.

Ya entrando en la cuestión Malvinas, Ruiz Cerutti participó activamente en la etapa de desmalvinización junto a otros protagonistas como Caputo y Cavallo; aunque hubo muchos otros, que al calor de la política de entrega y humillación nacional, favorecieron los intereses británicos; enfrentados por un pequeño sector que defendió el interés nacional que bregaba por la soberanía plena del mar argentino, el archipiélago de Malvinas, la preservación de nuestra riqueza pesquera y la industria nacional (César Lerena “Malvinas Biografía de Entrega”, p. 37, Bouquet Ed. 2009). Funcionarios cercanos al ex secretario de Relaciones Exteriores Juan Archivaldo Lanús, en 1989 opinaban que “la política de Caputo fue un retroceso estratégico imperdonable y, la desmalvinización, era algo más que retórica” (Ámbito Financiero, p. 37, 13/07/1989).

Respecto a los infamantes Acuerdos de Madrid, Ruiz Cerutti “es una de las que más trabajó en su gestación junto a los embajadores Lucio García del Solar, José María Otegui; Horacio Basabe y Jorge Vázquez” (Clarín, 14/10/1989; La Nación, 16/10/1989).

No podemos dejar de recordar que en el período de Dante Caputo fue donde se comenzaron a pergeñar estos indignos Acuerdos que luego se consolidaron con Domingo Cavallo y varios diplomáticos remanentes de origen radical, que trabajaron en forma absolutamente antidemocrática ya que, ni siquiera, los Acuerdos de Madrid fueron aprobados en el Congreso de la Nación. El expresidente Arturo Frondizi, le dijo a Domingo Cavallo sobre estos Acuerdos: “usted es ministro de un gobierno peronista, le voy a leer entonces la opinión de una revista peronista. Tomé una revista y le leí, ‘los Acuerdos de Madrid son una traición a la patria’ y le dije: ‘para los peronistas usted es un traidor a la patria’ (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega”, Bouquet Ed. p.75, 2009).

A propósito de ello, Ruiz Cerutti estuvo presente en la cocina de los Acuerdos de Madrid con Caputo y también con Cavallo. La delegación argentina que participó en las negociaciones en Madrid, ya en los tiempos de este último, se formó con el Embajador jubilado Lucio García del Solar como jefe de la Misión, el director de Malvinas José M. Otegui, el Consejero Legal Horacio Besabe, el asesor “en temas de pesca” (¿?) Aldo Dadone y el Embajador ante las Naciones Unidas Jorge Vázquez (Clarín, 14/10/89) y, en los “últimos tiempos estuvo colaborando con el grupo la ex Canciller radical y actual Embajadora en Suiza Susana Ruiz Cerutti’” (La Nación, Gobierno, pág. 4, 16.10.89).

Ya me he referido en un artículo anterior (Parte 3 https://saeeg.org/index.php/2021/02/19/la-estrategia-del-consejo-nacional-de-malvinas-parte-3/ ) a los hechos negativos que ocurrieron durante el tiempo que estuvo Balza al frente de la jefatura del Ejército y también a la opinión del Dr. Julio Carlos González quien calificó a los Acuerdos de Madrid como ruines, ignominiosos y “redactados por el Foreign Office” (Ob. Cit. pág. 129) y que, a raíz de ello, “el Atlántico Sudoccidental en la actual reformulación geopolítica del mundo, es un área decisiva en la confrontación Norte-Sur. Por lo tanto, su control por una potencia rectora del hemisferio norte como Inglaterra, con el consentimiento de Argentina, titular del espacio territorial y marítimo que conduce a la Antártida, crea la posibilidad de que nuestro país pueda ser el epicentro de un serio y grave enfrentamiento internacional” y, agrego, le ha permitido al Reino Unido ocupar 1,6 millones de km2 del sur-sur argentino, aunque la propia Ruiz Cerruti suma 400 km2 más invadidos: “La cuestión de la disputa de Malvinas no es ni ha sido una cuestión menor para la política exterior argentina, puesto que, entre otros factores que se considerarán a continuación, la extensión de los territorios involucrados abarca una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados situados en el Atlántico Sur” (Ruiz Cerutti y Romero Agustín, “Malvinas. Hacia una política de Estado”, 2001).

El propio Carlos Escudé (¡quién diría!) afirma, que “este período constituyó una etapa de negociaciones sin acuerdos, dado que las mismas no redundaron a favor de los intereses argentinos de recuperación de las islas, y se dio en contraposición a las etapas que se darían posteriormente, en las que la negociación de la soberanía quedaría fuera de la agenda” (Javier A. Orso, “La distinción entre cuestión y problemas sobre Malvinas como herramienta para la compresión de la política exterior argentina (1960-2010)” Departamento de Malvinas…” (abril, 2011).

“Disciplinada al poder (Ruiz Cerutti), aún en los casos más críticos, como el polémico Acuerdo con Irán, en cuya letra participó” (Natasha Niebieskikwiat, Clarín, 07/11/2014) y, aunque ella manifestase “…haber participado en solo en dos reuniones (septiembre/octubre de 2012) en la ciudad de Ginebra respecto al Memorándum de entendimiento” (Clarín 02/11/2017) no dejamos de pensar, que los asesores legales arman los documentos y muchas veces no participan en las negociaciones y mucho menos en la firma de los acuerdos.

Ruiz Cerutti, intervino también en las negociaciones del Conflicto del Beagle durante el Proceso Militar (1976/1983) y fue la única que continuó en 1984 durante el gobierno radical. Negociaciones, que se vendieron como un éxito, pero significaron la pérdida para la Argentina de las islas Picton, Nueva y Lennox, dando lugar al ingreso de Chile por primera vez al Atlántico Sur, rompiéndose el “principio oceánico(Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico) que nuestro país había sostenido históricamente, en contrario a la opinión de Chile. Fue agente argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el caso de la pastera Bosnia, en el que la Corte entendió, que “Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación” y le permitió a la pastera seguir funcionando hasta nuestros días. Trabajó en ello (Informe de Kohen, 21/02/2021, Ginebra) junto a Marcelo Kohen (hoy su compañero en el Consejo de Malvinas, ver https://saeeg.org/index.php/2021/02/09/la-estrategia-del-consejo-nacional-de-malvinas-parte-1/). El mismo que en 2018 formulara la descabellada propuesta de proponer se acuerde con los isleños (y se los planteo directamente a ellos) darles a los treinta años la posibilidad de un plebiscito para determinar si querían o no ser argentinos con la consecuente caída de toda chance de que Argentina recupere la soberanía en Malvinas y, también para destrabar el pedido de embargo de la Fragata ARA Libertad retenida en Ghana, donde luego de demorar seis meses para obtener la certificación de la OMI que acreditó el estatus militar del buque y su condición de inembargable, quince días después el Tribunal Internacional del Derecho del Mar liberó la fragata. Con amigos así, para qué queremos enemigos.

Ruiz Cerutti tuvo una importante injerencia en la política del gobierno de la Alianza. Según Agustín Romero (“La cuestión Malvinas: una hoja de ruta…, 2020) “en la estructura de la Cancillería a cargo de Susana Ruiz Cerutti, ella y los diseñadores de la política exterior de la Alianza habían tomado nota que las acciones y consecuencias de la política de seducción ditelliana…”, aunque en los hechos, se llevó adelante una lamentable política en la cual se sancionó la Ley 25.290 del 2000 que aprobó el llamado Acuerdo de Nueva York, que pone en manos de los Estados de Bandera las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) la administración de los recursos pesqueros del Atlántico Sur, favoreciendo al Reino Unido en Malvinas y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y dando lugar en 2001 a la absurda invitación del Canciller Adalberto Rodriguez Giavarini a coordinar con el Reino Unido la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Los negocios de la investigación experimental. Las líneas de base. La reducción del Mar Territorial Argentino a 12 millas y el dictamen Nº 67 de Ruiz Cerruti. Los intereses superiores de la Nación.

Intervino también, para satisfacer las exigencias británicas de aprobación de las Líneas de Base impuestas al Canciller Cavallo, quien promovió el establecimiento del mar territorial de 12 millas y, facilitó al Reino Unido hacer lo propio en Malvinas acogiéndose luego a la CONVEMAR y, demoler el bastión soberano de la Ley 17.094.

El Senador radical Luis Brasesco —su correligionario— en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado —bajo la Presidencia transitoria del Senador de la Rúa— ante la afirmación del Senador de Santa Cruz Pedro Molina (PJ) de que la limitación del Mar Territorial, podía significar —además— una pérdida importantísima de millones de dólares a la exportación pesquera”, preguntó preocupado: ¿cuándo vuelven los Senadores Eduardo Menem, Adolfo Gass, Hipólito Solari Yrigoyen y Julio Amoedo de Inglaterra?, más precisamente de Londres, ya que, ‘casualmente’, están hablando de temas vinculados con el dictamen” (Trascripción taquigráfica, fs. 24, de la reunión de Comisión donde se trataba el proyecto de “Líneas de Base y Delimitación de los Espacios Marítimos” presentado por el Senador radical Gass). ¿Senadores nacionales hablando sobre cuestiones relativas a la soberanía argentina en Londres nos preguntamos? Acciones de la diplomacia argentina. Todas muy significativas.

Nada parecía ser inocente en esos tiempos y en relación a ello, Ruiz Cerruti firmó el Dictamen Nº 67 que -entre otras cosas- “eximía del pago de impuestos a los buques extranjeros más allá de las 12 millas” para intentar subsanar los gruesos errores impositivos de un programa de investigación (Nota 636/89 del 11/04/89 al Subsecretario de Pesca con el que se intentó dar sostén jurídico al programa de Pesca Experimental y Demostrativa PEXDA, popularmente conocido como el negocio floreciente de la investigación pesquera”) por el que fue denunciada Ruiz Cerutti por el Senador Pedro Molinas por “traición a la Patria(La Capital de Mar del Plata, tapa, 18/08/1989), por hacer una interpretación violando normas vigentes en la Argentina, respecto a nuestro Mar Territorial (Ámbito Financiero, p. 35, 18/08/1989, Juzgado Federal 5, a cargo de Martín Irurzun) y ser, el referido dictamen, no solo contrario al intereses económicos argentinos, sino que su argumentación podría servir a los intereses británicos en Malvinas, ya que gran parte de los buques extranjeros pescaban en esa área con licencias del gobierno ilegal en las islas.

Si bien el problema de la “investigación”, el dominio de los recursos, el ingreso de divisas y los tributos comenzaron a resolverse, no podía esperarse que la excanciller Ruíz Cerutti manifestara en 1989 que “las capturas de los buques extranjeros no constituían exportación, porque fuesen pescadas más allá de las doce millas marinas”, ni tampoco, que emitiera opinión en el dictamen N° 67 “que nuestro mar territorial se limitaba a las doce millas marinas”, cuando estaba vigente la Ley 17.094 y, —como dije— la CONVEMAR recién sería ratificada por el Congreso en 1995 y entró en vigor un año después.

Nosotros (un pequeñísimo grupo que se oponía a los Acuerdos de Madrid, etc., en esos años), modestamente entendimos, que la embajadora, exconsejera legal; exsecretaria de Relaciones Exteriores, excanciller, etc. Ruiz Cerutti, habría estado sin facultades e ilegítimamente, proponiendo la desafectación de bienes públicos del Estado, pues, para la legislación vigente, el “mar territorial argentino” se extendía en esa época, hasta una distancia de 200 millas marinas y no a 12 millas como se dictaminaba; sin perjuicio de observar que la opinante, incursionaba en su dictamen en temas aduaneros ajenos a su competencia conforme a la ley de ministerios (t.o); las normas complementarias sobre competencia y, en forma también contraria a la legislación; a los intereses del Estado; y por ello, de todos los argentinos.

Nuestro punto de vista se fundaba en la exégesis de la ley 17.094; en los antecedentes y en la opinión del legislador, cuando al acompañar el proyecto expresó: “…Es de fundamental importancia delimitar con precisión la extensión del territorio nacional…”; en la concordancia del art. 1° de la ley 17.094 con los art. 2° y 3° de la ley 18.502, y en lo establecido en el art. 2340 inc. 1° del Código Civil reformado por la ley 17.711. También en la interpretación auténtica que da el legislador a la ley 18.502, cuando al fundamentar indica: “la ley 17.094 extendió el mar territorial argentino hasta la distancia de 200 millas…”.

Entendimos por lo expresado y por las demás consideraciones que formaron parte de las acciones judiciales y políticas emprendidas por nosotros, que las capturas por parte de buques extranjeros obtenidas bajo pretexto de la ley 20.489 entre las 12 y 200 millas, son alcanzadas por las previsiones del Código Aduanero y constituían exportaciones el día 110/4/1989. Tal afirmación no admitía dudas ni interpretaciones en contrario, menos aún si nos remitíamos a los fundamentos analíticos que el redactor de la ley aduanera da en el capítulo tercero “control en el mar territorial argentino y en la zona aduanera” al expresar “…1) no corresponde al Código Aduanero definir el ámbito que constituye el mar territorial argentino, que actualmente se encuentra precisado en la ley 17.094”.

El Profesor en Derecho Internacional Público Eduardo Hooft (La Capital de Mar del Plata, p. 7, 25/09/1989) dictaminaba: “No existe ningún texto positivo que declare enfáticamente que nuestro mar territorial argentino sea de 12 millas y, por el contrario, existen numerosos textos positivos que aluden sin equívocos a un mar territorial de 200 millas. Para la Justicia Federal el mar territorial tiene una extensión de 200 millas, porque la CONVEMAR no está vigente, rigiendo la Ley 17.094, en concordancia con otras leyes (17.500; 18.502; 20.136 y 20.489). Y como el Código Aduanero prevé la tributación para las mercaderías que salen del mar territorial, existe contrabando (…) El mismo Código Aduanero dice que ‘exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero’ (art. 9°) y el argumento más contundente, para probar que el Mar Territorial es de 200 millas, según el Código Aduanero, está dado por el artículo 126°, combinado con el artículo 129°”.

En tren de abundar, decíamos, podríamos agregar la opinión acreditada del profesor chileno en derecho internacional público Francisco Orrego Vicuña en su trabajo “Las reivindicaciones del mar territorial” que, es una opinión muy valiosa, porque: es chileno y bien conocemos las disputas limítrofes con Chile y sus buques pescaban en aguas argentinas bajo licencias inglesas. Una opinión calificada y valiente. En el mismo sentido opinaba el secretario de la Comisión de Pesca del Senado Alfredo Becerra en el proyecto (04/12/1989) que había elaborado, en contraposición al de Gass, donde se sostenía la vigencia de las leyes 17.094 y 18.502, y donde empleaba el concepto de Mar Argentino en lugar de ZEE.

Así lo entendimos en el informe AP5 que el día 14/08/1989 pusimos en consideración del expresidente Menem. Si el criterio sustentado por Ruiz Cerutti habría tenido alguna consistencia, hubiese carecido de sentido que soviéticos y búlgaros firmaran un Acuerdo de Pesca con Argentina, para capturar por fuera de las 12 millas marinas y, el Estado, se hubiera encontrado ante el peligro cierto de que los empresarios nacionales reclamaran la devolución de derechos a las capturas efectuadas entre las 12 y 200 millas. Un disparate.

La Subsecretaría de Pesca y, desde 1998 el Consejo Federal Pesquero, siempre dieron sostén técnico a todas las exigencias de la Cancillería respecto a los Organismos Internacionales, con el Reino Unido, las URSS (luego Rusia), la Unión Europea, Uruguay, Japón; China, Estados Unidos, Polonia y otros países. Por ejemplo, en la donación del gobierno de Japón de la Escuela Nacional de Pesca inaugurada por el expresidente Alfonsín en 1983 y el edificio del INIDEP habilitado por el expresidente Menen en 1994, dieron lugar a la sorpresiva aparición en el mar argentino de buques japoneses que pescaban “sin permiso” formal y en los ambientes portuarios se comentaba que se trataba de una contraprestación por las obras. Algo similar al proyecto abortado de Empresa Fishery Development of Patagonia Association que pretendía construir un Puerto en inmediaciones de la Bahía Uruguay (Santa Cruz) a cambio de ingresar y pescar libre de todo tributo, con 20 buques pesqueros japoneses.

Pese a este habitual manejo de las cuestiones pesqueras por parte de la Cancillería, bajo el “apriete” de intereses superiores de la Nación, el dictamen 67 de Ruiz Cerutti, no encajaba en la operativa habitual pesquera. El 15/11/1989 por Res. 439 la Secretaría de Pesca ampliaba la jurisdicción de pesca de los buques soviéticos en el mar argentino y no estando vigente la CONVEMAR se entendía que se los autorizaba a pescar hasta las 200 millas. Si se hubiera aplicado el criterio de Ruiz Cerutti se los habría autorizado a pescar dentro de las 12 millas; un espacio y límite que no estaba previsto en el Acuerdo Marco firmado por Caputo en 1986 y ciertamente un absurdo imaginarse buques de gran porte compitiendo por las capturas con las lanchitas amarillas. El propio subsecretario de pesca Luis Otero (El Atlántico, p. 4 26/08/89) destinatario del dictamen Nº 67 respondía: “Si yo tuviese que decirle cual es mi apreciación personal le diría que mi interpretación del tema es diferente”. El periodista le repregunta: ¿Cómo diferente? “Son interpretaciones que cada uno hace a su saber y entender (Otero era abogado) por eso respeto esa opinión…no la comparto… simplemente eso: no la comparto”. Ni el propio beneficiario estaba de acuerdo con el dictamen de Ruiz Cerruti y aplicaba el dicho: a los amigos hay que acompañarlos hasta el cementerio, no enterrarse con ellos.

Ruiz Cerutti, además, no podía dejar de saber, que el origen de los productos extraídos, transformados y conservados a bordo se define por el pabellón enarbolado por el barco, un tema no menor luego del Brexit, donde los productos de Malvinas seguirán entrando a la Unión Europea con bandera españolas o de joint ventures británico-españoles.

Circulaba en esos tiempos que el Embajador Horacio Adolfo Basabe, habría sido en realidad el que el 30/03/1988 elaboró el tristemente famoso dictamen N° 67 que suscribiría Ruiz Cerutti y el propio Senador Adolfo Gass reconocía que “el proyecto, en realidad, se debió a una lealtad al expresidente Raúl Alfonsín y, un reconocimiento a la labor de una alta funcionaria de la Cancillería radical cuyo procesamiento solicitó la Aduana”. Por aquello de que si mueve la cola y ladra es un perro, todo parecía indicar que se trataba de Ruiz Cerutti y, dejaba de manifiesto el pragmatismo de la política exterior, aún en perjuicio de los intereses nacionales.

A pesar de que no era necesario, porque estaba suficientemente claro y vigente, el alcance del Mar Territorial Argentino para tratar de convalidar la hipótesis de Ruíz Cerutti se modificó el artículo 585° del Código Aduanero por el artículo 10° de Ley 23.968 de Líneas de Base, sancionada en diciembre de 1991, cuatro años antes de la ratificación de la CONVEMAR. Se intentaba con ello dar final a las denuncias penales abiertas, y respuesta a los requerimientos de Gran Bretaña.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ámbito Financiero, “la Corte ratificó las 200 millas”, p. 18, 16.4.93) terminó cerrando esta serie de desatinos jurídicos de Ruiz Cerutti, cuando se pronunció —ante el recurso de la Prefectura Naval Argentina— según lo previsto en la Ley 17.094, contra el fallo del Juez en lo Contencioso y Administrativo Federal Osvaldo Guglielmino, quien había “declarado la nulidad de la multa y el comiso dispuesto contra un buque apresado cuando pescaba dentro de las 200 millas marinas, bajo soberanía argentina, frente a la Isla Rasa el 2 de marzo de 1989”.

¿Con estos asesores en el Consejo Nacional de Malvinas cuál será nuestro destino soberano?

La consulta a las Naciones Unidas y a Tribunales Internacionales sobre la Soberanía Argentina

Lo que ocurría hace treinta años parece seguir teniendo vigencia en nuestros días: el 25 de abril de 1999 Ovidio Bellando escribía para la Nación: “En la última reunión de directores de área de la Cancillería se dijo que la proposición del excanciller Dante Caputo de presentar ahora el caso Malvinas en la Corte Internacional de La Haya es una manera de salir al ruedo en vísperas de elecciones, ya que lo que realmente existe —se asegura— es una idea que se está apuntalando con la búsqueda de documentación, antecedentes y consultas a juristas internacionales. Esta idea, que el vicecanciller Andrés Cisneros comenzó a alentar hace varios años, es desarrollada desde hace casi tres meses por los juristas Julio Barberis, Susana Ruiz Cerutti y Enrique Candioti. Cisneros y el actual embajador en Londres, Rogelio Pfirter, habían viajado hace un lustro a La Haya para consultar sobre la viabilidad de esa acción a José María Ruda, el argentino que integró el máximo tribunal durante varios período y que lo presidio en uno de ellos. Se dijo entonces que Ruda había desalentado la presentación por inseguridad, no de la legitimación de los títulos argentinos, sino del proceso dentro de la institución, donde priman los matices del derecho anglosajón. Por otra parte, la presentación de una demanda en la Corte Internacional no obliga a la parte demandada a responder. La concurrencia tiene que ser de mutuo acuerdo. La Argentina no se presentó cuando, en 1947, Gran Bretaña hizo una acción por un tema vinculado con la Antártida, o sea que Gran Bretaña podría hacer lo mismo en este caso. Para integrar la comisión de juristas, Susana Ruiz Cerutti, entonces embajadora en Canadá vino al país y, luego de delinear las acciones, regresó a su destino. Tenía como primerísima tarea la recopilación total de los antecedentes. Una manera de tener todo preparado para que el gobierno que surja el 24 de octubre, o el próximo, o aun el próximo, decida recurrir al tribunal. El actual (por el gobierno) —dijo una fuente calificada— no tiene tiempo para hacerlo, pero dejaremos todo preparado para cuando se considere propicio”. Y Cavallo se hizo cargo del muerto, con el protagonismo que lo caracterizaba e intereses que representaba.

¿Hoy —además de Ruiz Cerutti— quién mantiene esta posición en el Consejo de Malvinas que José María Ruda ya había descartado? Al menos Marcelo Kohen. Varios expertos en derecho internacional público sostienen que sería una política suicida, donde la Argentina, por los argumentos de José María Ruda y otros, correría un serio riesgo de que concluyan definitivamente las aspiraciones de recuperar el territorio ocupado y perdiese aún más territorio nacional.

Ahora, ya en el siglo XXI habría que preguntarse ¿el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) fundado en 1963 no ha formado nuevos cuadros profesionales, que es necesario, recurrentemente apelar a la varias veces jubilada Ruiz Cerutti, en este caso para integrar el Consejo Nacional de Malvinas? ¿No hay algún estudiante avanzado del ISEN que pueda interpretar la CONVEMAR y, dicho sea de paso, buscar nuevos resquicios jurídicos y biológicos a nuestro favor? Y, finalmente, ¿quién la incluyó en este Consejo a sabiendas de su activa participación en la elaboración de los Acuerdos Madrid?; Acuerdos que gran parte del espectro político nacional entiende como perjudiciales a los intereses soberanos argentinos. ¿Es necesario convocar a uno de los autores de los Acuerdos de Madrid al Consejo para desatar este moño que enajena nuestra soberanía, nuestros recursos y el desarrollo nacional?

Pocas cosas angustian tanto que dejar pasar, en manos de unos iluminados, las oportunidades que tiene Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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