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NO ES LA ECONOMÍA, ES LA JUSTICIA

Marcelo Javier de los Reyes*

Los que ya tenemos varias décadas conocimos otra Argentina, muy diferente a la actual, por lo que cuando hablamos con los jóvenes y les contamos acerca se esa Argentina que nosotros conocimos cuando éramos chicos o jóvenes parecería que estamos hablando de un país de fantasía, de una ficción.

Hasta mediados de la década de 1970 la Argentina tenía una tasa de desempleo menor al 3%, el trabajo formal era la norma y los argentinos podían pensar en un país que tenía un horizonte prometedor más allá del contexto político nacional.

Recuerdo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, así como el sur y el oeste de la Provincia de Buenos Aires, eran zonas industriales y de mucha actividad.

La clase media y la educación pública, en la que nos enseñaban a respetar los Símbolos Patrios y a amar la Patria, eran lo que podríamos considerar dos virtudes. Esa educación pública nos había puesto en un lugar de privilegio y causaba admiración en el exterior.

La deuda externa no llegaba a los US$ 8.000 millones, si no me equivoco sería menos del 2% de la deuda externa actual. Éste no es un dato menor.

La Argentina contaba con unas Fuerzas Armadas con un poder regional considerable y era un país respetado y bien considerado dentro de la comunidad internacional a pesar de que ya había entrado en un período de decadencia.

Sin embargo, el gobierno militar que asumió en 1976 impuso una política liberal de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien retomó algunas imposiciones que se hacían desde el exterior, como

    • la desindustrialización,
    • el cierre de ramales ferroviarios, lo que respondía al denominado «Plan Larkin» diseñado en EEUU para desarticular el sistema ferroviario argentino, plan que le fue presentado al entonces presidente Arturo Frondizi, quien no pudo llevarlo a cabo pero que sí fue trágicamente implementado por el presidente Menem y
    • el sometimiento de la Argentina mediante el endeudamiento externo, lo que incremento la deuda de manera feroz e innecesaria. Fue así que para 1983, cuando los militares entregaron el poder, la deuda externa superó los US$ 45.000 millones.

Los militares argentinos fueron presos por otras razones, pero a Martínez de Hoz la justicia nacional no lo tocó.

La sociedad argentina depositó una gran esperanza cuando la democracia retornó en 1983, una esperanza que ha sido defraudada durante estos 40 años de una «partidocracia» en la que muchos políticos llevan décadas viviendo del Estado mientras lo destruyen.

Aquí quiero hacer una digresión para aclarar la diferencia entre «Estado» y «Gobierno» más aún cuando estamos nuevamente con un gobierno radicalizado cuyo presidente siente orgullo de destruir el Estado, al que representa y del que recibe su sueldo.

El Estado está formado por todos los argentinos, así como la Iglesia está constituida por todos los feligreses. No se concibe una Nación sin el Estado. Todo Estado Nación está conformado por un territorio claramente delimitado, una población y un gobierno. De tal manera que se trata de una organización política y humana.

El Estado es como un consorcio de copropietarios y el gobierno es como el administrador de ese consorcio. Si el administrador lo hace mal, no es el Estado el que lo hace mal y si la población eligió un mal administrador esa mala elección será responsabilidad de la población. Resulta ridículo que el administrador se proponga destruir al consorcio de copropietarios porque sería dejar sin sus bienes a quienes lo eligieron para que los administre. Desaparecidos los bienes, desapareció el consorcio de copropietarios y su razón de ser. ¿Podrían los copropietarios aplaudir y elogiar a ese administrador? No. Sorprende que un número considerable de argentinos elogie y se ponga contento porque un presidente se proponga destruir la razón de ser de la Argentina.

Volvamos a la historia reciente.

Es por todos conocida la famosa frase «¡Es la economía, estúpido!» una frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, que éste utilizó en la exitosa campaña de 1992.

En la Argentina le han llevado a buena parte de la población a creer que el problema es económico y siempre serán los economistas los que vendrán a salvarnos de nuestra caminata hacia el abismo pero en realidad ellos nos ayudan a apurar el paso hacia ese destino.

No quisiera generalizar pero los máximos exponentes que siempre están cerca de la dirigencia política, los que llegan a los cargos con poder de decisión en materia económica, demuestran que tienen dos grandes problemas:

    1. creen que su especialidad forma parte de las ciencias exactas y
    2. carecen totalmente de empatía.

Entonces vamos a aclarar estos puntos. La Economía no es una ciencia exacta sino una Ciencia Social. La palabra «economía» deriva del griego y hace referencia a la «administración del hogar».

Todos los economistas, quiero creer, que han leído el libro Economía de Paul Samuelson, quien en su introducción se pregunta «¿Ciencia o arte?» y aclara precisamente eso: «La economía no es una ciencia exacta». Afirma que es más que un arte pero cuyas predicciones pueden ser tan exactas como el pronóstico meteorológico. Claro está, como agrega Samuelson, que un banco o una empresa no recurrirán a un astrólogo sino a un economista.

Pero los economistas no pueden reducir todo a que «les cierren los números», que «no haya déficit fiscal», aunque siempre lo incrementan con las medidas que toman, las que más de una vez hasta los que provenimos de las humanidades percibimos que nos hundirán más que favorecernos.

Detrás de los números hay personas y muchas de ellas, los más necesitados, terminan siendo perjudicados por sus medidas.

No, no es la economía. Es la Justicia. Y no agregaré lo de «estúpido» porque quienes ejercemos la docencia jamás le diríamos a un alumno «estúpido», porque estamos para formar, para ayudar en la comprensión de determinadas cuestiones.

El problema fundamental de la Argentina es la falta de Justicia o la carencia de moral de buena parte de los jueces que responden al Poder Ejecutivo de turno, tanto por beneficiarse en su carrera profesional como por obtener beneficios económicos.

Aquí entramos en otro problema, el que nos lleva a comprender que, sin una verdadera división de poderes, no hay democracia, porque no hay un control de un poder sobre el otro. No hablaré del Poder Legislativo, cuyos exponentes no son dignos de considerarse representantes ni del Pueblo ni de sus Provincias, tanto sean diputados como senadores. Y los economistas que forman parte de los gobiernos parecen gozar de inmunidad porque, cuando en el mejor de los casos son investigados judicialmente por las medidas que toman como funcionarios públicos, terminan sobreseídos. A pesar de que a ellos no les cierre el blanco de sus respectivos patrimonios que, en general tienen el exterior, dicen que sus políticas están destinadas a traer inversiones a la Argentina. Curioso, ¿no?

Estimo que la mayoría de los argentinos queremos que en nuestro país se desarrolle la industria, que el campo produzca, que la producción se incremente, que la Argentina aumente considerablemente sus exportaciones. Porque la Argentina crecerá y se desarrollará cuando sus sectores productivos trabajen a pleno y no por contraer innecesarias deudas como consecuencia de malas administraciones, de negociados o de intereses externos que sólo aspiran a mantener a la Argentina de rodillas.

Para salir de este laberinto necesitamos de una Justicia independiente que condene a los funcionarios que traicionan a la Patria, los que la endeudan y la empobrecen. La Justicia debe constituirse en la columna vertebral para reorganizar y sanear la Argentina. Para eso se necesitan jueces probos y un sistema judicial ágil. Quizás podríamos pensar en una elección de jueces por parte del pueblo y no por parte del poder ejecutivo para garantizar esa independencia. Es sólo una propuesta.

Por otro lado, los argentinos tenemos que dejar de lado las divisiones, las que son instigadas por los mismos que se benefician de ellas: los miembros de la corporación política y los de la corporación económica y de medios, quienes se han aliado en el presente gobierno.

Precisamos tener en claro los Intereses Nacionales y que nada nos aparte de ese rumbo. El rumbo que debemos tomar es relevante y hay que definirlo clara y de manera urgente porque, como dice Paul Samuelson, «el futuro es más largo que el presente». Y en ese futuro están los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos.

En tal sentido, entonces, creo que hay que dar ciertos pasos:

    • terminar con las divisiones, lo que no supone suprimir el debate sino trabajar juntos pensando en el futuro y no en el pasado;
    • delinear el rumbo y la estrategia para desarrollar la Argentina en función de los Intereses Nacionales;
    • diseñar nuestro propio modelo de desarrollo;
    • recuperar una de las que fuera la característica de la sociedad argentina: «la movilidad social»;
    • lograr la emergencia de una nueva clase dirigente, libre de los vicios de esa dirigencia que nos ha traído a esta angustiante situación;
    • recuperar los valores de la sociedad.

Todo esto requiere de comenzar una «contra revolución cultural» para enfrentar a esa revolución cultural que nos sumergió en la desesperanza, en el desaliento y en una baja autoestima.

Debemos buscar nuevos caminos, nuevas opciones, pensar en el futuro, apelar al pensamiento estratégico para considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que la Argentina pueda echar mano para recuperarse.

Como ya lo he escrito en un artículo anterior, la sociedad debe ponerse «en camino», como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Y en este sentido los argentinos hemos sido privilegiados por esta tierra.

Peregrinar es alejarse, tomar distancia del punto en el que estamos, es caminar, ponerse en marcha, en silencio ―es decir, dejando de lado la confrontación estéril para pasar al intercambio de ideas―.

Sólo de esa manera podremos lograr nuestro objetivo común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España. ORCID 0000-0003-0411-4630.

©2024-saeeg®

 

PESCA. FUNCIONARIOS INEPTOS Y EMPRESARIOS SIN ESTRATEGIA

César Augusto Lerena*

El gobierno lleva adelante una política de desindustrialización y un proyecto aperturista; frente a ello, el sector empresario pesquero continúa con una política gremial atomizada, dubitativa y vetusta que aplica un modelo extractivo y exportador de escaso valor, muy lejos del resto de las exportaciones de recursos naturales. La pesca es una actividad desconocida y desvalorizada por funcionarios y consumidores. Mientras Coca-Cola sigue promoviendo sus productos, las bondades de la pesca no existen o solo tienen difusión nacional las noticias negativas.

La evidencia más antigua de la pesca se acaba de descubrir en grabados de redes y pescados de unos 15.800 años a orillas del Rin. Es decir, el período Paleolítico Superior, donde se manifiesta que la explotación de esta especie, no solo era una cuestión de subsistencia, sino que tenía un significado cultural y simbólico; sin embargo, se agotará en el Atlántico Suroccidental, si los gobiernos, empresarios y gremios, no modifican el modelo político, productivo y gremial-empresario imperante en Argentina desde la década del 60.

¿Los empresarios se habrán enterado que las reglas cambiaron? No tienen políticas de revalorización de la actividad; no avanzan sobre el manejo efectivo de la actividad y siguen con métodos predigitales frente a políticas cognitivas y de irrupción de las redes sociales.

El Consejo Federal Pesquero no es federal ni concentra el poder de la decisión. El subsecretario de Pesca carece de poder. Ha sido y es parte del problema. Ello diluye el ámbito de negociación, en especial cuando los representantes de las provincias no han siendo capaces de diseñar una estrategia común. Su poder parece delegado a un cuerpo que carece de tal atributo y solo es el mascarón de proa formalizando decisiones tomadas fuera de ese ámbito.     

El poder sectorial y la fragmentación empresaria. La multiplicidad de Cámaras y alguna Asociación por fuera de ellas, debilita el poder del sector. La “Intercámaras” parece suscribiendo el interés de todos ―parece una alianza electoral― pero, ello no alcanza ya que no logra expresar un verdadero poder de la actividad. Juntar Cámaras para suscribir una nota defensiva o recorrer despachos no agrega potencia a la voz ni mucho menos muestra la importancia del sector que requiere de un proyecto que esté por delante de las iniciativas gubernamentales que desconocen las particularidades del sector y, sobre todo, necesita de una evolución empresaria efectiva que pueda ser ponderada y no cuestionada. Cualquier funcionario desinformado califica a este sector como “mafioso que explota el recurso pesquero en forma gratuita”, mientras el sector sigue aferrado a un proyecto pre-industrial iniciado hace sesenta años, fácilmente atacable. No se cambia esta imagen con la botadura de un importante buque, con la construcción de una planta industrial o con fotos de empresarios reunidos en una feria internacional. Es “cartón pintado”, por el que se invierten miles de dólares para que luego un Subsecretario “que nunca pagó un salario” establezca la política pesquera, a la par de decir, que si fuera por él ya se hubieran adjudicado las cuotas de pesca. Pasamos de “El estado soy yo” de Luis XIV en 1655 a funcionarios que no representan el poder político ni a las empresas. Es poco serio por parte de los gobernantes, pero también de los empresarios y las provincias que no parecieran entender que de una buena administración de este recurso dependen los pueblos, las industrias, los trabajadores y proveedores y, la custodia soberana argentina de territorios muy vulnerables de la República.

Las empresas integradas en Cámaras están divididas por tipos de buques, por especies, por plantas exportadoras, por su radicación y tipo de proceso, por un conjunto de empresas que consideran que se agrupan asociadas porque entienden que son las que mayor volumen producen y exportan y, otras empresas que han formado nuevas cámaras por diferencias de distinto tipo entre empresas. A ello se agregan empresas que no están asociadas y a la intervención individual de algunos empresarios que circunstancialmente por vínculos personales están cerca del gobierno de turno.   

Ello lleva a debates con conclusiones parciales, retaceadas y a asociaciones coyunturales y transitorias frente al conflicto y no a la necesidad de elaborar una estrategia permanente que contemple el interés de todos. Aquí no aplica el “río revuelto ganancia de pescadores”, sino por el contrario el gobierno se refriega las manos al pie de los muelles, ya que esta política empresaria es errónea, claramente negativa frente a un gobierno que fragmenta (divide y reinarás) y no analiza detalles sino los números finales, muchos de los cuales, será tarde evaluarlos luego de cuatro años de gestión.     

La pesca ilegal extranjera. No se escucha a un solo empresario referirse a la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios o asociados en alta mar o en Malvinas, pese a que esa pesca afecta la economía, al ecosistema y necesariamente la pesca en la ZEE. No hay un solo plan gubernamental ni empresario para promover la pesca nacional en alta mar, eliminando subsidios, pago de derechos y acciones defensivas para contrarrestar la pesca subsidiada a distancia. Pareciera que los empresarios simplemente aceptan las reglas de juego que les impone el gobierno de turno y, aplican la reiterada consigna que ha estado vigente hasta ahora; aunque el “no hagan olas” no esté funcionando.

El libre acceso de buques extranjeros, las licitaciones, la vigencia y aumento de las cuotas de captura. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus que extranjerizaría el mar argentino, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Federico Sturzenegger, el cerebro y ministro desregulador insiste en mencionar al sector pesquero argentino como un ámbito mafioso. Calificativo que mucha gente concuerda y que ya sostenía hace 35 años atrás el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá (F.S. “Peronismo, Pampa y Peligro” p. 109-115, Ariel, 2018). El calificativo no ayuda, aunque también hay sectores prebendarios del Estado y empresarios de otros rubros que se los ve mal en la Argentina y no se los destrata, como diría Mirtha Legrand.   

Abrir el mar argentino a flotas extranjeras o colocar derechos a la captura sin analizar costos, retenciones, precios de comercialización; rentabilidad, etc., puede tener el mismo efecto: dificultar la sustentabilidad de las empresas nacionales y ceder las capturas a buques extranjeros que para hacerse de las proteínas pescan a pérdida o usan la actividad por razones geopolíticas. El aumento de los derechos de extracción (DUE) de 0,15 a 3,5 (Roberto Garrone, Punto Noticias, 17/11/24) es una muestra. Ello contrasta con los desproporcionados fondos aplicados a la administración (Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal Pesquero y la Nación) en relación a cualquier actividad productiva.

Las cuotas y autorizaciones están en manos de funcionarios en tránsito, sin la voz de quienes invierten, contratan personal y generan riqueza. Digamos, que el manejo oficial de la administración pesquera está en poder de burócratas y, los pescadores profesionales y los históricos usan procedimientos que, durante décadas les sirvió (y evito decir cuáles eran), pero que hoy son absolutamente ineficaces. El sector empresario pesquero no parece darse por enterado.

Los años de vigencia de las cuotas debieran ser proporcionales a las inversiones realizadas y especialmente de aquellas a realizar. Podrían ser 15 años, si el análisis del proyecto de cada empresa lo amerita; pero, llevar a un año la vigencia, carece de toda seriedad y estaría demostrando que el gobierno no conoce los pormenores de la actividad o que está pensando llevar adelante un proceso licitatorio, sobre el que ya nos hemos expresado.

Las exportaciones, la acuicultura y la generación de empleo. El sector pesquero dirige su producción a la exportación, aunque no tenga una representación importante en el complejo exportador argentino en el que solo alcanza el 2,5% de las exportaciones totales (INDEC, primer semestre 2024), donde se destacan con el 73,7% los langostinos y calamares y un 24,4% los pescados blancos. Exportaciones muy por debajo de sus vecinos Brasil, Chile, Perú, etc. Y, mientras que en la producción total mundial pesquera la acuicultura y maricultura alcanzan al 50%, en la Argentina están por debajo del 2%. De esto no se habla y debería ser una política prioritaria argentina para triplicar las exportaciones y la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.     

El hábito alimentario y el consumo interno. El 90% de la producción argentina se exporta y pese a que el gobierno debe administrar el recurso, nada hace para redireccionar una cuota-parte al consumo interno. Mientras los médicos nutricionistas y cardiólogos entienden que para mejorar la dieta el pescado debería consumirse tres veces por semana, la Subsecretaría de Pesca insólitamente promueve consumir pescado los días 19 de cada mes (Resolución 42/19). En un país donde los consumidores no conocen las bondades del pescado no puede esperarse que los funcionarios lleven políticas activas que acrediten el valor de esta industria. En la Argentina hay consumo per cápita anual de 4,8 Kg. Es el país con más bajo consumo en Suramérica que llega a un promedio de 9,8 Kg. Salvo algunos casos puntuales los empresarios no prestan atención al mercado local. Ni siquiera en las ciudades portuarias y pesqueras el consumo es mayor. Los programas sociales no tienen contemplado este alimento, pese a su alta calidad proteica y de grasas insaturadas y, la compra de los consumidores del pescado es reactiva ya que no está contemplada dentro de las compras programadas del hogar. Gobierno y empresarios son responsables de esto y, ello también, hace a la imagen del sector.

La reforma de la ley 24.922. La ley nació en 1998 y tuvo su rol en esos años. Después de 28 años de su sanción, en una actividad en discusión en el mundo pesquero, es insólito que no haya tenido cambios en cuestiones que se sufren: la integración del Consejo Federal Pesquero; la falta de jerarquía de la Autoridad de Aplicación; el otorgamiento de cuotas; el sostén económico de la administración, la investigación y el control y un centenar de temas que proyecten una actividad moderna para los próximos treinta años. El temor empresario es reverencial a alguna modificación que pudiese cambiar las reglas de juego estos años. Los empresarios no parecen darse cuenta que el cambio es irremediable y, cuanto más aporten intelectualmente, menor será el riesgo que los funcionarios de turno contribuyan con su desconocimiento. El Santos de Pelé impuso la estrategia de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”.       

La aplicación de multas. Su aplicación y sobre todo las de alto monto, muestran la incapacidad del gobierno de llevar una política de preventiva. Las últimas parecen destinadas a mostrar un cambio sancionatorio y no a llevar una administración ordenada. Todo el proceso es observable: desde la inspección hasta la sanción. Hay denuncias sobre incumplimientos graves y, otras recientes, que refieren a actos de persecución. Las multas no reparan los daños.

La soberanía y política poblacional. La pesca es una actividad central en la defensa de la soberanía marítima y en los amplios espacios de la Patagonia. La pesca ha servido para poblar e industrializar ese importante territorio nacional con baja densidad población. Más de 500 buques pesqueros habilitados son custodios del extenso territorio marítimo. El sector empresario no ha sabido darle valor y proyectar nacionalmente este hecho trascendente. Los gobiernos provinciales del litoral patagónico como hemos visto en estos días a cambio de unas monedas han planteado el absurdo de liberar sus puertos para dar apoyo a los buques que pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios.       

Manual Belgrano en el siglo XIX decía “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”. Los empresarios pesqueros no han sabido darle valor estratégico, económico, social, alimentario y sanitario a la pesca.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado – Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

 

LA CANCILLERÍA ARGENTINA ¿DECIME QUIÉN SOS VOS, DECIME ADÓNDE VAS?

César Augusto Lerena*

Por el artículo 18º de la Ley 22.520 le compete a la Cancillería Argentina asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a las Relaciones Exteriores de la Nación con los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales y, entre otras cosas, «entender desde el punto de vista de la política exterior en la elaboración e interpretación de los tratados, pactos, convenios, protocolos, acuerdos, arreglos o cualquier otro instrumento de naturaleza internacional…» y por el artículo 1º de la Ley 20.957 de la Carta Orgánica del Servicio Exterior de la Nación el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto tiene por función ejecutar la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial y por su artículo 24º prohíbe a los funcionarios del servicio exterior de la Nación “asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales” y “efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República” y en el caso de que los funcionarios no guarden fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional son pasibles de exoneración (Art. 43º). Parece claro que subordinar la política internacional argentina a la que fije Estados Unidos o Israel u otro país no se ajusta a lo prescripto a estas leyes. Una cosa es acompañar determinadas políticas y otra aceptar a raja tabla políticas extrañas.

Suscribo a la opinión de Diego Guelar a quien le “sorprendió más la designación que la salida de Mondino”. Suena gracioso, pero los argentinos estamos hartos que gran parte de los funcionarios ―administradores de nuestro Consorcio Nacional― sean ineptos. Aunque no suelo hacer “leña del árbol caído”, la Sra. Diana Mondino consideró “que todos los chinos son iguales”; manifestó que “los isleños tienen derechos”; acordó “el Pacto Mondino-Lammy” que reedita el Pacto Foradori-Duncan que promueve eliminar todos los obstáculos para desarrollar Malvinas; y “denominó Falklands en lugar de Malvinas”; una política más bien propia del personaje “Boluda Total” del comediante Fabio Alberti que acciones responsables de una Cancillería. Y que, pese a bañarse (no nos consta) y saber inglés, se ve que no estaba suficientemente habilitada para conducir semejante responsabilidad que le exige ―antes que todo― conocer la problemática del país y ser “un hombre” de mundo.

Por su parte, el presidente Javier Milei, quién manifiesta que “cuando iban a mis actos había muchas banderas de Israel”, en un evidente menoscabo a la bandera nacional ―ya que por la Ley 23.208 existe una sola enseña patria para todos los argentinos― no solo echó a la Canciller Diana Mondino por “un error imperdonable que le costó el puesto en treinta minutos” sino que además trató de imbéciles, arrogantes y traidores a la patria a aquellos diplomáticos al oponerse al boicot a Cuba, acompañando al tradicional voto argentino en las Naciones Unidas, como lo hizo todo el mundo y, muy particularmente, aquellos países que acompañan a Argentina en su reivindicación sobre la soberanía plena de Malvinas. Posición Argentina, por la que consideró que los diplomáticos “votaron cualquier cosa”, amenazando con sumariarlos y echarlos.

El amenazante Milei parece ignorar la vigencia ―entre otras― de la Ley 24.871 promulgada por su admirado Carlos Menem que reza en sus artículos 1º y 2º: «Las leyes extranjeras que, directa o indirectamente, tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países… Serán también absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, con el fin de provocar el cambio de la forma de gobierno de un país, o para afectar su derecho a la libre autodeterminación. Ninguna persona, física o de existencia ideal, puede invocar derechos, ejecutar o demandar la ejecución de actos, ni ser obligada a obedecer u observar, ya sea en forma activa u omisiva, medidas, directivas, instrucciones o indicaciones que sean consecuencia de la aplicación extraterritorial de las leyes extranjeras indicadas en el artículo anterior» y, por cierto, no podrá alcanzar ninguna sanción formal a los diplomáticos; aunque, en la práctica, es sabido podría afectar gravemente la carrera de los sumariados, sus ascensos y destinos, con el consabido freezer. La Casa, no es el mejor abrigo para los diplomáticos que se prepararon y revalidaron títulos para representar al país fuera de la Argentina.

Los diplomáticos están en estado deliberativo por estas amenazas; pero, yo entiendo, que más allá del daño moral y a la carrera profesional que cada uno de ellos pueda sufrir, el daño de la parálisis que provocará en el cuerpo diplomático será mucho más importante, cuando mayor estrategia se necesita para afrontar los grandes desafíos del mundo y la interpretación acabada de las potenciales y capacidades de la Argentina.

En el mejor de los casos, la Cancillería dependerá de un Presidente y de un Canciller iluminado sin contar con toda la estructura capacitada y experimentada que ―por supervivencia― evitará el debate de ideas y la emisión de informes internos contrarios al pensamiento único. Florecerán los amanuenses, los correveidiles, los genuflexos e idiotas que poco servicio podrán prestarle a la Nación.

Por cierto, a quienes intenten sancionar a diplomáticos por sus ideas se encontrarán violando ―entre otras― la ley 23.592 que adopta medidas, para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional quienes podrán ser reprimidos con prisión por alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de sus ideas políticas.

Mientras ello ocurre el buque británico Sir David Attenborourgh con bandera “Falklands” ingresa al Río de la Plata dentro del área del Tratado del Río de la Plata suscripto por Argentina y Uruguay en 1973/74 sin que se haya informado a la Argentina conforme al Decreto 256/10 y violando la Declaración de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2011 sobre los derechos argentinos de Malvinas que prohibía toda logística a buques con bandera “Falklands”, sin que ni siquiera haya una declaración de repudio de la Cancillería. ¿El efecto de la “obediencia debida” al pensamiento único del Presidente comenzó a funcionar?

Que Siga el corso, como escribió Francisco García Jiménez.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar