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ARGENTINA Y URUGUAY ESTÁN DESPERDICIANDO FUENTES DE PROTEÍNAS Y TRABAJO

César Augusto Lerena*

Con el aval del Inidep, se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales de anchoíta, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas.

 

Hace casi 50 años atrás, Argentina capturaba 40.000 toneladas por año de anchoíta (Engraulis anchoíta). El procesamiento de esa especie fue una de las actividades que dio inicio al crecimiento de un sector que hoy exporta US$ 2.000 millones al año. La captura y el procesamiento de esa especie generaban un importantísimo número de empleos y proveía de una fuente de proteína de alta calidad. Hoy la situación es absolutamente distinta en Argentina y Uruguay.

Ambas naciones, “decididos a sentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” firmaron en 1973 el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, estableciendo una Zona Común de Pesca, donde se encuentra la anchoíta. Lo que se haga con esta especie es de interés de ambos países, quienes deberían repartirse sus capturas por partes iguales.

Con el aval del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas (80% patagónicas) por año y Uruguay no ha realizado capturas y estaría estudiando iniciativas para destinar la anchoíta a la fabricación de harina. Dos pésimas formas de administrar los recursos e ignorar la pobreza, el desempleo y la desnutrición de ambos pueblos.

Hay casi 120.000 toneladas disponibles que podrían generar alimentos, empleo y divisas. Destinar a la fabricación de harina la captura de anchoíta es un acto de irresponsabilidad total, absolutamente incompatible con lo previsto en dicho Tratado (Art. 74º, 80º y, 82º) y es una depredación indirecta (no obtener un mayor valor agregado sobre una misma unidad capturada) y una violación al Tratado: “…la adopción y coordinación de planes y medidas relativos a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino…”.

Si Uruguay destinase a harina las 60.000 toneladas de anchoíta que le corresponden, generaría un total de 3.950 jornales de trabajo al año, aunque sería imposible controlar el volumen, la madurez sexual y el tamaño capturado (Res 3/02 y 14/14 de la Comisión Técnica Mixta). Por el contrario, si este volumen extraído se lo destinase al salado y venta a granel, se obtendrían unos 264.000 jornales. Si, además de ello, le agregase el fileteado, podría generar unos 6.000 empleos más.

Enviar la anchoíta y otras especies acompañantes a la fabricación de harina es una depredación indirecta inaceptable y, tanto es así, que desde 2004 esa práctica está prohibida por la provincia de Buenos Aires, cuyas aguas se comparten en la Zona Común, por entender que esta extracción destinada a la reducción “atenta contra sustentabilidad de la anchoíta y de las especies que dependen de ésta; provoca mayores costos y genera menor valor respecto a la utilización de su proteína para consumo humano; ocupa menor cantidad de mano de obra…”.

Por cierto, que esta acción uruguaya afectaría también a aquellos recursos reservados para Argentina, por lo cual la embajadora Mariana Llorente, presidenta de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, debería oponerse firmemente a esta iniciativa uruguaya. Cuestión que hasta ahora no hizo esta comisión y, llama mucho la atención, porque está integrada, además de la citada embajadora, por el subsecretario de pesca Carlos Liberman; el director del Inidep, Oscar Padín; la Directora de Planificación de la subsecretaría Gabriela Navarro; el representante del PEN ante el Consejo de Pesca Carlos Lasta y ex del Inidep, Ramiro Sánchez. Todos funcionarios que no deberían ignorar este tema.

Aunque no debería llamar la atención porque explotar solo 8.300 toneladas sobre las 60.000 disponibles para Argentina deja en evidencia una lamentable incapacidad administradora de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y, una violación del artículo 1º de la Ley 24.922: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos (…) la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina” porque implica perder un aumento del tercio del total de operarios que genera toda la actividad pesquera nacional, en un país con 11,3% de desocupación, 19 millones de pobres, 4,5 millones de indigentes y millones de personas que necesitan de proteínas de la excelente calidad y de las inmejorables grasas insaturadas que provee la anchoíta.

No dejaré de indicar que las especies no explotadas (excedentarias), además, deben ser puestas a disposición de terceros países (Convemar Art. 62, 69, 70 y 297), lo cual sería gravísimo, no solo desde el punto de vista de la administración del recurso, sino por la pérdida de nutrientes para nuestro pueblo. 

Es imprescindible e impostergable que ambos países apliquen el Código de Pesca de la FAO (“llevar a cabo la pesca teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales” y “otorgar prioridad a las necesidades nutricionales de las comunidades locales”) y usen, responsablemente, la disponibilidad del recurso; a mi entender, promoviendo y apoyando la constitución de pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la explotación para el consumo humano directo de esta especie, evitando la transformación en terceros países (Estados Unidos, España, Perú, Francia, Marruecos, etcétera) para asegurar el empleo en la Argentina.

Nos dice al respecto Juan Manuel Otero Ferres “en el Cantábrico, Francia y España, comparten un recurso idéntico, pero, tienen como Total Admisible de Captura (TAC) unas 29.000 toneladas por año, es decir 40 % menos que Uruguay, sin embargo, generan divisas anuales globales de unos 250 millones de euros con la participación de más de 400 empresas pesqueras que generan más de 35.000 puestos de trabajo directos”. Las exportaciones argentinas de anchoíta salada alcanzan un valor de U$S 3.445 la tonelada, un valor superior a los filetes de merluza y del calamar, según los valores oficiales.

En Uruguay se encuentra durmiendo desde hace un año (30/8/2020) en la Cámara de Representantes un proyecto que apunta a la constitución de nuevas pymes y cooperativas; la promoción del consumo directo y la exportación de anchoítas; la profesionalización de la pesca artesanal; la creación de nuevos puestos de trabajo; el aprovechamiento del remanente en la producción de aceites, levaduras, proteínas o concentraciones solubles con finalidades farmacéuticas o alimentarias, etc. y, sólo destinar los residuos a la harina.

Un proyecto similar en Argentina podría dar lugar a la creación de unas 25 nuevas empresas con una cuota anual de unas 2.000 toneladas de anchoíta y otras especies cada una generando empleos industriales y construcción naval. Aunque, debo reiterar, el modelo debería mutar porque se administra mal y se dilapidan recursos que necesitan todos los argentinos.

(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

Nota publicada en El Economista, 17/09/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-09-argentina-y-uruguay-estan-desperdiciando-fuentes-de-proteinas-y-trabajo/  

 

LOS PELIGROS DE LA DEFORESTACIÓN PARA NUESTRO PLANETA

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Picography en Pixabay

Los bosques son una parte importante del ecosistema mundial. Debido a factores como la expansión demográfica y agrícola, la deforestación y el comercio ilegal de madera, la protección forestal actual se enfrenta a una situación grave.

Muchos países y organizaciones internacionales participan activamente en diversos proyectos, debaten y resumen experiencias, refuerzan la cooperación y promueven conjuntamente la protección de los bosques.

El lema del día internacional de los bosques 2021, recientemente celebrado, promovido por las Naciones Unidas, ha sido “Restauración forestal: un camino hacia la recuperación y el bienestar”. El secretario general portugués de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que los bosques son vitales para el bienestar humano y la salud del planeta, pero el ritmo actual de su desaparición es escandaloso. Por ello, ha instado a los gobiernos, organizaciones e individuos a tomar medidas urgentes para restaurar y conservar los bosques con el fin de sembrar las semillas para un futuro sostenible.

En la actualidad, el statu quo de la protección mundial de los bosques no da motivos para el optimismo. La pérdida anual de bosques mundiales asciende a diez millones de hectáreas, el tamaño de la superficie terrestre de Islandia. En su última Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, la FAO ha señalado que un total de 420 millones de hectáreas de bosques del mundo han sido destruidos desde 1990.

Las formas de destrucción incluyen la deforestación, la destrucción de tierras forestales para la agricultura o el desarrollo de infraestructuras, etc. Los datos muestran que la población y la expansión agrícola siguen siendo las principales razones de la deforestación, la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad forestal. Según el informe, el 40% de los bosques tropicales fueron talados entre 2000 y 2010 debido al desarrollo agrícola a gran escala y el 33% debido a la agricultura local de subsistencia.

El contrabando de madera es también una de las principales causas de la degradación de los bosques: en algunos países, la destrucción del 90 % de los bosques tropicales está relacionada con esta actividad ilegal. En los últimos años, el clima extremadamente seco causado por el cambio climático ha originado incendios forestales en el mundo y disparó numerosos desastres indirectos.

En octubre de 2021, el Centro Común de Investigación de la UE informó de que 2019 fue el peor año para los incendios forestales en el mundo: solo en Europa, más de 400.000 hectáreas de bosques fueron destruidas y el área de reservas naturales afectadas por los incendios también alcanzó un nuevo máximo.

La supervivencia de los bosques está estrechamente relacionada con la sostenibilidad de la ecología en la Tierra. Se estima que las emisiones de carbono causadas por la reducción forestal representan entre el 12% y el 15% de las emisiones mundiales. Como subrayan el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la FAO en su informe mencionado, “la tasa de deforestación y degradación de los bosques sigue siendo alarmantemente alta. Esta es una de las principales razones de la continua pérdida de biodiversidad”.

El informe afirma que, con el fin de revertir la grave situación de deforestación y pérdida de biodiversidad, los países deben hacer cambios en la producción y el consumo de alimentos, así como proteger y gestionar los bosques y los árboles como parte de la construcción de ecosistemas paisajísticos integrados, a fin de reparar el daño ya producido.

Algunos países y regiones, en particular los que tienen abundantes recursos forestales (como el Brasil), están adoptando medidas activas para fortalecer la protección de los bosques y el desarrollo sostenible y lograr una transformación económica ecológica.

La Amazonía es una de las “tarjetas de visita” de Brasil. Su selva tropical tiene una superficie total de unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados, más del 60% de los cuales se encuentra en Brasil, y el resto en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana (antes Británica), Perú, Surinam (antes Guayana Holandesa) y Venezuela. La selva amazónica es la selva tropical más grande y rica en especies del mundo, representando el 20% de la superficie forestal del mundo. Se la llama pulmón de la Tierra y corazón verde.

El oxígeno producido por la fotosíntesis representa un tercio del oxígeno global. El dióxido de carbono absorbido cada año representa una cuarta parte de su absorción total del suelo. Por lo tanto, la cuenca del Amazonas tiene un impacto significativo en el clima global y el medio ambiente ecológico.

Con miras a proteger la selva tropical, el gobierno brasileño ha adoptado una fuerte legislación de protección ambiental para aumentar las sanciones por deforestación. El gobierno implementa una política nacional conjunta y centralizada de manejo de bosques tropicales y derechos de tala y desarrolla la tala sostenible. Todas las operaciones de tala en áreas de selva tropical deben ser autorizadas por el Departamento de Protección Ambiental.

La información sobre la tala de árboles, incluidas las especies de árboles, la altura, el centro de recogida, etc., se introducirá en el sistema de gestión para la trazabilidad futura. Además, el Brasil también ha reforzado la vigilancia de las actividades de tala en pequeña escala con la ayuda de imágenes de satélite de alta definición, mejorando así en gran medida la eficiencia de la protección de los bosques tropicales. El gobierno peruano, a su vez, está cooperando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el sector privado y las comunidades agrícolas para tomar medidas para reducir la deforestación, apoyar la selva tropical sostenible, y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los bosques tropicales.

Se han establecido actualmente más de cien áreas protegidas privadas en todo el Perú para promover el desarrollo de la agricultura sostenible, al tiempo que se apoya la biodiversidad de la selva tropical.

El gobierno de Benín ha actualizado recientemente sus políticas y reglamentos forestales, y está mejorando el sistema de impuestos forestales y desarrollando vigorosamente los recursos forestales. Benín ha invertido para lograr un aumento anual de 15.000 hectáreas de bosques plantados y ha aumentado su producción de madera a 250.000 metros cúbicos por año, proporcionando así oportunidades de empleo y aumentando sus ingresos públicos.

En Tanzania, el gobierno ha cooperado con las organizaciones internacionales pertinentes no sólo para formular planes para proteger los bosques del país y ampliar el tamaño de las reservas forestales, sino también para desarrollar proyectos de ecoturismo y proporcionar oportunidades de empleo a las comunidades alrededor de las reservas naturales.

La Unión Europea ha publicado una serie de documentos políticos en los últimos años, integrando estrechamente la protección de los bosques con las políticas de protección del cambio climático y de la biodiversidad. En 2003, la UE formuló un plan de acción especial para combatir la tala y el comercio ilegales. En diciembre de 2019, anunció un plan de acción para promover la protección y restauración mundiales de los bosques, y propuso directrices prioritarias para su protección, incluidas nuevas medidas reglamentarias, una mayor cooperación internacional y el apoyo a la innovación y la investigación.

A principios de 2020, la UE estableció un sistema conjunto y centralizado de información forestal y tiene previsto llevar a cabo futuros proyectos de seguimiento de la naturaleza y la biodiversidad, los bosques y el cambio climático, la salud de los bosques y la economía ecológica.

Gracias a una reducción sustancial de la deforestación, a la forestación en gran escala y al crecimiento natural de las tierras forestales en algunos países, la tasa de pérdida de bosques se ha ralentizado considerablemente. En comparación con los dieciséis millones de hectáreas de bosque de 1990 a 2000, la reducción de la superficie del bosque mundial de 2015 a 2020 ha disminuido, pero todavía hay mucho margen de mejora.

Con miras a fortalecer la protección ecológica, este año la FAO y el PNUMA han puesto en marcha el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. El fortalecimiento de la cooperación mundial y la restauración de los bosques degradados y dañados y otros recursos ecológicos se han convertido en uno de los principales objetivos de las relaciones internacionales.

La FAO declaró que el objetivo de las Metas multilaterales de Aichi para la Diversidad Biológica del Tratado (el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993) era proteger al menos el 17% de la superficie terrestre del mundo a través del sistema de reservas forestales. Ese objetivo se logró en 2020, pero todas las partes deben hacer más esfuerzos para garantizar esta protección.

La comunidad internacional también está estudiando activamente proyectos de cooperación para promover la ordenación mundial de los recursos forestales entre los países. La FAO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el PNUMA y otros organismos internacionales han colaborado en la elaboración del Proyecto de zona de protección integrada de la Amazonía, en el que participan nueve países y regiones.

El proyecto promueve la supervisión efectiva y coordinada de la reserva amazónica, y ayuda a reducir el impacto del cambio climático en esa zona ecológica y mejorar la resiliencia de los residentes al cambio ambiental.

El Organismo de Desarrollo de la Unión Africana (Auda-Nepad), el Instituto de Recursos Mundiales, el Banco Mundial y otras instituciones han puesto en marcha conjuntamente el Plan de Restauración del Paisaje Forestal Africano, cuyo objetivo es restaurar 100 millones de hectáreas de bosques en África para fines de 2030 con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, mejorar la adaptabilidad de los países al cambio climático y erradicar la pobreza rural. Más de 20 gobiernos africanos, así como socios técnicos y financieros, están participando en el plan.

La lección que debemos aprender es que debemos dejar de comportarnos como los gobiernos brasileños de hace años. Debido a su falta de conciencia ambiental, desde la década de 1970 los gobiernos brasileños han estado destruyendo bosques y recuperando tierras baldía en la región amazónica, construyendo redes de carreteras y desarrollando vigorosamente la agricultura y las actividades de cría.

La deforestación ilegal y los incendios forestales, así como la construcción de represas y la construcción de minas, han causado daños sin precedentes a los bosques amazónicos y las áreas protegidas.

Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que los bosques y los seres humanos puedan coexistir de manera más armoniosa.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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