Este año vencen las cuotas de captura de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra y polaca por 15 años y el mar está revuelto. El nuevo gobierno pasó de pretender licitar el recurso internacionalmente a que todo siga como está.
Entendamos: los que encabezan las cuotas adjudicadas y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar, son las empresas que encabezan las exportaciones argentinas. Alguien se imagina, en este escenario, donde un pequeño número de personas que ―salvo excepciones― se repiten en las últimas décadas, pueden adjudicar por 15 años la captura de unas 325 mil toneladas por año de recursos pesqueros de dominio del Estado; es decir, unos 5 millones de toneladas, cuyos valores de exportación alcanzan hasta los 26.000 U$S FOB ¿y no existan sombras de corrupción? Es una tradición oral y vox pópuli en los ámbitos portuarios que los permisos de pesca tenían un precio. Cuestión que a partir de convertir las cuotas «en transferibles» se blanqueó. El buque pesquero más caro sin cuotas y/o autorizaciones no tiene ningún valor.
Se entiende entonces, ¿por qué la adjudicación de cuotas puede dar lugar a actos de corrupción? El dueño de la Pesca es el dueño del pescado. El Estado le da en concesión a una empresa la captura de una especie cuya demanda está asegurada. El empresario, sentado en el escritorio y en tiempo real, va conociendo como se va llenando la bodega del buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida. El Estado le cede por 15 años «la gallina de los huevos de oro». Claro está, en la Argentina con los altos costos internos, la inflación imprevisible, sin proyecto y pendular, nada es fácil; pero, nada mucho cuesta poco.
Enrique Santos Discépolo en su tango «Cambalache» hace 90 años (¡!), inmortalizado por Carlos Gardel, ya nos decía: «el que no llora no mama y el que no roba es un gil, dale no más…».
Por un lado, el año 2024 comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca por la cual, mediante un simple pago de un canon, el gobierno les habría otorgado todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en los puertos nacionales, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en Argentina y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc. Un proyecto que es difícil de creer que hubiese sido elaborado por un incapaz; tenía vocación sancionatoria y ejecutaba la idea anarcocapitalista de liberar todo y ante semejante desatino «bananero» nadie podría asegurar que no habría escondido un retorno multimillonario. No hubiese sido la primera vez; pero, aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico, no solo en la Argentina sino en todos los países donde veían peligrar sus negocios en el país. Los WhatsApp de los gallegos explotaron entre ambos continentes. No querían quedarse solo explotando ilegalmente en Malvinas.
El otro extremo de «que todo siga como está» también podría tener su precio y de eso hablaron los medios nacionales (La Política Online) y especializados (RevistaPuerto.com).
Como consta en las Actas 10, 12 y 14/2024 del Consejo Federal Pesquero (CFP), todo el sector empresario pesquero, gremial y naviero envió apresuradas notas a este Cuerpo solicitando la prórroga de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de las referidas especies Las notas pudieron ser autónomas; pero, también podrían haber sido solicitadas por el Subsecretario de Pesca López Cazorla para curarse en salud y no innovar, contrario a las opiniones de Sturzenegger de que los empresarios no compiten y que por eso su intención había sido licitar.
¿Son necesarios estos extremos? Porque en esta nueva adjudicación no se innovaría en materia de mayores inversiones; tampoco se establece que el tiempo de concesión debería estar determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica; no se establece un aumento de la industrialización y el valor agregado; un mayor respeto por las autonomías provinciales o la exigencia de planes de desarrollo pesquero y comunitarios de cumplimiento auditables.
Las cuotas no puede otorgarlas el Consejo Federal Pesquero, sino una Comisión Técnica Ad-hoc designada al efecto que debiera evaluar y dictaminar previamente sobre la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados desde la sanción de la Ley 24.922 (recordemos la cajoneada Auditoría de la UBA) y además de las exigencias de la ley que, el otorgamiento no produzca una concentración indeseable en relación al resto de las empresas pesqueras, donde se establezca la «Unidad Económica Pesquera» que garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas para que no terminen transfiriendo sus cuotas, se incorporen buques con la mayor tecnología relativa a la eficiencia pesquera, reducción de la huella de carbono y que cuenten con sistemas de refrigeración para agua de mar u otros sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco que favorezcan la selectividad de las capturas; que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos a bordo o en tierra; no produzcan descartes en el mar sino que se desembarque y procese todas las capturas; el proyecto contemple el desarrollo de la producción en acuicultura o mariculturas en relación a las cuotas o autorizaciones de captura obtenidas; se presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresa.
Tampoco es posible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones. Un porcentual del total a capturar debe destinarse a ello. No olvidemos: se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto, no es posible que los fondos provenientes del pago de derechos, se siga haciendo como se lo hace, destinando sumas multimillonarias a la administración ineficiente y puesta en duda de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero (Ver Actas CFP 3, 8 y 11/24).
Ahora, dos medios son muy importantes para ventilar una corrupción que podría seguir vigente. LPO (La Política Online), que destapa la olla, y la Revista Puerto que da detalles elocuentes y, por su parte, la embajada de Estados Unidos que defiende los intereses de sus empresas radicadas en la Argentina. Nadie antes se había atrevido a tanto y en muchas escribanías podrían estar amarillos boletos de compraventa de permisos incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales, ahora basta un sótano. En cualquier caso, la justicia debería investigar aquellas de entonces y estas denuncias de corrupción; cuestión que parece una misión imposible, donde el Estado se pretende achicar, pero no a la hora de recaudar.
La Revista Puerto indica «la irrupción solapada de un grupo de operadores que, según pudo chequear este medio, convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo. De hecho, la persona a cargo de las primeras charlas mantuvo conversaciones con los representantes de las pesqueras más importantes del país en el microcentro porteño y algún sótano en la calle Paraguay. Según lo que pudimos saber off the record por fuentes del sector, el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza de negra que deberían pagar eran unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal LPO… algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno; pero, al parecer, el que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, de origen en Estados Unidos, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través LPO…Es decir que el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, sería en todo caso un apriete del ala de gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero».
Aunque los hechos tengan cierta coincidencia con la declaración del presidente Milei el pasado 02/09/2024 en la UIA: «Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes» (sic), hay una cierta confusión de quienes podrían ser los damnificados de haberse pagado esta supuesta coima. No son solo los empresarios, es nuevamente el Estado, porque esos 15 millones que habrían estado en juego, seguramente habrían de reducir el aporte del pago de los derechos de captura de los empresarios.
El Consejo Federal Pesquero (CFP) ante tan grave denuncia «habría suspendido la renovación de las Cuotas de Merluza y existen versiones ―dice la LPO el 04/09/2024― de la renuncia del funcionario a cargo». Aunque nos preguntamos porqué la suspensión estaría referida a la merluza hubbsi que tiene un valor del orden de los U$S 3.000 la tonelada y no también de la merluza negra, cuyo precio como dijimos supera los U$S 26.000 la tonelada y se vende a 32 dólares la libra (450 g) en Estados Unidos. También nos queda la duda si solo debieran renunciar el subsecretario de Pesca y presidente del CFP López Cazorla o el influyente delegado del ministro Caputo en el CFP Juan Pazo. En realidad, la suspensión y eventual renuncia se suman a darle crédito a la supuesta coima y en ese caso, la Autoridad de Aplicación por la Ley 24.922 el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta y todos los miembros del Consejo Federal Pesquero deberían renunciar.
Pero, éramos pocos y parió mi abuela. No bastaba con funcionarios, intermediarios y empresarios. Apareció Tío Sam. Porque, aunque Sturzenegger no lo sepa, en la Argentina hay innumerables empresas nacionales de capital extranjero. La actividad pesquera, si bien tiene muchos defectos, no está constituida por un empresariado nacional prebendario y el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA) es, a pesar de sus orígenes, de accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity y seguramente tiene muchos problemas para justificar el negro.
Ahora, los peticionantes cayeron en el peor momento para quedarse con unos dólares a cambio de adjudicar cuotas de merluza negra, porque como nos explica Seafood Media Group con un extracto de Associated Press, ya hay roces diplomáticos entre Estados Unidos y el Reino Unido por las licencias de ilegales de pesca otorgadas por este último en las islas Georgias del Sur (argentinas), como contrapartida a la pesca indiscriminada rusa de esta especie, pese a que en esa región los límites se imponen por consenso por la Comisión de Conservación de la Antártida (CCAMLR); razón por lo cual, «las autoridades estadounidenses, amenazan con prohibir las importaciones británicas de esa zona» y no es un tema menor que algún referente del gobierno le hubiese requerido coimas a una empresa de capital americano, porque Estados Unidos es el primer comprador ―en volumen y precio― de merluza negra en Argentina. «La disputa indica que los esfuerzos de Rusia por socavar a Occidente llegan a las regiones más remotas, tradicionalmente al margen de las batallas geopolíticas» y tampoco parece haberlo entendido la Cancillería, cuyo gobierno dice estar alineado con el país del norte.
Hay cometas y cometas. Ésta habría sido de las peores: desmesurada y extorsiva. Y el gobierno va a tener que dar rápida respuesta al requerimiento de informes que al respecto efectuó el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el ex Intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, a la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal de Pesca, en el cual manifestó que «A partir del estado público de que se habrían producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector que, culminaron con una denuncia efectuada por la firma IBERCONSA, ante la Embajada de Estados Unidos, quien asevera se le efectuó un pedido de coimas de 15 millones de dólares por parte de los emisarios del Gobierno Nacional» y ante «la inusitada gravedad que el hecho traduce, en la que se estaría denunciando la existencia de actos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública que habrían llevado a las empresas extranjeras impropiamente requeridas a poner en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos sobre la comisión de un hecho de corrupción que, para mayor gravedad, se proyecta sobre recursos naturales estratégicos de la Nación ―como resulta ser el pesquero― justifican el requerimiento de información que se efectúa, correspondiendo aclarar que la actividad referida ―denunciadas en los informes periodísticos relevados― resulta constitutiva de conductas tipificadas por el Código Penal y contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por ley 26.097».
«Vale remarcar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno, una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1º y 33º, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria, v.gr., arts. 38º (partidos políticos) 41º (derecho ambiental) y 42º (derechos de los consumidores y usuarios) … Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75º inc. 22…la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759…la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la ley 26.097, etc. razón por la que solicito a los funcionarios, ponga a disposición del suscripto la información requerida, dentro de los plazos legales».
Y sería bueno que lo hagan; el pueblo quiere saber de que se trata y obrar en consecuencia. Hay que achicar el Estado de los que se valen de éste en forma corrupta e indecorosamente para su provecho.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar
Debido a una denuncia efectuada por el diputado Palazzo, se conoció el envío de reservas de oro al Banco de Inglaterra, aunque también es posible que hayan partido al Banco de Pagos Internacionales de Basilea por parte del ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, todo lo cual fue realizado en el mayor secreto. Al conocerse la noticia Caputo trató de justificar el envío diciendo que era para «obtener rentabilidad», aunque es sabido que esos bancos no dan renta alguna por recibir reservas de oro. En este caso se enviaron las reservas, para obtener un préstamo en dólares y utilizarlas como garantía del pago o, eventualmente, liquidarlas al precio del mercado internacional y obtener el dinero para pagar deudas. Esto de enviar reservas de oro al exterior lo hizo Federico Sturzenegger durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández debió recomprar esas reservas, cuyo valor era de casi 460 millones de dólares. No cabe sorprenderse de estas acciones, ya que estos personajes están acostumbrados a negociar con los bienes públicos sin dar cuenta alguna de lo que hacen. Aunque Caputo debió blanquear el envío no aclaró en concepto de que se enviaron las reservas, qué tipo de rentabilidad se va a obtener, qué tiempo van a estar depositadas fuera del país, cual fue la urgencia en enviarlas y porqué se hizo sin que hubiera conocimiento público de la decisión.
Como en el gobierno se publicitan hasta las nimiedades y el vocero presidencial cuenta hasta los despidos de funcionarios y empleados comunes que son eyectados de la función pública, en este caso se prefirió el ocultamiento y eso generalmente ocurre cuando existe algo que esconder y la decisión no es transparente, ya que de lo contrario no había razón para no dar a conocer el envío del oro.
Estas acciones no deberían sorprendernos respecto a la dupla Caputo – Bausili, porque ya hicieron de las suyas durante la gestión de Macri, siendo Caputo Ministro de Economía y luego presidente del Banco Central, y Santiago Bausili Secretario de Finanzas de la Nación lo que llevó al Fiscal Federico Delgado a imputarlos penalmente por los negocios con bonos, pero la justicia determinó que las compras de bonos que hacían siendo funcionarios, no era susceptible de reproche penal, aunque era evidente que tenían información privilegiada y sabían que no corrían riesgo alguno, porque siempre iban a cobrar.
Como el presidente sostiene que el Estado es una organización criminal y que debe ser destruido y que solo los intereses privados deben ser beneficiados por las políticas públicas, porque solo ellos nos van a «salvar», no es extraño que se entreguen bienes públicos para garantizar operaciones oscuras. Lo que es inadmisible es que se pretenda justificar con argumentos insostenibles una decisión que compromete las reservas del país, sin mostrar las modalidades de la operación que siguen siendo materia de un silencio sepulcral. Además, existe el riesgo de que tales reservas sean embargadas, debido a litigios que tiene la Argentina en tribunales del exterior y en el CIADI, en caso de que hayan sido enviadas al Banco de Inglaterra.
Lamentablemente, en esto de negociar en secreto y entregar reservas de oro, sin dar a conocer las razones, hay un largo listado de gobiernos que lo han hecho, ya que son prácticas comunes que se esconden al conocimiento público. En muchos casos, porque darlos a publicidad rompería ciertas auras de progresismo y del carácter supuestamente revolucionario de ciertos gobiernos que, llegado el momento, negocian con las reservas y las comprometen imprudentemente. Lo hizo Correa en el Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, como un ejemplo de personajes que hablan contra el imperialismo pero siempre terminan negociando con él.
En este momento Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, tienen reservas de oro en el Banco de Inglaterra, que se ha negado a entregar a Venezuela sus reservas por pedido de los opositores al gobierno.
Pero como en la Argentina se cultiva la ficción y la realidad siempre es disimulada para sostener el relato, el presidente Milei ha enfatizado reiteradamente el logro del superávit financiero de los últimos seis meses. Los 518.000 millones de enero, los 338.112 de febrero, los 276.638 en marzo, los 154.990 millones de abril, 1.148.634 millones en mayo y 238.189 en el mes de junio, lo que totalizan la suma de $ 2.673.573 millones.
Milei se cuidó muy bien de mostrar los fundamentos del superávit y nada dijo de los recortes en subsidios, de la licuación de salarios y jubilaciones. Tampoco de las disminuciones de transferencias de capital a las provincias, los recortes a la obra pública, subsidios económicos, las prestaciones de la seguridad social. Cuando mes a mes se fueron conociendo estas cifras, desde los miembros del gabinete, hasta muchos comentadores complacientes de los medios, salieron a festejar estas cifras que no se conocían desde hace más de una década. Consideraron los números como un «éxito» del presidente, olvidándose de que se suprimió y a quienes se afectó para conseguirlas. Los mayores recortes fueron en enero, pero siguieron adelante los meses siguientes hasta la actualidad. Ahora bien ese superávit, es lo que quedó después del pago de los intereses de la deuda, que siempre es la gran prioridad de los gobiernos de turno.
Otra de las cuestiones de las que no se habla, es del enorme crecimiento de la deuda pública en los últimos seis meses: 10.662 millones de dólares en enero, en febrero aumentó 5.259 millones de dólares, en marzo 16.501 millones en el mes de abril 11.019 millones y al 30 de mayo 21.606 millones de dólares, lo que hace un total en seis meses de 65.047 millones de dólares. El 48% está en moneda local indexada y el 52% de la deuda en moneda extranjera. Hay vencimiento de aquí a diciembre por 7.000 millones de dólares y en 2025 por más de 15.000 millones de dólares, no existiendo fondos para pagarlos, por lo cual resulta inevitable que deban realizarse nuevas negociaciones para ver de qué manera se cumple con los acreedores.
¿Cómo es posible que ante una deuda de semejante magnitud, que se está acrecentando al trasladar los pasivos del Banco Central, se guarde silencio y el locuaz presidente y sus ministros no digan una palabra, como tampoco el presidente del Banco Central? Siempre la negación es una forma de no tomar conciencia del problema y suponer que de algún modo podría resolverse, pero en este caso los compromisos contraídos con los acreedores suponen que en algún momento tendrán que sentarse a negociar nuevamente y ver cuáles son la exigencias que estos pretenden, ante esta nueva suspensión de pagos.
Solo se exhibe el superávit financiero de estos seis meses pero del crecimiento desmesurado de la deuda pública se guarda silencio. Tampoco hay referencias a su aumento indetenible, ni cómo se va a pagar, y así vamos, en un gobierno cuyas ficciones se van cayendo una a una.
El último informe del Ministerio de Economía muestra que la deuda pública al 30 de junio es de 442.605 millones de dólares, sin contar con los cupones atados al PBI, que importan 12.000 millones de dólares aproximadamente. Existen cuestiones pendientes con los holdouts, por 2.500 millones de dólares que se vienen arrastrando desde hace años y no hay información sobre el estado de esos reclamos.
Unas son las ficciones sobre los éxitos económicos proclamados por el presidente, que solo se traducen en haber bajado la inflación, pero más allá de esos índices, los problemas estructurales de la economía persisten y la deuda pública es el más grave de todos, por las enormes sumas que deben afrontarse para el pago de los intereses de la misma. A esa complicada situación debe sumarse el enorme aumento de la pobreza, de la indigencia, la baja cada vez más notable en el consumo, las pymes que van desapareciendo, el trabajo registrado que ha caído abruptamente, ya que el Banco Central hace dos semanas informó que se habían desactivado 330.000 cuentas sueldo, y el hecho comprobable de la falta de un plan económico que pueda hacer salir a la Argentina de la situación de crisis en la que se encuentra.
Mientras el fracaso del experimento mileista es cada vez más evidente la oposición está cada vez más fragmentada y los grupos llamados «dialoguistas» se ven en una encerrona de la que les cuesta salir. Si no se elaboran propuestas serias para enfrentar al gobierno y terminar con tantos desvaríos libertarios, la decadencia de la Argentina será cada vez más indetenible.
* Historiador, Investigador. Especializaciónen tratados internacionales, bilaterales y deuda pública. Profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos libros, entre los que se destacan: «la deuda odiosa. Una doctrina jurídica para solución política» (Ediciones Peña Lillo-Continente. Buenos Aires. 2005), «Deuda o soberanía. Verdades ocultas sobre la dependencia» (Ed. Peña Lillo-Continente, Buenos Aires, 2021), «El FMI y la deuda» (Editorial Peña Lillo- Continente. Buenos Aires, abril de 2022) y «El FMI y el derecho internacional» (Universidad dela Punta, San Luis, 2023).
19 de noviembre de 1972. El histórico abrazo Perón – Balbín.
Introducción
Se cumplen cincuenta años del fallecimiento de quien fuera tres veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, por lo que estimo que es una oportunidad para abordar ciertos temas y romper algunos mitos que circulan a través de las redes sociales, los que no tienen otra intención que seguir dividiendo a la sociedad argentina, fomentando el individualismo y la desconfianza entre sus miembros.
Como he sostenido varias veces en reuniones privadas y públicas, la Argentina está siendo sometida a una guerra cognitiva que tiene por objetivo la fragmentación y la disolución de nuestro país. Buena parte de la población no puede percibir que es objeto de una manipulación pero es hora de empezar a hablar de ello para contrarrestar las «usinas de odio» constantemente encendidas.
Es necesario revertir este rumbo lo antes posible y comenzar a trabajar para reconstruir nuestra Argentina.
Un momento «bisagra»
Desde el 29 de junio de 1974 María Estela Martínez de Perón se encontraba en ejercicio de la presidencia debido a la enfermedad de su esposo. A las 14:10 del 1° de julio anunció al pueblo argentino el fallecimiento del presidente.
El 12 de octubre de 1973 Juan Domingo Perón había asumido su tercer mandato presidencial luego de dieciocho años de exilio y «operar» para desplazar del gobierno a quien había fungido como su delegado personal pero que al asumir la presidencia tomó un rumbo ideológico que no era el que el general predicaba.
Perón llegó a esa tercera presidencia luego de un llamado a elecciones tras la renuncia del presidente Héctor J. Cámpora y de su vicepresidente, Vicente Solano Lima. El 62% del electorado lo respaldó para tomar las riendas de un país convulsionado, con una sociedad dividida y con varias organizaciones terroristas sembrando el miedo en la población en diferentes puntos del país. Algunos de esos grupos actuaron para favorecer el regreso del general al gobierno pero cuando él les pidió que depusieran las armas, los miembros de esa «juventud maravillosa» decidieron no hacerlo. La violencia política se acrecentó y Perón decidió enfrentarlos.
El general trabajó en su exilio para lograr un regreso triunfal tras una salida forzada en 1955 y los militares argentinos, incluso aquellos que lo habían combatido y que verían el fracaso de su gestión al frente del gobierno tras el derrocamiento del presidente radical Arturo Umberto Illia, consideraron que era el hombre apropiado para devolver la gobernabilidad a la Nación.
Fue así como su regreso aspiraba a lograr la unidad de buena parte de los argentinos. En ese sentido debemos tener presente que quienes otrora habían sido tenaces enemigos iniciaron un camino de convivencia y de amistad e incluso se consideró que podían integrar la fórmula presidencial que llevaría como vicepresidente al radical Ricardo Balbín. Pero «las bases peronistas» prefirieron que a Perón lo acompañara su esposa.
A pesar de esa compleja situación política, la Argentina era otra, muy diferente a la del presente, a la que conoció buena parte de la juventud actual. Era un país con movilidad social, cuya sociedad giraba en torno de la familia y de una amplia clase media real. Era un país con un sector agropecuario fuerte pero también era industrialista y tanto en la zona sur de la Capital Federal, como en amplias zonas del Gran Buenos Aires había amplios sectores de producción industrial. El trabajo formal y el número de asalariados constituían un porcentaje mayor al actual. La población por esos años rondaba los 25 millones de habitantes, la pobreza era del 3,8% y la desocupación del 4,2%. La deuda externa argentina era de unos US$ 4.000 millones.
Antes de asumir su tercer mandato, el 25 de septiembre de 1973, Perón sufrió un fuerte golpe con el asesinato de José Ignacio Rucci ―a la sazón secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina― cuando salía de su casa en el barrio de Flores. La responsabilidad del crimen cayó sobre el grupo terrorista Montoneros.
La violencia política se acrecentó. Un nuevo grupo violento apareció en escena: la «Triple A», «Alianza Anticomunista Argentina», era una organización parapolicial que actuaba a la sombra de importantes funcionarios del gobierno.
La sociedad se fue acostumbrando a vivir en ese contexto violento y nuestros padres nos instruían sobre cómo andar por la calle, de no levantar cosas de la calle ni de patear paquetes que podían ser artefactos explosivos. Así se vivía en esa época. Civiles, agentes del orden y militares morían como consecuencia de los atentados.
El 19 de enero de 1974 un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) llevó a cabo un ataque a la Guarnición Militar de Azul, degollaron al soldado Daniel González, asesinaron al coronel Camilo Arturo Gay y a su esposa, Nilda Cazaux. Los terroristas secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal, jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, a quien asesinaron tras 300 días de cautiverio.
Perón no titubeó y tomó la decisión de eliminar a los guerrilleros y escribió una carta dirigida a los militares que defendieron la guarnición en calidad de «comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado». En la misiva los felicitó «por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque» y agregó:
«Quiero asimismo hacerles presente que esta lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una estrategia sin tiempo».
El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios, es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agresión integral».
Les escribió que todo el pueblo «está empeñado en exterminar este mal y será el accionar de todos el que impedirá que ocurran más agresiones y secuestros» y que la lucha contra la subversión quedaba «a cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas». Finalmente expresó que «el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica».
Se trató de una firme decisión ante la violencia terrorista que lejos de calmarse se incrementó. El 25 de junio de 1974, el director del diario El Día de la ciudad de La Plata, David Kraiselburd, fue secuestrado en esa ciudad por un comando guerrillero.
Los hechos ocurrieron en un país que desde hacía años se había habituado a la violencia, una violencia que para esa fecha se estaba acelerando peligrosamente. Una semana después del secuestro, el presidente Juan Domingo Perón se iba de este mundo dejando en el poder a su viuda María Estela (Isabel).
Pensar cómo hubiera seguido su enfrentamiento contra la subversión sería hacer ficción. Lo cierto es que durante el gobierno de su esposa la convulsión social y la violencia terrorista se incrementaron.
Su gobierno firmó los decretos destinados «neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán» (Decreto 261/75) y el que luego ampliaría esa misión a todo el territorio nacional (Decreto 2772/75).
El 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional y comenzó no sólo una profundización de la guerra contra las organizaciones terroristas sino también el establecimiento de una política económica a cargo de Alfredo Martínez de Hoz que llevaría a un fuerte endeudamiento del país, a iniciar el proceso de desindustrialización y el inicio de la incomunicación regional debido al cierre de algunos ramales ferroviarios.
No puede ni debe soslayarse en esta etapa de nuestra historia el conflicto con Chile y la guerra que nos fue impuesta en el Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, pero abordar estos temas nos alejaría del propósito de este artículo.
Fue así como la muerte del general Perón se convirtió en un momento bisagra de nuestra historia que abrió un camino que hubiera sido deseable no transitar.
El peronismo es el responsable de «todos los males»
Avancemos en la historia a tiempos más recientes y para luego volver hacia atrás siguiendo el estilo cinematográfico.
En los últimos años ciertos sectores de la dirigencia llenan discursos en los que proclaman que hemos llegado a este punto tras 70, 75 u 80 años de peronismo. ¿Será verdaderamente así?
Quienes esgrimen esos argumentos dicen que el peronismo no deja gobernar y que el de Mauricio Macri es el único gobierno «no peronista» que terminó su mandato durante estas últimas décadas.
Es cierto que Perón ha formado parte de los golpes de Estado de 1930 y de 1943 y que desde el exilio, durante ese período en que el peronismo estuvo proscrito, ha intentado esmerilar los gobiernos de Arturo Frondizi y de Arturo Umberto Illia. La realidad es que ambos gobiernos fueron derrocados por golpes militares, ajenos a la ideología peronista.
El historiador Robert A. Potash ha sido muy claro con respecto al papel de los medios en el golpe que derrocó al presidente Illia. Expresa que desde mediados de 1965 ciertos periódicos operaban para desacreditar al gobierno del presidente Illia y para alentar a los militares a llevar a cabo el golpe de Estado. Entre esos medios se encontraban los semanarios Confirmado y Primera Plana, el cual hasta realizó «una encuesta de opinión pública sobre hasta dónde era deseable un golpe, publicando los resultados el mismo día de la toma del poder militar»[1].
La revista Primera Plana fue creada en noviembre de 1962 por Jacobo Timerman ―a propuesta de algunos coroneles del bando «azul» para difundir la acción de ese grupo― y el reconocido abogado y periodista Mariano Grondona fue columnita del medio. Timerman fue su director hasta 1964, pero en mayo de 1965 inició un nuevo proyecto a partir de Confirmado, que desde su origen se destacó por sus ataques al gobierno de Illia. Su principal editorialista era Álvaro Alsogaray, hermano del general que con Onganía decidieron derrocar al gobierno. Unos meses después tomó la dirección el comodoro Juan José Güiraldes y el secretario de redacción era Horacio Verbitsky[2].
Caricatura del presidente Illia en la tapa de la revista Primera Plana.
En 1971 Timerman fundó La Opinión ―durante el gobierno del general Lanusse―, proyecto del que participó en un comienzo Miguel Bonasso, el cual dejaría de salir en mayo de 1977. Según Graciela Mochkofsky, «Timerman siempre intentó moverse con la seguridad de su acceso al poder de turno» y agrega que «basó su ascenso social y profesional en asociaciones pragmáticas con el poder político y militar dominante en la Argentina de los años ’50, ’60 y ’70»[3].
Ni en el caso del golpe de Estado que derrocó al presidente Frondizi ni en el que provocó el derrocamiento del presidente Illia podría verse una mano directa del peronismo.
Panorama era otra revista crítica del gobierno del presidente Illia, a quien llamaban injustamente «la tortuga» porque decían que gobernaba lentamente.
El papel de la prensa y de encumbrados periodistas como Timerman, Mariano Grondona, Horacio Verbitsky, Bernardo Neustadt ―quien escribía sus columnas críticas en Todo― no sólo fue crucial en el derrocamiento del presidente Illia sino también durante el retorno de la «democracia». Neustadt fue un operador del presidente Carlos Menem y desde su poder en los medios denostó al Estado y favoreció la destrucción del mismo a partir de su prédica pro privatización. Verbitsky hizo lo propio desde otro ángulo ideológico y se alió al gobierno de Néstor Kirchner, lo cual ha quedado en evidencia en el libro El Pacto: Kirchner– Verbitsky, publicado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Ese pacto ha llevado a la infiltración en el Poder Judicial y al desarrollo de una «ingeniería social y cultural» que transformó a la sociedad argentina o, al menos, a buena parte de ella[4].
No están exentos de esta manipulación social otros periodistas como por ejemplo Jorge Lanata, fundador de Pagina 12, quien reconoció recibir fondos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) de Gorriarán Merlo. En una entrevista Lanata explicaba:
Los tipos eran un partido político, legal, tenían una revista, jefe de prensa, no estaban clandestinos. Y tampoco me llamaban de todos lados para ofrecerme guita para poner el diario. Fue lo que conseguimos y después tuvimos que sobrevivir pidiendo plata en cualquier lado, sea una cueva o un distribuidor. Pero si a mí no me condicionaban lo que tenía que poner… yo quería hacer un diario. Y no estaba haciendo nada que estuviese mal o fuese ilegal.[5]
Luis Majul, biógrafo de Lanata, ya había escrito sobre esto en un artículo de La Nación publicado en 2012:
También mantuvo reuniones clandestinas con el primer gran sponsor del diario, Enrique Gorriarán Merlo, cuando el guerrillero estaba prófugo de la justicia.[6]
Lanata también fue el inventor del concepto de «la grieta», la cual se ha venido agigantando a lo largo de esta partidocracia.
Estos mercenarios del periodismo han tenido un gran protagonismo en la manipulación de la realidad y en la formación de opinión en la sociedad y esto no ha cambiado, al punto que otros operadores conocidos tuvieron un papel crucial en el proceso electoral de 2023 impulsando las campañas de ciertos candidatos.
¿Y el peronismo?
Tras la muerte de Perón ese vacío fue disputado por algunos dirigentes que estuvieron más cerca del general pero la realidad es que el Partido Justicialista fue usado como un sello partidario para llegar al poder. ¿Podría considerarse al gobierno de Carlos Menem un gobierno peronista? Llegó al gobierno con la ayuda de Álvaro Alsogaray, aquel que escribía en contra de Illia y hermano del general golpista, el que como ministro de Economía del presidente Frondizi, el 29 de junio de 1959, le dijo al pueblo argentino: «hay que pasar el invierno».
Menem, hombre pragmático, incorporó las medidas liberales para su gobierno. Llevó a cabo un profundo proceso de privatización de las empresas del Estado que lejos está de poder considerarse un beneficio para la Nación y para la población. El territorio nacional quedó desarticulado por el cierre de los ramales ferroviarios dejando desconectadas a varias provincias, poniendo en vigencia el «Plan Larkin» o Plan de Transporte de Largo Alcance para Argentina diseñado en Estados Unidos a instancias del Banco Mundial y desarrollado bajo la dirección del ingeniero y militar estadounidense teniente general Thomas Bernard Larkin. El plan le fue presentado a Frondizi pero no lo pudo llevar adelante debido a la fuerte oposición de los gremios ferroviarios.
Menem, de la mano de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, con el apoyo de ciertos periodistas y medios, además de sindicalistas que traicionaron su fuente de trabajo, logró destruir el sistema ferroviario. Lo propio hizo con la empresa Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), crucial para la exportación de los productos argentinos, la Flota Fluvial del Estado Argentino (FFEA), YPF, Aerolíneas Argentinas, etc. Del mismo modo, destruyó las industrias de la Defensa y dio por terminado el Proyecto Misilístico Cóndor desarrollado por la Fuerza Aérea Argentina.
En política exterior, Menem se acercó a la OTAN y a los Estados Unidos, los que fueron aliados de nuestro enemigo en 1982. Quizás se olvidó del famoso lema «Braden o Perón». También recurrió a la fórmula de la «seducción» para atraer a los isleños, los que ni siquiera quisieron integrarse a la Argentina cuando nuestro país les daba todo ―salud, educación, viaje al continente, correo, combustible, etc.―, por el Acuerdo de Comunicaciones de 1971[7], mientras el Reino Unido no les daba un penique y los consideraba habitantes de segunda.
¿Hubiera realizado eso el general Perón?
Sin duda que no. Su visión del desarrollo del país desde el Estado era clara y se correspondía con su época y con su concepción ideológica. A diferencia de otros países, la Argentina se desarrolló a partir del Estado y de una dirigencia que, en todo caso, supo coordinar el esfuerzo privado con el estatal pero debemos mencionar que relevantes sectores productivos y estratégicos nacieron a partir de militares con visión estratégica como la del general Enrique Mosconi ―ingeniero y general de división del Ejército que potenció la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina― y como la de Manuel Savio ―ingeniero argentino y general del Ejército que desarrolló la industria siderúrgica desde la dirección de Fabricaciones Militares y SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina)―. También podemos sumar en esta lista a otros militares con visión geopolítica y estratégica como el comandante Luis Piedrabuena, el almirante Segundo Storni, el almirante Manuel Domecq García o el general Juan Enrique Guglialmelli.
Más allá de sus defectos y virtudes, Perón pertenecía a esa generación de militares y abogaba por la integración regional. Se le atribuye al barón de Río Branco la iniciativa de un pacto pacifista, pergeñada en 1908, para favorecer una distensión en la región entre la Argentina, Brasil y Chile. Un nuevo paso en ese sentido se dio el 25 de mayo de 1915 cuando los cancilleres de Argentina, Brasil y Chile firmaron en Buenos Aires el «Tratado de No Agresión, Consulta y Arbitraje», el cual fue percibido con desconfianza tanto por Estados Unidos, como por otros países americanos, por considerarlo como una eventual alianza militar. Sin embargo, durante el gobierno de Perón el contexto mundial y el marco regional parecían favorecer una propuesta más abarcativa.
En la década de 1950 se inició el proceso de integración en Europa pero por esos años Perón también aspiraba a lo mismo en nuestra región. El 11 de noviembre de 1953, en la entonces Escuela Nacional de Guerra —dependiente del Ministerio de Defensa—, el presidente Perón pronunció un discurso que permaneció como «Documento Reservado» (secreto) hasta 1967, año en que fue dado a conocer públicamente, conocido como «Unidos o Dominados», tema que ya he abordado en otro artículo en 2021[8].
Por esa época Perón lanzó su propuesta del «ABC», la «necesidad de la unión» de Argentina, Brasil y Chile. A ella luego se sumarían los demás países de la región. Esto lo llevó a conversar —tiempo antes— con los presidentes de Brasil (1951-1954, su última presidencia) y de Chile, Getulio Vargas y el general Carlos Ibáñez del Campo (1952–1958, segunda presidencia), respectivamente. Infelizmente, diversos sectores e intereses externos conspiraron ―y continúan conspirando― en contra de una integración regional con capacidad de crear un modelo de desarrollo propio.
Una nueva pregunta sería apropiada para quienes consideran que el peronismo está en la raíz de todos los males: ¿Puede considerarse peronismo al kirchnerismo?
La respuesta también sería negativa. Nuevamente se usó el sello partidario y las imágenes de Perón y Evita para un proyecto personal, de apariencia «nacional». De ahí que se considera que el peronismo va y viene entre la privatización y la estatización, en este caso implementada a un alto costo para la Nación por parte de los gobiernos kirchneristas. Como se ha expresado ut supra, Néstor Kirchner hizo una alianza con un personaje que juega para intereses extranjeros, como Verbitsky, para construir su base de poder. De ese modo también atrajo a sectores de la izquierda, algo que seguramente Perón no hubiera hecho. Aún más, está la anécdota de la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner a Antonio Cafiero, el impulsor del monumento a Perón: «Yo, para ese viejo de mierda, no pongo mi firma». Cristina ¿peronista? Ni en sueños. Otra pragmática.
En este listado entran también otros neoperonistas como Sergio Massa y Amado Boudou, originalmente afiliados a la UCeDe de Alsogaray.
Esa propaganda que los medios han llevado a cabo manipulando la opinión pública nos lleva también a situaciones insólitas en las que ciertos sectores de la población se expresan contra el peronismo y se manifiestan en favor de Macri y del PRO. ¿No saben que buena parte de la dirigencia del PRO es peronista? Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Patricia Bullrich ―asidua al travestismo político al igual que Massa, Martín Lousteau y tantos otros―… y la lista sigue.
Pero hay más… Ningún peronista se esforzó por erigir un monumento en memoria de Perón en la Ciudad de Buenos Aries. Para muchos, la siguiente foto será una novedad:
Ese monolito se encontraba en la playa de estacionamiento de la Presidencia de la Nación, casi en la esquina de la Avenida Madero con la calle Presidente Perón y decía: «Piedra fundamental. En este sitio se emplazará el monumento al Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Tres veces presidente de los argentinos». Sin embargo el monumento nunca se levantó y el progresista Larreta arrasó con el monolito cuando hizo construir el Paseo del Bajo.
Pero, hay un enorme monumento a Perón en la plaza frente a la Aduana. ¿Quién lo hizo erigir? Mauricio Macri, otro pragmático.
El 8 de octubre de 2015, aniversario del nacimiento del general Perón ―y del autor del presente artículo― Macri y Ritondo inauguraron el primer monumento a Perón en la Ciudad de Buenos Aires con la asistencia de Hugo Moyano, Gerónimo Venegas, Eduardo Duhalde, y la plana mayor del PRO: la vicejefa de Gobierno la Ciudad de Buenos Aires y entonces candidata a gobernadora bonaerense por Cambiemos, María Eugenia Vidal, el entonces jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula Diego Santilli.
En su discurso Macri expresó:
Perón decía que a la Argentina la arreglamos entre todos, o no la arregla nadie. Por eso tenemos que volver a unir al país, porque ese es el camino del progreso. Perón y Evita devolvieron los derechos a los trabajadores. Yo creo en el diálogo con las organizaciones sindicales, porque un gobierno no está para reprimir trabajadores. Debemos trabajar para lograr tener pobreza cero en el país, con eso defenderemos las banderas del justicialismo, eso es justicia social.[9]
Macri agregó que:
algunos dicen que son peronistas pero sólo se dedican a manipular desigualdades. Por eso quiero invitar a los verdaderos peronistas a cambiar el país, porque mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Porque un gobernante que no genera trabajo, no es un gobernante.[10]
Al final de su gobierno Macri hizo un balance en el que afirmó: «El mío, fue un Gobierno de corte socialista»[11].
¿Cómo los seguidores de Macri o del PRO pueden considerarse antiperonistas o de derecha cuando su «líder» se ha asumido como peronista y/o socialista? De hecho parecería, al menos, una contradicción.
Del circo romano al futuro apocalíptico
El actual presidente, Javier Milei, ha manifestado hace un tiempo que él y Conan se encontraron por primera vez hace 2000 años en el Coliseo romano. En una entrevista que le realizaron en Estados Unidos al medio Free Press expresó: «Yo vengo de un futuro postapocalíptico para impedir el avance del socialismo. Algo así como Terminator; de hecho, Schwarzenegger es libertario».
Lo más grave de esa entrevista son dos afirmaciones que jamás debiera hacer el presidente de un país: «Amo ser el topo dentro del Estado».«Soy el que destruye el Estado desde adentro».
Su «traslación» a través de la historia, que le permite ir al pasado y al futuro, no sería preocupante si tuviera la posibilidad de aprender de esa experiencia. Parece por lo menos risueño que diga que viene desde el futuro para impedir el avance del socialismo. Por empezar, para ver lo que ha hecho el socialismo bien se podría ir hacia atrás más que hacia el futuro pero, por otro lado, sigue anclado en categorías de la Guerra Fría y carece de conocimientos históricos y de política internacional … y en la práctica tampoco de economía si uno observa como ha empeorado la situación económica del país desde que asumió el gobierno.
No tenía que ir tan lejos en el pasado para darse cuenta de que sus propuestas ya fueron llevadas a cabo por sus tan ponderados Menem y Cavallo con resultados desastrosos para la Argentina. Nuevamente el tema de las privatizaciones, o de reprivatizaciones de empresas que fueron reestatizadas, es poco serio, más allá de que esto resulte un «negocio» para los políticos y los economistas que se sientan en Ministerio de Economía.
La propuesta de Milei es otro paso, quizás el último, que tiene como antecedentes el gobierno militar con Martínez de Hoz, el de Menem y el de De la Rúa con Domingo Cavallo, el de Macri con sus equipos económicos que endeudaron al país de una manera irracional cuando debió haber reducido el gasto público. Si Menem desarticuló las comunicaciones de la Argentina a partir de la destrucción de uno de los sistemas ferroviarios más extensos del mundo, de la privatización de Aerolíneas Argentinas y de la paralización de las Líneas Aéreas del Estado (LADE), empresa estatal con un compromiso social al conectar localidades a las que no llegaban las aerolíneas comerciales, el proyecto de Milei profundiza la desarticulación territorial al considerar el cierre de más ramales ferroviarios y la reprivatización de Aerolíneas Argentinas. Aún peor, ha procedido a cerrar oficinas de correos en pequeños pueblos y en los que había un solo empleado y considera la privatización y/o cierre de sucursales del Banco Nación. Léase, se intenta borrar toda presencia del Estado en amplias regiones del país, se intenta borrar así todo lo que represente la identidad nacional. Se trata de un gobierno que procede a terminar de entregar el país a los que financiaron su campaña tanto dentro como fuera de la Argentina.
El caso de los gobiernos kirchneristas son de otra naturaleza pero no menos perjudiciales para la Argentina. Sin embargo sus desaciertos y sus negociados parecen haber estado más expuestos por los medios. El gobierno de Milei ha deslumbrado a sus seguidores con sus informes acerca de sus antecesores pero no ha llevado a ningún funcionario a la justicia. Como suele decirse, «todo para la gilada».
La corporación política constantemente introduce divisiones en la sociedad de modo tal de que dos personas no puedan encontrar puntos en común. Por otro lado, el discurso de atacar al Estado ha dado sus frutos pero se trata de un discurso mentiroso y más si lo llevan a cabo funcionarios o presidentes que son empleados de las corporaciones prebendarías, corporaciones económicas que han crecido a la sombra del Estado.
Se confunde, seguramente intencionalmente, «Estado» con «gobierno». El Estado es uno de los requisitos fundamentales para la existencia de una nación. No se puede concebir una nación sin Estado y que la máxima autoridad del mismo afirme que es un «topo» que se propone destruir lo que representa; suena, por lo menos, demencial.
Veamos este ejemplo. El Estado sería como un consorcio de copropietarios y el gobierno sería el administrador del consorcio. Si el administrador cumple mal su función no hay que destruir al consorcio sino echar al administrador. Pensar en destruir el consorcio de copropietarios sería destruir el edificio. En el Estado todos somos «copropietarios» y el administrador es el gobierno, el que nos impone impuestos pero a cambio debe darnos ciertos servicios básicos y de buena calidad: salud, educación y seguridad. Si no lo hace es porque hemos elegido un mal administrador y entonces deberá ser reemplazado. Considerar al Estado como el enemigo es considerar enemigo a cada ciudadano del país.
Ya que tanto se habla de «liberalismo» y recurren a figuras de nuestra historia como Juan Bautista Alberdi, Julio A. Roca o Carlos Pellegrini, deberían leer más o mejor lo que predicaron y sus obras. No cabe duda de que el general Roca pensó y trabajó para lograr un Estado fuerte con presencia en todo el territorio nacional. Quienes ven a Pellegrini como un liberal desconocen su labor en favor de la industria nacional. Vale aquí recordar una frase en ese sentido: «Es necesario que en la República Argentina se trabaje y se produzca algo más que pasto, sin industria no hay Nación».
«Es necesario que en la República Argentina se trabaje y se produzca algo más que pasto, sin industria no hay Nación».
A modo de conclusión
En una entrevista que le hiciera un periodista español a Perón durante su exilio en España, le pidió que diseccionara el espectro político argentino. Perón le respondió: «Mire, en Argentina hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales; un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas». «Y entonces, ¿dónde están los peronistas?», inquirió el informador. «¡Ah, no, peronistas somos todos!».
Como podrá apreciarse, la respuesta de Perón caló hondo en quienes continuaron en la arena política tras su muerte. La mayoría de ellos ha recurrido al amparo del Partido Justicialista o del Movimiento Peronista para llegar al gobierno, como si fuera la autopista más segura para llegar a destino.
Sin embargo, a pesar de que muchos políticos aducen que el mal de la Argentina en los últimos ochenta años es el peronismo podrá apreciarse, tras leer este extenso artículo, que la responsabilidad no es del peronismo sino de los argentinos. Desde 1943 han pasado gobiernos peronistas, militares, radicales y del PRO, todos con los mismos desafortunados resultados para el país. Los golpes de Estado han sido propiciados por militares, por civiles que fueron a golpear las puertas de los cuarteles, por periodistas mercenarios como los que hoy ocupan espacio en los medios de comunicación.
La decadencia cultural se ha extendido a toda la sociedad pero principalmente a la dirigencia política, ignorante de la historia nacional pero que en el mejor de los casos recurre a frases que las saca del contexto histórico. Es suficiente con leer los debates del Congreso de principios y mediados del siglo XX y compararlos con los que sostienen los legisladores en la actualidad: ni riqueza en su vocabulario tienen la mayoría de ellos.
Coincido plenamente con Julio Bárbaro cuando afirma que «el peronismo murió con Perón». Los que vinieron después sólo se aprovecharon del movimiento para sus fines personales, independientemente de las consideraciones que cada uno pueda tener respecto del general Perón.
No obstante, como de toda ideología debe tomarse lo mejor para lograr los Objetivos Nacionales y, al conmemorarse cincuenta años de su muerte, deberíamos valorar su abrazo con quien fuera su acérrimo enemigo, Ricardo Balbín, como un ejemplo para emprender la unidad nacional. En el plano internacional, recrear su propuesta de la integración regional sin importar si se trata del Tratado ABC o del Tratado APU ―por tomar las iniciales de otros países de la región― y volver a la Tercera Posición, retomando el camino de la neutralidad de la que nos han sacado en su momento Menem y en la actualidad Milei.
Es urgente que los argentinos empecemos a trabajar sobre las coincidencias y dejar a un costado lo que nos separa porque la Patria precisa que echemos a los administradores que no sirven o que ya están viciados y que demos espacio para que nuevas generaciones se hagan cargo de la conducción de la Nación.
Lamentablemente hemos pasado el año 2000 y la realidad es que no estamos unidos sino dominados.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019 (2da edición, 2024).
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] Robert A. Potash. El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973. Buenos Aires: Sudamericana, 1994, p 228.
[2] Alain Rouquié. Poder militar y sociedad política en la Argentina II. 1943-1973. Buenos Aires, EMECÉ, 1982. p. 244.
[3] Mochkofsky, Graciela: Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999). Buenos Aires. Sudamericana. 2003. Citado por Edgardo Vannucchi, «La Opinión, Timerman y la dictadura». Haroldo. La revista del Conti, https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=644.
[4] Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El Pacto: Kirchner – Verbitsky. ISBN: 9789874774010, 152 p.
[8] Perón, J. D. «Unidos o Dominados» (Discurso pronunciado el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra). Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 11(1), 2020, p. 173-183.
