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EL USO DEL UNIFORME Y LA SOCIEDAD HOY

Antonio Daniel Motos*

El uso del uniforme es inherente a la humanidad, no importa desde cuándo pero puede decirse que casi siempre el hombre trató de identificarse y de diferenciarse de alguna manera.

En nuestro país, la historia reciente ha hecho que los uniformes recuerden épocas nefastas y se asocie el uniforme con ideas que nada tienen que ver con lo que realmente representa hoy día.

El uniforme en los distintos sectores, es un símbolo de pertenencia, de actividad, de pulcritud, de resguardo, de protección, pero en todos los casos de identidad y de servicios al prójimo. Cuando hablamos de las instituciones de una sociedad no importa si se es militar, personal policial o bombero, medico, enfermero o maestro.

Cada una de estas profesiones, todas ellas vocacionales, son símbolo del servicio a la sociedad, son símbolo de valores y virtudes, con sus raras excepciones, nos dan un ejemplo de entrega y sacrificio cuando la sociedad lo necesita, arriesgando y dando sus vidas por el otro, sin exigir y sin pedir demasiado, solo lo necesario para cumplir con su deber, y cuando este se alcanzó la única recompensa es el descanso, la satisfacción del deber cumplido y la firme conciencia de que no se esperara reconocimiento alguno, y el firme compromiso de que el mañana los esperará nuevamente.

En la actualidad hemos conocido entregas y sacrificios incalculables, desde los jóvenes marinos que perdieron la vida en el submarino ARA San Juan, desde un joven Capitán perdiendo su vida cuando se eyectó de un vetusto avión de combate, miembros de las Fuerzas Armadas repartiendo comida en los barrios carenciados o colaborando en las catástrofes naturales, desde médicos y enfermeros que entregan, desde hace meses, cada minuto de sus vidas por combatir la pandemia, y quienes ya no están con nosotros por cumplir con su vocación, desde cada miembro de las Fuerzas de Seguridad y Policiales que son quienes día a día se exponen a lo peor de nuestra sociedad o a un loco desquiciado desatendido por el sistema o los incansables bomberos y voluntarios que tratan inútilmente combatir el infierno en el que se encuentran muchos lugares de nuestro país como también maestros obligados a trabajar desde sus casas tratando de atender las necesidades de los alumnos desde la distancia, y sigue la lista.

Todos ellos nos muestran grandes ejemplos de vida y entrega con vocación, entregas anónimas, sin cámaras ni reportajes, sin exigencias ni reproches pero con infinita necesidad de los medios adecuados en cantidad y calidad que el Estado debiera proveer para cumplir con su misión.

Un Estado que, según la Administración de turno, usa estas Instituciones como chivo expiatorio de la necedad política o discursiva según su conveniencia, atacando en el peor de los casos, abandonando o ignorando con suerte, a cada sector de los que estamos tratando.

Sistemas de Salud insuficientes y obsoletos, Fuerzas de Seguridad y Policiales desatendidas en todos sus aspectos, Sistema Educativo politizado y degradado sin atención a los verdaderos problemas de los maestros y alumnos, Fuerzas Armadas desmanteladas y desmoralizadas con capacidades debajo del mínimo, Sistema de Lucha Contra el Fuego inexistente para la extensión de nuestro país y las experiencias ya vividas y actuales.

Y una sociedad que hasta hoy nunca reconoció el verdadero valor de las Instituciones que están para servirle y sólo se dejó llevar por los discursos facilistas e irresponsables, prefiriendo mirar para el costado cuando inconscientemente sabía que el verdadero camino es ser respetado y respetar, que el uniforme es presencia, es valor, es integridad, seguridad, es orden, es sentido de pertenencia, es sacrificio, es ejemplo.

No es tarde para recuperar el verdadero sentido de lo que realmente nos representa, nos identifica nos une, nos mueve a ser mejores, nos muestra el lugar a donde nos gustaría llegar. Todos los días podríamos identificar a un Ciudadano Ejemplar cumpliendo con su vocación vestido de uniforme, es la oportunidad que nos está dando la historia para revertir lo que hasta ahora no funcionó, podemos aprender de nuestros errores y estamos a tiempo, no la dejemos pasar, el futuro puede ser tarde, el cambio está en cada uno de nosotros, no hace falta que nos digan que es lo correcto y que no lo es, solo hace falta mirar a alguien con uniforme cumpliendo su deber y si tenemos la oportunidad, imitarlo y darle las gracias.

 

* Escuela Superior de Guerra Aérea. Master en Planificación y Conducción de Sistemas Aeroespaciales. Master en Inteligencia Estratégica Nacional. Presidente en Administración Sur de Bienes Raíces SA

 

TÁCTICA, ESTRATEGIA, EQUIPAMIENTO y DEFENSA

Marcos Kowalski*

Debemos recordar siempre que corresponde al Estado Nacional la planificación política al nivel de Estrategia Nacional Total, de la cual se deben desprender las planificaciones operativas de las estrategias particulares. Dentro de estas últimas encontramos la Estrategia de Defensa Nacional que incluye la Estrategia Militar que planificará el desarrollo de las fuerzas militares.

Decidir el dimensionamiento y capacidades de las fuerzas militares argentinas corresponde al gobierno de la Nación Argentina. Pero hay que tener en cuenta que ninguna fuerza militar se forma o consolida en un corto periodo de tiempo, sino que se necesitan décadas en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Este es un tema relevante tanto para estudiosos de la defensa como para políticos.

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional son los que por imposición legal deberían establecer las condiciones económicas, jurídicas y políticas que fomenten inversiones a largo plazo que sirvan para el desarrollo de las capacidades industriales del país. Ese fomento a las industrias debería considerarse dentro de la Estrategia Total de la Nación. En Argentina esto se podría lograr, de no ser por la indiferencia, ignorancia o inoperancia, puesta de manifiesto por la casi totalidad del espectro político que viene gobernando desde los últimos por lo menos treinta años.

La ausencia de soluciones para los problemas reales de la población, mientras se promocionan utopías varias, desde un punto de vista ideologizado, como si fueran el verdadero interés del país, y, dejando de lado promover, legislar y ejecutar políticas para el desarrollo del bienestar general, promoviendo, consolidando y ejecutando requerimientos entre instituciones nacionales y provinciales con el fin de gestionar una política de Estrategia Nacional y dentro de ella un plan de Defensa Nacional adecuado y moderno.

Cuando las crisis económicas son recurrentes, son un despropósito casi apropósito del descontrol político de un país como Argentina y es lógico que, sin una estrategia que impulse la producción y como consecuencia de la baja productividad general, no se tenga un Producto Bruto Interno (PBI) en crecimiento como el que con el potencial de nuestro país se podría obtener, esa es la excusa de los políticos para no proveer unas Fuerzas Armadas (FFAA) integradas por personal adiestrado, además de una cantidad suficiente de los Sistemas de Armas (SdA) más modernos disponibles en la actualidad.

Sin embargo, aun con un PBI sin crecimiento o con crecimiento negativo en la Argentina, sería lógico que su Política de Defensa privilegie lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Es por esto y el desinterés permanente de una casta política más preocupada por quedar bien con el nuevo orden mundial que por el desarrollo de la Patria, en todo lo referente a Defensa Nacional, y sobre todo a la Industria para la Defensa, hoy son más como un símbolo de aspiraciones que de un verdadero componente industrial con poderío dentro de las políticas científicas y tecnológicas del país.

Asistimos a la falta de planificación de una Estrategia Total, para la Nación, donde se proyecte a largo plazo y en forma coordinada todas las ramas del Estado Nacional y los Estados provinciales con los entes públicos y privados. Estamos viendo como el desinterés político, las crisis económicas y la presión de potencias extranjeras que no aprobaban el desarrollo local de capacidades duales (civiles y militares) acabaron en una retracción progresiva del entramado científico-tecnológico y productivo, tanto público como privado, de la Argentina.

Toda la estructura militar industrial no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años. Como excepcionales debemos mencionar el caso del entrenador Pampa (un desarrollo de la década del 80 y que en cuarenta años solo produjo unos treinta aviones a la fecha) fabricado por FADEA o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA. Es que el sistema político no supo o no quiso construir un régimen con reglas claras y estables a 20 o 30 años para afrontar los riesgos de invertir en bienes de capital costosos y recursos humanos calificados.

Es verdad que relevar, diseñar, prototipificar y fabricar no son tareas fáciles y mucho menos en contextos dificultosos, con extremas limitaciones de recursos, de personal o de interés. Pero es el bloqueo sistemático a las aspiraciones de desarrollo de la Argentina, por inoperancia, ignorancia o ideología de los políticos, devenidos en gobernantes, desde hace décadas que han terminado por configurar una política de declamación de leyes como el FONDEF, que son totalmente insuficientes, el anuncio de proyectos que suelen quedar en papel cuanto menos o en algún prototipo cuanto más.

Radar Primario Argentino (RPA) y Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA), foto PLP.

La columna vertebral del sistema de Defensa de una Nación lo conforman sus Fuerzas Armadas (FFAA). Considerar que se puede prescindir de ciertos componentes de las FFAA basado en un enfoque ideológico o economicista sería negar las lecciones de la historia y de la evolución tecnológica, que llevaron al desarrollo de las diversas especialidades técnico-militares y los sistemas de armas que hoy existen.

Las Fuerzas Armadas de nuestro país deberían integrar y complementar las capacidades específicas de las Unidades que tiene su Armada, su Ejército y su Fuerza Aérea, de manera tal que, en su conjunto, deben propender a un adecuado balance en cuanto a la configuración de sus materiales y a la cantidad y calidad del personal, medios y recursos con proyectos plurianuales.

En el mundo, los Ejércitos se estructuran en general en diferentes Unidades, las llamadas Unidades Tácticas (UT), normalmente Regimientos (Caballería) o Batallones (Infantería) que tienen un Cuadro de Organización (CO); tres a cuatro UT forman una Brigada o Gran Unidad de Combate (GUC) y tres a cuatro Brigadas constituyen una División de Ejército o Gran Unidad de Batalla (GUB).

En este tipo de esquemas, la Brigada es la mínima organización autónoma de combate que responde al concepto de “Sistema de Armas”. Está compuesta de UT como batallones de Infantería o regimientos de Caballería, que son los denominados Elementos de Combate cercano, además está compuesta por Unidades de Comunicaciones, Artillería, Ingenieros, Aviación de Ejército, que son apoyo de combate (AC) etc. y por los (logística) Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Las brigadas no tienen cuadro de organización y recibirán el nombre en función del número de UT de Elementos de combate cercano que la integran; por ejemplo, una “Brigada de Infantería” está integrada mayormente por dos o tres UT de infantería, (batallones) pero puede incluir algún regimiento de Caballería, además de Apoyos de Combate (AC) y Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Tomando como ejemplo al Ejército Argentino, un Regimiento o Batallón tiene tres Compañías o escuadrones, de 120 a 150 soldados cada una, por lo que una Unidad Táctica agrupa 400 efectivos; una Brigada tiene 1.500 a 2.000 uniformados y una División 4.500 a 7.000 soldados, aproximadamente. Sin embargo, el arte de la guerra no es una ciencia exacta y los aspectos cuantitativos no son, por sí solos, los únicos que determinan el resultado de un conflicto bélico.

Mientras la Argentina siga disponiendo de un presupuesto tan insignificante para sus FFAA como el de las últimas décadas, sería conveniente que la Política de Defensa priorizara el reequipamiento y adiestramiento de las Unidades Tácticas (UT) especiales, capaces de lograr Efectos Militares Estratégicos. Es decir que se debería privilegiar los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos en la conformación de nuestras FFAA.

Entre las Unidades Tácticas que nuestro país debería priorizar por sus características cualitativas intrínsecas, se encuentran, los Regimientos de Infantería Aerotransportada y de Asalto Aéreo, las Compañías de Comandos, Fuerzas Especiales, Buzos Tácticos e Ingenieros de Guerra QBN (Química, Biológica y Nuclear) del Ejercito; los navíos, tanto auxiliares como los buques de combate con capacidad misilisticas, anti-submarina y antiaérea de la Armada, los Escuadrones de Helicópteros, de Aviones de Transporte y Cazabombarderos; las Unidades de Drones, de Defensa Antiaérea y Ciberdefensa, los Submarinos; entre otras.

En las últimas décadas los sucesivos gobiernos asignaron entre el 0,7 y 0,9% del PBI o incluso menos a la Defensa. El FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), hoy ya aprobado por el Congreso Nacional, asigna el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional para el año 2020, el cero coma cinco por ciento (0,5%) para el año 2021, cero, sesenta y cinco por ciento (0,65%) para el año 2022, hasta alcanzar el cero como ocho por ciento (0,8%) para el año 2023.

Totalmente insuficiente, refleja claramente la falta de prioridad que tienen los políticos sobre la realidad de la Defensa nacional, toda vez que a programas del progresismo ideologizado y que no tiene fines nacionales, están destinando fondos muy superiores al presupuesto de defensa. Lo peor es que no hubo, ni hay, un lineamiento político nacional ni estratégico militar conjunto que priorizara siquiera el alistamiento de las Unidades Tácticas citadas anteriormente.

Está de más decir entonces que actualmente nuestro país carece de capacidades militares creíbles, ya que ni siquiera se privilegió el mantenimiento y fortalecimiento de las organizaciones cualitativas, pequeñas en cantidad de efectivos, pero con el potencial necesario para producir un “Efecto Militar Estratégico” (EME) por sí mismas.

Debemos tener presente, además, que los Regimientos de Infantería y Caballería tienen su razón de ser y los Ejércitos modernos necesitan disponer de un adecuado balance de las diversas Armas, Tropas Técnicas, Apoyos de Combate y Servicios Para el Apoyo de Combate, cosa que no se tuvo, ni tiene, en cuenta, cuando los políticos, salvo honrosas excepciones, planifica en materia de Defensa, y es así desde hace décadas.

En lo referente a las teorías que se pretenden aplicar en las FFAA argentinas de hoy, el RFD-99-01 “Terminología Castrense de uso en el Ejército Argentino” nos dice que la Estrategia “en un sentido general es el arte de la lucha de voluntades para resolver el conflicto” esta definición está tomada de un teórico de la estrategia francés de la postguerra; Andre Beaufre.

Se diferencia de las clásicas definiciones de estrategia, ya que en esta lo militar está subordinado a lo político. Entre las clásicas definiciones de estrategia encontramos algunas como la del Archiduque Carlos quien escribió: “Estrategia es la ciencia de la guerra, ella esboza los planes, abarca y determina la marcha de las operaciones militares. Es, en propiedad, la ciencia de los Comandantes en Jefe”.

El Mariscal Von Moltke, Von Clausewitz, Fuller, Liddel Hart, etc., como vemos, todos los teóricos mencionados, se refieren a la estrategia como privilegio del componente militar, ya que se destaca la batalla como un aspecto central de la estrategia, como su fin último. Mientras que en la definición de Baufre, hace un planteo referido a dos pasos de la estrategia, la estrategia de presión indirecta y la estrategia de presión directa.

Describe Baufre la estrategia de presión indirecta, como una acción de injerencia política una lucha total prolongada con débil intensidad militar y acciones sucesivas. En el concepto de la estrategia de presión directa encontraremos los modelos de amenaza directa, acciones sucesivas y victoria militar.

Con esta concepción de la estrategia pasa a un primer plano la acción política y a un segundo plano y subordinada a la política la acción militar. En realidad, es lo que vemos que ocurre en los teatros de operaciones en conflictos actuales, donde se aplica la denominada guerra hibrida o, incluso, la doctrina Gerasimov. Estas teorizaciones y el análisis de los conflictos donde se aplican son los que hay que tener en cuenta para la planificación de una Defensa Nacional eficaz y moderna, la organización delas FFAA y los proyectos de industria de la defensa.

Dentro del Plan estratégico nacional deberían estar coordinadas Las Fuerzas de Seguridad (FFSS) federales y las Policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA), Aerolíneas Argentinas, la Secretaría General de la Presidencia, FAdeA, ARSAT, INVAP, VENG y CONAE, los principales usuarios y proveedores estales de productos y servicios aeronáuticos y espaciales, con una política común en materia de requerimientos de materiales a los efectos de economizar la logística y optimizar los recursos del Estado.

Todos estos organismos están vinculados al área Defensa y a la industria para la misma y deberían tener una instancia de coordinación y planificación para consolidar los requerimientos de las FFAA conforme a los desafíos de la guerra actual y futura. La política de Defensa debería definir qué productos conviene producir en Argentina y cuáles adquirir en el extranjero, siempre fomentando la mayor participación nacional y la transferencia tecnológica.

Es indudable que existe una gran frustración entre los argentinos preocupados por la Patria y su Defensa que tiene como centro de atención el desinterés de las distintas administraciones o incluso la propensión al negociado, como en el caso del intento de realizar transacciones inmobiliarias con propiedades de las FFAA o compras desafortunadas, como el caso de los Súper Entendard Modernice, aviones vetustos que es costoso poner en vuelo o las lanchas patrulleras, sin capacidad misilisticas y que llegan desartilladas.

El excesivo vaivén dentro de las políticas de defensa, que entre marchas y contramarchas con una parálisis del pensamiento de largo plazo. Las siempre tétricas coyunturas políticas, posicionaron de manera exclusiva lo urgente por sobre lo importante y lo importante es defender la Nación, proteger sus fronteras, territorio y áreas marítimas, su espacio aéreo y sus intereses, su soberanía, independencia política y en definitiva su grandeza como Patria.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

©2020-saeeg®

 

 

ARGENTINA: DEFENSA NACIONAL + SEGURIDAD

Reinaldo Cesco*

Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay

 

Introducción

La Defensa de la Soberanía Nacional constituye un objetivo indeclinable de las autoridades de la República. Para alcanzar este objetivo se debe contar con los recursos necesarios. Los recursos se refieren a los medios legales, es decir, contar con el marco legal adecuado, a los recursos materiales, financieros y tecnológicos apropiados para lograrlo y también con el recurso humano, que debe estar motivado y adecuadamente capacitado para lograr el objetivo. Sin el recurso humano apropiado, los otros dos pilares antes mencionados se vuelven intrascendentes.

A los efectos de por qué es indispensable atender a las cuestiones de seguridad y defensa, es necesario destacar que cuando se habla de “Seguridad Internacional” se refiere al equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional.

Por su parte, la Seguridad Nacional es definida como la situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso.

Problemática

Nuestro país cuenta con amplias fronteras y con un litoral marítimo extenso, por lo cual su custodia se vuelve compleja. Para llevar a cabo una eficaz defensa de nuestra soberanía nacional debería modificarse la legislación correspondiente a las cuestiones de Defensa Nacional y de Seguridad. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad podrían acompañar el cumplimiento de ese objetivo, pero es imprescindible un serio esfuerzo en aras de favorecer la motivación del personal destinado a esta tarea así como también diseñar una capacitación adecuada a los riesgos y amenazas que predominan en el mundo actual. Por otro lado, tampoco cuentan con los recursos tecnológicos y materiales adecuados, al menos en cantidad suficiente.

El marco legal vigente no permite la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, salvo algunas excepciones, y esto es algo acertado. No obstante, pueden colaborar ampliamente proporcionando apoyo logístico valiéndose de su amplio despliegue territorial.

Refiriéndonos específicamente a la Seguridad, el Estado Nacional cuenta con fuerzas de Seguridad, pero de momento éstas no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas. Como ejemplo de ello vale destacar que la Gendarmería Nacional ha sido retirada de la custodia de las fronteras para cumplir funciones de policía en centros urbanos y lo mismo sucede con la Prefectura Naval. Esto contribuye en extremo a incrementar la inseguridad, ya que las fronteras se han tornado sumamente porosas y el tránsito de personas y mercaderías es prácticamente libre. Del mismo modo, el hecho de que se haya desplegado a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas tampoco soluciona el problema, pues su accionar está limitado por el marco legal vigente, por la obsolescencia del material del que disponen, por la baja motivación del personal y el alto riesgo de ser corrompidas por quienes deben combatir debido a la precariedad salarial. Asimismo, se debe tener en cuenta la escasez de efectivos en las Fuerzas Armadas. La reducción del personal militares un problema que se ha ido agravando de manera constante en la última década.

En cuanto a la defensa de nuestras fronteras y lucha contra el narcotráfico y otros flagelos, se debería discutir la necesidad de contar con una ley de derribo u otro mecanismo con el cual coaccionar a aeronaves que ingresen ilegalmente al espacio aéreo nacional. Los protocolos actuales son irreales y constituyen una mala administración de los recursos del Estado. La autorización del derribo o de la aplicación del método de coerción seleccionado debería estar en manos de algún funcionario civil, designado a tal efecto.

La protección de los recursos marítimos, la custodia y defensa del interés nacional en el mar Argentino también se han dejado abandonados al azar. Si bien la Prefectura Naval cuenta con ciertos medios, estos no son los adecuados y su función se extiende hasta la milla 12 medida desde la costa, de ahí en más, hasta las 200 millas, o 350 si se considera la plataforma ampliada, corresponde a la Armada Argentina.

Para adentrarnos en el tema del narcotráfico y el crimen organizado incluyo un breve resumen de una nota publicada en el diario La Nación el 11 de febrero de 2014, redactada por Juan Gabriel Tokatlian[1].

El artículo se basa en el trabajo de Edwin H. Stier y Peter R. Richards de 1987 (Strategic Decision Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective). El mismo propone observar y evaluar cómo se despliega el crimen organizado a través de tres estadios diferenciados[2].

Hay una fase inicial o “predatoria”, en la cual el territorio y su control son fundamentales, se busca establecer un espacio físico seguro; afianzar las rutas para el transporte; el acceso a mercados para sus productos, y deben proveerse de ámbitos de protección personal. Con capacidades estatales básicas se puede hacer frente al desafío y evitar que éste transite a la etapa posterior[3].

En la segunda etapa: la “parasitaria”, la influencia política y económica de la criminalidad aumenta notoriamente. “Esta fase no sólo muestra la mayor inserción del crimen organizado, sino también tres dinámicas preocupantes: su ‘legitimación’, ‘proliferación’ y ‘democratización’”[4].

El Estado debe responder a un asunto de gran envergadura. El Estado necesita, con urgencia, una estrategia integral de contención del crimen organizado”. Debería contar con una sociedad dispuesta a deslegitimar el avance de la ilegalidad, procurar un alto grado de cooperación internacional y desplegar una política de largo plazo sin esperar milagros.[5]

En el estadio final: el “simbiótico”, se manifiesta el afianzamiento de la criminalidad[6]. El sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” (el crimen organizado) como éste de la estructura establecida. Un país no es plenamente capturado por el crimen organizado, pero en muchas regiones y provincias la simbiosis permite la consolidación de una nueva clase social a nivel local, con poder para establecer un orden paraestatal en las mismas[7].

Propuestas

Entre las propuestas se destacan:

  1. La modificación del marco legal vigente, proporcionando una ley de derribo, que ayudaría en la disuasión de algunas actividades ilegales.
  2. El retorno de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval a sus funciones específicas, lo cual contribuiría a resguardar las fronteras.
  3. Revisión de la política salarial de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad.
  4. Que la Policía Federal Argentina se dedique a combatir delitos federales, siendo necesaria una previa restructuración y dotándola de un mayor despliegue en el territorio nacional.
  5. Re-equipamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluyendo una fuerte inversión en capacitación.
  6. Crear una nueva fuerza federal destinada exclusivamente al combate del narcotráfico. Además se debería crear un cuerpo de Fiscales Federales y asignar juzgados específicos para esta tarea.
  7. Coordinación de políticas y acciones en forma conjunta con las provincias.
  8. Revisión de las políticas de incorporación del personal en la Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya que al haberse limitado la averiguación de antecedentes, están ingresando personas que no son las adecuadas para la tarea.
  9. Poner énfasis en Seguridad y Desarrollo, buscando desarrollar un modelo propio que garantice la seguridad en forma integral, el desarrollo socio-político, humano, tecnológico y económico de la Nación.

Punto I

Reorganización de las Fuerzas Armadas

Como consecuencia de más de una década de implementación de políticas erróneas para el país y dada la gran extensión territorial de la Argentina, habrá que destinar grandes recursos a áreas importantes que puedan revitalizar la economía, reconstruir la institucionalidad e invertir grandes sumas en infraestructura. En ese sentido, se presentaría una gran oportunidad para una reorganización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, así como también para la puesta en valor de la producción para la Defensa, la cual actuaría como un motor para el desarrollo industrial, particularmente para las pymes.

La propuesta consiste esencialmente en adoptar un Sistema de Guardias Nacionales, que complementen el accionar de las Fuerzas Armadas “tradicionales”. Es decir, las Fuerzas Armadas mantendrían su estructura actual, de unidades regulares, y la ampliación del uso de reservistas, y se le agregarían las Guardias Nacionales.

Para esto se podría pensar en una organización similar a la existente en Estados Unidos, donde cada gobernador de Estado o Provincia tiene cierto control de las unidades desplegadas en su territorio, pero a la vez estas apoyan el accionar de las Fuerzas Armadas, siendo el Estado Nacional el que aporte el material operativo, a través de las respectivas Fuerzas, mientras las provincias aportarían parte del financiamiento y el personal, aunque el control operacional estaría a cargo de un comandante provincial designado por el Gobierno Nacional.

Las Guardias Nacionales dependerían a nivel organizativo de sus respectivas fuerzas, es decir, Guardia Nacional dependiente del Ejército, Guardia Nacional Aérea dependiente de la Fuerza Aérea, y eventualmente un equivalente para la Armada.

La particularidad de esto es que en caso de necesidad las Guardias Nacionales podrían actuar en Seguridad Interior, sin necesidad de modificar el marco legal vigente. Por su parte, las Fuerzas Armadas podrían pensarse para proyectar la política exterior del país.

Las Fuerzas Armadas deberían aumentar significativamente su participación en Organizaciones Militares de Paz en el marco de Naciones Unidas, lo cual permitiría mejorar su nivel de alistamiento y adiestramiento. En caso de necesidad su accionar sería apoyado por las Reservas respectivas y las Guardias Nacionales.

Las Guardias Nacionales podrían actuar más rápidamente en casos de catástrofes naturales, siendo su uso solicitado por los gobernadores y autorizado por un Comandante Nacional. Lo mismo aplicaría en el caso de que las fuerzas policiales se vieran desbordadas. Eventualmente podría disponerse de una doble autorización, a nivel provincial y otra a nivel nacional.

Punto II

Fuerzas de Seguridad Nacionales

Las Fuerzas de Seguridad nacionales como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria deberían retornar a sus funciones específicas.

La Policía Federal debería asumir las funciones para las que fue creada, los delitos federales, pero centrándose tal vez en la investigación de los delitos financieros e informáticos, manteniendo a su vez entre sus funciones específicas el combate del narcotráfico.

También debería considerarse la creación de una Policía Judicial, que dependa del Poder Judicial, de modo tal de evitar interferencias por parte del Poder Ejecutivo, lo cual ampliaría la autonomía Judicial. Así podrían evitarse situaciones como las actuales en las que los jueces y fiscales ven que sus órdenes son desobedecidas, o las investigaciones son alteradas por intromisión de otro poder del Estado.

Es clave dotar al Poder Judicial de las herramientas adecuadas para poder llevar adelante las investigaciones en forma independiente. A la vez se deben completar los puestos vacantes y masificar los juicios por jurados. La justicia debe ser rápida, transparente y eficiente.

En línea con lo expuesto anteriormente la Gendarmería Nacional volvería a ser quien custodie nuestras fronteras, evitándose así la atomización de recursos escasos. Lo mismo debería suceder con la Prefectura Naval y ambas fuerzas deberían coordinar esfuerzos con la Policía Federal en su lucha contra el crimen organizado. Para esto también se debería contar con el aporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lográndose de esta manera una presencia tanto por medio terrestre, marítimo y aéreo.

Punto III

Política Salarial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad

Sin duda uno de los puntos más importantes a considerar si se desea tener Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad profesionales y eficientes, es la política salarial de las mismas. Si el haber mensual del personal es bajo, se deja abierta una puerta muy grande para que el personal sea corrompido por necesidades económicas.

Una de las opciones, sería volver a equiparar los sueldos en relación con el Poder Judicial, como ocurría hasta principios de la década de 1980. Otra sería plantear una escala salarial equiparando las jerarquías con las del Poder Ejecutivo, siendo un general y equivalentes comparables con un secretario de Estado y luego establecer las correspondientes equivalencias.

Tener una política salarial clara y transparente evita que los altos mandos sean extorsionados económicamente por el gobierno de turno, como sucede en la actualidad. No es posible que tanto el personal militar y de las Fuerzas de Seguridad cobren el grueso de su haber en “negro”. Esto permite la extorsión permanente con la amenaza del pase a situación de retiro de los efectivos.

Nadie puede desarrollar su tarea de manera adecuada sin estabilidad salarial. Esta debería ser una prioridad para un nuevo gobierno, tarea que debería llevarse a cabo sin dilaciones, siendo prioritaria a la hora de reconstruir las instituciones nacionales.

Punto IV

Reorganización de la Policía Federal y otras Fuerzas de Seguridad

Luego de haberse desprendido la Policía Federal de su División Metropolitana, la misma estaría en mejores condiciones para una reorganización que le permita ocuparse de los delitos federales. Debería aumentar su despliegue territorial y asumir una tarea similar a la del FBI de Estados Unidos. Esto debería ser relativamente sencillo de realizar, ya que la institución desde siempre ha contado con una sólida base institucional y una permanente vocación para adaptarse a los constantes desafíos que la cambiante realidad le impone.

Además, sería importante que colaborara y coordinara políticas y procedimientos con la Policía Judicial propuesta anteriormente y con la Gendarmería Nacional y con una eventual agencia contra el narcotráfico. Los delitos financieros y el narcotráfico están íntimamente relacionados, razón por la cual, la cooperación inter agencias se vuelve esencial.

Punto V

Capacitación y Re-equipamiento de las FFAA y FFSS

La formación y entrenamiento del personal es también un elemento fundamental si se pretende que éste cuente con una elevada motivación profesional, espíritu de cuerpo y que esté correctamente capacitado para llevar a cabo la tarea que le toca desarrollar.

Nuestras fuerzas cuentan con Institutos de Formación de un elevado nivel académico y profesional, aunque en la última década ha ido dejándose de lado la formación militar, siendo esta un área que no debería descuidarse. En tal sentido se deberían adaptarlos contenidos actuales para poner el acento en una buena formación de base.

También deberían retomarse los programas de intercambio y de formación de personal en el extranjero. Estas prácticas tan corrientes en décadas pasadas se han vuelto casi inexistentes.

Dentro de la formación del personal, no debe perderse de vista el desfasaje tecnológico de nuestras fuerzas en todas sus aéreas. Esto disminuyó su capacidad para llevar a cabo su tarea correctamente, máxime si se tiene en cuenta que el crimen organizado cada vez se vuelve más sofisticado y, en el plano militar, debe considerarse que son pocos los países que voluntariamente renuncian a tener la capacidad de defenderse. Mal puede entrenarse y capacitarse al personal con medios obsoletos, con escaso mantenimiento y que ya no están en condiciones de cumplir eficazmente la tarea para la cual fueron incorporados. Como resultado de ello, la Argentina hoy se encuentra en un verdadero estado de indefensión.

En concreto, debería llevarse a cabo un amplio programa de modernización y re-equipamiento del material de dotación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, buscando compartir medios en las aéreas donde esto sea posible, para abaratar costos logísticos y de adiestramiento, procurando en todo momento el accionar conjunto.

Punto VI

Lucha contra el Narcotráfico

Para esto se propone la creación de una nueva fuerza federal cuya función sea exclusivamente la lucha contra el narcotráfico. La magnitud de este flagelo, sumado a la gran extensión territorial de nuestro país, exige la existencia de una fuerza que con exclusividad de dedique a la lucha contra el mismo. Además, su accionar debería coordinarse con la Policía Federal y la Policía Judicial propuesta anteriormente.

La creación de esta fuerza podría hacerse sobre la base de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, más componentes de la Gendarmería Nacional y elementos de otras fuerzas de Seguridad Federales. Sería sumamente costoso y demandaría un considerable tiempo el construir una fuerza de estas características desde la nada, es por eso que se propone construir sobre la base de elementos ya existentes.

La nueva fuerza debería contar con un despliegue territorial no necesariamente extenso, aunque inicialmente focalizado en zonas “calientes” del narcotráfico. Su accionar podría estar apoyado por las Policías Provinciales, además de complementarse con la Policía Federal, y compartir información y coordinar esfuerzos con agencias similares de otros países.

Punto VII

Coordinación de Políticas con las Provincias

Si se desea tener éxito en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, se debe incluir a los Estados Provinciales en la conversación y estos deben ser parte de la solución, de lo contrario se derivará en un nuevo fracaso. Las políticas a coordinarse varían desde la educación, la contención de las víctimas, hasta el combate contra el crimen, el castigo de los delincuentes y el cumplimiento efectivo de penas.

El accionar de la justicia y la coordinación de las fuerzas federales y provinciales debe ser una prioridad. En este sentido es fundamental ser inflexible con el tratamiento de la corrupción. La corrupción es uno de los instrumentos más importantes que el narcotráfico utiliza para garantizarse la impunidad. Con ese propósito apela a la infiltración de las instituciones y a la compra de voluntades.

Asimismo debe coordinarse con los Estados Provinciales las tareas de inteligencia y recopilación de información sobre el accionar del crimen organizado. Se debe contar con una base de datos centralizada, que unifique la información criminal disponible. En el mismo sistema deben constar pedidos de captura, legajos y todo otro tipo de información que se considere importante. Su acceso debe estar restringido a personal con el nivel de seguridad adecuado.

Punto VIII

Poder Judicial

Uno de los primeros puntos a considerar respecto del Poder Judicial es la despolitización del mismo. Desde hace décadas el Poder Judicial, tanto a nivel federal, como en las provincias, se rige de acuerdo con el compás que marca la política y los intereses del gobierno de turno.

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, y simultáneamente, deberían constituirse al menos dos fueros independientes y que en exclusividad se dediquen a sus áreas respectivas: uno dedicado a investigar la corrupción y los crímenes financieros y otro cuyo centro de gravedad esté centrado en el narcotráfico y el crimen organizado. Es necesario, en el estado actual, que estos fueros con exclusividad se concentren en estas áreas y no se distraigan los recursos de estos para tratar la infinidad de otros casos que cualquier país tiene. Para ellos están los fueros y juzgados ya establecidos.

Es esencialmente para ayudar la función de estos dos fueros que se propone en este trabajo la creación de la Policía Judicial, la cual a su vez debería coordinar esfuerzos con la Policía Federal, la Fuerza o Agencia Anti Drogas también propuesta y demás fuerzas federales de seguridad.

Punto IX

Seguridad y Desarrollo

El almirante Jorge Martínez Busch, de la Armada de la República de Chile, considera que

Desarrollo y Seguridad se unen en la búsqueda y consolidación de la identidad nacional: esa individualización propia y distintiva que hace diferente a cada Nación. Cabe en este aspecto puntualizar que la búsqueda y consolidación de la propia identidad no es un anhelo político ideológico, sino que responde al orden natural, el cual conlleva una necesidad de buscar características que nítidamente perfilen y hagan trascender la noción de Patria, con todo lo que ella implica., como así tampoco esta búsqueda no deber ser interpretada para separar o confrontar a un Estado respecto de otros con los que, además, pueden tenerse intereses comunes, o, una cultura común.[8]

Por otra parte, y en línea con lo antes expuesto, la ONU define a la Seguridad Internacional como “el equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional”. Un país no puede aspirar a un desarrollo sustentable, de largo plazo, que mejore la calidad de vida de sus habitantes, a menos que pueda garantizar su Seguridad Nacional.

Para conseguir este objetivo, debe favorecerse la cooperación con los países de la región en materia de inteligencia y seguridad a los efectos de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, teniendo en consideración una agenda propia y no la que suele imponerse en función de los intereses de los países centrales.

Resulta así cuasi indispensable la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional. Debe considerarse una planificación integral del mismo, que incluya una nueva modalidad de reclutamiento, la profesionalización y capacitación permanente del personal. Para que esto sea eficaz y sirva a los intereses de la Nación, debe eliminarse la politización de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reorientando este organismo hacia la Inteligencia Estratégica.

En consonancia con esto, se debería optimizar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la cual debería incrementar su cooperación con los organismos encargados de combatir la criminalidad. La organización está abierta al debate, pero esencialmente se busca disminuir la burocracia y aumentar la operatividad y la eficiencia de los organismos del Estado.

Conclusiones

El trabajo busca abrir un debate necesario sobre la realidad del país. Es una propuesta de cómo organizar los diferentes organismos, instituciones y otros recursos del Estado para enfrentar un flagelo que aqueja a nuestro país desde hace ya varias décadas, que transciende gobiernos y partidos políticos. Busca dejar de lado las ideologías y evita polemizar sobre hechos ya no tan recientes de nuestra historia.

Referencias

[1]Juan Gabriel Tokatlian. “La Argentina y las etapas del narcotráfico”. La Nación, 11/02/2014, <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-argentina-y-las-etapas-del-narcotrafico-nid1663038>, [consulta: 12/12/2019].

[2]Ídem.

[3]Ídem.

[4]Ídem.

[5]Ídem.

[6]Ídem.

[7]Ídem.

[8]Jorge Martinez Busch. “Una Contribución para la creación de un pensamiento político-estratégico nacional”. En: Revista Política y Estrategia, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile,N° 60, mayo – agosto, 1993, [consulta: 18/12/2019].

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

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