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AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

F. Javier Blasco Robledo*

Frase con la que se tituló una de las series más vistas en la televisión española de todos los tiempos; serie, que empezó su andadura en septiembre de 2003 y finalizó en julio de 2006 tras cinco temporadas y 91 capítulos. Encuadraba un elenco de personajes que vivían en un mismo edificio y representaban los estereotipos más característicos de la real, picaresca, esquizofrénica —por los avatares de sus propias vidas e intereses— y tremendamente vividora sociedad española.

Los personajes se mostraban dominados o movidos —sin que se enteraran— por seres aparentemente inofensivos de su entorno que, sin embargo, ejercían una fuerte y nefasta influencia y un gran control sobre ellos o sus acciones y decisiones mediante la creación de embrolladas e incomprensibles situaciones que, realmente, suelen darse a lo largo de la vida por absurdas que parezcan; aunque la mayoría de los mortales las tomemos y tratemos de otra forma, tal y como pretendía la propia serie.

Una serie y conjunto de situaciones que pronto se convirtieron en la segunda casa de todos los españoles porque una inmensa mayoría se sentía identificado en la misma de una forma u otra, bien en los propios personajes o en las situaciones creadas o vividas por los guionistas y los actores, que algo añadían de su cosecha, y por el generalmente rocambolesco desenlace final de cada capítulo, que creaba una especie de interés a la espera de nuevas y absurdas vivencias por llegar.

Al igual que la novela picaresca española, fue tomada a broma por una inmensa mayoría de los televidentes, cuando en realidad era un auténtico drama que representaba, con alto grado de fiabilidad, la calaña y el bajo calado intelectual de nuestra sociedad, sus intereses, desviaciones varias, tendencias al engaño o la pauta para buscar cómo vivir de la mejor forma posible, a costa de los demás o con el menor esfuerzo propio.

Hace ya años que en España, y sobre todo, desde que Sánchez e Iglesias llegaron a copar los puestos de alta responsabilidad y representación en la escena política, la situación y evolución de los hechos y acontecimientos, recuerdan muy mucho a los líos y embustes de la serie.

Así, hoy en día, parece que en España todo se puede tomar a chunga, nada es serio; nadie respeta la Ley ni las decisiones de los tribunales sin incurrir en graves consecuencias; se ataca sin disimulo a la Constitución, a la Jefatura del Estado o al poder Judicial; se producen más de 100.000 muertes por una desastrosa y pesimamente llevada pandemia y nadie toma o acepta responsabilidades.

Sin olvidar que la mayoría de las decisiones judiciales se cuestionan, no se aceptan y, aunque estas se reiteren, no se aplican. El gobierno miente constantemente, no cumple sus promesas, cambia de rumbo sin solución de continuidad y es tan grande el lío montado que tenemos a Europa muy mosca con nuestro futuro y por ver que es lo que realmente nos traemos entre manos.

Los otrora grandes y graves enemigos de España por su pertinaz y rancio espíritu separatista o su enfermiza y deleznable tendencia a basar sus reivindicaciones en el traicionero uso de la amenaza, los actos de terrorismo y la autoría de unos 1.000 asesinatos en España —mediante el tiro en la nuca, la emboscada, la traicionera bomba y el rapto con posterior muerte por asesinato—, son ahora los que tienen nuestro futuro en sus manos, al haberse convertido en los imprescindibles socios de un gobierno que, por culpa de los favores, apoyos y los caprichos de estos, está totalmente endeudado.

Nuestra imperfecta y tantas veces manoseada democracia, permite sin reparos ni vergüenza o mínimo rubor, que la continuidad en el mando y la dirección del país por nuestros próceres de hoy dependa de los votos de dichas lacras sociales y políticas que se cobran con creces su favores ante la pasividad total de las clases políticas, la dirección de las fuerzas armadas, los altos tribunales y el imperdonable aborregamiento de una sociedad vendida, comprada o acomodada que no quiere saber nada, que prefiere mirar para otro lado, antes que verse implicada en manifestaciones y actos para decir fuerte y claro, “¡Señores, hasta aquí hemos llegado!”.

La jefatura del Estado, representada en SM el Rey, es vilipendiada, menospreciada, atacada y humillada casi a diario desde todos los estamentos, ciertas autonomías e incluso total o parcialmente por el propio gobierno por acción u omisión de sus componentes, quienes tienen hipotecado el futuro de sus carreras a costa de evitar ofender o molestar a tanto malvado que les apoya e incluso hasta forma parte del mismo gobierno, a pesar de que previamente en plena campaña electoral, haber jurado que tal situación no se iba a cumplir de ningún modo por ser insufrible y con consecuencias para España de mucho calado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hasta las mismas Fuerzas Armadas, en muchos casos, se encuentran bajo el mando de personas “acomodaticias o agradables” a los políticos en el gobierno, poco molestas y tremendamente agradecidas de haber sido designadas para ocupar dichos cargos, aunque su propia conciencia y formación profesional —mamadas durante muchos años— les indique que esos puestos, no son para ellos y que a otros, con más méritos y derechos, se los han birlado.

Vemos al presidente del gobierno, a gran parte del ejecutivo y al que hasta hace pocos días era vicepresidente segundo, empecinarse en atacar a la zona más fructífera y saneada política, social y económicamente de toda España, Madrid.

Y todo ello, a pesar de que la Comunidad de Madrid es la región donde nadie es extraño, todos tienen cabida y aporta más que ninguna otra ingresos solidarios, de los que viven los que la atacan, ofenden y le cierran sus puertas de acceso por cochina envidia, sectarismo y poca vergüenza ante la realidad del éxito de las políticas puestas en juego desde hace ya bastantes años.

Una región que en pocos días pondrá a prueba si se rompe o no la tendencia nacional y con ello se pueda corregir la hecatombe social, sanitaria, política y económica a la que los socialistas y los comunistas avocan a una triste España y hacia dónde, aún peor, nos quieren llevar.

Vivimos una situación de espera, incertidumbre y hasta de duda que acongoja a los que observamos con desesperanza e inquietud la evolución de los acontecimientos de una Patria a la que muchos españoles le venimos dando todos nuestros esfuerzos y desvelos posibles con amor y absoluta generosidad, sin pedir a cambio, nada en especial.

Hemos sido testigos del nacimiento, auge y caída de ciertos partidos políticos que, tras muy poco tiempo en las tablas, confundieron sus preceptos y principios para enzarzarse en lo más bajo de la política y tratar de encontrar un buen acomodo para sus mandos y demasiados allegados.

También podemos decir alto, fuerte y claro que han surgido o refundado otros partidos que prometiendo “velar por el pobre desgraciado”, sólo buscan su mayor rédito o enriquecimiento personal y no reparan en acogerse a toda dádiva, dieta o compensación a la que tengan derecho por “ejercer” su cargo, mientras el pueblo, trabajador y llano sufre las penurias de los ERTEs, los EREs, la segregación social y el duro, ciego y prolongado paro.

Una España sumida en las colas del hambre, en la desesperación por falta de un fututo claro, en la mentira y el engaño; que vive sometida a una constante propaganda tan mal enmascarada como el maquillaje con el que nuestro ínclito presidente, cada vez que habla en público, trata de esconder sus vergüenzas y las presiones que recibe desde Europa para poder hacer o proponer algo, aunque sabe que en cuestión de horas o días deba suspenderlo, anularlo o modificarlo porque está mal hecho o resulta fuera de tono, inútil o precipitado.

Mantenemos los peores datos del mundo civilizado en lo que al manejo y contención de la pandemia mundial se refiere; fuimos incapaces de verla venir, a pesar de los muchos avisos externos y los ocultados informes internos, por un afán de propaganda malintencionada de parte de un gobierno vendido a las exigencias de su parte comunista y más feminista.

La pandemia en sí, se gestionó y aun gestiona de auténtica pena, se invirtió en compras fantasma y se han malversado, o al menos desaparecido. sin dejar rastro, cientos de millones de euros en compras inexistentes, realizadas precipitadamente sin un contrato serio, asignadas a dedo a amigos o a comerciantes surgidos de la noche a la mañana, sin curriculum ni experiencia en el ramo sanitario y, por cierto muchos de ellos, bastante amigos de otros amigos del personal en el gobierno.

Las muertes de ancianos en la residencias, en soledad y con escasos cuidados paliativos, es una vergüenza nacional de la que nadie se quiere responsabilizar; incluso, se da el caso paradójico, de que el entonces vicepresidente segundo del gobierno, Iglesias; principal responsable por Ley y por haberse arrogado públicamente él mismo la máxima autoridad para el sostenimiento, las buenas praxis y la atención en las mismas, ahora usa las victimas en aquellas residencias como un  arma arrojadiza contra la principal oponente en Madrid a la que, de forma desesperada —ya que se ha visto precisado a abandonar el gobierno del que tanto le costó encontrar asiento a la lumbre, para intentar salvar a su partido de la desaparición definitiva— se enfrenta para las próximas elecciones regionales en los primeros días de mayo.

Somos el segundo país europeo más pedigüeño y plenamente necesitado de ayuda económica externa en Europa para poder salir del bache en el que este gobierno nos ha metido por su mala cabeza, falta de previsión y por haber tirado por la borda millones de euros a base de todo tipo de dádivas, inútiles planes, sueldecitos y otras ayudas dedicadas a la compra de voluntades y a asegurarse favores.

Nos encontramos, intentando engañar a una Europa de nuevo —que ya está harta de nosotros— con amagos de reformas nada claras, cambios estructurales que nunca llegan y una larga lista de impuestazos que como veremos, tras las elecciones del 4 de mayo, harán temblar a grandes y pequeños. Impuestos, que serán, sin duda, la puntilla para muchos de las pequeñas empresas, negocios y autónomos, que están tiritando tras más de un año de pandemia y que ya no se fían de lo que les dice el gobierno porque, según Sánchez, hace tiempo que le habíamos ganado la partida a la pandemia y salíamos reforzados. Pero, sin embargo, aquí estamos, con los negocios cerrados, mano sobre mano y sin ver un euro positivo en las famélicas cuentas de resultados.

Nos hemos convertido en un país ninguneado por todos los países lejanos y los más cercanos, que no cuenta para nadie y que aún sigue esperando a que le llame el Tío Sam y eso que Biden es de izquierdas y en Moncloa, a pesar de los desplantes de Sánchez y Zapatero, se pensaban que con este personaje, todo anterior desaguisado se iba a arreglar en un abrir y cerrar de ojos.

Nadie pensaba en la real trascendencia de las elecciones madrileñas, salvo los que ven en Moncloa que sus butacas pueden estar en peligro; por ello, hicieron todo lo posible para que no se hubieran celebrado. Unas elecciones en las que la mayoría de los partidos se han enfangado en una campaña sucia y barriobajera donde los insultos, amenazas, desplantes, abandonos de atriles, viejos y rancios eslóganes y absurdas mentiras se agrandan y ensalzan hasta niveles increíbles como el tratar de impedir un pequeño mitin en un rincón de la capital a base de lanzarles pedradas o en enviar amenazas con munición de guerra en varias cartas y sacarlo a la prensa como su gran baza para ganar.

No quisiera terminar el repaso a lo que está ocurriendo en nuestro solar patrio sin mencionar y resaltar un execrable hecho por el que atónitamente, el pasado viernes, fuimos testigos los españoles; ni más ni menos, que emplear el Boletín Oficial del Estado para promulgar una modificación, por cierto muy cuestionable —porque implica el sometimiento de todos a la voluntad de unos pocos en lo referente al derecho al trabajo y de huelga y la actitud de los activistas de los denominados “piquetes informativos”— mediante una Ley Orgánica (5/2021) por la que se deroga el apartado 3 del artículo 315 de Código Penal. Ley Orgánica, en cuyo preámbulo se trata de forma rastrera y torticera al partido que lo incluyó, y lo que es más execrable y aún sin comprender por nadie, se usó la firma de Su Majestad el Rey como es preceptivo, sin que al parecer, nadie advirtiera, se resistiera o posteriormente rectificara, tan vulgar y rastrera hazaña, propia más bien de países dictatoriales y poco o nada democráticos.

De la lectura de este trabajo, me atrevo a pensar que de él se desprende fácilmente que en España estamos viviendo situaciones peculiares, estrambóticas o de auténtica pesadilla, tal y como aquellos vecinos de la serie a la que me refería al principio, quienes apenas salían de una situación rocambolesca volvían a verse inmersos en otra u otras de mayor calado y profundidad, cada vez más absurdas e irracionales de manos de unos peculiares elementos que, a su modo, dominaban al resto de convecinos. El certero título de la serie era lo mejor de ella; y en este caso, yo cambiaría el de este trabajo por “En España, con este gobierno, no hay quien viva”.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

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“TODOS AQUELLOS QUE TENGAN MIEDO O QUE NO SE ANIMEN HAY OTRAS OCUPACIONES ADEMÁS DE SER MINISTRO”

Que en 2021 estén solo los que se animen a construir una Argentina mejor

 César Augusto Lerena*

La vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner se expresó así en un acto en el que participó en La Plata, junto al presidente Alberto Fernández.

Días pasados la Sra. vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner invitó a retirarse del gobierno a quienes tienen miedo o les falta coraje para ejercer la defensa del interés nacional. No seré yo quien interprete el alcance de esta intimación, porque, es muy probable, que el nivel de temor de los destinatarios, según la vara con el que se los juzgue, pueda tratarse desde una estratégica prudencia a panic attack, o, simplemente, un mal crónico que aqueja a los funcionarios: incapacidad o esfuerzos aplicados a intereses ajenos al Estado (a libre interpretación del lector).

Sería imprudente que cada uno de los ciudadanos de a pie, se pusiese a mencionar con nombre y apellido a quienes deban abandonar sus cargos; en principio, porque no está destinado a nosotros ese mensaje, sino a cada uno de los funcionarios que tienen miedo o no se animan a dar cumplimiento al juramento dado “a Dios (en su caso) y a la Patria, prometiendo observar y defender la Constitución, las leyes de la República y los deberes del cargo para el que han sido nombrados”; también, porque el que nombra y remueve a los funcionarios es el Presidente de la Nación y, finalmente, porque irse en este momento, sería reconocer una debilidad e incompetencia y el incumplimiento consecuente de sus obligaciones. Sería aceptar con dignidad “que Él (por Dios) y la Patria os lo demanden”, atributo que no suele estar presente cuando a alguien se lo impele a renunciar.

Entonces, como “al chancho rengo se lo conoce al andar”, lo mejor es referirse a las obras y no a los hombres que debieran ejecutarlas, en la acción de gobierno y, también, tratar de discernir entre las obligaciones burocráticas y aquellas que son centrales en la doctrina justicialista: justicia social, independencia económica y soberanía política, aunque aceptadas por las distintas corrientes políticas.

Con este mandato vicepresidencial y habiéndose cumplido un año de la asunción del gobierno, me referiré entonces a lo ocurrido en el Atlántico Sur, MALVINAS, Georgias del Sur, Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y la PESCA; una actividad —esta última— desde la cual se puede contribuir a dar cumplimiento a la citada doctrina.

La Pesca, es una actividad generadora de importantes recursos económicos y de mano de obra intensiva; de radicación poblacional e industrial pesquera y naval en áreas estratégicas de la Nación; de ocupación del amplio territorio marítimo argentino; pero, sobre todo, es una herramienta insustituible para recuperar Malvinas. Al respecto, he venido diciendo hace décadas, que “Sin pesca no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas” y agrego: “la pesca será el más importante instrumento para recuperar la soberanía de Malvinas”, y ello no habrá de llegar, con solo rogar al Reino Unido a que se acoja a lo prescripto en la Res. 2065/65 de las Naciones Unidas.

Me referiré, entonces, solo a lo que ha pasado (o no ha pasado) en materia de MALVINAS Y PESCA y “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga”.

La propaganda de la Secretaría de Malvinas nos dice “Cumplimos un año de gestión. La Causa Malvinas volvió a ser política de Estado. Nos propusimos tres leyes para colocar la soberanía en el centro de las políticas de Estado. Una dispuso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas que promueve políticas de Estado a mediano y largo plazo; la segunda norma, estableció sanciones y multas más elevadas para la pesca ilegal en aguas argentinas incluyendo las que circundan a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; la tercera, demarcó el límite exterior de la Plataforma Continental. (Amén de ello), reafirmaron su apoyo a la posición argentina sobre Malvinas la ONU, la OEA, la CELAC, el MERCOSUR, el SICA, el G77+China, entre otros múltiples organismos multilaterales; avanzamos en la identificación de los soldados caídos; celebramos los 200 años del izamiento de la bandera argentina en Malvinas; seguiremos trabajando para que la celeste y blanca vuelva a flamear en todo nuestro territorio” (sic). Faltó agregar que esa Secretaría considera que la Res. 2065/65 de las Naciones Unidas es “la llave para resolver el conflicto” (sic) y “la única forma de recuperar las islas es el diálogo” (sic) (Daniel Filmus, “El Ciudadano”, Rosario, 13/12/2020).

Bueno, empezaré de mayor a menor, respecto a lo que se define como una política de Estado en esta materia: sí la clave, para recuperar Malvinas, es la Res. ONU 2065/65, los archipiélagos jamás volverán a estar en poder de Argentina. Esta herramienta, si bien en 1965 fue esencial, después de 55 años ha demostrado ser accesoria e ineficaz y absolutamente nula, para recuperar el diálogo con el Reino Unido la “única forma”, que el secretario considera —a mi juicio erróneamente— para recuperar las islas.

Por lo dicho, la Secretaría no ha innovado en la cuestión Malvinas y sigue con una estrategia insuficiente y vetusta, además, de avanzar sobre facultades que, como veremos, el Congreso de la Nación, ha puesto en manos del Consejo Nacional de Malvinas. En cualquier caso, la “Política de Estado” para resolver la cuestión Malvinas no pasa por dialogar sobre la soberanía de las islas, porque en la hipotética, pero improbable situación, en que el Reino Unido se avenga a dialogar, no será para reconocerle a los argentinos la soberanía de Malvinas. Para ello, hay que llevar adelante una estratégica inédita (jamás aplicada por la diplomacia argentina) que, en todo caso, concluirá en un diálogo consensuado. Y me adelantaré, con un ejemplo, lo que diré después, con mayor detalle: la flota China en aguas de Australia no solo está destinada a capturar sus peces, sino a aplicarle a “Australia la porra diplomática y, transformarlo en el chivo expiatorio de Beijing” (Jamie Seidel, News.com.au, 19/12/2020).

La Secretaría de Malvinas el 6/11 recordó el izamiento de la bandera en Malvinas; el 20/11 la soberanía nacional, el 16/12 los 55 años de la Res. 2065; pues bien, estas conmemoraciones son necesarias para fortalecer el sentimiento nacional o recordar nuestro interés perpetuo por Malvinas, pero son cuestiones que debería llevar un pasante de la Cancillería que sepa leer las efemérides. Otro tanto ocurre con los sucesivos apoyos de los países y los organismos internacionales a la posición argentina respecto de Malvinas, para ello son necesarios los embajadores destacados en los ámbitos adecuados. De hecho, eso ocurrió en 1965, cuando el que pronunció los alegatos por Argentina ante el Subcomité III de las Naciones Unidas, que culminó con el dictado de la Res. 2065, fue el entonces Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador José María Ruda.

Ahora, ¿qué hace la Secretaría de Malvinas para que las declamaciones se transformen en hechos? ¿Por qué pese a estos apoyos obtenidos, Uruguay sigue prestando sus puertos a las embarcaciones que pescan en Malvinas y a quienes depredan nuestros recursos migratorios en alta mar; Brasil es el destinatario de los vuelos desde Malvinas y Chile sigue siendo un aliado estratégico del Reino Unido? De esto debiera ocuparse la Secretaría de Estado que tiene por objeto recuperar la soberanía en Malvinas.

Respecto a las tres leyes que la Secretaría de Malvinas indica que, colocan la soberanía (de Malvinas) “en el centro de las políticas de Estado”, afirmo que en la forma en que están redactadas y como se han ejecutado (o no) durante este año, de ninguna manera, pueden ser el eje central de una política de Estado y, si analizamos su contenido, son instrumentos de escasa significación y, no es de esperar que, a partir de ellas —y menos si no se aplican, en el caso de incremento de sanciones— se modificará la situación de ocupación británica y de explotación de nuestros recursos en Malvinas.

Respecto a la Ley 27.557 del 4 de agosto de 2020 “sobre los límites de la Plataforma Continental”, empiezo por decir, que por Decreto 14.708/46, el gobierno argentino ya reivindicó la soberanía nacional sobre el mar epicontinental y el zócalo continental y, en 1966, por Ley 17.094 reafirmó la soberanía sobre el lecho y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite hasta la profundidad que las aguas suprayacentes permitieran la explotación de los recursos naturales. La Argentina por Ley 24.815 del 26 de mayo de 1997 creó la Comisión de Límites (COPLA) para dar cumplimiento a la Ley 24.543 que ratificó en 1995 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La Ley 27.557 que demarcó el límite exterior de la Plataforma Continental, no se ajustan a los recomendados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), conforme el art. 76º inciso 8º de la CONVEMAR: “Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios”, ya que esa Comisión solo “recomendó” 351.633 Km2 de los 1.782.000 Km2 presentados por nuestro país el 29 de abril de 2009, entendiendo que 1.430.367 Km2 se encuentran en disputa con idéntica presentación presentada por el Reino Unido el 11 de mayo de 2009. Es decir, que el proyecto de ley que la Secretaría de Malvinas presentó ante el Congreso de la Nación y exhibió al transformarse en ley como un éxito del gobierno argentino no se ajusta estrictamente a los hechos y los planos que esta Secretaría envió a imprimir con destino a escuelas, instituciones, etc. tienen un amplio espacio en disputa, que no está debidamente aclarado en la cartografía, generando confusión y un triunfalismo que no se ajusta a la realidad. Este supuesto no tiene efecto alguno sobre Malvinas y en todo caso agregó una nueva controversia con Chile. La Constitución garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de que la información pública debe ser adecuada y veraz.

En cuanto a la Ley 27.564 del 16 de septiembre de 2020 “por la que se elevaron las sanciones y multas a la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a Malvinas” (sic), lo que es redundante, porque las aguas correspondientes de los territorios insulares son argentinas, pero que, como veremos, las autoridades nunca aplicaron multa alguna. La Argentina no capturó ningún buque pesquero con posterioridad a la sanción de la ley y durante el año 2020 solo apresó tres (sin decomisarlos). Es decir, sin apartarse del bajo promedio de dos buques por año en los últimos 40 años, sobre una población de entre 350 y 500 buques que pescan nuestros recursos migratorios en la ZEE Argentina o fuera de ella. Por otra parte y, muy importante, el gobierno argentino no ha multado a ninguno de los 105 buques españoles o en sociedad con empresas británicas pescan en las islas; 73 taiwaneses; 30 coreanos del sur y otros 4 que pescan desde 1982 un promedio de 250 mil toneladas dentro del área de Malvinas (FICZ y FOCZ para los británicos) por un valor superior a los 650 millones de dólares y que consolidan año a año la ocupación británica en las islas y, aún más grave (si se puede asignarle más gravedad aún) sin apresar ni multar a ninguno de los buques que durante la pesca del calamar illex, loligo, hoki, merluza negra y otras especies capturaron por fuera de los límites impuestos por los propios británicos para la zona de Conservación y gestión provisional de las Malvinas (FICZ) y la Zona exterior de conservación de Malvinas (FOCZ). Por cierto, nada han hecho la Secretaría de Malvinas o la Subsecretaría de Pesca Nacional para reclamar el resarcimiento económico al Reino Unido y a las empresas que han pescado ilegalmente en Malvinas desde 1976 a la fecha unos 10,8 millones de toneladas por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares que, más derechos, intereses y la pérdida de chance en el comercio final, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares.

Un caso particular es el de España que ha reconocido que Malvinas es territorio argentino y que, pese a nuestros tradicionales lazos de amistad, sus buques subsidiados por la Unión Europea se asocian a empresas británicas de Malvinas para pescar en estas aguas. Sinceramente es deplorable la falta de acción de la Secretaría de Malvinas y la Subsecretaría de Pesca para terminar con esta pesca ilegal, que no solo se lleva nuestros recursos (las especies más valiosas, del orden de los U$S 24.000 la tonelada) sin licencia argentina y, fortaleciendo la posición británica en las islas. Hay que intimar a España a que acuerde con la Argentina y deje de pescar en forma ilegal, en contra de las normas de la U.E., la CONVEMAR y la legislación nacional.

El caso Pescapuerta-Estrella Patagónica podría ser un caso testigo (habría otros), de cómo los españoles se aprovechan desvergonzadamente de nuestra “incapacidad de control”. Esta cuestión, de pescar con habilitación en el continente e ilegalmente en Malvinas violaría la legislación argentina (24.922 y 26.386) y la disposición primera de la Constitución Nacional. Ya hemos dicho que es urgente la intervención de la Secretaría de Malvinas y de Pesca y los funcionarios deben hacer cumplir las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dictan; proteger y conservar la propiedad del Estado y emplear sus bienes (los peces lo son) con los fines autorizados. De no hacerlo podrían quedar incursos en un delito penal y de traición a la Patria, por contribuir al sostén británico en Malvinas.

Los funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de la Secretaría del Malvinas, por su incumplimiento estarían violando el art. 41º, 124º y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución; las leyes 24.922 y 26.386; la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y la Ley de Pesca 244º de esta Provincia, impidiendo el desarrollo de todo el litoral patagónico y de la citada Provincia.

Por otra parte, por la Ley 27.558 del 4 de agosto de 2020 se creó el “Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; que promueve políticas de Estado a mediano y largo plazo» (sic), como refiere la propaganda oficial.

La creación de este Consejo era necesaria, ya que en atención a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución debe diseñarse una estrategia nacional, con la participación política plural y con los más importantes expertos en materia del Atlántico Sur; sus archipiélagos; la Antártida; los estrechos que vinculan al Atlántico con el Pacífico y, las provincias del litoral marítimo, sus recursos naturales, económicos y laborales; las cuestiones de defensa; de puertos; transportes; industrias; poblaciones, etc. que trasciendan los cambios políticos de los gobiernos.

Entendida la necesidad de este Consejo, éste no habrá de cumplir con el objeto de su creación, sino se perfecciona el alcance de sus objetivos y atribuciones, se amplía la composición de sus miembros y se precisa su continuidad, ya que improbable diseñar políticas de Estado, en las condiciones en las que se ha creado este cuerpo.

Respecto al alcance de los objetivos percibo un error, ya que no se ha incluido el tratamiento de las cuestiones de la Antártida, que están directamente vinculadas a las Malvinas y la proyección de éstas sobre el territorio antártico. Esto lo confirma el propio secretario de Malvinas cuando refiere “claramente no hay ninguna intención, por parte del Reino Unido, que no sea tener una puerta de entrada a la Antártida…”. Del mismo modo, omitir las cuestiones de defensa, lo que también el mismo secretario ratifica: “…al mismo tiempo contar con la posibilidad de instalar una base militar de un país de la OTAN en un lugar estratégico” (Daniel Scarímbolo, Telam, 22/11/2020). Entiendo que es una omisión muy importante o, resulta una consecuencia de mantener vigente los Acuerdos de Madrid I y II. Por otra parte, siendo el objetivo recuperar en forma pacífica Malvinas y los territorios marítimos, aparte de contar con especialistas en temas geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos (Art. 2º, Ley 27.558) es muy importante disponer de expertos en las cuestiones productivas, económicas, comerciales, sociales, comunicacionales y las relativas a los recursos naturales; los puertos; los transportes; astilleros; buques, etc. y, de radicación poblacional, industrial, laboral y de fortaleciendo las provincias del litoral marítimo. Es decir, si bien el objetivo es recuperar la soberanía en Malvinas y los territorios marítimos, la estrategia que se aborde, tendrá que ver con las innumerables cuestiones que confluyan a ello. No se puede buscar el objetivo en forma directa. Por ejemplo, ir a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para plantear nuestro caso, en este escenario, podría tener los mismos efectos nefastos que invadir Malvinas y ciertamente irreversibles.

En este estado, habría que recordarle a la secretaría del Malvinas que, con la creación del Consejo, las declaraciones deben pasar por el filtro de este Cuerpo, ya que a la hora de generarse consensos (Art. 2º inc. a) la figura del secretario perderá poder, el que se ha transferido al Consejo creado, salvo que éste se trate de un mero “mascarón de proa” y no se determinen dentro de él las políticas de Estado con la participación de todo el espectro político. Ello se regla perfectamente cuando indica (Art. 8º) “El Consejo Nacional (…) contará con una Coordinación Ejecutiva, que estará a cargo de la Secretaría de Malvinas y (…) tendrá los deberes y atribuciones que se le asignen (los consejeros) en el Reglamento Interno”.

Respecto a la composición del Consejo, llama la atención que, debiendo adoptar “sus recomendaciones, con carácter no vinculante, por consenso” (Art. 4º) integre este Cuerpo el propio Presidente de la Nación (el P.E.N.), ya que sus integrantes son solo asesores. Fuera de ello, los miembros son más (5) de los previsto en la ley, lo que, además de irregular, podría dar lugar en el futuro, a que la Secretaría de Malvinas (Art. 3º), promueva la designación de más miembros transgrediendo la Ley y su Decreto Reg. 822/20 (Art. 3º inc. g, h e i), pudiendo, en consecuencia, manipular la estrategia del Consejo. Además, no se fundamentaron las capacidades o habilidades de cada uno de los designados y, tampoco, se cumple con lo prescripto en el art. 3º respecto a la igualdad de género exigida por la ley, con la particularidad, de que tanto los senadores como los diputados seleccionados, todos los titulares son hombres. Por otra parte, entiendo como un contrasentido, que semejante responsabilidad y dedicación que se debe imprimir a esta tarea, se realice “ad honorem” (art. 6º) y, no parece estar dándose la dinámica que la importancia del tema amerita, cuando el Consejo solo se reunió tres veces desde su puesta en funciones y en todos los casos en forma virtual que, si bien el sistema puede ser confiable, parece poco adecuado —por los elementos empleados— para guardar la confidencialidad de “Secretos de Estado”.

Si bien describiré con mayor detalle en un próximo escrito las particularidades de este Consejo y los antecedentes de los consejeros elegidos, adelanto mi sorpresa ante la selección de la embajadora Susana Ruiz Cerutti, quien desde su posición de Ministra y Secretaria de Relaciones Exteriores; Directora General de Consejería Legal del Ministerio y, Miembro del Consejo Consultivo en temas vinculados al Atlántico Sur fue una de las diplomáticas que junto a Lucio García del Solar, José María Otegui; Horacio Besabe y Jorge Vázquez (Clarín, 14/10/1989; La Nación, Gobierno, p. 4, 16/10/1989) más trabajó para la elaboración y firma de los Acuerdos de Madrid; también, intervino en la resolución del Conflicto del Beagle, que significó para la Argentina la pérdida de las islas Picton, Nueva y Lennox, dando lugar al ingreso de Chile por primera vez al Atlántico Sur, rompiendo el “principio oceánico” (Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico) que nuestro país había sostenido, en contrario a la opinión de Chile. Fue también Agente argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el caso de la pastera Bosnia, en el que la Corte entendió, que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación.

La referida Ruiz Cerutti participó en la etapa de “desmalvinización” (“la política de Caputo ha sido un retroceso estratégico imperdonable y la desmalvinización es algo más que retórica”, Ámb. Financiero, p. 37, 13/7/1989). Intervino, para satisfacer las exigencias británicas de aprobación de las Líneas de Base al Canciller Cavallo, que estableció el mar territorial de 12 millas y facilitó al Reino Unido hacer lo propio en Malvinas, acogiéndose luego a la CONVEMAR y, demoler el bastión soberano de la Ley 17.094 (Versión taquigráfica, fs. 24, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Gass). Suscribió el dictamen 67  que entre otras cosas eximía del pago de impuestos a los buques extranjeros más allá de las 12 millas (Nota 636/89 del 11/4/89 al Subsecretario de Pesca con el que se intentó dar sostén jurídico al programa de Pesca Experimental y Demostrativa PEXDA, popularmente llamado “el negocio floreciente de la investigación pesquera”) por el que fue denunciada por el Senador Nacional Pedro Molinas por “traición a la Patria” (La Capital de Mar del Plata, tapa, 18/8/1989), por ser el referido dictamen no solo contrario al interés económico de Argentina, sino que sus argumentaciones podrían haber servido a los intereses británicos en Malvinas.

Durante el año 2020 ninguna de las cuestiones importantes fueron resueltas por la Secretaría de Malvinas: la denuncia de los Acuerdos de Madrid I y II; la derogación de la Ley 25.290 del 13/7/2000 que aprobó (aunque no ratificó) el Acuerdo de Nueva York que podría dar lugar a las OPRAS; el pacto Foradori-Duncan; el Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT); la denuncia del Convenio suscripto en Londres el 11/12/ 1990 con el Reino Unido, para “La promoción y la protección de inversiones en la Argentina”, sancionado el 04/11/1992 por Ley 24.184. La resolución de estos temas nos mostraría, qué tan dispuestos están los funcionarios designados; qué atribuciones tiene el Consejo; si es solo un cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o si promueven (como dice la publicidad oficial) una Política de Estado para recuperar “los territorios marítimos e insulares argentinos y obtener en ellos el ejercicio pleno de la soberanía nacional”. El tiempo nos dirá si, por el contrario, como hasta ahora —a fuerza de considerar central la Res. 2065/65— la Argentina se limita a rogarle al Reino Unido que se siente a negociar soberanía.

Se dice, que no es necesario derogar alguno de los acuerdos y basta con no llevarlos a la práctica, sin embargo, su continuidad “debilita la posición jurídica y política de Argentina y el Reino Unido lo utilizará en detrimento de nuestro país” (Prof. Dr. Armando Abruza), más allá del estado de ejecución. No podemos dejar de lado que el referido Abruza, es miembro del citado Consejo Nacional de Malvinas.

Por otra parte la Secretaría de Malvinas, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, cada uno en lo suyo y en forma coordinada, no pueden ignorar el rol que tiene la Pesca para fortalecer el litoral marítimo argentino y la ocupación argentina de los espacios marítimos (1,6 millones de km2 invadidos por el Reino Unido); una tarea esencial para recuperar la soberanía argentina en los espacios ocupados; pero también, para promover el desarrollo económico, poblacional, industrial, laboral, social y cultural del área patagónica y de Tierra del Fuego, centro neurálgico y contracara de la ocupación marítima extranjera.

En un país con el 44% de pobreza y 11% de indigencia, resulta detestable que ninguna de las dependencias oficiales citadas precedentemente lleve adelante acuerdos cristalinos y acciones operativas, económicas y legales para frenar la pesca ilegal sobre los recursos migratorios en la alta mar, originarios de la Z.E.E. Argentina que, contravienen el art. 2º de la Ley 24.543, la CONVEMAR y la Ley 24.922 que son capturados por buques españoles, chinos, coreanos, taiwaneses y otros que operan subsidiados a distancia, produciendo una gravísima depredación de las especies y una contaminación del medio marino; además, de una pérdida de miles de millones de dólares anuales, de importantísimas fuentes de trabajo y alimentos. De haberse llevado un programa destinado a resolver parcialmente el problema, la Argentina podría estar exportando mil millones de dólares más por año (1/3 más de lo actual) y ocupado unos veinte mil trabajadores más. Aunque, la gravedad es mucho mayor todavía cuando se verifica la internacionalización del Atlántico Sur, que favorece la presencia británica en Malvinas, transformándose la Zona de Cooperación y Paz en el Atlántico Sur (Res. ONU 41/11 del 27/10/1986), en tierra de nadie, donde cualquiera —con capacidad militar— toma lo que puede y se le deja. China es un ejemplo de ello en los mares del Atlántico, Pacífico e Indico y el Reino Unido lo hace de igual forma en el 52% del territorio marítimo nacional que ocupa en forma prepotente. No explotará China (el Partido Comunista detrás) las aguas ocupadas por el Reino Unido, sino que lo hará sobre los territorios marítimos y recursos migratorios argentinos que la Argentina ha sido incapaz de explotar y proteger; aunque, no habría que descartar que, como piensa el gobierno de Australia, “la pesca china tiene importantes consecuencias estratégicas para la región(Jamie Seidel, News.com.au, 19/12/2020).

La inacción de la Secretaría de Malvinas, de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal de Pesca, nos llevará, de ser un Estado Marítimo a ser un país bolivianizado.

¡Señores esto es serio! Estamos frente a la flota pesquera más grande del mundo (16.000 buques) y a la tercera armada naval internacional, con vocación histórica hegemónica en los territorios marítimos e insulares. Tal vez, efectivamente, alguno de los funcionarios tenga miedo de ejercer su ministerio o esté jugando a parecer que ejercen la función que se les ha encomendado.

Amén de ello, no podemos dejar de reiterar que, si solo evaluamos los descartes de 300 mil toneladas/año en la ZEE Argentina, su aprovechamiento permitiría alimentar con la mejor proteína a tres millones de niños y adolescentes por día durante todo el año. Una lamentable pérdida de soberanía alimentaria por la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.

Finalmente, hay temas que parecen inocuos y que se tratan solo de cuestiones productivas, pero generan dependencia y un desprecio a las cuestiones marítimas, que incluyen a Malvinas. Si no cambiamos el modelo extractivo por uno industrial y de agregado de valor seguiremos regalando el trabajo argentino a los países desarrollados y, si no aumentamos el consumo de 6 kg per cápita anual de pescados (España consume 23 kg y el promedio mundial es 19 Kg) no valoraremos las riquezas que se llevan de Malvinas y el Atlántico Sur. Es también una forma de “desmalvinizar”.

Nos dijo John Barton: “sin la pesca no hubiéramos sobrevivido” (Director Ilegal de Pesca en Malvinas, Penguin News, 2012). Del mismo modo, que entiendo, que sin pesca no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas y, también creo, que los funcionarios deben aportar inteligencia y pasión en esta causa imprescriptible nacional.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LOS MITOS, EL LOGOS Y LA CORRECCIÓN POLÍTICA

Marcos Kowalski*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Una de las cosas más dolorosas de nuestro tiempo es que esos que tienen una certeza absoluta son estúpidos y en cambio los que tienen imaginación y capacidad de comprender están llenos de duda e indecisión.

Bertrand Russell

 

Un mito (del griego μῦθος, mythos, “relato”, “cuento”) es un relato que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. El mito es una historia fabulosa de tradición oral que, mediante los personajes sus acciones o sucesos, explican cosas y aspectos irreales de la vida.

Los mitos son relatos fabulosos que pretenden dar modelos de actuación. Se tratan de imponer como relatos llenos de autoridad pero sin justificación. Apelan emotivamente a las cosas como si siempre hubieran sido así; son relatos que explican o dan respuesta a interrogantes o cuestiones importantes para los humanos y, al mismo tiempo, las actuaciones extraordinarias de los personajes míticos son un ejemplo o pauta a seguir.

Como sabemos, y venimos repitiendo en diferentes notas y artículos nuestros, ya los griegos disponían de un gran número de mitos. Los mitos constituyen el principio del proceso intelectual del hombre. En el mito el saber es infundado, pero es el primer paso hacia un tipo de pensamiento que se dio desde los comienzos de la historia y que tuvo lugar en la Grecia antigua. Mientras que el mito intenta explicar la realidad mediante cuentos o historias, aparece en los pensadores griegos el logos (en griego λόγος, “palabra”, “dicho”) que trata de explicar lo real mediante bases en el razonamiento humano.

El pensar y el amor al conocimiento, en definitiva la “Filosofía”, surgió, según indican todos los manuales al uso, a partir del momento en que salimos de la primitiva oscuridad en la que los seres humanos acudíamos a los mitos para explicar los sucesos del universo y comenzamos a hacer uso de la Razón para dar respuesta tanto a esas antiguas preguntas como a otras de nuevo cuño. Se trata del denominado, en filosofía, “paso del mito al logos”

El termino logos, procedente también del griego, como ya fue mencionado, fue utilizado con múltiples significados, siendo los fundamentales los de “cálculo” y “discurso”, y que en filosofía se suele traducir, en la mayoría de las ocasiones, por “razón” o “pensamiento”. En Platón el “Logos” es el discurso articulado que permite dar razón de una cosa. En Aristóteles, al entender que la lógica se ocupa del discurso declarativo (del discurso que afirma o niega) éste pasa a constituirse en el objeto de la lógica como “logos apophantikós” (“discurso declarativo”).

En la primera mitad del siglo VI antes de la era cristiana comenzó a desarrollarse por parte de los pensadores de Mileto, llamados presocráticos, entre ellos, Tales, explicaciones racionales de lo que acontecía en la realidad, diferenciándolas de las mitológicas que son de tipo mágicas. Estas dos explicaciones, las basadas en el logos o razón, y en el mito, coexistieron durante mucho tiempo.

Heráclito considera al “logos” como el ser unificador, identificado con la inteligencia, que a la manera de una ley, ordena el continuo fluir evolutivo existencial. El “logos” es aquello que es común, eterno. Es la inteligencia que, a pesar de ser común a todos, cada uno la vivencia como algo personal y que se expresa a través de la palabra. En el Cristianismo, específicamente en el Evangelio de San Juan, el “logos” se halla identificado con Dios.

Como curiosidad, pero también con relación al tema, recordemos que, en Matemática, el escocés John Napier (1550-1617) unió la palabra “logos” con “arithmós” (“número”), ambas de origen griego, para acuñar el término “logaritmo” que designa el exponente al que elevarse un número para obtener el que se necesita.

Como hemos dicho, desde el logos nace la filosofía alrededor del siglo VI a. de C. en el momento en que es planteado el que se considera el primer problema filosófico expresado en la pregunta por el “arché de la physis”, que significaba el cuestionarse por el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas.

Una pregunta que implicaría asimismo una nueva estrategia de respuesta basada en principios racionales que explicarían la “naturaleza” última de lo real (el agua para, por ejemplo, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo). La identificación de tal principio supondría la existencia de un orden racional en el universo que el ser humano es capaz de conocer a través de su propia racionalidad y del análisis crítico.

El universo deja así de ser un “caos” y pasa a convertirse en un “cosmos” ordenado según las leyes de la Naturaleza. La humanidad, gracias a la Filosofía, dejaba atrás el oscurantismo mitológico para descubrir la Razón y, consecuentemente, la Filosofía y la Ciencia. Todo desarrollo posterior del pensamiento racional partiría de ese descubrimiento griego.

En nuestros tiempos y en las comunidades nacionales donde la razón desplaza a los mitos, como consecuencia del proceso de análisis y reflexión a los que se somete la articulación de la realidad ciudadana, las distintas ideas que genera la convivencia no se arraigan en mitos, sino en instituciones que receptan la pluralidad, asegurando a través de procedimientos previamente acordados, encauzar en armonía las iniciativas personales y colectivas.

En una sociedad como la actual, que se caracteriza por la heterogeneidad, son las instituciones y no los mitos las que hacen posible articular las diferencias que surgen entre los diferentes sectores en favor de una convivencia pacífica como Nación. Pero hay sociedades en las que la vigencia de los mitos penetra toda la realidad, consagrando prescripciones prodigiosas para reducir la complejidad social a un patrón homogéneo, con la limitación a la libertad colectiva y personal que ello supone. Nosotros hoy, también, disponemos de mitos que cumplen tanto la función explicativa como la función ejemplificadora.

Y el mito de los mitos, el más actual, el más vigente y que pretende no serlo es, sin dudas el de “la corrección política”, y es un mito de mitos porque pretende surgir de la razón; en general, se puede decir que ser políticamente correcto es usar expresiones y llevar a cabo acciones cuyo fin sea evitar las agresiones, el conflicto u ofender a grupos de personas particulares, lo cual es aparentemente razonable.

Su uso comenzó en la segunda década del siglo XX y lo utilizaba gente cercana a las ideologías marxistas y leninistas para referirse a quienes seguían al pie de la letra las directrices de sus partidos en tono de burla. Pero rápidamente “entró” en las socialdemocracias europeas y en las décadas de 1980 y 1990 pasó a un escenario distinto. Se encendió un debate en universidades y medios de comunicación sobre los alcances de la corrección política, que ya venía usándose como forma de protección de minorías. Y es que en la discusión afloraron posiciones de todo tipo, desde aquellos que la defendían para proteger a sus comunidades de agresiones e insultos, hasta quienes argumentaban que sus ideas democráticas de igualdad eran “en realidad autoritarias, ortodoxas y de influencia comunista, cuando se oponen al derecho de las personas a ser racistas, sexistas y homofóbicas”, como lo detalló Herbert Kohl.

Entonces aparece una característica, “lo políticamente correcto” (PC) no es más de derecha, izquierda o de centro, es “progresista” y todos los países que se jactan de su socialdemocracia la adoptan como regla; está donde se encuentre algún tipo de poder “progresista”. Se impulsa el mito a través de la excusa de defender las minorías de una censura disparatada.

No hay alguien que defina exactamente qué cosas son políticamente correctas. Dependen de un contexto y un momento particular. No está escrito y les resulta importante a los impulsores de la “corrección política” que permanezca así, porque hace creer que se actúa libremente, inclusive, diría que lo “políticamente correcto” no es decir lo que pienso, sino lo que considero conveniente sobre tal tema. Es la vía para ser aceptados socialmente, una manera correcta de encajar.

La mítica aberración de esta “corrección política” llega ya a extremos inverosímiles. Cuartos de baños neutrales para no ofender a la minoría “transgénero”. En este sentido podemos mencionar el denominado “lenguaje inclusivo”.

Palabras vetadas, como “maternidad” o “paternidad”, rechazadas porque “marcan género”. Obras de teatro donde Hamlet, un príncipe danés de la Edad Media, es encarnado de manera inverosímil por un actor de raza negra en nombre de la correcta integración. Y una larga relación de “abusos” contra los que hay que luchar de manera activa, como “los privilegios de los blancos”, la opresión patriarcal, la islamofobia, los derechos de género y un largo etc.

La meta es blindar la peculiaridad del gran yo. Los críticos más duros del fenómeno llegan a hablar de “un McCarthysmo cultural de izquierdas”. El nuevo credo cuenta con potentes aliados. Los gigantes tecnológicos de Silicón Valley, Hollywood, o medios tan influyentes como The New York Times o la revista The Atlantic en Estados Unidos o la casi totalidad de los medios con el grupo Clarín a la cabeza en Argentina son paladines de la contra cultura y mito de la corrección política.

Se estableció así, mediante el flujo de importantes fondos aportados por grupos económicos con un aparente papel filantrópico y desde poderosas organizaciones no gubernamentales, una nueva forma de censura. Una censura perversa para la que no estábamos preparados, pues no la ejerce el Estado, el gobierno, el partido o la Iglesia, sino fragmentos difusos de lo que llamamos partes minoritarias de la sociedad civil.

Se logra en muchos casos con la introducción del temor a caer en lo “incorrecto” y aun en contra del propio raciocinio de las personas a fomentar la autocensura, que puede ser la peor forma de coartar la creatividad y la libre expresión, porque pretende cercar el discurso libre, el debate abierto y el intercambio de ideas.

Este mito no se sostiene porque no existe una razón natural para que perdure. Tomemos por ejemplo el famoso lenguaje inclusivo, la idea de los sostenedores de lo PC creen que el lenguaje es directamente responsable de la discriminación, una idea muy extendida que, sin embargo, es esencialmente falsa. Que es el lenguaje el que crea el estereotipo o el sexismo. Imaginemos que, como piden, que se quitara del diccionario la palabra negro, porque puede usarse en tono racista. Tendríamos que buscar otra palabra para referirnos a todo lo que tiene ese color y al negro terminaríamos diciéndole “no blanco”.

Hace relativamente poco, el autor de este articulo escuchó en la calle a unos estudiantes referirse a otro como ese gay de m….., con lo cual no le decían “puto” pero lo de ser de m….. no se lo quitaban. Las intervenciones externas sobre el lenguaje rara vez son duraderas y solo en circunstancias muy especiales.

Como se verá, cuando alguna propuesta humana se despega de la realidad y promueve soluciones, para la generalidad o las minorías que no son racionalmente naturales, inexorablemente no pueden perdurar en el tiempo, son mitos y no provienen del logos, ese razonamiento que nos diferencia de los animales y que nos dimensiona y nos da la trascendencia que Dios nos ha destinado.

Por eso creemos firmemente que el mito de la “corrección política” no perdurará. No importa cuanto lo promocionen y propicien sus poderosos auspiciantes, los sexos seguirán siendo dos y complementarios, los padres lo seguirán siendo y el lenguaje volverá a proporcionar las diferencias que Dios y la naturaleza ha impuesto en este mundo.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

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