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CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (NOTA 2/4)

César Augusto Lerena*

Publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 16 de enero de 2026.

 

En la nota anterior nos centramos sobre los eventuales conflictos de intereses y/o incompatibilidades que podrían resultar de las actuaciones del ex director del INIDEP y hoy director de Investigación de ese Instituto Otto Christian Wöhler. Avanzaremos en este escrito sobre su rol controversial en la adjudicación de la construcción de los buques de investigación Víctor Angelescu y Mar Argentino y, también el de otros actores que intervinieron en el proceso de adjudicación y construcción de estos buques en España que podrían haberse realizado en Astilleros del país.

Este funcionario, habría conducido el proceso de licitación, adjudicación y entrega de estos buques. Su rol incluyó la firma de documentos oficiales y, la gestión de aspectos operativos. El buque Víctor Angelescu se habría adjudicado con su firma mediante la nota fechada del 30/06/2016 e, incluso, en octubre de ese año visitó el astillero “para inspeccionar los avances”.

Si bien no hemos podido encontrar el dictamen final formal de este funcionario, como hubiese correspondido y, de no existir, sería una cuestión suficiente para observar en el proceso licitatorio, respecto a la preferencia de fabricar en España; no obstante ello, en varias declaraciones públicas defendió la decisión de «adjudicar al Astillero Armón Vigo y, aduciendo un salto cualitativo en tecnología para la investigación pesquera que no estaba disponible localmente, evitándose la demora en la transferencia tecnológica» (2/2016). «Es la primera vez “que diseñamos” un barco con equipamiento de última generación» (3/2016). Enfocándose en supuestos beneficios científicos no económicos, ni de desarrollo tecnológico o laborales.

En 2024 (Revista Puerto) Wöhler no cuestionó la construcción externa. En entrevistas (2016-2017) «justificó la elección española por el “salto de calidad” en investigación marina, acceso a tecnologías avanzadas y cumplimiento de normas BID»; aunque, la Argentina ya había accedido varias veces a la construcción de buques de investigación y otros complejos con apoyo del BID y ¿por qué suponía este investigador que los astilleros nacionales no contaban con capacidad o que eventualmente no podrían presentarse asociados con empresas italianas, alemanas, finlandesas o chinas? ¿Conclusión empírica?

El análisis de conveniencia estuvo bajo su gestión y, como veremos, en asesores convocados por el INIDEP. ¿En el caso del buque Ice-Class pudo estar influido además por su especialidad académica? Contrario a su opinión, todos los expertos y directivos de astilleros argentinos se opusieron y denunciaron irregularidades. No hubo un solo investigador ―salvo los directivos que nos referiremos― que defendiesen el proyecto de construir en España. Para la construcción en el Astillero Armón de España habrían participado distintos actores imprescindibles en esta tarea de promoción y adjudicación de los dos buques de investigación; al igual, que en la gestión muy avanzada e infructuosa de construir el buque oceanográfico con capacidad Ice-Class. La Justicia será el órgano más adecuado para juzgar eventuales responsabilidades y el alcance de ellas.

El Ing. Luis Eugenio Basterra, en su triple condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados (2011/2019); luego Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2019/2021) y, finalmente diputado nacional (2023/2027) no pudo estar ausente de tamaña decisión que hubiese implicado -de concretarse el tercer proyecto fallido- el pago de 161 M de dólares a un Astillero Español por parte del Estado Nacional, con un crédito del BID, sumándose a la tremenda deuda argentina.  

Al momento de la apertura de los sobres de la primera licitación el 02/09/2015 el Subsecretario de Pesca de la Nación era el Dr. Néstor Miguel Bustamante (2015-2017); continuaron a cargo de esta Subsecretaría el Dr. Juan Manuel Bosch (2017-2019) y Carlos Liberman (2019-2023) y si bien el Consejo Federal Pesquero -según sus Actas- nunca intervino en el proceso, debieron estar en conocimiento de la adjudicación y construcción de los buques. Esenciales responsables de estas adjudicaciones son los Consejos Federales de Pesca (CFP) desde 2015 a 2023, algunos de cuyos miembros se encuentran integrando ese cuerpo hasta hoy; entre otros el actual Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla. El CFP es quién establece la política pesquera y de investigación (Art. 9° Ley 24.922) y jamás trató la construcción ni adjudicación de los buques de investigación ni planificó el desarrollo pesquero en relación con la necesidad de adquirir en el extranjero estos buques y, el INIDEP (Art. 12° Ley 24.922) debe administrar los buques de investigación pesquera “conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan…”. Llamativamente, los integrantes del CFP dejaron en manos de unos pocos -algunos extranjeros- la decisión política.

También se le atribuye un papel muy importante “en el proyecto” al Lic. Oscar Horacio Padín, quien fue miembro del CFP (1999-2011); asesor del diputado Basterra (2011-2019); investigador del INIDEP (desde 1980); Director del CIMAS en Río Negro (2014-2020) y, en oportunidad de ser Director del INIDEP (2020-2023) -a instancias del Ministro Basterra- fue uno de los gestores del buque oceanográfico “Ice-Class 7” (Pescare, 2/3/2023); que, por Decreto 140/2023 del P.E.N. aprobó el contrato modelo entre Argentina y el BID por un préstamo de hasta U$S 125 M para financiar el PROSAMA que, incluía entre otras cosas, la construcción de ese buque. La decisión de construir un buque para operar en regiones polares o subpolares, donde el hielo representa un riesgo significativo y que el CFP ni siquiera debatió su construcción al igual que el sector empresario; pese a tener las necesidades insatisfechas respecto a investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina y el mar adyacente. Un proyecto que antes de terminarse ya estaba direccionado para construirse en el extranjero. El cambio de gobierno le quitó la supuesta esencialidad.

En las Memorias de 2020 del INIDEP Padín «celebró la incorporación como una “joya” de la flota, destacando los esfuerzos administrativo, legal y financiero para construir en España los dos buques que representan un “paso cuantitativo y cualitativo” en estudios pesqueros y oceanográficos». Nosotros diríamos irónicamente: “Nada como pensar que lo de afuera es siempre mejor”. Raúl Scalabrini Ortiz, lo desnudaba como un complejo de inferioridad: la creencia de que el progreso solo llega de afuera, que lo extranjero es inherentemente mejor, y que la Argentina debe someterse a modelos ajenos para avanzar.

Del mismo modo se le atribuye -en los ambientes portuarios- un rol protagónico al doctor Carlos Ángel Lasta, ex Investigador del INIDEP; miembro del CFP (2020/2023); Asesor de la CTM del Tratado del Río de la Plata y del INIDEP en la gestión de Padín y, actor en las reuniones con el BID y la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) donde se acordó con el BID. Ha sido un referente clave en el sector vinculado a la investigación.

Asimismo, el CPN Ramón María Basanta, primero director Administrativo del INIDEP (2016-2021) y luego representante del DIPROSE, resultando una pieza clave en esta determinación de extranjerizar la construcción de los buques. En su visita al Astillero Armon (Faro de Vigo, 16/12/2018) manifestó “hemos cerrado el nuevo diseño hace unos días y ahora tendremos un barco oceanográfico de clase mundial (…) la Argentina confía plenamente en Armón”. Este oscuro agente se atribuía la responsabilidad y, erraba en la opinión de los argentinos de construir fuera del país. No se trató de un mero funcionario administrativo del INIDEP a la hora de concretarse la adjudicación y los proyectos de los tres buques de investigación. “Ahora tenemos claro que valió la pena” acotaría en ese mismo momento el Ing. Luis Javier Picco ¿A qué “pena” se refería este Asesor del INIDEP que aparecía muy vinculado al Astillero Armón?

Basanta, además de funcionario del Estado, para esos años presidía la Sociedad “Garay 1831 SA” con oficina en la calle Garay 1831 de Mar del Plata (02/08/2017); aunque resulta llamativo que en este estudio ―según nos indica un testigo presencial― en mayo de 2021 «se estuviese trabajando sobre los planos del proyectado buque oceanográfico Ice-Class para asignarle ―seguramente― la construcción a Armón por más de U$S 125 M»; en lugar, de hacerlo en el ámbito propio del INIDEP, como hubiese correspondido dada la confidencialidad de un proyecto que luego se licitaría. ¿Qué hacía un director administrativo en la botadura del Angelescu en España en 2017 junto a director científico Otto Wöhler?

Según denuncia el Ing. Podetti el Ingeniero Naval Luis Javier Picco contratado por el INIDEP era un gestor comercial del Astillero Armón. En estas condiciones es poco probable su imparcialidad a la hora de participar en la elaboración de los pliegos; evaluar las ofertas y analizar la construcción. Un gran conocedor y activo participante en el sector pesquero y naval manifestó: «afirmo que el profesional contratado por el INIDEP no es independiente del Astillero Armón ya que el día previo a la apertura de sobres de la licitación del buque costero, me mostró carpetas con documentación que presentaría el Astillero Armón en su propuesta técnica-económica, las cuales estaban en el baúl de su vehículo personal. Además, no tuvo reparos en acompañar a los directivos del Astillero Armón en distintas acciones comerciales con Astilleros locales y hasta con las autoridades del Chubut, como se muestra en la Revista Puerto» (09/06/2017).

¿Este Picco sería el mismo que «se desempeñaba? «como Presidente de la armadora pesquera Makro SA con varios barcos de la flota amarilla de Rawson, beneficiada con el Reparto de Fomento Productivo (FAFP) de langostino que distribuyo 5 mil toneladas hasta 2028 y, por si faltaban coincidencias, su empresa “Luis Javier Picco SA” tenía domicilio en la Av. Julio A. Roca 751 piso 6° CABA, el mismo de la Empresa Mar Perlado» (Partes de Pesca, 17/05/2024). Además de todo, Asesor del INIDEP en la gestión de Padín.

Nos dice también el Ing. Raúl Podetti: «entre miles de ingenieros navales del mundo, el INIDEP seleccionó a Juan Luis Sánchez Pastrana de la consultora “Astur Marine” y estrechamente relacionado a Armón y gran parte de su trabajo de “asesoramiento” lo realizó para el astillero Armón, que resultaría seleccionado para la construcción de los dos buques del INIDEP. Este organismo se basó en un informe de Sánchez Pastrana para elegir un diseño “a medida de Armón” y descalificar a los Astilleros argentinos».

La técnica y la ciencia se contamina con el negocio, a punto tal, que este personaje participaba en la definición política de regalarle los pocos recursos económicos argentinos a los españoles que, aplicados en el país, podrían haber contribuido al desarrollo de Argentina, generar empleo y soberanía.

Lo dejamos para lo último, pero seguramente cumplió un rol central en la adjudicación de la construcción de los buques en el Astillero Armón de Vigo (España). Claro, se trata del presidente del grupo empresario español Astilleros Armón, Laudelino Alperi Baragaño que, estuvo en Comodoro Rivadavia con la supuesta intención de instalar un Astillero en esa ciudad. Un hombre experto a la hora de cerrar acuerdos y transferir fondos: «los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones de euros en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico (…) un Juzgado investiga un opaco entramado Suiza-Luxemburgo del patrimonio y, un informe cuestiona el origen de los fondos” (Gil-Irujo, El País, 19/07/2024). “La justicia investiga a los empresarios Laudelino Alperi y José Ramón Fernández por un posible blanqueo de capitales con ramificaciones en Suiza, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido e Islas Vírgenes (…) los empresarios se defienden diciendo que estos fondos provienen de sus actividades industriales. En la actualidad Armón es el grupo de construcción más importante (de España) y ha sido muy cuestionado por accidentes laborales, 4 de ellos mortales y prácticas antisindicales…» (Nortes, 20/07/2024).

No parece una empresa cristalina, en la que Otto Wöhler y Ramón Basanta y otros en nombre del Estado Argentino “puedan confiar” entregándole el patrimonio nacional, al tiempo de descalificar a los Astilleros Argentinos.

También habría que analizar el interés -además del británico- de promover una Ley en el Congreso destinada a aprobar el Área Protegida Bentónica “Agujero Azul” con el que se justificaba también la construcción del citado buque Ice-Class; aunque, el Congreso Nacional no aprobó la Ley por distintos informes que nos incluyeron. Un proyecto que parecía atado a la nueva construcción en el Astillero Armón por 125 millones de U$S que, en esa época, le hubiera significado además un costo operativo anual del orden de los 70 millones de pesos.

En la adquisición de los buques “Víctor Angelescu” y “Mar Argentino” del INIDEP existieron diversas denuncias públicas. Estas acusaciones se centraron en presuntos “fraudes” en las licitaciones de 2015/17 adjudicadas al astillero español Armón Vigo S.A., y en la supuesta orientación de los pliegos -amañados- para excluir ofertas argentinas. La Licitación Internacional 1/15 (27/11/2015) para construir el buque de investigación “Víctor Angelescu” se adjudicó en 28,3 millones de U$S sin impuestos a este astillero español. Al año siguiente (8/7/2016) se oficializó la licitación para la construcción del buque de investigación costero “Mar Argentino” donde presentaron ofertas la citada Armón Vigo con 7 millones de U$S sin impuestos y modificaciones. Se agregaron los gastos de traslados y mantenimiento, que encarecieron el costo.

El gobierno les tolera a los españoles la pesca ilegal en alta mar y Malvinas y les compra buques. Insólito. Los funcionarios estarían incursos en el delito de incumplimiento de sus deberes públicos. La corrupción no es solo meter la mano en la lata, también es atentar contra los intereses argentinos y la soberanía nacional. En la próxima Nota (3/4) se detallan algunas de las denuncias de los procesos licitatorios.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 1/4)

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 10 de enero de 2026**

 

En la actividad pesquera es difícil determinar dónde empieza el Estado y donde termina. Tal vez sea por aquello de que se trata de un recurso del Estado concesionado a terceros o porque entre la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero ―aunque lo diga la Ley 24.922― no tienen claro quién fija la política pesquera y quién la investigación y pareciera que carecen de determinación o capacidad para administrar la actividad.

Podría deberse a una cuestión de ineptitud; pero, dejar en manos de unas pocas manos la adjudicación y aprobación de la licitación de buques de investigación en favor de un astillero español ―contra todas las opiniones especializadas― por 161 millones de dólares, perjudicando el erario público y violando ―tratándose de aportes para la construcción que realiza el Estado― el art. 15° de la Ley 27.418 (de la que soy coautor junto a Fabián Lugarini para el fallecido Senador Pino Solanas) y también la Ley 27.437 de «Compre argentino», transfiriendo al exterior recursos económicos escasos de los argentinos y, además y muy importante, desconociendo las capacidades industriales navales de Argentina. Un hecho deleznable que la Justicia debería investigar para determinar si las personas que intervinieron (que en los sucesivos artículos develaremos) hubiesen cometido delitos contra la administración pública.

Aunque en la adjudicación no se hubiese probado corrupción (cuestión ventilada), el daño a la soberanía, a la economía nacional, al desarrollo tecnológico y a la generación de mano de obra es gravísima. Es un delito de acción pública cuando ―como afirman los expertos― el país tiene capacidad para construir buques, aunque pudiese recurrir a componentes extraños, como lo hacen también otras industrias, como la automotriz.

Además, ¿cómo la Argentina recurre a astilleros de España cuando los buques gallegos depredan los recursos migratorios argentinos en alta mar y en las aguas argentinas de Malvinas? y, ¿cómo esa decisión queda en manos de un investigador y asesores de dudosa imparcialidad? ¿Será ineptitud u otras razones para justificar semejante imbecilidad? ¿falta de inteligencia o corrupción?

Nosotros teníamos desde hace años este tema en carpeta y, erróneamente, descansamos en las denuncias que oportunamente efectuaron expertos, varios directivos de los astilleros nacionales y gremios del sector; pero, todo parece seguir igual, con lazos endogámicos y una dirección del INIDEP, donde el funcionario elegido ―como hoy el Lic. Gonzalo Bacigalupo― incumple con el art. 4° de la Ley 21.673 o, cuando estuvo a cargo de un investigador ―como ocurrió en los años 2015/6― resultó incapaz para hacer un análisis integral a la hora de promover la construcción de buques para el INIDEP; pero, claro ―por alguna razón― los que establecen la política también estuvieron ausentes; por ejemplo Juan A. López Casorla, que ya integraba el Consejo Federal Pesquero en esos años y, hoy siendo Subsecretario de Pesca, designó a Otto Christian Wöhler Director de Investigación; que, para ese entonces como Director del INIDEP, recomendó alegremente la construcción en España de los buques de investigación «Victor Angelescu» y «Mar Argentino», perjudicando a toda la industria pesquera y naval nacional que contribuye al pago de sus salarios desde 1980 a la fecha.  

Todo tiene su límite y el disparador fue la nota firmada por una consultora, sin personería y con marca de fantasía «Resilience», publicada en la Revista Puerto el pasado 05/12/2025 donde refiere a un «doble estándar ante la pesca INDNR» de la Unión Europea. Tema en el que coincidimos, porque días antes habíamos escrito (Perfil, 27/11/25), refiriéndonos a que Vigo es el principal puerto europeo de descarga de los productos pesqueros ilegales de especies argentinas. Ahora bien, que esta consultora opine sobre el tema y hable de «doble estándar» fue más allá de lo que uno puede tolerar.

En primer lugar, diremos que la citada «Resilience» podría tener algún vínculo con el Director de Investigación Otto Christian Wöhler, ya que muchos funcionarios imaginan para su jubilación una estructura de este tipo para aprovechar la capacitación y perfeccionamiento que recibieron gratuitamente del Estado; pero no, el hecho es que sus hijos Otto Axel y Sofía Irina la integran y es muy difícil no caer en incompatibilidades o conflictos de intereses, entre la actividad pública y la privada, en estos casos.

Nos llamó la atención que no suscriban la nota citada los referidos jóvenes Otto Axel y Sofía Irina Wöhler en lugar de «Resilience», ya que son los titulares de la marca. Ambos, son profesionales con escasos antecedentes en tareas ambientales; ninguno de los dos en materia de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), al igual que en materia pesquera. Hace 40/50 años era muy común que las empresas contrataran personal sin experiencia, la que precisamente adquirían luego en las empresas; pero la situación desde hace años requiere la elaboración de una estrategia o la solución de problema «ya», y éstas no pueden esperar un aprendizaje que, además, es endogámico. Por ello sorprende que, frente a semejante crisis crónica que enfrenta la pesca, por alguna rara razón, tres importantes Cámaras Pesqueras (CAPA, CEPA, CAPECA) requieran «los servicios» de dos inexpertos para representarlos y defender sus intereses en un negocio que factura dos mil millones de dólares anuales y depende de la macroeconomía, del mercado internacional, de los gobiernos nacionales, provinciales y sus funcionarios, de la biología, la climatología, la captura, las retenciones, los impuestos, derechos y tasas, los servicios, la producción, la industria y por supuesto del trabajo donde intervienen una docena de gremios. Basta ver sus ingresos y las tareas que realizan y que, en su corta vida profesional, solo elaboraron dos informes, uno de ellos sobre prospecciones sísmicas para la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Aunque es «vox pópuli» en los ambientes portuarios que ambos informes recibieron una “ayudita” de su Papá Otto Christian. Pero, ello, no habla mal de los contratados, habla mal de las Cámaras Empresarias que suelen ser justos y permanentes reclamantes ante los gobiernos de turno.

Por una parte, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) contrató a Sofía Irina Wöhler (Monotributista, Cat. C, 30 años; UNICEN, 2021), no como experta en gestión ambiental ―el diploma no presume habilidad― sino como empleada administrativa que en su único trabajo publicado (UNICEN, 27/09/2021) escribió: «en una de las principales actividades económicas que se desarrolla en la pesca (…) la captura, incluye especies y/o tallas de peces no comerciales que generalmente son descartadas por la borda, pero también aves, mamíferos y tortugas marinas (…) atraídas por los desechos y descartes generados (…) existe una deficiente comunicación entre empresarios y capitanes (…) Dificultades por parte de los empresarios para controlar lo que pasa arriba del barco (…) Necesidad de incrementar los procedimientos de control (…) se requiere la presencia de observadores…» (sic) mencionando que los empresarios pesqueros comenten varias prácticas prohibidas en la Ley de Pesca 24.922. Ello, popularmente podría denominarse: «el pez por la boca muere» o «durmiendo con el enemigo». Flaco favor le hace al sector sus opiniones y luego los representa.

No pasó desapercibido en la exposición de Sofía Irina en la Audiencia Pública N° 1/24 (de la que se ausentó Otto Axel Wöhler) donde se presentó como fundadora de «Resilience» y asesora ambiental y representante de CAPECA refiriéndose críticamente a los posibles efectos de las exploraciones sísmicas sobre la merluza de cola, la polaca y la merluza negra (casualmente, las especies de especialidad de su padre Otto Christian); pero omitiendo a numerosas especies que se pescan en la región y en Malvinas, tales como la merluza hubbsi, merluza austral, abadejo, bacalo, nototenias, rayas, calamar Illex y loligo. Muy especialmente estas dos últimas ―por su importancia económica y biológica― que está probado internacionalmente en estudios in situ que son afectadas por las exploraciones sísmicas. Es notable que representando a una Cámara Pesquera no haya planteado otras observaciones muy importantes a los estudios de impacto ambiental realizados por Shell y Equinor. Por ejemplo, la falta de estudios en el área y la ausencia de compensaciones económicas, como ya son una práctica normal en la Ley Noruega. Además, de establecer en otro organismo y no en la administración central al INIDEP las aprobaciones. Se trató de una exposición de generalidades sin profundidad que debió destinarse a la revisión de los «dibujados» EsIA y asegurar la sostenibilidad de un recurso que se explota en «forma previa» a los hidrocarburos, cuestión muy importante en la materia.

Por su parte, el joven abogado Otto Axel Wöhler (Monotributista, Cat. D, 32 años, recibido en 2019) presta sus servicios jurídicos en una reconocida empresa pesquera marplatense y, probablemente por ello, poco tiempo atrás, fue designado Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y entonces ―probablemente también― podría no ser políticamente correcto cuestionar a los empresarios españoles que pescan en aguas argentinas o, bien, porque sería difícil separar su rol de abogado, presidente de una Cámara pesquera y consultor medio ambiental, de su vínculo directo con el Director Nacional de Investigaciones del INIDEP Otto Christian Wöhler, ya que es lógico suponer que éste deba tomar distancia de las posiciones políticas gremiales-empresarias que coalicionan con su  competencia oficial de asegurar la sostenibilidad de los recursos. La ley de incompatibilidades exige neutralidad a quienes trabajan en las reparticiones públicas.

Por último, es asombrosa la designación de Otto Axel en CEPA. De tener un presidente del peso específico de Oscar Ángel Fortunato (f.2025), a un ignoto abogado. Si bien «el gordo» no era «Ángel» de mi devoción, era muy solvente en el tema pesquero; ocupó los cargos más importantes de la actividad pública y privada de la especialidad y era un profundo conocedor de la gestión pesquera. Me opuse reiteradamente a sus políticas pesqueras pero, en el tema era un experto con capacidad de representar sólidamente al sector. La designación de Otto Axel muestra que el poder real ya no pasa por las Cámaras ¿o alguien se imagina a Tony Solimeno o cualquier otro, etc., escuchando ―atentamente― la estrategia pesquera de Otto Axel?

Inteligencia Artificial (IA) dice: «Otto Cristian Wöhler y Otto Axel Wöhler no son la misma persona, pero operan en círculos interconectados». Lo que es vox pópuli, la propia IA lo hace suyo. También aclara: «Hay riesgos éticos potenciales: los funcionarios públicos como Otto Christian Wöhler están sujetos a la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y la Ley de Conflictos de Intereses (N° 25.964), que prohíben actividades privadas que interfieran con deberes públicos, especialmente si involucran a familiares o generan favoritismos y, además, (pone el ejemplo de) Resilience asesora a CAPECA que financia campañas al INIDEP o suministrando información privilegiada a su hijo, violando potencialmente la confidencialidad pública. Las colaboraciones podrían interpretarse como promoción familiar, especialmente si el INIDEP valida conclusiones sin competencia abierta. Y concluye, hay un potencial conflicto de intereses. El riesgo radica en la percepción de favoritismo familiar que podría escalar a una investigación de OA si se denuncia» (sic).

Vale la pena tener en cuenta que «Resilience» en su nota no precisa ¿a qué Pesca Ilegal y/o Pesca INDNR en el área adyacente a la ZEE refiere?; atribuyendo genéricamente a «países europeos» y omitiendo la pesca ilegal en Malvinas; además, es sabido que en el Atlántico Suroccidental, los únicos europeos que pescan son españoles. La FAO y la Auditoría General de la Nación han dicho, que se descarta el 30% de las capturas y, digámoslo más claramente «aunque quedaría feo hacerlo desde CEPA― ello incluiría también a la flota nacional. El eufemismo de pesca INDNR no es otra cosa que PESCA ILEGAL. Como lo son el descarte (Art. 21 Ley 24.922), la sustitución o sub-declaración en los desembarcos ―entre otras prácticas― ilegales.

Referenciarse en la opinión de ONG extranjeras ―como indica la nota de los Wöhler― merece una opinión. La motivación de los argentinos en las cuestiones ambientales no solo debería estar fundada en las ONG extranjeras, muchas de las cuales están solventadas por terceros países geopolíticamente interesados (Caso WCS en «Agujero Azul»).

Nuestro modesto Centro (CESPEL) viene denunciando la pesca ilegal extranjera en el Atlántico Sur en forma permanente y sin solución de continuidad desde 1989; pero la pesca ilegal, no empezó ayer; desde la década del 60 y del 78 al 90 pescó ilegalmente la flota soviética y especialmente la polaca. Esto de creer que la opinión, los servicios y los bienes extranjeros son mejores, es una mirada colonizada que podría dar lugar a decisiones equivocadas o actos de corrupción. Por ello, analizaremos, el caso de la construcción de buques para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en España.

El doctor en Ciencias Biológicas Otto Cristian Wöhler ―en la opinión de varios referentes destacados― habría sido el principal responsable de la construcción de buques de investigación en España (sin su aprobación no habría sido posible), descartando la opción de mayor beneficio para Argentina de construirlos en un astillero nacional público o privado o asociados. Este funcionario, al que desde 1980 todos los argentinos le abonan su salario, habría decidido que todos los argentinos paguemos 35 millones de dólares a un astillero español y hubiésemos tenido que abonar 161 millones de dólares de no desactivarse la construcción de un tercer buque Ice-Class en estudio desde 2019.

Wöhler desde 1980 a la fecha ha ocupado posiciones de política institucional y participado activamente desde gobiernos populares a libertarios como en la actualidad. Investigador principal, desde 2004 a 2006 fue director interino del INIDEP; desde 2006 a 2009 director de Investigación; a cargo del Despacho de INIDEP del 2009 a 2012; director de Investigación del 2012 a 2015; siendo promovido a director del INIDEP en 2015 (período de la adjudicación del buque Angelescu) a 2018, año en que fue separado del cargo y volvió a su actividad de Investigador Principal hasta 2024, para ser nuevamente designado Director de Investigación del INIDEP (13/05/24 Res. 86/24) hasta la fecha. Un funcionario requerido.

No fue miembro del CFP pero participó en distintas comisiones vinculadas a decisiones políticas, incluyendo cuotas y regulaciones. Este agente polifacético que, pese a ser un funcionario público ―según información documentada― mantuvo una relación de dependencia privada y una sociedad comercial.

En síntesis, cumplió cargos políticos-administrativos en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei, contando para su designación actual con el apoyo del Subsecretario de Pesca López Cazorla. Ductilidad política y contactos aceitados con la prensa.

Complementariamente, Wöhler gestionó el acuerdo con la Prefectura para operar los buques de investigación en lugar de la tripulación civil (juicio en la Corte, con dos fallos a favor de los tripulantes del SiMaPe), desnaturalizando la función policial que debe estar en la prevención y el combate del delito y, al mismo tiempo, incorporando a un ámbito de investigación civil, personal de seguridad, cuya sola presencia viola el art. 13° de la ley 24.922 que no permite ventilar a terceros información que debe reservarse a las autoridades del INIDEP hasta su revisión y aprobación.

Profundizaremos en la próxima nota (2/4) sobre los actores de la construcción de buques de investigación en España. El rol de Otto Christian Wöhler y otra decena de actores en la adjudicación y contratación de los buques de investigación «Víctor Angelescu» y «Mar Argentino» construidos en Armón (Vigo) , en la gestión fallida para construir un tercer buque oceanográfico con capacidad Ice-Class.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

 

** https://www.seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=10&id=136870&l=s&special=0&ndb=0.

LA ADMINISTRACIÓN DEL LANGOSTINO EN CRISIS

César Augusto Lerena*

La administración de las Cuotas Individuales de Captura son el eje central de la política pesquera; pero, en esta cerrazón, no parecen saberlo los responsables de administrar con eficiencia y sostenibilidad los recursos pesqueros. El “Oro rojo”, como se llama al langostino por su color y efectos económicos y sociales, debería cuotificarse y, al hacerlo, optimizar las condiciones de su otorgamiento.

Las Cuotas son aquellos cupos que el Consejo Federal Pesquero (CFP) otorga a las empresas para pescar. Es un porcentual del volumen total de la “Captura Máxima Permisible” por Especie, basada en estudios del Instituto de Investigación (INIDEP); es decir, el máximo que se puede capturar asegurando la sostenibilidad de las especies; cuota que se asigna a una empresa por un plazo determinado para que extraiga este recurso, en las condiciones que la política pesquera determine.

Hasta el 2009 los buques pescaban en “forma olímpica”, es decir, hasta que la Autoridad cerraba la temporada de pesca para garantizar la conservación de las especies. Cuotificar permitió una mayor sostenibilidad a las especies; previsibilidad empresaria; inversiones y dar más estabilidad laboral; aunque, también se atribuyen efectos negativos con la concentración de capturas e, incumplimiento de los cupos, producto de una mala administración de las concesiones y bajo control de las capturas. Además de ello, es necesario aplicar un enfoque eco-sistémico, porque no se puede explotar individualmente cada especie sin tener en cuenta la interacción y asociación entre estas y, en especial, por el carácter migratorio de algunas especies -como el langostino- en cuya explotación intervienen Autoridades de distintas jurisdicciones.     

El langostino (Pleoticus muelleri); el Calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius Hubbsi) representan el 84% de las capturas y el 84% del total de dólares de las exportaciones pesqueras argentinas. El pasado 5 de diciembre de 2024, el Consejo Federal Pesquero (Acta 25/24 Res. 11/24) renovó por 15 años la adjudicación de las Cuotas de Captura de Merluza otorgadas en 2009 (Res. CFP 23/09); desperdiciando una oportunidad excepcional para efectuar un reordenamiento profundo de la actividad, promoviendo una mayor inversión; generación y registración de empleos; mayor valor agregado y una administración más eficiente y equitativa de las Concesiones Pesqueras.

Fue la consecuencia de una tríade de hechos: incapacidad y temor de la Autoridad de Aplicación; presión de empresarios-gremios respondiendo al proyecto de liberar el mar previsto en la Ley de Bases de Milei-Sturzenegger y lo que es vox populi en medios portuarios: hubo “otra cuestión de peso”.

El otorgamiento de las Cuotas de Captura de Langostino a las empresas pesqueras, tanto en el ámbito nacional como provincial, no debería seguir el mismo camino de renovar para que no se renueve nada.

El diseño del régimen y las negociaciones para cuotificar la pesca comenzaron en 1999 (Acta CFP 15/99) a instancias del art. 27° de la Ley de Pesca 24.922. Se sometió a este régimen en 2009 a las especies merluza hubbsi; merluza negra y merluza de cola; en 2013 a la polaca y en 2014 la Vieira; sin embargo, no se cuotificó el langostino. Probablemente en aquellos años, se puso el eje en las especies más vulnerables y de mayor volumen; mientras que entonces las capturas de langostino no superaban las 78.000 toneladas (2001) y, tenían cierta imprevisibilidad; pero, desde hace años las capturas de esta especie superan las 100 mil toneladas y en el pasado año 2024 se capturaron 222.163 toneladas, exportándose por valor de U$S 910 millones, aun así -habiendo transcurrido ya 27 años- desde la sanción de la ley de pesca, no se ha establecido el régimen de cuotas para esta especie que migra desde la jurisdicción provincial a la nacional y viceversa, donde está en juego también la titularidad del recurso y la particular relación entre la merluza y el langostino.

Las Cámaras empresarias presentaron (Acta CFP 23/24 y 27/24) al CFP una propuesta de Plan de Manejo de langostino, bajo un enfoque eco-sistémico, elaborado junto al INIDEP, “procurando su máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional del recurso (…) la sustentabilidad del langostino (…) minimizar la mortalidad y el descarte de especies no objetivo (…) integrar, y compatibilizar las medidas de manejo entre las jurisdicciones (….) mitigar los potenciales impactos negativos de la pesquería en los diversos componentes del ecosistema…”. La intención de avanzar en un enfoque eco-sistémico por parte de las Cámaras es un avance importante; pero, en este trabajo solo se presenta una serie de definiciones generales y no propuestas concretas de explotación eco-sistémica donde se detallen las acciones integrales relativas a interacciones con especies (por ej. bycatch de juveniles de merluza en redes de langostino); descartes por procesamiento a bordo; acciones sobre el medio marino y en el ámbito de radicación empresaria y, tampoco, se hace mención alguna a agregarle valor a la explotación industrial del langostino. Cuando las Cámaras refieren a “procurar su máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional del recurso” no puede prescindirse -como hasta ahora- del agregado de alto valor a la extracción y, debería, dejar de exportar langostinos enteros o colas congeladas a bordo o a terceros países para su transformación y posterior reexportación. La Subsecretaría de Pesca, el CFP y las provincias en sus jurisdicciones deben “en serio” establecer -en acuerdo con el sector empresario, del trabajo y las comunidades portuarias- las condiciones de las concesiones de explotación de los recursos de todos los argentinos.

Según los informes del INIDEP 2/25 y 10/25 en 2024 ―en relación con 2023― disminuyó el porcentual de juveniles capturados y la población se encuentra en equilibrio biológico y, los buques congeladores descargaron el 40% de las capturas y los fresqueros, costeros y de rada/ría lo hicieron en un 57%.

Los gobiernos, CFP y los actores no parecen tener en cuenta que “Camarón que se duerme lo lleva la corriente” y mientras tanto: los derechos únicos de extracción (DUE) no guardan relación con la rentabilidad del negocio (en el langostino aumentaron el 83%) y con los requerimientos pesqueros de investigación, control y distribución. En tanto el próximo Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR prevé llevar el arancel del 12% a 0 recién en 3-5 años; pero, sujeto a la decisión unilateral de la UE. En la Argentina, las retenciones (DEX) van del 1% al 7% y, no se benefició a la pesca en la eliminación temporal de retenciones para economías regionales (hasta octubre 2025) “ni de reducciones en proteínas animales”.

Se agrega la compensación (Res. CFP 9/2025) con un cupo social de 4.500 toneladas anuales para Chubut y Santa Cruz ―con la oposición de Buenos Aires por falta de reciprocidad a su Provincia― para buques fresqueros que desembarquen en dichas provincias, fundado en el cierre del Golfo San Jorge como núcleo biológico de la especie, razón por las cuales las Cámaras piden vista de las actuaciones vinculadas a esas Reservas y, oponen a la decisión del CFP (Acta 21/2025) de otorgar una Reserva social de langostino a Río Negro. Una falta de consenso por no presentarse claramente una explotación con enfoque eco-sistémico. 

Por otra parte, Cámaras Empresarias han planteado la eliminación de barreras provinciales para buques con habilitación nacional y como contrapartida el CFP pone límites a la pesca en la ZEE a los buques que capturan en la jurisdicción provincial. Es evidente que ambas posiciones, no tienen en cuenta el carácter migratorio del langostino y, a su vez, el desconocimiento de que se trata de dos jurisdicciones diferentes con un recurso que migra, poniendo en discusión los derechos de captura de esta especie.

Se añaden decenas de otras cuestiones; como el peso de los cajones; la velocidad de navegación; la extensión de las mareas; las prospecciones científicas; vedas; aperturas y cierres estacionales; la captura incidental (bycatch); tamaños mínimos; observadores a bordo; eslora de los buques, etc. y por cierto las cuestiones relativas a “la externalidad” cuando la captura de una flota afecta a otra.

Para sumar más complejidad, la flota pesquera permaneció inactiva aproximadamente 137 días por problemas salariales, que seguramente podrían minimizarse de contarse con una mayor previsibilidad.

Por otra parte, se ha profundizado la dependencia de los países productores (Argentina) por parte de los importadores, ya que para exportar a los mercados más exigentes se deberá contar con una certificación externa. Al respecto, el CFP destacó la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) en marzo de 2025 para la pesquería de langostino en aguas del Chubut; con lo cual la certificadora garantizaría estándares internacionales de manejo del recurso; a partir de lo cual, la Argentina delegará en una institución extranjera -mediante auditorías anuales obligatorias- las funciones que debería llevar la subsecretaría de pesca, el INIDEP; el SENASA y los gobiernos provinciales. Lo que certifica la MSC deberían realizarlo los organismos argentinos citados ya que dentro de sus funciones está la de establecer el stock; determinar el impacto ambiental; autogestionar el recurso y las prácticas establecidas en la Ley 24.922, resoluciones del CFP y las buenas prácticas; los códigos de conducta; sanidad, trazabilidad; origen (Dec. 4238/68), etc. 

Sin duda, una barrera paraarancelaria en perjuicio del país que reducirá su autonomía en la fiscalización interna. Será un buen negocio para los certificadores y una nueva herramienta de los importadores desarrollados para frenar las importaciones cuando la comunidad de destino así lo entienda; por ej. el Acuerdo UE-MERCOSUR: “…sujeto a contingentes arancelarios y medidas de salvaguardia si hay daño grave a productores europeos” (Cap.2, Anexo I). Y no tiene rigor, porque, tratándose el langostino de un recurso que migra del mar territorial a la ZEE y viceversa, no podría certificarse la jurisdicción de Chubut mientras la ZEE no se encuentre certificada. Todo contó con el apoyo del CFP y deberíamos preguntarnos, sí a la habilitación por parte de los importadores de plantas industriales y buques se le agrega la tercerización y certificación de la administración, carece de todo sentido que el sector sostenga las estructuras del Estado.

Es evidente que con el otorgamiento de cuotas de captura de langostino debe renovarse el sistema de otorgamiento de las concesiones, de forma tal de hacer más efectiva y sostenible la actividad.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de Centro de estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar