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Política, Sociedad

CRISIS POLÍTICAS Y RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL: DE LA GRIETA A LA FRACTURA DE LA COHESIÓN SOCIAL

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Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Marco teórico

El análisis de las crisis políticas contemporáneas requiere integrar las dimensiones económicas, psicosociales, institucionales y de corrupción sistémica. Desde la teoría de la movilización de recursos[1] y los enfoques sobre el conflicto social[2], se entiende que las protestas surgen de la acumulación de desigualdades y de la pérdida de legitimidad del poder político. A su vez, la teoría de la anomia[3] y el concepto de violencia estructural[4] permiten comprender cómo la desintegración de normas compartidas y la exclusión social crean el terreno propicio para el estallido de conflictos.

En este sentido, la «grieta» no constituye solo un fenómeno discursivo, sino un dispositivo de fragmentación social que es funcional a las élites políticas y económicas. Cuando la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento ilícito penetran el aparato estatal, se produce una pérdida de confianza generalizada, fenómeno que Max Weber[5] denominó «crisis de legitimidad» del Estado racional-legal.

Análisis comparativo internacional

Los casos de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú muestran un patrón recurrente donde las crisis económicas, la corrupción y el colapso institucional derivan en estallidos sociales y cambios abruptos de gobierno.

En Sri Lanka (2022), la combinación de endeudamiento externo, inflación, escasez de alimentos y denuncias de corrupción y lavado de dinero en el círculo presidencial precipitó la caída de Gotabaya Rajapaksa[6].

En Nepal, la manipulación de recursos internacionales y los conflictos internos por el control de la ayuda humanitaria contribuyeron a una inestabilidad política crónica[7].

Madagascar atravesó repetidos golpes de Estado motivados por el uso indebido de fondos públicos y redes de contrabando y narcotráfico[8], mientras que en Perú los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas (Odebrecht, minería ilegal y narcotráfico) erosionaron la legitimidad de sucesivos gobiernos[9].

En todos los casos, las causas económicas (recesión, inflación, endeudamiento), psicosociales (frustración, miedo, pérdida de horizonte colectivo) y éticas (corrupción estructural, impunidad judicial) actuaron como catalizadores del colapso político y la ruptura del tejido social.

Argentina: entre la grieta, la corrupción y el desencanto

A días de las elecciones del 26 de octubre, Argentina enfrenta un panorama de profunda vulnerabilidad social y moral. La pobreza estructural, el desempleo creciente, la inflación sostenida y la violencia estatal contra los sectores más frágiles —jubilados, personas con discapacidad, enfermos crónicos y terminales, y trabajadores de la educación— reflejan la desconexión entre los funcionarios a cargo de la administración pública y las necesidades reales de la sociedad.

Paralelamente, se han revelado escándalos de corrupción, estafas financieras y vínculos con el narcotráfico, que comprometen tanto a funcionarios públicos como a empresarios cercanos al poder. El uso discrecional de fondos, los mecanismos de lavado de dinero y la triangulación con empresas fantasmas evidencian un sistema de poder capturado por intereses ilegales, donde la justicia aparece, en muchos casos, cooptada o indiferente.

Este entramado reproduce un modelo de impunidad institucionalizada, que profundiza la desconfianza social y el descreimiento en la democracia. La grieta, alimentada por la polarización mediática y el miedo, se convierte así en una herramienta política para dividir y neutralizar el descontento ciudadano.

Conclusión

Las experiencias de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú confirman que cuando la corrupción y el financiamiento ilícito se convierten en norma, la legitimidad política se derrumba. En la Argentina de hoy, el deterioro económico y moral conforma un terreno fértil para la fragmentación social.

El desafío no radica únicamente en recuperar la economía, sino en reconstruir la ética pública y el sentido de comunidad. Las elecciones del 26 de octubre no solo pondrán a prueba la resistencia de las instituciones, sino la capacidad del pueblo argentino de rechazar la impunidad y reivindicar la justicia social como principio fundante de la democracia.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias bibliográficas

[1] Tilly, C. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978.

[2] Touraine, A. El regreso del actor. Buenos Aires: Eudeba, 1984

[3] Durkheim, É. Le suicide: Étude de sociologie. Paris: F. Alcan, 1897.

[4] Galtung, J. « Violence, Peace, and Peace Research». Journal of Peace Research, vol. 6, n° 3, 1969, p. 167-191.

[5] Weber, M. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1922.

[6] Sri Lanka https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/south-asia/sri-lanka.

[7] Nepal: violentas protestas hacen caer al primer ministro, mientras los manifestantes incendian el Parlamento y otros edificios públicos https://www.bbc.com/mundo/articles/cqxz8q48ej3o.

[8] Madagascar: una isla cansada de promesas y sacudida por una nueva crisis política, https://www.france24.com/es/áfrica/20251013-madagascar-una-isla-cansada-de-promesas-y-sacudida-por-una-nueva-crisis-política.

[9] Miles protestan contra el gobierno y el Congreso en Perú https://www.dw.com/es/miles-protestan-contra-el-gobierno-y-el-congreso-en-per%C3%BA/a-74376577.

 

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ARGENTINA, OPINION

NO ES LA ECONOMÍA, ES LA JUSTICIA

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Marcelo Javier de los Reyes*

Los que ya tenemos varias décadas conocimos otra Argentina, muy diferente a la actual, por lo que cuando hablamos con los jóvenes y les contamos acerca se esa Argentina que nosotros conocimos cuando éramos chicos o jóvenes parecería que estamos hablando de un país de fantasía, de una ficción.

Hasta mediados de la década de 1970 la Argentina tenía una tasa de desempleo menor al 3%, el trabajo formal era la norma y los argentinos podían pensar en un país que tenía un horizonte prometedor más allá del contexto político nacional.

Recuerdo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, así como el sur y el oeste de la Provincia de Buenos Aires, eran zonas industriales y de mucha actividad.

La clase media y la educación pública, en la que nos enseñaban a respetar los Símbolos Patrios y a amar la Patria, eran lo que podríamos considerar dos virtudes. Esa educación pública nos había puesto en un lugar de privilegio y causaba admiración en el exterior.

La deuda externa no llegaba a los US$ 8.000 millones, si no me equivoco sería menos del 2% de la deuda externa actual. Éste no es un dato menor.

La Argentina contaba con unas Fuerzas Armadas con un poder regional considerable y era un país respetado y bien considerado dentro de la comunidad internacional a pesar de que ya había entrado en un período de decadencia.

Sin embargo, el gobierno militar que asumió en 1976 impuso una política liberal de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien retomó algunas imposiciones que se hacían desde el exterior, como

    • la desindustrialización,
    • el cierre de ramales ferroviarios, lo que respondía al denominado «Plan Larkin» diseñado en EEUU para desarticular el sistema ferroviario argentino, plan que le fue presentado al entonces presidente Arturo Frondizi, quien no pudo llevarlo a cabo pero que sí fue trágicamente implementado por el presidente Menem y
    • el sometimiento de la Argentina mediante el endeudamiento externo, lo que incremento la deuda de manera feroz e innecesaria. Fue así que para 1983, cuando los militares entregaron el poder, la deuda externa superó los US$ 45.000 millones.

Los militares argentinos fueron presos por otras razones, pero a Martínez de Hoz la justicia nacional no lo tocó.

La sociedad argentina depositó una gran esperanza cuando la democracia retornó en 1983, una esperanza que ha sido defraudada durante estos 40 años de una «partidocracia» en la que muchos políticos llevan décadas viviendo del Estado mientras lo destruyen.

Aquí quiero hacer una digresión para aclarar la diferencia entre «Estado» y «Gobierno» más aún cuando estamos nuevamente con un gobierno radicalizado cuyo presidente siente orgullo de destruir el Estado, al que representa y del que recibe su sueldo.

El Estado está formado por todos los argentinos, así como la Iglesia está constituida por todos los feligreses. No se concibe una Nación sin el Estado. Todo Estado Nación está conformado por un territorio claramente delimitado, una población y un gobierno. De tal manera que se trata de una organización política y humana.

El Estado es como un consorcio de copropietarios y el gobierno es como el administrador de ese consorcio. Si el administrador lo hace mal, no es el Estado el que lo hace mal y si la población eligió un mal administrador esa mala elección será responsabilidad de la población. Resulta ridículo que el administrador se proponga destruir al consorcio de copropietarios porque sería dejar sin sus bienes a quienes lo eligieron para que los administre. Desaparecidos los bienes, desapareció el consorcio de copropietarios y su razón de ser. ¿Podrían los copropietarios aplaudir y elogiar a ese administrador? No. Sorprende que un número considerable de argentinos elogie y se ponga contento porque un presidente se proponga destruir la razón de ser de la Argentina.

Volvamos a la historia reciente.

Es por todos conocida la famosa frase «¡Es la economía, estúpido!» una frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, que éste utilizó en la exitosa campaña de 1992.

En la Argentina le han llevado a buena parte de la población a creer que el problema es económico y siempre serán los economistas los que vendrán a salvarnos de nuestra caminata hacia el abismo pero en realidad ellos nos ayudan a apurar el paso hacia ese destino.

No quisiera generalizar pero los máximos exponentes que siempre están cerca de la dirigencia política, los que llegan a los cargos con poder de decisión en materia económica, demuestran que tienen dos grandes problemas:

    1. creen que su especialidad forma parte de las ciencias exactas y
    2. carecen totalmente de empatía.

Entonces vamos a aclarar estos puntos. La Economía no es una ciencia exacta sino una Ciencia Social. La palabra «economía» deriva del griego y hace referencia a la «administración del hogar».

Todos los economistas, quiero creer, que han leído el libro Economía de Paul Samuelson, quien en su introducción se pregunta «¿Ciencia o arte?» y aclara precisamente eso: «La economía no es una ciencia exacta». Afirma que es más que un arte pero cuyas predicciones pueden ser tan exactas como el pronóstico meteorológico. Claro está, como agrega Samuelson, que un banco o una empresa no recurrirán a un astrólogo sino a un economista.

Pero los economistas no pueden reducir todo a que «les cierren los números», que «no haya déficit fiscal», aunque siempre lo incrementan con las medidas que toman, las que más de una vez hasta los que provenimos de las humanidades percibimos que nos hundirán más que favorecernos.

Detrás de los números hay personas y muchas de ellas, los más necesitados, terminan siendo perjudicados por sus medidas.

No, no es la economía. Es la Justicia. Y no agregaré lo de «estúpido» porque quienes ejercemos la docencia jamás le diríamos a un alumno «estúpido», porque estamos para formar, para ayudar en la comprensión de determinadas cuestiones.

El problema fundamental de la Argentina es la falta de Justicia o la carencia de moral de buena parte de los jueces que responden al Poder Ejecutivo de turno, tanto por beneficiarse en su carrera profesional como por obtener beneficios económicos.

Aquí entramos en otro problema, el que nos lleva a comprender que, sin una verdadera división de poderes, no hay democracia, porque no hay un control de un poder sobre el otro. No hablaré del Poder Legislativo, cuyos exponentes no son dignos de considerarse representantes ni del Pueblo ni de sus Provincias, tanto sean diputados como senadores. Y los economistas que forman parte de los gobiernos parecen gozar de inmunidad porque, cuando en el mejor de los casos son investigados judicialmente por las medidas que toman como funcionarios públicos, terminan sobreseídos. A pesar de que a ellos no les cierre el blanco de sus respectivos patrimonios que, en general tienen el exterior, dicen que sus políticas están destinadas a traer inversiones a la Argentina. Curioso, ¿no?

Estimo que la mayoría de los argentinos queremos que en nuestro país se desarrolle la industria, que el campo produzca, que la producción se incremente, que la Argentina aumente considerablemente sus exportaciones. Porque la Argentina crecerá y se desarrollará cuando sus sectores productivos trabajen a pleno y no por contraer innecesarias deudas como consecuencia de malas administraciones, de negociados o de intereses externos que sólo aspiran a mantener a la Argentina de rodillas.

Para salir de este laberinto necesitamos de una Justicia independiente que condene a los funcionarios que traicionan a la Patria, los que la endeudan y la empobrecen. La Justicia debe constituirse en la columna vertebral para reorganizar y sanear la Argentina. Para eso se necesitan jueces probos y un sistema judicial ágil. Quizás podríamos pensar en una elección de jueces por parte del pueblo y no por parte del poder ejecutivo para garantizar esa independencia. Es sólo una propuesta.

Por otro lado, los argentinos tenemos que dejar de lado las divisiones, las que son instigadas por los mismos que se benefician de ellas: los miembros de la corporación política y los de la corporación económica y de medios, quienes se han aliado en el presente gobierno.

Precisamos tener en claro los Intereses Nacionales y que nada nos aparte de ese rumbo. El rumbo que debemos tomar es relevante y hay que definirlo clara y de manera urgente porque, como dice Paul Samuelson, «el futuro es más largo que el presente». Y en ese futuro están los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos.

En tal sentido, entonces, creo que hay que dar ciertos pasos:

    • terminar con las divisiones, lo que no supone suprimir el debate sino trabajar juntos pensando en el futuro y no en el pasado;
    • delinear el rumbo y la estrategia para desarrollar la Argentina en función de los Intereses Nacionales;
    • diseñar nuestro propio modelo de desarrollo;
    • recuperar una de las que fuera la característica de la sociedad argentina: «la movilidad social»;
    • lograr la emergencia de una nueva clase dirigente, libre de los vicios de esa dirigencia que nos ha traído a esta angustiante situación;
    • recuperar los valores de la sociedad.

Todo esto requiere de comenzar una «contra revolución cultural» para enfrentar a esa revolución cultural que nos sumergió en la desesperanza, en el desaliento y en una baja autoestima.

Debemos buscar nuevos caminos, nuevas opciones, pensar en el futuro, apelar al pensamiento estratégico para considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que la Argentina pueda echar mano para recuperarse.

Como ya lo he escrito en un artículo anterior, la sociedad debe ponerse «en camino», como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Y en este sentido los argentinos hemos sido privilegiados por esta tierra.

Peregrinar es alejarse, tomar distancia del punto en el que estamos, es caminar, ponerse en marcha, en silencio ―es decir, dejando de lado la confrontación estéril para pasar al intercambio de ideas―.

Sólo de esa manera podremos lograr nuestro objetivo común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España. ORCID 0000-0003-0411-4630.

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ANÁLISIS, Argentina, Democracia, Política

CÓRDOBA: JUSTICIA A LA CARTA

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En vista a las próximas elecciones a realizarse en la ciudad de Córdoba y los ardides políticos que comienzan a salir a la luz, es necesario aclarar algunos puntos fundamentales a tener en cuenta:

La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba en su art 81, define los requisitos para ser intendente y vice:

Artículo 81. Para ser Intendente y Vice-Intendente se requiere:

      1. Ser argentino.
      2. Haber cumplido veinticinco (25) años de edad al tiempo de su elección.
      3. Tener cuatro (4) años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el Municipio, no causando interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio”.

¿Cómo es entonces que Martín Llaryora fuera inhabilitado por la Junta Electoral Municipal para presentarse como candidato a intendente?

Veamos la cronología de los hechos:

-Anoche se conoció, tal como se esperaba, que la Junta Electoral Municipal impugnó la candidatura de Martín Llaryora por no cumplir con el requisito del domicilio. Ahora, el asunto pasará a la Justicia Electoral Provincial y no se descarta que termine en el Tribunal Superior de Justicia. Desde Hacemos por Córdoba descuentan que su candidato a intendente será finalmente habilitado para competir por la intendencia.
(1º de Abril de 2019 – Diario El alfil)

La jueza electoral Marta Vidal deberá resolver en las próximas horas si habilita la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. Los plazos son exiguos y se espera que la decisión de la magistrada no se extienda más allá de este viernes.
(3 de Abril de 2019 – Diario Comercio y Justicia).

Hasta aquí, todo parecía en el mejor de los casos, una interpretación dispar entre el partido al que representaba Llaryora y los candidatos de la oposición.

En el peor de los panoramas, esta estrategia sería una “chicana política” para dejar fuera de juego al candidato de Hacemos por Córdoba, por parte de los partidos opositores. La “no oficialización” de la candidatura de Llaryora había sido pedida, primero, por Córdoba Cambia —que lidera Mario Negri—; y luego, por la UCR, con Ramón Mestre a la cabeza.

¿Qué dice el apoderado del partido Hacemos, Juan Manuel Cid?

Juan Manuel Cid, aseguró que la residencia oficial de Llaryora es la ciudad de Córdoba y que los periodos de interrupción cumplen con la normativa vigente en la Carta Orgánica municipal.

“Aportamos los tres contratos de locación desde 2014, y las fichas médicas que prueban que se ha atendido en Córdoba”. “El 5 de agosto de 2018 se emitió en la Provincia la resolución 40, donde a Martín lo proclaman vicegobernador electo”. Eso fue veintipico de días antes de reasumir como intendente. “Él se fue sabiendo que tenía que volver al mismo departamento de la ciudad de Córdoba. Entonces no sé por qué no se le permite esta prórroga”.

Agregó Cid:

“Esa interrupción es contemplada en el inciso 3 del artículo 81 de la Carta Orgánica, que prevé interrumpir para cumplir un servicio público nacional, provincial o municipal, y él lo hace para ser intendente”.

Asimismo, adelantó que presentarán una denuncia penal contra la Junta Municipal que envió oficios a San Francisco para constatar la asistencia de los hijos de Llaryora a la escuela y los lugares donde realizan sus actividades deportivas.

De no hacer lugar al pedido, Hacemos por Córdoba deberá correr el orden de la lista de titulares y completarla con el primer suplente que satisfaga la paridad de género, que en este caso es Daniel Passerini.

La piedra del escándalo

Martín Llaryora ha recorrido un largo camino dentro de la política cordobesa en muy poco tiempo. Tengamos en cuenta que el PJ cordobés gobierna la provincia desde  1999 cuando José Manuel De La Sota proclamó su primer triunfo como gobernador.

En 2009 se referencia como presidente de la Juventud Peronista. En 2013 forma parte del Frente Renovador. En 2015 en Unión por Córdoba y desde 2019 es parte del armado político de Hacemos por Córdoba. Fue concejal de San Francisco (2003-2007), Intendente de esa localidad (2007-2011) y en su segundo mandato (2011-2013), cargo del que solicitó licencia para ocupar la titularidad de la cartera del  Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico en el período (2013-2014). En 2014 se consagra nuevamente Intendente de San Francisco, cargo que ocupa solo un año para participar de las elecciones provinciales como vicegobernador (desde 2015 y hasta 2017) sin poder finalizar su mandato ya que se presenta como candidato a Diputado Nacional (2017-2019) mandato que tampoco alcanza a completar debido a su presentación y victoria como candidato a la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.

Pero volvamos a 2019 cuando la jueza Marta Vidal resuelve habilitar la candidatura por la Ciudad de Córdoba a Martín Llaryora pese a que el artículo citado, (81 COM), es absolutamente claro con respecto a la residencia de los candidatos.

¿Quién es Marta Vidal?

Marta Vidal, jueza electoral desde 1998 hasta la fecha a pesar que se jubiló en 2017. Este nombre no solo se encuentra en la causa Llaryora. Ya en 2007 interviene en la causa por “fraude” en las elecciones a gobernador de ese año, donde en un misterioso corte de luz en el Correo Argentino la tarde de los comicios, dio cuenta de los resultados que hasta antes del corte daban una importante ventaja al candidato del Frente Cívico, Luis Juez y favorece al candidato de Unión Por Córdoba, Juan Schiaretti.

Los letrados del juecismo habían recusado a la jueza con el argumento de que la propia magistrada había reconocido que “no tuvo la capacidad de controlar al Correo Argentino”. “Ha confesado a todos los medios que se vio desbordada”. La diferencia entre las 5.987 mesas que había denunciado originalmente la Justicia Electoral con las 6.152 que terminaron apareciendo en el programa informático que usó la empresa española Indra para ingresar los votos que llegaban en los telegramas fueron agregados como elementos de prueba, que por supuesto, no fueron tomados en cuenta. ¿Será acaso descabellado pensar que esta jueza que aparece en todos los conflictos de intereses partidarios y electorales, tenga algún pequeño indicio de favoritismo hacia el partido político que gobierna esta provincia desde hace 24 años?

A continuación transcribimos el fallo en rechazo a la apelación por la habilitación a la Intendencia de Martín Llaryora:

La Cámara Contenciosa Administrativa de 2° Nominación no hizo lugar a los recursos de apelación presentados por la alianza Córdoba Cambia y por la Unión Cívica Radical y, en consecuencia, confirmó la resolución del Juzgado Electoral Provincial que oficializó la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. La camarista María Inés Ortiz de Gallardo expresó en su voto —al que también adhirió el vocal Humberto Sánchez Gavier— que el candidato Llaryora reúne el requisito legal de cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el municipio. Asimismo, la resolución agrega que no causa interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio, “la que ha sido acreditada con grado de certeza jurídica en virtud de la prueba documental idónea y no desvirtuada por elementos de juicio en contrario del mismo tenor y valor”.

El voto mayoritario afirma que “el derecho a ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba no es un derecho exclusivo ni un privilegio de los oriundos de esta ciudad”, sino un derecho que ha de corresponder “a cualquier residente por el hecho de serlo en las condiciones de ley”. “El pueblo de esta ciudad, como fuente originaria de la voluntad emanada de la soberanía popular, es libre para votar al candidato que elija, transformando su elección en el reconocimiento y aceptación de la capacidad del elegido para intervenir en la adopción de las decisiones políticas, necesarias para la gestión del bien común de su ciudad”, sostuvo la camarista Ortiz de Gallardo. Por su parte, el vocal Sánchez Gavier añadió: “El ‘principio de participación’ constituye elemento dirimente para despejar cualquier duda que pudiera perdurar con relación al cumplimiento por parte del candidato Llaryora del requisito de residencia previsto por el art. 81 inc. 3° de la Carta Orgánica Municipal y la exclusión de un candidato debe responder solo ante la evidencia de que no se ha cumplimentado tal requisito, cuestión ésta que considero no ha sucedido en autos”.

Voto en disidencia. Por el contrario, el vocal Ángel Gutiez entendió que los contratos de locación de vivienda y una prórroga que presentó “no logran probar” los cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección. “No pongo en duda el compromiso del Sr. Llaryora para con la ciudad de Córdoba, pero su Carta Orgánica exige más; exige que haya residido en ella de forma continua e inmediata durante los últimos cuatro años, y este extremo el nombrado no lo ha probado”, enfatizó el magistrado en su voto.

Causa: “Hacemos por Córdoba – Recurso de Apelación – Junta Electoral Municipal – Comunal – Córdoba Dpto. Capital – Impugnación Candidato a Intendente por Residencia (Recursos de Apelación presentados por la Alianza ‘Córdoba Cambia’ y la Unión Cívica Radical)”  (Justicia on line – 24 de Abril de 2019).

El cuento que nunca acaba

A estas alturas esta historia parece ser una más de las que se repiten en el interior de nuestro país donde los gobiernos permanecen por décadas aumentando año a año su fuente de dominio y poder, controlando y manipulando los poderes del Estado.

Tanto es así que el 22/03/2023 el Concejo Deliberante aprobó la modificación del artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal donde por el mismo prohíbe las candidaturas testimoniales. Esta definición es explicada por la BBC de la siguiente manera: Imagine lo siguiente: usted va a votar en los comicios legislativos de su país y el principal candidato a diputado por el partido gobernante es un popular gobernador, que no ha dejado su cargo para pasar al Congreso, ni tampoco piensa hacerlo aunque sea elegido.

Estos «falsos candidatos» que pretenden postular por un escaño legislativo que nunca piensan ocupar podrían ser una realidad en Argentina.

¿A qué se refieren los ediles y hacia qué apuntan con la modificación de la Ley Electoral?

Precisamente a evitar que el candidato de Juntos por el cambio, el radical Rodrigo De Loredo, pueda postularse a gobernador, ya que las elecciones serían el 24 de junio y posteriormente candidatearse a intendente de la Ciudad de Córdoba.

A simple vista sería una medida lógica. Digo, sería porque el proyecto de  modificación fue desempolvado por la titular del Pami Córdoba y jefa del bloque Primero la Gente,  la kirchnerista Olga Riutort, quien casualmente es madre de Victoria Flores (titular del ente CoYs de la Municipalidad de Córdoba) y suegra de Miguel Siciliano (ex precandidato a intendente por el PJ) y actual Secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete de Martín Llaryora.

Otra cuestión llamativa es la referencia al proyecto original de Riutort donde solicita la modificación del artículo 44, que no fue votado para su modificación por los ediles de Hacemos por Córdoba ya que limita al intendente a definir las elecciones en un plazo determinado, (establece la posibilidad de convocar a elecciones municipales con una antelación de 90 días), cosa que Llaryora no pretende hacer.

Y como si todo lo expresado fuera poco, no olvidemos que Martín Llaryora no completó su mandato como intendente de San Francisco en 2015 para presentarse como vicegobernador en ese mismo año, mandato que tampoco completó porque en 2017 ganó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Casualmente tampoco culminó su mandato porque en 2019 asumió como intendente de la Ciudad de Córdoba.

Esta es la política cordobesa apuntalada por la justicia independiente. No creo que haya quedado duda que la justicia en Córdoba es “A la Carta”, a conveniencia de los monarcas de turno y de la burguesía política.

Por der Landsmann para Saeeg

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