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LÍNEAS ROJAS, UCRANIA Y LA OTAN

Marcos Kowalski*

En un artículo de este autor de hace un tiempo se dijo: “La zona más complicada para las hipótesis de conflicto de Rusia es la llamada llanura europea, que se extiende desde los Países Bajos hasta los montes Urales una especie de embudo de oeste que se va ensanchando hacia el oeste alcanzando más de 2.000 Km cuando llega a la frontera rusa, convirtiendo dicho límite en una zona expuesta de grandes dimensiones”[1].

Recordemos que los sujetos del Derecho Internacional Público son las Naciones, los países. Y que a los efectos de preservar la paz y tras la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (UN) se determinó que es el Consejo de Seguridad de ese organismo internacional, el único órgano autorizado para usar la fuerza. Pero la Carta de las Naciones Unidas plasmó en su artículo 51 el derecho a la legítima defensa de los Estados, es aquel que permite responder a los ataques militares de otro país para evitar más daños, asegurando, de esa forma, que los países pudieran protegerse a tiempo sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad de la UN.

En teoría, el derecho de legítima defensa es subsidiario y provisional. El país afectado debe comunicar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las actividades que llevará a cabo y las mantendrá hasta que el organismo retome el control de la situación.

Una vez el Estado da el aviso, el órgano aprueba una resolución contra el país atacante siempre que los cinco miembros permanentes (Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia) voten a favor. De lo contrario, el veto de cualquiera de ellos impedirá cualquier intervención. La legítima defensa nació precisamente para esquivar esta previsible parálisis.

El Consejo de Seguridad puede sancionar una aplicación de la legítima defensa que no atienda al requisito de necesidad, pues el Estado infractor habría usado la fuerza sin causa justificada. Sin embargo, si uno de sus cinco miembros permanentes realiza estas acciones, estas quedarían impunes con su veto a cualquier resolución condenatoria.

Por eso decimos que en teoría y mientras no se modifique la estructura del Consejo de Seguridad, un Estado puede invocar la legítima defensa solo cuando sea necesario, es decir, cuando un ataque extranjero en curso atente contra su integridad territorial o independencia política. Se aplica en caso de una agresión que comprenda acciones como la invasión, el asalto a buques, tropas o aeronaves, o el ataque a las fuerzas armadas.

Deja fuera otras acciones hostiles, como el bloqueo económico o los ciberataques y otras agresiones. Además, el contraataque del Estado víctima tiene que ser proporcional a la acción inicial y, si es posible, evitar usar la fuerza. En ningún caso podrá actuar con otra finalidad que la de protegerse, como aprovechar para conseguir nuevos territorios u otro tipo de beneficio.

El principio, el derecho de legítima defensa de las Naciones, puede activarse de forma individual si la aplica solo un Estado, o de forma colectiva, si varios países recurren a la fuerza para auxiliar al que ha sufrido el ataque. Para que esto suceda, es necesario que el país víctima solicite ayuda militar a sus aliados, pero también es habitual que se celebren tratados multilaterales sobre asistencia recíproca en materia de defensa, como el pacto que rige la Organización del Tratado Atlántico Norte o el más reciente AUKUS.

Con el tiempo, el uso de la figura ha cambiado, en especial tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Los atentados mostraron una nueva amenaza internacional y abrieron la veda para invocar la legítima defensa contra agentes no estatales, sobre todo grupos terroristas.

Esta interpretación tiene cabida cuando las agresiones militares de grupos armados se producen bajo las órdenes, control o financiación del Estado, y por tanto se les atribuyen. Es la variante que aplicó Estados Unidos en 2001 para invadir Afganistán en su guerra contra el terror de los talibanes. Estos formaban parte del aparato estatal y protegían en su territorio a los terroristas de Al Qaeda, el grupo de yihadistas responsable del atentado.

Mientras tanto, países como Rusia o Irán defienden el derecho a invocar la legítima defensa también ante sospechas fundadas de una agresión inminente. Ese principio de legítima defensa preventiva es el que aplicó Estados Unidos al invadir Irak en 2003. La Administración de George Bush argumentó entonces que el régimen de Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva listas para atacar a la superpotencia, aunque estas nunca se encontraron.

A pesar que La Corte Internacional de Justicia rechaza este principio porque elimina el requisito de necesidad y abre la puerta a ataques arbitrarios o desproporcionados, en enero de 2020 la Administración de Donald Trump reactivó la defensa preventiva para asesinar al general iraní Qasem Soleimani ante el temor de que estuviese desarrollando planes para atacar a militares y diplomáticos estadounidenses en Irak.

Es por eso que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó el formato actual del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, “el mundo es más grande que cinco” y “el destino de la humanidad no debe dejarse a merced de un puñado de países que ganaron la Segunda Guerra Mundial”, lo cual, afirma Erdogan, es una “injusticia del sistema global”.

Debemos convenir que todos tenemos puntos a no ceder en nuestra vida cotidiana; podemos, y de hecho lo hacemos, ceder en muchos de nuestros principios, ideas o puntos de vista, pero seguramente ni cambiaremos ni cederemos ante ataques a nuestra propiedad, pertenencia o a nuestra Fe, esto también es válido para la geopolítica.

Las naciones que, como dijimos, son sujetos del Derecho Internacional, tienen, además de sus límites geográficos, limites políticos, ideológicos o religiosos, una idiosincrasia nacional, una cultura y un inconsciente colectivo y todo eso es lo que hoy dice el presidente ruso Vladímir Putin, que Rusia no cederá y denomina “línea roja”.

En los últimos tiempos Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante las negociaciones de enero. El presidente de Estados Unidos amenaza con sanciones a Rusia si interviene en Ucrania y Moscú; recuerda que considerará una agresión cualquier avance militar en el este de Europa. El problema que comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea y el auspicio ruso a la rebelión del este ucranio, la región del Donbáss, contra Kiev por parte de Rusia, se agudiza día a día.

Rusia ya ha presentado sus exigencias para lograr lo que considera que son “garantías de seguridad”. Estas propuestas fueron publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 17 de diciembre de 2021 y el silencio de Washington en los días siguientes impacientó al Kremlin.

Hace unos días, Putin celebró un encuentro con la cúpula del ejército en la que amenazó con tomar “medidas de represalia técnico-militares” si la OTAN protegía a Ucrania, entre otros países que Moscú considera bajo su órbita. “Necesitamos garantías vinculantes a largo plazo (…). Sabemos que, incluso con garantías legales, no se puede creer en Estados Unidos porque se retira con facilidad de los acuerdos internacionales”, advirtió a sus altos mandos Putin, comandante en jefe de la Federación de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió un borrador con sus propuestas “para prevenir actividades militares peligrosas y reducir la probabilidad de incidentes entre sus fuerzas armadas”. Según la propuesta rusa, la Alianza Atlántica “asume la obligación de impedir una ampliación de la OTAN a otros Estados, incluida la adhesión de Ucrania”, y renuncia a hacer ejercicios militares en esa región, el Cáucaso y Asia Central.

Además, Moscú exige a la Alianza a que “se comprometa a no desplegar sus fuerzas armadas y armamento en territorio de todos los demás países europeos” y, en caso de amenaza a la seguridad, que los despliegues solo se hagan “con el consentimiento de todos los participantes”. Es decir, en una guerra como la del Donbáss, Rusia tendría que dar el visto bueno al envío de armas de Estados Unidos a Kiev.

En un sucinto comunicado, la Casa Blanca ha confirmado que Biden dejó claro a su homólogo ruso que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera decisiva si Rusia invade Ucrania. El presidente también expresó su apoyo a la diplomacia, mediante las tres reuniones previstas en enero. Biden reiteró que el progreso sustancial en esas mesas de diálogo solo puede darse en un escenario de desescalada, por lo que instó a Putin a reducir la tensión en la frontera.

Mientras que el gobierno de Kiev ha rebajado la tensión al afirmar que no ve una amenaza de agresión abierta por parte rusa. “Sí, hay un aumento de las fuerzas del Ejército. Pero no vemos una concentración importante en nuestras fronteras, como publican algunos medios en el extranjero”, matizó el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, según la agencia Interfax[2].

Durante tres semanas de frenéticas negociaciones a varias bandas se ha dejado de manifiesto que Estados Unidos no desea mover ficha en solitario en este espinoso asunto. El secretario de Estado, Antony Blinken, contactó al respecto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con sus homólogos británico, francés y alemán. El Kremlin, al contrario, se muestra más proclive a tratar directamente con la Casa Blanca, aunque a la vez insta a Estados Unidos a regresar a los acuerdos internacionales que el presidente Donald Trump abandonó.

En este contexto coyuntural, las cinco potencias nucleares (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China) instaron a impedir que se desate una guerra nuclear en el mundo, lo que se desprende de la declaración conjunta, publicada en la web del Kremlin[3]. Sin embargo Putin dijo en una entrevista que “hasta cierto punto las líneas rojas son especulativas” pero “hay que observar lo que viene ocurriendo en los últimos veintitantos años” en las relaciones entre Rusia y Occidente, el “Occidente colectivo” para entender la actual crisis.

En definitiva, el presidente ruso califica de “línea roja” la ampliación de las infraestructuras de la OTAN en Ucrania. Por otro lado, la Cancillería rusa advirtió que el despliegue militar de la OTAN en Georgia es otra «línea roja» para Moscú ya que perjudicaría la seguridad del país. El Ministerio se pronunció de esa manera a pocas semanas del inicio de las conversaciones con la Alianza sobre las garantías en este ámbito. Por su parte, desde la UE insisten que “cualquier discusión” sobre la seguridad en Europa debe contar con la “participación” del bloque.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que la reunión del Consejo Rusia-OTAN se celebrará el 12 de enero, según lo declaró a Reuters un funcionario de esa alianza militar. La fuente de la agencia señaló que “cualquier diálogo con Rusia tendría que proceder sobre la base de la reciprocidad”, así como “abordar las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia” con respecto a Ucrania, “en consulta con los socios europeos” de la alianza[4].

Concluyamos que es una difícil negociación, en el marco de una nueva guerra fría. Rusia por un lado y los Estados Unidos, la OTAN y Europa por el otro están intentando evitar un enfrentamiento que parecería anunciado, las maniobras en Ucrania, con participación de efectivos estadounidenses, los sobrevuelos de aviones de todos los actores y sus consecuentes intercepciones, las maniobras a gran escala de las fuerzas rusas, no son otra cosa de demostraciones de fuerza para imponer sus respectivas líneas rojas. Pero como siempre detrás de la pelea está el negocio, debemos tener presente los intereses de la provisión de hidrocarburos por parte de Rusia a Europa, la culminación y puesta en marcha del Nord Stream 2 que hace que Ucrania acuse a Rusia de utilizar el gas como arma política.

En un pacto —contrario a las reticencias de Estados Unidos sobre que el Kremlin pudiera utilizarlo como una herramienta de presión poniendo en peligro el suministro energético de Ucrania, por donde hasta ahora pasa el gas)— Alemania y Estados Unidos se comprometieron a sancionar a Moscú si Rusia restringía la entrega del gas a través de Ucrania o utilizara el hidrocarburo como arma política.

No solo los analistas sino el mundo entero y sobre todo Europa deberán estar muy atentos a la evolución de este conflicto. Las consecuencias pueden ser imprevisibles, las negociaciones muy complicadas, pero esperemos para el bien de todos que se lleguen a acuerdos que pongan fin a la amenaza de guerra en la región.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

 

Referencias

[1] Marcos Kowalski. “Rusia. Historia e hipótesis de conflictos”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 05/09/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/09/05/rusia-historia-e-hipotesis-de-conflictos/.

[2] María Antonia Sánchez-Vallejo, Javier G. Cuesta. “Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante la negociación de enero”. El País (España), 30/12/2021, https://elpais.com/internacional/2021-12-30/joe-biden-y-vladimir-putin-muestran-sus-lineas-rojas-ante-la-negociacion-de-enero.html.

[3] “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear”. Sputnik, 03/01/2022, https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-y-china-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html

[4] “La OTAN confirma que la reunión con Rusia será el 12 de enero”. RT, 04/01/2022, https://actualidad.rt.com/actualidad/415801-otan-confirma-reunion-rusia.

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LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA O LOS INTERESES NACIONALES

César Augusto Lerena*

Marcelo Kohen, miembro del Consejo Nacional de Malvinas de la Cancillería Argentina y postulado para ocupar un cargo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), es el principal Tribunal internacional destinado a resolver disputas entre los Estados. Un Órgano de las Naciones Unidas (ONU), creado en 1945, con sede en La Haya, Países Bajos, al que muchos abogados anhelan llegar para satisfacer sus aspiraciones personales.

Uno de los jurisconsultos más importantes de Argentina, el profesor Hugo Caminos, que entre otras cosas integró la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, acuñó una frase derivada del artículo 2º del Estatuto de la CIJ que dejaba en claro su calidad moral: «no se puede avalar el ingreso a quienes carecen de integridad moral». Esto viene a colación, porque para los cargos internacionales no deberían ser tenidas en cuenta solo las capacidades técnicas que, por cierto, son absolutamente imprescindibles, sino la trayectoria en favor de los intereses nacionales del candidato que el gobierno promueva.

Respecto a la idoneidad, resulta un verdadero despropósito que mientras los postulantes a un cargo de Juez de 1ra. Instancia deben pasar por un concurso de antecedentes y oposición, luego, ser aprobados por los Consejos de Magistratura y los respectivos Senados, para finalmente, de entre una terna preseleccionada ser designado uno de ellos por Decreto del Poder Ejecutivo, para postularse a la Corte Internacional de Justicia solo baste un Decreto. Esto no ocurre ni siquiera para aspirar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde además del filtro del Senado, se expone al candidato a la opinión pública.

Pues bien, como las decisiones de los jueces de la CIJ pueden afectar al Estado argentino y con ello a los ciudadanos, yo manifiesto que el postulado a la CIJ Marcelo Gustavo Kohen no reuniría las condiciones de idoneidad por cuanto en su ejercicio profesional no ha ocupado siquiera el cargo de Juez de Paz y, respecto a la integridad a la que se refería el Dr. Caminos, habría violado la Constitución Nacional y la de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cuando en 2018 les ofreció a los isleños en Malvinas, sin consentimiento de la legislatura provincial ni del Congreso de la Nación (Art. 13 de la CN; Art. 14 de la Ley 23.775 y Art. 1 a 5, 81, 87 y la Disposición Transitoria 12a de la CPTdF) un Plan de 20 puntos que preveía entre otras cosas la escisión de Malvinas de Tierra del Fuego; propuesta, que ya había «…rechazado categóricamente…» la Legislatura Provincial por Res. 250/17 del 24/8/2017, en el proyecto «Provincia de Malvinas, Provincia 24» ganador del concurso organizado por el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Malvinas en 2015 y, al mismo tiempo y, también sin la aprobación debida, les presentó un Plan a los isleños donde les cedía recursos pesqueros; la posibilidad que éstos sigan determinando quién puede radicarse en Malvinas y que al cabo de treinta años podrían efectuar un referéndum para determinar «si se mantenía la situación que les proponía o si las islas podrían asumir una soberanía plena» (Infobae 22/03/2018; su exposición en el CARI, 20/03/2018), en contraposición a lo previsto en los artículos 9 a 11, 14, 16, 19, 20, 39 y la Disposición Transitoria Primera (D.T.P.) de la Constitución Nacional.

El entonces Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y hoy Ministro, Julián Domínguez, criticó al diputado uruguayo Jaime Trobo por unirse a la misión de observación del referéndum británico de 2013 en las islas y consideró que era «una traición a la patria para el conjunto de América latina que un legislador uruguayo asista a un referéndum sobre la soberanía de las Islas Malvinas» y por ello nos imaginamos qué calificativo podría corresponderle al argentino Marcelo Kohen que promueve a los isleños un referéndum.

Sobre ello, el propio Kohen manifestó que un “hecho político nuevo” lo movilizó para lanzar el Plan en 2018 (Robledo J. LMNeuquen; 06/06/2021) y, se infiere que podría estar motivado en el Pacto de Foradori-Duncan del 13/9/2016 cuyo texto de inspiración británica reza: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas…». El mismo año, donde este abogado fue fallidamente promovido por el gobierno de Macri para integrar la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, oportunidad en la que manifestó “trabajar y residir” en Suiza y, quedó descartado de entre los 34 seleccionados, al ser superado categóricamente por los votos a los candidatos de Colombia, Chile, Nicaragua, México, Brasil, Perú y Ecuador de Suramérica y el Caribe. Otro tanto ya había ocurrido en 2014 con el rechazo de Susana Ruiz Cerutti a la C.I.J. y en 2016 con la postulación de Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU (2016). Es probable que sea necesario que los candidatos se seleccionen por presentar una mayor vocación patriótica y latinoamericana, que personal.

Kohen se recibió en la Universidad de Rosario y es Profesor del “Instituto de Altos Estudios Internacionales” de la Universidad de Ginebra. Este Instituto según el Ranking Web de Universidades se encuentra en el puesto 1.913 en el ranking mundial; 726 en Europa y en materia de Excelencia ocupa la posición 2.940. Respecto a la Universidad de Ginebra el mismo Ranking indica que a nivel mundial está 143; en Europa 38 y en Excelencia 205. Rápidamente se observa la diferencia de calificación entre la Universidad y el Instituto al que pertenece.

Accesoriamente a ello, el citado candidato expone públicamente sus opiniones sobre cómo resolver la cuestión Malvinas, pese a tratarse de un miembro del Consejo de Malvinas que tiene obligación de guardar secreto sobre las estrategias que puede o podría llevar adelante el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación. Sería bueno recordarle que los expertos de ese Cuerpo no fijan las políticas, sino que son los que dan sustento técnico al Canciller o al Presidente de la Nación y que, contrario a lo que manifiesta, de que “en la Argentina no hay una Política de Estado”; sí la hay, y es la que prescribe la Disposición Transitoria Primera de nuestra Carta Magna. El problema, es cumplir y hacerla cumplir y ello es el obstáculo principal que quieren remover los británicos y, que daría por tierra definitivamente un referéndum de los isleños.

Todo ello se agrava, porque no se trata de un ciudadano voluntarioso, sino de un abogado que al momento de su presentación espontanea en las islas ya había defendido los intereses argentinos, motivo por el cual, su propuesta, no es la de un neófito; más aún, cuando de llevarse a cabo su Plan, sería absolutamente favorable a los intereses británicos; una cuestión, que quien presenta la iniciativa y escribe sobre Malvinas no puede desconocer, y que adquiere mayor valor para el ocupante de las islas al ser este un miembro del Consejo Nacional de Malvinas de la Cancillería Argentina, Organismo en el que se debieran analizar las estrategias relativas a Malvinas, los archipiélagos del sur, las aguas correspondientes y la Antártida.

Llama la atención el temerario accionar de un experto en derecho internacional, que trata de buscar acuerdos directos con los isleños, contrario a lo sostenido por la Argentina hasta hoy, donde éstos no son parte, postura, que la propia ONU ratificó. La actitud inconsulta de Kohen, contraría el propio alegato del Embajador José María Ruda de «… las mencionadas Islas son parte integrante del territorio argentino y el deber jurídico y moral de Gran Bretaña es devolverlas a su verdadero dueño, afirmándose así el principio de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados…», promueve acciones que favorecen la libre determinación, ya que si bien, el referido Kohen, predica que “…mil seiscientos cincuenta ciudadanos británicos no tienen el derecho de decidir una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido…” en los hechos, proponiéndoles a los isleños un referéndum, propicia todo lo contrario, además de no tratarse de una cuestión de tal o cual número de habitantes, sino de derechos de Argentina y prescripciones de la ONU. Tampoco, cuando propone escindir Malvinas tiene en cuenta el derecho de los fueguinos y la “integridad territorial” de la Provincia. Sus convicciones son endebles y su hipótesis de trabajo errónea.

Me referiré ahora a otras cuestiones no menores: los sucesivos Secretarios de Malvinas ni el Consejo de Malvinas se han pronunciado sobre el referido Plan Kohen, pero, en especial, sobre el otorgamiento del referéndum que, como sabemos, ya se había producido en Malvinas en marzo del 2013 y un 98,8% de los isleños se pronunciaron por seguir perteneciendo al Reino Unido y, como debiera saber Kohen, los organismos internacionales y países le quitaron todo valor a esa consulta, porque los isleños no son parte en la disputa.

El candidato es también un tanto dubitativo: “ha aconsejado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner llevar a los británicos hasta la CIJ, lo que después ha desaconsejado por su propia experiencia” (Clarín, Natasha N. 19/12/2021) y su mirada política un tanto lábil ya que proveniente de una familia comunista conmemora y pondera el “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” de 1971 que llevó adelante la llamada Revolución Argentina del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, donde Kohen confiesa que «el Acuerdo contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños» (Perfil, 29/06/2021), lo mismo que propició Macri con el Pacto de Foradori-Duncan. Tampoco se refirió a los nefastos Acuerdos de Madrid y al Tratado de Nueva York y, es sabido, que por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).

El Reino Unido violenta las Res. de la ONU 2065 (XX); 1514 (XV) y 31/49; pero quién pretende ponerse la peluca en la Corte Internacional de Justicia nos dice que «La carencia argentina de una propuesta concreta hace que el vacío se llene con las ideas más recalcitrantes» y, bajo ese pretexto, formula una posición absolutamente concedente.

Es muy poco probable que esta hipotética designación ayude al país; más bien todo lo contrario. Los jueces deben ser neutros y, las opiniones sobre sus naciones de origen son inconvenientes y poco creíbles. Si su asesoramiento fuese valioso, ser neutro cuando la Argentina es parte, es ceder la decisión a otros jueces.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

MONÓLOGO ARGENTINO Y AVANCE BRITÁNICO

César Augusto Lerena*

Con políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia

 

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6). No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.

Sabemos, que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo; pero, ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica. En este escenario, hay unos pocos argentinos, que contrariando las citadas resoluciones y la Constitución Nacional y, desconociendo las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas quieren que los gobiernos tengan en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas, como ya quedó demostrado en el plebiscito de 2013. En esta línea están Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo y Sebreli; a los que se agregan Luis Romero y Sabrina Ajmechet candidata a diputada de “Juntos” que pusieron en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich, que sugirió que podrían haber cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía» (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.

Con las opiniones de estos personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes y, a pesar de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la historia argentina, desde la independencia nacional.

El 23 de septiembre de 1973 el FREJULI ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos. Un frente integrado por peronistas, frondizistas, demócratas cristianos, conservadores populares, socialistas y otros apoyos de la izquierda.

Como producto de las gestiones diplomáticas realizadas durante ese gobierno democrático el 1 de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; 2065 (XX) del 16/12/1965; la 3160 (XXVIII) del 14/12/1973 y, teniendo en cuenta, la Declaración Política aprobada por la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 25 al 30/8/1975), donde en especial, se pidió a los gobiernos que “…aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre la soberanía…” y “…se instó las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente y que, distintos gobiernos invisibilizaron esta importante resolución bajo el falso pretexto que fue dictada durante el Proceso Militar (escondiendo el valioso trabajo precedente) y, hasta cedieron espacios y recursos e, incluso, cooperaron en favor de los intereses de esta potencia invasora.

Los resultados están a la vista: en 1965 la disputa se limitaba a Malvinas. En 1989/90 por el Acuerdo de Madrid se incorporaron formalmente las Georgias del Sur (3.850km2) y Sándwich del Sur (310km2) y el Reino Unido consideró con este Acuerdo haber dado fin a la disputa. En 1976 al dictarse la Res. 31/49 el Reino Unido ocupaba Malvinas (11.410 Km2 y tres millas marinas alrededor). Desde esa fecha y a hoy ocupan 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular y, nos disputan 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida Argentina. En 1976 la explotación de los recursos argentinos en el área de Malvinas era poco significativa. A partir de ese año y, especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorgó licencias pesqueras a empresas extranjeras que capturan 250 mil toneladas por año por un valor de mil millones de dólares. Se formaron sociedades mixtas española-británicas y desde 2021 estas sociedades deberán tener el 51% de las acciones a favor de los isleños. En 45 años las empresas se llevaron 11.250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares. Desde 1976 y especialmente desde 1982 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Z.E.E.

Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo en 1987, aunque no alcanzaría el Acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1989). Sería Cavallo, quien firmaría los Acuerdos de Madrid, bajo la “fórmula del Paraguas”. Arturo Frondizi le decía a Cavallo al respecto: “para los peronistas usted es un traidor a la patria”. Desde 1982 y en especial a partir de 1989 con los citados Acuerdos y el otorgamiento de licencias pesqueras, se acrecienta la pesca por parte de buques extranjeros y, la internacionalización del mar argentino. En 1983 se inicia un proceso de desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación, presentando a la guerra de Malvinas como vergonzante que minimiza el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los combatientes argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, facilitando a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en perjuicio del país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo aeropuerto en Malvinas que facilita las operaciones militares desde las islas. En 1986 el Canciller Caputo concreta el «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico ilegal en Malvinas anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ), estableciendo, por primera vez, un área de 150 millas en torno a Malvinas prohibida a los buques argentinos, además de reivindicar, la Z.E.E. y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas. El mismo año se crea la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. 41/11 del 27/10/1986 la ONU, con la participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur; pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.

En la década del 1990, se firman los Acuerdos de Madrid I y II en 1989/90 que confirman la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras. Con el descarte de 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, el Reino Unido se ajusta a las previsiones de la CONVEMAR (Art. 74º) respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos, estatus que el Reino Unido pretende. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allana al Reino Unido la posterior demarcación de una Z.E.E. de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida. En 1994 el Reino Unido se apropia de 1.400 Km2 al noroeste de Malvinas, por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar. En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias ilegales a buques extranjeros. En 1996 en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso el Acuerdo donde se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite ocupación territorial de esta o, la libre explotación de nuestros recursos. En 1998 la Argentina firma un “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, ésta traslada el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur y, se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos. En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.

Durante la década del 2000. En el 2000 se aprueba por Ley 25.290 el llamado Acuerdo de Nueva York (adoptado el 4 de diciembre de 1995) sobre la conservación de las especies transzonales y altamente migratorias, que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Es un Acuerdo que violentaría la Constitución Nacional (DTP). En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, e incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar y, los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas, en una clara demostración depredadora de los recursos argentinos.

En la década del 2010. En 2011 el Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas y, en 2015 anuncian el hallazgo de petróleo a unos 200 km del archipiélago. El Reino Unido crea en 2011 la «reserva Blue Belt más grande del mundo» con 1.070.000 km2 (tres veces más grande que el Reino Unido) en jurisdicción argentina, alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, para asegurarse la llegada de peces a Malvinas, incluidos 20 mil Km2 de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton declaraba: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). En 2016 se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan que declara: «adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas suspendidas en 2015 y, habilitó vuelos de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y de acceso al mundo. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) de la Plataforma Continental aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que, sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes solo 351.633 km2, dejando sin tratar 1.430.367 km2 por entender que son espacios en disputa con el Reino Unido. En 2018 la Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Z.E.E. Argentina, que le permitiría una mayor injerencia al Reino Unido. En 2019 se otorgan a empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera, entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

Durante la década del 2020. En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución Nacional. Sancionada la ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas. En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la Unión Europea, sin embargo, a instancias de España, se acuerda que los productos de este origen sigan ingresando a Europa sin aranceles, consolidando la economía de los isleños. Los británicos construyen un puerto en Georgias del Sur y anuncian la construcción de un puerto en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del sur de Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile, mientras tanto, dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.

La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

 

Nota publicada en El Economista, 02/11/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/monologo-argentino-avance-britanico-n47499