Ya me referí en varios escritos anteriores (César Lerena “El Malvexit frente al Brexit Británico, 04/10/2018 y, “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” 03/07/2020 https://saeeg.org/index.php/2020/07/04/brexit-pesca-malvinas-camaron-se-duerme-se-lo-lleva-la-corriente/) a la oportunidad que se abría para la Argentina frente a la salida del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante R.U.) de la Unión Europea (en adelante U.E.) el próximo 1º de enero de 2021 y, desde entonces, he venido promoviendo la necesidad de que el gobierno argentino, entre otras cosas, actuase ante Bruselas para que, cualquiera fuese el Acuerdo al que se arribe, quedasen fuera de éste los llamados “territorios británicos de ultramar” Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) que el R.U. tiene usurpados o sobre los que pretende su titularidad como en el caso de la Antártida.
Efectivamente, los territorios de ultramar han quedado afuera de las negociaciones del Acuerdo y varios medios han venido refiriéndose a ello, diciendo en general que“de acuerdo a fuentes oficiales y diplomáticas, el gobierno insistió en que las Islas Malvinas no sean contempladas como un territorio británico de ultramar en el futuro acuerdo que el viejo continente podría negociar con el Reino Unido para regular sus relaciones comerciales, basándose en la resolución de las Naciones Unidas que admite la existencia de una disputa de soberanía y las constantes recomendaciones del Comité de Descolonización de la ONU constantemente desoído por Londres. De respetarse la posición argentina, los malvinenses perderían las cuotas de acceso y la rebaja arancelaria por la que venían beneficiándose desde hace años, además de la asistencia financiera para desarrollar una economía que es extremadamente dependiente de la pesca, que equivale al 60% del PBI local” (Chabay, Ezequiel, El Cronista, 24/12/2020) y ello es sólo parcialmente cierto y hay mucho por trabajar si lo que se pretende es conseguir aislar comercialmente a Malvinas, comenzando porque la U.E. le aplique aranceles a los productos —en especial pesqueros— que se destinan en un 95% a Vigo (España) y desde ahí a toda Europa.
Recordemos que en el año 2009, cuando se ratificó el Tratado de Lisboa, al votarse la aprobación de la Constitución de la U.E., se incluyó como Territorios Británicos de Ultramar a las Malvinas y a la Antártida. ¿Qué hizo la Cancillería Argentina en esa oportunidad para evitarlo? lo ignoramos, pero lo cierto, que españoles e italianos (dentro de los que se encontraban millones de argentinos con doble nacionalidad de esos países) votaron a favor de ello o simplemente ignoraron que tenían que hacerlo y votar en contra. Desde entonces, nada hizo la Argentina ante la U.E. para modificar esta irregular situación y, por el contrario, mantuvo activos todos los acuerdos firmados con el R.U. (Acuerdos de Madrid, etc.) y, grotescamente, también mantiene vivos el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires” que se firmó el 02/02/ 1825 (pese al cual el 03/01/1833 los británicos invadieron Malvinas) y, el “Convenio para la Promoción y la Protección de inversiones británicas en la Argentina” suscripto en Londres el 11/12/1990 y aprobado por la Ley 24.184 el 04/11/1992.
En un pasado artículo (César Lerena “¿quién ejerce el poder en el atlántico sur?” 03/06/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/06/03/quien-ejerce-el-poder-en-el-atlantico-sur/ ) puse de manifiesto que el 22/01/2020, funcionarios y empresarios del sector pesquero español se reunieron en Madrid, manifestando el interés —acompañado por la European Fisheries Alliance (EUFA)— de mantener el acuerdo de libre comercio, el mutuo acceso a las aguas, el reparto de las cuotas de pesca y la gestión compartida con el R.U.; todas cuestiones que han sido reiteradas en cuanto fuero hubiese y, en las que están muy interesados los españoles que pescan tanto en el Atlántico Nordeste como en el Atlántico Sur con licencias ilegales del R.U. en Malvinas, incluso, como otros europeos, con bandera británica, en ambos Atlánticos.
España, en los prolegómenos del Acuerdo entre Londres y Bruselas acompañó la preocupación de los empresarios españoles que pescan en las aguas británicas y en Malvinas, acompañados, con una menor preocupación por sus pares de Alemania, los Países Bajos, Francia, Bélgica e Italia; pero el R.U. privilegió los intereses escoceses y de otros del Reino y no atendió las fuertes presiones de los europeos e incluso los reclamos de los propios habitantes de Malvinas, quienes en este nuevo estado que se inicia, poco o nada pueden aportarle al déficit comercial del R.U. Con este Acuerdo se modificará la situación actual de que los barcos comunitarios puedan pescar hasta las 6 millas de la costa británica y, a partir del cual, ya no podrán hacerlo libremente dentro de las 200 millas británicas y se reducirán progresivamente las cuotas.
La pesca es un 0,1% dentro de la economía británica, carece de toda relevancia y no ha sido un dato menor a la hora de las negociaciones, ya que el R.U. se ha centrado en asegurarse la soberanía plena en sus decisiones y en satisfacer su política interna, en especial con Escocia; pese a lo cual, su primera ministra Nicola Sturgeon no está conforme con que haya una transición de 5,5 años, en lugar de los tres que esperaban y ya está argumentando que Escocia tiene derecho a elegir su propio futuro como un país independiente, vinculado a la U.E.
En este primer escenario, los españoles perderían cuotas en las aguas británicas del Atlántico Nordeste y los productos extraídos por españoles o sociedades británicas-españolas en Malvinas, como dije, mayoritariamente destinados a Europa, pagarían aranceles. Pero esto no es tan así. Para que se apliquen aranceles a los productos pesqueros originados en capturas realizadas en el área de Malvinas, la Argentina deberá hacer otros deberes, porque de otro modo, ingresarán a la U.E. con bandera española o al R.U. con bandera británica. Por cierto, nada es gratis en el mundo de los negocios.
España, cualquiera sea el resultado, magnifica la situación. Sabe, que cuánto más dramática la muestre, más subsidios obtendrá de la U.E. Son expertos en Acting y, en especial, su vocero Javier Garat, el gran perdedor en este Acuerdo que esperaba una transición de 14 años (¿?) en las aguas británicas y solo consiguieron 5,5 años; un tiempo que nadie cree que transcurra.
En principio, habría que tener en cuenta que el Acuerdo prevé el libre comercio y acuerdos transitorios pesqueros con la U.E. (Capitulo 185), con algunas cláusulas relativas a cumplir ciertos parámetros, que no parece que el R.U. no vaya a cumplirlas (salvo las pesqueras) y, además, es lógico pensar que el R.U. profundizará sus negocios con el Commonwealth; Estados Unidos; a través del TMEC (México y Canadá); China y otros países, incluso con Argentina, para compensar sus eventuales pérdidas en la U.E. y mejorar su balanza comercial que, durante 2019, fue negativa en casi 200 mil millones de euros. ¡El imperio se apresta a cabalgar sobre las olas! Al menos es lo que ellos creen y sí no hay que preguntarle a Cantieri.
Por otra parte, no es cierto que “la U.E. haya descartado a Malvinas en las negociaciones por la disputa que mantiene Argentina con el R.U. sobre estos territorios en las Naciones Unidas”. Todos los llamados Archipiélagos Británicos de Ultramar, a excepción de Gibraltar, quedaron afuera del borrador de Acuerdo. El Capítulo 183º de éste aplica solo al R.U. y no a los Territorios de Ultramar, dado que “la U.E. no tiene competencia para negociar con ellos” y, en el Capítulo 184º, establece que “el R.U., Gibraltar y España seguirán negociando acuerdos para buscar el mejor resultado posible para el pueblo de Gibraltar y la región circundante y, la Comisión confirmó que un acuerdo sobre Gibraltar es posible y que están dispuestos a examinar cualquier solicitud de España y el Reino Unido para llevar esto adelante”.
¿Qué efectos vinculados con la Argentina podría finalmente provocar el Brexit?
Probablemente se debilitará en la U.E. la posición británica respecto a Malvinas y mejorará la postura argentina en los reclamos de soberanía e incluso en las negociaciones comerciales o relativas al equipamiento militar.
Además de ello, la Argentina debe cancelar (no suspender) los vuelos desde Malvinas a Chile y a Brasil y prohibir el uso del espacio aéreo y marítimo argentino para trasladar productos, personas, insumos, etc. relacionadas con la exploración o explotación pesquera, agropecuaria, hidrocarburífera o comercial en Malvinas, entendiendo que estas actividades no son pacíficas porque derivan de la explotación y ocupación ilegal de un territorio argentino.
Los isleños buscarán negocios fuera de Europa y necesitan más vuelos a terceros países, para lo cual, la Argentina —derivado del Pacto Foradori-Duncan— les otorgó un vuelo semanal a San Paulo que les abre las puertas al mundo (¡!) y a las relaciones con Brasil; incrementan la relación con Uruguay (stands en feria y otros) que les provee puertos para asegurar las operaciones de los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica y, que es sede, junto con Puerto Arenas, de la naviera inglesa SAAS cuyo buque portacontenedores hace tráfico comercial cada 14 días a las Islas; promueven el turismo; construyen puertos en Malvinas y Georgias del Sur para facilitar sus operaciones y profundizan las relaciones con empresas españolas a través de la constitución de joint venture.
En este estado de cosas, ¿qué otra cosa debería hacer la Argentina para mejorar su situación respecto al control en el Atlántico Sur y en especial, cambiar el estatus de Malvinas y, favorecer las exportaciones pesqueras nacionales a la Unión Europea? primero, promover Acuerdos (no negocios espurios) con todas las flotas españolas y asiáticas que operan en el Atlántico Sur y, segundo, en su caso, multar y considerar un delito penal la pesca ilegal, para desalentar la pesca en el área de Malvinas (ver César Lerena “la pesca ilegal es un delito penal” https://saeeg.org/index.php/2020/07/13/la-pesca-ilegal-afecta-la-seguridad-debe-tipificarse-como-delito-penal/). En cualquier caso, los Acuerdos no pueden dejarse en manos de la Cancillería, de las empresas ni de los funcionarios de pesca. Debe constituirse una comisión de expertos de probada idoneidad técnica, honestidad y capacidad negociadora en favor de los intereses nacionales; Acuerdos, que deberían ser finalmente aprobados por el Congreso de la Nación y, como parte de éstos, la Argentina debería otorgar reembolsos a las exportaciones de productos pesqueros a la U.E., para equilibrar el cobro de aranceles a la importación de los productos argentinos en la U.E. y desalentar la pesca ilegal española en el Atlántico Sur.
¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
Que en 2021 estén solo los que se animen a construir una Argentina mejor
César Augusto Lerena*
La vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner se expresó así en un acto en el que participó en La Plata, junto al presidente Alberto Fernández.
Días pasados la Sra. vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner invitó a retirarse del gobierno a quienes tienen miedo o les falta coraje para ejercer la defensa del interés nacional. No seré yo quien interprete el alcance de esta intimación, porque, es muy probable, que el nivel de temor de los destinatarios, según la vara con el que se los juzgue, pueda tratarse desde una estratégica prudencia a panic attack, o, simplemente, un mal crónico que aqueja a los funcionarios: incapacidad o esfuerzos aplicados a intereses ajenos al Estado (a libre interpretación del lector).
Sería imprudente que cada uno de los ciudadanos de a pie, se pusiese a mencionar con nombre y apellido a quienes deban abandonar sus cargos; en principio, porque no está destinado a nosotros ese mensaje, sino a cada uno de los funcionarios que tienen miedo o no se animan a dar cumplimiento al juramento dado “a Dios (en su caso) y a la Patria, prometiendo observar y defender la Constitución, las leyes de la República y los deberes del cargo para el que han sido nombrados”; también, porque el que nombra y remueve a los funcionarios es el Presidente de la Nación y, finalmente, porque irse en este momento, sería reconocer una debilidad e incompetencia y el incumplimiento consecuente de sus obligaciones. Sería aceptar con dignidad “que Él (por Dios) y la Patria os lo demanden”, atributo que no suele estar presente cuando a alguien se lo impele a renunciar.
Entonces, como “al chancho rengo se lo conoce al andar”, lo mejor es referirse a las obras y no a los hombres que debieran ejecutarlas, en la acción de gobierno y, también, tratar de discernir entre las obligaciones burocráticas y aquellas que son centrales en la doctrina justicialista: justicia social, independencia económica y soberanía política, aunque aceptadas por las distintas corrientes políticas.
Con este mandato vicepresidencial y habiéndose cumplido un año de la asunción del gobierno, me referiré entonces a lo ocurrido en el Atlántico Sur, MALVINAS, Georgias del Sur, Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y la PESCA; una actividad —esta última— desde la cual se puede contribuir a dar cumplimiento a la citada doctrina.
La Pesca, es una actividad generadora de importantes recursos económicos y de mano de obra intensiva; de radicación poblacional e industrial pesquera y naval en áreas estratégicas de la Nación; de ocupación del amplio territorio marítimo argentino; pero, sobre todo, es una herramienta insustituible para recuperar Malvinas. Al respecto, he venido diciendo hace décadas, que “Sin pesca no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas” y agrego: “la pesca será el más importante instrumento para recuperar la soberanía de Malvinas”, y ello no habrá de llegar, con solo rogar al Reino Unido a que se acoja a lo prescripto en la Res. 2065/65 de las Naciones Unidas.
Me referiré, entonces, solo a lo que ha pasado (o no ha pasado) en materia de MALVINAS Y PESCA y “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga”.
La propaganda de la Secretaría de Malvinas nos dice “Cumplimos un año de gestión. La Causa Malvinas volvió a ser política de Estado. Nos propusimos tres leyes para colocar la soberanía en el centro de las políticas de Estado. Una dispuso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas que promueve políticas de Estado a mediano y largo plazo; la segunda norma, estableció sanciones y multas más elevadas para la pesca ilegal en aguas argentinas incluyendo las que circundan a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; la tercera, demarcó el límite exterior de la Plataforma Continental. (Amén de ello), reafirmaron su apoyo a la posición argentina sobre Malvinas la ONU, la OEA, la CELAC, el MERCOSUR, el SICA, el G77+China, entre otros múltiples organismos multilaterales; avanzamos en la identificación de los soldados caídos; celebramos los 200 años del izamiento de la bandera argentina en Malvinas; seguiremos trabajando para que la celeste y blanca vuelva a flamear en todo nuestro territorio” (sic). Faltó agregar que esa Secretaría considera que la Res. 2065/65 de las Naciones Unidas es “la llave para resolver el conflicto” (sic) y “la única forma de recuperar las islas es el diálogo” (sic) (Daniel Filmus, “El Ciudadano”, Rosario, 13/12/2020).
Bueno, empezaré de mayor a menor, respecto a lo que se define como una política de Estado en esta materia: sí la clave, para recuperar Malvinas, es la Res. ONU 2065/65, los archipiélagos jamás volverán a estar en poder de Argentina. Esta herramienta, si bien en 1965 fue esencial, después de 55 años ha demostrado ser accesoria e ineficaz y absolutamente nula, para recuperar el diálogo con el Reino Unido la “única forma”, que el secretario considera —a mi juicio erróneamente— para recuperar las islas.
Por lo dicho, la Secretaría no ha innovado en la cuestión Malvinas y sigue con una estrategia insuficiente y vetusta, además, de avanzar sobre facultades que, como veremos, el Congreso de la Nación, ha puesto en manos del Consejo Nacional de Malvinas. En cualquier caso, la “Política de Estado” para resolver la cuestión Malvinas no pasa por dialogar sobre la soberanía de las islas, porque en la hipotética, pero improbable situación, en que el Reino Unido se avenga a dialogar, no será para reconocerle a los argentinos la soberanía de Malvinas. Para ello, hay que llevar adelante una estratégica inédita (jamás aplicada por la diplomacia argentina) que, en todo caso, concluirá en un diálogo consensuado. Y me adelantaré, con un ejemplo, lo que diré después, con mayor detalle: la flota China en aguas de Australia no solo está destinada a capturar sus peces, sino a aplicarle a “Australia la porra diplomática y, transformarlo en el chivo expiatorio de Beijing” (Jamie Seidel, News.com.au, 19/12/2020).
La Secretaría de Malvinas el 6/11 recordó el izamiento de la bandera en Malvinas; el 20/11 la soberanía nacional, el 16/12 los 55 años de la Res. 2065; pues bien, estas conmemoraciones son necesarias para fortalecer el sentimiento nacional o recordar nuestro interés perpetuo por Malvinas, pero son cuestiones que debería llevar un pasante de la Cancillería que sepa leer las efemérides. Otro tanto ocurre con los sucesivos apoyos de los países y los organismos internacionales a la posición argentina respecto de Malvinas, para ello son necesarios los embajadores destacados en los ámbitos adecuados. De hecho, eso ocurrió en 1965, cuando el que pronunció los alegatos por Argentina ante el Subcomité III de las Naciones Unidas, que culminó con el dictado de la Res. 2065, fue el entonces Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador José María Ruda.
Ahora, ¿qué hace la Secretaría de Malvinas para que las declamaciones se transformen en hechos? ¿Por qué pese a estos apoyos obtenidos, Uruguay sigue prestando sus puertos a las embarcaciones que pescan en Malvinas y a quienes depredan nuestros recursos migratorios en alta mar; Brasil es el destinatario de los vuelos desde Malvinas y Chile sigue siendo un aliado estratégico del Reino Unido? De esto debiera ocuparse la Secretaría de Estado que tiene por objeto recuperar la soberanía en Malvinas.
Respecto a las tres leyes que la Secretaría de Malvinas indica que, colocan la soberanía (de Malvinas) “en el centro de las políticas de Estado”, afirmo que en la forma en que están redactadas y como se han ejecutado (o no) durante este año, de ninguna manera, pueden ser el eje central de una política de Estado y, si analizamos su contenido, son instrumentos de escasa significación y, no es de esperar que, a partir de ellas —y menos si no se aplican, en el caso de incremento de sanciones— se modificará la situación de ocupación británica y de explotación de nuestros recursos en Malvinas.
Respecto a la Ley 27.557 del 4 de agosto de 2020 “sobre los límites de la Plataforma Continental”, empiezo por decir, que por Decreto 14.708/46, el gobierno argentino ya reivindicó la soberanía nacional sobre el mar epicontinental y el zócalo continental y, en 1966, por Ley 17.094 reafirmó la soberanía sobre el lecho y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite hasta la profundidad que las aguas suprayacentes permitieran la explotación de los recursos naturales. La Argentina por Ley 24.815 del 26 de mayo de 1997 creó la Comisión de Límites (COPLA) para dar cumplimiento a la Ley 24.543 que ratificó en 1995 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La Ley 27.557 que demarcó el límite exterior de la Plataforma Continental, no se ajustan a los recomendados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), conforme el art. 76º inciso 8º de la CONVEMAR: “Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios”, ya que esa Comisión solo “recomendó” 351.633 Km2 de los 1.782.000 Km2 presentados por nuestro país el 29 de abril de 2009, entendiendo que 1.430.367 Km2 se encuentran en disputa con idéntica presentación presentada por el Reino Unido el 11 de mayo de 2009. Es decir, que el proyecto de ley que la Secretaría de Malvinas presentó ante el Congreso de la Nación y exhibió al transformarse en ley como un éxito del gobierno argentino no se ajusta estrictamente a los hechos y los planos que esta Secretaría envió a imprimir con destino a escuelas, instituciones, etc. tienen un amplio espacio en disputa, que no está debidamente aclarado en la cartografía, generando confusión y un triunfalismo que no se ajusta a la realidad. Este supuesto no tiene efecto alguno sobre Malvinas y en todo caso agregó una nueva controversia con Chile. La Constitución garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de que la información pública debe ser adecuada y veraz.
En cuanto a la Ley 27.564 del 16 de septiembre de 2020 “por la que se elevaron las sanciones y multas a la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a Malvinas” (sic), lo que es redundante, porque las aguas correspondientes de los territorios insulares son argentinas, pero que, como veremos, las autoridades nunca aplicaron multa alguna.La Argentina no capturó ningún buque pesquero con posterioridad a la sanción de la ley y durante el año 2020 solo apresó tres (sin decomisarlos). Es decir, sin apartarse del bajo promedio de dos buques por año en los últimos 40 años, sobre una población de entre 350 y 500 buques que pescan nuestros recursos migratorios en la ZEE Argentina o fuera de ella. Por otra parte y, muy importante, el gobierno argentino no ha multado a ninguno de los 105 buques españoles o en sociedad con empresas británicas pescan en las islas; 73 taiwaneses; 30 coreanos del sur y otros 4 que pescan desde 1982 un promedio de 250 mil toneladas dentro del área de Malvinas (FICZ y FOCZ para los británicos) por un valor superior a los 650 millones de dólares y que consolidan año a año la ocupación británica en las islas y, aún más grave (si se puede asignarle más gravedad aún) sin apresar ni multar a ninguno de los buques que durante la pesca del calamar illex, loligo, hoki, merluza negra y otras especies capturaron por fuera de los límites impuestos por los propios británicos para la zona de Conservación y gestión provisional de las Malvinas (FICZ) y la Zona exterior de conservación de Malvinas (FOCZ). Por cierto, nada han hecho la Secretaría de Malvinas o la Subsecretaría de Pesca Nacional para reclamar el resarcimiento económico al Reino Unido y a las empresas que han pescado ilegalmente en Malvinas desde 1976 a la fecha unos 10,8 millones de toneladas por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares que, más derechos, intereses y la pérdida de chance en el comercio final, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares.
Un caso particular es el de España que ha reconocido que Malvinas es territorio argentino y que, pese a nuestros tradicionales lazos de amistad, sus buques subsidiados por la Unión Europea se asocian a empresas británicas de Malvinas para pescar en estas aguas. Sinceramente es deplorable la falta de acción de la Secretaría de Malvinas y la Subsecretaría de Pesca para terminar con esta pesca ilegal, que no solo se lleva nuestros recursos (las especies más valiosas, del orden de los U$S 24.000 la tonelada) sin licencia argentina y, fortaleciendo la posición británica en las islas. Hay que intimar a España a que acuerde con la Argentina y deje de pescar en forma ilegal, en contra de las normas de la U.E., la CONVEMAR y la legislación nacional.
El caso Pescapuerta-Estrella Patagónica podría ser un caso testigo (habría otros), de cómo los españoles se aprovechan desvergonzadamente de nuestra “incapacidad de control”. Esta cuestión, de pescar con habilitación en el continente e ilegalmente en Malvinas violaría la legislación argentina (24.922 y 26.386) y la disposición primera de la Constitución Nacional. Ya hemos dicho que es urgente la intervención de la Secretaría de Malvinas y de Pesca y los funcionarios deben hacer cumplir las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dictan; proteger y conservar la propiedad del Estado y emplear sus bienes (los peces lo son) con los fines autorizados. De no hacerlo podrían quedar incursos en un delito penal y de traición a la Patria, por contribuir al sostén británico en Malvinas.
Los funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de la Secretaría del Malvinas, por su incumplimiento estarían violando el art. 41º, 124º y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución; las leyes 24.922 y 26.386; la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y la Ley de Pesca 244º de esta Provincia, impidiendo el desarrollo de todo el litoral patagónico y de la citada Provincia.
Por otra parte, por la Ley 27.558 del 4 de agosto de 2020 se creó el “Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; que promueve políticas de Estado a mediano y largo plazo» (sic), como refiere la propaganda oficial.
La creación de este Consejo era necesaria, ya que en atención a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución debe diseñarse una estrategia nacional, con la participación política plural y con los más importantes expertos en materia del Atlántico Sur; sus archipiélagos; la Antártida; los estrechos que vinculan al Atlántico con el Pacífico y, las provincias del litoral marítimo, sus recursos naturales, económicos y laborales; las cuestiones de defensa; de puertos; transportes; industrias; poblaciones, etc. que trasciendan los cambios políticos de los gobiernos.
Entendida la necesidad de este Consejo, éste no habrá de cumplir con el objeto de su creación, sino se perfecciona el alcance de sus objetivos y atribuciones, se amplía la composición de sus miembros y se precisa su continuidad, ya que improbable diseñar políticas de Estado, en las condiciones en las que se ha creado este cuerpo.
Respecto al alcance de los objetivos percibo un error, ya que no se ha incluido el tratamiento de las cuestiones de la Antártida, que están directamente vinculadas a las Malvinas y la proyección de éstas sobre el territorio antártico. Esto lo confirma el propio secretario de Malvinas cuando refiere “claramente no hay ninguna intención, por parte del Reino Unido, que no sea tener una puerta de entrada a la Antártida…”. Del mismo modo, omitir las cuestiones de defensa, lo que también el mismo secretario ratifica: “…al mismo tiempo contar con la posibilidad de instalar una base militar de un país de la OTAN en un lugar estratégico” (Daniel Scarímbolo, Telam, 22/11/2020). Entiendo que es una omisión muy importante o, resulta una consecuencia de mantener vigente los Acuerdos de Madrid I y II. Por otra parte, siendo el objetivo recuperar en forma pacífica Malvinas y los territorios marítimos, aparte de contar con especialistas en temas geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos (Art. 2º, Ley 27.558) es muy importante disponer de expertos en las cuestiones productivas, económicas, comerciales, sociales, comunicacionales y las relativas a los recursos naturales; los puertos; los transportes; astilleros; buques, etc. y, de radicación poblacional, industrial, laboral y de fortaleciendo las provincias del litoral marítimo. Es decir, si bien el objetivo es recuperar la soberanía en Malvinas y los territorios marítimos, la estrategia que se aborde, tendrá que ver con las innumerables cuestiones que confluyan a ello. No se puede buscar el objetivo en forma directa. Por ejemplo, ir a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para plantear nuestro caso, en este escenario, podría tener los mismos efectos nefastos que invadir Malvinas y ciertamente irreversibles.
En este estado, habría que recordarle a la secretaría del Malvinas que, con la creación del Consejo, las declaraciones deben pasar por el filtro de este Cuerpo, ya que a la hora de generarse consensos (Art. 2º inc. a) la figura del secretario perderá poder, el que se ha transferido al Consejo creado, salvo que éste se trate de un mero “mascarón de proa” y no se determinen dentro de él las políticas de Estado con la participación de todo el espectro político. Ello se regla perfectamente cuando indica (Art. 8º) “El Consejo Nacional (…) contará con una Coordinación Ejecutiva, que estará a cargo de la Secretaría de Malvinas y (…) tendrá los deberes y atribuciones que se le asignen (los consejeros) en el Reglamento Interno”.
Respecto a la composición del Consejo, llama la atención que, debiendo adoptar “sus recomendaciones, con carácter no vinculante, por consenso” (Art. 4º) integre este Cuerpo el propio Presidente de la Nación (el P.E.N.), ya que sus integrantes son solo asesores. Fuera de ello, los miembros son más (5) de los previsto en la ley, lo que, además de irregular, podría dar lugar en el futuro, a que la Secretaría de Malvinas (Art. 3º), promueva la designación de más miembros transgrediendo la Ley y su Decreto Reg. 822/20 (Art. 3º inc. g, h e i), pudiendo, en consecuencia, manipular la estrategia del Consejo. Además, no se fundamentaron las capacidades o habilidades de cada uno de los designados y, tampoco, se cumple con lo prescripto en el art. 3º respecto a la igualdad de género exigida por la ley, con la particularidad, de que tanto los senadores como los diputados seleccionados, todos los titulares son hombres. Por otra parte, entiendo como un contrasentido, que semejante responsabilidad y dedicación que se debe imprimir a esta tarea, se realice “ad honorem” (art. 6º) y, no parece estar dándose la dinámica que la importancia del tema amerita, cuando el Consejo solo se reunió tres veces desde su puesta en funciones y en todos los casos en forma virtual que, si bien el sistema puede ser confiable, parece poco adecuado —por los elementos empleados— para guardar la confidencialidad de “Secretos de Estado”.
Si bien describiré con mayor detalle en un próximo escrito las particularidades de este Consejo y los antecedentes de los consejeros elegidos, adelanto mi sorpresa ante la selección de la embajadora Susana Ruiz Cerutti, quien desde su posición de Ministra y Secretaria de Relaciones Exteriores; Directora General de Consejería Legal del Ministerio y, Miembro del Consejo Consultivo en temas vinculados al Atlántico Sur fue una de las diplomáticas que junto a Lucio García del Solar, José María Otegui; Horacio Besabe y Jorge Vázquez (Clarín, 14/10/1989; La Nación, Gobierno, p. 4, 16/10/1989) más trabajó para la elaboración y firma de los Acuerdos de Madrid; también, intervino en la resolución del Conflicto del Beagle, que significó para la Argentina la pérdida de las islas Picton, Nueva y Lennox, dando lugar al ingreso de Chile por primera vez al Atlántico Sur, rompiendo el “principio oceánico” (Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico) que nuestro país había sostenido, en contrario a la opinión de Chile. Fue también Agente argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el caso de la pastera Bosnia, en el que la Corte entendió, que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación.
La referida Ruiz Cerutti participó en la etapa de “desmalvinización” (“la política de Caputo ha sido un retroceso estratégico imperdonable y la desmalvinización es algo más que retórica”, Ámb. Financiero, p. 37, 13/7/1989). Intervino, para satisfacer las exigencias británicas de aprobación de las Líneas de Base al Canciller Cavallo, que estableció el mar territorial de 12 millas y facilitó al Reino Unido hacer lo propio en Malvinas, acogiéndose luego a la CONVEMAR y, demoler el bastión soberano de la Ley 17.094 (Versión taquigráfica, fs. 24, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Gass). Suscribió el dictamen 67 que entre otras cosas eximía del pago de impuestos a los buques extranjeros más allá de las 12 millas (Nota 636/89 del 11/4/89 al Subsecretario de Pesca con el que se intentó dar sostén jurídico al programa de Pesca Experimental y Demostrativa PEXDA, popularmente llamado “el negocio floreciente de la investigación pesquera”) por el que fue denunciada por el Senador Nacional Pedro Molinas por “traición a la Patria” (La Capital de Mar del Plata, tapa, 18/8/1989), por ser el referido dictamen no solo contrario al interés económico de Argentina, sino que sus argumentaciones podrían haber servido a los intereses británicos en Malvinas.
Durante el año 2020 ninguna de las cuestiones importantes fueron resueltas por la Secretaría de Malvinas: la denuncia de los Acuerdos de Madrid I y II; la derogación de la Ley 25.290 del 13/7/2000 que aprobó (aunque no ratificó) el Acuerdo de Nueva York que podría dar lugar a las OPRAS; el pacto Foradori-Duncan; el Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT); la denuncia del Convenio suscripto en Londres el 11/12/ 1990 con el Reino Unido, para “La promoción y la protección de inversiones en la Argentina”, sancionado el 04/11/1992 por Ley 24.184. La resolución de estos temas nos mostraría, qué tan dispuestos están los funcionarios designados; qué atribuciones tiene el Consejo; si es solo un cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o si promueven (como dice la publicidad oficial) una Política de Estado para recuperar “los territorios marítimos e insulares argentinos y obtener en ellos el ejercicio pleno de la soberanía nacional”. El tiempo nos dirá si, por el contrario, como hasta ahora —a fuerza de considerar central la Res. 2065/65— la Argentina se limita a rogarle al Reino Unido que se siente a negociar soberanía.
Se dice, que no es necesario derogar alguno de los acuerdos y basta con no llevarlos a la práctica, sin embargo, su continuidad “debilita la posición jurídica y política de Argentina y el Reino Unido lo utilizará en detrimento de nuestro país” (Prof. Dr. Armando Abruza), más allá del estado de ejecución. No podemos dejar de lado que el referido Abruza, es miembro del citado Consejo Nacional de Malvinas.
Por otra parte la Secretaría de Malvinas, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, cada uno en lo suyo y en forma coordinada, no pueden ignorar el rol que tiene la Pesca para fortalecer el litoral marítimo argentino y la ocupación argentina de los espacios marítimos (1,6 millones de km2 invadidos por el Reino Unido); una tarea esencial para recuperar la soberanía argentina en los espacios ocupados; pero también, para promover el desarrollo económico, poblacional, industrial, laboral, social y cultural del área patagónica y de Tierra del Fuego, centro neurálgico y contracara de la ocupación marítima extranjera.
En un país con el 44% de pobreza y 11% de indigencia, resulta detestable que ninguna de las dependencias oficiales citadas precedentemente lleve adelante acuerdos cristalinos y acciones operativas, económicas y legales para frenar la pesca ilegal sobre los recursos migratorios en la alta mar, originarios de la Z.E.E. Argentina que, contravienen el art. 2º de la Ley 24.543, la CONVEMAR y la Ley 24.922 que son capturados por buques españoles, chinos, coreanos, taiwaneses y otros que operan subsidiados a distancia, produciendo una gravísima depredación de las especies y una contaminación del medio marino; además, de una pérdida de miles de millones de dólares anuales, de importantísimas fuentes de trabajo y alimentos. De haberse llevado un programa destinado a resolver parcialmente el problema, la Argentina podría estar exportando mil millones de dólares más por año (1/3 más de lo actual) y ocupado unos veinte mil trabajadores más. Aunque, la gravedad es mucho mayor todavía cuando se verifica la internacionalización del Atlántico Sur, que favorece la presencia británica en Malvinas, transformándose la Zona de Cooperación y Paz en el Atlántico Sur (Res. ONU 41/11 del 27/10/1986), en tierra de nadie, donde cualquiera —con capacidad militar— toma lo que puede y se le deja. China es un ejemplo de ello en los mares del Atlántico, Pacífico e Indico y el Reino Unido lo hace de igual forma en el 52% del territorio marítimo nacional que ocupa en forma prepotente. No explotará China (el Partido Comunista detrás) las aguas ocupadas por el Reino Unido, sino que lo hará sobre los territorios marítimos y recursos migratorios argentinos que la Argentina ha sido incapaz de explotar y proteger; aunque, no habría que descartar que, como piensa el gobierno de Australia, “la pesca china tiene importantes consecuencias estratégicas para la región” (Jamie Seidel, News.com.au, 19/12/2020).
La inacción de la Secretaría de Malvinas, de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal de Pesca, nos llevará, de ser un Estado Marítimo a ser un país bolivianizado.
¡Señores esto es serio! Estamos frente a la flota pesquera más grande del mundo (16.000 buques) y a la tercera armada naval internacional, con vocación histórica hegemónica en los territorios marítimos e insulares. Tal vez, efectivamente, alguno de los funcionarios tenga miedo de ejercer su ministerio o esté jugando a parecer que ejercen la función que se les ha encomendado.
Amén de ello, no podemos dejar de reiterar que, si solo evaluamos los descartes de 300 mil toneladas/año en la ZEE Argentina, su aprovechamiento permitiría alimentar con la mejor proteína a tres millones de niños y adolescentes por día durante todo el año. Una lamentable pérdida de soberanía alimentaria por la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.
Finalmente, hay temas que parecen inocuos y que se tratan solo de cuestiones productivas, pero generan dependencia y un desprecio a las cuestiones marítimas, que incluyen a Malvinas. Si no cambiamos el modelo extractivo por uno industrial y de agregado de valor seguiremos regalando el trabajo argentino a los países desarrollados y, si no aumentamos el consumo de 6 kg per cápita anual de pescados (España consume 23 kg y el promedio mundial es 19 Kg) no valoraremos las riquezas que se llevan de Malvinas y el Atlántico Sur. Es también una forma de “desmalvinizar”.
Nos dijo John Barton: “sin la pesca no hubiéramos sobrevivido” (Director Ilegal de Pesca en Malvinas, Penguin News,2012). Del mismo modo, que entiendo, que sin pesca no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas y, también creo, que los funcionarios deben aportar inteligencia y pasión en esta causa imprescriptible nacional.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
05/02/2018. El guardacostas GC 27 Fique de la Prefectura Naval Argentina capturó al buque Playa Pesmar Uno, de bandera española, pescando ilegalmente en el Mar Argentino, a la altura de Comodoro Rivadavia.
“Las empresas pesqueras españolas colaboran en la consolidación británica en Malvinas”
Como Medea la esposa de Jasón, las empresas pesqueras españolas son funcionales a los intereses británicos en Malvinas, permitiendo su consolidación en las islas, en perjuicio de la Argentina. Un filicidio de la llamada “Madre Patria”.
El pasado 4 de diciembre de 2020 abrió las disertaciones del Seminario “Un abordaje sobre la Pesca Sustentable” el andaluz Don Javier Garat, Secretario General de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Presidente de la Coalición Internacional de la Asociación Pesquera (ICFA) y Presidente de Européche, quien se refirió a la necesidad de efectuar una pesca sostenible de modo de asegurar las especies, el ambiente marino y mejorar las condiciones de trabajo. Una exposición cuidada que pudo haber sorprendido a la mayoría de los técnicos y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad FASTA, ambas de la Mar del Plata; ciudad que, como sabemos, es el principal puerto pesquero argentino, donde se desembarcan más del 50% de las capturas nacionales; pero no alcanzó a convencer a algunos asistentes que conocen la pesca depredadora e ilegal (INDNR) que realizan los buques pesqueros españoles en la costa occidental africana y en el Atlántico Sudoccidental.
Frente a esta disertación, Don Javier parecía representar a Greenpeace u otra ONG ambientalista, más que a los intereses empresarios pesqueros de la Unión Europea (en adelante U.E.), lo que me obligó a preguntarle: “Señor Garat, ¿Cómo se concilia su mensaje, con la pesca ilegal que realizan —desde al menos 1989— los españoles en Malvinas, donde se extraen 250 mil toneladas de recursos pesqueros en ese territorio argentino, cuando la propia ONU en 1976 por Res. 31/49 instó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el R.U.) a no innovar respecto a la situación imperante en el área?”
A lo que Javier contestó: “Los españoles no pescan ilegalmente en Malvinas”; desconociendo lo que la U.E. entiende pesca INDNR, ya que bastaría que esos buques españoles pesquen en Malvinas sin permiso ni cuota argentina para calificarla así. En especial teniendo en cuenta que España reconoce la soberanía argentina en Malvinas; que su gobierno tiene obligación como Estado de Bandera de controlar que sus buques no violen el derecho internacional y, cumplir con las exigencias del Reg. (CE) 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008 y modificatorios y, el Reg. (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/12/2017 y ampliatorias, sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.
Repreguntado Garat sobre “¿Qué origen tienen los productos capturados en Malvinas y desembarcados en Vigo?” contestó: “Operando con bandera española, según la legislación internacional, el origen es español”. Al respecto, diría Diego Maradona, sobre el experimentado y vende humo de Don Javier: “me la dejó picando”. Traduzco: los barcos españoles, con bandera española, pescan en forma ilegal en territorio argentino (Malvinas) y no solo nos roban nuestros recursos, sino que luego los ingresan a Vigo, los reprocesan y comercialización en toda la U.E. como de origen español. Esto es lo que se llama “traceability trout” (trazabilidad trucha, para los argentinos) ya que no están garantizadas todas las exigencias del Reglamento de la U.E. sobre Pesca INDNR, en especial sus ítems 7, 10 y 11, ya que no existiendo acuerdo con la Argentina no está garantizado el origen, la certificación, los eventuales transbordos, el uso de puertos y por supuesto los controles, etc.
¿Quién se beneficia con todo esto, además de a los depredadores españoles? El R.U., que ha subsistido en Malvinas por la pesca (John Barton, director ilegal de Pesca en Malvinas, 2012); fundamentalmente con las 1.887 licencias otorgadas a buques españoles (más las concedidas a las sociedades mixtas británico-españolas) entre 1989 y 2019, cuyos productos finales, no solo compiten con las empresas argentinas, sino también con las españolas radicas en Argentina.
El orador multifacético y encantador de serpientes Garat podría convencer a los empresarios europeos o argentinos sobre cómo proteger los negocios de España, pero no darnos clase sobre la sostenibilidad de las especies, la protección del medio marino o el cuidado de los trabajadores en la pesca, ya que —como veremos— los buques españoles pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur y, por tanto, contaminan el mar y, a pesar de que la O.I.T. ha entendido, que “la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras actividades”, España todavía no ha ratificado el Convenio C188 sobre el trabajo en la pesca (2007, núm. 188) y, por el contrario, Argentina ya lo ratificó el 15/9/2011.
Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal y, ello, queda de manifiesto por diversas cuestiones formales (de origen, etc.) pero, se manifiesta con toda intensidad cuando se capturan recursos migratorios de un Estado ribereño en situación de desarrollo sin acordar con éste, como indica el preámbulo y varios artículos de la CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son licenciatarios ilegales en Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la Res. ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina.
Los españoles son depredadores. Las “Patentes de Corso” las utilizaron tanto los buques ingleses como españoles, ambos piratas y, en la versión moderna, los barcos pesqueros españoles debieran ser calificados como piratas cuando capturan sin acuerdo de Argentina en alta mar (CONVEMAR, Art. 101, inc. ii; Artículos 4º; 21º inc. o) y, 22º de la Ley 24.922) los recursos migratorios originarios (los peces son semovientes) de la ZEE Argentina o cuando pescan en Malvinas sin permiso ni cuota argentina (Ley 24.922 Art. 2º; 21º inc. h) y o); 23º al 27º y Ley 26.389 Art. 27 bis), como ya hemos dicho. Esto para aclararle a Javier “Paz y Bien” Garat y para algunos participantes del Seminario, tal vez poco acostumbrados, a la terminología ecológica, que las empresas españolas pueden estar realizando para sus intereses económicos y comerciales una “pesca sustentable” pero no llevan adelante una “pesca sostenible” de modo de asegurar la disponibilidad a perpetuidad de las especies, teniendo en cuenta la integralidad del ecosistema y las necesidades de los países menos desarrollados, como claramente lo indica el Preámbulo de la CONVEMAR “…los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto (…) Teniendo presente (…) los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…”.
A modo de introducción efectuaré un breve relato sobre los navieros y pescadores españoles desde el Virreinato del Río de la Plata hasta nuestros días, que demuestra en forma inequívoca el carácter “predador” de los españoles y, también, de su sociedad con el R.U.
En 1713 en Madrid, España firma con Inglaterra el Tratado de Asiento de Negros, la importación de negros y el Navío de Permiso. Las producciones de Europa se compensan con materias primas y cueros del Virreinato y, junto con el tráfico permitido, surge el ilegal de contrabando de géneros, alcoholes y esclavos. En los años de escasez y hambre en España; la creciente proletarización; el aumento de conflictos con Francia; la aprobación en 1778 del “Reglamento y los Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias” y, con el fin de impulsar la agricultura, España autoriza el comercio con las colonias que favorece a los españoles productores, mayoristas y exportadores. Ya en 1787, en el comercio de cueros a Europa se utilizan los mismos barcos que traen esclavos de África a Montevideo y de ahí a Buenos Aires, Potosí, Paraguay y Valparaíso, y luego son llevados al Alto Perú y, por el Real Permiso de España, se autoriza a la Compañía de Filipinas la introducción en barcos ingleses con bandera española y dos años después y, renovada en 1791, con el objeto de aumentar la mano de obra esclava, se autoriza a los españoles y extranjeros a comercializar negros libres de impuestos.
Nos dice la investigadora de la Universidad de Oviedo Dra. Alicia Laspra Rodriguez en su trabajo “La intervención británica en España durante la guerra de la independencia: ayuda material y diplomática” que, desde 1808 y hasta 1815 España recibió de Inglaterra casi 10 millones de libras esterlinas y cientos de millones de esa misma moneda en armamento, pertrechos y suministros bélicos de todo tipo; una ayuda británica a fondo perdido para que la acompañase en su pelea con Francia ¿Tendrá alguna asociación ello con la Revolución de Mayo de 1810 y nuestra declaración de independencia en 1816? Además de moderar la autonomía de las colonias españolas ¿qué motivo llevó a la pérfida falange de Albión a incidir sobre la Asamblea del XIII para eliminar del himno nacional argentino a aquellas estrofas antiespañolas? “…Coronada su sien de laureles y a su planta rendido un León…”, etc.
El contrabando en el Río de la Plata era muy importante en 1808, pero se incrementó en forma notoria por los buques británicos al año siguiente, entre otras cosas, por el Tratado de tarifas preferenciales con España, luego de “libre comercio” y el Tratado que firma el Príncipe Regente de Brasil con Gran Bretaña, todo bajo pretexto de dar salida a los frutos de América y proveerla de víveres y demás efectos europeos (¡!). Nada que hoy no ocurra, donde vemos que aunque tengamos astilleros en la Argentina, España nos vende buques construidos con ingentes apoyos económicos, garantías del Fondo de Garantías Navales y líneas de avales del ICO de la U.E. y en paralelo sus empresas pesqueras extraen ilegalmente recursos originarios del Mar Argentino, mientras que las exportaciones de las empresas radicadas en la Argentina sean o no de capitales nacionales, se les cobra aranceles a los productos con valor agregado. Es decir, negocios sustentables para los españoles e insustentables para la Argentina. De esta sustentabilidad nos habla Don Garat.
El historiador hispanista británico Paul Preston (La Vanguardia, Félix Badia, 10/5/2020) nos explica que “Al final de la segunda guerra mundial, los aliados consideraron que España tenía un régimen fascista que no se desnazificó, por lo tanto, no recibieron ayuda del plan Marshall, contrario a lo que ocurrió con Alemania e Italia”. Pese a ello, el gobierno argentino ayudó a los españoles a alimentarse, contrario —me recordaba un amigo del Puerto de Vigo— a lo que hicieron los franceses con los españoles, que los tuvieron como refugiados en virtuales campos de concentración. La Argentina recibió más de dos millones de españoles emigrantes (por razones económicas), exiliados (por razones políticas) y refugiados (por guerras) entre 1860 y 1950, intelectuales y analfabetos; instruidos y sin oficio, de todas las políticas (carlistas, progresistas, republicanos, anarquistas, comunistas, liberales y franquistas) y en la pesca en Argentina hicieron dinero, al igual que la colectividad italiana.
Llegó 1982, la guerra y el boicot europeo a la Argentina, frente al cual y, a pesar de Gibraltar, los lazos y la deuda histórica con nuestro país, España “solo balbucea” (El País, 30/4/1982); puede más su interés de integrarse a la CEE y a la OTAN; su historia imperial y la alianza casi a ciegas con Estados Unidos. Hecho que, como veremos, España repetiría durante el Tratado de Lisboa.
Como no podía ser de otra manera, la declaración conjunta en 1989 entre Argentina y el R.U. se firma en España; país que a esta altura ha perdido toda neutralidad. Allí se concretan los odiosos y execrables “Acuerdos de Madrid” con grave perjuicio para el país, donde subyacen diversas presiones económicas para que Argentina pueda retomar el comercio con la Comunidad Europea, entre ellas la firma del Acuerdo Pesquero con Europa que se concreta en 1994, acuerdo que nunca alcanzó el área de exclusión pesquera (FICZ) en Malvinas establecida por los británicos, dejando en claro la voluntad de España de no enemistarse con el R.U. En ese entonces, España tenía gran parte de su flota parada con motivo de su ingreso efectivo a Europa (1986). La Argentina firmó ese Acuerdo, por el cual, los empresarios españoles apoyados por la (entonces) C.E.E. colocaron en forma muy favorable sus buques congeladores en la Argentina y produjeron la más importante depredación de merluza que se recuerde, dónde —según Walter Castro— “se perdieron treinta mil empleos” y el gobierno inició por primera vez en la actividad el otorgamiento de subsidios al empleo.
Hoy son varias las empresas de capital español radicadas en el país que ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas, aunque sufren el riesgo país, la inflación, el costo interno, etc. También las hay, quienes como “la empresa española Pescapuerta que habría cedido sus activos en 2015 (Reg. Púb. Com. Insp. Gral. Justicia, Chubut, 19/8/2015) a la empresa Estrella Patagónica (Continuidad Jurídica por cambio de denominación social. Dra. Marlene del Río) y con ello violarían la Ley 26.389 a partir de que el buque “Falcon” inicie sus capturas en Malvinas en 2021, situación, que se vendría repitiendo desde hace cinco años sin ningún tipo de sanciones para los cuatro barcos congeladores con los que esta última opera en el caladero argentino: “Anabella M”; “Carolina P”; “Mara l” y, “Pescapuerta V”; los que según el art. 2º de la misma Ley (que reformó el 28º de la Ley 24.922) deberían haber caducado automáticamente, a partir de las operaciones en Malvinas del Buque “Venturer” de la sociedad mixta Pescapuerta-Petrel Fishing (Diario Jornada, Chubut, 2015)” (#PuertodePalos, Roberto Garrone, 3/12/2020).
Javier Garat, en representación de los intereses españoles y europeos, nos viene a hablar de “sustentabilidad”. ¿Qué opinará sobre esta escandalosa forma que tiene una empresa española para llevar adelante una pesca sustentable (¿?), obteniendo cuotas de captura en forma simultánea en la Argentina y licencias ilegales británicas en un territorio argentino ocupado en forma prepotente por el R.U.? ¿Es ésta la forma que los españoles cuidan los recursos en Gibraltar, en las aguas comunitarias, en las británicas, en las costas de África occidental y en el Atlántico Sudoccidental? Bueno, Don Javier, esto aquí se llama pesca ilegal. Sobre este caso y toda la potencial pesca INDNR española se debería investigar y aplicar en forma urgente en la Argentina la Ley; el Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus; el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella; el Consejo Federal de Pesca y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman y me gustaría saber cómo el bueno de Don Javier, nos “hace el cuento” sobre la pesca sostenible de los buques españoles y, al final su disertación, lo aplaudimos alegremente.
Si hay una cosa que no se les puede negar a los españoles es que son consecuentes en sus apoyos: En el año 2005 los ciudadanos votaron sobre la aprobación del texto constitucional de la Unión Europea (el Tratado de Lisboa). El R.U. solicitó la incorporación como “Territorios británicos de Ultramar” a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina”. Adivinen ¿cómo votó España? Así es, ¡a favor de incorporar nuestros territorios como británicos en Europa! Y esto ¿Qué significó para las extracciones ilegales españolas y británicas en Malvinas? Además de varios beneficios impositivos y de subsidios: que desde hace 15 años ingresan a la U.E. sin pagar arancel alguno, mientras que nuestras capturas habilitadas, además de todo tipo de derechos nacionales deben pagar aranceles para importarse a la U.E. y, muy especialmente, cuando se trata de productos argentinos con valor agregado. Ahora, con motivo del Brexit sin libre comercio y ante la posibilidad de tener que pagar aranceles de entre el 6 y el 18%, los británicos ilegales en Malvinas quieren extender los beneficios a toda la U.E. a cambio de otorgarles cuotas en nuestras Malvinas. A propósito de ello, Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo nos dice: “Tenemos los mayores pesqueros de la flota de Galicia allí”. Por cierto, los españoles, los isleños británicos y las sociedades británico-españoles son los mayores beneficiarios de las licencias ilegales.
A esta altura deberíamos preguntarnos ¿por qué las empresas españolas propician la construcción de un puerto pesquero en Malvinas consolidando en éstas a quienes les ocupan Gibraltar? ¿Por qué destinan sólo el 3% de sus buques arrastreros a aguas comunitarias y el 97% a los caladeros externos (entre ellos, el Atlántico Sur) donde realizan pesca INDNR? ¿Por qué se resisten los empresarios españoles a colocar cámaras a bordo? ¿Por qué los empresarios españoles están preocupados con la logística en Uruguay? ¿Por qué el sector pesquero español tiene gran preocupación frente al Brexit si solo pesca unas 9.000 toneladas en aguas británicas del total de las 922.564 toneladas que dicen que captura? y, ¿por qué esas empresas españolas no se acogen al mismo régimen que las empresas españolas radicadas en la Argentina o acuerdan con ésta conforme lo prevé la CONVEMAR?
Está claro, los españoles son los mejores socios de los británicos. Son los que le han permitido ser “sustentables” (no pescar en forma sostenible) a los británicos en Malvinas. Los representados por Don Javier Garat, quien promueve “consuma español”, una política absolutamente proteccionista y nacionalista en detrimento de los productos pesqueros de exportadores, como Argentina. No aclara si el origen al que refiere es de la pesca de buques españoles en aguas comunitarias, en Marruecos, Namibia o el Senegal, o las capturas ilegales de especies migratorias argentinas en la Alta Mar, en la ZEE en el GAP o en el territorio marítimo argentino de Malvinas.
Este dirigente cree que los productos elaborados en terceros países no reúnen el estándar de calidad de los españoles y que la estrategia de la Comisión Europea “reducirá drásticamente la productividad de la industria pesquera del Viejo Continente y condenaría a Europa a incrementar notablemente las importaciones de productos de terceros países, alejados de los estándares ambientales, sociales y de seguridad europeos, para alimentar a los ciudadanos de la Unión Europea”. Sinceramente, Don Javier, debería disculparse con la industria pesquera argentina y los españoles radicados en Argentina por estas declaraciones y desmentir este exabrupto especulativo.
Por un lado, es conocido que las aguas del Atlántico Sur son ambiental y sanitariamente más aptas que las comunitarias. Por otra parte, la Argentina aplicó sistemas de aseguramiento pesquero (HACCP, ISO y otros) antes que España y es un exportador de calidad a los mercados más exigentes del mundo. España es el segundo comprador (después de China) de productos pesqueros argentinos con 78 mil toneladas anuales por 388 millones de dólares (2019); cuenta con certificaciones de la U.E., la FDA y USDA de Estados Unidos, Japón y otros 50 países. Es muy probable que sea argentino el calamar de la Plaza Mayor de Madrid, la merluza a la bilbaína o los langostinos de cuanta paella no valenciana se consume en España. ¿Y la seguridad española? Se refirió a ésta el dirigente español en el Seminario del Instituto Marítimo Español (mayo/2020) y en el Seminario organizado por las Universidades UTN y UFASTA (diciembre/2020). Es notable el concepto feudal de Don Javier: nos habla de proteger a los trabajadores de la pesca, a pesar de que España todavía no ratificó el Convenio de la OIT C188 “sobre el trabajo en la pesca” y, sin embargo, países que él considera alejados a sus estándares como Marruecos, Namibia o el Senegal, donde los buques españoles explotan los recursos, ya lo han ratificado —al igual que Argentina— para proveer mejor calidad y seguridad laboral a sus trabajadores.
Supongo que la “sustentabilidad a la española” a la que refiere Don Javier, no solo está referida a vender buques, capturar en forma ilegal o no los recursos, al menor costo posible, oponerse a las medidas de protección del recurso y medio ambiente (por ej. la eliminación de buques de arrastre) o el establecimiento de AMP, promover el consumo de pescado (lo apoyamos), sino también a asegurarse que los productos pesqueros que se importen se transformen en España. Los sindicalistas argentinos muy agradecidos, el trabajo nacional se regala a los países desarrollados —a pesar del 13,1% de desocupación argentina— para que los españoles no vayan al paro.
Esto de OPRAS no es casual, Don Javier está a favor de las OROP. En Roma (11/09/19) junto a la ICFA, abordó “la gestión de las Áreas Marinas Protegidas, la Pesca ilegal (INDNR) y las negociaciones de la BBNJ (Biodiversity Beoyond National Jurisdiction) y subrayó la importancia de garantizar que este proceso no anule los esfuerzos de las OROP” y, “…como ya las defendió en reiteradas ocasiones, (las OROP) son los instrumentos más adecuados para gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, así como las de otras especies asociadas». Hablando en criollo, Don Garat, está a favor de una organización donde los Estados de Bandera (entre ellos el español) contarían con mayoría de votos por sobre los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) en el Atlántico Sudoccidental. Además, de facilitar el intento, del R.U. de ingresar a las OROP por su ocupación ilegal en Malvinas. No me imagino a España oponiéndose a esta pretensión y mucho menos a Don Javier oponiéndose a los intereses de sus mandantes, los empresarios españoles que pescan ilegalmente en Malvinas.
¿Están verdaderamente los españoles preocupados por la sostenibilidad de los recursos y la pesca ilegal? Veamos que dice este dirigente que los representa, a pesar de contar con el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y, pese, a que más de 50 científicos acreditados del mar le pidieron a la U.E. que actúe para poner fin a la sobrepesca, Javier Garat se manifestó contrario al proyecto de reducir las capturas en la U.E., eliminar en forma progresiva las redes de arrastre e ir hacia la pesca selectiva y dijo: “el sector rechaza la propuesta de la CE de Biodiversidad de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo”, lo que remató, la Consejera del Mar Rosa Quintana: “(los españoles) solo destinan el 3% de sus buques arrastreros a pescar en aguas comunitarias y el 97% restante los destinan a caladeros externos (entre ellos el Atlántico Sur), donde 193 buques de gran porte efectúan el 58% de las capturas”. Es decir, el preocupado por cuidar el recurso Don Javier, probablemente promoverá el envío a África occidental o al Atlántico Sur lo que la U.E. rechaza; degradando, depredando y dificultando las operaciones de los pesqueros argentinos. Por cierto, también se opone a las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) diciendo: “cerrar el océano a la pesca entra en conflicto con objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, tales como aumentar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza” (chan-chan). Lo que propone el amigo Don Javier se llama sostenibilidad débil. Debería saber, que la sostenibilidad no solo es económica y social; también es biológica, ambiental y cultural; por lo cual, bajo justificación de reducir el hambre o la pobreza no se puede agotar un recurso de tercera generación, ya que “la generación actual toma prestados los recursos a las generaciones venideras” (Brundtland, ONU, 1987). Garmendia y colaboradores (2010) considera “sostenibilidad fuerte, a la que se preocupa por la salud del ecosistema, la que asegura la sostenibilidad de los recursos, del ambiente y los asentamientos humanos a perpetuidad” y la sustentabilidad empresaria y laboral.
También debiera conocer Don Javier, que las AMP tienen distinto tipo de reservas y entender que un Estado ribereño, para el caso, tiene facultades para imponer reservas, restricciones y vedas (no necesariamente establecer AMP) para asegurar la reproducción, el desove y el desarrollo de sus especies migratorias. Los empresarios son meros concesionarios de un recurso del Estado.
La política de la sostenibilidad de la U.E. “…llevará a España a la gestión de licencias extranjeras” manifiesta Don Javier. Suena, vamos por la pesca en Malvinas y en el Atlántico Sur y, si ello fuera necesario, nos disfrazamos de corderos, OPRAS, OROP o lo que fuera.
En esa sociedad británica-española, el R.U. tiene como aliado estratégico a Chile y España construye una sociedad con Uruguay, donde buques españoles utilizan sus puertos, como apoyo para sus operaciones en Malvinas y en alta mar, cuyos ingresos económicos en favor de la economía uruguaya generan vínculos que favorecen los intereses británicos. Argentina, mientras tanto, no avanza en la natural sociedad rioplatense; en la necesaria con Chile para favorecer la integración del área Antártica y bioceánica y, en la impostergable relación con Brasil, no solo comercial, sino para consolidar la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”.
En cualquier caso, los españoles son funcionales a los británicos, ya que en esta sociedad británica-española, han entendido que a partir del Brexit la disputa se dará en los mares, fortaleciéndose el Commonwealth y los territorios insulares, en especial los del Atlántico Sur. Una estratégica geopolítica, militar, de proyección Antártida y manejo del transporte y el comercio, que como consecuencia del aumento de cargas de 100 a 400 mil toneladas de los super-contenedores, transitan obligatoriamente al pacífico por el Estrecho de Magallanes, ante la imposibilidad de utilizar el canal de Panamá. ¿La Autoridad Argentina?
Pese a todas las recomendaciones de la OMC, la producción pesquera española está subsidiada, contrario a la Argentina que sufre una fuerte carga impositiva. Según Europa Azul (07/07/2020) “Los gobiernos del mundo gastan alrededor de 35 mil millones de dólares en subsidios pesqueros cada año (…) investigaciones recientes del Prof. de Economía Oceánica y Pesquera de la Universidad de Columbia Dr. Rashid Sumaila, indican que la U.E. es uno de los cinco subsidiadores más grandes del mundo y según Fernández Monge aproximadamente el 54% de los subsidios son perjudiciales”.
Don Javier ha hecho un destacado esfuerzo para ello: “las ayudas del Fondo Europeo son importantes para financiar el trabajo, afrontar la falta de ventas y el almacenamiento, aunque sería necesaria más ayuda para fomentar el consumo del pescado español, como ha hecho Francia».
Respecto al Brexit, contraria a la posición argentina, que busca aislar a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Antártida de la U.E., España busca mantener su pesca en aguas británicas y en las aguas de Malvinas. En prueba de ello, Javier cuida el interés de los españoles y sus socios británicos. El 22 de enero de 2020 se reunió en Madrid con la Secretaria de Pesca del Ministerio de APyA Alicia Villauriz, a la cual —alineado con la European Fisheries Alliance (EUFA)— le manifestó su interés de mantener: “…el acuerdo de libre comercio; el reparto de la pesca entre el RU y UE.; el acceso a las aguas británicas (donde pescan unos 80 buques españoles) y la continuación de la gestión en los stocks compartidos…”.
El filicidio de la llamada “Madre Patria” nos debiera llamar a la reflexión. Ya pasaron 204 años desde que nos independizamos de la monarquía española y de toda otra dominación extranjera. Ha llegado el momento de que los argentinos —y en especial nuestras Autoridades— le hagan notar a los españoles que somos un país libre y soberano, comenzando a actuar para evitar la pesca ilegal de los buques españoles y de los demás depredadores.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
