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PESCA ILEGAL. ECONOMÍA Y POLÍTICA.

César Augusto Lerena*

Como todos los años las flotas china, española, coreana y taiwanesa han vuelto al Atlántico Sur a llevarse en alta mar los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Si bien parece el problema principal que ocurre en el Atlántico, no lo es. Hay varios problemas significativos que están interrelacionados. El primero, que da lugar a los restantes, es la ocupación británica de 1.639.900 km2 de territorio marítimo argentino y, con motivo de ello (fuera de las connotaciones soberanas), la extracción anual de 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por parte de buques extranjeros licenciados ilegalmente por Gran Bretaña, contrario a lo establecido en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Ello, provoca varios efectos: la internacionalización del Atlántico; el desequilibrio del ecosistema; la quita de recursos pesqueros y económicos a un país emergente como la Argentina y la competencia desleal en el mercado internacional, en especial en la comercialización española en la Unión Europea.

La presencia británica en el Atlántico Sudoccidental, al margen de quebrantar la Zona de Paz y Cooperación de los países africanos occidentales y americanos orientales que lindan con éste, es el principal motivo de interés creciente de la pesca extranjera sin control en sus aguas, por motivos económicos y geopolíticos, en especial, cuando se trata de las flotas chinas y rusas.

El segundo, es la internacionalización del Atlántico y la extracción de recursos en forma ilegal. Entre 300 y 350 buques extranjeros extraen ilegalmente unas 750.000 toneladas de recursos pesqueros, en su gran mayoría, originarios de la ZEEA. Y, si bien, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), esta pesca es libre para los Estados de Bandera, debe considerarse ilegal, porque se realiza sin control de ninguna naturaleza, tanto en los aspectos relativos a la sostenibilidad, como los biológicos, operativos, extractivos o de comercialización y sin una clara determinación de origen y trazabilidad. En este sentido, el destino de las materias primas son los países de los buques pesqueros o a Unión Europea, previo blanqueo del origen a través de puertos, como es el caso de Montevideo.

Por cierto, no es de esperar que esta situación se modifique a corto plazo si se siguen utilizando las ineficaces herramientas actuales, ya que los países que pescan a distancia (China, la Unión Europea, en especial España, Corea, Taiwán, etc.) no reducirán esta pesca cuando la están subsidiando.

Es obvio que esta pesca en alta mar, sin acuerdo con los países ribereños, genera un desequilibrio en el ecosistema del Atlántico Sudoccidental afectando gravemente la sostenibilidad de los recursos, por cuanto, mientras la Argentina determina anualmente las “Capturas Máximas Sostenibles”, establece cuotas de captura en base a ellas y efectúa un control de la flota nacional en la ZEEA, no ocurre lo mismo en alta mar donde, como dije, las flotas extranjeras pescan en forma creciente sin prácticas sostenibles. Incluso la eventual disminución de barcos no reducirán el esfuerzo, porque se incorporan buques más eficientes en las capturas.

En tercer lugar, los objetivos previstos en la CONVEMAR respecto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros no se compadecen con las reglas que se establecen en ella y, entiendo, como muy favorables a los Estados de Bandera las regulaciones que contiene, que dan lugar, al poco interés de estos de regular con los Estados ribereños las capturas en alta mar. Ya me he referido que mientras Argentina tiene importantes obligaciones respecto a la conservación de sus recursos en la ZEEA, los Estados que pescan en alta mar lo hacen en forma libre y sin control externo. Ello sólo, es una insensatez biológica sin rigor científico alguno.

En cuarto lugar, la pesca en alta mar sin acuerdo con los países ribereños provoca una distorsión en los mercados, ya que la extracción de los recursos pesqueros de los citados buques extranjeros sin impuesto alguno, subsidiados y en algunos casos con “trabajo esclavo”, generan una competencia desleal con los países emergentes, cuyas empresas afrontan no solo los costos internos impositivos y laborales, sino también los aranceles de importación de los propios países que pescan en el Atlántico Sur. Este hecho, no solo es de carácter comercial, sino que afecta las economías de los pueblos y ciudades pesqueras del litoral marítimo.

En quinto lugar, esto se ve facilitado por el apoyo logístico que le prestan los puertos de Uruguay a la Pesca Ilegal, tanto la proveniente del área de Malvinas como de alta mar que transita libremente por la Zona Común de Pesca, resultante del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973/4.

En este escenario, no pueden esperarse mayores sorpresas. Los países desarrollados requieren cantidades crecientes de proteína por satisfacer las necesidades alimenticias de sus poblaciones y, en lugar de concertar un intercambio adecuado con los países ribereños que disponen de las materias primas, van por ellas; ya no invadiendo sus territorios como antaño, sino apropiándose de los recursos. Un ejemplo de ello es China. No solo opera subsidiada, sino que reduce sus costos al extremo utilizando, incluso, mano de obra esclava.

El modelo que utilizan las flotas que pescan a distancia es altamente prepotente, donde subyace la presión hacia los Estados ribereños, donde sus economías son dependientes de los países que pescan a distancia.

Sorprende sí, que los países de Suramérica, entre ellos Argentina, no hayan generado mecanismos para reducir la expoliación de sus recursos migratorios.

Ya me referí a que las capturas de las ZEE y en alta mar deben abordarse en forma integral, como bien refiere la FAO. ya que una u otra pesca indiscriminada afecta al conjunto del ecosistema, rompiendo el ciclo biológico de las especies migratorias, su desarrollo y reproducción. Accesoriamente a ello, las capturas sin control en alta mar no permiten disponer de estadísticas de los descartes por pesca incidental o no comercial; pero si transpolamos datos conocidos en la ZEEA podríamos inferir que estos descartes alcanzan al 30% de las capturas, razón por la cual, podríamos estimar en 300 mil toneladas/año los descartes anuales. Volumen que le permitía a la Argentina disponer de raciones proteicas diarias para 3 millones de niños y adolescentes los 365 días al año. Por cierto, un desaprovechamiento inadmisible, frente al hambre y pobreza mundial.

Hay además una contaminación del medio marino por el descarte de residuos no orgánicos.

Los países que pescan a distancia no están preocupados por lo que pasa fuera de sus jurisdicciones y por el contrario subsidian estas actividades. Ello favorece la práctica ilegal que se realiza en alta mar. La falta de control podría además favorecer el trabajo esclavo a bordo, las prácticas relativas al narcotráfico, la evasión fiscal y tareas ajenas a la explotación pesquera de los buques extranjeros. Sin embargo, la CONVEMAR solo autoriza la aplicación de penas de prisión y confiscación de los buques a los países titulares de estos. Ello ha llevado a muchos países y comunidades a que empiecen a analizar la aplicación de sanciones penales.

No hay una sola solución al problema, sino varias herramientas que deben converger en forma simultánea con la participación de todos los Estados ribereños, en especial los de Suramérica (Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, etc.), ya que este no es solo un problema del Atlántico sino también del Pacífico. Sintéticamente menciono alguno de los temas sobre los que he trabajado en profundidad, donde los Estados ribereños deberían actuar en forma mancomunada:

  1. a) obtener el reconocimiento de los derechos en alta mar sobre los recursos migratorios originarios de las ZEE;
  2. b) actuar ante la OMC para eliminar los subsidios a la pesca a distancia o fuera de las jurisdicciones;
  3. c) propiciar que el origen y la trazabilidad y su correspondiente certificación debería estar en manos de los Estados ribereños para garantizar la sostenibilidad del conjunto del ecosistema (ZEE-ALTA MAR);
  4. d) acordar que los puertos suramericanos no presten ningún apoyo logístico a los buques que pesquen en alta mar sin acuerdo del Estado ribereño;
  5. e) establecer que los observadores a bordo y los inspectores al desembarque deben ser altamente calificados y suficientemente remunerados para evitar la pesca ilegal, la sustitución de especies y los descartes;
  6. f) firmar un Acuerdo complementario del MERCOSUR (MERCOPES) para favorecería el interés de actuar en el Atlántico Sur por parte de Brasil, Uruguay y Argentina.

Por cierto, hay otras medidas complementarias.

Los países de Suramérica deberían entender que la pesca no es solo una cuestión económica y de generación de trabajo. Es una herramienta estratégica de ocupación de espacios marinos, de población y radicación industrial, de desarrollo de regiones inhóspitas y de provisión de salud (los aminoácidos esenciales del pescado son solo comparables con la leche materna). Nada que pueda verse solamente desde una mirada productiva o ambiental. Los países desarrollados ya lo saben y, empiezan a observar con lupa, la presencia de buques fuera de sus jurisdicciones. Saquemos nuestras propias conclusiones y obremos en consecuencia: No habrá Malvinas sin Pesca y sin Pesca no habrá desarrollo del litoral marítimo argentino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

 

LA CASTA Y EL FONDO

Santiago González

Negociar con un dealer es inmoral, no hacerlo es por lo menos imprudente

 

Los cambiemitas se ufanan sin el menor rubor de haber contraído una deuda astronómica con el Fondo Monetario Internacional, el préstamo más grande que ese organismo haya concedido en toda su historia, y los kirchneristas se aprestan con impostado disgusto a renegociar ese préstamo impagable. Aunque una cosa es consecuencia de la otra, las dos son igualmente inmorales, similares al tráfico con un vendedor de droga. El FMI ha sido el dealer de la Argentina desde 1976 y, como suelen hacer los dealers, amenaza con usar de la fuerza a fin de asegurarse el cobro, y no le importa si para eso es necesario matar a un jubilado, o a millones de jubilados.

No hay nada moral envuelto en el trato con el FMI porque el FMI tiene la moral de un dealer. Un prestamista profesional jamás le habría entregado 50.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. Al dealer no le importan las cualidades de su cliente, sólo le interesa mantenerlo abastecido y con vida mientras siga consumiendo y pagando. En realidad, el FMI tiene menos moral que un dealer, porque el dealer en definitiva está haciendo un negocio para obtener una ganancia, mientras que el propósito del FMI no es cobrar intereses sino afianzar la dependencia y sumisión de sus clientes, manteniéndolos endeudados en beneficio de terceros. No fue creado para eso, pero se convirtió en eso.

A mediados de los 70, los Estados Unidos acababan de abandonar el patrón oro, y estaban en proceso de imponer el dólar como divisa mundial de atesoramiento y referencia. Mediante complejos mecanismos financieros descriptos con todo detalle en media docena de libros por el economista estadounidense Michael Hudson, lograron ordenar la economía mundial en función de sus propios intereses, convirtiendo en satélites al resto de los países desarrollados y condenando al atraso permanente a las naciones en desarrollo. El gran instrumento para la consecución de esos fines fue el endeudamiento, y sus operadores los organismos multilaterales como el FMI.

A mediados de los 70 la Argentina era el país más promisorio de América latina, con estadísticas de desarrollo humano comparables con las de las naciones avanzadas, el sistema de defensa más poderoso de Sudamérica y desarrollos propios en áreas críticas de la ciencia y la tecnología, desde la energía nuclear y la cohetería hasta la medicina y la genética. Contaba con todo lo necesario para dar el salto: energía, praderas, agua, todos los minerales imaginables y una sociedad educada y sin conflictos. Hacía gala además de una inquietante tendencia al comportamiento independiente, como lo comprobó Henry Kissinger en la famosa conferencia sobre población de 1974. En suma, la Argentina reunía todas las condiciones como para ser blanco de un ataque. Y lo fue.

El golpe militar de 1976 tuvo el propósito declarado de combatir a la guerrilla, y el objetivo oculto de acomodar la economía argentina al orden mundial gestionado desde los Estados Unidos. El asesoramiento brindado por el Comando Sur (y también por algunos ex miembros de la OAS francesa) sobre la forma de reprimir la insurgencia, las señales ambiguas de Washington respecto de Malvinas, el flujo constante y generoso de dólares en préstamo asegurado por David Rockefeller, y las políticas económicas del ministro José Martínez de Hoz se combinaron en una sinergia letal. Cuando los militares volvieron a sus cuarteles en 1983, dejaron un país sin guerrilleros pero desarticulado, indefenso, endeudado como nunca antes en su historia, y herido en su estructura productiva. Es decir, lo dejaron en manos del FMI.

La Argentina ya había requerido los auxilios del Fondo en 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1975 y 1976 (antes del golpe): se trataba de pequeños préstamos puente destinados a salvar ocasionales desajustes financieros, tal como había sido el propósito original del FMI. A partir de 1976, cuando la Argentina comienza a endeudarse seriamente con la banca privada y a recibir inversiones extranjeras, el FMI se convirtió de hecho en garante de que los prestamistas pudieran cobrar sus créditos y las empresas retirar sus dividendos en divisas fuertes sin inconvenientes. Ése fue el propósito central en los acuerdos firmados con el Fondo en 1976, 1977, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2018, todos los cuales incluyeron recomendaciones o exigencias de política económica.

El FMI es un dealer de dealers, proveedor pero también agente de seguridad para otros proveedores y, al estilo de Barceló y Ruggierito en la Avellaneda del siglo pasado, servicial custodio de los consumidores sociales. El economista Hudson lo describió así en una reciente entrevista: “Otra vez la Argentina está a punto de defaultear o repudiar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que esencialmente es un arma de la política exterior norteamericana. El FMI le presta plata a un país como la Argentina para solventar la fuga de capitales. Hace posible que las empresas norteamericanas y las familias ricas de la Argentina saquen fuera del país sus fondos en pesos, o escudos, o lo que usen allí, convertidos en dólares.” Hudson no conoce muy bien la Argentina: duda sobre la denominación de su moneda. Pero la cita como ejemplo sobre cómo funciona el FMI, cuáles son sus políticas respecto de cualquier país.

El ex presidente Macri, probablemente de manera involuntaria, le dio la razón al académico estadounidense cuando confió en un reportaje que “la plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Las críticas que suscitó esa declaración le obligaron entrar en detalles que no hicieron más que ratificar su admisión inicial: “La plata de la deuda fue para pagar uno a uno los préstamos que iban venciendo, porque el que tenía ese préstamo no lo quería renovar”, dijo y añadió: “El FMI nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default, y seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato”.

No es un secreto que Donald Trump intervino personalmente para que el FMI aceptara conceder a la Argentina, contra la opinión de los socios europeos, un préstamo de magnitud sin precedentes. Pero, ¿con qué intenciones? ¿Arrojarle un salvavidas a un amigo o, como supone Hudson, amarrar todavía más a la Argentina con los lazos de la deuda? Macri no tiene dudas. Piensa que Trump “se portó muy bien con nosotros” y cree en las bondades del Fondo: “No están para ganar plata, sino para que a la Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. El FMI pide un plan. Si hay un plan, esto se refinancia.” El FMI pidió y obtuvo un plan en cada uno de los acuerdos citados, pero a la Argentina nunca le fue bien.

Hudson describe así la naturaleza de los planes solicitados: “Y entonces el FMI deja que la moneda local colapse, de hecho insiste en que la moneda colapse. Porque dice que cuando uno no puede pagar sus deudas, la manera de hacerlo es imponer la austeridad, bajar los salarios y recortar la inversión en infraestructura, detener el gasto público. Y así, el resultado de esta política del FMI, con el Banco Mundial detrás, es reducir cada vez más la capacidad de los países para pagar sus deudas. Y así es cómo se endeudan cada vez más, y se vuelven cada vez más dependientes del crédito oficial estadounidense. Los préstamos del FMI y esencialmente la deuda se usan internacionalmente para empobrecer a otros países, tal como se está empobreciendo ahora la economía norteamericana.”

Pero se necesitan dos para bailar el tango. El FMI no tendría poder sobre la Argentina si no hubiese encontrado aquí su pareja en la casta política. La coreografía entre el dealer y el adicto es así: la casta primero endeuda al país para cubrir su propio desorden presupuestario, para proveerse de dólares baratos que se vende a sí misma y a sus amigos, y para brindar oportunidades a los expertos en triquiñuelas financieras; como no puede pagar sus vicios, algo que tanto el FMI como la casta saben de antemano, acto seguido renegocia el pago de la deuda en condiciones cada vez más lesivas para el país pero que aseguran el mantenimiento del sistema.

El endeudamiento es una estafa a la Nación, siempre lo ha sido. Desde el último cuarto del siglo pasado, la Argentina se ha endeudado de manera multimillonaria (y también ha pagado deuda de manera multimillonaria), pero el crédito no se advierte en inversiones ni en infraestructura ni en desarrollo. El único efecto palpable del endeudamiento ha sido el de paralizar el desarrollo argentino, abaratar el trabajo argentino y rebajar el precio de los activos argentinos. Y aumentar los impuestos.

En 1975, la deuda externa argentina sumaba 7.947 millones de dólares y representaba un 35% del PBI. Al término del primer semestre de este 2021, la deuda alcanzó los 257.643 millones de dólares y representó un 70% del PBI. Entre una fecha y otra se suscribieron 17 acuerdos con el FMI, cada uno acompañado de sus pertinentes recetas sanadoras. O el médico no acierta con el diagnóstico, o el adicto no tiene cura, y le están robando la plata con tratamientos inútiles mientras lo mantienen convenientemente abastecido. El fallecido diputado Mario Cafiero dejó documentado ese robo en dos trabajos cuya consulta es aleccionadora. El primero figura como anexo del llamado “informe Carrió” sobre lavado de dinero, emitido en 2001 por una comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados. El segundo se titula “El FMI y la debacle argentina (1976-2003)”, y también se lo encuentra en los archivos de la cámara.

La economía argentina no recuperó la salud con las recetas del Fondo, dice Cafiero en el segundo informe citado. Pero, en cambio, “el FMI logró en Argentina un resultado concreto; obtuvo una profunda transnacionalización de su economía, en beneficio directo, casualmente, de las empresas e intereses del grupo de países del G7, que controlan el FMI”. Y agrega: “los resultados de estas políticas, que se miden en dramáticos costos sociales, económicos y humanos, han recaído y siguen recayendo sobre las espaldas del pueblo argentino, en especial de los más desprotegidos y pobres”. En el anexo al “informe Carrió”, Cafiero muestra cómo el pago de los intereses de la deuda representaba en 2001 el 20% del déficit fiscal; ahora la proporción se redujo a casi el 16% pero sólo porque el gobierno incrementó el déficit en todos los demás rubros.

La renegociación del crédito exorbitante que el FMI concedió al gobierno de Macri no es un simple trámite financiero como el ex presidente sugiere con desconcertante puerilidad. Sus condiciones pueden afectar seriamente la capacidad de decisión de cualquier gobierno respecto del manejo de su economía. Hay que reconocer que la vicepresidente tuvo una mirada más cautelosa sobre el asunto: “Nuestro país tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad, y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo de que se tenga memoria”, escribió Cristina Fernández hace algunos días. Y descargó la responsabilidad, correctamente, en el Congreso nacional.

No se trató, sin embargo de un republicanismo tardío de la líder kirchnerista, sino de una olímpica lavada de manos: “No es Cristina”, dijo hablando de sí misma en tercera persona. “Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones, en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia” y “son los 257 diputados y los 72 senadores quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”. Si después vienen los reproches, nunca está de más preparar de antemano el “yo no fui” y el “yo avisé”. Resguardos que toma cualquier político avisado.

Alberto Fernández, por su lado, pretendió hacerse el duro: “Antes de cerrar un nuevo acuerdo”, intimó a Kristalina Georgieva, “haga su evaluación de lo que fue el fallido programa por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”. Fernández le alcanzó su propia evaluación, pero no era necesario. Antes de que el presidente argentino lanzara su desafiante exigencia, el Fondo ya tenía preparado el balance sobre la utilización del préstamo que ahora debe renegociar, algo rutinario en estos casos. “Hemos trabajado hasta ahora de manera constructiva, pero aún queda mucho por hacer”, lo sofrenó Georgieva, instándolo a “trabajar por un programa que mejore significativamente los fundamentos macroeconómicos de la Argentina y la coloque en una senda sólida para recuperarse de esta crisis”.

Mauricio, Alberto, Cristina y Kristalina pueden estar tranquilos: la casta política va a aprobar la renegociación, como lo ha hecho desde 1983, con algún tira y afloja irrelevante sobre sus términos y condiciones como para salvar la cara y entretener a la tribuna.

“Como siempre ocurrió en la historia argentina, y ahora no será excepción —escribió el consultor Marcelo Posada—, el acuerdo con el FMI es a favor de la perduración del endeudamiento de mediano plazo, a favor de que la casta siga su juego y, por consiguiente, a favor de prolongar la agonía de la sociedad. Cada intervención del FMI ‘a favor del país’, como la de 2018, es en contra de la sociedad, y ésta será lo mismo. Los parches de estos ‘acuerdos’ sólo sirven para impedir cualquier reforma estructural del Estado. Y no sólo cualquier reforma: también inciden para asegurar el mantenimiento de la presión impositiva. Al buscar mantener elevados los ingresos públicos (para destinarlos al pago de la deuda), el FMI se opone a la reducción de impuestos”.

5Negociar con el Fondo es inmoral, no hacerlo es por lo menos imprudente: lo sabe cualquiera acostumbrado a tratar con dealers. O abonado a Netflix. La casta parasitaria entiende muy bien el mensaje mafioso contenido en las cifras del “riesgo país”, la amenaza que agitan cada noche los noticieros televisivos.

 

Artículo originalmente publicado el 10/12/2021 por Restaurar.org, http://restaurarg.blogspot.com/2021/12/la-casta-y-el-fondo.html

Tomado a su vez de https://gauchomalo.com.ar/la-casta-y-el-fondo/

LAS GRANDES ENCRUCIJADAS BRASILERAS

Jonuel Gonçalves*

Imagen de JoeBamz en Pixabay 

En un país donde la superficie y la población tienen dimensiones continentales, las encrucijadas son inevitables, especialmente si trazaron una ruta histórica modelada por mentiras, al menos desde 1500.

Decir que Brasil fue “descubierto” ese año no se corresponde con la realidad, pues incluso en la zona de Porto Seguro ya había muchas personas, descendientes de los verdaderos descubridores, en condiciones adversas que implican siglos, con travesías por Siberia, el estrecho de Bering y la actual América de norte sur. Pero eso no significa que el año deje de ser crucial. Es el punto de partida de las encrucijadas.

Por ejemplo, las encrucijadas de las sabanas, grandes matorrales, bosques, blancos de la deforestación criminal, dispuestos a devastar el patrimonio ambiental brasilero para enriquecerse de cualquier forma. Y este crimen viene de lejos. ¿Dónde está el Palo Brasil que dio nombre al país? Desapareció antes de que Brasil fuera brasilero.

Otro ejemplo está en las encrucijadas de las colinas suburbanas donde viven al menos doce millones de personas, sin contar un número quizás mayor de habitantes de barrios marginales, un componente demográfico constante e inseparable del propio perfil del país durante más de un siglo. Han pasado gobiernos de todo tipo —monarquía, repúblicas conservadoras o liberales, populistas, dictaduras, socialdemócratas, socialistas verdaderos o falsos, falsos o verdaderos desarrollistas— pero la favela se ha convertido en una institución hasta el punto de que todavía hay quienes la consideran como un mero elemento del paisaje.

Naturalmente, aparecen encrucijadas sociales, es decir, las monumentales desigualdades provocadas por quienes quisieron (y muchas veces lograron) enriquecerse de todos modos. Esto produjo aberraciones como la existencia de racismo a gran escala en el país mestizo más grande del mundo. En este punto, ningún tipo de gobierno produjo cambios a la altura del problema. Pasaron y miraron.

Otro dato social clave es el desempleo, que ha aumentado desde 2012 y persiste hasta el día de hoy. Unos catorce millones de desempleados, un número equivalente de empleados precarios o salarios muy bajos, la gran plaga que impide a Brasil construir un mercado interno a la altura de su dimensión.

La suma de tantas encrucijadas aquí se llama política y sus grandes exponentes —sin excepción— forman una élite en la que, una vez más, es frecuente la búsqueda del enriquecimiento de cualquier forma.

¿Sorprende a alguien que, por momentos o ciclos, a la sociedad le resulte difícil distinguir entre los grandes exponentes de la política?

Después de la elección de Jair Bolsonaro en 2018, la tradición autoritaria brasileña cobró énfasis nuevamente. Es cierto en Brasil y en todos los países del mundo. Todos tienen la mayoría de sus historias marcadas por el absolutismo, el despotismo, el totalitarismo. Varios incluso llevaron a cabo estas brutalidades a través de las fronteras, a grandes o cortas distancias.

El problema que surge ahora es cómo convertir los logros democráticos de los últimos años en una norma de convivencia política, en una época de auge de propuestas populistas marcadas por caudillos de distintas tonalidades.

En Brasil, las instituciones legislativas y judiciales federales, algunos gobiernos estatales y muchos municipios han mostrado buenos signos de resistencia a las intenciones autoritarias, gracias a lo cual el país no es menos democrático que hace cinco o diez años.

La pandemia, a su vez, reveló un hecho que quizás sea único en el mundo. Autoridades locales, medios de comunicación, movimientos sociales y millones de sentimientos individuales impusieron la política de combate al COVID, a pesar de actitudes y comportamientos muy adversos por parte del gobierno federal.

Los resultados de esta acción provenientes de los escalones intermedios, o incluso inferiores, son notables hasta ahora.

Estos son algunos de los factores involucrados en la campaña preelectoral brasileña.

A finales de mes, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) eligió al gobernador de São Paulo, João Dória (https://www.publico.pt/2021/11/28/mundo/noticia/joao-doria-escolhido-candidato-presidencial-psdb-1986710), como candidato presidencial. Dos exministros de Bolsonaro son candidatos en su contra en esta etapa de la contienda: Sérgio Moro y Henrique Mandetta, los tres ubicados en el carril derecho de la “tercera vía”, cuyo carril izquierdo lo ocupa Ciro Gomes, del Partido Laborista Democrático. (Partido Democrático Trabalhista, PDT).

Las precandidaturas del siempre presente y superdividido MDB, además del PSD y de Ciudadanía, son piezas en algún punto del tablero y es aquí donde surge la cuestión del Partido Socialista Brasilero (Partido Socialista Brasileiro, PSB). Tras atraer a dos estrellas de la izquierda —el gobernador de Maranhão, Flávio Dino, del PC do B, y el diputado Marcelo FreiXo, del PSOL— pudo recibir de centro derecha al exgobernador de São Paulo (PSDB), Geraldo. Alckmin, a quien el PSB propondría como vicepresidente de Lula contra el apoyo del PT a las candidaturas socialistas en ciertos estados (incluidos los estados de Río de Janeiro y São Paulo). La eventual transferencia de Alckmin del PSDB al PSB podría arrastrar a más personas tras él y transformar al PSDB en un pequeño partido o formación tan fragmentada como el MDB.

Durante este mismo período, Lula realizó un exitoso viaje a Europa, donde obtuvo el apoyo de Emmanuel Macron, con obvias repercusiones en el centrismo brasileño. Al final del viaje, sin embargo, hizo declaraciones al menos ambiguas sobre dos dictaduras centroamericanas, una posición muy peligrosa, especialmente cuando la campaña tiene como objetivo la defensa de la democracia.

El Presidente Jair Bolsonaro adhiere al Partido Liberal (https://www.publico.pt/2021/11/30/mundo/noticia/bolsonaro-filiouse-partido-liberalfracassar-lancamento-partido-proprio-1986972) (PL) con el proyecto de reunir lo más posible el bolsonarismo y ampliar las alianzas con sectores del Centro. Por ahora, él y Lula son los únicos dos candidatos confirmados en la práctica, los demás parecen servir como instrumentos de negociación.

La entrada en el último mes del año se realiza a través de todas estas (y algunas más) encrucijadas. Brasil está acostumbrado, hasta ahora nunca lo ha hecho bien, pero no deja de intentarlo. “¿Y ahora José?”, Preguntó el poeta. En el plazo inmediato, parece que va a continuar con el juego de ping-pong Lula-Bolsonaro, a menos que aparezca un fuerte outsider con un juego creativo y amplíe la competencia.

* Investigador asociado del NEA/UFF (Rio de Janeiro) e Investigador del ISCTE/IUL. Reside en Niterói (Rio de Janeiro). 

Artículo publicado el 02/12/2021 en Público PT (Portugal), https://www.publico.pt/2021/12/02/mundo/analise/encruzilhadas-brasileiras-1987220. Traducido con autorización del autor por el Equipo de la SAEEG.