La OMS (Organización Mundial de la Salud) acaba de publicar que en el año 2021 será difícil lograr la “inmunidad de rebaño” con respecto al Covid-19 (Infobae 12/01/2021).
En nuestro país, tal cual el resto del mundo no alcanzaremos la inmunidad, pero sí el rebaño, a este concepto quiero hacer referencia y algún comentario.
Los conceptos de rebaño, manada etc., en nuestra lengua castellana hacen referencia a grupo de animales de una misma especie que están o se desplazan juntos. Siempre en mis reflexiones que suelo publicar en mis grupos de Whatsapp o redes sociales trato de transmitir que es importante que dejemos de ser rebaño, no lo hago por un sentimiento individualista y anti social o egoísta, lo hago porque sobre la igualdad, virtud necesaria, es necesaria también la libertad.
Entre estos dos conceptos, igualdad y libertad hay un amplio debate sobre todo en la concepción que tienen, por un lado los sectores de la derecha, y por otro los de la izquierda, o los liberales y los socialistas.
Leyendo el libro “La Democracia en América” de Alexis de Tocqueville, habla sobre las relaciones entre libertad e igualdad, dos aspectos necesarios para la democracia que terminaba de surgir en este nuevo país (1783) y que era objeto de estudio para Europa y en particular Francia que lo envía a Estados Unidos para su análisis.
Sostiene que todo sistema democrático necesita una base sólida en lo social, una sociedad muy desigual es casi imposible que tenga un sistema democrático. Esa igualdad a la que él hace referencia es una que no se basa en los ingresos, quiere decir que a pesar de sus desigualdades, sociales, naturales, tengan las mismas condiciones de inicio, con un crecimiento armónico sostenido por el Estado, pero sin dejar de jugar la voluntad y el mérito de cada ciudadano. Ahora vemos en nuestro país la desvalorización del mérito y el esfuerzo tratando de igualar hacia abajo y confundiendo las mentes con la desvalorizada “Meritocracia”, como un valor cuestionable promovido por el orden burgués para legitimar la desigualdad. La igualdad que hace a los hombres independientes unos de otros, les hace contraer el hábito a no seguir en sus acciones particulares, más que su voluntad. Los hombres que viven con estos conceptos de igualdad, caminan por una pendiente natural que los dirige a instituciones libres. Esta igualdad tiene dos consecuencias ya que tiende a que todos los hombres quieran ser fuertes y estimados; la primera es una pasión de elevar a los pequeños al rango de los grandes (movilidad social ascendente) y la segunda, la mala, es la tendencia de los débiles a querer atraer a los fuertes hasta su nivel y que lleva a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad. A esta tendencia él la llama el “aborregamiento”, como tendencia negativa. Bueno este aborregamiento es similar a lo que llamamos en la actualidad rebaño
A este aspecto, y no ya tomado de Tocqueville, es la tendencia actual de la dominación hegemónica, para lo cual la igualdad hacia abajo favorece a ella.
Retomando el autor que comentamos, él sostiene que la democracia no desprecia la libertad, por el contario siente amor por ella, pero lo que ama entrañablemente es la igualdad; agrega que si los ciudadanos son casi todos iguales se les hace difícil defender su independencia contra las agresiones del poder, por lo tanto la combinación de fuerzas de todos garantiza la libertad y a esta combinación de fuerzas la denomina la soberanía del pueblo, que repudia y rechaza los más mínimos privilegios. Claro hace referencia a esa igualdad positiva y desecha la negativa. La democracia como ideal igualitario exclusivamente, nos desplaza hacia lo que llama el despotismo blando, la tiranía de las mayorías y la sumisión, el aborregamiento de las minorías.
Este concepto de aborregamiento que emplea, deriva de la palabra borrego, que tiene varias acepciones, la primera es la de un cordero joven; como adjetivo se aplica a las personas que se someten dócil o servilmente a la voluntad de otros y coloquialmente también se refiere a persona simple, necia o ignorante. Yo lo asemejo al término rebaño, al cual lo imaginamos guiado por un pastor, que en nuestros tiempos podría ser un poder hegemónico, acompañado por tecnologías de medios de difusión y una pizca importante de ignorancia y falta de interés de los integrantes del rebaño.
Por eso sostengo que la mejor defensa contra la libertad es el conocimiento, que se logra por medio de la educación y también de la igualdad, pero la que se logra con idénticas posibilidades de inicio, derecho de todo ciudadano, y que debe ser una obligación del Estado brindarlo y garantizarlo, y no la igualdad que nos intentan imponer nivelando hacia abajo, para aborregarnos y dominarnos aprovechando la gran influencia que brinda la tecnología comunicativa en la transmisión del marketing y propaganda partidaria.
Por último, formar un ciudadano con capacidad de discernir, con espíritu crítico basado en el conocimiento y no en simples opiniones o eslóganes, con igualdad ante la ley, y dejando de ser un rebaño y peor, un aborregamiento. Intentemos ser mayores de edad.
* Profesor de Grado Universitario y Licenciado en Ciencia Política graduado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Coronel (R) del Ejército Argentino.
El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].
Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.
En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.
Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.
Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.
La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.
La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.
Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:
ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.
Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.
Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.
La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:
5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.
11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.
12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.
A estos efectos cabe también citar el artículo 14:
El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.
Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.
Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.526, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:
Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:
La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.
La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:
Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.
Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).
Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.
La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.
Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.
Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.
Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.
Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:
Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento deasociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.
La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.
Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.
La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.
Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.
En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.
Carlos Leyba, economista argentino, uno de los redactores del Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, más conocido como “plan Gelbard” (1973).
El veterano economista argentino Carlos Leyba, que en 1973 formó parte del tercer gobierno del general Juan Domingo Perón (1895-1974), comentó recientemente que en la cofradía de los economistas de su país es usual decir “hay que hacer”, pero rara vez se repregunta el “cómo hacer”. En política económica la realidad son las consecuencias, pero de eso no se habla.
Leyba expresa luego que la defensa corporativa de los economistas argentinos es más o menos así: “La decadencia económica del país es consecuencia de que cuando economistas (los científicos) le decimos a políticos (los instrumentadores) qué hay que hacer (programa) ellos no lo hacen porque no quieren pagar los costos (política)”. ¿Debe un economista proponer medidas sin exponer costos y consecuencias? La política económica se debe pensar para un tiempo prudencial, recordemos que John Maynard Keynes dijo que en el largo plazo estaremos todos muertos. El argumento de las consecuencias positivas de aquí a 100 años debe ser absolutamente descartado, remata socarronamente Leyba.
Afirma, además, que en política económica toda solución de un problema implica la generación de otro. El éxito estriba en que el nuevo problema generado sea menor (y más fácil de resolver) que el problema resuelto.
La política económica correcta sería entonces como construir una escalera de soluciones para que cada peldaño sea más fácil de superar que el anterior. Asimismo, no hay ninguna medida seria de política económica que no considere la relación costo-beneficio, algo básico en todo razonamiento económico.
Leyba explica que la defensa corporativa pone en escena a un economista del “tipo asesor” que informa, propone, aconseja o presenta proyectos y no ejecuta ninguna acción. Así comenzó a entender lo que un joven economista recién graduado le dijo: “a nosotros nos enseñan modelos, no política económica”.
Leyba fue uno de los redactores del plan Gelbard de 1974, así que él sabe lo que afirma en torno a los economistas de su medio: sugieren qué debe hacerse pero no explican el cómo hacerlo. Ese es el dilema de la profesión en Argentina —y en el mundo— que viene arrastrándose desde la inclinación hacia el estudio “científico” de la economía, olvidando su definición básica como ciencia encargada de satisfacer necesidades múltiples con medios escasos y sobre la base de decisiones de autoridad. Ya en esa definición se ve su complejidad; no es fácil complacer a todos cuando los medios son limitados. En mis épocas estudiantiles de los 60, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se quiso volver a la “economía política”, al principio de las cosas, cuando la economía era una ciencia social poco influenciada por las matemáticas y se debía en definitiva a la política, a la capacidad de mando en una sociedad.
El entusiasmo con la economía política duró poco pese a ser el verdadero nombre de la ciencia, algo que el célebre Julio H. G. Olivera (1929 – 2016) —mi profesor de “Dinero, Crédito y Bancos” en la UBA— siempre nos recalcaba. Con el tiempo los estudios económicos fueron cada vez más complejos, más matematizados y sideralmente alejados de la vida real. De allí viene el error de muchos economistas en sus pronósticos y hasta en sus acciones; se dejaron llevar por el encanto formal de sofisticados modelos llenos de supuestos y se olvidaron de la realidad concreta.
Los economistas en general debemos retornar con realismo a la economía política, al inicio de la disciplina como parte de las ciencias sociales y con énfasis en la política, ya que de tomar decisiones se trata. En mi modesta opinión hay que “rehumanizar” nuestra profesión. Sólo si se cambia el rumbo de lo teórico a lo concreto, sin refugiarse en la sofisticada fantasía de complejos modelos econométricos, podremos hacer realidad el célebre brindis de Lord Keynes: “Brindo por la economía y por los economistas, quienes son los depositarios, no de la civilización, pero sí de la posibilidad de que ésta ocurra”.
