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LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

LA ARGENTINA NO DEBERÍA RATIFICAR EL TRATADO DE ALTA MAR

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, 19 de enero de 2026

 

El “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” (más allá de las 200 millas), conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entró en vigor el pasado 17 de enero de 2026 al haberlo ratificado más de 60 países, entre los cuales no estará Argentina ―en buena hora― porque, si bien la ex Canciller Diana Mondino lo firmó el 18/06/2024, el Congreso no lo ratificó; porque ―de hacerlo― violaría la Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución Nacional, reconociendo derechos al Reino Unido para participar como Estado de Pabellón ―aunque ellos pretendan hacerlo como Estado ribereño― en la administración del Atlántico Sur, alterando la integración de los países de África occidental y América oriental, firmantes de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico (Res. 41/11 ONU), además de favorecer a los isleños británicos en Malvinas con la llegada de nuestros recursos pesqueros migratorios a las aguas argentinas invadidas por el Reino Unido.

Este acuerdo es un farragoso documento de unas 70 páginas al que nos tiene acostumbrado las Naciones Unidas y, por lo tanto, su análisis pormenorizado escapa a una nota de este tipo. Sin embargo, debemos analizar la cuestión de fondo respecto a la violación de la soberanía argentina, de ratificarse Acuerdo, y algunos de sus puntos.

Reconoce el acuerdo “la necesidad de abordar, de manera coherente y cooperativa la pérdida de diversidad biológica (…) contribuir a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses” y, ello es puro palabrerío, cuando la CONVEMAR no ha avanzado sobre los recursos pesqueros migratorios originarios de las ZEE de los Estados ribereños en alta mar, que son depredados por los buques de las grandes potencias que pescan a distancia.

El acuerdo avanza sobre los derechos de los Estados ribereños y si bien el Art. 5° indica que no los alcanza, refiere a “los efectos potenciales en el medio marino de las actividades bajo jurisdicción o el control de un Estado”, cuestión que resulta inadmisible por la intromisión a la soberanía de los Estados ribereños.

Al constituirse “organizaciones regionales de integración económica” los Estados ceden su competencia respecto a las materias, las deben aprobarse por consenso, debilitando la autonomía argentina.

Respecto a los principios (Art. 7°) refiere al de equidad y distribución justa; al principio precautorio; al enfoque eco-sistémico y a un enfoque integrado; cuestiones que la CONVEMAR todavía no ha resuelto, como es el caso de las especies migratorias; de igual modo, cuando se refiere a la seguridad alimentaria (Art. 17°) que no puede darse, sino se tienen en cuenta estos recursos migratorios.

Al establecerse las AMP se indica que se tendrán en cuenta las opiniones de los Estados ribereños (Art. 19° h), aunque, al aprobarse se lo hace por consenso (Art. 23°) lo cual afectará particularmente a los Estados ribereños que son minoría en el Atlántico Suroccidental (Argentina, Brasil y Uruguay), perdiendo toda posibilidad de administrar los recursos, en especial los migratorios y, no admitiendo el Acuerdo reservas ni excepciones. Además de ello, las AMP son una herramienta complementaria que podría reemplazarse por vedas permanentes o transitorias y no debieran ser el eje central de una estrategia de administración para dar sostenibilidad a los recursos (son las zanjas de Alsina), sino que se requiere determinar primero la disponibilidad del recurso; las capturas máximas sostenibles y establecer en forma equitativa las cuotas o autorizaciones de captura, teniendo especialmente en cuenta, los recursos migratorios originarios de las ZEE, en los que deberían tener poder de veto los Estados ribereños.   

Por último, pese a que en el acuerdo se indica que no alcanza a la pesca (Parte II Art. 10 Aplicación, 2 a) al referirse a que “las disposiciones de la presente parte no se aplicarán a la pesca…” varias partes del Acuerdo y el Anexo I dicen todo lo contrario.

La Argentina no debe ratificar este Acuerdo y debería realizar acuerdos bilaterales con aquellos Estados que pescan en alta mar, en condiciones de equidad y mutuo beneficio.    

Pero, ya hemos dicho, ratificar este Acuerdo violaría la soberanía argentina en forma irreversible y grave (cesarlerena.com.ar “ratificar el Acuerdo de Alta Mar violaría la soberanía argentina”, 25/05/2025) porque implicaría reconocer implícitamente el control británico sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos (1.639.900 km² invadidos por el Reino Unido) y avanzar en todo el Atlántico Sudoccidental y tener injerencia sobre asuntos de la administración de Argentina en la Zona Económica Exclusiva y promover mecanismos como Áreas Marinas Protegidas (AMP) y “organizaciones regionales de gestión” que requieren «Estados soberanos» o «ribereños» choca directamente con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional porqué la Argentina no puede ni debe directa o indirectamente otorgarle estatus de “Estado Ribereño” al Reino Unido.

Por otra parte, una interpretación sistemática de los 72 artículos y los 2 Anexos del Acuerdo, por parte de un acreditado académico del derecho internacional público, arroja como conclusión que, entre otras consecuencias negativas «se consolidaría la ocupación fáctica e ilegal del Reino Unido sobre los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich el Sur y los territorios marítimos correspondientes, teniendo en cuenta los Artículos 5º, 6º, 8º y 60º10 del Acuerdo en cuestión. Desde la adopción de la CONVEMAR, lejos de fortalecer los componentes del llamado “nuevo derecho del mar” y su delicado equilibrio de competencias, alcanzado tras varios años de intensas negociaciones, se fueron gestando mecanismos de ingeniería jurídica, constituida por los llamados “instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes” y los llamados “actores interesados”; conformándose en una arquitectura de soft law (derecho blando) que fue diseñando diferentes artefactos de plasticidad jurídica y, la adopción de estos instrumentos plasma deliberadamente el funcionamiento de un esquema diseñado en favor de los países con gran capacidad en materia de biotecnología que disponen de la necesaria infraestructura, conocimiento y recursos, en perjuicio de los países en desarrollo ricos en biodiversidad».

Y Continúa «Del análisis del Acuerdo se podría cristalizar la existencia de un grupo de Estados que se encargó de modificar las reglas del manejo de los recursos naturales del mar desde modelos de soft law a lo largo de los años que consolidan la ocupación fáctica de áreas en disputa conforme a sus intereses» y, el acuerdo «establece implementar una “mayor cooperación” para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Art. 2º).

Y agrega: «Respecto del alcance operativo sobre la base de la arquitectura jurídica, el acuerdo establece una serie de institutos y mecanismos a los que se le reconocen importantes facultades, mientras que los Estados Parte no logran obviar la generación de fenómenos jurídicos especiales, como es el caso de la configuración de la “situación objetiva” que entraña explícita o implícitamente el reconocimiento de riberaneidad en áreas ocupadas o en disputa por el Reino Unido, aunque ello ocurra en el entendimiento de que no habrá posibilidades de efectuar reclamos de soberanía y no se considerarán las disputas, el reconocimiento efectuado por los Estados Parte en el proceso de formulación y evaluación de propuestas, así como en las evaluaciones de impacto ambiental, entre otros desarrollos normativos, instala un vínculo normativo entre los Estados involucrados y el Estado ribereño. Tal vínculo tiene carácter autónomo y persistiría aún en el caso de que una propuesta en cuestión no prosperase o incluso en la hipótesis de que el propio Acuerdo perdiera vigencia. En consecuencia, todo el sistema de gestión de los recursos fuera de la jurisdicción nacional cristalizará la situación actual mediante el reconocimiento del status quo vigente en términos fácticos representando una amenaza concreta de impacto sensible en la Cuestión Malvinas, pues conllevaría un reconocimiento de la riberaneidad del Reino Unido en las áreas ocupadas y/o en disputa ante toda acción que se proyecten los ocupantes ilegales de las islas, mediante las herramientas que ofrece el propio Acuerdo».

Para finalmente precisar «En términos simples, desde que los órganos del Acuerdo no interferirán en disputas de soberanía, cada medida que el Reino Unido tome en un área argentina ocupada en forma prepotente, no podrá ser cuestionada por nuestro país y podría resultar admitida por otras Partes en el Acuerdo, en abierta incompatibilidad con la DTP de la Constitución Nacional Argentina».

El acuerdo promueve organizaciones regionales formadas por «Estados soberanos» que han cedido sus competencias. Esto, podría legitimar al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Suroccidental, permitiendo una mayor penetración británica, quien obtendría más licencias pesqueras ilegales en Malvinas y consolidaría la política británica de establecer en los archipiélagos de ultramar que controla un “Cinturón Azul” (“Blue belt”) de protección, que pretendería repetir en Malvinas, cuándo ONG norteamericanas (Ej. WCS) y hasta diputados nacionales promovieron un Área de Protección Bentónica en el llamado “Agujero Azul” formando parte del referido cinturón, pudiendo causar un grave perjuicio a la flota pesquera argentina, beneficiando los intereses ilegales de la Corona Británica en Malvinas.

Desde el punto de vista ambiental, para el manejo de la Argentina de este “Agujero Azul” solo bastaría con el dictado de una Resolución del Consejo Federal Pesquero para controlar las capturas con redes de fondo en la plataforma continental argentina por parte de las fuerzas navales argentinas y no un AMP.  

Si alguien cree que la pesca ilegal en alta mar se resolverá con este acuerdo no conoce la política de los países que pescan a distancia que, también acordaron eliminar los subsidios a la pesca en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no lo hacen. No se trata sólo de una cuestión biológica sino eminentemente económica. Antes de este Acuerdo, debería resolverse el control de origen de los buques que pescan fuera de la jurisdicción; establecer las capturas máximas sostenibles para determinar la potencialidad y sostenibilidad de los recursos y, regular la pesca de los recursos migratorios de los Estados ribereños en alta mar.

El Poder Ejecutivo Nacional no ha enviado al Congreso para su ratificación el Acuerdo (Art. 75° inc. 22 de la C.N.) y en ello han coincidido los gobiernos de Fernández y Milei, seguramente, por la presión que han ejercido expertos, políticos, pescadores y legisladores que demostraron el daño de su ratificación.

Algunas ONG ambientalistas como WCS, WWF, Oceana y el Círculo de Políticas Ambientales han apoyado la ratificación del acuerdo sin precisar con rigor los fundamentos ambientales ni referirse a las implicancias de la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur. Las tres primeras recibirían aportes de organizaciones de terceros países (Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros) y la tercera, de escasa antigüedad, integrada mayoritariamente por miembros de ex Greenpeace, sus directivos y coordinadores recibirían un sueldo cuyo origen se desconoce. En cualquier caso, es frecuente que muchas ONG sostengan cuestiones ambientales sin evaluar el contexto político, las cuestiones económicas que dan sostén a los pueblos y las políticas de Estado. A nuestro juicio los fondos de terceros países u organizaciones deberían redirigirse a Agencias Públicas o semipúblicas de modo que la estrategia ambiental esté en manos del Estado y no en organizaciones privadas que pueden no tener un interés amplio e incluso intereses contrarios a los nacionales según la fuente de financiación que reciban las ONG. Este podría ser el caso, con gran parte del Atlántico Suroccidental invadido por el Reino Unido, donde se podría poner “el caballo atrás del carro”: no hay medio ambiente a preservar si no hay soberanía.

Además, y muy importante, hay autores que entienden que “el BBNJ podría confrontar con el Tratado Antártico, donde Argentina mantiene sus reclamos suspendidos. Al tratar la Antártida como «alta mar» internacional, podría diluir soberanías latentes, favoreciendo a potencias como el Reino Unido”.

Pese a que Argentina no ha ratificado el acuerdo, la falta de políticas del gobierno nacional llevaron a que Brasil y Uruguay lo ratificasen, lo cual debilita la posición de un bloque monolítico en el Atlántico Sur. Por otra parte, Estados Unidos y el Reino Unido no lo ratificaron e Israel ni siquiera lo firmó, lo que hace suponer que Milei tampoco lo ratificará, por su reconocido acompañamiento a las políticas norteamericanas, entre otras, el reciente retiro de organismos multilaterales que debilitarán a las Naciones Unidas y, es probable, que esta incongruencia de la política internacional por primera vez nos sea útil.

Con alguno de los fundamentos precedentes y otros, el ex Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y actual Concejal de Mar del Plata Gustavo Pulti consideró improcedente la firma de este acuerdo por el parte del Poder Ejecutivo Nacional y exhortó al Congreso de la Nación para que en uso de sus facultades constitucionales establecidas en el Artículo 75º inc. 22 de la Constitución Nacional proceda a desechar el Acuerdo (Expte. D-2193/24-25), por considerar que se violaría en forma irreversible y grave la soberanía argentina en relación con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los demás archipiélagos y las aguas correspondientes, en manifiesta incompatibilidad con la DTP de la Constitución Nacional. Posición que acompañamos.

La Soberanía de la Nación no puede estar en manos exclusivas de técnicos y/o militares, sino que debe resguardarse mediante acciones políticas, económicas, militares, sociales y ambientales; con especialistas con profundo compromiso por el interés nacional, que tengan en cuenta el interés supremo de la Nación, muy particularmente su integridad territorial -por la que dieron la vida nuestros héroes- considerada una política de Estado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional a la que deben subordinarse todas acciones de administración del Estado.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar.

LECCIONES DE LA GUERRA DE LAS MALVINAS PARA CHINA

Antonio Luna Carrasco*

La Guerra de las Malvinas, también conocida como el Conflicto del Atlántico Sur, fue un enfrentamiento armado entre Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en 1982. Este conflicto surgió por la disputa soberana sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), un archipiélago remoto en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina y a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido.

La reclamación de soberanía argentina está respaldada por un relato histórico sin sesgos, donde los ingleses usurparon la legitimidad argentina por el simple argumento de la fuerza, en plena expansión para dar bases navales en los océanos para la Royal Navy, en una época donde no existía el Canal de Panama y el paso por el Estrecho de Magallanes era obligado para pasar del Atlántico al Pacifico. El adanismo británico los lleva a bautizar como Drake Passage un paso próximo al Estrecho de Magallanes, a pesar de que Magallanes pasó el 21 de octubre de 1521 y Drake, el mismo día de 1578, 57 años después. El modelo anglosajón de expansión impuso que la isla fuera repoblada por británicos y los lugareños fueran «expulsados», con lo cual se garantizaron que cualquier consulta de autodeterminación futura el resultado estuviera garantizado.

Figura 1 Mapa

El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas recuperaron las islas en una operación sorpresa, capturándolas rápidamente. El Reino Unido respondió enviando una fuerza tarea naval y militar para recuperar el territorio, lo que resultó en una guerra que duró 74 días y concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982. El conflicto causó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, además de miles de heridos.

Aunque fue un conflicto de escala limitada, la Guerra de las Malvinas ofrece valiosas lecciones estratégicas, operativas y tácticas, especialmente en el contexto de disputas insulares y operaciones anfibias a larga distancia. Para China, con una configuración y pretensiones similares en Taiwán y el Mar del Sur de China, este episodio histórico es particularmente relevante. Taiwán, una isla a unos 180 kilómetros de la costa china continental, representa un escenario similar: una potencia continental (Argentina/China) con pretensiones soberanas sobre una isla remota que hipotéticamente podría ser defendida por una potencia naval distante (Reino Unido/Estados Unidos y aliados). Según análisis como el publicado en The Diplomat, las similitudes tácticas y geopolíticas hacen que las Malvinas sean un caso de estudio para un posible conflicto por Taiwán, aunque el trabajo del The Diplomat tiene un elevado sesgo anglófilo, obviamente[1]. Expertos chinos han estudiado el conflicto desde la década de 1980, extrayendo lecciones sobre logística, superioridad aérea y naval, y la importancia de la disuasión.

En este artículo, desglosaremos las lecciones en tres apartados principales: guerra terrestre, guerra naval y guerra aérea. En cada uno, primero resumiremos el desempeño argentino durante el conflicto, basado en fuentes históricas, y luego extraeremos lecciones aplicables a China, teniendo en cuenta las similitudes y discrepancias de cada caso. Viendo los programas tecnológicos militares chinos, muchos han sido asimilados, aunque otros aún no. El enfoque estará en cómo Argentina, a pesar de ventajas iniciales, falló en mantener el control debido a deficiencias logísticas, tecnológicas y estratégicas. Para China, que posee un ejército moderno y recursos vastos, estas lecciones podrían informar estrategias para un asalto anfibio a Taiwán, donde la distancia, el terreno montañoso y las alianzas internacionales complicarían cualquier operación.

El análisis subraya que, aunque la tecnología ha evolucionado (con drones, misiles hipersónicos y ciberoperaciones en el arsenal moderno), los principios fundamentales de la guerra insular permanecen: el control del mar y el aire es crucial para el éxito terrestre, y la logística es el hilo conductor que une todo.

Guerra terrestre: la lucha por el terreno y la logística

La guerra terrestre en las Malvinas representó el núcleo del conflicto una vez que las fuerzas británicas desembarcaron. Argentina inició el conflicto con una ventaja aparente: capturó las islas con facilidad el 2 de abril de 1982, mediante una operación anfibia que involucró a unos 600 comandos y marines, enfrentándose a una guarnición británica de solo 68 Royal Marines y 11 marineros. La invasión, conocida como Operación Rosario, fue un éxito táctico rápido, con mínimas bajas y el control total de las islas en horas. Sin embargo, el desempeño argentino en la fase defensiva posterior no fue el óptimo, debido principalmente a la falta de una cadena logística que mantuviera la operatividad de la fuerza desplegada, lo que llevó a su derrota.

Argentina desplegó alrededor de 12.000 tropas en las islas, organizadas en brigadas de infantería, artillería y unidades especiales. La mayoría eran conscriptos jóvenes, con solo 18-20 meses de entrenamiento básico, y muchos carecían de experiencia en combate. Las fuerzas incluían la X Brigada de Infantería Mecanizada, la III Brigada de Infantería y elementos de la Infantería de Marina. El terreno de las Malvinas —pantanosos, montañosos y expuestos a vientos fuertes— favorecía a los defensores. Las posiciones defensivas alrededor de Puerto Argentino (Port Stanley) eran estáticas, con trincheras y fortificaciones, pero sufrieron de problemas logísticos graves: escasez de suministros, equipo inadecuado para el frío (muchos soldados usaban botas de verano) y moral baja debido a la falta de rotación y apoyo aéreo/naval consistente.

Los británicos desembarcaron en San Carlos el 21 de mayo de 1982, con la 3 Commando Brigade y la 5 Infantry Brigade, totalizando unos 5.000 hombres inicialmente. A pesar de ser superados en número (2:1 a favor de Argentina), los británicos avanzaron con tácticas de infantería ligera, ataques nocturnos y superioridad en entrenamiento. Batallas clave como Goose Green (28 de mayo), donde 450 paracaidistas británicos capturaron a 1.200 argentinos, dan una idea de la superioridad aérea con que contaban los ingleses: rendición prematura, pobre coordinación y artillería limitada por munición escasa. En Mount Longdon, Tumbledown y Wireless Ridge (11-14 de junio), las fuerzas argentinas resistieron inicialmente pero colapsaron bajo presión continua, con fricciones internas entre oficiales y tropas —incluyendo abusos reportados— que minaron la cohesión.

El general Mario Menéndez, comandante argentino que había planteado un sistema de defensas fijas, rindió las islas el 14 de junio tras la caída de las defensas periféricas. Argentina perdió 194 soldados en combates terrestres frente a 150 los ingleses, pero el verdadero fallo fue estratégico: subestimaron la capacidad británica para proyectar poder a distancia, considerar que Estados Unidos no apoyaría con medios a los ingleses y, sobre todo, no mantuvieron líneas de suministro viables. La Armada Argentina se retiró temprano, dejando a las tropas aisladas, y el apoyo aéreo fue insuficiente para contrarrestar el avance británico.

Para China, estas lecciones son críticas en un escenario hipotético de invasión a Taiwán. El Ejército Popular de Liberación (EPL) es masivo, con más de 2 millones de efectivos, pero un asalto anfibio a Taiwán requeriría transportar decenas de miles de tropas a través de 180 km de mar agitado, bajo fuego enemigo. Al igual que Argentina, China enfrentaría un defensor atrincherado en terreno montañoso, con posibles aliados (EE.UU., Japón) proporcionando apoyo. Estudios chinos, como los citados en Survival[2], enfatizan que la victoria argentina inicial en la invasión resalta la importancia de la sorpresa, pero la derrota posterior subraya la vulnerabilidad de fuerzas aisladas sin reabastecimiento.

China ha invertido en capacidades anfibias, con buques como el Type 075 LHD y brigadas marinas, pero el «tren logístico» —el flujo continuo de municiones, combustible y tropas— sería el talón de Aquiles. Las cantidades y modelos de aviones de transporte militar son insuficientes, debiendo incrementar en al menos un 100% los de hélice que tienen. El total del que disponen es: Xian Y-20 (similar al C5) cantidad 100; Ilyushin Il-76MD (similar al C17) cantidad 20; Shaanxi Y-30 (similar al A400M) cantidad 100; Shaanxi Y-9 e Y.8 (similar al C130 Hercules) cantidad 60; Xian Y-7 (similar al C295) cantidad 50; Shijiazhuang Y-5 (similar al CN235) cantidad 100. En las Malvinas, Argentina solo tenía en transporte aéreo apenas 8 C130 Hercules, lo cual fue una gran deficiencia.

Otro fallo argentino fue que no se hizo una defensa avanzada una vez se llevó a cabo la ocupación. Los argentinos, con solo dos aviones cisterna, operaban desde territorio continental, y eso otorgó la iniciativa operativa a los ingleses, dado el escasísimo tiempo de operaciones. Esto otorgó a la Royal Navy superioridad naval; en Taiwán, es improbable que si se tomara la isla y se hiciera un despliegue de defensa avanzada en la isla los norteamericanos puedan tener la iniciativa.

Los misiles antiacceso (A2/AD) chinos podrían disuadir a EE.UU., pero cualquier interrupción (por submarinos o ataques aéreos) colapsaría la operación. Las lecciones incluyen la necesidad de reservas masivas, entrenamiento en condiciones adversas y integración con ramas navales y aéreas para proteger convoyes.

Como conclusión, mantener el tren logístico es clave para el éxito en guerra terrestre insular. Esto requiere supremacía naval para el transporte y supremacía aérea para la cobertura, evitando el aislamiento que condenó a Argentina. Para China, esto implica desarrollar doctrinas dinámicas, no estáticas. No esperar a que lleguen, sino «salir a cazarlos cuando salgan». Teatro de operaciones, el mar, la mar.

Guerra naval: el control de las aguas y el rol submarino

La guerra naval en las Malvinas fue decisiva, aunque asimétrica: Argentina poseía una armada moderna pero subestimó la proyección de poder británica. El desempeño argentino comenzó con éxito en la invasión, donde la Armada Argentina (ARA) transportó tropas sin oposición significativa. Sin embargo, tras el traicionero hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión decretada, y todavía en la mesa de negociaciones, y sin previo aviso, la Armada se retiró a aguas costeras, cediendo el control marítimo.

Argentina desplegó una flota que incluía el portaaviones ARA Veinticinco de Mayo, cruceros como el Belgrano, destructores y submarinos (dos operativos: ARA San Luis y ARA Santa Fe). El Santa Fe fue dañado y capturado temprano, mientras que el San Luis intentó ataques pero falló por problemas técnicos en torpedos. La Armada Argentina evitó confrontaciones directas después del Belgrano, que resultó en 323 muertes y un golpe moral. En cambio, se enfocó en apoyo aéreo-naval, como el uso de aviones Super Étendard con misiles Exocet para hundir buques británicos (e.g., HMS Sheffield y Atlantic Conveyor).

El retiro naval dejó a las tropas terrestres vulnerables, sin refuerzos marítimos efectivos. Argentina perdió el Belgrano y otros buques menores, mientras que los británicos sufrieron daños pero mantuvieron la fuerza tarea intacta. Esto da una idea de que los miembros de la Junta Militar argentina pensaron que se aplicaría lo que se conoce como hechos consumados y no habría reacción británica con una operación militar. Algo parecido al principio que estos días vemos con la operación militar norteamericana en Venezuela, con falta de reacción internacional y mutismo de los foros de gobernanza.

Para China, la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) es la más grande del mundo, con más de 370 buques, incluyendo 4 portaaviones como el Liaoning, Shandong, Fujian y el que hay en construcción desde hace 2 años y estará en servicio para 2029. En un conflicto por Taiwán, el control naval sería esencial para bloquear la isla y apoyar desembarcos. Las Malvinas enseñan que una armada continental puede ser neutralizada por submarinos enemigos, como hizo el Conqueror. China ha expandido su flota submarina (más de 60 unidades, incluyendo nucleares), pero enfrenta amenazas de submarinos estadounidenses (Virginia-class) y aliados. Los chinos han apostado abiertamente por el arma submarina, una de las lecciones bien traída de la guerra de las Malvinas.

En submarinos China debe ampliar la cantidad de submarinos de ataque de furtividad alta. Suponiendo que, por el estilo americano, estos desplieguen 4 o 5 NCG (Naval Carrier Group) de los 9 operativos, necesitarían para llevar a cabo tácticas avanzadas, unos 4 por cada NCG, en total 20, no los 6 planeados del Type 096, pero no deberían descartar tener reemplazos, para actuar de señuelos, y deberían por tanto tener al menos 30.

Lecciones incluyen la necesidad de guerra antisubmarina avanzada (ASW), usando destructores Type 055 y helicópteros, y el valor de portaaviones para proyección. Argentina falló al tener los submarinos fuera de servicio. Además, el uso de minas y drones submarinos podría denegar acceso a EE.UU., similar a cómo Argentina intentó (sin éxito) minar áreas.

Como conclusión, el uso del arma submarina es esencial para mantener la logística y el control de las aguas de la zona. En las Malvinas, un solo submarino británico paralizó la Armada Argentina; para China, invertir en submarinos stealth y ASW podría asegurar rutas marítimas a Taiwán, previniendo un aislamiento similar.

Guerra aérea: el dominio de los cielos y los enablers tecnológicos

La guerra aérea fue el dominio donde Argentina mostró su mejor desempeño, brillante, sobre todo si tenemos en cuenta las limitaciones de enablers como la capacidad de repostaje en vuelo y operar desde suelo continental. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Aviación Naval operaron desde bases continentales, a 700 km de las islas, lo que limitó su radio de acción. Contaban con unos 120 aviones operativos, incluyendo Mirage III, Dagger, Skyhawk y Super Étendard. El 1° de mayo de 1982 comenzaron ataques intensos contra la flota británica, usando tácticas de bajo nivel para evadir radares.

El éxito más notable fue el uso de misiles Exocet: solo cinco aire-tierra disponibles, pero hundieron el HMS Sheffield (4 de mayo) y dañaron otros. Los pilotos argentinos volaron misiones heroicas, causando 24 bajas británicas y dañando múltiples buques. Sin embargo, perdieron 75 aviones (muchos por defensas antiaéreas como Sea Dart y Rapier), debido a falta de repostaje en vuelo (solo dos KC-130 limitados) y a que las bombas lanzadas no tenían tiempo de cebarse desde el lanzamiento. Innovaciones como chaff casero (hecho con máquinas de pasta) mostraron ingenio, pero no compensaron las limitaciones.

Los británicos dominaron con Harriers desde portaaviones, principalmente por la ventaja otorgada por los norteamericanos al transferirle el nuevo misil AIM-9-L Sidewinder en las islas Ascension, durante el tránsito, lo que disparó su efectividad del 15% (el que tenían los misiles argentinos) al 85% (dado que se podían disparar desde cualquier posición) logrando superioridad aérea local. Argentina falló en 46% de misiones por cancelaciones o fallos en armas.

Para China, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) es avanzada, con J-20 stealth y misiles PL-15, que en su variante PL-15E ya demostró en manos de Paquistán en el verano de 2025 que puede batir a los Rafales con radar AESA de la India. Los misiles son el punto fuerte de China, y la lección bien aprendida de la guerra de las Malvinas, y que han puesto en práctica y son lideres absolutos.

Para contrarrestar esto, los Estados Unidos se han lanzado a la carrera por los drones, el loyal wingman como lo denominan irónicamente, que ya se ha convertido en un avión independiente sin necesidad de ir tutelados por los F35. Dados los alcances y autonomías de los aviones norteamericanos, los pilotados no llegan a superar el alcance de misiles, por eso la única vía que les queda a los estadounidenses son los drones con IA. El programa CCA (Collaborative Combat Aircraft) en la versión «no loyal wingman» sino autónomo plenamente. El factor humano aquí es un lastre operacional y, sobre todo, viendo el alcance de las armas chinas.

En Taiwán, la distancia corta favorece, pero EE.UU. podría intervenir con F-35. Las lecciones de Malvinas: armas antibuque de larga distancia (como YJ-21 hipersónico) y repostaje en vuelo (con YY-20U) son enablers clave. Argentina casi triunfó con Exocets pero erró en no tener más aviones cisterna disponibles. China parece no haber aprendido el error de Argentina en cisternas y apenas tiene 30 en operación. Muy insuficiente frente a los 600 norteamericanos. Este es un error de juicio y cálculo de los planificadores chinos.

Como conclusión, la relevancia de las armas antibuque de larga distancia y el repostaje en vuelo fueron los enablers que hicieron que los argentinos tuvieran un desempeño brillante, un casi. Para China, integrar estos en doctrinas A2/AD podría disuadir intervenciones, asegurando superioridad aérea sobre Taiwán.

Conclusión

La Guerra de las Malvinas demuestra que en disputas territoriales insulares el éxito radica en la integración efectiva interarmas y en una logística sólida. Argentina combatió con honor y, en particular, exhibió un desempeño brillante de su aviación. Para China, la aplicación de estas lecciones —como el soporte logístico terrestre respaldado por componentes navales y aéreos, el empleo de submarinos para el dominio marítimo y el uso de facilitadores (enablers) aéreos— le otorga numerosas ventajas para prevalecer en un eventual intento de recuperar Taiwán.

No conviene olvidar que China ostenta el estatus de potencia nuclear, lo que hace improbable una intervención externa que no contemple el riesgo de una escalada atómica. Lo más plausible es que, ante la toma de las islas, no se produzca una respuesta significativa; no obstante, Pekín debería prepararse para evitar el yerro de la Junta Militar argentina y considerar lo improbable: una operación militar adversaria. En cualquier caso, inauguramos 2026 con un hecho consumado: la intervención militar estadounidense en Venezuela, avalada por la aquiescencia internacional y que reduce el derecho internacional a un mero formalismo. No resulta descabellado que China, con argumentos históricos más sólidos que los de Estados Unidos para unificar su territorio —incluida Formosa—, decida actuar, aunque, a la luz de sus sistemas de armamento, su punto óptimo se proyecta para 2027-2028. El de Estados Unidos, en cambio, se sitúa en 2030. Así, se abre una ventana de oportunidad de dos años.

* Antonio José Luna Carrasco ha trabajado varios años en Automoción (Valeo, Grupo PSA); Aeroespacial (TAM, CESA hoy Heroux-Devtek, Airbus Military); Defensa (General Dynamics ELS SBS y Ministerio de Defensa (Isdefe)); Administración (Áreas de Industrial del Estado y Comunidad de Madrid. De Formación Ingeniero Industrial de la UAX, con tres masters (Ingeniería Automoción en INSIA; Stanford Advanced Certified Project Manager y MBA por UAX).

 

Referencias

[1] Mitchell, Martin. «The Falklands War of 1982: Lessons for a Potential 21st Century China-US Conflict Over Taiwan». The Diplomat, October 19, 2024, https://thediplomat.com/2024/10/the-falklands-war-of-1982-lessons-for-a-potential-21st-century-china-us-conflict-over-taiwan/.

[2] Goldstein, Lyle. «China’s Falklands Lessons». ResearchGate, 08/09/2008, https://www.researchgate.net/publication/249054466_China’s_Falklands_Lessons.

 

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