Comencemos por rememorar que el soberbio imperio británico apeló a todo tipo de ardid diplomático (extorsiones incluidas) para que se conformara una Comisión Arbitral en 1899, sin la presencia de la representación venezolana.
Dicho jurado, compuesto por ingleses, estadunidenses y un ruso prevaricador, decidió despojarnos de manera vil, descarada y vergonzosa, de la denominada Guayana Esequiba, con el conocido laudo sentencial, concluido en París el 3 de octubre de ese año.
De tal manera que hemos sostenido la referida contención desde hace más de un siglo; ayer, quienes nos antecedieron en esta gesta reivindicadora y hoy quienes enfrentamos esta lucha, en todos los frentes.
Lo hacemos convencidos de que nos asiste la razón; porque, además, tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos (que no admiten prueba en contrario), cartográficos, sociales y políticos.
Estamos dispuestos a continuar, en las instancias que sean necesarias, hasta que se logre hacer justicia a Venezuela por el daño patrimonial territorial que se nos perpetró.
La contraparte en este asunto litigioso sabe que tenemos Justos Títulos, que han sido traslaticios desde que nos constituimos como Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777, por Real Cédula de Carlos III.
No es poca cosa la que queda implícita y abarca el reclamo. Hablamos de una séptima parte de nuestra extensión territorial, con su respectiva proyección atlántica; y de un conglomerado de compatriotas, Esequibanos, con quienes debemos tejernos en absoluta identidad nacional.
Sin embargo, prestemos atención a la estrategia que ha venido jugando la excolonia británica en este asunto.
Guyana, que siempre estuvo rechazando la posibilidad de la figura del Buen oficiante, introdujo una demanda, en el año 2018, contra nuestro país, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Dicha demanda acaba de ser ratificada el 08 de marzo del 2022; pidiendo, en esta ocasión, que se nos sentencie en ausencia.
Aunque jugamos bien, entonces en el inicio del juicio, la carta de la No Comparecencia; debemos ser responsables ante Venezuela, y manifestar que el mandado no está hecho, completamente. Hay que afinar las próximas decisiones jurídicas al respecto. Tenemos una cita pendiente para el 08 de marzo del 2023.
Hago esta seria advertencia: como recurso procesal la No Comparecencia es perfectamente admisible y aplicable conforme al Derecho Internacional Público; pero no basta —eo-ipso— para resolver jurídicamente el pleito.
No obstante, dejamos sentado, ante la opinión pública nacional, que por el solo hecho de habernos decidido por la No Comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de la demanda que interpuso el gobierno guyanés contra Venezuela, todavía no obtenemos la solución definitiva en la controversia, por el área que vilmente nos arrebataron.
La situación se encuentra en condición de imprejuzgada (nada resuelto conforme a derecho); a pesar de lo que la contraparte alude e invoca. Nada de Cosa Juzgada ni laudo arbitral ejecutoriado.
Permanentemente lo hemos expuesto que nuestro país nunca ha aceptado la decisión arbitral que nos despojó de la citada extensión territorial y su consecuente proyección atlántica.
Invocar la No Comparecencia, como lo hizo nuestra delegación, resultó, ciertamente, una postura estratégica inteligente; y evitó que los coagentes de la excolonia británica se salieran con la suya en la celada jurídica tendida.
Es verdad que la No Comparecencia nos da un respiro, pero no aporta un último desenlace en esta histórica contención.
Sin embargo, reconozcamos, con carácter de autocrítica generalizada, que hemos tenido demasiada desidia para mantener altivo el interés en la opinión pública nacional por la Guayana Esequiba.
No exageramos si decimos que hay compatriotas que se pierden en el mapa, y no logran precisar dónde les queda ese inmenso territorio de nuestra geografía que vilmente nos arrebataron.
Asumamos, modestamente, que todo lo hecho hasta ahora parece que resulta poco para tamaño emprendimiento.
Debemos redoblar nuestro tiempo para seguir haciendo más labor de reivindicación venezolanista, por nuestra Guayana Esequiba; dejando a un costado cualquier sesgo ideológico o partidista que intente diferenciarnos en este noble propósito.
Un aspecto bastante significativo y destacable —que no nos intimida— es que ellos están asesorados por abogados con experiencias en controversias entre Estados, y financiados por compañías estadounidenses, canadienses, holandesas, chinas que explotan nuestros recursos petroleros, energéticos, hídricos, mineros, madereros, de flora y fauna en general.
Guyana y su equipo de asesores han jugado, con tenacidad, en los últimos dos años la estrategia jurídica. Poco les han importado las otras alternativas de solución contempladas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y reflejadas en el texto del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, vale decir: la negociación, la mediación, la conciliación; en sí mismas, son vías expeditas y pacíficas para alcanzar una avenencia “práctica y satisfactoria” para ambas partes.
Así también, la delegación guyanesa ha demostrado que está dispuesta a jugársela completa; inclusive hasta con una extraña y tramposa manipulación del propio Estatuto de la Corte, en su artículo 53.
Resalta el hecho con demasiada suspicacia, de que el gobierno guyanés se muestre esperanzado que tal vez están próximos a “una decisión final y vinculante que resuelva esta controversia. Que permita a Guyana y Venezuela desarrollar relaciones como Estados vecinos”.
El párrafo anterior está contenido en la declaración oficial del gobierno de Guyana, una vez que se conoció que la Corte iba a citar a las partes conflictuadas para la fase oral y a la consignación del respectivo memorial de ratificación (para ellos) y de contestación de la demanda (para nosotros).
Siendo así, por lógica deductiva se llega a conocer que Guyana tampoco acredita a la írrita y nula sentencia arbitral como Ejecutoriada o Cosa Juzgada. No está muy segura. Y no lo está porque no tiene el más mínimo documento jurídico, histórico o cartográfico que respalde lo que pide ante la sala sentenciadora de La Haya.
Si la excolonia británica solicita a la Corte —en la interposición del recurso en contra nuestra— que resuelva definitivamente este pleito centenario, es porque admite que tal controversia no ha sido resuelta. Están aceptando que el caso se encuentra imprejuzgado; tal vez, por serios e inexcusables defectos en los requisitos y presupuestos procesales. Así entonces, todavía deben concurrir y aportarse muchos otros elementos, en la oportunidad que sean exigidos por el Alto Tribunal, para que pueda producirse una resolución —ipso juris— en virtud y estricto derecho.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Miembro de la ONG “Mi Mapa de Venezuela”. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.
El USS United States derrota al HMS Macedonian, octubre de 1812. Dominio público.
Hasta muy avanzado el siglo XIX, Estados Unidos otorgó una particular atención al desarrollo del poder naval. Ello se debió a situaciones internas como por ejemplo las guerras de independencia contra el Reino Unido que incluyeron batallas navales. Pero la poca población y la falta de experiencia del gobierno estadounidense priorizaron a la expansión continental sobre la marítima. Bajo el control británico persistía la economía mercantilista y Estados Unidos no controlaba las líneas marítimas para el transporte de abastecimientos. Ello se debió tanto a decisiones gubernamentales como a la debilidad financiera del momento. El contexto internacional se mantenía convulsionado por la Revolución Francesa y las posteriores coaliciones contra Napoleón.
Evolución
Con el arribo de la independencia, lo que quedaba de la Marina Continental del nuevo Estado fue desguazado o vendido. Bajo los artículos de la Confederación, el Gobierno Federal carecía de fondos para adquirir armas de combate. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos creó un nuevo gobierno federal con mayores poderes, que incluyeron la posibilidad de crear y mantener una fuerza naval nacional, otorgándole la responsabilidad de mantener dicha marina a su presidente bajo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y Marina nacionales. De todos modos el país continuaba sin medios económicos para crear una Marina.
Desde que lograron la independencia, los buques mercantes estadounidenses —ya sin la protección de la marina británica—, eran atacados por corsarios en África del Norte, región controlada por jefes militares localizados en Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli que extraían tributo de las naciones acordando no asaltar sus buques. Al respecto Thomas Jefferson en 1786 señalaba a John Adams que si había que comprar la paz era preferible hacerlo sin dilaciones pero que prefería lograrla por medio de la guerra. Justificaba su opinión en razones de justicia y de honor, además de la necesidad de ganar el respeto de Europa —para Thomas Jefferson el pago por protección era un signo de debilidad que causaría más problemas con otras naciones— y proveer al gobierno federal del más seguro de los instrumentos de coerción contra sus propios miembros y alejarlos del uso de lo que pudiera resultar menos seguro….”[1]. Sostenía que el pago de tributo podía ser invertido en la construcción de una flota.
A pesar de sus alegatos, el Congreso no tomó decisiones sobre la creación de una marina hasta 1790-91, cuando la situación en el Mediterráneo escaló y se comenzó a evaluar el costo de crear una fuerza para enfrentar este problema. En ese tiempo el Congreso apoyó la construcción de buques para las flotas mercantes y pesqueras, que pudieran ser usados en caso de guerra y así ahorrar el dinero necesario para construir una fuerza naval. Sin embargo, la influencia federalista se impuso y logró aprobar la construcción de una gran flota, dotada con naves de guerra. Entre 1792 y 1801 Estados Unidos creó una fuerza naval y la burocracia para gobernarla.
Mediante el Acta Naval de 1794 se instituyó la Marina de Estados Unidos con fondos suficientes para la creación de una fuerza naval destinada específicamente a proteger el comercio de la depredación de los corsarios argelinos —es decir la marina como una institución temporaria—. Se decidió la construcción en roble de las fragatas Constitution, United States, Constellation, Congress, President y Chesapeake. Durante su construcción el Dey de Argelia firmó un tratado de paz con Estados Unidos en septiembre 1795. Desaparecido el peligro corsario —cláusula del Acta Naval de 1794— se debió suspender la construcción de los buques excepto los tres primeros debido a la creciente hostilidad en el mar que enfrentaban las naciones neutrales en las guerras napoleónicas, que se extendieron a la actividad comercial. Francia y el Reino Unido intentaron interrumpirse el comercio y los Estados neutrales resultaron afectados. La firma de un tratado Estados Unidos – Reino Unido en 1794 fue considerado por Francia como una violación a los que había firmado previamente con ella. En marzo de 1797 Francia estableció su derecho a abordar buques de Estados Unidos y controlar la lista oficial de su tripulación. La falta de esta lista —hecho frecuente— autorizaba la captura de la nave. Todos los buques fuera de sus puertos estaban en riesgo —bloqueo marítimo—. En mayo de 1798, el presidente Adams ordenó la recuperación de sus buques en poder de Francia y la captura de los de esa bandera involucrados en depredación o con la intención de hacerlo. Esta decisión implicó efectuar maniobras alejadas de las aguas americanas, en las que actuaron las flamantes fragatas.
Estas instrucciones instigaron formalmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia. La marina estadounidense creció logrando 54 buques de diversos tamaños. Se retomó la construcción de las fragatas interrumpidas por el Acta de 1794 y se inició la construcción de otras siete, además de numerosos buques menores y el alquiler de otras que fueron adaptadas como buques de guerra. En febrero de 1801 un tratado con Francia cesó las hostilidades, los gastos navales dejaron de verse como prioritarios y la flota resultó reducida de 33 embarcaciones a 13.
A su arribo a la presidencia, Jefferson solo permitió la existencia de una pequeña flota destinada al Mediterráneo y buques armados con hasta dos cañones para protección de sus propios puertos con fortificaciones donde la población sería parte de su defensa. Su política era estrictamente defensiva. Posiblemente Jefferson adoptó su posición de los franceses, más frugales en contraste con el Reino Unido. Hoy se considera que este aspecto de su gestión fue erróneo y la demostración sería la tensión Estados Unidos – Reino Unido durante su administración.
Los mayores problemas surgieron a partir de 1805. La mayor virulencia de las coaliciones contra Napoleón hizo que el Reino Unido necesitara de Estados Unidos En 1807, el Secretario de la Marina, Robert Smith, estimó que serían necesarios 257 patrulleros para proteger los puertos de Estados Unidos en el Atlántico y Nueva Orleans, de los cuales solo se construyeron 176 que demostraron ser de costoso mantenimiento y —debido a la madera verde utilizada— se destruyeron rápidamente.
Jefferson veía a la Guerra como una extensión de la política pública, como una herramienta. El flamante Estado solo se limitaría a responder a las hostilidades que se le dirigieran. De esta manera justificaba la resistencia armada para preservar los derechos, es decir defensiva y no agresiva. De todos modos si el objetivo es la preservación del Estado o la destrucción del enemigo, entonces el combate debe absorber a todos los miembros de la sociedad. La presentación de argumentos para los dos estilos de guerra vendría luego con Clausewitz, cuya doctrina superó la de Jefferson[2]. Estados Unidos no podía proyectar fuerza militar o política sobre otras naciones.
Por otra parte el objetivo del presidente era no generar deudas que pesaran sobre las generaciones futuras. Jefferson argumentaba que si el país no podía proteger las flotas comerciales, éstas debían resguardarse en los puertos en tiempo de guerra. Las naciones que necesitaran mercaderías estadounidenses serían las encargadas de ir a buscarlas y aceptar la responsabilidad de transportarlas en sus propios buques. Este uso estratégico del control comercial también fracasó. La estrategia marítima ofensiva de esa hora era la regulación de la fuerza comercial estadounidense, implementada en la forma de embargos temporarios a las exportaciones nacionales —el objetivo era proteger a los barcos, marinos y propiedades mercantiles— y de embargos totales a las exportaciones e importaciones británicas como arma ofensiva de persuasión económica[3]. En 1808 falló el embargo.
Con la asunción del presidente James Madison en marzo 1809, poco cambió respecto de la marina. La guerra económica con el Reino Unido se había iniciado con el incidente Chesapeake/Leopard en junio de 1807 y a pesar de que se aproximaba la guerra de 1812 el programa de ampliación comenzó a perder momentum. Hacia 1811 los únicos barcos en construcción habían sido ordenados antes; los existentes —de madera— estaban en su mayoría en descomposición y muchos en uso requerían reparaciones. En 1812 Estados Unidos tenía 17 embarcaciones capaces de aventurarse en el mar, nueve eran fragatas y el resto embarcaciones menores, en tanto la Marina Real contaba con 1048, 117 de ellos fragatas. De todos modos la guerra se planeó por tierra y contra Canadá, abastecedora del Reino Unido. La preparación de estos efectivos dio tiempo a la marina para preparar algunos barcos. El primer año de la guerra arrojó indiscutibles victorias estadounidenses en el mar, en parte debido a que la marina británica también debía controlar la defensa contra Napoleón o proteger su flota comercial. El segundo año el Reino Unido fortaleció el bloqueo de los puertos y el comercio de Estados Unidos, paralizando la economía. La confianza en una estrategia marítima defensiva resultó inadecuada para proteger los intereses estadounidenses.
Continuó luego, como parte del “Destino Manifiesto”, la predominancia de expansión territorial hacia el oeste.
En el siglo XX se consideró que la guerra era tan dañina para los intereses comerciales norteamericanos como una Europa bajo una potencia única que controlara el acceso al comercio continental en detrimento de los Estados Unidos. Ahí surgieron las dos tendencias que se mantienen actualmente:
la adquisición de bases ubicadas en lugares estratégicos o el derecho de permanencia o visitas a otros puertos por buques de guerra norteamericanos (y ahora también la permanencia de aviones y fuerzas terrestres);
rechazo de cualquier intento hegemónico desde el continente euroasiático, etapa que coincidió con las teorías de Sir Halford Mackinder.
La cuestión del continuo acceso a los mercados europeos ayudó a los Estados Unidos a enfrentar la Alemania imperial.
El capítulo Mahan en la Historia de Estados Unidos
Acorde con el momento histórico estadounidense —y en parte construyéndolo— la doctrina de Mahan indicaba que una nación debe tomar medidas en el mar para asegurar su dominio político y militar
Alfred Thayer Mahan, (1840-1914), autor de “La Influencia del Poder Marítimo en la Historia, 1660-1783”, escrito en 1890, destacó la importancia estratégica de una efectiva fuerza naval en las naciones victoriosas a lo largo de la Historia argumentando que el poder naval resulta de la posición geográfica, de los abundantes recursos, del carácter nacional y de un gobierno que lo sostenga. Poseedores de todas estas características, los Estados Unidos, “lo deseen o no (…) deben comenzar a mirar hacia afuera”.
Según Mahan dos razones pueden llevar a desear una fuerza naval:
para su uso pacífico, su primera función es proteger el comercio marítimo de la nación[4];
en el caso de una nación con tendencias agresivas constituye una rama del establecimiento militar y un arma de conquista.
Muchas naciones con este propósito también tienen flotas comerciales que desean ver protegidas. Los buques son la proyección táctica directa del poder naval. Son el elemento de la estrategia naval diseñado para proyectarse desde bases protegidas e infligir daños en sus oponentes. Son armas ofensivas en tanto hacen la guerra a gran distancia de su territorio y defensivas al proteger sus flotas comerciales, líneas de comunicación y puertos. Los puertos y fortificaciones, usualmente considerados con propósitos defensivos son por el contrario ofensivos. Sin ellos las marinas no pueden funcionar y las indispensables líneas de transporte y comunicación interior quedan interrumpidas, frustrando el objetivo ofensivo de mantener el comercio y comunicación. Es responsabilidad del gobierno asegurar que en caso de guerra, las provisiones, hombres y armamentos resulten suficientes para proteger la flota mercante.
Las ideas de Mahan tuvieron otras implicaciones. Su política expansiva requería presidentes poderosos. Convencido de que el mundo estaba dividido en poderes navales (Estados Unidos, Reino Unido, Japón) y poderes continentales (como Rusia), animaba a los primeros a unirse y desafiar a los segundos, especialmente en Asia. Su tesis de que una marina eficaz era el basamento de las mayores potencias del mundo fue recibida con gran interés y ejerció enorme ascendiente en funcionarios clave de Estados Unidos, especialmente en los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt, quienes siguieron sus diseños expansionistas: Hawai; construcción de un canal ístmico (Panamá) para que su flota pudiera rápidamente moverse de un océano a otro; la Guerra Hispano-Americana (marzo-agosto 1898), que permitió a Estados Unidos apoderarse de Puerto Rico y Guam e instalar la base norteamericana en el territorio cubano de la bahía de Guantánamo, así como el control total y directo de Cuba hasta 1902 y de Filipinas —hasta 1946— y la obtención de otros territorios en el Pacifico para bases necesarias destinadas a proteger el comercio.
También influyó Mahan en la construcción de una gran marina. En este caso formada por gigantescos buques de guerra que permitieran victorias decisivas. La marina que en 1882 tenía 90 pequeños buques (38 de ellos de madera), se transformó en la siguiente década en la Gran Flota Blanca que ganó la guerra de 1898 y participó en la Primera Guerra Mundial. Mahan fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial: sus ideas justificaron la carrera armamentista naval del Reino Unido -Alemania (y también la de Japón), si bien estaba convencido que no ocurriría una gran guerra. Su trabajo colaboró en la modificación del tradicional sentimiento anti-naval en la mentalidad estadounidense.
Avances territoriales de Estados Unidos entre 1867 y 1947.
El Informe Stratton
Julius A. Stratton encabezó la Comisión sobre Ciencias, Ingeniería y Recursos del Mar y completó en 1969 —a pedido del presidente Ronald Reagan— el informe “Nuestra Nación y el Mar”[5], que sirvió de base conceptual para la formulación de las estrategias oceánicas aplicadas desde entonces por los Estados Unidos Fue una fuente de inspiración para otros países y contribuyó al notable desarrollo del Derecho del Mar en las décadas siguientes (la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas comenzó a sesionar en 1973). Uno de sus resultados más destacados fue la creación de la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera (NOAA), en 1970, y la adopción de nueva legislación sobre la zona costera, en 1972.
Es interesante destacar algunos conceptos vertidos en el capítulo 1 de este Informe: “debido a que las inestabilidades en la situación mundial no pueden resolverse rápidamente, el poder militar seguirá siendo un factor central en las cuestiones mundiales. Los avances actuales en la tecnología militar submarina otorgan a Estados Unidos un importante rol en las capacidades de defensa y prevención en el océano global. En la medida que los usos del mar se multiplican, la misión de defensa de la marina se complica por la presencia de estructuras, vehículos y hombres. Los problemas resultantes solo pueden ser resueltos mediante una cooperación muy próxima entre los usos civiles y militares del mar”. La Comisión destacó que la participación de la Nación en el uso del mar requiere “una marina capaz de llevar a cabo sus misiones de defensa en cualquier lugar de los océanos, a cualquier profundidad y en cualquier momento”.
De la misma manera que el Informe Stratton encontró dificultades, la III Convención del Derecho del Mar —UNCLOS— también fue testigo de un arduo debate —que había hecho fracasar las dos convenciones previas— entre los países con importantes flotas —como Estados Unidos — que no deseaban la extensión del Mar Territorial a 200 millas. Con elementos para defender sus espacios marítimos, no veían interés en limitar su ingreso en los sectores de otros países que las sustentaban con argumentos económicos. Finalmente esta Conferencia estableció el Mar Territorial en 12 millas y también la Zona Económica Exclusiva (ZEE) con soberanía para los Estados costeros sobre los recursos hasta 200 millas. La Convención entró en vigor en septiembre 1994, sin la ratificación de Estados Unidos.
La última década
El Informe Watkins
Para actualizar el análisis de su relación con el mar, el Congreso de Estados Unidos y el presidente George H. W. Bush encomendaron en 2001 a expertos de alto nivel que conformaran una comisión para identificar mejores estrategias para conservar y utilizar los océanos y sus recursos, formándose la Comisión Estadounidense de Política Oceánica. Presidida por el almirante de marina retirado, James D. Watkins, la comisión inició sus tareas en septiembre de 2001[6]. Como parte de los objetivos, Watkins expresó que “los problemas que enfrentan nuestros océanos y costas son reales, pero también le brindan a esta nación nuevas e interesantes oportunidades para ser buenos gestores de los recursos naturales de este planeta. Debemos aprovechar este momento para hacer cambios significativos y fundamentales no sólo hoy, sino para generaciones futuras”. Las recomendaciones sobre una serie de cuestiones sobre los océanos, incluirán estrategias para una política nacional de los océanos que “mantenga el liderazgo de Estados Unidos en las actividades relacionadas con océanos y costas”.
La Comisión afirma que para influir en la gestión de los océanos en el ámbito mundial, Estados Unidos debe comenzar por promulgar y aplicar políticas ejemplares en el ámbito nacional sin descuidar la acción internacional coordinada. Para ello debe trabajar con otros países y organizaciones internacionales en la elaboración de políticas y mecanismos para mejorar todos los aspectos del manejo de los océanos de otros países.
En particular, se señala que es imperativo que Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), marco jurídico preeminente para tratar las cuestiones internacionales de los océanos[7]. Mientras no lo haga, Estados Unidos no podrá participar directamente en los órganos establecidos al amparo de la Convención, que toman decisiones sobre cuestiones de importancia para todos los países costeros y marinos. Las conclusiones y recomendaciones de la comisión en el sector internacional abarcan mucho más que el Derecho del Mar.
Entre los principios rectores se encuentra que Estados Unidos “actúe en cooperación con otros países en elaborar y poner en práctica una política internacional de los océanos, que refleje las profundas conexiones entre los intereses de Estados Unidos y el océano mundial”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que el presidente Reagan se negó a firmar fue rubricada por el presidente Bush para no dejar en manos de la ONU las riquezas del mar: la Autoridad Internacional del Fondo del Mar (ISA) puede regular 7/10 de la superficie del planeta, establecer impuestos internacionales —atributo de soberanía—[8], tiene el poder para regular la investigación y exploración oceánica así como imponer cuotas de producción de petróleo y minerales en el lecho y subsuelo oceánicos. La ISA tendrá poder para crear una corte internacional y emitir fallos con una jurisdicción mayor que la de la Corte Criminal Internacional —a la que Estados Unidos no pertenece— o la OMC —que le ha creado no pocos problemas—. A varios de los opositores les resulta irritante la cláusula de “un país, un voto”.
Por otra parte se considera peligrosa la firma de un tratado que obligue a compartir información y transferir costosa tecnología con otros Estados. El argumento contrario era ¿por qué es necesario firmar por esos beneficios en un territorio oceánico que ya poseemos y controlamos[9]?
Presencia actual en el “Océano Global”
Durante las últimas décadas Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mundo, tanto en tiempos de paz como de guerra. En consecuencia, Washington ha debido realizar cambios y adaptaciones como en marzo 2004 la retirada de la base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, luego de una presencia de 60 años que sirvió para apoyar los ejercicios navales en las cercanías de la isla de Vieques o el soporte a las Repúblicas Bálticas para su incorporación en la OTAN. Estos son sólo algunos de los cambios en la Reorganización Global que lleva a cabo el Pentágono[10]. El cierre de bases en el país —consideradas innecesarias— guarda relación con nuevas estrategias de emplazamientos en el exterior y con permitir realizar mayores inversiones en armamento de avanzada[11].
El “Informe sobre las Bases” del Departamento de Defensa del año 2003 contiene una lista de 730 bases en más de 50 países que son propiedad del Pentágono o han sido arrendadas por éste y aproximadamente otras 6.000 instalaciones que se encuentran en territorio estadounidense o en sus posesiones.
En la actualidad, una Comisión de Bases de Ultramar trabaja para recomendar al Pentágono operaciones más eficientes en el exterior. El informe final servirá de complemento al trabajo realizado por el panel de Reubicación y Cierre de Bases (BRAC) que está sesionando para analizar las instalaciones militares y recomendar cierres, reubicaciones y permanencias.
Comando Europeo: para misiones operacionales en el área en forma coordinada con otras fuerzas aliadas.
Flota del Pacífico: cubre más del 50% de la superficie planetaria, en los océanos Pacífico, Índico y Ártico. Debe sostener al Comando del Pacífico y proveer fuerzas navales interoperativas, entrenadas y alistadas a esta Flota y a los comandos unificados de Estados Unidos.
Flota de Guam: sostiene a la 7ª Flota y a los numerosos comandos marinos de Guam y Micronesia.
Estación Aeronaval Keflavik, Islandia: base del Comando de la OTAN en esta república. Proveer servicios a las actividades aeronáuticas y de la marina.
Base naval de soporte Nápoles, Italia: Para la región del Mediterráneo que incluye a la 6ª Flota. El Comando está en Capodichino y es asistido desde Nápoles con cuarteles en Bagnoli.
Base Naval Rota, España: entre Gibraltar y el límite con Portugal. Sostiene a la 6ª Flota en misiones de mantenimiento de paz, estabilidad y aprovisionamiento.
Flota Sasebo, Japón: Sostiene a los seis buques estacionados en el lugar, a la Flota del Pacífico. Se ocupa de mantenimiento y aprovisionamiento. El Comando también es sede el Grupo 1 de Anfibios y el Escuadrón 11 de Anfibios, el único permanente de la Marina.
7a Flota: La mayor con 50-60 buques, 350 aviones y 60.000 efectivos. Establecida en 1943, opera en el Pacífico Occidental, Índico y golfo de Arabia.
Estación Naval Sigonella, Italia: Juega un rol vital en sostén de actividades navales en el Mediterráneo.
La nómina de portaviones completa la estructura del poder militar de Estados Unidos. Su función es proyectar poder.
Por último se mencionará que Estados Unidos es parte —importante— de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con ella —a través de ella o por su intermedio— interactúa en numerosos espacios que ya han excedido el espacio oceánico original de la Organización y es parte de escenarios en el Cáucaso y Asia Central.
La existencia de bases de diferente índole distribuidas en todo el mundo, la posibilidad de despliegue rápido aportada por sus numerosos portaviones, el valor y peso de sus aliados, hacen del país una potencia arrolladora cuyo poderío hace difícil un diálogo en igualdad de condiciones.
* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.
Referencias
[1] Thomas Jefferson to John Adams, 11 July 1786. Letters. 855.
[3] Spivak, Burton. Jefferson’s English Crisis: Commerce Embargo and the Republican Revolution. Charlottesville: University Press of Virginia, 1979, p. 105.
[4] Brodie, Bernard. A Layman’s Guide to Naval Strategy. Princeton: Princeton University Press, 1943, p. 16.
[7] El 23 de marzo de 2004, la administración Bush anunció su apoyo a la ratificación de la UNCLOS. El Senado todavía debe someter a voto la ratificación.
[9] Grigg, William Norman. “Sink the Law of the Sea Treaty!” The New American. Marzo 7, 2005 http://www.getusout.org/un/articles/lost.htm [consulta: 29/05/2005]. Es abrumadora la información en Internet sobre la campaña “por el NO”.
[10] Smith, Daniel. “Contar con tropas en el lugar de operaciones. Despliegue militar estadounidense en el mundo”. Red Voltaire, www.reseauvoltaire.net, [consulta: 31/05/2005].
Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo. Estamos obligados a probar en su momento en la Corte Internacional de Justicia —distantes de posiciones elusivas, de aprovechamientos ideológicos interesados o reticentes— un hecho de suma trascendencia para la vida de la nación: la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido.
La séptima parte de nuestra geografía territorial, 159.500 km2, la que nos arrebataron con vileza, no es poca cosa. Puede corresponderse, en extensión, superior a bastantes países y a mucho más que todo el occidente de Venezuela.
Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.
Los reclamos que hemos sostenido, hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.
La contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos. La delegación diplomática de la ex colonia británica (que tiene meses haciendo cabildeo en La Haya) conoce además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos (con carácter cogente, que explicamos más adelante) que avalan la histórica propiedad, incuestionable, de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
Suficientemente es conocido que todo territorio ubicado en la costa genera espacio marítimo a partir de una línea de base recta, conforme a las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1958 y 1982.
Sucede que Guyana ha hecho bastantes intentos para extender, no solo lo que corresponde a su pedazo de costa atlántica, sino que ha aspirado llevar a 350 millas la plataforma continental frente a la Guayana Esequiba, exactamente la que estamos reclamando; sin consultar a Venezuela y en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, documento que acaba de cumplir cincuenta y seis años de su firma, y aún mantiene plena validez, eficacia y fuerza jurídica.
Hacemos la siguiente observación-advertencia: si Guyana no ha alcanzado esa prolongación de la plataforma y Mar Territorial por la vía de Derecho ante la ONU, lo ha conseguido de hecho; al dar innumerables concesiones a empresas transnacionales en las áreas terrestre y marítima, implícitas en la Guayana Esequiba.
En consecuencia, lo hemos dicho en nuestras conferencias en las universidades, en las redes y en los medios; si confrontamos un problema de reclamo de soberanía en el área terrestre, en la zona marítima la situación es mucho más álgida; por cuanto, Guyana ha cercenado nuestra proyección hacia el atlántico, frente al Delta del Orinoco, que no entra en este centenario pleito.
Tengo la seguridad que una inmensa porción de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante; cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos arrebataron de manera alevosa y vil.
Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.
Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración, sin recelos ni mezquindades, un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales, en contra nuestra, que ellos interpusieron en la Corte.
Sería desastroso si nos peleamos internamente; si cada quien cree que le puede sacar provecho para su parcela política-partidista o nos ausentamos de la Corte; porque, de todas maneras, el juicio sigue su curso. No hay vuelta atrás. La Corte podría llegar a sentenciar en nuestra ausencia.
La contención por la Guayana Esequiba rebasa los egos individualistas mal curados, los particularismos confesionales, raciales o de cualquier otra índole. Este caso nos necesita unidos como país, con criterios unánimes.
Destacamos la labor de las ONG que han sido creadas para adelantar hermosas actividades al respecto; así, además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela; lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales(COVRI), para las Fundaciones en su insistente afán de concienciación; igualmente la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo. Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; porque, aquí se requiere talento y densidad en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte Internacional Justicia o donde haya lugar lo que honradamente siempre ha sido nuestro; que vilmente nos arrebataron, en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.
Este caso litigioso estamos obligados a estudiarlo y manejarlo invocando la solidaridad de toda la población venezolana; concitando las mejores voluntades e inteligencias.
Para el 8 de marzo del año 2023, cuando el Jefe de Estado —por cuanto es su atribución constitucional— determine la comparecencia o no de Venezuela, para hacernos parte del juicio, será densa la alforja de Títulos históricos y jurídicos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia.
En el caso litigioso que nos ocupa frente a la pretensión guyanesa —el cual ha escalado hasta la Corte— nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestros Justos Títulos —iuris et de iure— que acompañan a la enjundiosa cartografía que nos respalda. Títulos y mapas de incuestionables probanzas.
Decimos que hay suficiente cogencia; porque, los argumentos jurídicos, históricos, cartográficos que atesoramos confirman nuestra propiedad sobre esa extensión territorial en contención. Todos los mencionados registros señalan, en sus premisas, afirmativamente que la Guayana Esequiba siempre ha sido nuestra; así entonces, las conclusiones a tales elementos inductivos arrojan aportes deductivos a nuestro favor.
Con la mayor modestia, me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus componentes constituyentes (los mapas registrados y asentados) han resultado, en sí mismos, premisas de solidez histórica hacia nosotros. Toda la cartografía de la región —hasta ahora estudiada y examinada— ha develado de modo conclusivo que la Guayana Esequiba ha estado siempre, en cualquier mapa, correspondiendo a la Capitanía General de Venezuela (1777) y sucesivamente a la República de Venezuela.
Si todos los mapas inductivamente confieren categoría afirmativa de la propiedad de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, entonces la conclusión deductiva debe ser afirmativa. Una manera de construir y comportar un razonamiento de lógica jurídica cogente e irrebatible.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).
