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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar

INCUCAI

Iris Speroni*

Martha’s Vineyard, MA, EEUU.

Nota: Artículo publicado el 09/12/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/12/incucai.html

 

El oficialismo que terminó su mandato usó el INCUCAI como caballito de batalla en la campaña electoral.

La información que expondré a continuación es de carácter público y se accede a la misma a través de la página oficial del INCUCAI. Al pie expongo la ruta para su obtención y que ustedes puedan no sólo comprobar por sí mismos, sino explorar otros datos también relevantes.

En un artículo anterior publicado en La Prensa, argumenté por qué consideraba a la Ley Justina como abusiva, en particular, de los más humildes de la Patria. (13 de Agosto, La Prensa, Hay que revisar la Ley Justina).

En un segundo artículo en Restaurar puse el foco sobre quiénes daban (más del 80% de las extracciones son en hospitales públicos y de personas jóvenes) y quiénes recibían (más del 80% de los trasplantes son en clínicas privadas y, excepto los casos pediátricos, los receptores son personas de mayor edad promedio).

Tema de hoy: la cantidad de extranjeros que reciben órganos en Argentina. Porque entonces no sería de Esteban Echeverría a Avenida del Libertador, sino de Esteban Echeverría a Martha’s Vineyard, MA, EEUU. Imagino que las autoridades del INCUCAI podrán explicar estos destinos.

Si vamos a los porcentajes generales, el 96% de los órganos tuvieron por recipientes a compatriotas. Aun así, el 4% implantado a extranjeros implica 379 órganos para el año 2022.

Los cuales se desglosan de la siguiente manera:

  • 56 riñones.
  • 40 hígados.
  • 6 corazones
  • 1 pulmón.
  • 85 córneas.
  • 182 “sistema osteo articular”.
  • 9 válvulas cardíacas.

En el caso de los riñones se trata del 4% del total. Aparentemente, no pareciera un número enorme. Excepto para quienes están en la lista de espera. Debe ser decepcionante ser pasado por alto.

Algunos comentarios sobre lo que vemos en el cuadro. Parte de los receptores extranjeros son bolivianos, paraguayos, españoles o italianos, quienes pertenecen a las corrientes de inmigración (*) más frecuentes de Argentina.

Aun así se desconoce si se han tomado los siguientes recaudos:

  • si las personas son residentes argentinos y en ese caso desde qué fecha,
  • si las personas son de nacionalidad argentina, aún en caso de ser nacidos en otro país.

Caso contrario estaríamos en presencia de turismo sanitario.

En 2022, con 379 trasplantes a extranjeros, no representa un caso aislado pero sí superior a cifras anteriores. En 2021, los extranjeros beneficiados fueron 285. En 2020 (plena “pandemia”), 226 (3,8% del total), de los cuales 27 son riñones. Vemos una progresión preocupante, hasta tanto esto no se investigue con severidad.

La ley de trasplantes contempla la posibilidad de intercambios (“canjes”) con otras naciones. Si los extranjeros receptores fueran la consecuencia de dichas negociaciones, las autoridades deberían explicar los acuerdos logrados y exponer el cumplimiento de la contraparte. Si fueran simplemente extranjeros no residentes en Argentina, amerita que las nuevas autoridades que asumen mañana tomen las medidas de rigor.

Recomendaciones a las nuevas autoridades ingresantes el 10 de diciembre 2023:

  • Pedir una exhaustiva auditoría del INCUCAI. Podría estar en cabeza de la SIGEN.
  • Los auditores médicos deberían ser independientes de los intereses en curso (se maneja mucho dinero). Lo ideal es que no se tomen profesionales de la UBA o la UNLP, por ser parte en esta actividad. Una opción podrían ser los auditores del Hospital Militar o el Hospital Naval. También desaconsejo auditores extranjeros, justamente, por estar otros países implicados, no sabemos en qué extensión.
  • Limitar la auditoría en un principio (siempre se puede ampliar), por ejemplo, a los riñones trasplantados durante 2022. Ver si:
    • Algunos de los argentinos en lista de espera era compatible con el órgano trasplantado a un extranjero y se lo pasó por alto para cederlo a un no-connacional.
    • Analizar exhaustivamente los 379 casos de extranjeros. Determinar:
      • Si residen en el país.
      • En caso positivo, antigüedad de residencia.
      • Ver si la residencia es sincera o fraudulenta, “fabricada” al solo efecto de ser receptores habilitados.
      • Comprobar si tienen familia residente en el país (**).
      • Si cuentan o no con nacionalidad argentina (***).

Recomendaciones adicionales para las nuevas autoridades.

  • Ampliar la auditoría a otros temas una vez terminado el trabajo inicial.
  • Entender las razones por las cuales las familias pobres son expelidas del sistema como receptores. Existen instalados filtros que impiden que accedan a las listas de espera. Proponer las remociones de los mismos.
  • Explorar las razones por las cuales se han acondicionado los hospitales públicos para extraer órganos, pero no se hizo la misma inversión para implantarlos.
  • En particular, auditar las listas de espera y los criterios de selección de los beneficiarios. Llama la atención que personas ricas, influyentes o celebridades no padezcan las esperas del resto de los argentinos. Una buena auditoría puede despejar si se trata de un mito urbano o hay razones valederas para las sospechas populares.
  • Advertencia: una forma de arruinar un informe de auditoría es incluir infinidad de temas en numerosos períodos, lo que hace que el trabajo lleve años y los resultados sean mixtos, confusos y no concluyentes. Por lo que es conveniente limitarlo al caso de receptores extranjeros en un único año (ej. 2022) y eventualmente otro año más. Posteriormente se pueden encarar nuevas auditorías si se percibe que los resultados las ameritan.
  • Por último, explicarle a la población con claridad lo hallado. El oficialismo que hoy termina su mandato usó el INCUCAI como caballito de batalla en la campaña electoral, cuando desde las cifras publicadas por el propio organismo, nos hace pensar que no todo es kosher.

Recomendaciones para quienes están en lista de espera o para sus abogados:

  • Solicitar las especificaciones de los órganos colocados a extranjeros y verificar si alguno era compatible con las personas en lista de espera. En ese caso hay un perjuicio concreto contra un connacional, y el estado argentino es el responsable. Tal vez no solucione el caso puntual (el extranjero ya se fue con su órgano y no va a pisar la Argentina nunca más), pero sí evitará casos futuros.

El pueblo solventa todo este costo, el cual no es menor.

El pueblo debe saber de qué se trata.

El tráfico de órganos es un negocio multimillonario en el mundo. No seamos parte de esa actividad infame.

Otro Sí Digo:

Mañana 10 de diciembre iniciamos un nuevo ciclo presidencial. Asumen los Sres. Milei y Villarruel. Les deseamos que tengan la templanza, la inteligencia y la claridad de miras para conducir los destinos de la Patria en estos momentos tan difíciles.

Espero de corazón que invoquen la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, no sólo para ellos, sino para todos nosotros. Y que no pierdan de vista que no hay nada más importante que la Patria, su pueblo y la Soberanía Nacional.

¡Ojalá Dios se apiade de nosotros, en particular para quienes la están pasando mal! ¡Que nuestros gobernantes se ocupen de “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”! Amén.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

(*) Sobre este punto cabe aclarar que el INDEC no dio los resultados del CENSO 2022 sobre la cantidad de extranjeros residentes ni su procedencia. Por lo que los últimos datos disponibles son del CENSO 2010.

(**) El objeto no es perseguir a una familia de bolivianos quienes hace años residen en la Argentina, trabajan y crían a su familia en el país y construyen la Patria a la par nuestra, sino si somos proveedores de los ricos e influyentes de las naciones vecinas.

(***) Ver si existen casos de extranjeros que reciben órganos de extranjeros pero que hacen la operación en nuestro país por contar nosotros con los profesionales y las instalaciones adecuadas. En este caso sería una simple venta de servicios médicos. De ser así debería constar en la Memoria del organismo. Si fuera éste el caso, de no ser transparente debe verificarse fehacientemente la procedencia del órgano; so riesgo de implicarnos en una situación desagradable, lo que debe evitarse a toda costa.

HOJA DE RUTA

Pasos para acceder a la información pública del INCUCAI.

Paso 1:

https://cresi.incucai.gov.ar/Inicio.do

Paso 2:

Del listado de la izquierda se elige: “Registro Nacional de Procuración de Trasplantes”.

Paso 3:

Se elige del menú de la derecha la línea “Reporte de datos demográficos/Reportes de pacientes trasplantados”.

Allí se abre un nuevo menú:

Paso 4:

Se elige la penúltima línea “Trasplante con donante fallecido/vivo”. Tras lo cual se despliega el siguiente menú:

Paso 5:

Se elige “Reportes de pacientes trasplantados por período”. Es el primero del submenú.

Tras lo cual aparece la siguiente pantalla:

Paso 6:

En 1 se elige “Fecha de desclampeo del receptor”

Tras lo cual aparece un submenú:

Se elige “otro año”.

Elegí el año 2022, pero están listados desde el 1993.

A continuación hay que elegir las opciones del punto 2.

Elegí “Todos”.

Paso 7:

Elegir “Siguiente”

Tras lo cual se despliega la siguiente pantalla con diferentes opciones.

Invito a explorarlas todas. Brindan información más que interesante.

Para este trabajo elegí el punto 18.

Luego, “Ejecutar Consulta”.

Paso 8:

Aparecen los siguientes resultados. Aconsejo guardar el Excel, cuya opción está al pie del cuadro.

Abajo del mismo se encuentra el glosario.

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ELIMINAR LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL

Iris Speroni*

Las provincias producen riquezas, el gobierno federal se las quita y luego deben mendigar. 

Es hora que las provincias no le den nada a nadie.

 

El peso del Estado debe volver al 25% del PBI por todo concepto [1].

Todos los parásitos (FdT, JxC y satélites) dirán que es imposible y se rasgarán las vestiduras.

Sin embargo, es totalmente posible.

Cuando el Estado costaba el 25% del PBI teníamos FFAA pertrechadas (no es barato), un sistema educativo que funcionaba, construimos El Chocón, Zárate Brazo Largo, Salto Grande, Yacyretá, Atucha, manteníamos el Balseiro, orquesta filarmónica, la Fábrica Militar de Aviones, desarrollamos el misil Cóndor, etc.. Se hicieron rutas, se mantuvo una flota mercante, se construyeron escuelas y hospitales, teníamos administración de justicia y perseguíamos a los delincuentes. En resumen, el país andaba, crecía e invertíamos. Todo con el 25% del PBI.

Hoy el Estado nos cuesta el doble y no tenemos nada (o casi nada) de todo eso.

Hay personas que se quejan del déficit fiscal y lo ven con la madre de todos los males. Difiero.

El déficit es un problema, ya que se cubre con emisión (de moneda o de deuda). Pero no es el origen de todos los males sino un medio.

El problema, a mi entender, es el tamaño del gasto público en relación con el PBI per se. El Estado no nos debería costar tan caro.

Porque, seamos realistas, dejemos de lado el déficit. Supongamos que lo puedo solventar con impuestos, entonces ¿está bien que el Estado nos cueste 45% ó 50%?

La respuesta es: no. Porque entonces tenemos una carga impositiva del 50% del PBI. Es todo dinero que los privados le damos al Estado.

El Estado debe volver a costar 25% y debe cubrir todas las obligaciones que enumera el preámbulo de la constitución: Defensa, Administración de Justicia, Paz Interior, Garantizar los Beneficios de la Libertad.

El negocio de estos interventores que tenemos por gobernantes es crear déficit. No importa cuánto recauden de impuestos, siempre inventan nuevas formas de gastar más que lo que recaudan. ¿Por qué? Porque, repito, el negocio es vivir con déficit. Obliga a endeudar a los fiscos, renegociar deuda, etc. Cada toma de deuda significa pingües comisiones (sobornos) para los funcionarios involucrados.

Sólo así se explican los gastos delirantes [2].

Nunca van a bajar los gastos. Nunca van a reducir el presupuesto. Por eso creo que la aproximación debe ser muy distinta: Bajar los impuestos. Con ese dinero decidir cuáles serán los gastos a solventar.

Recaudar el 25% del PBI (sumados los tres niveles de gobierno). El segundo paso, es decidir cómo se gasta ese dinero, con las siguientes prioridades:

    1. defensa,
    2. relaciones exteriores,
    3. softpower/cultura de exportación,
    4. rescatar deuda pública,
    5. administrar justicia,
    6. seguridad,
    7. salud,
    8. educación,
    9. infraestructura.

Tal vez me olvidé de alguna, pero así estamos.

¿Por qué es importante que el costo del estado sea 25%? Porque significa que el 75% restante quedará en manos de las familias y empresas.

Eso es lo que permitirá:

    • invertir (crear más riqueza),
    • mejorar el nivel de vida, 
    • hogares con un único miembro que trabaje si así lo desean,
    • comprarse una casa,
    • irse una semana de vacaciones,
    • poner un local comercial o taller, etc.

Así como estamos, todo lo que ganamos lo lleva el Estado y los privados subsistimos. Por lo que reitero: lo importante es que la recaudación impositiva no supere el 25% del PBI y que los gastos (incluido el rescate de la deuda pública) no supere el 25% del PBI. Es un objetivo contrario a los socialdemócratas al servicio de la banca.

Impuestos

Así que, hablemos de los impuestos a recaudar, quién los debería pagar, cuándo, cómo y a quién.

Como ya propuse en 168 HORAS [3], la salud y la educación deberían volver a la órbita nacional y así liberar a las provincias de su costo. A cambio se exigirá a las provincias que eliminen los impuestos de sellos e ingresos brutos [4].

Las provincias deberán, entonces, vivir de:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes a vehículos automotores,
    • impuesto a las ganancias (ya volveré sobre esto).

Los municipios deberán vivir de:

    • ABL.
    • Las tasas que cobren deben ser proporcionales al servicio brindado. De ninguna manera podrán cobrar un porcentaje de las ventas.

Los municipios y provincias deberán facturar y cobrar sus impuestos. Se prohibirá todo recargo sobre los servicios públicos.

De igual forma todos los impuestos (nacionales y provinciales) y las tasas municipales se cobrarán luego de realizado el hecho económico. Quedarán eliminados adelantos, percepciones y retenciones.

Impuestos nacionales

Existen decenas de impuestos con recaudaciones ínfimas. Ejemplo [5]: el impuesto a las transferencias inmobiliarias (1,5% del valor de la propiedad) recauda 0,1% del total. Le complican a una familia el acceso a la vivienda, no contribuye al fisco, equivale a dinero que los políticos derrochan en banalidades en un día.

Según Juan Bautista Alberdi, el Estado federal debía vivir de las rentas de la Aduana con el fin de solventar dos obligaciones delegadas por las provincias:

    • Relaciones Exteriores.
    • Defensa.

Llama la atención que en las últimas décadas los impuestos sobre las exportaciones tripliquen y/o cuadrupliquen los correspondientes a las importaciones. Eso debe revertirse.

¿Cómo establecer los nuevos impuestos federales?

Hay dos formas de eliminar la coparticipación provincial: la primera es cambiar la ley de coparticipación. La segunda, que es la que propongo, es reducir a cero el porcentaje coparticipable de los impuestos hoy coparticipados.

Propuesta impuestos federales

Eliminar casi todos los impuestos federales que existen hoy, a saber:

    • impuesto al cheque, 8,5% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los combustibles, 4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los bienes personales, 3,2% de la recaudación 2022, coparticipado, permitirá recalibrar el impuesto inmobiliario provincial,
    • PAIS, impuesto solidario, 1,3% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuestos internos (al alcohol, transferencias, gaseosas, tabaco, mil y un impuestos que cada uno suma el 0,1%), 1,4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a las ganancias, 26,6% de la recaudación, coparticipado.

Por lo tanto, para el gobierno federal quedaría solamente el IVA (más las rentas de Aduana).

El IVA tendría una alícuota máxima de 10%, con las siguientes excepciones:

    • alimentos 0%,
    • forraje 0%,
    • combustible 0%,
    • servicios de luz, gas y aguas 0%.

Lo recaudado por IVA no se participa. Coeficiente de coparticipación: 0%.

Al gobierno federal le quedarían, a valores de 2022 y con el nivel actual de actividad unos 3 billones de pesos (millones de millones). Si le sumamos los aranceles por importación, por 0,5 billones de pesos, la recaudación federal (a valores 2022) alcanza 3,5 billones de pesos, la cual no se coparticiparía.

La apuesta fundamental es que la caída de los impuestos aumentará el poder de compra de los trabajadores y de tal forma estimulará la economía. Todo coadyuva a que el trabajador pueda mantener mejor a su familia. Invertir en ladrillos. Comprarse un autito. Ahorrar. La gigantesca apuesta es que, después de un año, se recaude más de IVA con un 10% de alícuota sobre algunos artículos, que hoy con 21% sobre todo.

En cuanto a la Aduana:

    • DEX, sólo una tasa única (tasa estadística) de un valor que en un principio puede ser 3%, para reducirlo a 2% y a 1% [6].
    • Aranceles sobre las importaciones. Una tasa plana (tasa estadística, 3%) más aranceles con el siguiente criterio: 0% minerales y alimentos a granel, 15% insumos químicos, metalmecánicos, plásticos, 30% productos terminados (tractores, maquinaria pesada, indumentaria, calzado, alimentos elaborados, aviones privados, automóviles de lujo, etc.). Simple. Sin trescientas mil calificaciones.

La verdadera barrera a las importaciones no deben ser los aranceles sino el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto fomenta las exportaciones, industriales o no, y pone en un pie de igualdad a las importaciones con la producción local. Un tipo de cambio atrasado es un subsidio a las importaciones; una competencia desleal a la industria nacional; a la vez que un desestímulo a las exportaciones. El tipo de cambio funciona como barrera no sólo de las importaciones legales sino también del contrabando.

Los ingresos aduaneros deben tener dos únicos destinos:

    • Rescatar la deuda nominada en divisa (dólares, euros, etc.)
    • Pertrechar las FFAA (ya que gran parte del armamento deberá ser importado).

La recaudación por IVA deberá destinarse a las restantes funciones del gobierno federal. Mucha motosierra.

Provincias

Dejarán de solventar la salud y la educación.

Al sacarles este peso de encima, las necesidades de fondos serán mucho menores.

Le quedan dos responsabilidades que hoy son primordiales para el bienestar de la población: la seguridad interna, en particular la lucha contra el crimen común y la administración de justicia [6]. Hoy no satisfacen a la población. De hecho está todo el mundo muy enojado. Ambas, a partir del nuevo régimen, deberían ser la principal preocupación de los gobernadores y las legislaturas.

En segundo plano todas las autoridades deberán generar las condiciones para el crecimiento económico de las provincias (“garantizar los beneficios de la libertad»). No mediante subsidios o créditos blandos, los cuales deberían ser erradicados del vocabulario nacional. Sino contar con los medios necesarios: FFCC, flete fluvial, escuelas de capacitación, que nada esté trabado en la Aduana, energía eléctrica de calidad en potencia y tensión. Que todo fluya y se pueda invertir y dar trabajo.

Recordar que los objetivos nacionales del nuevo régimen serán: 1. pleno empleo, 2. 100% formal, 3. salario de 1.400 dólares mensuales, 4. exportaciones 500 mil millones de dólares anuales. Todo esto requiere inversión, trabajo y capacitación.

Las provincias serán financiadas por:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes,
    • impuesto a las ganancias, que pasará a ser 100% provincial.

Propongo que la alícuota del nuevo impuesto sea 10% para las personas físicas [7] y 15% para las empresas, 5% para los ingresos en el exterior de las personas físicas (consultoría, programación de sistemas, premios deportivos, publicidad, cachet de artistas). Notoria rebaja respecto al actual 35%.

Deberá haber una única ley para todo el territorio, para evitar competencias jurisdiccionales. Cada persona (física o jurídica) tributará según el lugar donde se genera la riqueza, excepto los servicios al exterior que lo tributa la persona en su lugar de residencia. Ejemplo: si un artista vive en Corrientes, está empadronado en Corrientes, y es contratado para actuar en Costa Rica, debe pagar 5% a Corrientes; ídem desarrolladores de sistemas, etc. Las empresas con establecimientos en distintas provincias deberán presentar balances fiscales en cada una de ellas.

Al no cobrar derechos de exportación (excepto la tasa aduanera), el Estado federal dejará en manos de personas y empresas gran cantidad de riquezas. Ese impuesto que se dejará de pagar significará más ingreso para empresas y personas. Ingreso que pagará impuestos a las ganancias.

En el año 2022 los productores de bienes de exportación pagaron U$D 11.762 millones de DEX. Eso pasará a ser ganancias. Si tributan 10%, las provincias recaudarán en conjunto U$D 1.176 millones adicionales.

Lo mismo con la reducción de otros impuestos [ ]: aumentará los márgenes de ganancias y el nivel de actividad, lo que a su vez redundará en mayor recaudación de impuesto a las ganancias por las provincias.

En cuanto a las personas físicas, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los que trabajan por su cuenta, comenzarán a pagar ganancias sólo después de superar los ingresos del juez mejor pago de todo el país (igualdad ante la ley). Esto corre para un camionero, un maquinista agrícola, un profesional (odontólogo, contador, kinesiólogo) o para quien tenga una explotación familiar (comercial, industrial, agropecuaria). Si una persona alquila cinco departamentos, comenzará a pagar luego de que la suma de ingresos (pensión/jubilación más alquileres cobrados) supere el ingreso del juez mejor pago. Ese mínimo no imponible no correrá para personas físicas. Todo se pagará luego de cerrado el año fiscal. Nunca por adelantado.

Cláusulas transitorias

Todo presidente que asuma el 10 de diciembre deberá decretar que los trabajadores no deban pagar si ganan menos que un juez y se les deberá devolver todo lo abonado durante el año 2023.

Se eliminarán todos los adelantos de impuestos, al igual que toda percepción o retención.

Durante el 2024 las provincias no cobrarán impuesto a las ganancias (que empezarán a percibir en el 2025 sobre las ganancias realizadas en el 2024). Esto requerirá un auxilio transitorio durante el año 2024. Por otro lado, las provincias no pagarán sueldos ni en educación ni en salud a partir de diciembre 2023. 2024 será un año de acomodamientos.

Las provincias serán fiscalmente autosuficientes. Empezaremos a ser un país federal.

Todo sea en busca de la salud fiscal, la grandeza de la patria y la felicidad del Pueblo.

 

Nota de la autora:

La idea de que cada provincia argentina cobre su propio impuesto a las ganancias (como ordena la Constitución Nacional, la cual precepta que los impuestos directos deben ser recaudados por las provincias y no por el estado federal) no es mía. No soy tan inteligente.

La escuché por primera vez al Dr. Jorge Ávila en una conferencia donde presentó su libro «Propuesta de Federalismo Fiscal» (Consejo Empresario Argentino, 2000), el cual recomiendo enfáticamente. Les paso el pdf del primer borrador:

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/cea/fede.pdf

Todo error es de mi autoría y en nada responsabilidad del Profesor Dr. Ávila. Dicho esto, debemos pelear por un país federal.

Lean el libro si lo consiguen. En su momento, la Sociedad Rural Argentina lo entregaba libremente.

El federalismo es un viaje de ida. Fantástico. No le tengan miedo.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

[1] Exposición en el INFIP (http://iris-speroni.blogspot.com/2021/10/enfermedades-y-cura-de-la-economia.html), año 2019.

[2] Ej: betún para rectos por parte del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.

[3] 168 horas, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html.

[4] Ambos son sumamente nocivos para el crecimiento económico porque se acumulan en cada paso del proceso productivo. Cuantos más pasos hay – imprescindible en un proceso industrial – más carga impositiva se acumula. Si alguien vende latas de arvejas: paga ingresos brutos sobre la lata, las etiquetas, las cajas, el flete que trae los insumos, sobre la electricidad, etc. Sus proveedores a su vez, también pagaron ingresos brutos. El proveedor de etiquetas lo pagó sobre el papel, la tinta, las impresoras, la electricidad, el flete, el alquiler. Es un impuesto que se acumula en cada paso del proceso de industrialización. Cuanto más se industrializa, más ingresos brutos paga. Más competitividad se pierde. Recuerden: los países no exportan impuestos. Los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos son anti-industrialización. Los mismos que generan este esquema impositivo son los que se preguntan por qué la Argentina no exporta bienes industriales.

[5] Decime cuánto me querés, http://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html.

[6] El objetivo será exportar por 500 mil MM U$D. Cada 1% es 5 mil MM U$D.

La recaudación DEX de 2022 (máximo histórico de exportaciones) fue 11,8 mil MM U$D.

Se recupera terreno rápidamente.

[7] Se necesitan policías con integrantes bien pagos, bien seleccionados, bien entrenados, bien provistos (uniformes, municiones, chalecos, etc.) y bien dirigidos. Pero lo más importante es que se sientan apoyados y no, como ahora, donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo juegan para los delincuentes, los cuales son apañados, de una y mil maneras, por el poder político.

De igual manera las legislaturas provinciales deben cubrir su principal responsabilidad: monitorear a la justicia. Si el juez trabaja o deja morir los expedientes, si el fiscal sigue los casos o cobra bajo la mesa para “perder” evidencia, si liberan gente que no deben liberar, si no meten presos a quien sí deberían hacerlo, si piden que busquen a los prófugos o no, etc. Para dar un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires hay más de 100.000 prófugos que nadie busca. Es tarea de las legislaturas auditar la eficiente persecución de delitos y dar énfasis a algunos por sobre otros, como el abigeato o los piratas del asfalto, o la tranquilidad en los barrios donde vive la gente que trabaja. Muchachos, tienen bastante de qué ocuparse.

[8] La alícuota elegida busca ser competitiva respecto a Paraguay.

[9] Unas aclaraciones sobre la base imponible. Se descontará de las ventas como costo fiscal únicamente los insumos tangibles, salarios y cargas sociales e impuestos. Ejemplo: se descontarán las cajas para embalar productos, no así consultorías, auditorías, honorarios de profesionales, honorarios de directores, publicidad, servicios de seguridad, otros servicios, incluidos alquileres y fletes.

 

Artículo publicado el 06/05/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/05/eliminar-la-coparticipacion-federal.html.