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LA AUSENTE POLÍTICA PESQUERA

César Augusto Lerena*

La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella, de los recursos migratorios originarios y asociados de esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.

Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.

El Estado Nacional y/o Provinciales podrían explotar y/o industrializar y/o comercializar los recursos pesqueros en forma directa o por asociación con empresas, comunidades, cooperativas y otras entidades o personas nacionales y promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera en sus respectivas jurisdicciones según lo indicado en la Ley 24.922, u otorgar concesiones a empresas nacionales para la explotación de los recursos pesqueros.

En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y el Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.

El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.

Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y El Caribe han dado preeminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.

El Estado Nacional y/o Estados Provinciales debieran reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado debería obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y jurisdicción del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.

Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).

Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.

Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial representa el 50%, en la Argentina está por debajo del 3% de la producción nacional.

Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (Diario Oficial de la Federación el 24/7/2007. Última reforma publicada DOF 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.

No lo han entendido ni el Secretario de Malvinas ni el Subsecretario de Pesca que son meros continuadores del orden establecido, en el mejor de los casos. No entienden el daño económico, social y a la soberanía nacional que ocasiona la pesca ilegal. La administración de la Pesca en el Atlántico Suroccidental es central para recuperar la soberanía no solo en los espacios marinos argentinos, sino en los territorios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Sur. El equivalente, al 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS: ANECDOTARIO DE OTRA INFAMIA KIRCHNERISTA

Ariel Corbat*

La realidad de la Argentina exhibe el sostenido declive de su poderío militar desde 1983, una constante peligrosa cuando el punto partida de cualquier planificación de Defensa es un extenso territorio sobre el que hay notorias ambiciones extranjeras.

A la obviedad del territorio insular usurpado bajo dominación militar británica hay que sumar otras presencias igualmente indeseables como el enclave chino en Neuquén, con buena parte de la facción en el gobierno queriendo alinear el país a los intereses del Partido Comunista Chino, el activismo secesionista de la izquierda disfrazada de etnonacionalismo mapuche, la vocación colonial que llevó al presidente Alberto de la Fernández a ofrecerse a Putin como puerta de entrada para Rusia en América Latina, la expansión del narcotráfico con organizaciones trasnacionales que en su afectación de la soberanía argentina lograron cierto control de los cielos para el tráfico y, a la par de todo ello, una grosera descomposición social en la que proliferan escenarios de Guerra Civil Molecular haciendo de la Seguridad Interior un queso gruyere.

En lo que va del siglo XXI Argentina se gobierna como si fuera un experimento para determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un país atentando contra su propia existencia. Y nos acostumbramos.

Tanto nos acostumbramos, que todavía no se entiende que para recuperar la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina es necesario actualizar, reformular y aplicar una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional. La sola idea de repensar la Seguridad Nacional asumiendo que hay enemigos externos e internos espanta a la corrección política impuesta por el marxismo a través de la subversión cultural. La cobardía intelectual ha llegado al punto de cuestionar cualquier intención del ser y prevalecer de la Nación Argentina, como si ello atentara contra la paz (contra alguna idea indigna de la paz); cual si no existieran el Himno y la Constitución Nacional imponiendo deberes para con las futuras generaciones.

Y claro, para comprender y cumplir esos deberes, es imprescindible desear que haya futuras generaciones de argentinos, cosa que los que gobiernan en lo que va del siglo, expulsando población joven y formada como sometiendo el país todo a la miseria, evidentemente no desean.

Como un síntoma más de esa erosión al ser y prevalecer de la Nación Argentina, se impuso hace tiempo la estúpida creencia que contemplar las hipótesis de conflicto promueve los conflictos y así se repite, como si fuera algo beneficioso, que «Argentina no tiene hipótesis de conflicto». Algo más que imbécil cuando, de mínima, hay un conflicto con los británicos por la integración del territorio nacional.

En ese contexto cabe enmarcar la breve cronología de otra infamia kirchnerista que motiva este artículo.

A finales de noviembre, Alberto de la Fernández asesorado por Casa Militar y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, dispuso la compra de un nuevo avión presidencial. Se trata de Boeing 757-256 para 39 pasajeros, con dormitorios y grandes comodidades, lo necesario a efectos que el seudo Presidente pueda llevar aquella fiesta de Olivos al aire.

Argentina es un país empobrecido y empobreciéndose, SOBRE ESA REALIDAD UN AVIÓN PRESIDENCIAL NO PUEDE SER PRIORIDAD. Nada justifica hoy, ni desde la austeridad ni desde la seguridad presidencial que el presidente no viaje como pasajero común en cualquier vuelo de línea. Y muy especialmente porque, a todas luces, hay cosas más relevantes que proteger.

Lo que nuevamente revela la compra del avión presidencial es que los políticos argentinos, más allá de cuál sea la facción en el poder, tienen una propensión absoluta a considerarse más importantes que aquello que hace a la razón de sus funciones.

En este caso ello ha sido explicitado por Alberto de la Fernández en una entrevista con Financial Times, diciendo, con posterioridad a su decisión de proveerse un avión de dignatario relevante, que:

«Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día. Porque estamos en un continente muy desigual con todos los problemas que anteriormente usted comentó, pero es un continente en el que no hay problemas de guerra. La paz es el común denominador entre nosotros y la búsqueda de la unión regional como en su momento Europa construyó la unidad regional, es la búsqueda de América Latina, con lo cual para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas».

O sea: avión presidencial sí, aviones de combate no. Prioridades de casta. Ellos valen más que nosotros…

Nada nuevo, por cierto. Pero la infamia no es solamente el hecho en sí de comprar un avión suntuario y ni uno para proteger nuestros cielos.

La cosa sigue porque el orden de prioridad establecido por Alberto de la Fernández anteponiendo su comodidad a la seguridad de la Nación, lleva implícita en su argumentación ante el Financial Times el total desconocimiento de la relación intrínseca entre diplomacia y Fuerzas Armadas, que es decir entre la capacidad de consensuar en la mesa de negociaciones y disuadir en el terreno.

Entonces contradiciendo sus propias palabras, como cada vez que lo que dice se confronta con algo que dijo antes (ya que si hay alguien que no sobrevive a la prueba del archivo es Alberto de la Fernández), al tiempo que declara que la paz reinante en la región no justifica comprar aviones de combate, la Cancillería ensayaba una insignificante protesta diplomática (sin ningún respaldo militar) denunciando que la participación de efectivos kosovares en ejercicios militares en Malvinas «constituye una injustificada demostración de fuerza».

No es preciso mucho análisis para entender que cada vez que el gobierno argentino expresa su «contundente rechazo» a cualquier medida con que los británicos responden a sus necesidades de Defensa, mismas que no descuidan porque Argentina si lo haga, la nota va al archivo de las insignificancias.

Ya desde el año 2012, a 30 años de la guerra, el entonces ministro de Defensa inglés Philip Hammond afirmó que la Argentina «no es una amenaza militar creíble» para la continuidad de la usurpación británica sobre las Islas Malvinas.

Ahora, a 40 años de la Guerra de Malvinas, no sólo no son una amenaza creíble para la usurpación británica, no son un elemento de disuasión significativo frente a ninguna de las amenazas que se ciernen sobre la República Argentina.

Con su idílica, cómoda y falsa visión de la América del Sur como una región de paz garantizada, parece ignorar Alberto de la Fernández que esa supuesta paz puede dejar de existir de la noche a la mañana. En su ignorancia deliberada, parece no haberse enterado que allá por el 2004, ante fallas en el suministro de gas, el Presidente de Chile Ricardo Lagos puso sobre su escritorio la opción militar contra la Argentina y le advirtió a Néstor Kirchner, cuyo Jefe de Gabinete era un tal Alberto Fernández, que «el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí. Me daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato», narró el chileno en su biografía.

Entendamos que si Chile por una cuestión de gas puso la opción militar en la mesa de negociaciones, cualquier otro país podría hacer lo mismo. De hecho, en el plano de la ficción, la novela de Carlos González Robles «CHINA INVADIÓ ARGENTINA ¿La Tercera Guerra Mundial?», plantea un conflicto en el que los chinos recurren a su aparato militar para ocupar el país con la excusa de cobrar deuda argentina. Remarco que es una ficción, pero una ficción posible, del tipo de ficciones que lo son hasta que dejan de serlo.

Y alguno de los cráneos que, embriagados de paz, establecen prioridades en Argentina podría decir que frente a tal hipótesis no tendría sentido, por la disparidad de poderío, ofrecer ninguna resistencia. Son los mismos cráneos que supusieron que la campaña rusa en Ucrania sería una guerra relámpago. En el ejemplo ucraniano hay que saber valorar el esfuerzo militar convencional como manifestación de la voluntad de ser y prevalecer de una Nación. Cierto es que Ucrania recibió y recibe una importante ayuda militar extranjera, pero la puede recibir porque desde antes de la guerra tuvo la voluntad de fortalecer su instrumento militar.

Si hasta aquí lo expuesto en este artículo ha impactado en su pensamiento con la preocupación sobre el lamentable estado de indefensión que ofrece la Argentina, prepárese para indignarse al comprender algunas de las razones por las que estaremos todavía peor.

No es novedad que tenemos por ministro de Defensa a un fulano con pasado terrorista. Jorge Taiana es hoy el encargado de sostener el plan kirchnerista para el escarnio y la humillación constante de las Fuerzas Armadas (algo que arrancó en 2003 con hechos públicos y notorios cuya enumeración al día de hoy sería a más de larga muy penosa).

No hay en el destrato de gobierno a las Fuerzas Armadas ninguna casualidad, todo, absolutamente todo lo que se hace es con la finalidad de sacarlas del eje de la Defensa y convertirlas en un instrumento servil a la propaganda política Incluso con César Milani, generalito traidor a la sangre de los combatientes del Ejército Argentino, quien desde el retiro tiene el descaro de proponer una revolución que implicaría el fin de la República y la culminación del proyecto totalitario de corrupción estructural kirchnerista.

Es así que en este mismo país que derrocha su presupuesto en ideología de género, Ministerio de la Mujer incluido, al mismo tiempo que se prioriza la compra de un avión presidencial por sobre la adquisición de aviones de combate, al mismo tiempo que la Cancillería protesta porque los británicos obran como dueños absolutos de las Islas Malvinas, al mismo tiempo que condenada la vicepresidente Cristina Fernández por corrupta el gobierno entero se abroquela en defensa de la corrupción, es decir en el momento que el país está más cerca que nunca de ser un completo hazmerreír que de volver a ser una República con un mínimo de seriedad, el Ministerio de Defensa dedica toda la pompa de su ceremonial a la inauguración de un banco rojo en el Edificio Libertador…

Supone la progresía que simbolismos estúpidos como el del banco rojo concientizan sobre la necesidad de evitar la violencia contra las mujeres, y en tal sentido explicó  la directora de Políticas de Género, Laura Masson, que «desde el Ministerio de Defensa trabajamos diariamente para llevar adelante diferentes políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de Género en el ámbito de la Defensa Nacional y para promover la equidad en el ámbito laboral que pretendemos sea libre de todo tipo de violencias».

Pocas imágenes son tan ridículas como las de funcionarios inaugurando bancos pintados de rojo y en el caso de Defensa es todavía más grotesco por el contexto aludido que muestra un deliberado y completo abandono de la razón de ser de ese Ministerio.

Esto no puede más que empeorar, porque además tampoco hay en la conducción militar de las Fuerzas Armadas ningún atisbo de dignidad, sólo parece haber ordenanzas de la resignación, tan dispuestos a subirse a cualquier banquito como a pintar otros, a olvidar a los camaradas muertos en combate, A NO DEJAR NINGUNA HUELLA MÁS QUE HABER OSTENTADO UN GRADO.

Cualquier mirada sobre la conducción política y militar de las Fuerzas Armadas, lleva a pensar que a los jóvenes argentinos con vocación militar, el más sano consejo que se les puede dar es que mejor se enlisten en la Legión Extranjera antes que vestir uniforme nacional para que los humillen todos los días.

Y no tengo que explicarle a ningún lector lo que al escribir ese último párrafo se agita en mi interior. Eso mismo que a Usted.

 

* La Pluma de la Derecha, un liberal que no habla de economía.

Artículo publicado el 11/12/2022 en La Pluma de la Derecha.

PATAGONIA: UN ENFOQUE EQUIVOCADO

Marcelo Javier de los Reyes*

Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.

Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.

Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.

Sargento Ayudante José Eduardo Aigo

El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.

Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].

Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].

En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].

Los araucanos

Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.

A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.

Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.

Aculturación e invasión de La Pampa

Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.

Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».

Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.

Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.

Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.

Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.

La situación actual

Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.

Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.

Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.

Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].

[2] «Caso Aigo: los prófugos habrían difundido un comunicado». Río Negro, 15/06/2012, https://www.rionegro.com.ar/caso-aigo-los-profugos-habrian-difundido-un-comunicado-LQRN_898838/, [consulta: 13/10/2022].

[3] Ídem.

[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.

[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.

[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.

[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.

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