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LECCIONES DE LA GUERRA DE LAS MALVINAS PARA CHINA

Antonio Luna Carrasco*

La Guerra de las Malvinas, también conocida como el Conflicto del Atlántico Sur, fue un enfrentamiento armado entre Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en 1982. Este conflicto surgió por la disputa soberana sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), un archipiélago remoto en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina y a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido.

La reclamación de soberanía argentina está respaldada por un relato histórico sin sesgos, donde los ingleses usurparon la legitimidad argentina por el simple argumento de la fuerza, en plena expansión para dar bases navales en los océanos para la Royal Navy, en una época donde no existía el Canal de Panama y el paso por el Estrecho de Magallanes era obligado para pasar del Atlántico al Pacifico. El adanismo británico los lleva a bautizar como Drake Passage un paso próximo al Estrecho de Magallanes, a pesar de que Magallanes pasó el 21 de octubre de 1521 y Drake, el mismo día de 1578, 57 años después. El modelo anglosajón de expansión impuso que la isla fuera repoblada por británicos y los lugareños fueran «expulsados», con lo cual se garantizaron que cualquier consulta de autodeterminación futura el resultado estuviera garantizado.

Figura 1 Mapa

El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas recuperaron las islas en una operación sorpresa, capturándolas rápidamente. El Reino Unido respondió enviando una fuerza tarea naval y militar para recuperar el territorio, lo que resultó en una guerra que duró 74 días y concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982. El conflicto causó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, además de miles de heridos.

Aunque fue un conflicto de escala limitada, la Guerra de las Malvinas ofrece valiosas lecciones estratégicas, operativas y tácticas, especialmente en el contexto de disputas insulares y operaciones anfibias a larga distancia. Para China, con una configuración y pretensiones similares en Taiwán y el Mar del Sur de China, este episodio histórico es particularmente relevante. Taiwán, una isla a unos 180 kilómetros de la costa china continental, representa un escenario similar: una potencia continental (Argentina/China) con pretensiones soberanas sobre una isla remota que hipotéticamente podría ser defendida por una potencia naval distante (Reino Unido/Estados Unidos y aliados). Según análisis como el publicado en The Diplomat, las similitudes tácticas y geopolíticas hacen que las Malvinas sean un caso de estudio para un posible conflicto por Taiwán, aunque el trabajo del The Diplomat tiene un elevado sesgo anglófilo, obviamente[1]. Expertos chinos han estudiado el conflicto desde la década de 1980, extrayendo lecciones sobre logística, superioridad aérea y naval, y la importancia de la disuasión.

En este artículo, desglosaremos las lecciones en tres apartados principales: guerra terrestre, guerra naval y guerra aérea. En cada uno, primero resumiremos el desempeño argentino durante el conflicto, basado en fuentes históricas, y luego extraeremos lecciones aplicables a China, teniendo en cuenta las similitudes y discrepancias de cada caso. Viendo los programas tecnológicos militares chinos, muchos han sido asimilados, aunque otros aún no. El enfoque estará en cómo Argentina, a pesar de ventajas iniciales, falló en mantener el control debido a deficiencias logísticas, tecnológicas y estratégicas. Para China, que posee un ejército moderno y recursos vastos, estas lecciones podrían informar estrategias para un asalto anfibio a Taiwán, donde la distancia, el terreno montañoso y las alianzas internacionales complicarían cualquier operación.

El análisis subraya que, aunque la tecnología ha evolucionado (con drones, misiles hipersónicos y ciberoperaciones en el arsenal moderno), los principios fundamentales de la guerra insular permanecen: el control del mar y el aire es crucial para el éxito terrestre, y la logística es el hilo conductor que une todo.

Guerra terrestre: la lucha por el terreno y la logística

La guerra terrestre en las Malvinas representó el núcleo del conflicto una vez que las fuerzas británicas desembarcaron. Argentina inició el conflicto con una ventaja aparente: capturó las islas con facilidad el 2 de abril de 1982, mediante una operación anfibia que involucró a unos 600 comandos y marines, enfrentándose a una guarnición británica de solo 68 Royal Marines y 11 marineros. La invasión, conocida como Operación Rosario, fue un éxito táctico rápido, con mínimas bajas y el control total de las islas en horas. Sin embargo, el desempeño argentino en la fase defensiva posterior no fue el óptimo, debido principalmente a la falta de una cadena logística que mantuviera la operatividad de la fuerza desplegada, lo que llevó a su derrota.

Argentina desplegó alrededor de 12.000 tropas en las islas, organizadas en brigadas de infantería, artillería y unidades especiales. La mayoría eran conscriptos jóvenes, con solo 18-20 meses de entrenamiento básico, y muchos carecían de experiencia en combate. Las fuerzas incluían la X Brigada de Infantería Mecanizada, la III Brigada de Infantería y elementos de la Infantería de Marina. El terreno de las Malvinas —pantanosos, montañosos y expuestos a vientos fuertes— favorecía a los defensores. Las posiciones defensivas alrededor de Puerto Argentino (Port Stanley) eran estáticas, con trincheras y fortificaciones, pero sufrieron de problemas logísticos graves: escasez de suministros, equipo inadecuado para el frío (muchos soldados usaban botas de verano) y moral baja debido a la falta de rotación y apoyo aéreo/naval consistente.

Los británicos desembarcaron en San Carlos el 21 de mayo de 1982, con la 3 Commando Brigade y la 5 Infantry Brigade, totalizando unos 5.000 hombres inicialmente. A pesar de ser superados en número (2:1 a favor de Argentina), los británicos avanzaron con tácticas de infantería ligera, ataques nocturnos y superioridad en entrenamiento. Batallas clave como Goose Green (28 de mayo), donde 450 paracaidistas británicos capturaron a 1.200 argentinos, dan una idea de la superioridad aérea con que contaban los ingleses: rendición prematura, pobre coordinación y artillería limitada por munición escasa. En Mount Longdon, Tumbledown y Wireless Ridge (11-14 de junio), las fuerzas argentinas resistieron inicialmente pero colapsaron bajo presión continua, con fricciones internas entre oficiales y tropas —incluyendo abusos reportados— que minaron la cohesión.

El general Mario Menéndez, comandante argentino que había planteado un sistema de defensas fijas, rindió las islas el 14 de junio tras la caída de las defensas periféricas. Argentina perdió 194 soldados en combates terrestres frente a 150 los ingleses, pero el verdadero fallo fue estratégico: subestimaron la capacidad británica para proyectar poder a distancia, considerar que Estados Unidos no apoyaría con medios a los ingleses y, sobre todo, no mantuvieron líneas de suministro viables. La Armada Argentina se retiró temprano, dejando a las tropas aisladas, y el apoyo aéreo fue insuficiente para contrarrestar el avance británico.

Para China, estas lecciones son críticas en un escenario hipotético de invasión a Taiwán. El Ejército Popular de Liberación (EPL) es masivo, con más de 2 millones de efectivos, pero un asalto anfibio a Taiwán requeriría transportar decenas de miles de tropas a través de 180 km de mar agitado, bajo fuego enemigo. Al igual que Argentina, China enfrentaría un defensor atrincherado en terreno montañoso, con posibles aliados (EE.UU., Japón) proporcionando apoyo. Estudios chinos, como los citados en Survival[2], enfatizan que la victoria argentina inicial en la invasión resalta la importancia de la sorpresa, pero la derrota posterior subraya la vulnerabilidad de fuerzas aisladas sin reabastecimiento.

China ha invertido en capacidades anfibias, con buques como el Type 075 LHD y brigadas marinas, pero el «tren logístico» —el flujo continuo de municiones, combustible y tropas— sería el talón de Aquiles. Las cantidades y modelos de aviones de transporte militar son insuficientes, debiendo incrementar en al menos un 100% los de hélice que tienen. El total del que disponen es: Xian Y-20 (similar al C5) cantidad 100; Ilyushin Il-76MD (similar al C17) cantidad 20; Shaanxi Y-30 (similar al A400M) cantidad 100; Shaanxi Y-9 e Y.8 (similar al C130 Hercules) cantidad 60; Xian Y-7 (similar al C295) cantidad 50; Shijiazhuang Y-5 (similar al CN235) cantidad 100. En las Malvinas, Argentina solo tenía en transporte aéreo apenas 8 C130 Hercules, lo cual fue una gran deficiencia.

Otro fallo argentino fue que no se hizo una defensa avanzada una vez se llevó a cabo la ocupación. Los argentinos, con solo dos aviones cisterna, operaban desde territorio continental, y eso otorgó la iniciativa operativa a los ingleses, dado el escasísimo tiempo de operaciones. Esto otorgó a la Royal Navy superioridad naval; en Taiwán, es improbable que si se tomara la isla y se hiciera un despliegue de defensa avanzada en la isla los norteamericanos puedan tener la iniciativa.

Los misiles antiacceso (A2/AD) chinos podrían disuadir a EE.UU., pero cualquier interrupción (por submarinos o ataques aéreos) colapsaría la operación. Las lecciones incluyen la necesidad de reservas masivas, entrenamiento en condiciones adversas y integración con ramas navales y aéreas para proteger convoyes.

Como conclusión, mantener el tren logístico es clave para el éxito en guerra terrestre insular. Esto requiere supremacía naval para el transporte y supremacía aérea para la cobertura, evitando el aislamiento que condenó a Argentina. Para China, esto implica desarrollar doctrinas dinámicas, no estáticas. No esperar a que lleguen, sino «salir a cazarlos cuando salgan». Teatro de operaciones, el mar, la mar.

Guerra naval: el control de las aguas y el rol submarino

La guerra naval en las Malvinas fue decisiva, aunque asimétrica: Argentina poseía una armada moderna pero subestimó la proyección de poder británica. El desempeño argentino comenzó con éxito en la invasión, donde la Armada Argentina (ARA) transportó tropas sin oposición significativa. Sin embargo, tras el traicionero hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión decretada, y todavía en la mesa de negociaciones, y sin previo aviso, la Armada se retiró a aguas costeras, cediendo el control marítimo.

Argentina desplegó una flota que incluía el portaaviones ARA Veinticinco de Mayo, cruceros como el Belgrano, destructores y submarinos (dos operativos: ARA San Luis y ARA Santa Fe). El Santa Fe fue dañado y capturado temprano, mientras que el San Luis intentó ataques pero falló por problemas técnicos en torpedos. La Armada Argentina evitó confrontaciones directas después del Belgrano, que resultó en 323 muertes y un golpe moral. En cambio, se enfocó en apoyo aéreo-naval, como el uso de aviones Super Étendard con misiles Exocet para hundir buques británicos (e.g., HMS Sheffield y Atlantic Conveyor).

El retiro naval dejó a las tropas terrestres vulnerables, sin refuerzos marítimos efectivos. Argentina perdió el Belgrano y otros buques menores, mientras que los británicos sufrieron daños pero mantuvieron la fuerza tarea intacta. Esto da una idea de que los miembros de la Junta Militar argentina pensaron que se aplicaría lo que se conoce como hechos consumados y no habría reacción británica con una operación militar. Algo parecido al principio que estos días vemos con la operación militar norteamericana en Venezuela, con falta de reacción internacional y mutismo de los foros de gobernanza.

Para China, la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) es la más grande del mundo, con más de 370 buques, incluyendo 4 portaaviones como el Liaoning, Shandong, Fujian y el que hay en construcción desde hace 2 años y estará en servicio para 2029. En un conflicto por Taiwán, el control naval sería esencial para bloquear la isla y apoyar desembarcos. Las Malvinas enseñan que una armada continental puede ser neutralizada por submarinos enemigos, como hizo el Conqueror. China ha expandido su flota submarina (más de 60 unidades, incluyendo nucleares), pero enfrenta amenazas de submarinos estadounidenses (Virginia-class) y aliados. Los chinos han apostado abiertamente por el arma submarina, una de las lecciones bien traída de la guerra de las Malvinas.

En submarinos China debe ampliar la cantidad de submarinos de ataque de furtividad alta. Suponiendo que, por el estilo americano, estos desplieguen 4 o 5 NCG (Naval Carrier Group) de los 9 operativos, necesitarían para llevar a cabo tácticas avanzadas, unos 4 por cada NCG, en total 20, no los 6 planeados del Type 096, pero no deberían descartar tener reemplazos, para actuar de señuelos, y deberían por tanto tener al menos 30.

Lecciones incluyen la necesidad de guerra antisubmarina avanzada (ASW), usando destructores Type 055 y helicópteros, y el valor de portaaviones para proyección. Argentina falló al tener los submarinos fuera de servicio. Además, el uso de minas y drones submarinos podría denegar acceso a EE.UU., similar a cómo Argentina intentó (sin éxito) minar áreas.

Como conclusión, el uso del arma submarina es esencial para mantener la logística y el control de las aguas de la zona. En las Malvinas, un solo submarino británico paralizó la Armada Argentina; para China, invertir en submarinos stealth y ASW podría asegurar rutas marítimas a Taiwán, previniendo un aislamiento similar.

Guerra aérea: el dominio de los cielos y los enablers tecnológicos

La guerra aérea fue el dominio donde Argentina mostró su mejor desempeño, brillante, sobre todo si tenemos en cuenta las limitaciones de enablers como la capacidad de repostaje en vuelo y operar desde suelo continental. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Aviación Naval operaron desde bases continentales, a 700 km de las islas, lo que limitó su radio de acción. Contaban con unos 120 aviones operativos, incluyendo Mirage III, Dagger, Skyhawk y Super Étendard. El 1° de mayo de 1982 comenzaron ataques intensos contra la flota británica, usando tácticas de bajo nivel para evadir radares.

El éxito más notable fue el uso de misiles Exocet: solo cinco aire-tierra disponibles, pero hundieron el HMS Sheffield (4 de mayo) y dañaron otros. Los pilotos argentinos volaron misiones heroicas, causando 24 bajas británicas y dañando múltiples buques. Sin embargo, perdieron 75 aviones (muchos por defensas antiaéreas como Sea Dart y Rapier), debido a falta de repostaje en vuelo (solo dos KC-130 limitados) y a que las bombas lanzadas no tenían tiempo de cebarse desde el lanzamiento. Innovaciones como chaff casero (hecho con máquinas de pasta) mostraron ingenio, pero no compensaron las limitaciones.

Los británicos dominaron con Harriers desde portaaviones, principalmente por la ventaja otorgada por los norteamericanos al transferirle el nuevo misil AIM-9-L Sidewinder en las islas Ascension, durante el tránsito, lo que disparó su efectividad del 15% (el que tenían los misiles argentinos) al 85% (dado que se podían disparar desde cualquier posición) logrando superioridad aérea local. Argentina falló en 46% de misiones por cancelaciones o fallos en armas.

Para China, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) es avanzada, con J-20 stealth y misiles PL-15, que en su variante PL-15E ya demostró en manos de Paquistán en el verano de 2025 que puede batir a los Rafales con radar AESA de la India. Los misiles son el punto fuerte de China, y la lección bien aprendida de la guerra de las Malvinas, y que han puesto en práctica y son lideres absolutos.

Para contrarrestar esto, los Estados Unidos se han lanzado a la carrera por los drones, el loyal wingman como lo denominan irónicamente, que ya se ha convertido en un avión independiente sin necesidad de ir tutelados por los F35. Dados los alcances y autonomías de los aviones norteamericanos, los pilotados no llegan a superar el alcance de misiles, por eso la única vía que les queda a los estadounidenses son los drones con IA. El programa CCA (Collaborative Combat Aircraft) en la versión «no loyal wingman» sino autónomo plenamente. El factor humano aquí es un lastre operacional y, sobre todo, viendo el alcance de las armas chinas.

En Taiwán, la distancia corta favorece, pero EE.UU. podría intervenir con F-35. Las lecciones de Malvinas: armas antibuque de larga distancia (como YJ-21 hipersónico) y repostaje en vuelo (con YY-20U) son enablers clave. Argentina casi triunfó con Exocets pero erró en no tener más aviones cisterna disponibles. China parece no haber aprendido el error de Argentina en cisternas y apenas tiene 30 en operación. Muy insuficiente frente a los 600 norteamericanos. Este es un error de juicio y cálculo de los planificadores chinos.

Como conclusión, la relevancia de las armas antibuque de larga distancia y el repostaje en vuelo fueron los enablers que hicieron que los argentinos tuvieran un desempeño brillante, un casi. Para China, integrar estos en doctrinas A2/AD podría disuadir intervenciones, asegurando superioridad aérea sobre Taiwán.

Conclusión

La Guerra de las Malvinas demuestra que en disputas territoriales insulares el éxito radica en la integración efectiva interarmas y en una logística sólida. Argentina combatió con honor y, en particular, exhibió un desempeño brillante de su aviación. Para China, la aplicación de estas lecciones —como el soporte logístico terrestre respaldado por componentes navales y aéreos, el empleo de submarinos para el dominio marítimo y el uso de facilitadores (enablers) aéreos— le otorga numerosas ventajas para prevalecer en un eventual intento de recuperar Taiwán.

No conviene olvidar que China ostenta el estatus de potencia nuclear, lo que hace improbable una intervención externa que no contemple el riesgo de una escalada atómica. Lo más plausible es que, ante la toma de las islas, no se produzca una respuesta significativa; no obstante, Pekín debería prepararse para evitar el yerro de la Junta Militar argentina y considerar lo improbable: una operación militar adversaria. En cualquier caso, inauguramos 2026 con un hecho consumado: la intervención militar estadounidense en Venezuela, avalada por la aquiescencia internacional y que reduce el derecho internacional a un mero formalismo. No resulta descabellado que China, con argumentos históricos más sólidos que los de Estados Unidos para unificar su territorio —incluida Formosa—, decida actuar, aunque, a la luz de sus sistemas de armamento, su punto óptimo se proyecta para 2027-2028. El de Estados Unidos, en cambio, se sitúa en 2030. Así, se abre una ventana de oportunidad de dos años.

* Antonio José Luna Carrasco ha trabajado varios años en Automoción (Valeo, Grupo PSA); Aeroespacial (TAM, CESA hoy Heroux-Devtek, Airbus Military); Defensa (General Dynamics ELS SBS y Ministerio de Defensa (Isdefe)); Administración (Áreas de Industrial del Estado y Comunidad de Madrid. De Formación Ingeniero Industrial de la UAX, con tres masters (Ingeniería Automoción en INSIA; Stanford Advanced Certified Project Manager y MBA por UAX).

 

Referencias

[1] Mitchell, Martin. «The Falklands War of 1982: Lessons for a Potential 21st Century China-US Conflict Over Taiwan». The Diplomat, October 19, 2024, https://thediplomat.com/2024/10/the-falklands-war-of-1982-lessons-for-a-potential-21st-century-china-us-conflict-over-taiwan/.

[2] Goldstein, Lyle. «China’s Falklands Lessons». ResearchGate, 08/09/2008, https://www.researchgate.net/publication/249054466_China’s_Falklands_Lessons.

 

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Y LA PESCA ILEGAL DE SUS RECURSOS PESQUEROS[1]

César Augusto Lerena*

El 85% de la pesca a distancia la realizan 5 Estados: China, España, Taiwán, Corea del Sur y Japón, quienes ocupan 25 millones de horas de pesca del total mundial de 37 millones horas; por el cual, es altamente probable que el mayor daño no lo ocasionen los 216 Estados restantes, sino estos cinco países que operan ―salvo Japón en los últimos años― tanto en el océano Pacifico como en el Atlántico Sur y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración y el cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y los migratorios en alta mar tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco Estados responsables de la PESCA ILEGAL y del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unos 30 millones de toneladas del total 92 millones/año, es decir, el 33% del total de las capturas sobre «221 Estados y territorios que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p. 18, 2020). En el Atlántico Suroccidental hay que agregar las licencias ilegales que otorga el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas donde buques extranjeros extraen unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros.

La Unión Europea se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias y a acrecentar la pesca fuera de su jurisdicción, lo que hace suponer que la situación habrá de empeorar.

La pesca es un recurso esencial para permitir el desarrollo de los pueblos que, dentro de sus actividades, tienen en la pesca un elemento de generación de empleo, alimentación, sustento de las empresas y desarrollo regional; por lo cual, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe debieran unirse para llevar adelante una política común destinada a erradicar la PESCA ILEGAL.

Se entiende por PESCA ILEGAL a aquella en que se capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional, nacional y/o de origen y/o sin control oficial o independiente habilitado y/o si se captura sin control del Estado de pabellón o con buques que, no obstante utilizar pabellones de terceros están sujetos a las regulaciones de sus países de origen y/o en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible y/o dañando intereses de terceros Estados por realizar las operaciones pesqueras sin acuerdo previo con los Estados ribereños sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a la ZEE; o cuando la pesca se realiza en territorios de terceros Estados invadidos (caso Malvinas) y/o en disputa o donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y/o las fuentes de trabajo y/o la economía de los Estados, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o realizando evasión fiscal por falta de pago de impuestos, derechos de captura o de importación o exportación y/o no declaren las mercaderías que importen o exporten evadiendo los impuestos aduaneros y/o con sus actos afecten la reputación de los países o comunidades a las que pertenecen, contribuyendo a quebrar las normativas legales que aseguran las buenas prácticas de pesca acordadas en las Convenciones Internacionales y de las Comunidades para asegurar explotaciones empresarias sustentables, biológicamente sostenibles y comercialmente equitativas.

Más allá del tecnicismo de Pesca INDNR, no hay faltas leves frente a la PESCA ILEGAL, ya que la depredación de los recursos pesqueros y la contaminación del medio marino son hechos graves que atentan contra el ecosistema y la disponibilidad de proteínas de la humanidad. Por ejemplo, no declarar una captura al desembarque podría considerarse una mera infracción; sin embargo, cuando la pesca está cuotificada este comportamiento lleva a la sobre-explotación o la falta de disponibilidad del recurso de otras empresas que tiene igualmente un cupo otorgado. Y entre otros cientos de ejemplos, también podríamos tipificar de PESCA ILEGAL cuando se captura, sin determinar previamente las “Capturas Máximas Permisibles”, cualquiera fuese el ámbito; etc. la mayoría de las veces mediante “pesca olímpica”. 

La producción pesquera mundial ha alcanzado los 223 millones de toneladas, de los cuales, 92 millones son recursos de la pesca marítima y 131 millones de toneladas proceden de la Acuicultura o Maricultura. Sin embargo, entre 16 y 24 millones de toneladas provienen de la pesca ilegal y, ello, representa de 36 a 54 mil millones de dólares (FAO, 2016, p 05-06) en favor de los países que pescan a distancia, quienes se apropian de los recursos pesqueros de las ZEE de los Estados ribereños o en alta mar cuando capturan los recursos migratorios originarios de las ZEE y/o asociados éstas; ello, sin tener en cuenta los descartes que se producen por la pesca con bajo o ningún control presencial, que los expertos y organismos especializados como la FAO estiman en un 30%, lo que aumenta las pérdidas a casi 28 millones de toneladas anuales.

Deberíamos también ponderar a las empresas de capital extranjero autorizadas a pescar en las ZEE de los países hacen transbordos con embarcaciones generalmente de la misma nacionalidad que operan ilegalmente en alta mar.

Por cierto, los Estados ribereños de Latinoamérica y el Caribe son afectados por la pesca ilegal subsidiada de los buques que pescan a distancia en el océano Pacífico y Atlántico, violando todas las normas internacionales (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; Resoluciones de las Naciones Unidas (ONU); Resoluciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC); el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992); el Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado en la Conferencia de la FAO del 28º período de sesiones del 31/10/1995; el Plan de Acción Internacional (PAI) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal de las Naciones Unidas para la FAO, 2001; el Codex Alimentarius FAO-WHO; las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI); el Acuerdo de la ONU relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Nueva York); los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos; las leyes de Pesca y Medio Ambientales de los Estados ribereños de Latinoamérica y El Caribe; los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea en materia pesquera, aduanera, impositiva, de origen, de defensa del consumidor, sanitaria, etc.

A ello se agregan los informes de la FAO que indican que en el Área 31 (Atlántico occidental central) el 37% de las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles; en el Área 41 (Atlántico Suroeste) el 40%; en el Área 77 (Pacífico Oriental central) el 14,3% y en el Área 87 (Pacífico Sureste) el 66,7% (Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019), lo que agrava la PESCA ILEGAL, cuyos principales responsables son los Estados mencionados.

En este escenario, las distintas Convenciones, Acuerdos, Códigos y Planes aprobados por los Estados y los organismos multilaterales con el objeto de erradicar o minimizar los efectos negativos de la PESCA ILEGAL han resultado insuficientes e ineficaces y después de más de 30 años de aprobados esta actividad ilegal persiste y crece, atentando contra la soberanía de los Estados, la sostenibilidad de las especies y la sustentabilidad de los pueblos menos desarrollados, su economía, trabajo, alimentación y ambiente. Tampoco han resuelto la PESCA ILEGAL en las áreas en disputa de soberanía, atentando contra la seguridad en las áreas en conflicto, el ordenamiento pesquero regional y el ecosistema.

Además de ello, los citados institutos nacionales e internacionales relativos al mar y a la pesca, no han definido con precisión la terminología utilizada de “pesca ilegal”, “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociadas”, “transfronterizas”,  “poblaciones”, etc., a partir de lo cual, resulta imposible establecer marcos normativos destinados a ordenar y conservar los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados; entendiendo, que previo a los acuerdos respecto a la limitación de los espacios, derechos y obligaciones, debería establecerse el “qué”, para finalmente abordar el “cómo” y “quiénes”.

Observamos que mientras las obligaciones son laxas en alta mar, hay mayores exigencias en las ZEE, pese a que el ecosistema es uno e indivisible y, por lo tanto, la depredación pesquera o la contaminación marina en alta mar afecta a la ZEE y viceversa, razón por la que entendemos necesario armonizar las obligaciones relativas a la investigación, conservación y distribución integral y conjunta de los recursos en ambas zonas.

Analizamos también que el Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar indica solo una reducida cantidad de especies “altamente migratorias”, dejando sin tipificar en esta categoría, a cientos de especies y, con ello, resulta muy difícil llevar adelante Acuerdos sobre la captura de especies migratorias originarias de la ZEE a alta mar y de esta a la ZEE. Cuestión que el informe de la FAO (4. La conservación y ordenación de poblaciones de peces altamente migratorias y transzonales) ya refería; al igual que los biólogos Hilborn y Sibert (1988, p. 36; FAO, 1994).

Adherimos a la opinión de Hernán Salinas Burgos (Chile): «La jurisdicción es una expresión de la soberanía del Estado», por lo tanto, carece de todo rigor biológico y jurídico que el Estado ribereño pierda “el dominio” de sus especies originarias de la ZEE en alta mar, por solo transponer la línea imaginaria de las 200 millas.

Por otra parte, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros considerados producto de la PESCA ILEGAL, por cuanto se han capturado sin Acuerdos con los Estados ribereños y/o se han capturado sin controles a bordo de los Estados de pabellón y, por lo tanto, debe entenderse que no está garantizada la sostenibilidad y/o puede haberse realizado depredación y descarte y/o no se disponen de registros y/o se carece del origen y la trazabilidad certificada. Del mismo modo, parece poco probable, que el auto control resuelva la pesca ilegal, como no lo ha resuelto hasta la fecha.

Unos 10 mil barcos chinos superan su jurisdicción y pescan subsidiados a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, Japón, Corea; Taiwán, España. También el Reino Unido asociado a este último país en Malvinas y se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias por exigencia de la Unión Europea, lo que hace suponer que la situación empeoraría.

Entendemos, a su vez, que no son suficientes las sanciones administrativas para desalentar la PESCA ILEGAL y que es necesario aplicar sanciones penales a quienes realizan esta práctica e implementar metodologías desburocratizadas que permitan la aplicación de sistemas ágiles y efectivos.

Evaluamos también que la PESCA ILEGAL encuentra fundamento en la evasión fiscal, ya que pescar sin control ni acuerdos la facilita. 

Consideramos que el descarte al mar de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial es una práctica depredadora que atenta contra la sostenibilidad de las especies y las necesidades proteicas de las naciones, en particular, las menos desarrolladas, habiendo ello quedado de manifiesto con la prohibición de esta práctica en la Unión Europea desde 2004 e implementando desde 2019 y en la Argentina desde 1998, al igual que en otros Estados, pese a lo cual, debido a los controles insuficientes en las ZEE e inexistentes en la pesca en alta mar los resultados son exiguos.

Valoramos el Informe III de Reglamentación de la FAO de la pesca de especies migratorias en alta mar, fuera de la jurisdicción nacional, donde se indica que «de acuerdo con el derecho internacional, un Estado puede condicionar el acceso a la pesca dentro de su jurisdicción exclusiva y, fuera de ésta, tomar determinadas medidas cuando se realicen actos que puedan influir en su zona de jurisdicción»; es decir que tanto el Estado ribereño, como el Estado de pabellón, estarían obligados a acordar.

Verificamos que, frente a acciones de PESCA ILEGAL por parte de buques pesqueros de Estados de pabellón, resulta insuficiente que los Estados ribereños vigilen hasta el límite exterior de las ZEE para evitar el ingreso de las flotas extranjeras que pescan ilegalmente (sin control y sin acuerdo), ya que la pesca de recursos migratorios en alta mar originarios de la ZEE afecta al conjunto de los recursos del ecosistema, provocando daños biológicos, sociales y económicos que afectan a los Estados ribereños menos desarrollados, con más necesidades nutricionales y con altos índices de pobreza y desempleo. Una conducta dolosa que causa un grave daño al ambiente y afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Reconocemos también que la PESCA ILEGAL es un delito ambiental y que, para que haya imputabilidad «los requisitos básicos son conocimiento y voluntad» (María Pazmiño; Ecuador); implica «la capacidad de conocer el alcance de los actos que realiza y, la posibilidad de acomodar su conducta a las exigencias del ordenamiento jurídico» (Allan Arburola Valverde; Costa Rica) y «la capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento…» (Juan Bustos Ramírez; Chile) y que los peces, crustáceos y moluscos son parte del ambiente, forman parte del ecosistema y, su explotación no sostenible; depredadora; de descarte; etc., en suma, la PESCA ILEGAL rompe el equilibrio biológico y compromete los derechos de la tercera generación.

Entendemos que, frente al aumento de la población y las necesidades crecientes de proteínas, a la modificación de las políticas por parte de los Estados de pabellón para hacerse de los recursos naturales, la creciente desigualdad entre las grandes potencias y los Estados en desarrollo, los cambios en las economías de las empresas pesqueras, los mercados y los avances tecnológicos, etc., es necesario perfeccionar las herramientas disponibles, para que sirvan con una mayor eficiencia y eficacia a la protección integral de los recursos, tanto en las ZEE como en alta mar y una explotación con mayor equidad entre los Estados.

Hemos analizado, por su parte, toda la legislación de Latinoamérica y El Caribe referida a la PESCA ILEGAL, donde apreciamos ―más allá de perfeccionar algunas normas― la voluntad de los Estados de proteger los derechos preferentes de los Estados ribereños, en especial en materia de protección de los recursos migratorios, como es el caso del Estado Bolivariano de Venezuela, que refiere a “propender a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios con los países de la región, en particular en lo referido al manejo de los organismos altamente migratorios y los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella”.

Tenemos presente también que la PESCA ILEGAL debe considerarse contaminante y que esta contaminación debe presumirse intencional y grave, ya que los volúmenes de captura ilegal son muy importantes, a lo que se suman los descartes, incluso los descartes de los productos desembarcados; a lo que hay que sumar lo sostenido por la FAO (“El Estado Mundial de la Pesca…”, La Sostenibilidad en Acción, FAO, 2020) de que «las especies marinas explotadas en forma biológicamente sostenible alcanzan al 65,8%, mientras que las explotadas en forma biológicamente insostenible al 34,2% en todo el mundo».

En atención a todo ello, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe, de conformidad con los principios internacionales y legislaciones nacionales de protección de los recursos naturales y del medio ambiente deberían llevar adelante una serie de acciones destinadas a erradicar la PESCA ILEGAL. Entre otras, definir terminológica y científicamente las siguientes expresiones: “pesca ilegal”, los recursos pesqueros “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociados”, “transfronterizos”; las “poblaciones” y otras definiciones biológicas y operativas, a partir de lo cual, establecer los marcos normativos destinados a investigar, conservar, distribuir los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados. Una vez definida la terminología correspondiente, integrar una única lista de especies migratorias, asociadas, transzonales, etc. a propuesta de los Estados y con el debido respaldo científico, de acuerdo con la distribución regional y las características biológicas de las especies.

Teniendo en cuenta el daño ecológico intencional y grave que provoca la PESCA ILEGAL y el ataque a la soberanía política y alimentaria de los Estados, establecer con criterio de Precaución una serie de medidas de urgencia, que incluyan ―al menos― la prohibición de la pesca de los recursos migratorios originarios de las ZEE en alta mar y desde ésta a la ZEE, sin acuerdo con los Estados ribereños; la pesca y transbordos en alta mar sin control de observadores independientes y exigir a los buques que pescan fuera de sus jurisdicciones la certificación de origen y la trazabilidad por parte de los Estados ribereños en las áreas no sujetas a la jurisdicción de los Estados, que permitan garantizar la pesca sostenible y ambiental segura.

Jerarquizar las estructuras oficiales de los Estados ribereños, responsables de ejecutar una política relativa al cuidado del ambiente marino y los recursos vivos del mar, de modo de poder interactuar con los demás poderes del Estado y llevar adelante las relaciones exteriores con capacidad de acordar con los Estados de pabellón la explotación de los recursos en alta mar y, la comercialización de los productos. Al mismo tiempo apoyar técnica y económicamente a los Estados ribereños para que sus Autoridades de Aplicación a través de los correspondientes Institutos de Investigación, establezcan las Capturas Máximas Sostenibles en alta mar con el objetivo de que los Estados de pabellón puedan conocer la información relativa a los recursos disponibles y, su condición migratoria.

Instrumentar los mecanismos necesarios para facilitar los Acuerdos directos entre los Estados destinados a asegurar la titularidad de los recursos migratorios originarios en la ZEE más allá de las 200 millas y, promover un reparto equitativo, sustentable, sostenible y gratuito de éstos recursos al igual que el de las especies asociadas, con los Estados de pabellón en alta mar, de modo de armonizar el interés económico, con el desarrollo de los Estados menos favorecidos, basado en una sustentabilidad económica y sostenibilidad biológica con mayor equidad.

Establecer nuevas herramientas y profundizar las acciones técnicas, operativas y de control para erradicar el descarte al mar y posterior al desembarco de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial, frente a las necesidades proteicas de los Estados, en particular los menos desarrollados.

Instrumentar las sanciones penales adecuadas a quienes realizan PESCA ILEGAL, ya que las sanciones administrativas han resultado insuficientes para desalentar este flagelo que depreda el recurso y pone a esta práctica delictiva «al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad» (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte “Documento de Estrategia de Seguridad Marítima”, 2014) y las bajas penas impuestas para estos delitos, hace a la PESCA ILEGAL muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08) y, se utilizan estos buques que pescan ilegalmente para el transporte de drogas, armas y la utilización de trabajo esclavo y, mientras se armoniza sobre la aplicación de las sanciones penales, propiciar multas a la PESCA ILEGAL cuyo monto supere el valor del buque y el de las materias primas incautadas, ya que no se trata solo de una extracción ilegal de recursos, sino una violación de la soberanía y de la seguridad de los Estados ribereños.

Promover la aplicación efectiva de las sanciones a los Estados, los propietarios, armadores, capitanes y oficiales responsables de los buques que realizan PESCA ILEGAL en lugar de a las embarcaciones, que son bienes que, en todo caso, debieran comisarse o establecerse el desguace.

Establecer los mecanismos para asegurar que, conforme el artículo 88º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, alta mar se use exclusivamente con fines pacíficos, y no debería considerarse uso pacífico utilizar alta mar para capturar sin control ni acuerdo con los Estados ribereños los recursos que migran desde la ZEE, ni tampoco podría entenderse que depredar recursos de tercera generación pueda tipificarse como un fin pacífico que se realiza en alta mar. Del mismo modo, infringir las leyes internacionales; pescar sin acuerdos de conservación; sin declarar las operaciones o haciéndolo en forma inexacta; sin control de las capturas y los transbordos en alta mar; sin observadores e inspectores inobjetables; recibiendo subsidios; utilizando redes con mallas que no liberen juveniles; descartando en el mar; sobreexplotando; usando pabellones de conveniencia para evadir penalidades; capturando recursos migratorios sin tener en cuenta las necesidades de los Estados menos desarrollados y/o afectando las economías de los Estados ribereños; contaminando el mar; realizando actividades con trabajo esclavo o sin aplicar las leyes laborales de la OIT y la Convención de Derechos Humanos; capturando sin establecer las Capturas Máximas Sostenibles; pescando recursos interceptando e impidiendo el ciclo migratorio de las especies; realizando prácticas que atenten contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, etc. Del mismo modo, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros que deben considerarse producto de la PESCA ILEGAL, careciendo de registros, origen y la trazabilidad certificada;

Propiciar la formulación de Acuerdos entre los Estados para favorecer el agregado de valor a las capturas por parte de los Estados ribereños menos desarrollados, reduciendo la comercialización internacional por parte de estos de especies enteras o con escaso procesamiento, de modo de mejorar su administración, generar trabajo local y asegurar menos riesgos de pérdida de calidad por reprocesamiento indirecto.

Contribuir a precisar la tipificación de actos de “Piratería” por parte de los buques que realizan PESCA ILEGAL, ya que al realizar esta práctica se transfigura lo regulado por el artículo 87º 2 de la Convención del Mar: «serán ejercidas por todos los Estados teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar», por cuanto el apoderamiento en alta mar por parte de buques extranjeros de especies (semovientes) migratorias originarias de la ZEE, interfiriendo en su migración «en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado» o mediante actos «de depredación voluntaria, cometido con un propósito económico» o por la apropiación de los recursos mediante la ocupación de territorios marítimos de otros Estados, en todos los casos deberían tipificarse como actos de piratería.

Actuar sobre aquellos Estados que ejercen ocupación en forma prepotente de espacios continentales, insulares y marítimos o explotan áreas en disputa de soberanía capturando poblaciones de especies pesqueras; atentando contra el ecosistema; el ordenamiento pesquero regional y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y la seguridad en las áreas en conflicto.

Fortalecer a los Estados ribereños en sus políticas portuarias a través del asesoramiento, la financiación para la construcción de muelles, su modernización y la aplicación de las tecnologías y medios operativos y de control indispensables, para que sus autoridades nacionales, dentro de su jurisdicción, apliquen todas las medidas necesarias para ejercer el poder de policía que les compete, con el objeto de determinar el origen y la trazabilidad de las capturas; dificultando en lo posible, el comercio de la PESCA ILEGAL.

Instar a los organismos multilaterales con la cooperación consensuada de todos los Estados a perfeccionar los sistemas de certificación de origen y los relativos a los controles de captura, en los puertos, los transportes, los procesos industriales, el almacenamiento y el comercio en general, para asegurar la procedencia y todos los procesos, de forma de reducir el comercio de productos de la PESCA ILEGAL.

Actuar en favor de la normatización efectiva y consensuada, para que los Estados más desarrollados contribuyan con los menos desarrollados, a que la pesca pueda ser un sustento de estos últimos, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con los artículos 24º a 26º del Acuerdo de Nueva York: «Los Estados reconocerán plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en relación con la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios y el desarrollo de pesquerías para tales especies» y, entendiendo, que la pesca no debe ser de subsistencia sino que debe asegurar una “Unidad Económica Pesquera” que les permita a los pescadores -por pequeños que sean- una actividad económicamente sustentable y, que, mediante una administración adecuada, los Estados menos desarrollados puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos y ciudades del litoral marítimo.

Finalmente, la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos desde 2014 consideran a la pesca ilegal como una cuestión de Seguridad Nacional. China y Rusia, sin declararlo operan en ese sentido.

Latinoamérica y El Caribe deberían llevar adelante un proyecto común para terminar con la PESCA ILEGAL en la ZEE y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.  

 

* Dr. César Augusto Lerena[2]. Experto en Atlántico Sur y Pesca. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. www.cesarlerena.com.ar

 

1 de agosto de 2025 (1° de agosto de 1816 nace el Ejército de los Andes que da libertad a los pueblos de Chile y Perú).

 

Referencias

[1] Lerena, César Augusto. Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Fundación Agustina Lerena “Pesca Ilegal y Expoliación de los Recursos Pesqueros de Latinoamérica y El Caribe”, 227 páginas, ISBN 978-987-29323-9-8 Copyright © 2022. Puede ser descargado gratuitamente de: https://saeeg.org/wp-content/uploads/2023/01/pesca_ilegal_y_expoliacion_de_los_rec_pesq_latinoam_y_el_caribe.pdf

[2] El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada el 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana CESPEL (fundado el 2/4/1989); Experto en Atlántico Sur y Pesca; ex Secretario de Estado; ex Asesor en el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados de la Nación; ex Prof. de Universidades FASTA y UNNE.  Autor entre otros de los libros “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2009); “Pesca. Apropiación y depredación” (2014); “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” (2019) y “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la Moneda de Cambio” (2022) y “El Saqueo. La apropiación de la nación de los recursos pesqurros de Buenos Aires (2024). Autor de la Ley de Pesca de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.477; Autor del Proyecto de Ley Nacional de Pesca Marítima (Expte. S-2259/14). Coautor de la Ley Nacional de Marina Mercante y Fluvial Nº 27.419 y de la Ley Nacional de Industria Naval Pesquera Nº 27.418 entre otras leyes y artículos (www.cesarlerena.com.ar).

LAS AMBICIONES DE TRUMP-MUSK NO SON TAN «RARAS»

Roberto Mansilla Blanco*

«Tierras raras». Este parece ser un concepto clave en esta segunda presidencia de Donald Trump en la que se van perfilando sus verdaderos intereses. Desde Groenlandia hasta Ucrania, el excéntrico mandatario estadounidense que no para diariamente de gobernar a golpe de decretazos para desmantelar el statu quo tiene en mente una ambición: controlar la explotación y el negocio de estas superficies ricas en minerales estratégicos para acicalar el «nuevo orden mundial» que anuncia junto a su gurú Elon Musk que ya actúa casi como un «Gran Hermano» orwelliano.

Veamos el mapamundi y la geopolítica detrás de las «tierras raras». EEUU, Brasil, Rusia, India, China y Australia lideran el ranking de países con reservas de «tierras raras». Groenlandia también tiene reservas, tal y como verificó Musk. Pero a pesar de las amenazas, invadirlo no sería tan sencillo. Por eso hay que buscar alternativas así sea necesario provocar una crisis dentro de la OTAN. Así, el caso de Groenlandia implica provocar a un país, Dinamarca, que quizás solo sería noticia por el fútbol y que ahora comienza a tomarse en serio una hipotética invasión a su ex territorio o «esfera de influencia». Sí, esta vez el que invadiría no sería Rusia sino EEUU. Sería una invasión «dentro de la OTAN» y no de un enemigo exterior.

Ya que hablamos de Rusia vayamos a Ucrania. En medio de una posible cumbre Trump-Putin, el estadounidense ya advirtió al mandatario ucraniano Volodymir Zelenksi que le abra el mapa de las «tierras raras» en Ucrania como condición para seguir manteniendo este tinglado de ayudas económicas y militares con una OTAN cada vez más perpleja. No vaya ser ahora que el Kremlin, que tiene bastantes reservas de esas «tierras raras», sea ahora el que domine esos minerales en los territorios anexionados por la guerra. Ucrania es considerado uno de los principales proveedores mundiales de materias primas críticas esenciales como son las «tierras raras», importantes para la industria de la defensa, alta tecnología, aeroespacial y energía verde, en particular coches eléctricos. De allí el posible interés de Musk vía Tesla.

La disputa por el control de estas «tierras raras» provoca una fuerte guerra entre EEUU y China por las cadenas de suministro. Pero no son solo las «tierras raras», que de tanto mencionarlas ya no nos parecen tan raras. Otras riquezas minerales entran también en juego. Hablemos específicamente del litio. Aquí hay mucho en África y América Latina, espacios aparentemente de poco interés para Trump salvo que los intereses de la noticia «tecno-oligarquía» que domina la Casa Blanca termine por enfocarlos cómo prioritarios.

Veamos algún casos: República Centroafricana y Bolivia, por ejemplo. En el país andino irán a elecciones presidenciales en agosto. El asunto está complicado, con divisiones políticas y crisis económica que pueden incentivar el malestar social. Caldo de cultivo más que suficiente para que Washington intervenga pero ya no vía USAID (o quizás con una nueva versión), esa plataforma de apoyos a los aliados de la Casa Blanca y que Trump quiere cerrar para seguramente montar otra. En 2024 Bolivia, país rico en gas natural y estaño, vivió un enigmático intento de golpe de estado contra un gobierno izquierdista que tiene como aliados a Venezuela, Cuba, Rusia (cooperación militar y energética), Irán (cooperación nuclear) y China (principal socio comercial).

Y seguimos. Pasemos a la política comercial. Aquí Trump está siendo intenso. Aranceles draconianos contra Canadá, México y China. El primer ministro canadiense Justin Trudeau (que renunció en enero pasado) y la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionaron rápido manteniendo sendas conversaciones telefónicas con Trump como efecto disuasivo. ¿Resultado? Aranceles «congelados» durante un mes. Pero el aviso de Trump es claro: no me gusta el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y para eso hay que desmantelarlo a punta de presión comercial.

El «Make America Great Again» precisa controlar territorios apetecidos históricamente. Por eso las amenazas de anexionar Canadá y cambiar el mapa del Golfo de México por Golfo de América. Pura retórica matona para amedrentar. Pero no es así con China, que no pica en el chantaje trumpista. Beijing ya preparó sus propios aranceles contra EEUU en esta «guerra fría» comercial mientras potencia su propia Inteligencia Artificial y se prepara para posibles escenarios de guerra.

Si hablamos de guerras no sabemos si seguirá para Rusia en la post-Ucrania o de Israel en Gaza. Trump recibió a su amigo eterno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, asegurando que los palestinos «desearían marcharse de Gaza». Previamente advirtió de expulsar palestinos a Jordania y Egipto. Cuando fue la invasión israelí del norte de Gaza (octubre de 2023) empresarios inmobiliarios israelíes aseguraron que el terreno «limpio de palestinos» servirá para hacer «el mayor parque temático de atracciones en Oriente Medio». Con Trump y Musk en la Casa Blanca, habrá «luz verde» por lo visto. Trump habla de hacer de Gaza la «Riviera de Oriente Medio».

Queda Ucrania, rica en «tierras raras» y miserias políticas, para desgracia de un pueblo ucraniano que ya no quiere más guerras. Kiev sabe que no puede aguantar sin efectivos y con la previsible caída en desgracia de Zelenski por parte de Trump. Putin no se desespera; sabe que tiene un «caballo ganador» tanto en el terreno militar cómo en la negociación. La tregua será probablemente bajo las condiciones de la Casa Blanca y del Kremlin. Un este ucraniano ya completamente rusificado y con la promesa de que Ucrania no ingrese en la OTAN. Pero también surgen informaciones de presuntos problemas de reclutamiento en Rusia. Escenario complejo pero queda claro que con Trump todo es posible. Las incertidumbres muchas veces se convierten en certezas.

Queda una interrogante a futuro: ¿habrá guerra de la OTAN contra Rusia? ¿Y en Taiwán contra China? Especulaciones de todo tipo pero que van cobrando forma. Por cierto, Trump ya amenazó a Taiwán con esas mismas sanciones aplicadas a China pero con el foco en la industria de los chips. Palo y zanahoria de lado y lado, por si acaso. Pero para el eje Trump-Musk, mientras aguante, las rarezas muchas veces son certezas.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Artículo originalmente publicado en idioma gallego en Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/as-ambicions-de-trump-musk-non-son-tan-raras-roberto-mansilla-blanco/