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CIUDADANÍA DESARMADA. PROGRESISMO, ESTADO Y MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA.

Bruno Carpinetti*

Hay una escena fundante en la modernidad política: un conjunto de individuos temerosos que, para escapar de la guerra de todos contra todos, decide entregar su fuerza a una instancia superior. Ese gesto ―descrito con precisión implacable por Thomas Hobbes en Leviathan― da nacimiento al Estado moderno. El soberano concentra la violencia para que la sociedad pueda vivir sin ella. El miedo se transforma en obediencia.

El progresismo contemporáneo, en buena medida, sigue habitando esa escena hobbesiana. Confía en que la pacificación social depende de un monopolio eficaz de la fuerza, encuadrado por derechos y regulaciones. La violencia, en esta matriz, es lo que precede al Estado; lo civilizado comienza cuando el Leviatán la absorbe.

Sin embargo, Hobbes no creía que la violencia fuera una anomalía social corregible mediante inclusión o pedagogía. Al contrario: la consideraba una posibilidad permanente de la condición humana. Sin un poder común que infunda temor, decía, los hombres viven en inseguridad constante. El Leviatán no elimina la violencia; la concentra para volverla previsible.

El progresismo, en cambio, suele suponer que la violencia es sobre todo efecto de desigualdad y exclusión. Es decir, no tanto un dato antropológico como un síntoma social. Y allí surge la paradoja: se desconfía del Leviatán cuando abusa ―cuando sus fuerzas reprimen selectivamente, cuando el monopolio se vuelve arbitrario― pero se rechaza cualquier dispersión controlada de la fuerza en la sociedad civil. Se critica al monstruo, pero se reafirma su exclusividad.

Y en ese terreno emerge una paradoja difícil de eludir.

El progresismo denuncia ―con fundamentos históricos sólidos― los abusos de las fuerzas de seguridad, la selectividad punitiva, la violencia institucional. Desconfía del Estado cuando golpea. Pero, al mismo tiempo, suele rechazar de manera casi absoluta cualquier forma de tenencia civil de armas. Se desconfía del monopolio cuando se ejerce mal, pero se lo reafirma sin matices cuando se trata de excluir toda alternativa.

El resultado es una figura extraña: un Estado sospechado y, sin embargo, único depositario legítimo de la fuerza; una ciudadanía crítica, pero despojada de cualquier capacidad material de defensa.

La violencia, entonces, queda suspendida en un limbo moral: debería desaparecer.

Pero no desaparece.

La Constitución como incomodidad

La Constitución argentina introduce una fisura en ese relato. El artículo 21 establece:

«Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución…»

La frase suena arcaica, incómoda, casi fuera de época. Pero no es un accidente. Es la huella de una antropología republicana distinta: el ciudadano no es sólo protegido; es responsable. No es mero destinatario de seguridad; es parte de su garantía última.

El artículo 36, incorporado después de los golpes de Estado del siglo XX, refuerza esa idea al reconocer el derecho de resistencia frente a quienes quebranten el orden democrático.

Ambos artículos delinean una arquitectura institucional tan clara como exigente: en la normalidad, el Estado ejerce la fuerza legítima; pero la soberanía no le pertenece, sino que reside en el pueblo. Y si el orden constitucional se quiebra, la ciudadanía no queda reducida al papel de espectadora.

El monopolio de la violencia, entonces, no es un atributo metafísico ni un derecho natural del Estado: es una delegación política, fundada en la Constitución y condicionada por su vigencia.

Cuando la Patria se aprendía en el polígono

Esa concepción no fue pura retórica. Durante la primera mitad del siglo XX, la Argentina vio proliferar asociaciones civiles de tiro ―los Tiros Federales, los Tiros Suizos― donde el uso de armas se integraba a una cultura cívica.

El caso emblemático es el Tiro Federal Argentino. Su lema condensaba un espíritu de época: «Aquí se aprende a defender a la Patria».

No era una consigna insurgente. Era una pedagogía republicana. La práctica del tiro deportivo se inscribía en una idea de milicia ciudadana: la defensa nacional no debía recaer exclusivamente en ejércitos profesionales. Había una dimensión civil, una responsabilidad compartida.

Estos espacios hacían algo más que enseñar técnica. Producían identidad. Ritualizaban la relación con la fuerza. La inscribían en disciplina, reglas, pertenencia. Domesticaban la violencia potencial en nombre de la comunidad política.

Con el tiempo, la profesionalización militar y la centralización estatal desplazaron esa tradición. La defensa se volvió asunto de especialistas. El ciudadano armado dejó de ser figura republicana para convertirse en sospecha.

La ilusión del ciudadano tutelado

Hoy el debate oscila entre dos caricaturas: armamentismo irrestricto o desarme absoluto. Pero la Constitución no habita ninguno de esos extremos. Propone algo más incómodo: una ciudadanía activa en una República donde el poder coercitivo es delegado y condicionado.

La experiencia latinoamericana enseña que concentrar toda la fuerza en Estados frágiles no garantiza derechos. Pero también que dispersarla sin regulación erosiona la convivencia. No hay atajo fácil.

La pregunta decisiva no es cuántas armas debe haber. Es qué imagen del ciudadano sostiene nuestra democracia.

¿Un sujeto tutelado cuya seguridad depende por completo de la eficacia ―siempre incierta― del aparato estatal?

¿O un miembro responsable de una comunidad soberana que, en circunstancias excepcionales, puede ser llamado a defender el marco constitucional que lo protege?

La violencia no se evapora por decreto moral. Se organiza. Se delega. Se limita. Se legitima.

En esa tensión ―entre monopolio estatal, soberanía popular y responsabilidad cívica― se juega algo más profundo que una política de seguridad. Se juega una concepción del ser humano y del vínculo que lo une con la República.

Y tal vez allí, en ese punto donde el progresismo prefiere no mirar demasiado, esté la verdadera densidad política de nuestro tiempo.

 

* Guardaparque. Se diplomó y obtuvo una Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra. Completó el Diploma de postgrado en Antropología Social y Política en FLACSO – Buenos Aires, y se Doctoró en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, entre otros fue director de la Administración de Parques Nacionales y Subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Presidencia de la Nación durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Nestor Kirchner.

 

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EL NEOLOGISMO GINECOCIDIO A PUNTO DE APROBACIÓN EN LA RAE

Abraham Gómez R.*

Imagen: 809499 en Pixabay

Desde que tuve el atrevimiento, hace cinco años, de proponer ante nuestra Real Academia Española la resignificación para denotar un abominable fenómeno de patología social, la mencionada entidad de las letras me ha pedido, siempre y de muchas maneras, que densifique la justificación argumentativa de lo que sometí a su examinación y posible aprobación.

De entrada, expuse que hay una trampa léxico-semántica urdida en la construcción y en el significado del término femicidio (o feminicidio); con cualquiera de los dos que se emplee se ha pretendido atenuar y ocultar una terrible verdad, en preocupante incremento mundial: la muerte de las mujeres; sin que nos detengamos en los motivos que impulsaron la perpetración del hecho o los contextos donde ocurrieron.

En cualquier parte, matar a una mujer es ginecocidio.

En el escrito que consigné ante ese exigente Cuerpo Rector de nuestro idioma ―donde fue admitido y referido a su sala de observación― sostenemos que es un desacierto lingüístico expresar femicidio para hacer saber que se comete “homicidio” contra la mujer.

Esta escogencia terminológica (que además confunde) nos luce impropia.

Explico por qué. Porque, nos acostumbraron los medios (y ahora las redes) a generalizar ―en el mismo paquete― que un homicidio, indistintamente, se comete contra un hombre o una mujer. Eso no es verdad. Debemos saber especificar el caso concreto.

Así entonces, he hecho saber en mi moción que cuando se aniquila físicamente a una mujer —por las excusas o pretextos sean― no puede considerarse como homicidio, sino ginecocidio; del griego: Gyné, Gynaikos, Gineco que denota con exactitud: mujer; más el sufijo –cidio, cid, que se forma por apofonía de caedere: matar, cortar.

Como todos saben, la mencionada indagación lingüística, contentiva de mi sugerencia idiomática, la consigné en la instancia correspondiente de la RAE para que ―según ha ido aprobando los estudios que le han hecho― se reflexione, se cree y nazca en justicia una nueva palabra para llamar tal deleznable acaecimiento por su nombre. Sin falsos ocultamientos o disimulos.

Este trabajo de inmediato ―según nos han comunicado― entró en un proceso complejo y exhaustivo, para evaluarlo integralmente.

Debo manifestarles la inmensa alegría que sentí, en mi condición de proponente del citado neologismo, cuando a este nuevo término, como paso introductorio para su posible admisión, le abrieron un expediente (registro). Ha llevado una extraordinaria dinámica.

Procedieron nuestros honorables académicos, acto seguido, a nombrar  una comisión de lexicógrafos, para que iniciaran el trabajo de disección morfo-sintáctica; igualmente procedieron a examinar si cumplía con los requerimientos de válida construcción léxico-semántica; así además, su articulación fonética, la posible función fonológica que se le atribuye; su semiótica (significado preciso); la aplicación pragmática (uso práctico en una circunstancia determinada) o de cualquier otra consideración que ellos crean conveniente para el análisis.

Exhaustiva e interesante labor a la que ha sido sometido el vocablo ginecocidio, por parte de nuestra máxima autoridad de la lengua española en el mundo; precisamente porque tal rigor comporta una de sus concretas funciones, según lo contempla el artículo primero de sus Estatutos:

“[…tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor…”

Hemos entregado a tiempo, a la RAE, todos los elementos justificadores de Ginecocidio, como palabra que irrumpe y reclama, más temprano que tarde, su justo espacio en el olimpo del léxico de nuestro idioma.

Debo dejar dicho también que, a veces, se producen decepciones y críticas al Alma Mater de las Letras por incorporar al Diccionario de la Lengua española (DLE) palabras que no se usan o que nadie conoce, dejando atrás otras cuya notoriedad y merecimientos son evidentes.

Estoy consciente de todos esos riesgos; sin embargo, tengo la inmensa satisfacción que asumo, como tarea, un modesto aporte lingüístico para develar, con la mayor exactitud, los crímenes atroces que contra las mujeres se cometen y que la mayoría de las veces, algunos medios de comunicación, además en la RED o en conversaciones cotidianas, se pretenden disimular el ginecocidio.

Entendamos, en solidaridad humana, que cuando liquidan físicamente a una mujer, no están matando al género femenino; están matando a la mujer, al ser humano; no despachar con el empleo de   femicidio o feminicidio muerte por razones de género.

Tamaña abominación jamás puede ser calificada de otra manera. Hay que denunciarlo como lo que realmente se cometió: un ginecocidio.

A ese absurdo, de no querer decir las cosas por su nombre, nos oponemos.

Y como hay insistencias para presentar y maquillar públicamente la muerte de una mujer como un homicidio, sin más.

La RAE nos hace, a cada momento, la severa advertencia con respecto al vocablo propuesto.

No basta que el término ginecocidio se presente a consideración de los expertos y que el solicitante haga las suficientes justificaciones. Tan importante como lo anteriormente señalado, el neologismo debe tener plena acogida en todos los ámbitos comunicativos. Ellos denominan esta práctica, Frecuencia de Uso.

Así entonces, solicito la cooperación para que le demos Frecuencia de Uso en nuestros diarios y constantes actos de habla al vocablo que en estos momentos estudia la RAE.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 

GUERRAS CIVILES Y TERRORISMO: ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

Daniel Dory*

Una imagen de las protestas en París en marzo de 2023. Foto: EFE.

Los recientes disturbios ocurridos en Francia entre finales de junio y la primera semana de julio de 2023 suscitaron un interés, tal vez sin precedentes, a raíz de la cuestión de la guerra civil. Una vez concluida la secuencia de violencia urbana y plasmados los comentarios mediáticos de los expertos habituales, el sistema político y mediático se apresuró a pasar a temas aparentemente menos preocupantes.

Sin embargo, con la necesaria retrospectiva, es necesario reflexionar seriamente sobre la cuestión de la guerra civil. Tanto más cuanto un país como Francia (pero no es el único) experimenta también desde hace más de una década una secuencia de actos terroristas cuya naturaleza aún no se comprende del todo[1], pero cuyo carácter etnopolítico es indiscutible.

Con el fin de abrir este campo de investigación, el presente documento ofrecerá en primer lugar un breve panorama de la literatura especializada sobre las guerras civiles en general, y su relación con el terrorismo en particular. A continuación, se propondrán los elementos preliminares de un marco analítico basado en una lógica secuencial en pos de situar el terrorismo dentro de una dinámica insurreccional. Por último, se esbozarán algunas consideraciones destinadas a fundamentar futuras hipótesis de trabajo.

  1. La relación entre guerras civiles y terrorismo: logros y límites de la investigación

Este breve repaso de una serie de publicaciones plantea ofrecer una primera idea del estado actual de la investigación sobre la relación entre guerras civiles y terrorismo. No pretende ser exhaustiva, sobre todo en lo que se refiere a los trabajos específicamente dedicados a las guerras civiles, que han dado lugar a una subdisciplina casi autónoma dentro del campo de los estudios sobre la violencia política[2].

Entre los textos que han influido en el pensamiento contemporáneo se encuentra un artículo de Kalyvas[3], que aborda la cuestión de si el final de la Guerra Fría ha dado lugar a «nuevas» guerras civiles. Esta pregunta hace eco a un debate que ha movilizado a gran parte de la comunidad investigadora sobre el terrorismo durante la última década[4]. En ambos casos, los argumentos más contundentes están a favor de insistir en las invariantes de cada categoría de fenómenos, cuyos elementos principales persisten a pesar de las evidentes influencias de las cambiantes situaciones geopolíticas. Esto, a su vez, significa prestar mucha atención a los datos contextuales que definen las condiciones concretas de los espacios y tiempos en los que se manifiestan los conflictos. Esta exigencia también ha sido útilmente reiterada en un artículo reciente, en el que se pide una saludable dosis de cautela ante los estudios cuantitativos de tipo del «Big N»[5], y se pone de manifiesto que los factores que contribuyen al colapso de los Estados son variables explicativas que se tienen demasiado poco en cuenta.

También en la primera mitad de la década de 2000 hubo tres publicaciones que aún merecen una lectura atenta. La primera[6] se basa en un enfoque económico de las motivaciones que subyacen al estallido y la persistencia de las guerras civiles. Partiendo de la alternativa entre codicia (por una variedad de recompensas no exclusivamente económicas) y agravio (incluido el deseo de venganza), los autores examinan una serie (bastante heterogénea) de casos, remitiéndose en última instancia a un enfoque monográfico para consolidar las hipótesis. El artículo de Sambanis[7] nos remite de nuevo al debate sobre los criterios de definición de las guerras civiles, que también recuerda al debate que desde hace tiempo asola la investigación sobre el terrorismo. Sin embargo, la cuestión no es irrisoria, ya que, como señala acertadamente el autor, la calidad de las bases de datos utilizadas para la investigación depende (también en este caso) de la precisión de la definición. Por todo ello, este esfuerzo conceptual, a pesar de sus limitaciones, sigue mereciendo ser consultado. Por último, la necesidad de tener en cuenta los efectos de escala en el análisis de las guerras civiles se destaca muy acertadamente en el buen artículo de Buhaug y Lujala[8], que abre interesantes perspectivas para el estudio geográfico de este tipo de conflictos.

Aunque algo decepcionante desde el punto de vista teórico, el artículo de Boulden[9] tiene el mérito de explorar las consecuencias intelectuales y prácticas de la distinción, a menudo arbitraria, entre terrorismo y guerras civiles, sobre todo en el contexto de la ONU. Pero aquí es necesaria una aclaración importante para evitar confusiones inaceptables. Es vital distinguir los distintos órdenes de la realidad a los que se refieren ambos términos. El terrorismo es esencialmente una técnica de comunicación violenta a disposición de los involucrados en un conflicto, siempre que decidan utilizarla por razones tácticas y/o estratégicas. La guerra civil, por su parte, se refiere a un tipo específico de enfrentamiento violento, caracterizado principalmente por el hecho de que los actores involucrados pertenecen (al menos formalmente) a la misma comunidad nacional y/o estatal.

Sólo integrando esta distinción fundamental es posible proceder a una lectura tan provechosa como crítica del importante artículo de Findley y Young[10], que abre interesantes perspectivas teóricas, a pesar de su imprecisión conceptual. El artículo de Crenshaw[11] también plantea la cuestión del uso del terrorismo en la guerra civil, pero aquí con referencia al yihadismo. Además de algunas consideraciones útiles, este trabajo también muestra la dificultad que tienen muchos investigadores especializados en los estudios sobre terrorismo a la hora de captar la dinámica insurreccional susceptible de desembocar en una guerra civil.

Por último, para concluir esta breve panorámica de la literatura en lengua inglesa, cabe destacar la reciente revisión de Stanton[12] que ofrece una bibliografía actualizada y muestra lo mucho que nos queda por recorrer antes de disponer de un conjunto sólido de hipótesis sobre la relación entre terrorismo y guerras civiles.

Además de estas referencias exclusivamente anglosajonas, podemos citar dos artículos que se refieren a grandes rasgos al estado de la reflexión en Francia sobre el tema que nos ocupa. El primero trata principalmente de las formas específicas en que se entiende la noción de «guerra civil» en Francia, sin abordar no obstante su relación con el terrorismo[13]. El segundo, en cambio, aborda directamente esta cuestión, planteada a raíz de la obra de Galula en un contexto insurreccional[14]. El autor, que también está vinculado con el Ministerio de Defensa, ofrece un rápido resumen de las principales cuestiones teóricas, sin aclarar explícitamente las bases conceptuales de su enfoque ni mencionar la bibliografía especializada (en este caso, principalmente en inglés)…

  1. Terrorismo, insurrección y guerra civil: hacia un enfoque secuencial

De los diversos enfoques considerados hasta la fecha para analizar la relación entre terrorismo y guerra civil, el basado en una concepción secuencial de la posible dinámica de un conflicto que incluya violencia armada es sin duda uno de los más fructíferos.

A grandes rasgos, se puede presentar mediante el siguiente gráfico[15]. Para limitarnos a los elementos esenciales, vale la pena explicar tres puntos específicos.

Fig. 1: El lugar del terrorismo en la posible dinámica de un conflicto armado.

En primer lugar, en todos los casos, es esencial que las dinámicas de anomia (que consiste en transgredir la legalidad vigente) y/o de subversión (que pretende sustituir la legalidad vigente por otra) experimenten un proceso de politización organizada. Esto implica, por un lado, la designación de un enemigo[16] y, por otro, la construcción (y/o instrumentalización) de herramientas de movilización (movimientos, partidos, asociaciones, mecanismos mediáticos, etc.). Es también durante esta fase cuando se consolida una contraélite que contribuye a la polarización de la sociedad, lo que (a veces) puede desembocar en una guerra civil.

En segundo lugar, los actores que surgen del proceso de politización disponen de un abanico de acciones más o menos amplio. Esto depende de muchos factores, como el apoyo o la hostilidad de la población afectada, la naturaleza de los recursos y, en particular, las armas disponibles, el número y las habilidades de los insurgentes y los leales, las normas culturales de los campos antagonistas, etc. Es fundamental comprender que un buen número de actores no recurren a la violencia armada, prefiriendo la propaganda, la guerra informativa e ideológica, la desobediencia civil o incluso la modificación más o menos rápida de la composición etnocultural de la población. En particular, con el fin de influir en los futuros resultados electorales y generar enclaves en los que se instaure progresivamente una legalidad alternativa (tal como la sharia musulmana). Por otra parte, las entidades que optan por utilizar la violencia armada generalmente lo hacen al tiempo que desarrollan actividades no violentas (propaganda, delincuencia económica, trabajo social, etc.). Y también tienen que elegir entre diversas técnicas de uso de la violencia (y por tanto los objetivos que persiguen), que van desde el terrorismo hasta los enfrentamientos «regulares» pasando por la guerra de guerrillas o incluso una combinación de estas opciones en función de la evolución de la situación geopolítica. Y para complicar aún más las cosas, las organizaciones que forman parte de un complejo terrorista[17] tienen que elegir entre diversos modos de operación (bombas, toma de rehenes, atentados suicidas, etc.) según los consideren más o menos eficaces para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, hablar de «organizaciones terroristas» sólo es realmente pertinente si nos mantenemos en el campo polémico de las definiciones (que permiten designar a un enemigo absoluto), pero tiene poca validez en el ámbito científico. En cambio, una expresión como «organización que recurre al terrorismo» es mucho más satisfactoria y abre la vía a la investigación sobre las razones y las condiciones de este tipo de actos.

En tercer lugar, al situar la guerra civil en el horizonte de una dinámica insurreccional, este gráfico ilustra otro hecho crucial. Se trata de la importancia decisiva de la calidad de las élites para las partes enfrentadas. Es evidente que las aptitudes políticas, tácticas y estratégicas de los dirigentes que tienen que librar una guerra civil son a menudo un factor importante para explicar el resultado del conflicto. Pero más allá de esta observación más bien trivial, la capacidad de cada élite implicada en el enfrentamiento para entender la naturaleza exacta de la guerra real en la que está inmersa es un criterio discriminatorio, aunque casi inexplorado en la literatura especializada. Por ejemplo, la tendencia habitual a centrar la atención únicamente en las acciones terroristas (que son objeto de una condena moral ritual) en detrimento de la consideración de la dinámica insurreccional subyacente tiene consecuencias potencialmente catastróficas. Lo que está en juego aquí resulta especialmente claro cuando analizamos las múltiples formas en que las guerras civiles se manifiestan en la práctica.

  1. La guerra civil también es un camaleón…

Es evidente que la famosa fórmula clausewitziana también se aplica a las guerras civiles. Pero es necesario aprehender lo que esto significa en la práctica. Para ello, dos series de observaciones, conduciendo a distintas hipótesis de trabajo, merecen ser consideradas con carácter preliminar.

En primer lugar, es necesario aceptar que las guerras civiles contemporáneas participan, de diversas maneras, en las transformaciones actuales de la guerra. A estas alturas de la investigación, poco importa si este fenómeno se denomine «guerra de 4ª generación»[18], «guerra de 5ª generación»[19], o GIAT (Guerra Irregular, Asimétrica y Total)[20], ya que existe un relativo consenso sobre los hechos más importantes. En particular, se refiere a la erosión gradual de las distinciones esenciales que (en principio) caracterizan a la guerra regular. Las más significativas son la división civil/militar, la temporalidad (el estado de guerra y el de paz ya no están claramente separados) y la espacialidad (ausencia de frente y omnipresencia del combate molecular, a veces de carácter parcialmente criminal).

En consecuencia, las guerras civiles actuales se diferencian de las anteriores (y en particular de la guerra civil española que sirve a menudo de referencia implícita para muchos investigadores europeos) en el sentido en que hacen enfrentar a diversas entidades, generalmente sobre una base étnica, sin que se formen verdaderos ejércitos insurrectos. Del mismo modo, la difusión de la violencia (política y/o criminal) suscita en la población afectada un sentimiento de miedo (o incluso de sumisión), tanto más intenso cuanto que las instituciones encargadas de protegerla (policía, ejército, justicia) se ven progresivamente impedidas de ejercer sus funciones. Esta guerra civil latente puede, según las circunstancias, alcanzar picos de gran intensidad en forma de atentados terroristas y disturbios violentos, cuya dinámica global debe interpretarse con cuidado.

Este último punto es crucial, porque el resultado final de la confrontación depende en gran medida de la capacidad de los distintos actores implicados (con mayor o menor voluntad) en el conflicto para comprender su verdadera naturaleza. Esto empieza, repetimos, por dejar de considerar los distintos actos de violencia (ciertas formas de delincuencia, actos terroristas, disturbios, etc.) como categorías a priori aisladas de la situación geopolítica subyacente. En efecto, y esto nos remite al gráfico presentado anteriormente, mientras que el marco intelectual que estructura la lógica secuencial permite comprender las dinámicas insurreccionales capaces de desembocar en una guerra civil, todas las técnicas de recurso a la violencia (anómicas y subversivas) tienden a manifestarse simultáneamente en la realidad del conflicto. Con lo cual centrar la atención (y posiblemente la acción) únicamente en sus expresiones más espectaculares, es decir, el terrorismo, contribuye a una ceguera potencialmente desastrosa. Por otra parte, desde un punto de vista científico, comenzar el análisis de la dinámica de los conflictos estudiando los complejos terroristas, allí donde existan, es sin duda la mejor manera de evaluar la posibilidad y las condiciones de desarrollo de una guerra civil.

Abordar la relación entre terrorismo y guerra civil requiere entonces la movilización de un amplio abanico de conocimientos y métodos. La dificultad de tal tarea es inseparable de sus retos teóricos y prácticos. Pero forjar las herramientas conceptuales que permitan elaborar hipótesis operativas sobre un tema tan decisivo para el futuro de muchas sociedades (próximas y lejanas) es una exigencia que se debe satisfacer cuanto antes.

 

* Doctor en Geografía, especializado en análisis geopolítico del terrorismo. Miembro del comité científico de la revista Conflits.

 

Referencias

[1] Véase Daniel Dory, «Terrorisme et antiterrorisme : revisiter le laboratoire français», Sécurité Globale, nº 35, 2023, 91-103.

[2] Prueba de ello es la publicación de la revista Civil Wars desde 1998.

[3]Stathis Kalyvas, «Guerras civiles «nuevas» y «antiguas». A Valid Distinction ?», World Politics, Vol. 54, N° 1, 2001, 99-118.

[4] Véase por ejemplo la buena caracterización de : Isabelle Duyvesteyn, «How New Is the New Terrorism?», Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 27, nº 5, 2004, 439-454. El tema también se aborda en Daniel Dory, «L’Histoire du terrorisme : un état des connaissances et des débats», Sécurité Globale, n.º 25, 2021, 109-123.

[5] William Reno, « The Importance of Context When Comparing Civil Wars », Civil Wars, Vol. 21, N° 4.

[6] Paul Collier; Anke Hoeffler, «Greed and grief in civil war», Oxford Economic Papers, Vol. 56, 2004, 563-595.

[7] Nicholas Sambanis, «What Is Civil War ? Conceptual and empirical complexities of an operational définition», Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, N°6, 2004, 814- 858.

[8] Halvard Buhaug ; Päivi Lujala, «Accounting for scale: Measuring geography in quantitative studies of civil war», Political Geography, Vol. 24, 2005, 399-418.

[9] Jane Boulden, «Terrorism and Civil Wars», Civil Wars, Vol. 11, N° 1, 2009, 5-21.

[10] Michael G. Findley; Joseph K. Young, «Terrorism and Civil War : A Spatial and Temporal Approach to a Conceptual Problem», Perspectives on Politics, Vol. 10, N° 2, 2012, 285-305.

[11] Martha Crenshaw, «Transnational Jihadism & Civil Wars», Daedalus, Vol. 146, N° 4, 2017, 59-70.

[12] Jessica A. Stanton, «Terrorism, Civil War, and Insurgency», in: Erica Chenoweth et Al. (Eds.), The Oxford Handbook of Terrorism, Oxford University Press, Oxford, 2019, 348-365.

[13] Jean-Claude Caron, «Indépassable fraticide. Reflexions sur la guerre civile en France et ailleurs», Cités, N° 50, 2012, 39-47.

[14] Édouard Jolly, «Du terrorisme à la guerre civile ? Notes sur David Galula et sa pensée de la contre-insurrection», Le Philosophoire, N° 48, 2017, 187-199.

[15] Este gráfico se publicó originalmente en: Daniel Dory, «L’analyse géopolitique du terrorisme: conditions théoriques et conceptuelles», L’Espace Politique, n.º 33, 2017. https://journals.openedition.org/espacepolitique/4482.

[16] Aquí retomamos la concepción schmittiana de la política. Véase Carl Schmitt, La noción de política/Teoria del partisano: Carl Schmitt, La notion de politique/Théorie du partisan, Calmann-Lévy, París, 1972, (hay ediciones posteriores).

[17] Sobre esta noción, así como sobre los estratos de definición del terrorismo y la identidad vectorial (destinada a transmitir mensajes) de sus víctimas, véase: Daniel Dory; Jean-Baptiste Noé, (Dirs.), Le Complexe Terroriste, VA Éditions, Versailles, 2022, 7-27.

[18] Véase también: Bernard Wicht, Les loups et l’agneau-citoyen, Éditions Astrée, París, 2019. A pesar de su estilo a veces desconcertante, este autor aporta una contribución decisiva a nuestra comprensión del conflicto contemporáneo. Merece la pena leer los tres libros siguientes: Bernard Wicht, L’Europe Mad Max demain? Favre, Lausana, 2013; Bernard Wicht; Alain Baeriswyl, Citoyen soldat 2.0, Éditions Astrée, 2017, y sobre todo: Bernard Wicht, Vers l’autodéfense, le défi des guerres internes, Jean-Cyrille Godefroi, París, 2021.

[19] Véase el artículo fundamental de Donald J. Reed, «Beyond the War on Terror: Into the Fifth Generation of War and Conflict», Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 31, No. 8, 2008, 684-722..

[20] Daniel Dory, «Le terrorisme et les transformations de la guerre», Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, nº285, 2022, 41-57.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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