¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (5TA. PARTE) LA CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA A LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

El Canciller Felipe Solá acaba de efectivizar el anuncio del presidente Alberto Fernández de presentar una Ley de aprobación de límites externos de la Plataforma continental Argentina y aumentar las sanciones a la pesca ilegal. Es un hecho auspicio, pero no debiera hacernos perder de vista que la Argentina sufre la CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA. En esta ocasión, del ATLANTICO SUR, pero, esta vez, asociada a los españoles, quienes son los primeros licenciatarios en Malvinas y ahora el caballo de Troya profundizando la internacionalización del Atlántico Sur.

En ninguna de las invasiones anteriores los británicos ocuparon tanto territorio nacional: 1.639.900 km2, 52% del territorio marítimo y 28% del territorio nacional total; sin incluir, su pretensión sobre la Antártida, la parte meridional del Atlántico Sur y la plataforma continental (ver mapa bicontinental). Por un sinnúmero de cuestiones que detallaré, debo decir, que la Argentina sufre desde hace años la más brutal ocupación extranjera de todos sus tiempos, dejándonos como un país bolivianizado, que podría presentar un futuro impredecible. Al respecto, el reconocido jurista Alberto Spota, decía hacia 1966: “no deberíamos descartar que la Argentina deje de ser triangular, sino hacemos los deberes para evitarlo”.

Hemos visto que detrás de un Acuerdo Pesquero entre Cámaras pesqueras españolas, argentinas y una ignota ONG y, con el pretexto de coordinar la conservación y explotación de los recursos migratorios argentinos, se esconde, un nuevo avance británico en el Atlántico Sur. Bastaría revisar la historia expansionista británica para entender, que no se trata de proteger a tres mil isleños ubicados a 13 mil kms del Reino Unido (RU) en un agreste archipiélago de 11.410 km2.

El poderío del RU se asienta en su alianza en la OTAN (a la que coincidentemente con la guerra de Malvinas en España adhirió en 1982), en su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU; en su alianza estratégica con Estados Unidos; en la transformación de Londres en el centro financiero más importante internacional y, entre otras cosas, en el armado del Commonwealth, compuesto por 54 naciones, con 31,5 millones de km2 y en diez de las 16 colonias existentes en el mundo. A ello habría que agregarle el poder de la Royal Navy, que, podría considerarse por su potencial, entre las 4 más importantes del mundo, después de Estados Unidos, China y Rusia.

El nuevo escenario internacional, el Brexit, el cambio de ruta del transporte marítimo, etc., obligan al RU a profundizar su estrategia expansionista. En el mapa que más abajo se agrega se puede ver con toda su magnitud, el espacio territorial que ocupa el RU y el área pretendida por sus socios españoles, bajo pretexto de conservar los recurso —con los mismos españoles que tienen largos antecedentes de depredación— un argumento, que ya fue utilizado por los británicos, cuando establecieron el área de protección provisoria (FICZ) alrededor de las islas Malvinas en 1990.

La pretensión de las Cámaras Españolas, con apoyo de algunas Cámaras Argentinas, es crear un Área de Reserva de Pesca Regulada en una franja de 150 millas más allá de la ZEE en Alta Mar, rica en especies migratorias argentinas y asociadas, con una organización OROP que debilitaría la administración de los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) y fortalecería a los Estados de Bandera con capturan con buques subsidiados (España, China, etc.).

Dr. César Augusto Lerena © 2020. Reservado todos los derechos (mapa y texto). Esquema aproximado. Autorizada su reproducción mencionando la fuente.

(1) Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km2. Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;

(2) ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 km2, denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);

(3) Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km2;

(4) Espacio establecido y denominado GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 km2;

(5) Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 km2 alrededor de las islas Georgias del sur y Sándwich del sur;

(6) Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;

(7) Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 km2 que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;

(8) Área de 100.000 km2 de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas británicas o con vínculos con Malvinas;

(9) Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km2 pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.

Me referiré brevemente (para más detalles el artículo del autor “El Atlántico Sur, Malvinas y Pesca. Aciertos y desaciertos del Gobierno Argentino, 1982-2020” http://saeeg.org/index.php/2020/04/02/el-atlantico-sur-malvinas-pesca-aciertos-desaciertos-del-gobierno-argentino-1982-2020/) sobre las acciones británicas desde la invasión a Malvinas en 1982 y las consecuencias negativas para la Argentina.

En la década del 1980, en el momento de producirse la rendición en Malvinas, el día 14 de junio de 1982 el RU ocupaba el archipiélago Malvinas de 11.410 km2 y tres millas marinas a su alrededor. A partir de ello, con el otorgamiento de licencias ilegales del RU, se profundiza la captura extranjera iniciada en la década del 70, acrecentándose la internacionalización del mar argentino, dentro del cual, las empresas extranjeras pescaron desde 1976 a la fecha —con licencias ilegales británicas o sin ellas— 44 millones de toneladas, a un valor estimado en los 2.600 millones de dólares/año, por un valor total de 114 mil millones de dólares. En 1984 la Argentina firmó con Chile el Tratado de Paz y Amistad, sobre el diferendo del canal del Beagle, donde perdió territorio insular y marítimo. En 1986, bajo el pretexto de los Acuerdos de pesca firmados por el Canciller Caputo con la URSS y Bulgaria, el gobernador ilegal británico en Malvinas anunció la creación de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) de 150 millas, en la cual se prohíbe el ingreso de buques argentinos, además de reivindicar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y una Plataforma Continental de 200 millas. En 1989 se firma el “Acuerdo de Madrid”, bajo la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca al RU y aceptando las restricciones militares que consolidaron la ocupación militar y económica británica del Atlántico Sur. Del total de km2 que el RU tenía bajo control descarta unos 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, para ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos (estatus que el RU pretende).

En la década de 1990, en Londres, 1990, se firma el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones”, complementario del Acuerdo de Madrid, convalidado por la Ley 24.184, por el cual, la Argentina le otorga importantes ventajas económicas al RU. El mismo año, el canciller Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al RU el otorgamiento de licencias pesqueras. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allanó al RU la posterior demarcación de una ZEE alrededor de Malvinas, ocupación que, en 1993, amplía alrededor de las Georgias y Sándwich, favoreciendo un mayor control y su proyección con la Antártida. En 1994 el RU establece un área de 1.400 km2 al noroeste de las islas, en la ZEE Argentina y por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger las capturas de calamar en favor de sus licenciatarios. En 1995 la Argentina y el RU acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias. En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el RU y en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, esta traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur. En 1999, en Madrid, el secretario de la Cancillería Andrés Cisneros acuerda con el RU combatir a los “buques sin licencias británicas”.

En la década de 2000, se dicta la Ley 25.290 sancionada en el 2000, que aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (no ratificado) sobre la Conservación de especies transzonales y altamente migratorias que pondría en manos de los Estados de Bandera (no ribereños), con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole al RU las puertas en esas organizaciones para intervenir bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Aceptar las OROP sería entregar definitivamente la administración pesquera del Atlántico Sur y el fin de los proyectos de soberanía política y alimentaria. En 2001, en medio de un desacierto incomprensible, el canciller Rodríguez Giavarini invita a coordinar con el RU la presentación ante la Comisión los Límites de la Plataforma Continental. En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, que incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida, como Territorios Británicos de Ultramar que, en 2009, la UE reconoce. ¿Dónde estaban los argentinos con doble ciudadanía española e italiana? En 2008 se dicta la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas la obtención de permisos para pescar en el Atlántico Sur. Ello no impide que algunas empresas violen esta legislación.

En la década de 2010, el RU inicia exploraciones petroleras en Malvinas, precisamente en 2010. Este año, por Decreto del PEN 256, se obliga a los buques desde y hacia Malvinas, solicitar permiso de tránsito a las autoridades nacionales, medida apoyada por los países suramericanos, pese a lo cual, cientos de buques extranjeros reparan, arman y transbordan en puertos uruguayos y en la Alta Mar. El RU crea la “reserva Blue Belt más grande del mundo” con 1.070.000 km2 (3 veces más grande que el RU) en jurisdicción argentina, para asegurarse la llegada de peces al área de Malvinas, incluidos 20 mil km2 de exclusión, en contra de las prescripciones del CAMELAR (Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos). En el año 2013, por Ley 26.875, el gobierno crea el Área Marítima Protegida “Namuncurá”, que, en todo caso debió limitarse, a que el Consejo Federal Pesquero dicte normas de regulación y evitar que esos recursos migren a Malvinas. En el 2015 el RU anuncia el hallazgo de petróleo en la Cuenca Norte y luego, otorga permisos de explotación. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes 351.633 km2 «dejando en suspenso el resto de km2 por tratarse de espacios en disputa con el RU”. En el mismo año, se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan (cancilleres Malcorra y Faurie), quienes declaran: “adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur que habían sido suspendidas en 2015 y habilitó un vuelo de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y una vía de acceso al mundo y, con ello, la sobrevivencia de las islas post-Brexit. En ese año la canciller Malcorra manifestó (en medio de su campaña por llegar a ser la secretaría general de la ONU), que “las islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”. En 2018 durante la Cumbre del G20 se firman acuerdos pesqueros con China y Rusia ratificando la política de extranjerización del Atlántico Sur. En 2019 se licita y aprueba a favor de empresas británicas, áreas offshore de explotación petrolera en una zona entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

En la década de 2020. El presidente de la Nación anuncia una nueva política respecto a Malvinas: la creación de una Comisión integrada por opositores y expertos; la delimitación de los espacios según los nuevos límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina; la aplicación de mayores sanciones a los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur y, la Cancillería, anuncia gestiones en la Unión Europea para evitar el libre comercio de las materias primas de Malvinas en esa comunidad. En este mismo año el Canciller Solá suspende las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur, ya que la información biológica que le suministraba Argentina facilitaba luego el otorgamiento de licencias británicas.

A lo dicho, debemos agregar, la presencia de entre 300 y 500 buques pesqueros extranjeros, mercantes y buques contenedores de gran porte que, por su tamaño, deberán llegar al Pacífico a través del Pasaje Drake, una zona que no está siendo debidamente coordinada por Chile, frente a la carencia de suficientes medios de la Armada Argentina y la Prefectura Naval para controlar debidamente todo el Atlántico Sur, en una muestra de debilidad de la Argentina.

La región sur (patagónica) es un territorio de explotación primaria de bajo a alto desarrollo, con industrialización moderada, siendo la región con más alto PBI per cápita del país con U$S 12.714, aunque muy por debajo de los 100 mil U$S en Malvinas. Es, con el 6% de la población total, la menos poblada del país y con 3 hab/km2 la de menor densidad poblacional, concentrada un 90,1% en los centros urbanos, dejando muy despoblado el ámbito rural. La región es —en general— de baja diversidad productiva, instrumento clave en el diseño de políticas de desarrollo. Con una pobreza del 24,9%, las NBI del 10,8% de la población, un buen índice de desarrollo humano (0,861) y una desocupación del 6%, con el más bajo nivel industrial (13,9%), agropecuario y pesquero (5,8%), construcción (6%) y comercio (6,9%), exportando el 10,8% del total nacional y, finalmente, un dato no menor: tiene una baja representación regional en la Cámara de Diputados de la Nación (36). Todo ello, junto a la radicación de empresas de capital extranjero y extensos territorios en sus manos, nos lleva a ver la necesidad de fortalecer las provincias del litoral marítimo, en razón de tratarse de un área estratégica, a pesar de ser la que más transferencias recibe de la Nación por habitante ($ 41.440).

Y mientras la autoridad ilegal en Malvinas tiene un medio oficial y existe un portal probritánico, en la Argentina —si bien varios medios difunden cuestiones de Malvinas— no hay un medio que promueva la estrategia nacional en esta materia y ello puede deberse a la baja preocupación efectiva de los gobiernos de incorporar a la cultura nacional la cuestión Malvinas. Una prueba de ello es la denuncia que en forma reiterada viene planteando Luciano Moreno Calderón, respecto a que en el reverso del Documento Nacional de Identidad se hayan omitido varias islas y la Antártida Argentina, ignorando la legislación nacional que obliga a usar el mapa bicontinental.

Si bien se han dado pasos para mejorar la situación, entiendo que no alcanzará sino se ejecutan proyectos relevantes para revertir esta ocupación del territorio y explotación de los recursos. Las Olas del Atlántico Sur, esta vez, deben ser gobernadas por la República Argentina.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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