La geoestrategia es la parte de la geopolítica que tiene que ver con la estrategia aplicada sobre bases geográficas. Se trata del estudio de los factores geopolíticos y estratégicos que conjuntamente caracterizan un determinado lugar en el espacio, lugar que nos interesa estudiar para conquistarlo, ocuparlo, dominarlo o modificarlo.
La estrategia gubernamental que tiene en cuenta a la geopolítica, o sea a la relación entre el poder político y las condiciones geográficas, es lo que se denomina conducción estratégica. La geoestrategia puede aplicarse en operaciones militares de insurgencia interna y obviamente su uso es primordial en conflictos internacionales, pero también tal uso puede ser de naturaleza civil y útil, sobre todo cuando se trata de implementar políticas de largo aliento tendientes a colonizar determinados territorios alejados de los centros vitales del país, controlar espacios de naturaleza clave para lograr un pleno dominio de determinados recursos naturales, incentivar traslados poblacionales e inversiones de capital, etc. En este caso, la aplicación conjunta de conocimientos geográficos en el marco de un plan estratégico, es decir, del conjunto de herramientas que se han de usar para lograr un objetivo determinado, resulta fundamental. Desde ya, subyace siempre debajo de esta acción un concepto geopolítico básico, orientado en función del interés nacional y de los fines últimos del estado.
Las concepciones geoestratégicas son tan diversas como las situaciones que deben enfrentarse, ya sea en acciones bélicas o en escenarios de paz y ahí, como medio para lograr el desarrollo de ciertas zonas geográficas. Bolivia ha sumado a su cuasi ceguera en materia de espacio y de visión geopolítica, una no menos alarmante ineptitud en el planeamiento geoestratégico. Lo único que puede destacarse últimamente en este contexto es la famosa “marcha hacia el oriente” preconizada ya desde la década de los 40′ del siglo XX, anticipada por el plan Bohan y luego llevada a cabo a partir del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-56) Sin esta marcha hacia el oriente y los resultados espectaculares que ha generado, no sé que hubiera sido de Bolivia luego del colapso del estaño y otros minerales. El Oriente, en particular el departamento de Santa Cruz, produce hoy prácticamente la mitad de lo que produce el resto del país, siendo además la base fundamental de recaudaciones tributarias e ingresos por exportaciones. Asimismo, es la única región verdaderamente nacional y no “región regional”, como ocurre en el resto de Bolivia. Y ello es así por la fuerte migración del interior hacia Santa Cruz de la Sierra, lo que ha convertido a la capital oriental —y al departamento— en el nuevo “melting pot” (crisol) de la bolivianidad. Guste o no, hay que admitir que hoy todo lo cruceño es nacional y el resto es regional en la Bolivia de nuestros días.
Ahora y en pleno siglo XXI, falta una nueva visión geoestratégica global que sirva de impulso para la puesta en práctica de acciones concretas que nos permitan explotar con sabiduría los recursos energéticos de Bolivia y también acceder con fluidez a los ricos territorios amazónicos de Beni y Pando. Ojalá esa visión surja pronto, pues las oportunidades perdidas no siempre se recuperan y el tiempo perdido, definitivamente no se recupera jamás. He aquí la importancia del análisis geoestratégico.
En la década de 1990 asistimos a la destrucción de la industria de la Defensa, una de tantas. Luego de la crisis de 2001 siempre existieron justificaciones para no recuperar a las Fuerzas Armadas pero la llegada del kirchnerismo al poder agudizó aún más la situación.
Durante la campaña cada pata de Cambiemos tuvo su grupo dedicado a analizar las cuestiones inherentes a la Defensa y ya se percibía claramente el desinterés de ese espacio político por recuperarlas del abandono pero nada indicaba que la gestión iba a ser tan desastrosa como lo fue, la cual terminó con el hundimiento del submarino ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. Unos y otros son responsables de ese hecho trágico para nuestra Armada, tanto el gobierno que llevó a cabo las reparaciones de medio término, como el gobierno durante el cual se dio la orden de zarpada y la propia Armada. Previa a su partida desde su base en Mar del Plata existía un informe que enumeraba una serie de defectos, según me confió una fuente del propio ministerio, cuya lectura debió haber evitado que la nave emprendiera esa travesía.
Ya antes de esa tragedia la política del gobierno de Cambiemos daba muestras de que no variaría respecto del que lo precedió, lo que me motivó a escribir el artículo titulado “Fuerzas Armadas: Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional”, del 15/03/2017,
Al igual que ahora, el gobierno de Cambiemos abrió un abanico de posibilidades de compra de material para nuestras Fuerzas Armadas, excusa que solo favoreció a ciertos funcionarios para “viaticar”. Durante la gestión finalmente se compró poco y nada y mal. Adquirieron cuatro OPV francesas, más apropiadas para la Prefectura Naval Argentina que para la Armada, la primera de las cuales navegó protegiendo nuestra soberanía sin armamento. Me refiero al ARA Bouchard, al que recientemente le colocaron un cañón y que aparentemente tuvo problemas en un motor. Las cuatro lanchas israelíes Shaldag, que resultan excesivas para patrullar el Paraná y con cuyo costo podríamos haber construido veinte más acordes a nuestras necesidades o, en su defecto, haber comprado las LPR-40 al astillero Cotecmar de Colombia. En esa oportunidad, la compra fue llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad a cuyo frente estaba Patricia Bullrich, junto a un sistema de vigilancia de fronteras y globos radar, los cuales también fueron comprados a Israel a pesar que se fabricaban aquí.
Cuando se aproximaba la Cumbre del G-20, en 2018, el gobierno se dio cuenta que carecía de una Fuerza Aérea que pudiera garantizar la seguridad de los líderes que acudían a la reunión en Buenos Aires. Se procedió a comprar cinco aviones Super Étendard Modernise (SEM)… que no volaban. Bueno, durante el gobierno kirchnerista también se compró material ferroviario chatarra así que ya teníamos experiencia.
A estas compras pueden agregarse la de los doce aviones de instrucción Texan II comprados a los Estados Unidos por un costo de US$ 160.470.000, en detrimento de nuestros Pampas.
Como de costumbre, los ministros de Defensa de la democracia no tienen presupuesto para equipar a las Fuerzas Armadas y ante el desmadre económico del gobierno de Macri, se optó por recortar mucho más ese presupuesto y se suspendieron muchos proyectos como puede corroborarse en mi artículo ya mencionado. Claro que cuando lo escribí tenía algunas sospechas de por qué se ponía la mira en los cinco aeródromos que tenía la Fuerza Aérea entre la CABA y la Provincia de Buenos Aires… hasta que apareció el negocio del Flybondi y eso me dio la pieza que faltaba a mi rompecabezas. Lo extraño era que no reflexionaran acerca de que la Fuerza Aérea no tenía aviones.
Un nuevo gobierno peronista/kirchnerista
Bien, estamos de nuevo con un gobierno peronista/kirchnerista que, al igual que el de Cambiemos, hace grandes anuncios. Los medios que se dedican a temas de Defensa nos hablan de toda la oferta de material ruso con transferencia de tecnología, que nos permitiría dar un gran salto desde este estado de indefensión en el que nos encontramos. Las propias autoridades del Ministerio de Defensa se mostraron con representantes rusos visitando astilleros y analizando el potencial de nuestra industria de la defensa. Pero no hay que hacerse ilusiones.
Bien pronto, el sitio Zona Militar publicó —el 10 de marzo— un artículo titulado “¿Cuál es el equipamiento que se negocia para las Fuerzas Armadas para 2021?” para, copete de la noticia, decir: “Presentamos los principales puntos que el Ministerio de Defensa quiere abordar durante el 2021”[1].
Citaré textualmente lo escrito por Zona Militar:
“A continuación, el equipamiento destinado a ser negociado para su incorporación, modernización, finalización, etc., según el Ministro Rossi.
Se espera que se concluya un contrato con INVAP para terminar 2 radares y construir cinco nuevos. Dos son para reemplazar los viejos, otros dos son para la policía de la provincia del Chaco, uno destinado a Mercedes y otro a Tostado, y Río Grande en Tierra del Fuego. Estos radares tienen la función de constituir una segunda línea de sensores en territorio nacional.
Objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional que pueda operar con el rompehielos ARA Almirante Irizar destinado a las misiones de la Campaña Antártica de Verano.
Aspiración de construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021.
Terminación del prototipo IA-100 Malvina.
Finalización de la campaña de ensayos en vuelo del avión Pucará Fénix.
Finalización de las tareas de modernización del C-130H Hércules TC-64 que se encuentra en FAdeA
Finalización de la modernización del avión P-3 Orión.
Incorporación a la Fuerza Aérea de los B-200 (Hurón).
Incorporación del Boeing 737 para transporte de tropas y servicio dentro de la estructura de LADE.
Reemplazo del LAMA por 6 helicópteros de montaña. Tres para la Fuerza Aérea Argentina y tres para el Ejército Argentino.
La puesta en servicio de una nueva OPV.
Re motorización de las corbetas MEKO 140.
Finalización de dos lanchas LICA para entrenamiento de cadetes.
Terminación de un buque Swath para el servicio de hidrografía naval.
Intención de construir remolcadores para la Armada Argentina.
Incorporación de dos unidades del helicóptero Sea King.
Terminación de la ICM de uno de los helicópteros Mi-171E de la Fuerza Aérea Argentina para operar exclusivamente en la Antártida.
Retomar el programa TAM2C.
Compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino.
Definición del programa VCBR para el transcurso del año.”
Como podrá apreciarse, nada conmovedor y con la certeza de que al menos la mitad de los ítems no se concretarán. Eso se ve claro en esta enumeración que menciona términos como “aspiración” e “intención”.
Para no detenerme en cada uno de los puntos, tomaré algunos a consideración.
La presidente de FAdeA, Mirta Iriondo, ha señalado que debe reemplazarse a los Hércules argentinos y que fue un error no haber comprado los españoles porque eran más nuevos[2]. Si bien la presidente de FAdeA admite no estar en el ministerio, se entiende que su opinión al respecto debe ser escuchada y contemplada, ya que la reparación de los Hércules argentinos es de su competencia y conoce las dificultades de encontrar los repuestos. De tal manera que luego de haber invertido fondos en la modernización se plantea la necesidad de reemplazarlos, algo que se debió haber pensado antes. Agrega otro punto de interés, es que el KC-390 de Embraer podría no cumplir la misma función de los Hércules y que no sabe si llegan a la Antártida —por cuestiones técnicas— y que cree que la computadora de ese avión es británica, por lo que no podríamos contar con el mismo por el embargo impuesto por el Reino Unido.
El tema de las lanchas LICA, nave de instrucción para cadetes en proceso de construcción en los Astilleros Río Santiago, es un proyecto que se remonta a 2015 y que fue paralizado por falta de presupuesto. Cada tanto tiempo se hace el anuncio de que se retomará su construcción y se entregarán dos de esas lanchas[3].
El objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional es absolutamente viable y puede recordarse que en nuestros astilleros se construyó el ARA Bahía Paraíso (B-1), botado en 1980, con una destacada intervención en el Conflicto del Atlántico Sur pero que naufragó en la Antártida en 1989, tras chocar con una roca cuando trasladaba a un grupo de turistas. Ahora, no es un objetivo que se pueda comenzar y finalizar en 2021 y mucho menos razonable si se tiene como ejemplo lo que sucede con las lanchas LICA.
Se “aspira” a construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021. Es aproximadamente al ritmo que se viene desarrollando pero dada la falta de aviones en la Fuerza Aérea, deberían producirse unos 20 Pampa III artillados por año. Incluso se había considerado su incorporación a la Armada Argentina.
La “compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino” es algo que hacen casi todos los gobiernos. Quizás habría que pensar en un plan integral que contemple la reconstrucción de las redes ferroviarias —desmanteladas fundamentalmente en la década de 1990—, que tendrían múltiples usos, transporte de personas, de mercaderías, ferrobuses que unirían pueblos y ciudades del interior y un uso estratégico militar que permitiría el transporte de blindados, lo que actualmente se hace en camiones. Recuperar y rediseñar el trazado ferroviario significa articular nuevamente el territorio nacional, favoreciendo su integración y el mantenimiento de la soberanía.
Sin embargo, debe destacarse que nada en esa enumeración se refiere a la incorporación de material militar nuevo destinado a la defensa. No se contemplan aviones supersónicos ni buques de guerra para navegar nuestro extenso mar Argentino. Es que todos los gobiernos de la democracia se han dedicado a desmantelar las Fuerzas Armadas, un actor fundamental para mantener nuestra integridad territorial. Sólo se piensa en ellas para funciones subsidiarias, como por ejemplo ayuda en catástrofes naturales.
Existe un odio visceral hacia las Fuerzas Armadas por parte de la casta política de todo pelaje, pues los diferentes gobiernos no han hecho más que humillar a su personal y a una de las más importantes instituciones de la Nación, la que debe velar por la Soberanía Nacional, por la integridad territorial. Un claro ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa y el propio ministro de Defensa al descubrir baldosas recordatorias de los desaparecidos del Servicio Meteorológico Nacional.
“Conmemoración” del 24 de marzo en el Ministerio de Defensa
El sostenimiento de un relato y de este tipo de actitudes por parte de un ministro de Defensa es absolutamente contrario a la unión nacional, pues se sigue dividiendo a la sociedad y denigrando a las Fuerzas Armadas sin narrar la verdad de los hechos que llevaron al 24 de marzo de 1976, día en que los militares con apoyo mayoritario de la sociedad argentina asumieron el gobierno; una sociedad cansada de los actos cometidos por diversos grupos terroristas que pretendían cambiar la Bandera Nacional creada por Manuel Belgrano para reemplazarla por un trapo rojo empuñado por “jóvenes idealistas” que derramaron sangre inocente en la Argentina, levantándose en armas contra un gobierno constitucional. Cabe recordar que fue ese gobierno constitucional el que firmó el decreto 261 del 5 de febrero de 1975, cuyo artículo 1º enunciaba:
El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de TUCUMAN.
Y cuyo artículo 9º cerraba de la siguiente manera:
Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese. — MARTINEZ DE PERON.[4]
De tal modo que quienes niegan la historia jamás tendrán la intención ni la aspiración de reestructurar las Fuerzas Armadas. Pero debe recordarse que el Artículo 99 de la Constitución Nacional expresa que el Presidente de la Nación “es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación” (inciso 12) y “dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación” (inciso 14).
La ley N° 23.554 de Defensa Nacional, en su artículo 2º, enuncia:
La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
Una propuesta para recuperar las capacidades de las Fuerzas Armadas
La recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas solo puede considerarse a partir de la llegada al gobierno de una nueva dirigencia con sentimientos patrióticos, la que al presente no parecería que podría surgir de los espacios políticos que hoy están en condiciones de ganar una elección.
Con respecto a la Defensa Nacional debe considerarse un primer eje que es fundamental y que es el contexto geopolítico. En este sentido debería considerarse el escenario en que se encuentra la Argentina, qué política exterior nos proponemos desarrollar y en función de ello se debe reflexionar qué sistema de Defensa es necesario para la Argentina. Por otro parte, justamente en función de ese contexto geopolítico, deben considerarse las “hipótesis de conflicto”, las que vienen siendo negadas por las últimas administraciones nacionales.
Habida cuenta del estado de indefensión de la República Argentina, se hace necesaria una urgente recuperación de las capacidades perdidas y, dado que cada gobierno tiende a dejar sin efecto lo que ha acordado o planificado su precedente, es imprescindible implementar un Plan Trienal de Recuperación de las Fuerzas Armadas —es decir que lo pueda desarrollar ese mismo gobierno— que les permita alcanzar un alto nivel operativo. Para ello debe destinarse una inversión de US$ 12.000 millones con la finalidad de reconstruir, principalmente, la Fuerza de Submarinos y la Flota de Mar, así como la Fuerza Aérea.
Debe recordarse que el territorio nacional, sin considerar el mar territorial, representa la octava superficie a escala mundial, por lo que sus Fuerzas Armadas deben estar acordes a ese espacio geográfico al que, además, debe añadirse la gran extensión en el Atlántico Sur, cuya proyección incluye a nuestras islas Malvinas, Orcadas, Georgias y Sandwich del Sur. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas cumplen un papel esencial en nuestra Antártida, por lo cual amerita que se les proporcione los recursos necesarios para efectuar esa labor.
Ese objetivo de la recuperación material de las Fuerzas Armadas puede llevarse a cabo tanto a través de la adquisición por compra —a países que en la actualidad no nos estén sometiendo a un embargo, ni que puedan hacerlo a futuro— como a través del desarrollo nacional. En función de este último punto, debe potenciarse la industria nacional de la Defensa con la intención de alcanzar un alto nivel de calidad, lo cual redundará en una reactivación económica que favorecerá a amplios sectores productivos, en especial a la industria nacional, incluyendo las pymes. Es imperioso poner en funcionamiento todos los astilleros, tanto para producir buques militares, como pesqueros, mercantes, petroleros, etc., lo que también permitiría a la Argentina fundar nuevamente una empresa como ELMA, la que podría llevar nuestras exportaciones a todo el mundo.
Un segundo eje, asimismo de gran importancia, es el de los recursos humanos. Debe atenderse la cuestión salarial, pues no es coherente que el Estado Nacional invierta en la formación del personal militar —en particular en pilotos de aeronaves— para que luego pasen a integrar empresas aerocomerciales, de seguridad o de logística, e incluso pasen a formar parte de la policía, entre otras alternativas. En función de ello, debe procederse a una recomposición salarial que permita establecer un mecanismo de selección más basado en la Carrera Militar que en la obtención de una cobertura social, de modo tal que impida la emigración de su personal y obre de incentivo para alcanzar, en lo personal, aún una mayor capacitación.
Sería deseable, como métrica de ingreso, poder quitar a la totalidad del personal militar de su hundimiento salarial por debajo de la línea técnica de la pobreza.
Sostener al personal calificado no solo depende del ingreso económico. Es preciso restablecer de manera seria, un Plan de Carrera que esté basado en las capacidades y méritos del personal.
Un tercer eje es el del adiestramiento. En la actualidad, en buena medida por la escasez de recursos a que las Fuerzas Armadas fueron sometidas y al desinterés de las diversas administraciones nacionales, el nivel de adiestramiento ha decaído en forma preocupante. Por tal motivo, deberá elevarse considerablemente ese nivel, el cual deberá ser rigurosamente controlado para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir óptimamente con el deber que la Nación les exige. En este punto, debe incluirse la capacidad técnica y tecnológica para que el personal militar esté preparado para actuar ante la guerra del presente, es decir, poder enfrentar la ciberguerra, la guerra electrónica y las denominadas “QBN”, química, biológica y nuclear. Con respecto a este último punto, se requiere un profundo conocimiento tecnológico por lo que representa un gran desafío para nuestras Fuerzas Armadas dada la falta de personal capacitado.
En tal sentido, es necesario un cambio de paradigma, en el cual el adiestramiento en disciplinas tecnológicas complejas debe centrarse en las capacidades y no en los medios. De nada sirven fastuosas inversiones en medios, en ausencia de las capacidades humanas precedentes.
Debería considerarse un cambio en la legislación de Defensa y de Seguridad Interior, ya que las amenazas y riesgos actuales requieren que se deje de lado la división entre “seguridad externa” y “seguridad interna” para avanzar en un concepto integral, de modo tal de superar las limitaciones que actualmente se le imponen a las Fuerzas Armadas, impidiéndoles la actuación en casos de emergencia o excepcionales, como por ejemplo contribuir en el control de fronteras.
Debería reconsiderarse el actual Servicio Militar Voluntario e implementarse un Servicio Militar Optativo que, a su vez y a futuro, contribuirá al incremento del Personal de Reserva. Cabe recordar que mientras estuvo vigente el Servicio Militar Obligatorio —actualmente suspendido—, los soldados conscriptos accedían a un sistema de salud, a terminar sus estudios primarios y a capacitarse en alguna profesión que luego le sería de utilidad en la vida civil. En tal sentido, el Servicio Militar Optativo —concebido de un modo más amplio que el sistema actual— podría ser una herramienta vital para aquellos jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan.
Del mismo modo, es necesario sancionar una nueva Ley de Reserva para incrementar el personal profesional en caso de necesidad.
Dada la extensión territorial de la República Argentina, es necesario aumentar urgentemente la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, así como su presupuesto, el cual deberá ser elevado al 2,5% del Presupuesto Nacional. No cabe duda que la Argentina cuenta con recursos para mejorar el presupuesto de Defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que el actual gobierno puede destinar el 3,4 % del Producto Bruto Interno a programas con perspectiva de género, un porcentaje muy superior al que se destina a la Defensa Nacional.
Como ya se ha mencionado, la recomposición de las Fuerzas Armadas debe ser enmarcada en un proceso de reforma del Estado que debe contemplar la reducción de sus ministerios a un número inferior a diez y que considere que muchos de sus cargos ejecutivos deberán recaer en personal de carrera, reduciendo así el “costo político” que significa el nombramiento de funcionarios de partidos políticos, familiares y amigos. Poner en marcha la producción nacional para la defensa implica activar la producción nacional en diversos sectores, es decir, generar empleo, e integrar nuevamente al país a través de un adecuado sistema de comunicaciones.
Nunca más un gobierno y ministros que administren la miseria en materia de Defensa.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
El pasado 16 de marzo se llevó a cabo el foro vía Zoom denominado Análisis económico y legal del Impuesto a las Grandes Fortunas realizado a iniciativa del Colegio de Economistas de Bolivia. Contó con la participación del director del Centro de Estudios Bolivianos de Estudios Económicos (Cebec), Lic. Pablo Mendieta y el especialista en derecho tributario, abogado Pablo Ordóñez. Estuvieron presentes connotadas personalidades. El objetivo fue conocer diferentes aspectos de la medida que tiene como fecha de inicio el ya inminente 31 de marzo. Fue un evento positivo, realizado en el tiempo justo para que la gente vea con mayor perspectiva este controvertido nuevo gravamen. Felicito a los organizadores, expositores y participantes.
El domingo 21 pasado, el periodista especializado en temas económicos Fernando Rojas Moreno publicó una extensa nota sobre el mismo evento, detallando con precisión diversos aspectos técnicos y legales de la flamante normativa. Ergo, nos corresponde ahora más bien reflexionar globalmente acerca del impuesto, si es adecuado o no y sobre su impacto macroeconómico. De partida, la experiencia internacional nos señala en forma tajante que no. La mayoría de los países que en su momento lo impusieron o quisieron hacerlo lo dejaron de lado o desistieron de su puesta en práctica.
Por donde se lo mire, aplicar un impuesto a las grandes fortunas (IGF) genera elementos urticantes e inhibitorios de la inversión privada. Por otro lado, y aparte de su dudosa legalidad, la nueva norma se presta a determinadas maniobras que -con justa razón- los potencialmente perjudicados intentarán ejercer o aplicar. Eso de que el IGF es “igualitario” y demás palabrerío oficialista oculta la realidad real: no tendrá éxito; más bien generará un efecto perverso, es decir, un resultado contrario al esperado y además es un doble gravamen.
Bolivia precisa con absoluta urgencia disponer de un conjunto de ideas económicas pragmáticas que alienten la inversión, calmen expectativas negativas crecientes y fomenten la confianza, hoy muy venida a menos en todos los campos. La prensa ha comentado que más de 8 franquicias internacionales ya abandonaron el país y otras están por hacer lo mismo. Eso significa menos empleo, menos inversión y menos crecimiento. Así de simple. El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha expresado que si los países de América Latina hacen bien las cosas, podrán crecer por encima del 4% en esta gestión 2021, pero si no hacen lo que debe hacerse, el resultado final será muy pobre o nulo.
Todo este conjunto de elementos básicos debe hacer reflexionar a las autoridades económicas nacionales, sumando además la necesidad de una tregua sociopolítica que genere un nuevo amanecer, una nueva perspectiva, en lugar de seguir enredados en el pasado y en la generación de conflictos, como sucede ahora con el tema de querer imponer la tesis del “golpe de Estado” a como dé lugar, en vez de mirar hacia adelante, procurar conciliaciones y pensar en el futuro de Bolivia. Bien decía Sir Winston Churchill: “Los países que miran atrás terminan igual que el cangrejo: también caminan hacia atrás”.
El IGF es un factor inhibitorio que fracasará rotundamente. Como eso, hay varias cosas más que pretenden imponerse demagógicamente y que por simple realismo no funcionarán. Por favor presidente Arce: cambie de rumbo, aún no es demasiado tarde, todavía se confía en usted.
