EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK EN TIEMPOS DE «TRUMP II»: ¿SE DESLIZA EEUU HACIA UNA DICTADURA «2.0» O HACIA UNA «GUERRA CIVIL» DE BAJA INTENSIDAD?

Roberto Mansilla Blanco*

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre en un campus universitario en Utah ha desatado todo tipo de escenarios prospectivos sobre la posibilidad de que EEUU estaría políticamente entrando en una fase de radicalización sociopolítica y de autoritarismo que eventualmente conlleve un espiral de violencia política.

El crimen ocurre en un momento en que la administración de Donald Trump ha entrado en una fase de «securitización» de la política estadounidense, colocando a la seguridad nacional y el control de los organismos de seguridad estatales como una prioridad de su gestión. El despliegue de la Guardia Nacional (GN) y efectivos militares en Los Ángeles y Washington DC, alegando una supuesta ‘crisis delictiva’, ha sido el primer paso de un plan más amplio de militarización que amenaza con extenderse a Chicago, Baltimore, Nueva York y otras ciudades y estados gobernados por el Partido Demócrata.

Pero no es sólo el contexto interno sino también regional el que podría estar aprovechando Trump para afianzar su agenda «securitista». En este sentido también se puede incluir la operación antinarcóticos que Washington lleva a cabo en aguas caribeñas, que ha propiciado una mayor presión hacia el gobierno venezolano incluso con expectativas de derrocamiento y transición del poder en Caracas.

Tomando en cuenta otros precedentes, este episodio de violencia política contra Kirk no es aislado y acontece igualmente en un contexto determinado por la segunda presidencia de Trump, cuyas expectativas se focalizan en consolidar al «trumpismo» como un eje hegemónico del sistema político estadounidense. En esta coyuntura, el debate político en EEUU se ha trasladado claramente a las redes sociales bajo un clima de intensa polarización y radicalización, condicionando en algunos casos la labor que asumen las instituciones estatales en materia de conciliación y de resolución de conflictos.

Las reacciones al asesinato de Kirk por parte de altos cargos del gobierno estadounidense, especialmente del vicepresidente D.J. Vance, intensifican los temores en cuanto a la radicalización política. Vance no dudó en acusar a sectores de extrema izquierda como los presuntos perpetradores de este atentado.

Poco después, las autoridades detuvieron a Tyler Robinson (22 años) acusado de ser el presunto asesino de Kirk. La Fiscalía estadounidense pidió la «pena de muerte» contra Robinson, en clara concordancia con las expectativas del presidente Trump.

La violencia política como espectáculo: Kirk, un mártir para el «trumpismo»

Kirk, de 31 años y cristiano devoto, fue el fundador en 2012 del movimiento activista Turning Point USA, un foro de militancia política a favor del «trumpismo» y del movimiento MAGA (Make America Great Again) Esta iniciativa tiene especial atención en propiciar la militancia hacia las nuevas generaciones. Tras el asesinato, su viuda Erika Kirk (36 años) asumió este rol como CEO de este movimiento social y político estrechamente ligado al «trumpismo».

El movimiento tiene presencia en aproximadamente 3.500 campus de bachillerato y universidades en EEUU, expandiendo una ideología de liberalismo económico, reducción del papel del gobierno y del sector público y una retórica anti-musulmana y sexista, congeniando plenamente con las ideas conservadores que ha monopolizado el «trumpismo». Una encuesta de la Universidad de Harvard asegura que la franja etaria entre 18 y 24 años ha girado sus preferencias políticas hacia la derecha. Por tanto, Charlie Kirk parecía encaminado a dirigir a una nueva generación de jóvenes «trumpistas». Y sus ideas comenzaban a tener impacto en el exterior.

El funeral de Kirk celebrado en Arizona este 21 de septiembre se convirtió en una puesta en escena estratégica en clave política para movilizar socialmente al «trumpismo» en un momento donde se está registrando descontento con la gestión presidencial. Enardeciendo la emotividad como móvil político, el propio Trump catalogó a Kirk como un «mártir» toda vez clamaba que «sin Dios no hay EEUU». El objetivo era claramente «sacralizar» su lucha política en aras de preservar el patriotismo y los valores tradicionales como ejes fundamentales de la sociedad estadounidense.

Observando con detenimiento estas palabras, esta simbiosis entre religión y política así como las constantes referencias a Dios determinan igualmente la voluntad de la Administración Trump por focalizar en la educación para moldear una nueva cultura política entre la opinión pública que contrarreste la ideología progresista y de la denominada «izquierda woke» en las aulas y movimientos sociales. Con ello pretende movilizar al ascendente nacionalismo cristiano afiliado a su idea de MAGA, vital para su apoyo político y electoral, probablemente marcando la agenda de cara a las elecciones legislativas del «mid-term» previstas para noviembre de 2026.

Con ello, el «trumpismo» da el pistoletazo de salida para iniciar lo que las nuevas fuerzas conservadoras, reaccionarias y liberales han denominado como «la batalla cultural» contra las corrientes progresistas, concordando igualmente con los apoyos de grupos religiosos que apoyan a Trump.

Dos datos para tomar en cuenta que explican el porqué de la movilización de las fuerzas «trumpistas» y sus implicaciones dentro del contexto de polarización y radicalización política en EEUU. El primero, el rechazo a la inmigración ilegal, aspecto que fortalece las políticas antiinmigración que impulsa Trump bajo el argumento de que afectan la seguridad y la identidad nacional estadounidenses.

El segundo, la proliferación de armas entre la población civil. Según la organización independiente Small Arms Survey, actualmente existen en EEUU unas 400 millones de armas en manos civiles. La ratio indica que es un arma por cada habitante, lo cual hace de EEUU el país con más armas de fuego per cápita del mundo, con más de 120 armas por cada 100 habitantes. 

Trump resucita el «macartismo» para el asalto al poder total

Si bien estamos aún lejos de observar en EEUU una situación de crisis y disolución que lleve a la quiebra institucional y a la conformación de bandos armados con control territorial que propicien una eventual guerra civil, esta perspectiva no deja de ser mediáticamente atractiva tomando en cuenta el escenario de constante convulsión a nivel mundial que, súbitamente, estaría llegando precisamente hacia la principal potencia del planeta.

Por tanto, el clima derivado en EEUU del asesinato de Kirk merece una reflexión más profunda sin perder de vista si este horizonte de confrontación política radical y eventual guerra civil es posible o no.

La perspectiva de que EEUU podría estar transitando hacia una guerra civil comienza a tener repercusión en el mundo intelectual y editorial. En 2019 los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explicaron los peligros del populismo «trumpista» y sus tendencias autoritarias en tiempos de crisis política en su clásico How Democracies Die. What History Reveals about Our Future.

Tras este estudio destaca el libro de la académica Bárbara Walter, How Civil War Starts and How to Stop It (2025) Catedrática de Asuntos Internacionales en la Universidad de California, Walter es una de las principales expertas mundiales en guerras civiles, violencia política y terrorismo. Siendo una voz autorizada conviene por tanto reproducir algunas ideas que Walter expone en su libro y que puede ayudar a comprender la dinámica de polarización y radicalización que vive EEUU desde aproximadamente la década de 1990 pero que se ha exacerbado con la llegada de Trump a la presidencia en 2017.

Apoyándose en un informe de la CIA, Walter identifica «la evolución del extremismo en EEUU» cuya fase previa se encamina a la «insurgencia manifiesta». Según Walter, esos pasos «son el señalamiento, por parte de un grupo, de agravios comunes y la construcción de una identidad colectiva, el reclutamiento de miembros, algunos de los cuales reciben entrenamiento militar, el acopio de armas y provisiones, las acciones violentas de baja intensidad». Actualmente, «el país es una anocracia dividida en facciones que se aproxima rápidamente a la fase de insurgencia manifiesta, lo cual significa que está más cerca de la guerra civil de lo que ninguno de sus ciudadanos creería. El asalto al Capitolio ha impedido al Gobierno restar importancia a la amenaza que las organizaciones de ultraderecha suponen para EEUU y su democracia. […] De hecho, el asalto al Capitolio podría ser perfectamente el primero de una serie de atentados organizados en una fase de insurgencia manifiesta: se dirigió contra infraestructuras, había planes de asesinar a ciertos políticos e intentos de coordinar las acciones, y, además, implicó a un gran número de milicianos, algunos de ellos con experiencia en combate».

Por otro lado, un medio de tendencia progresista, Spanish Revolution, identifica una serie de claves que definen la concreción de un régimen autoritario y dictatorial en los EEUU de Trump. Señala aquí la concentración de poder; la ausencia y separación de poderes; las restricciones a derechos y libertades; manipulación electoral; control de medios de comunicación; uso sistemático de la violencia y del miedo; culto a la personalidad («trumpismo»); ausencia de garantías jurídicas; supresión de la sociedad civil; y narrativa única e imposición ideológica. Según esta publicación, de estos diez parámetros, EEUU ya cumple con siete.

La tendencia a propiciar escenarios de espectacularidad política vía puesta en escena como el funeral de Kirk se ha convertido en una estrategia para Trump y un «trumpismo» que está reconstituyéndose en cuanto a piezas políticas e ideológicas. Más allá de la gravedad de la situación determinada por el asesinato de Kirk, este hecho no deja de implicar una situación de oportunismo político para un Trump cada vez más enfocado en otorgarle prioridad a la seguridad pública, con vestigios de dar curso a un escenario de «securitización» e incluso militarización del debate político. Un aspecto importante que se pudo observar en este funeral fue la escenificación de la eventual «reconciliación» entre Trump y el magnate Elon Musk tras meses de desencuentros.

Ya en julio de 2024, con el atentado en su contra en Pennsylvania durante un mitin político, Trump logró vertebrar a su favor este suceso en momentos previos a las elecciones presidenciales de noviembre pasado. No se debe olvidar el asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de simpatizantes trumpistas atendiendo al llamado de su líder días antes de la toma de posesión de Joseph Biden. Toda vez ha enfrentado casos judiciales en este sentido, Trump sigue argumentando sin pruebas concluyentes que las elecciones de 2020 fueron un robo. Mientras tanto, en Brasil, su aliado político Jair Bolsonaro acaba de ser sentenciado a 27 años de prisión por una situación similar ocurrida en enero de 2023. Fiel a su estilo intimidatorio que revela sus intenciones políticas, Trump ha amenazado con sanciones comerciales a Brasil por este juicio contra Bolsonaro.

En el foco de atención está observar cómo Trump rentabilizará políticamente el crimen de Kirk. Recientemente hemos observado su decisión de imponer un mayor control sobre la policía, la Guardia Nacional y otros mecanismos de seguridad. Se especula con que el asesinato de Kirk sirva de excusa para desatar una sutil represión política y de ideas disidentes.

Para ello precisa reconvertir como eje del debate político la tesis de la lucha entre los «patriotas MAGA» contra los «globalistas» y el supuesto «Estado Profundo» apoyado por la «ideología woke» y los «liberal-globalistas» presentes en el establishment de lo que se ha denominado como «el Estado Profundo». Uno de los blancos preferidos de Trump y sus simpatizantes es apuntar contra el magnate George Soros como supuesto mecenas de estas ideologías «antipatriotas». El propio Kirk llegó a acusar a judíos-estadounidenses de presuntamente financiar la izquierda woke y el denominado «marxismo cultural».

Si bien Kirk defendía públicamente a Israel, días previos a su asesinato comenzó también a criticar el genocidio en Gaza. No obstante, fuentes israelíes se concentraron en enfocar su asesinato argumentando una especie de conspiración por parte de la izquierda woke e incluso de elementos yihadistas. No obstante, el propio gobierno de Netanyahu ha intentado disminuir esos argumentos con la intención de evitar cualquier implicación israelí detrás del suceso, alejando las expectativas conspirativas ante el hecho de que Kirk tomara distancia sobre los planes israelíes en Gaza.

Viendo en perspectiva histórica, los EEUU de Trump podrían retrotraer los mecanismos de la cacería macartista de la década de 1950 contra los comunistas, ahora reconvertidos en los «progresistas, globalistas y woke». Las reacciones de Trump tras el asesinato de Kirk podrían arrojar algunas claves sobre esta posible cacería ideológica, especialmente en los medios de comunicación y en un poder judicial donde el «trumpismo» y los sectores ultraconservadores tienen una fuerte presencia.

Trump ha amenazado con retirar las licencias a medios y grandes cadenas informativas que consideran críticos con su gestión. También ha señalado a periodistas y reporteros de ser eco de voces izquierdistas que influyen en la opinión pública. La suspensión por parte de la cadena ABC del programa del comentarista Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesino de Kirk implica observar cómo la polarización en los medios ya acoge medidas punitivas. Son cada vez mayores las denuncias de las intenciones de Trump de amordazar la libertad de expresión y de información silenciando voces críticas.

En un gesto claramente reaccionario e incluso provisto de teatralidad, Trump ordenó vía redes sociales a su fiscal general Pam Bondi que persiga «ya» a «los enemigos del presidente de EE.UU», lo cual confirma un inédito acto de injerencia en las labores del Departamento de Justicia. El 22 de septiembre, Trump declaró como «organización terrorista» al movimiento Antifa, progresista, antifascista y antirracista que tuvo una presencia importante durante las protestas tras el asesinato de Floyd en 2020 y la creación de la protesta «BlackLiveMatters».

Las redes sociales: el campo de batalla de la «guerra civil 2.0»

Volviendo al caso Kirk, en redes sociales, e incluso algunos miembros de la clase política, hubo reacciones de todo tipo. Un comentarista político influyente como el conservador Tucker Carlson (conocido por su mediática entrevista al presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2024) fustigaba contra el odio y reclamaba por la necesidad de «orden en el país», destacando el «carácter cristiano y moralista de Kirk».

Como un émulo del discurso «trumpista», las palabras de Carlson exponen la perspectiva de «necesidad de regeneración espiritual» de los EEUU instigando a dar curso a una agenda ultraconservadora.

Por otro lado, el analista Daniel Estulín, quien ya advirtió hace años sobre la aparente «inevitabilidad de una guerra civil en EEUU», realizó una comparativa del asesinato de Kirk con el realizado contra Daria Dugina, hija del ideólogo eurasianista ruso Aleksander Dugin, en agosto de 2022. Dugin, considerado quizás de manera exagerada como el «ideólogo de Putin», es un conocido simpatizante de Trump, cuyas ideas de «regeneración espiritual» y de «recuperación del papel civilizatorio de Rusia» coinciden con las visiones patrióticas y antiglobalistas de MAGA, teniendo un notable impacto mediático dentro y fuera del país.

Estulín, de origen lituano nacido en la URSS y a quien se le ha tildado de propiciar «teorías conspiratorias», consideró que Kirk fue víctima del denominado «Estado Profundo» y las «fuerzas invisibles» (un objetivo preferido para el «trumpismo» y MAGA) Indicó que Kirk que criticaba constantemente al presidente ucraniano Volodymir Zelenski mientras defendía una política de distensión por parte de EEUU con Rusia. Esto provocó, según Estulín, que diversos ucranianos en redes sociales festejaran el asesinato de Kirk.

Vistas las reacciones en diversos medios, el asesinato de Kirk podría así estar creando un caldo de cultivo para una radicalización política en EEUU. En este apartado se menciona también el papel de la denominada «Generación Z», los nacidos en la década de 1990 imbuidos en la cultura digital cuya capacidad política se ha visto confirmada con los recientes acontecimientos en Nepal, echando violentamente del poder al establishment.

De este modo, el «trumpismo» y sus detractores han convertido las redes sociales en el campo principal del debate político en EEUU, alterando así los canales tradicionales de discusión mientras marca una tendencia cada vez mayor hacia la radicalización como una especie de solución política.

Un análisis del LISA Analysis Unit augura un clima de «guerra política de baja intensidad» en EEUU argumentando que «si bien la probabilidad de una guerra civil clásica es muy baja, el escenario de una ‘guerra política de baja intensidad’ (con violencia localizada, atentados selectivos, crisis de gobernabilidad y periodos de confrontación social intensa) es cada vez más plausible. Este riesgo no es teórico: los datos recientes sobre asesinatos de figuras públicas, amenazas a jueces y funcionarios, protestas masivas y picos de desinformación confirman que la tensión ya se está manifestando».

En un mensaje póstumo, Erika Kirk, viuda de Kirk, se dirigió a «los malhechores» detrás del asesinato de su esposo que «no saben lo que han hecho ni lo que han desatado en todo este país. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor por un Dios misericordioso». Habló de la familia y del «amor de Kirk por Trump». Con un tono calculadamente emotivo enfatizó en el carácter «heroico» de quienes asistieron a su esposo en sus últimos minutos de vida. Insistió en el mensaje de su esposo por «crear familias y tener fe en Dios. Es lo más importante de todo».

Lo que puede ser considerado como una puesta en escena en clave política sobre el futuro no sólo de EEUU sino de sus intereses a nivel mundial puede tener otros mensajes que no se deben pasar por alto. Erika Kirk podría estar lanzando un llamado a la lucha en un momento de crisis, en clave existencial y espiritual. Y Trump, maestro de la escenografía, del show y del espectáculo, lo ha recogido oportunamente en un momento clave, en un «Turning Point» de una presidencia que parece estar convencida de que éste es el momento propicio para instaurar la visión «trumpista» definida en el «ideario MAGA», con todas sus consecuencias.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: LA POLÍTICA PÚBLICA DE INSEGURIDAD CIUDADANA COMO INSTRUMENTO DE GOBERNABILIDAD

Gabriel Urquidi Roldan* y Daniel Symcha**

Empleados municipales de la Patrulla Local de Vicente López confundieron a un joven en estado de crisis con un ladrón y lo mataron mientras intentaban arrestarlo dejando en evidencia un serio problema en el abordaje de la seguridad en el conurbano bonaerense

 

La seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires transita una senda ambigua: mientras el clamor social reclama patrullaje y resultados, las estructuras legales y la pirámide normativa que rige el Estado exigen una separación clara de funciones. El resultado es una tensión constante entre lo que la ley manda y lo que las prácticas locales —a menudo incentivadas por la política— terminan imponiendo. Esa contradicción no solo erosiona la legalidad, también produce un caldo de cultivo para errores operativos, violaciones de derechos y la instrumentalización de la inseguridad como herramienta de gobernabilidad.

El gobierno provincial utiliza el financiamiento de la Ley de Seguridad Pública 12.254 como un mecanismo de gobernabilidad, desviando fondos genuinos del PBI asignados a la policía para consolidar redes de control político a nivel municipal y garantizar lealtades de los intendentes. Este esquema, lejos de fortalecer políticas de seguridad ciudadana, incentiva prácticas represivas, falta de control civil y episodios de violencia institucional

Antecedentes históricos de los Centro de Operaciones Municipales

El antecedente del municipio de Tigre y su Programa de Protección Ciudadana (PPC) de 2008 ilustra la problemática: bajo la apariencia de prevención y modernización —cámaras, patrullaje municipal, centros de monitoreo— se produjo una usurpación funcional sobre materias que la Ley 12.154 (Art. 2) reserva a la policía provincial (Provincia de Buenos Aires, s. f.). Esa deriva no es un detalle técnico: contraviene el principio de jerarquía normativa (pirámide de Kelsen) que impone la prevalencia de la norma superior frente a actos inferiores[1]. Cuando un municipio asume actos propios del Estado policial se vulnera la cohesión legal y se abren grietas por donde se filtran arbitrariedades y riesgos institucionales.

El principio de supremacía normativa de Kelsen indica que ninguna norma o acto administrativo local puede contradecir normas provinciales o nacionales, asegurando coherencia en la jerarquía jurídica[2]. Sin embargo, esta arquitectura legal ha sido vulnerada mediante resoluciones y ordenanzas que intentan «blanquear» prácticas manifiestamente ilegales.

Crónica de una muerte anunciada

El caso más reciente y dramático es el de Octavio Buccafusco (34), ocurrido el 3 de septiembre de 2025 en Avenida Maipú y Güemes, Vicente López. Octavio, en medio de un episodio de pánico, llamó al 911 solicitando ayuda. Cinco efectivos de la Patrulla Municipal de Vicente López lo persiguieron, lo redujeron y lo mantuvieron aplastado contra el suelo durante más de diez minutos, provocándole la muerte por asfixia. La secuencia quedó registrada en cámaras municipales. Los implicados son el sargento municipal Maximiliano Maguayar, los agentes Gustavo Acosta, Yamila Flores y Natalia Quiroz, y el oficial bonaerense Santiago Nicolás Correa. 

División de competencias y legalidad en Seguridad Pública: riesgos de la politización y del ejercicio irregular de funciones municipales

La división de tareas debe ser nítida: la policía provincial tiene la misión indelegable de patrullaje, monitoreo operativo y detención; los municipios deben concentrarse en infraestructura urbana —bacheo, iluminación, poda, mantenimiento— y en políticas sociales y de prevención situacional (Decreto-Ley 6769/58). Esta separación no sólo atiende a la legalidad, sino a la eficacia: la evidencia muestra que la prevención situacional (mejor iluminación, control de acceso, diseño ambiental) reduce oportunidades delictivas; el mapeo y la inversión tecnológica sirven, pero requieren coordinación con las fuerzas competentes para no generar efectos contraproducentes[3] [4].

El problema se agrava cuando la financiación del sistema se fragmenta o politiza. La ausencia de una ley de presupuesto anual estable y la prórroga por decretos, junto con reasignaciones discrecionales de partidas —como las consignadas en los decretos recientes (Decreto 3681/2024; Decreto 371/2025)—, han desfinanciado áreas esenciales de la fuerza pública y han incentivado la transferencia de recursos a municipios bajo criterios políticos. Esa práctica, además de contrariar la ley presupuestaria y la distribución competencial, erosiona la capacidad operativa de la policía y la continuidad de políticas públicas (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2024; 2025).

En este contexto, varios municipios crearon cuerpos de Patrullas y/o Guardias comunales con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana. En términos operativos, los cuerpos de patrullas o guardias comunales oficiarían como unidades de avanzada y reconocimiento para alerta temprana. Pero estos cuerpos, integrados por personal municipal no tienen formación en situaciones de crisis y no es su función ni deben actuar cumpliendo tareas de policía ya que los agentes, suboficiales y oficiales de las fuerzas de seguridad fueron preparados específicamente para la prevención y represión de delitos, la preservación de la vida y de los bienes de las y los ciudadanos, por lo cual son profesionales en la materia actuando en base a un marco y una doctrina legal, con responsabilidad, con conciencia en el necesario uso racional y proporcional de la fuerza, actuando dentro del marco de la ley, los derechos humanos, los procedimientos establecidos y los protocolos específicos para garantizar la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley.

Más preocupante aún es el uso de centros de monitoreo municipales como si fueran agencias de inteligencia. La captura, almacenamiento, procesamiento y producción de imágenes de vigilancia implica tratamiento de datos personales y, en muchos casos, elaboración de «productos» de seguridad que constituyen tareas de inteligencia —actividad regulada y restringida por la Ley Nacional de Inteligencia y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.520; Ley 25.326). Los municipios que procesan y analizan imágenes, construyen bases de datos y diseñan planes operativos se exponen a violaciones legales y a un serio riesgo de abuso de la información[5] [6].

Es imperativo recordar: los empleados municipales no son agentes de policía. No poseen investidura para detener, requisar, privar de la libertad, portar armas de fuego con autoridad pública ni realizar operativos de vigilancia que equivalgan a actuaciones policiales. Las prácticas observadas en algunas jurisdicciones —patrullaje con móviles municipales, presencia física para “controlar” la vía pública, portación de armas personales o de origen dudoso, y operaciones de inteligencia desde centros de monitoreo locales— violan normas esenciales y colocan a funcionarios municipales y a comunidades en situaciones de riesgo jurídico y de seguridad (Decreto-Ley 6769/58; Ley 12.154).

¿Qué debe hacerse?

En primer lugar, restaurar la legalidad: reafirmar que la policía provincial es la autoridad de primer orden en patrullaje y monitoreo operativo, y que los municipios se dedican a gestión urbana y prevención situacional y comunitaria[7]. En segundo lugar, diseñar mecanismos de financiamiento transparentes y estables: una ley de presupuesto clara y la prohibición de reasignaciones discrecionales que desvirtúen la función policial. En tercer lugar, establecer foros de seguridad locales donde ciudadanos, municipios y policía articulen planes complementarios —iluminación, poda, mantenimiento, y programas sociales— sin invadir competencias ni simular funciones policiales[8].

Finalmente, adoptar un enfoque integral de prevención: combinar medidas situacionales (diseño urbano, cámaras gestionadas por la autoridad competente), comunitarias (foros, vecindario, participación ciudadana) y sociales (políticas de inclusión, educación y empleo) para reducir la demanda del delito y la violencia estructural[9] [10]. Solo desde la plena observancia de la pirámide normativa, con financiamiento responsable y roles institucionales respetados, podrá la Provincia articular una política de seguridad legítima y eficaz. De lo contrario, la inseguridad seguirá siendo —como en la crónica de una muerte anunciada— el instrumento proclive a perpetuar poderes y a degradar el Estado de derecho.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

** Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] Kelsen, H. Pure Theory of Law. University of California Press, 1960.

[2] Ídem.

[3] Boba Santos, R. Crime Analysis with Crime Mapping (4.ª ed.). SAGE Publications, 2016.

[4] Chainey, S., & Ratcliffe, J.  GIS and Crime Mapping. Wiley, 2005.

[5] Pepper, J. V., & Petrie, C. V. (Eds.). Measurement Problems in Criminal Justice Research: Workshop Summary. National Research Council, The National Academies Press, 2003.

[6] Olaeta, H. Luces y sombras sobre la creación de oficinas de producción de conocimiento en materia criminal. Revista Pensamiento Penal, 2015.

[7] Kelsen, H. Op. cit.

[8] Alles, M. Desarrollo del talento humano basado en competencias (Cap. 1). Ediciones Granica, 2015.

[9] Boba Santos, R. Op. cit.

[10] Pepper, J. V., & Petrie, C. V. Op. cit.

 

Bibliografía

Alles, M. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias (Cap. 1). Ediciones Granica.

Boba Santos, R. (2016). Crime Analysis with Crime Mapping (4.ª ed.). SAGE Publications.

Chainey, S., & Ratcliffe, J. (2005). GIS and Crime Mapping. Wiley.

Decreto No. 3681/2024 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). (2024).

Decreto No. 371/2025 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). (2025).

Decreto-Ley 6769/58 (Organica de los Municipios, Provincia de Buenos Aires). (1958).

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ley No. 12.154, Art. 2 (Seguridad Pública). (s. f.).

Kelsen, H. (1960). Pure Theory of Law. University of California Press.

Ley 25.326, Protección de Datos Personales. (2000).

Ley 25.520, Régimen de Inteligencia Criminal. (2001).

Ley 12.154, Seguridad Publica de la Provincia de Buenos Aires

Ley 13482, Unificación de las normas de organización de las Policias de la Provincia de Buenos Aires

Olaeta, (2015). Luces y sombras sobre la creación de oficinas de producción de conocimiento en materia criminal. Revista Pensamiento Penal.

Pepper, J. V., & Petrie, C. V. (Eds.). (2003). Measurement Problems in Criminal Justice Research: Workshop Summary. National Research Council, The National Academies Press.

Erazo, J. M. (18 de septiembre de 2025). Vicente López: denuncian que la policía municipal confundió a un joven con un ladrón y lo mataron mientras intentaban arrestarlo. Tiempo Argentino. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/vicente-lopez-denuncian-que-la-policia-municipal-confundio-a-un-joven-con-un-ladron-y-lo-mataron-mientras-intentaban-arrestarlo/

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EL GRITO DEL TERO DE URUGUAY RESPECTO A LA SOBERANÍA ARGENTINA DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen: Sputnik / Sergio Pintado

 Uruguay coopera con los isleños británicos invasores de Malvinas

La Argentina se independizó de España y de toda potencia extranjera el 9 de julio de 1816. El Reino de España en los Tratados de Reconocimiento, Paz y Amistad del 9 de julio de 1859 y del 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia de la Federación Argentina y, con ello, la soberanía de todos sus territorios continentales, insulares y marítimos. Entre ellos las Malvinas.

A su vez a instancias del Reino Unido de Gran Bretaña (¿cuándo no?), el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata terminaron sus hostilidades respecto a los territorios estratégicos de la Banda Oriental dando lugar ―el 25 de agosto de 1825― a la independencia de Uruguay; hecho que se consolidó en el Tratado de Montevideo del 27 de agosto de 1828 donde se reconoció a la República Oriental del Uruguay. Si bien en esos años la Banda Oriental (o Cisplatina) estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, las Provincias Unidas del Río de la Plata consideraban a la Banda Oriental como parte de su territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata. Ya entonces, a través del capitán David Jewett ―en representación de las Provincias Unidas― el 6 de noviembre de 1820 había tomado posesión de Malvinas, izando la Bandera y, por su parte, el 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires designó a Luis Vernet como Comandante Político y Militar de Malvinas, con el objeto de consolidar la soberanía argentina del archipiélago; aunque éste, había fundado en 1828 una colonia permanente en Puerto Soledad, por lo que al momento de su designación ya estaba instalado en las islas.

Pese a la opinión en 2013 de un par de uruguayos trasnochados y de “la Senadora Constanza Moreira, entre otros del Frente Amplio, quienes plantearon la necesidad de conformar una Comisión para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas” (El País; El Diario, TdF, 18/09/2025), la República del Uruguay nunca reclamó la soberanía sobre las islas Malvinas; por el contrario, ha apoyado reiteradamente el reclamo argentino en todos los Foros Internacionales.

Previo a la guerra de Malvinas, Uruguay ya había reconocido la soberanía argentina sobre las islas y respaldó el dictado de la Resolución 1514, la 2065 y otras de las Naciones Unidades y, durante Guerra en 1982, apoyó a la Argentina en la búsqueda de una solución diplomática. Esta posición coincide con las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Resolución de UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, por lo tanto, todo apoyo al Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas es violatorio de la Resolución 31/49 de la ONU; la Resolución 41/11 de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, entre otras. Uruguay no podría retrotraerse al siglo XIX donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo.

Por el contrario, Uruguay entiende a la causa como regional y considera la invasión británica como una forma de colonialismo y el propio presidente uruguayo actual Yamandú Orsi en la IX Cumbre de 2025, calificó el reclamo argentino de «demanda histórica para América Latina»; ello, pese al destrato reiterado del presidente argentino Javier Milei, quién tilda de comunista a quien se oponga a su plan de sumisión.

Sin embargo, la relación con el Reino Unido parece hacerle llevar una política ambivalente respecto a Malvinas. Tal vez por sus orígenes fundacionales, por la histórica relación de su puerto y el apostadero naval, que por razones de calado estaba en Montevideo y no en Buenos Aires y que, desde el siglo XVI servía de logística a los buques que navegaban en el Atlántico Sur y Malvinas y, posiblemente, porque el Reino Unido realizó inversiones significativas en Uruguay, como los ferrocarriles, la banca y el comercio (aún menores que en Argentina) y adquirió hasta la segunda guerra mundial productos agropecuarios. Casualmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países se formalizaron el 21 de febrero de 1833, a pocos días de la invasión de Malvinas. Además de ello, las relaciones han sido muy estrechas y en la actualidad el Uruguay tiene un Acuerdo bilateral de Inversión con el Reino Unido, siendo éste un importante socio y, el British Council instalado en Uruguay promueve intercambios culturales y educativos.

No descartamos y, por el contrario, resaltamos, la pésima política diplomática del gobierno argentino respecto al Uruguay. En síntesis, en términos prácticos Uruguay sigue la política del tero: “pone los huevos en un lado y grita en otro”, ya que, pese a las declamaciones en favor de Argentina, sigue prestándole apoyo a los isleños británicos en Malvinas.

Por cierto, la dependencia británica en Argentina es importantísima, agobiante y de dependencia; a punto tal que siguen vigentes (aún vencida) la ley 24.184 de Protección y Promoción de Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid de 1989/90, además de una política de cesión de territorios y recursos nacionales.

Mencionaré algunas cuestiones respecto al comportamiento del gobierno uruguayo (no de los uruguayos) y no se podrá decir que tengo alguna animosidad en contra del Uruguay; por el contrario, tengo raíces orientales y siento un gran afecto por los uruguayos, muchos de los cuales son familiares y amigos. Mis ancestros se radicaron en la Banda Oriental en 1776 y algunos uruguayos destacados son mis ascendientes, como es el caso del militar y segundo presidente de Uruguay el Brigadier Gral. Manuel Oribe; el Brigadier Pedro Hilario Valerio Lenguas que participó en la guerra de la Independencia y peleó en la batalla de Ituzaingó, en el asedio de la Colonia y en Camacuá; Don Cristóbal Salvañach, héroe de la Reconquista de Buenos Aires de 1806 al frente de la Cía. de Miñones Catalanes; la destacada escritora, periodista y figura clave en la literatura uruguaya Josefina Catalina Lerena Acevedo y el jurista y destacado educador del Uruguay Alfredo Vásquez Acevedo y otros tantos orientales destacados. Soy, por otra parte, profundamente admirador del Brigadier General José Gervasio Artigas, considerado el “Padre de la Patria” de Uruguay, uno de los principales patriotas de Latinoamérica, distinto hubiera sido el destino de la Argentina de haberle prestado más atención a la federalización que propiciaba.

Aun así, entiendo que los últimos gobiernos uruguayos, en términos prácticos borran con el codo lo que escriben con la mano, en lo relativo a Malvinas. Ya el 20 de febrero de 2023 en nuestro artículo Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas me refería al respecto y, podría decir, que todo continúa como entonces.

En esa nota observábamos que cuatro diputados de la coalición de gobierno se reunieron en las Islas Malvinas, donde trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones claramente contrarias a la posición de Argentina. En esa oportunidad la entonces diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que “Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación”, aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y, “soñaba con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands” (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y, al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a “incrementar el intercambio comercial con las Falklands” (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay hasta 2024 Faye O’Connor refrendó diciendo que “habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas” (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

El entonces Canciller argentino Felipe Solá manifestó que «Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente», cuestión que nosotros hemos reiterado en diversos artículos ya que los buques que pescan ilegalmente en Malvinas hacen operaciones de logística, reparación, armado de buques, transbordos y cambio de tripulaciones en el puerto de Montevideo. Lo mismo ocurre con buques que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y uruguaya, violando la Convención del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal y, por lo tanto, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se convierten en una retórica sin ningún efecto práctico.

No deja de llamar la atención que por el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo se efectuaran mutuas resignaciones y se determinaran acciones comunes; se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no tengan políticas acordadas en el Atlántico Sur en el siglo XXI.

Con anterioridad el carguero MV Scout transportaba mercaderías entre Montevideo, Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino en Malvinas y, en la actualidad, ha sido reemplazado por el portacontenedores MV Unispirit, un buque que navega bajo la bandera de Antigua y Barbuda operado por Consolidated Fisheries Ltd (CFL), una empresa que adquirió este buque en Montevideo.

El medio periodístico especializado Agenda Malvinas y otros han denunciado reiteradamente vuelos entre Uruguay y las Islas Malvinas, señalando que estos vuelos representan una violación a los acuerdos regionales y al espacio aéreo argentino. Entre las violaciones denunciadas está el vuelo militar de la RAF matrícula ZM418 (esta denuncia tuvo 106.238 vistas reales) que realizó vuelos entre Malvinas, Montevideo y Santiago de Chile entre el 14 y 15 de septiembre de 2025. Otro ejemplo, que cita este medio es el vuelo comercial de Amaszonas de agosto de 2025 que pretendía conectar Montevideo con Malvinas, que no fue autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina ya que, bajo pretexto de efectuar actividades humanitarias intentó trasladar a casi 30 pescadores ―mayoritariamente españoles― que realizan pesca ilegal en las aguas argentinas de Malvinas invadidas por el Reino Unido. Estos vuelos han sido denunciados en forma reiterada por los distintos gobiernos argentinos pasados, porque entendían que se trataba de una colaboración del gobierno de Uruguay a la invasión británica de las islas, facilitando una serie de estrategias diseñadas por el Reino Unido para debilitar la soberanía argentina, como es el caso recientemente denunciado de la empresa chilena LATAM que omite la denominación “Malvinas Argentinas” del aeropuerto de Ushuaia para sus vuelos desde y hacia Malvinas.

Al respecto de las exigencias para los transportes navales establecidas en el Decreto 256/10, además de perfeccionarlas, la Argentina debería ampliarlas a los vuelos a Malvinas.

Pese al MERCOSUR, los isleños de Malvinas promocionan desde 2017 sus productos en Montevideo, en especial en la Exposición Agroindustrial y Comercial “Expo Prado”, denominando a su Stand “Falkland Islands”, nombre que el Uruguay no reconoce para referirse a las islas argentinas; sin embargo, ha tolerado reiteradamente su uso en la referida Exposición, facilitando con su presencia la promoción de sus productos, el turismo e inversiones en Malvinas, a la par de mantener relaciones con Uruguay importando productos como arroz, carne, cítricos, lácteos, vino e intercambiar conocimientos en materia de producción ganadera.

El uso del Puerto de Montevideo y otros para estos fines, le ha llevado al Uruguay a enfrentar denuncias por la falta de control y se han verificado prácticas de violación a los derechos humanos en materia de trabajo forzado o esclavo, maltrato físico, abusos laborales y falta de remuneración, alimentación y/o agua contaminada, etc., por parte de los buques pesqueros extranjeros que usan ese puerto para su logística, además de no determinarse el origen de las capturas y penalizarse la sobrepesca. Entre 2013 y 2021 este puerto desembarcó casi 60 tripulantes fallecidos según la Prefectura Nacional Naval. Todo ello, pese a que Uruguay ha aprobado las medidas del Estado Rector del Puerto.

Esta ambivalencia debería terminarse. Uruguay y Argentina, siguiendo el ejemplo de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en Montevideo de 1960 debería avanzar en la integración rioplatense, de fortalecimiento económico y desarrollo sinérgico en favor de ambos pueblos. El Tratado del Río de la Plata asentó «las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: «…el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; como decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

Ya lo hemos dicho: ¡No son ni los hombres y mujeres uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022). cesarlerena.com.ar