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ARGENTINA

LAS PROVINCIAS DEL LITORAL DEL PARANÁ DEBEN ADMINISTRAR SU JURISDICCIÓN FLUVIAL

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César Augusto Lerena*

Cuando al concesionar ríos, mares y puertos se resigna la soberanía nacional.

A instancias de Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla enfrentó el 20 de noviembre de 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado a la escuadra anglo-francesa, quien pretendía colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay desconociendo la autoridad de Rosas en las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a la de Vuelta de Obligado ―como Quebracho― donde el invasor sufrió grandes pérdidas, lo hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que esta gesta fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que el anuncio de licitar la privatización de la red fluvial más importante de la Argentina distorsiona. O esta ley dictada hace 50 años no tenía suficiente razón de ser o es una muestra elocuente del desinterés de los gobiernos argentinos por administrar eficientemente el Estado, descuidando los espacios, el comercio y la soberanía nacional. 

Ya habían entendido los portugueses en el siglo XV, luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicamente fundamentales por su proyección al Atlántico Sur y su acceso al Paraná, constituyéndose en una verdadera «bisagra» del desarrollo regional.

Hacia fines de 1776 se tenía clara la necesidad de controlar el Río de la Plata, la navegación en los ríos, la cabecera norte y la meridional del Atlántico Sudoccidental y el paso al Pacífico y el 22 de febrero de 1904 se tomaba posesión de la Antártida. ¿Dónde quedó esta geopolítica del siglo XVIII? que, bajo pretexto de un Estado ineficiente, primero se desarma toda la flota fluvial argentina; luego este gobierno profundiza la dependencia comercial con el Puerto de Montevideo y ahora pretende insistir en extranjerizar la red troncal Paraguay-Paraná, reiterando un método que sí está probado: que el Estado no audita las concesiones y que no existe certeza de las cargas que efectivamente se transportan.

Los resultados están a la vista, desde la década del 80 a la fecha el transporte en el Río Paraguay-Paraná con buques de bandera argentina pasó del 70% a menos del 10% y el tráfico se realiza con barcos de bandera extranjera que usufructúan los millones de dólares que la Argentina destina al dragado de esta red troncal.

Previo dictado del Decreto 699/24 que en su artículo 3º dispuso la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo descentralizado que incluía a las provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y de Buenos Aires; el gobierno nacional ha anunciado el llamado a la licitación 1/24 para otorgar por treinta años, con una prórroga de otros treinta, la explotación de la más importante red fluvial Paraguay-Paraná y el Río de la Plata, a través de la cual la Argentina transporta el 85% de sus productos exportables y sus importaciones. Un acto inconsulto que deja de lado los derechos provinciales, concediendo a empresas extranjeras la administración de estos ríos, dando además continuidad, la dependencia del transporte con el puerto de Montevideo, ante la falta de anuncios de la construcción nacional del Canal Magdalena que, como ya se ha dicho, reduciría tiempos y abarataría los fletes de mercaderías, favoreciendo el desarrollo regional, además de establecer la conectividad entre los puertos fluviales y marítimos sin el paso obligado por este puerto vecino, recuperando con esta integralidad la soberanía plena de nuestras aguas, archipiélagos y la estratégica área bioceánica y antártica. La Soberanía Hídrica.

Los ríos Paraguay y Paraná son de jurisdicción de las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, además, del Río de la Plata de esta última y no pueden ser concesionados sin el debido acuerdo interprovincial; por lo cual, no habiendo las Provincias intervenido ni aprobado los pliegos de condiciones se estaría afectando las autonomías provinciales, sus intereses económicos, sociales y ambientales e implicaría una imposición de tasas que requeriría la autorización de las legislaturas provinciales y, en todo caso, reservando a la Nación, las cuestiones relativas a la navegación, la defensa y la seguridad nacional.

Se trata de un canal natural de navegación de unos 3.400 km de largo que permite el transporte fluvial entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y, sólo en la Argentina hay 72 puertos ―muchos de ellos privados― de los cuales, 1 está emplazado en Misiones, 1 en Formosa, 5 en el Chaco, 33 en Santa Fe, 9 en Entre Ríos y 23 en la Provincia de Buenos Aires y donde unas 4.000 embarcaciones extranjeros en 2020 transportaron una carga de 74 millones de toneladas ―el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina― además de 19 millones de toneladas de cabotaje, transportándose también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB del orden de los 70 mil millones de dólares.

Esta licitación limita la intervención de la vía troncal del Río Paraná y del Río de La Plata exterior hasta el Km. 239,1 del Canal Punta Indio, obligando al comercio argentino nacional e internacional a ingresar y egresar a través del Puerto de Montevideo, impidiendo, de esta forma, la conexión directa con el Atlántico Sur y entre los puertos fluviales y marítimos argentinos, además de encarecer los costos y demorar el transporte, colocando a la Argentina como si se tratara de un país mediterráneo, en una cesión de su autonomía inaceptable, a pesar de los km fluviales citados y los 6.816 Km (CONICET) de costas sobre el Atlántico Sur.

En estos meses el gobierno nacional ha cambiado las reglas de juego de supervivencia de las provincias que hasta la fecha encontraban sustento, un tanto extorsivo, en los aportes extraordinarios que aquel hacía para sostener las administraciones. En este escenario, los gobiernos provinciales deberían trabajar para asegurar su autonomía, de modo tal, de no ser presas de la voluntad del gobierno central que no hace más que devolverles parcialmente lo que les extrae y mal administra, aunque ahora ya no queda margen, las provincias deben “destetarse” para sobrevivir y aquellas del litoral del Paraná avanzar para administrar, entre otras cosas, la vía fluvial Paraguay-Paraná, procediendo a gestar las acciones necesarias para oponerse a esta pretensión inconstitucional del poder ejecutivo nacional de otorgar a empresas extranjeras la administración de los ríos de jurisdicción provincial, sin tener en cuenta el desarrollo regional, la generación de riqueza y las cuestiones relativas al cuidado ambiental del medio fluvial y el poder de policía no delegado a la Nación, además de incrementar mediante la aplicación de peajes ―no acordados con las provincias y los productores regionales― un aumento en el costo de los fletes del transporte de los productos originados en la región y ello ―como ya sucedió― bajo pretexto de asegurar la rentabilidad del concesionario será permanentemente actualizado, sujeto a un sin número de imponderables, por ejemplo, sequías, etc., y otra vez sin intervención de las provincias.

El citado Decreto 699/2024 refiere a que la Constitución Nacional en su art. 126º prohíbe “expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales o derechos de tonelaje”, como parte de los fundamentos para excluir a las Provincias a la hora de las decisiones; pero, a nuestro entender, una cosa es la libre navegación y los aspectos reglamentarios y de control de ésta y otras son facultades relativas a la administración, la realización de obras y la fiscalización de su territorio fluvial que las provincias no han delegado a la Nación, para las cuales se requeriría su intervención y aprobación de la decisión de extranjerizar las tareas que pudieran realizarse en los ríos y la consecuente aprobación de los pliegos licitatorios y las correspondientes evaluaciones de ofertas y eventuales rechazos y/o adjudicaciones.

Los ríos Paraná y Paraguay “atraviesan” las provincias argentinas. Estos ríos son parte integrante de sus territorios y por lo tanto las provincias no terminan en ellos, sino que son parte de su jurisdicción territorial fluvial. Formosa limita al este en el Río Paraguay con la República del Paraguay, al igual que al noroeste lo hace Misiones en el Río Paraná. El Chaco limita al este en el Río Paraguay con la República del Paraguay y en el Río Paraná con Corrientes y esta Provincia limita al norte en el Paraná con la República del Paraguay y al oste con la Provincia de Santa Fe. Ésta por su parte, limita al este en el Río Paraná con la Provincia de Entre Ríos. A su vez esta Provincia al sudoeste limita en el Río Paraná con la Provincia de Buenos Aires y ésta limita al norte en el Río Uruguay y el Río de la Plata con la República Oriental del Uruguay. Qué tiene que hacer la Nación en estos espacios fluviales de jurisdicción provincial más que garantizar la libre navegación y prestar en forma eficiente los controles limítrofes con la República del Paraguay y Uruguay, en materia aduanera y de seguridad nacional.

El gobierno nacional no podría licitar nada en estas jurisdicciones fluviales de las provincias y tampoco, obviamente, licitar las cuestiones aduaneras y relativas a la seguridad nacional y, por el contrario, debería prestar urgente y eficiente atención a estos temas, porque reiteradamente se denuncia la existencia de contrabando y narcotráfico en el transporte y los ámbitos portuarios.

Por otra parte, cruzar “el charco” y buscar la integración entre los rioplatenses no puede significar dependencia de ninguna de las partes y si bien es entendible que el Uruguay desee profundizar sus canales de aguas profundas del acceso al puerto de Montevideo (y así lo aceptaron las autoridades del CARP en 2018) para favorecer su comercio; pero es absolutamente inentendible que la Argentina no haya mejorado sus vías de navegación para reducir sus tiempos de transporte, los costos de servicios en las esperas de los buques, la reducción de valores de mantenimiento y dragado de los canales, etc., y, fundamentalmente, la integración de sus vías fluviales nacionales con las marítimas del Atlántico Suroccidental, con el consiguiente desarrollo regional y de los pueblos, cuya producción y comercio pueden acrecentarse a través de la utilización de los ríos y del mar argentino. Cuestiones que se alcanzarían con la construcción del “Canal Magdalena” (Ruta del Sur) de unos 55,6 km que correría en doble vía en paralelo a la ribera bonaerense y cuyo proyecto fue elaborado hace más de veinte años, mediante el cual, con la traza propuesta, se reducirían unos 42,7 km de recorrido, unas dos horas de navegación, sin tener en cuenta las horas y días de espera actuales, con una inversión que ―según informan los expertos― podría recuperarse en unos diez años y cuyos estudios se encontrarían finalizados, certificados, acreditados y aprobados en la Comisión Administradora del Río de la Plata.

A las estructuras del Estado hay que hacerlas eficientes, de eso se trata conducir un gobierno. La solución no es cerrar, concesionar o privatizar, sino reorganizar y poner a caminar a un país que está en stand-by y, con ello, la soberanía nacional. Y ésta, no se declama se ejerce.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

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ARGENTINA, OPINION

NO ES LA ECONOMÍA, ES LA JUSTICIA

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Marcelo Javier de los Reyes*

Los que ya tenemos varias décadas conocimos otra Argentina, muy diferente a la actual, por lo que cuando hablamos con los jóvenes y les contamos acerca se esa Argentina que nosotros conocimos cuando éramos chicos o jóvenes parecería que estamos hablando de un país de fantasía, de una ficción.

Hasta mediados de la década de 1970 la Argentina tenía una tasa de desempleo menor al 3%, el trabajo formal era la norma y los argentinos podían pensar en un país que tenía un horizonte prometedor más allá del contexto político nacional.

Recuerdo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, así como el sur y el oeste de la Provincia de Buenos Aires, eran zonas industriales y de mucha actividad.

La clase media y la educación pública, en la que nos enseñaban a respetar los Símbolos Patrios y a amar la Patria, eran lo que podríamos considerar dos virtudes. Esa educación pública nos había puesto en un lugar de privilegio y causaba admiración en el exterior.

La deuda externa no llegaba a los US$ 8.000 millones, si no me equivoco sería menos del 2% de la deuda externa actual. Éste no es un dato menor.

La Argentina contaba con unas Fuerzas Armadas con un poder regional considerable y era un país respetado y bien considerado dentro de la comunidad internacional a pesar de que ya había entrado en un período de decadencia.

Sin embargo, el gobierno militar que asumió en 1976 impuso una política liberal de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien retomó algunas imposiciones que se hacían desde el exterior, como

    • la desindustrialización,
    • el cierre de ramales ferroviarios, lo que respondía al denominado «Plan Larkin» diseñado en EEUU para desarticular el sistema ferroviario argentino, plan que le fue presentado al entonces presidente Arturo Frondizi, quien no pudo llevarlo a cabo pero que sí fue trágicamente implementado por el presidente Menem y
    • el sometimiento de la Argentina mediante el endeudamiento externo, lo que incremento la deuda de manera feroz e innecesaria. Fue así que para 1983, cuando los militares entregaron el poder, la deuda externa superó los US$ 45.000 millones.

Los militares argentinos fueron presos por otras razones, pero a Martínez de Hoz la justicia nacional no lo tocó.

La sociedad argentina depositó una gran esperanza cuando la democracia retornó en 1983, una esperanza que ha sido defraudada durante estos 40 años de una «partidocracia» en la que muchos políticos llevan décadas viviendo del Estado mientras lo destruyen.

Aquí quiero hacer una digresión para aclarar la diferencia entre «Estado» y «Gobierno» más aún cuando estamos nuevamente con un gobierno radicalizado cuyo presidente siente orgullo de destruir el Estado, al que representa y del que recibe su sueldo.

El Estado está formado por todos los argentinos, así como la Iglesia está constituida por todos los feligreses. No se concibe una Nación sin el Estado. Todo Estado Nación está conformado por un territorio claramente delimitado, una población y un gobierno. De tal manera que se trata de una organización política y humana.

El Estado es como un consorcio de copropietarios y el gobierno es como el administrador de ese consorcio. Si el administrador lo hace mal, no es el Estado el que lo hace mal y si la población eligió un mal administrador esa mala elección será responsabilidad de la población. Resulta ridículo que el administrador se proponga destruir al consorcio de copropietarios porque sería dejar sin sus bienes a quienes lo eligieron para que los administre. Desaparecidos los bienes, desapareció el consorcio de copropietarios y su razón de ser. ¿Podrían los copropietarios aplaudir y elogiar a ese administrador? No. Sorprende que un número considerable de argentinos elogie y se ponga contento porque un presidente se proponga destruir la razón de ser de la Argentina.

Volvamos a la historia reciente.

Es por todos conocida la famosa frase «¡Es la economía, estúpido!» una frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, que éste utilizó en la exitosa campaña de 1992.

En la Argentina le han llevado a buena parte de la población a creer que el problema es económico y siempre serán los economistas los que vendrán a salvarnos de nuestra caminata hacia el abismo pero en realidad ellos nos ayudan a apurar el paso hacia ese destino.

No quisiera generalizar pero los máximos exponentes que siempre están cerca de la dirigencia política, los que llegan a los cargos con poder de decisión en materia económica, demuestran que tienen dos grandes problemas:

    1. creen que su especialidad forma parte de las ciencias exactas y
    2. carecen totalmente de empatía.

Entonces vamos a aclarar estos puntos. La Economía no es una ciencia exacta sino una Ciencia Social. La palabra «economía» deriva del griego y hace referencia a la «administración del hogar».

Todos los economistas, quiero creer, que han leído el libro Economía de Paul Samuelson, quien en su introducción se pregunta «¿Ciencia o arte?» y aclara precisamente eso: «La economía no es una ciencia exacta». Afirma que es más que un arte pero cuyas predicciones pueden ser tan exactas como el pronóstico meteorológico. Claro está, como agrega Samuelson, que un banco o una empresa no recurrirán a un astrólogo sino a un economista.

Pero los economistas no pueden reducir todo a que «les cierren los números», que «no haya déficit fiscal», aunque siempre lo incrementan con las medidas que toman, las que más de una vez hasta los que provenimos de las humanidades percibimos que nos hundirán más que favorecernos.

Detrás de los números hay personas y muchas de ellas, los más necesitados, terminan siendo perjudicados por sus medidas.

No, no es la economía. Es la Justicia. Y no agregaré lo de «estúpido» porque quienes ejercemos la docencia jamás le diríamos a un alumno «estúpido», porque estamos para formar, para ayudar en la comprensión de determinadas cuestiones.

El problema fundamental de la Argentina es la falta de Justicia o la carencia de moral de buena parte de los jueces que responden al Poder Ejecutivo de turno, tanto por beneficiarse en su carrera profesional como por obtener beneficios económicos.

Aquí entramos en otro problema, el que nos lleva a comprender que, sin una verdadera división de poderes, no hay democracia, porque no hay un control de un poder sobre el otro. No hablaré del Poder Legislativo, cuyos exponentes no son dignos de considerarse representantes ni del Pueblo ni de sus Provincias, tanto sean diputados como senadores. Y los economistas que forman parte de los gobiernos parecen gozar de inmunidad porque, cuando en el mejor de los casos son investigados judicialmente por las medidas que toman como funcionarios públicos, terminan sobreseídos. A pesar de que a ellos no les cierre el blanco de sus respectivos patrimonios que, en general tienen el exterior, dicen que sus políticas están destinadas a traer inversiones a la Argentina. Curioso, ¿no?

Estimo que la mayoría de los argentinos queremos que en nuestro país se desarrolle la industria, que el campo produzca, que la producción se incremente, que la Argentina aumente considerablemente sus exportaciones. Porque la Argentina crecerá y se desarrollará cuando sus sectores productivos trabajen a pleno y no por contraer innecesarias deudas como consecuencia de malas administraciones, de negociados o de intereses externos que sólo aspiran a mantener a la Argentina de rodillas.

Para salir de este laberinto necesitamos de una Justicia independiente que condene a los funcionarios que traicionan a la Patria, los que la endeudan y la empobrecen. La Justicia debe constituirse en la columna vertebral para reorganizar y sanear la Argentina. Para eso se necesitan jueces probos y un sistema judicial ágil. Quizás podríamos pensar en una elección de jueces por parte del pueblo y no por parte del poder ejecutivo para garantizar esa independencia. Es sólo una propuesta.

Por otro lado, los argentinos tenemos que dejar de lado las divisiones, las que son instigadas por los mismos que se benefician de ellas: los miembros de la corporación política y los de la corporación económica y de medios, quienes se han aliado en el presente gobierno.

Precisamos tener en claro los Intereses Nacionales y que nada nos aparte de ese rumbo. El rumbo que debemos tomar es relevante y hay que definirlo clara y de manera urgente porque, como dice Paul Samuelson, «el futuro es más largo que el presente». Y en ese futuro están los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos.

En tal sentido, entonces, creo que hay que dar ciertos pasos:

    • terminar con las divisiones, lo que no supone suprimir el debate sino trabajar juntos pensando en el futuro y no en el pasado;
    • delinear el rumbo y la estrategia para desarrollar la Argentina en función de los Intereses Nacionales;
    • diseñar nuestro propio modelo de desarrollo;
    • recuperar una de las que fuera la característica de la sociedad argentina: «la movilidad social»;
    • lograr la emergencia de una nueva clase dirigente, libre de los vicios de esa dirigencia que nos ha traído a esta angustiante situación;
    • recuperar los valores de la sociedad.

Todo esto requiere de comenzar una «contra revolución cultural» para enfrentar a esa revolución cultural que nos sumergió en la desesperanza, en el desaliento y en una baja autoestima.

Debemos buscar nuevos caminos, nuevas opciones, pensar en el futuro, apelar al pensamiento estratégico para considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que la Argentina pueda echar mano para recuperarse.

Como ya lo he escrito en un artículo anterior, la sociedad debe ponerse «en camino», como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Y en este sentido los argentinos hemos sido privilegiados por esta tierra.

Peregrinar es alejarse, tomar distancia del punto en el que estamos, es caminar, ponerse en marcha, en silencio ―es decir, dejando de lado la confrontación estéril para pasar al intercambio de ideas―.

Sólo de esa manera podremos lograr nuestro objetivo común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España. ORCID 0000-0003-0411-4630.

©2024-saeeg®

 

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ARGENTINA, Pesca

DEMORAR LA ADJUDICACIÓN DE CUOTAS DE PESCA ES GRAVE

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César Augusto Lerena*

Las Cuotas y Autorizaciones de Pesca son la principal herramienta que tiene el Estado para administrar, explotar, generar divisas, agregar valor, promover empleo; aumentar el consumo interno; conservar las especies a perpetuidad y distribuir adecuadamente el recurso pesquero.

Se administra mal cuando se sobreexplota, pero también cuando el recurso no se distribuye adecuadamente y no se aprovecha sosteniblemente; del mismo modo cuando no se promueve valor agregado y cuando se ignora la interrelación de las especies, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero también en alta mar en las especies migratorias o asociadas.

Del total de las especies que se encuentran en la ZEE continental marítima argentina solo la merluza común, la merluza negra, la merluza de cola, polaca y vieira se encuentran cuotificadas y las demás, entre ellas el calamar y el langostino, son solo autorizadas sus capturas a falta de una determinación técnica para cuotificarlas. Para entender debidamente la diferencia entre un método y otro debemos decir que hasta el año 2009 las especies se capturaban bajo el sistema de “pesca olímpica” donde a todos los buques se les otorgaba permisos de pesca y estos lo hacían en una suerte de carrera entre empresas hasta que la Autoridad de Aplicación ―a efectos de conservar los recursos― daba por terminada la captura del año. Como es fácil entender, este sistema no permitía llevar adelante una administración y distribución adecuada del recurso y las empresas tenían poca previsibilidad tanto en la captura, su procesamiento y la consecuente estabilidad laboral, como su comercialización internacional y local.

La cuotificación se dispone partir de la sanción en 1998 de la ley 24.922 ―aunque se implementó en 2009― a través del otorgamiento de las llamadas Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) a los distintos buques pesqueros. Estas cuotas se corresponden a un determinado por ciento (%) del total de las Capturas Máximas Permisibles en la ZEE Argentina; es decir, lo máximo que es posible capturar sin depredar, establecido anualmente mediante las investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), permitiendo a las empresas capturar un volumen de toneladas anuales de pescados y, consecuentemente, hacer sus previsiones anuales respecto a su infraestructura en buques y plantas procesadoras, la ocupación de tripulantes y operarios, etc., y dar cumplimiento a los contratos comerciales de exportación y del mercado interno.

Siendo un sistema imperfecto ―como veremos― la cuotificación es central para promover inversiones, generar empleo y planificar las ventas. No parece entender esta cuestión elemental y central en la administración pesquera el Consejo Federal Pesquero (CFP) presidido por Juan Antonio López Cazorla que, a pocos días de vencerse las cuotas de Merluza Común (Merluccius hubbsi), no se han adjudicado, corriéndose el riesgo de dejar parada a toda la flota que pesca esta especie a partir del 1° de enero de 2025, que en el caso de Mar del Plata sería gravísimo, porque en el puerto de esta ciudad se desembarcan 210 mil toneladas anuales; es decir, un 70% de la captura total nacional de esta especie que es una de las que proporcionalmente más mano de obra ocupa. Esta falta de previsión ya debe estar causando daño a diversos proveedores y a la industria naval, porque la demanda de construcción de nuevos barcos pesqueros está en standby. Si el CFP fuese una empresa privada los miembros de este cuerpo ya serían ex funcionarios por cuanto sabían al momento de asumir que las cuotas vencerían a fin de año y desde el mes de agosto las provincias, empresas y gremios vienen solicitando su implementación (Actas 14;18;19/24 del CFP). ¿Hay alguna razón extraña para que lleven adelante esta demora? Podría haberla, quienes otorgan las cuotas saben el importantísimo valor que esta habilitación tiene para las empresas.

Ahora, cuando nos referimos a que el sistema es imperfecto tenemos en cuenta las nuevas inversiones que debieran derivar de esta cuotificación, entre otros campos en la acuicultura y maricultura; el establecimiento de una distribución más equitativa que contemple una “Unidad Económica Pesquera”; las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas; la pesca en alta mar; la Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas y, el otorgamiento de reservas de pesca.

Las inversiones. Por los Regímenes específicos que se concedieron las cuotas por el término de quince (15) años que culminan el 31 de diciembre de 2024, se tuvieron en cuenta ―entre otras cuestiones― las inversiones que las empresas habían realizado hasta 2009. Es decir que, ante la nueva adjudicación, no deberían tenerse en cuenta aquellas sino las inversiones realizadas entre 2010-2024 y muy especialmente las dispuestas a realizar entre 2025-2039, entre otras, en el campo de la acuicultura y maricultura, cuya producción total mundial alcanza al 50% y en la Argentina no supera el 2%. Chile, por ejemplo, exportó este tipo de producciones ―pese a la pandemia en 2020― unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 unos 5.127 millones); es decir, más del doble del total de las exportaciones pesqueras marítimas argentinas. La realidad es que la Argentina está desperdiciando las potencialidades de su amplio territorio y todo hace suponer que si el desarrollo de la acuicultura se promueve las provincias del interior argentino producirán más volumen para el consumo interno o la exportación que las exportaciones actuales desde el mar argentino.

La distribución equitativa. A través de una “Unidad Económica Pesquera” las cuotas de captura debieran permitir al pescador y/o procesador industrial ―por pequeño que sea― una actividad económicamente sustentable y que, mediante una administración adecuada, las provincias menos desarrolladas puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos.

Lo dicho tiene como antecedente la Ley de Pesca de México donde se indica que la «pesca comercial es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos» y, en cualquier caso, las concesiones, aún las menos importantes, deben garantizar una “Unidad Económica Pesquera” que asegure la continuidad de la explotación, la generación de empleo y una explotación económicamente sustentable a todas las empresas y no se vean obligadas a ceder en forma directa o indirecta ―bajo contratos de alquiler― sus cuotas. Deben asegurarse también, que no exista una concentración en pocas empresas de los recursos del Estado.

Las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas. En la Argentina se da la paradoja que existen empresas del Estado chino radicadas en el país, mientras flotas de ese mismo Estado pescan los recursos migratorios originarios de la jurisdicción marítima argentina en alta mar y también empresas nacionales de capital español se encuentran igualmente radicadas en el país, mientras otras empresas españolas, habiendo su país reconocido la soberanía argentina de Malvinas, pescan en las aguas argentinas de este archipiélago sin autorización de la Autoridad de Aplicación Argentina, asociadas con capitales británicos extrayendo los recursos pesqueros en esa región e introduciendo los productos obtenidos en la Unión Europea sin pago de arancel alguno, en abierta competencia con los productos que se capturan y elaboran en la Argentina continental. Esto requiere una decisión política inmediata.

La pesca en alta mar de las embarcaciones nacionales. Por falta de incentivos adecuados no se ha promovido la pesca argentina en alta mar y se deja a merced que flotas extranjeras subsidiadas y con trabajo esclavo, que se trasladan a grandes distancias de sus puertos de origen, para apropiarse de nuestros recursos migratorios compitiendo con los productos argentinos en idénticos mercados; pero también, dificultando el desarrollo patagónico y depredando el ecosistema. Los buques nacionales habilitados por la Autoridad de Aplicación que pesquen más allá de las 200 millas deberían estar exentos del pago de todo impuesto, derecho a la captura o aduanero al combustible y debieran establecerse otros incentivos destinados a este fin, en tanto no impliquen una reducción del esfuerzo pesquero en la jurisdicción marítima argentina.

La Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas. El Estado debe controlar que los proyectos, inversiones y obligaciones derivados del otorgamiento de autorizaciones y cuotas se cumplan, de modo de reasignar rápidamente a otras empresas estas habilitaciones en caso de incumplimientos y/o sanciones. 

Las reservas de cuotas. Deberían destinarse exclusivamente al desarrollo de la pesca artesanal, la investigación o el uso en territorios estratégicos y revisarse el sistema de otorgamiento de reservas para evitar que esta decisión quede en manos de unos pocos funcionarios de “plazo fijo” y puedan prestarse a situaciones de cohecho.

La cuotificación debería completarse con la toma de las medidas necesarias por parte de la Autoridad de Aplicación para eliminar la pesca ilegal extranjera, asegurar el control en el mar, la mejora y modernización de los puertos, la promoción de la construcción naval pesquera nacional y la eficiencia administrativa y económica de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.

La crisis amerita que los gestores de pesca no dificulten el verdadero cambio que se requiere y junto a las empresas y las fuerzas del trabajo, participativamente, hagan que la pesca industrial se constituya en uno de los prototipos del desarrollo nacional.

Recordemos a Louis Pasteur (1862): “Nada se produce por generación espontánea”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

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