Todas las entradas de: Marcelo Javier de los Reyes

LA GUERRA CONTRA EL IMPERIO DEL BRASIL Y LA MARCHA ITUZAINGÓ

Marcelo Javier de los Reyes*

Los orígenes del Imperio del Brasil

Cuando se produjo la invasión de Napoleón a la península ibérica, el príncipe João —regente de Portugal— y su corte portuguesa se trasladaron en 1808 a la colonia de Brasil, donde se asentaron y declararon a Río de Janeiro como capital del Imperio portugués. Lisboa dejó de ser la capital mientras las tropas napoleónicas ocuparon el territorio portugués. Por su parte, la armada británica —que enfrentaba a Napoleón y le ofrecía protección a la corona de Dom João[1]— estableció un bloqueo a los puertos de Portugal.

Hacia 1814 Portugal fue liberado de la ocupación francesa pero, recién en abril de 1821, el ya rey João VI —quien asumió la corona en 1816 tras la muerte de su madre— retornó a la península. En Brasil dejó a su segundo hijo, Pedro, como regente pero cuando las Cortes lusitanas decidieron que el príncipe debía retornar a Lisboa y Brasil convertirse nuevamente en una colonia, Dom Pedro lanzó el “Grito de Ipiranga” tras lo cual declaró la independencia de Brasil, el 7 de septiembre de 1822. Para conmemorar ese hecho, el emperador Pedro I compuso “El Himno de la Independencia” y fue popular hasta su abdicación en 1831.

El 7 de diciembre de ese año, Brasil se constituyó en Imperio y el entonces príncipe fue proclamado emperador con el nombre de Pedro I. en 1823 logró imponer su autoridad sobre las tropas portuguesas, obteniendo su rendición.

Paralelamente, las provincias españolas de América fueron declarando su independencia respecto de la metrópoli. En noviembre de 1822 los Estados Unidos reconocieron la independencia de las Provincias Unidas y, a fines de 1824, hizo lo propio el cónsul británico, Woodbine Parish, en nombre de su gobierno.

Cabe destacar que ya desde antes que Dom Pedro declarará la independencia, las autoridades lusitanas establecidas en Brasil intervenían en la Banda Oriental —considerada luego por el imperio como su provincia Cisplatina—, más aun cuando el germen revolucionario hispanoamericano se dispersaba en torno del imperio. Sin embargo, desde los tiempos en que España ejercía su soberanía, el territorio oriental era usado por portugueses y británicos para introducir productos de contrabando en las provincias españolas dependientes, primero del Virreinato del Perú y, luego, desde 1776, del Virreinato del Río de la Plata.

La guerra con el Brasil

La guerra con Brasil se produjo cuando las Provincias Unidas, pocos años después de haber proclamado su independencia de la corona española, más precisamente, el 9 de julio de 1816, se abocaron a una tentativa de reorganización nacional. Por esos años el nombre de Provincias Unidas resultaba por demás paradójico como ha de demostrar el origen del conflicto en cuestión.

En 1823 la provincia de Buenos Aires inició las gestiones para convocar a un Congreso Nacional con la intención de imponer su hegemonía ante el resto de las provincias. Las autoridades de Buenos Aires consideraban que su autoridad estaba prácticamente consolidada respecto de los demás caudillos provinciales, sobre todo del de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos[2].

Se trató de los primeros bosquejos tendientes a concretar un poder de alcance nacional que desembocó en la Ley Fundamental, la cual hacía recaer sobre la provincia de Buenos Aires la delegación de las cuestiones inherentes a la guerra y a las relaciones exteriores.

El contexto internacional también influyó en las determinaciones del Congreso, el cual aprobó el tratado de comercio y amistad con el Reino Unido. Por ese entonces se hacía necesario fijar las fronteras de las Provincias Unidas, atento al avance de las fuerzas de Simón Bolívar por el Alto Perú —lo cual generaba ciertos resquemores entre los dirigentes revolucionarios— y a la presencia de Brasil en la Banda Oriental[3]. Esta última cuestión cobraba una gran relevancia habida cuenta de que Buenos Aires deseaba darle una solución a la crisis que fue, ciertamente, la causa que llevó a la guerra con el Imperio del Brasil: la Banda Oriental[4].

La simultaneidad de los conflictos externos ha sido bien sintetizada por el general de división (R) Evergisto de Vergara, de la siguiente manera:

El problema del estudio de la Historia Argentina es que los hechos son enseñados sucesivamente y no simultáneamente, como en realidad ocurrieron. El panorama que se presenta al estudiar los hechos sucesivamente, hace perder la compresión global. Por ejemplo, la Revolución de Mayo trabajó sobre tres frentes simultáneos entre 1810 y 1820:

      • el frente Este de la Banda Oriental,
      • el frente Norte del Alto Perú y
      • el frente Oeste de Cuyo.

Estos tres frentes, en 1820 pasaron a ser cuatro, con el frente Sur, que era la frontera con el indio.

En esta simultaneidad de escenarios tuvieron que tomarse las decisiones políticas de Buenos Aires y estas decisiones pueden no comprenderse, si no se presta atención a que ocurrían al mismo tiempo y cómo se influenciaban las unas con las otras.[5]

El “frente este” fue la primera guerra que las Provincias Unidas debieron enfrentar con una potencia extranjera[6]. La Banda Oriental constituyó un espacio geográfico en el que las fuerzas españolas y luego las revolucionarias y las portuguesas se movieron desde que los “orientales” se sumaron a los ideales de la Revolución de Mayo tras el Grito de Asensio, el 27 de febrero de 1811. Sin embargo, las autoridades de Buenos Aires se encontraban más concentradas en el frente norte y retiraron las fuerzas que apoyaban a Gervasio de Artigas en el sitio de Montevideo. Las tropas portuguesas acudieron en respaldo de las españolas[7].

Las diferentes visiones que tenían Artigas, los unitarios y Bernardino Rivadavia dejaron a la Banda Oriental librada a los esfuerzos del primero para enfrentar a los portugueses entre 1816 y 1820. Finalmente, los portugueses derrotaron a Artigas en la batalla de Tacuarembó. De ese modo, el territorio quedó incorporado a la jurisprudencia lusobrasilera como provincia Cisplatina, con la complacencia de un caudillo rival de Artigas: Fructuoso Rivera. El proyecto lusobrasilero aspiraba a avanzar hacia el territorio de las Provincias Unidas y crear la Provincia Transplatina.

Tras la negativa de Dom Pedro I de regresar a Portugal y su posterior creación del imperio, la provincia Cisplatina pasó a formar parte del mismo desde 1822.

El 17 de abril de 1825, con el apoyo de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos —provincias que oportunamente habían integrado la Liga de los Pueblos Libres dirigida por Artigas pero a quien le dieron la espalda tras su derrota a manos de los portugueses— partió la expedición de los Treinta y Tres Orientales con el respaldo de Buenos Aires. La misma fue comandada por Juan Antonio de Lavalleja y Manuel Oribe, quienes contaron con el apoyo de grupos orientales al llegar a las costas de la Banda Oriental. La decisión de las autoridades de Buenos Aires de apoyar la expedición estaba vinculada al triunfo de las fuerzas patriotas sobre las tropas realistas en Ayacucho —el 9 de junio de 1824—, lo que incitó los sentimientos antimonárquicos en la dirigencia de la ciudad, los cuales, entonces, fueron orientados contra las fuerzas imperiales que ocuparon la Banda Oriental.

Por otro lado, Jorge R. Irusta menciona los intereses británicos en esa empresa:

Lavalleja no estaba desguarnecido ni desmunido de medios. El dinero y los planes habían sido provistos por los elementos más adheridos al comercio inglés, por los elementos que poco tiempo antes consideraban que la opinión del ministro García resumía perfectamente la de ellos.

Los recursos fueron provistos por Juan José y Nicolás Anchorena y un grupo de ricos propietarios y comerciantes porteños, todos agentes de casas inglesas y endeudadas hacia ellos.[8]

Con respecto a los intereses de los hacendados y de los comerciantes ingleses en esta expedición también hace referencia Tulio Halperin Donghi:

Dirigida por Lavalleja, hacendado de la campaña de Minas y en su época seguidor de Artigas, emigrado luego a Buenos Aires, la expedición fue organizada por Pedro Trápani, un oriental establecido en Buenos Aires (como socio primero y luego como sucesor de los primeros saladeristas de esta banda, los ingleses Staples y McNeice); contó con los auxilios —modestos— de más de uno de los grandes hacendados porteños.[9]

Los integrantes de la expedición y sus refuerzos locales vencieron a las tropas del Brasil en Sarandí, obtuvieron el control de la ciudad puerto de Montevideo y de otros puntos de la Banda Oriental, Maldonado, Colonia, como así también de la Fortaleza de Santa Teresa.

Luego de la recuperación del territorio oriental se llevó a cabo el Congreso de Florida —el 25 de agosto de 1825—, mediante el cual se declaró la independencia y su intención de integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. En respuesta a esta decisión, el 24 de octubre de 1825, el Congreso con sede en Buenos Aires aceptó la voluntad de los líderes orientales, situación que derivó en el inicio de la guerra de Brasil con las Provincias Unidas, en diciembre de 1825, conflicto que el gobernador Juan Gregorio Las Heras había evitado en todo momento.

La primera acción militar de Brasil fue el envío de su escuadra a bloquear el puerto de Buenos Aires y la desembocadura del Río de la Plata. La guerra obligó a la reconstrucción del ejército —desmantelado por las reformas de Bernardino Rivadavia una vez finalizada la guerra de independencia— y a la creación de una armada. La guerra se extendió desde diciembre de 1825 hasta agosto de 1828.

Las fuerzas de las Provincias Unidas, a las que se sumaban las que estaban bajo las órdenes de Lavalleja, conformaron lo que denominó el Ejército Republicano. Encabezado por el general Carlos María de Alvear, incursionó en la Banda Oriental e ingresó por el sur del imperio a través de Río Grande. Estas tropas —integradas por unos ocho mil hombres— lograron un éxito inesperado frente a las fuerzas imperiales en la batalla de Ituzaingó —denominada del Passo do Rosário para el imperio—, el 20 de febrero de 1827.

Monumento al costado de la carretera, del lado brasilero, en homenaje a los caídos en la Batalla de Passo do Rosário, 20 de febrero de 1827.

En vísperas de esta batalla, las tropas imperiales daban por cierto que obtendrían el triunfo, por lo que se había ordenado la composición de una marcha militar que tendría por objetivo la conmemoración de la misma. Sin embargo, la suerte les fue adversa y cuando los efectivos del Ejército Republicano tomaron el campamento de las fuerzas imperiales, hallaron la partitura de esa marcha entre la documentación. Se atribuye su composición al propio Dom Pedro I. Este es el origen de la marcha Ituzaingó, que pasó a integrar el repertorio militar argentino y a ser uno de los denominados “Atributos Presidenciales”, ya que era ejecutada en los actos oficiales en los que interviene el Presidente de la Nación. La ejecución de la marcha indicaba la llegada del Presidente pero ha caído en desuso.

Marcha Ituzaingó. Interpretada por la Banda del Ejército Nacional Argentino.

Tras esta notable y definitiva victoria ante el Imperio del Brasil, el Ejército Republicano no pudo continuar con su avance debido a la falta de recursos que impidió la obtención de provisiones para continuar la campaña militar. La escasez de pertrechos militares y de todo tipo de provisiones se originó en el temor de las provincias de que su colaboración con el gobierno de Buenos Aires pudiese derivar en una mayor adquisición de poder por parte de éste, lo que le hubiese otorgado una mejor posición —en términos de fuerza— con relación a ellas. En síntesis, los mezquinos intereses de los caudillos provinciales conspiraron contra los logros obtenidos por las fuerzas de las Provincias Unidas.

A ello debe agregarse la deserción de soldados, principalmente del litoral, quienes se apropiaron del ganado de Río Grande y se lo llevaron a sus respectivas provincias. La victoria de Ituzaingó, en consecuencia, no sirvió para definir el conflicto de forma contundente a favor de las Provincias Unidas pues se preveía que la guerra sería larga y ninguna de las partes se encontraba en situación de sostenerla por más tiempo.

Como corolario de la guerra, el Imperio del Brasil debió acordar los términos de las negociaciones llevadas a cabo bajo mediación británica que, básicamente, concluyeron con la independencia del territorio oriental —provincia Cisplatina para Brasil y Banda Oriental para las Provincias Unidas— y la creación de Uruguay.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Citas y referencias

[1] Obviamente, la protección del Reino Unido no era gratuita ya que aspiraba a que el rey de Portugal respondiera a ese gesto con la liberalización del comercio, lo cual se vio forzado a aceptar. Las negociaciones suscitadas a partir de esta protección, encabezadas por Lord Stanford por el lado británico, derivaron en los tratados de Navegación y Comercio y de Alianza y de Amistad, firmados en febrero de 1810.

[2] Tulio Halperin Donghi. Historia Argentina. De la revolución de independencia a la confederación rosista. Buenos Aires: Paidós, 1980, p. 214-215.

[3] Ibíd., p. 220.

[4] Ibíd., p. 213-214.

[5] Evergisto de Vergara. “El frente Este. Rivadavia y la guerra contra el Brasil de 1827”. Instituto De Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IEEBA), agosto de 2006.

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] Jorge R. Irusta. Patagones. La construcción de un espacio social multiétnico en el siglo XIX. Viedma: El Camarote, 2011, p.21.

[9] Tulio Halperin Donghi. Op. cit., p. 222.

©2021-saeeg®

.

 

GUAYANA ESEQUIBA: NUESTRA CARTOGRAFÍA COMO ARGUMENTO COGENTE

Abraham Gómez R.*

La séptima parte de nuestra extensión territorial, 159.500 km2, la que nos arrebataron con vileza, no es poca cosa. Puede corresponderse, en amplitud, a mucho más que todo el occidente de Venezuela y parte de algunos estados del centro del país.

La hemos venido reclamando porque siempre ha sido nuestra, por justicia.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico, histórico; y la fortaleza de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Sin embargo, también he expuesto, en bastantes ocasiones como autocrítica, que siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba, pero muy pocas veces aluden y defienden —que también constituye un referente valioso— a la apreciable población que vive en ese inmenso territorio, donde se acumulan recursos de todo tipo; precisamente los que están siendo esquilmados por la voracidad de las empresas transnacionales.

En la Guayana Esequiba, de norte a sur, conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varias clases sociales; cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa los 300.000 compatriotas; donde quedan incluidas las personas originarias de las etnias Waraos, Waiwai, Makushi, Arawaks, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi.

Además, una imbricación bastante considerable de afro e indo descendientes, amerindios, asiáticos, portugueses etc. Una amalgama humana interesante.

Por muy estricta o difusa que pueda presentarse la delimitación o demarcación, jamás alcanzará a escindir los lazos consanguíneos tradicionales, los nexos culturales, las sensibilidades y, mucho menos, a la separación de los arraigados afectos que conseguimos interconectados a ambos lados de la “raya”. Digamos, los vínculos entre comunidades y personales que percibimos, en cada uno de nuestros recorridos por esos lugares.

Al visitar, las hermosas comunidades de la parte del estado Delta Amacuro, las más próximas a la línea de facto: San José de Amacuro, Guasa, Cangrejito, Las Margaritas, Jobure, Curiapo analizamos y valoramos que se tejen con comunidades muy cercanas dentro de la Zona en Reclamación, como Mabaruma, Santa Rosa, Coriabo, Caituna, Baramani y lo que apenas queda de Morajuana.

La mencionada geografía humana, que convive en esa poligonal debe llamar la atención y la preocupación de quienes ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado venezolano, con la finalidad de corresponderles como se merecen, en todas las áreas pertinentes a su subsistencia.

Cedulación, salud, educación, servicios públicos, turismo, deportes, cultura, apoyo a la producción; en fin, todo cuanto sea necesario para vincularlos con nuestra venezolanidad que así mismo les corresponde a ellos.

Estamos obligados a enlazarnos como compatriotas con esos grupos humanos, tan venezolanos como cualquiera de nosotros.

No debe importarnos únicamente reclamar la extensión territorial y su proyección marítima; por cuanto, la gente que allí convive debe ser tarea prioritaria para que obtengan desde nosotros sentido de pertenencia e identidad con el resto de Venezuela.

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

El concepto de efectividades ha sido discutido en relación al título sobre un territorio, donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un título jurídico preexistente (como nuestro caso con la Cédula Real de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

Una expresión clara de esta afirmación, lo ha dicho el Alto Tribunal en el pleito entre Camerún y Nigeria. Como también, cuando la CIJ falló —aunque discutida la sentencia— en la controversia fronteriza territorial, insular y marítima entre El Salvador y Honduras.

Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen —apenas— elementos auxiliares en una controversia interestatal.

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

Esta conclusión fue expuesta en la sentencia de la CIJ en el asunto Burkina Faso/Mali; donde se planteó el valor de los mapas y su relación con el título sobre un territorio.

En este caso, por ejemplo, se dictaminó que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.

A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba. Conforme a la Corte, los mapas no poseen —eo ipso— fuerza probatoria en un litigio.

No obstante, en el caso que nos ocupa, en la actualidad, en la Corte Internacional de Justicia nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestra enjundiosa cartografía.

Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismas, premisas de certificación histórica. Los mapas han hecho veracidad en su conclusión: la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana.

La cogencia puede ser considerada análoga a la lógica inductiva; como la solidez en la lógica deductiva.

Si todos los mapas inductivamente dicen que sí, entonces la conclusión deductiva es sí.

Vamos por parte. Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775. Un mural realizado con ocho planchas de cobre; valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.

Otra inducción: hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.

Más argumentación al respecto. El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado un elemento de cogencia (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana).

Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.

Nuestra delegación, si aceptamos hacernos parte del Juicio en La Corte, tendría la solidez como prueba auxiliar extrínseca —elemento de cogencia al momento de elaborar el Memorial de contestación de la demanda— de una fortaleza cartográfica auténtica.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

 

LA POLÍTICA DE DESTRUCCIÓN EN MATERIA DE DEFENSA SIGUE VIGENTE. PROPUESTA.

Marcelo Javier de los Reyes*

El gobierno de Cambiemos

En la década de 1990 asistimos a la destrucción de la industria de la Defensa, una de tantas. Luego de la crisis de 2001 siempre existieron justificaciones para no recuperar a las Fuerzas Armadas pero la llegada del kirchnerismo al poder agudizó aún más la situación.

Durante la campaña cada pata de Cambiemos tuvo su grupo dedicado a analizar las cuestiones inherentes a la Defensa y ya se percibía claramente el desinterés de ese espacio político por recuperarlas del abandono pero nada indicaba que la gestión iba a ser tan desastrosa como lo fue, la cual terminó con el hundimiento del submarino ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. Unos y otros son responsables de ese hecho trágico para nuestra Armada, tanto el gobierno que llevó a cabo las reparaciones de medio término, como el gobierno durante el cual se dio la orden de zarpada y la propia Armada. Previa a su partida desde su base en Mar del Plata existía un informe que enumeraba una serie de defectos, según me confió una fuente del propio ministerio, cuya lectura debió haber evitado que la nave emprendiera esa travesía.

Ya antes de esa tragedia la política del gobierno de Cambiemos daba muestras de que no variaría respecto del que lo precedió, lo que me motivó a escribir el artículo titulado “Fuerzas Armadas: Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional”, del 15/03/2017,

https://saeeg.org/index.php/2017/03/15/fuerzas-armadas-cambiemos-continua-con-la-politica-kirchnerista-de-destruccion-de-la-defensa-nacional/

Al igual que ahora, el gobierno de Cambiemos abrió un abanico de posibilidades de compra de material para nuestras Fuerzas Armadas, excusa que solo favoreció a ciertos funcionarios para “viaticar”. Durante la gestión finalmente se compró poco y nada y mal. Adquirieron cuatro OPV francesas, más apropiadas para la Prefectura Naval Argentina que para la Armada, la primera de las cuales navegó protegiendo nuestra soberanía sin armamento. Me refiero al ARA Bouchard, al que recientemente le colocaron un cañón y que aparentemente tuvo problemas en un motor. Las cuatro lanchas israelíes Shaldag, que resultan excesivas para patrullar el Paraná y con cuyo costo podríamos haber construido veinte más acordes a nuestras necesidades o, en su defecto, haber comprado las LPR-40 al astillero Cotecmar de Colombia. En esa oportunidad, la compra fue llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad a cuyo frente estaba Patricia Bullrich, junto a un sistema de vigilancia de fronteras y globos radar, los cuales también fueron comprados a Israel a pesar que se fabricaban aquí.

Cuando se aproximaba la Cumbre del G-20, en 2018, el gobierno se dio cuenta que carecía de una Fuerza Aérea que pudiera garantizar la seguridad de los líderes que acudían a la reunión en Buenos Aires. Se procedió a comprar cinco aviones Super Étendard Modernise (SEM)… que no volaban. Bueno, durante el gobierno kirchnerista también se compró material ferroviario chatarra así que ya teníamos experiencia.

A estas compras pueden agregarse la de los doce aviones de instrucción Texan II comprados a los Estados Unidos por un costo de US$ 160.470.000, en detrimento de nuestros Pampas.

Como de costumbre, los ministros de Defensa de la democracia no tienen presupuesto para equipar a las Fuerzas Armadas y ante el desmadre económico del gobierno de Macri, se optó por recortar mucho más ese presupuesto y se suspendieron muchos proyectos como puede corroborarse en mi artículo ya mencionado. Claro que cuando lo escribí tenía algunas sospechas de por qué se ponía la mira en los cinco aeródromos que tenía la Fuerza Aérea entre la CABA y la Provincia de Buenos Aires… hasta que apareció el negocio del Flybondi y eso me dio la pieza que faltaba a mi rompecabezas. Lo extraño era que no reflexionaran acerca de que la Fuerza Aérea no tenía aviones.

Un nuevo gobierno peronista/kirchnerista

Bien, estamos de nuevo con un gobierno peronista/kirchnerista que, al igual que el de Cambiemos, hace grandes anuncios. Los medios que se dedican a temas de Defensa nos hablan de toda la oferta de material ruso con transferencia de tecnología, que nos permitiría dar un gran salto desde este estado de indefensión en el que nos encontramos. Las propias autoridades del Ministerio de Defensa se mostraron con representantes rusos visitando astilleros y analizando el potencial de nuestra industria de la defensa. Pero no hay que hacerse ilusiones.

Bien pronto, el sitio Zona Militar publicó —el 10 de marzo— un artículo titulado “¿Cuál es el equipamiento que se negocia para las Fuerzas Armadas para 2021?” para, copete de la noticia, decir: “Presentamos los principales puntos que el Ministerio de Defensa quiere abordar durante el 2021”[1].

Citaré textualmente lo escrito por Zona Militar:

“A continuación, el equipamiento destinado a ser negociado para su incorporación, modernización, finalización, etc., según el Ministro Rossi.

  • Se espera que se concluya un contrato con INVAP para terminar 2 radares y construir cinco nuevos. Dos son para reemplazar los viejos, otros dos son para la policía de la provincia del Chaco, uno destinado a Mercedes y otro a Tostado, y Río Grande en Tierra del Fuego. Estos radares tienen la función de constituir una segunda línea de sensores en territorio nacional.
  • Objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional que pueda operar con el rompehielos ARA Almirante Irizar destinado a las misiones de la Campaña Antártica de Verano.
  • Aspiración de construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021.
  • Terminación del prototipo IA-100 Malvina.
  • Finalización de la campaña de ensayos en vuelo del avión Pucará Fénix.
  • Finalización de las tareas de modernización del C-130H Hércules TC-64 que se encuentra en FAdeA
  • Finalización de la modernización del avión P-3 Orión.
  • Incorporación a la Fuerza Aérea de los B-200 (Hurón).
  • Incorporación del Boeing 737 para transporte de tropas y servicio dentro de la estructura de LADE.
  • Reemplazo del LAMA por 6 helicópteros de montaña. Tres para la Fuerza Aérea Argentina y tres para el Ejército Argentino.
  • La puesta en servicio de una nueva OPV.
  • Re motorización de las corbetas MEKO 140.
  • Finalización de dos lanchas LICA para entrenamiento de cadetes.
  • Terminación de un buque Swath para el servicio de hidrografía naval.
  • Intención de construir remolcadores para la Armada Argentina.
  • Incorporación de dos unidades del helicóptero Sea King.
  • Terminación de la ICM de uno de los helicópteros Mi-171E de la Fuerza Aérea Argentina para operar exclusivamente en la Antártida.
  • Retomar el programa TAM2C.
  • Compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino.
  • Definición del programa VCBR para el transcurso del año.”

Como podrá apreciarse, nada conmovedor y con la certeza de que al menos la mitad de los ítems no se concretarán. Eso se ve claro en esta enumeración que menciona términos como “aspiración” e “intención”.

Para no detenerme en cada uno de los puntos, tomaré algunos a consideración.

La presidente de FAdeA, Mirta Iriondo, ha señalado que debe reemplazarse a los Hércules argentinos y que fue un error no haber comprado los españoles porque eran más nuevos[2]. Si bien la presidente de FAdeA admite no estar en el ministerio, se entiende que su opinión al respecto debe ser escuchada y contemplada, ya que la reparación de los Hércules argentinos es de su competencia y conoce las dificultades de encontrar los repuestos. De tal manera que luego de haber invertido fondos en la modernización se plantea la necesidad de reemplazarlos, algo que se debió haber pensado antes. Agrega otro punto de interés, es que el KC-390 de Embraer podría no cumplir la misma función de los Hércules y que no sabe si llegan a la Antártida —por cuestiones técnicas— y que cree que la computadora de ese avión es británica, por lo que no podríamos contar con el mismo por el embargo impuesto por el Reino Unido.

El tema de las lanchas LICA, nave de instrucción para cadetes en proceso de construcción en los Astilleros Río Santiago, es un proyecto que se remonta a 2015 y que fue paralizado por falta de presupuesto. Cada tanto tiempo se hace el anuncio de que se retomará su construcción y se entregarán dos de esas lanchas[3].

El objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional es absolutamente viable y puede recordarse que en nuestros astilleros se construyó el ARA Bahía Paraíso (B-1), botado en 1980, con una destacada intervención en el Conflicto del Atlántico Sur pero que naufragó en la Antártida en 1989, tras chocar con una roca cuando trasladaba a un grupo de turistas. Ahora, no es un objetivo que se pueda comenzar y finalizar en 2021 y mucho menos razonable si se tiene como ejemplo lo que sucede con las lanchas LICA.

Se “aspira” a construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021. Es aproximadamente al ritmo que se viene desarrollando pero dada la falta de aviones en la Fuerza Aérea, deberían producirse unos 20 Pampa III artillados por año. Incluso se había considerado su incorporación a la Armada Argentina.

La “compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino” es algo que hacen casi todos los gobiernos. Quizás habría que pensar en un plan integral que contemple la reconstrucción de las redes ferroviarias —desmanteladas fundamentalmente en la década de 1990—, que tendrían múltiples usos, transporte de personas, de mercaderías, ferrobuses que unirían pueblos y ciudades del interior y un uso estratégico militar que permitiría el transporte de blindados, lo que actualmente se hace en camiones. Recuperar y rediseñar el trazado ferroviario significa articular nuevamente el territorio nacional, favoreciendo su integración y el mantenimiento de la soberanía.

Sin embargo, debe destacarse que nada en esa enumeración se refiere a la incorporación de material militar nuevo destinado a la defensa. No se contemplan aviones supersónicos ni buques de guerra para navegar nuestro extenso mar Argentino. Es que todos los gobiernos de la democracia se han dedicado a desmantelar las Fuerzas Armadas, un actor fundamental para mantener nuestra integridad territorial. Sólo se piensa en ellas para funciones subsidiarias, como por ejemplo ayuda en catástrofes naturales.

Existe un odio visceral hacia las Fuerzas Armadas por parte de la casta política de todo pelaje, pues los diferentes gobiernos no han hecho más que humillar a su personal y a una de las más importantes instituciones de la Nación, la que debe velar por la Soberanía Nacional, por la integridad territorial. Un claro ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa y el propio ministro de Defensa al descubrir baldosas recordatorias de los desaparecidos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Conmemoración” del 24 de marzo en el Ministerio de Defensa

El sostenimiento de un relato y de este tipo de actitudes por parte de un ministro de Defensa es absolutamente contrario a la unión nacional, pues se sigue dividiendo a la sociedad y denigrando a las Fuerzas Armadas sin narrar la verdad de los hechos que llevaron al 24 de marzo de 1976, día en que los militares con apoyo mayoritario de la sociedad argentina asumieron el gobierno; una sociedad cansada de los actos cometidos por diversos grupos terroristas que pretendían cambiar la Bandera Nacional creada por Manuel Belgrano para reemplazarla por un trapo rojo empuñado por “jóvenes idealistas” que derramaron sangre inocente en la Argentina, levantándose en armas contra un gobierno constitucional. Cabe recordar que fue ese gobierno constitucional el que firmó el decreto 261 del 5 de febrero de 1975, cuyo artículo 1º enunciaba:

El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de TUCUMAN.

Y cuyo artículo 9º cerraba de la siguiente manera:

Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese. — MARTINEZ DE PERON.[4]

De tal modo que quienes niegan la historia jamás tendrán la intención ni la aspiración de reestructurar las Fuerzas Armadas. Pero debe recordarse que el Artículo 99 de la Constitución Nacional expresa que el Presidente de la Nación “es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación” (inciso 12) y “dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación” (inciso 14).

La ley N° 23.554 de Defensa Nacional, en su artículo 2º, enuncia:

La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Una propuesta para recuperar las capacidades de las Fuerzas Armadas

La recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas solo puede considerarse a partir de la llegada al gobierno de una nueva dirigencia con sentimientos patrióticos, la que al presente no parecería que podría surgir de los espacios políticos que hoy están en condiciones de ganar una elección.

Con respecto a la Defensa Nacional debe considerarse un primer eje que es fundamental y que es el contexto geopolítico. En este sentido debería considerarse el escenario en que se encuentra la Argentina, qué política exterior nos proponemos desarrollar y en función de ello se debe reflexionar qué sistema de Defensa es necesario para la Argentina. Por otro parte, justamente en función de ese contexto geopolítico, deben considerarse las “hipótesis de conflicto”, las que vienen siendo negadas por las últimas administraciones nacionales.

Habida cuenta del estado de indefensión de la República Argentina, se hace necesaria una urgente recuperación de las capacidades perdidas y, dado que cada gobierno tiende a dejar sin efecto lo que ha acordado o planificado su precedente, es imprescindible implementar un Plan Trienal de Recuperación de las Fuerzas Armadas —es decir que lo pueda desarrollar ese mismo gobierno— que les permita alcanzar un alto nivel operativo. Para ello debe destinarse una inversión de US$ 12.000 millones con la finalidad de reconstruir, principalmente, la Fuerza de Submarinos y la Flota de Mar, así como la Fuerza Aérea.

Debe recordarse que el territorio nacional, sin considerar el mar territorial, representa la octava superficie a escala mundial, por lo que sus Fuerzas Armadas deben estar acordes a ese espacio geográfico al que, además, debe añadirse la gran extensión en el Atlántico Sur, cuya proyección incluye a nuestras islas Malvinas, Orcadas, Georgias y Sandwich del Sur. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas cumplen un papel esencial en nuestra Antártida, por lo cual amerita que se les proporcione los recursos necesarios para efectuar esa labor.

Ese objetivo de la recuperación material de las Fuerzas Armadas puede llevarse a cabo tanto a través de la adquisición por compra —a países que en la actualidad no nos estén sometiendo a un embargo, ni que puedan hacerlo a futuro— como a través del desarrollo nacional. En función de este último punto, debe potenciarse la industria nacional de la Defensa con la intención de alcanzar un alto nivel de calidad, lo cual redundará en una reactivación económica que favorecerá a amplios sectores productivos, en especial a la industria nacional, incluyendo las pymes. Es imperioso poner en funcionamiento todos los astilleros, tanto para producir buques militares, como pesqueros, mercantes, petroleros, etc., lo que también permitiría a la Argentina fundar nuevamente una empresa como ELMA, la que podría llevar nuestras exportaciones a todo el mundo.

Un segundo eje, asimismo de gran importancia, es el de los recursos humanos. Debe atenderse la cuestión salarial, pues no es coherente que el Estado Nacional invierta en la formación del personal militar —en particular en pilotos de aeronaves— para que luego pasen a integrar empresas aerocomerciales, de seguridad o de logística, e incluso pasen a formar parte de la policía, entre otras alternativas. En función de ello, debe procederse a una recomposición salarial que permita establecer un mecanismo de selección más basado en la Carrera Militar que en la obtención de una cobertura social, de modo tal que impida la emigración de su personal y obre de incentivo para alcanzar, en lo personal, aún una mayor capacitación.

Sería deseable, como métrica de ingreso, poder quitar a la totalidad del personal militar de su hundimiento salarial por debajo de la línea técnica de la pobreza.

Sostener al personal calificado no solo depende del ingreso económico. Es preciso restablecer de manera seria, un Plan de Carrera que esté basado en las capacidades y méritos del personal.

Un tercer eje es el del adiestramiento. En la actualidad, en buena medida por la escasez de recursos a que las Fuerzas Armadas fueron sometidas y al desinterés de las diversas administraciones nacionales, el nivel de adiestramiento ha decaído en forma preocupante. Por tal motivo, deberá elevarse considerablemente ese nivel, el cual deberá ser rigurosamente controlado para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir óptimamente con el deber que la Nación les exige. En este punto, debe incluirse la capacidad técnica y tecnológica para que el personal militar esté preparado para actuar ante la guerra del presente, es decir, poder enfrentar la ciberguerra, la guerra electrónica y las denominadas “QBN”, química, biológica y nuclear. Con respecto a este último punto, se requiere un profundo conocimiento tecnológico por lo que representa un gran desafío para nuestras Fuerzas Armadas dada la falta de personal capacitado.

En tal sentido, es necesario un cambio de paradigma, en el cual el adiestramiento en disciplinas tecnológicas complejas debe centrarse en las capacidades y no en los medios. De nada sirven fastuosas inversiones en medios, en ausencia de las capacidades humanas precedentes.

Debería considerarse un cambio en la legislación de Defensa y de Seguridad Interior, ya que las amenazas y riesgos actuales requieren que se deje de lado la división entre “seguridad externa” y “seguridad interna” para avanzar en un concepto integral, de modo tal de superar las limitaciones que actualmente se le imponen a las Fuerzas Armadas, impidiéndoles la actuación en casos de emergencia o excepcionales, como por ejemplo contribuir en el control de fronteras.

Debería reconsiderarse el actual Servicio Militar Voluntario e implementarse un Servicio Militar Optativo que, a su vez y a futuro, contribuirá al incremento del Personal de Reserva. Cabe recordar que mientras estuvo vigente el Servicio Militar Obligatorio —actualmente suspendido—, los soldados conscriptos accedían a un sistema de salud, a terminar sus estudios primarios y a capacitarse en alguna profesión que luego le sería de utilidad en la vida civil. En tal sentido, el Servicio Militar Optativo —concebido de un modo más amplio que el sistema actual— podría ser una herramienta vital para aquellos jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan.

Del mismo modo, es necesario sancionar una nueva Ley de Reserva para incrementar el personal profesional en caso de necesidad.

Dada la extensión territorial de la República Argentina, es necesario aumentar urgentemente la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, así como su presupuesto, el cual deberá ser elevado al 2,5% del Presupuesto Nacional. No cabe duda que la Argentina cuenta con recursos para mejorar el presupuesto de Defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que el actual gobierno puede destinar el 3,4 % del Producto Bruto Interno a programas con perspectiva de género, un porcentaje muy superior al que se destina a la Defensa Nacional.

Como ya se ha mencionado, la recomposición de las Fuerzas Armadas debe ser enmarcada en un proceso de reforma del Estado que debe contemplar la reducción de sus ministerios a un número inferior a diez y que considere que muchos de sus cargos ejecutivos deberán recaer en personal de carrera, reduciendo así el “costo político” que significa el nombramiento de funcionarios de partidos políticos, familiares y amigos. Poner en marcha la producción nacional para la defensa implica activar la producción nacional en diversos sectores, es decir, generar empleo, e integrar nuevamente al país a través de un adecuado sistema de comunicaciones.

Nunca más un gobierno y ministros que administren la miseria en materia de Defensa.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “¿Cuál es el equipamiento que se negocia para las Fuerzas Armadas para 2021?”. Zona Militar, 10/03/2021, https://www.zona-militar.com/2021/03/10/cual-es-el-equipamiento-que-se-negocia-para-las-fuerza-armadas-para-2021/

[2] “FAdeA apunta al reemplazo de los hércules argentinos, y señala el error de no haber comprado los españoles”. Infodefensa.com, 10/03/2021, https://www.infodefensa.com/latam/2021/03/10/noticia-fadea-apunta-reemplazo-hercules-argentinos-senala-error-haber-comprado-espanoles.html.

[3] “El Astillero Río Santiago finalizará la construcción de dos lanchas LICA para la Armada Argentina”. Defensa.com, 22/08/2020, https://www.defensa.com/argentina/astillero-rio-santiago-finalizara-construccion-dos-lanchas-lica

[4] “Decreto secreto sobre operaciones militares necesarias contra la subversión”. SAIJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, http://www.saij.gob.ar/261-nacional-decreto-secreto-sobre-operaciones-militares-necesarias-contra-subversion-dn19750000261-1975-02-05/123456789-0abc-162-0000-5791soterced?q=%28numero-norma%3A261%20%29%20AND%20fecha-rango%3A%5B18000101%20TO%2019751231%5D&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n

©2021-saeeg®