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CENSURA KIRCHNERISTA PARA SEGUIR MINTIENDO EL PASADO, CONTROLAR EL PRESENTE Y DOMINAR EL FUTURO

Ariel Corbat

«La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro.

Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados».

George Orwell, 1984.

 

Por aquello de que no se puede engañar a todos todo el tiempo, cuando los kirchneristas, que construyeron poder a base de mentiras, se sienten debilitados inexorablemente intentan usar la fuerza coercitiva del Estado para censurar verdades.

Es el mecanismo que utilizaron a comienzos de 2017, pleno interregno macrista, llevando a la Legislatura Bonaerense un proyecto para obligar a mentir 30.000 desaparecidos. Proyecto del Frente Para la Victoria que fue hecho Ley 14.910 con voto del bloque cambiemita que con la sola excepción de Guillermo Castello alzó las manos tal como lo había ordenado la gobernadora María Eugenia Vidal.

Saben los kirchneristas que su poder depende de sostener la mentira de los 30.000 desaparecidos, piedra fundacional de su relato y manto útil para cubrir la más descarada corrupción que ha padecido la República Argentina. Y saben también que progres como Vidal y sus levantamanos son lo suficientemente idiotas como para aceptar las mentiras kirchneristas como verdades dogmáticas, porque la sola idea de que los puedan llamar “fachos” les causa estupor.

Tenían entonces miedo de no volver al gobierno, porque en el 2015 se votó para que no vuelvan jamás, tal como podría ser que se vote en este 2023. Y no fue casualidad que a partir de la fecha de sanción de esa ley, 23 de Marzo de 2017, el kirchnerismo y el resto de la izquierda exacerbaran su activismo con la abierta intención de impedir que el Presidente Mauricio Macri completara su mandato.

Y es que con su mentira fundacional resguardada por los mismos que habían prometido terminar con el kirchnerismo y el curro de los derechos humanos, tenían claro que iban a volver; por militancia propia y por la traición cambiemita a sus votantes. Gobernó Cambiemos tratando de congraciarse con quienes nunca les iban a apoyar, haciendo kirchnerismo de buenos modales, lo que no podía terminar bien en ningún escenario. Se desperdició así una oportunidad histórica que tal vez no se repita.

Los cuatro años de Alberto de la Fernández haciendo de Presidente en la tercera presidencia de Cristina Fernández salieron tan mal para el kirchnerismo que llevan como candidato a Sergio Massa y vuelven los cambiemitas a tener la chance de acceder al gobierno.

Por eso vuelve el kirchnerismo, esta vez anticipándose a la pérdida del poder, a intentar blindar ya no solamente su mentira fundacional, sino su relato todo. Cuentan para ello con las bancas propias y las de aquellos cambiemitas más preocupados por consensuar con el kirchnerismo que por combatirlo, porque “superar la grieta” y toda esa sarasa. Y uno podría suponer que serían esos los afines a Horacio Rodríguez Larreta, pero no cabe descartar a muchos de los afines a Patricia Bullrich.

En efecto, la mecánica se repite. El lunes 26 de Junio el gobierno hizo la presentación del avión Skyvan PA-51 que se habría utilizado en los llamados “vuelos de la muerte”, una exhibición de derroche de dinero público para sostener una memoria parcializada. Encabezaba el acto, sentada junto a Sergio Massa, ese al que definía como un “hijo de puta”, una Cristina Fernández aún en el poder pero con serias dudas sobre su futuro dejó caer, como al pasar aunque cumpliendo parte de un plan sincronizado, que: “Resulta increíble que algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en todo el mundo haya gente de nuestro país que lo niega”.

Horas después, el 28 de Junio, la diputada nacional por Jujuy Carolina Moises, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para penar el “negacionismo” basado en otro que ella misma presentó dos años atrás. Según Moises “Es inaceptable seguir siendo testigos de cómo se tergiversa nuestro pasado común negando las evidencias. El Estado debe velar ayer, hoy y siempre por nuestra verdad histórica”.

Curiosa frase la de la diputada porque está destinada a proteger las mentiras sobre los años de plomo que el kirchnerismo pretende hacer pasar por verdades dogmáticas contra toda evidencia.

Este afán kirchnerista por blindar sus mentiras para imponer su relato, debe recordarnos las enseñanzas de George Orwell en su novela «1984»: porque si aceptamos que 2+2 no es igual a 4, sino lo que el partido devenido gobierno y Estado nos diga que es, entonces ya no tendremos ninguna libertad, ni siquiera la libertad de pensar.

Por ello es necesario alzar la voz en defensa de la Libertad que es, entre tantas otras cosas, la capacidad de preservar la racionalidad frente al fanatismo de los adoctrinados y no resignar bajo ninguna circunstancias que 2+2=4.

El relato del kirchnerismo sobre los años de plomo, en tanto omite groseramente los crímenes del terrorismo castrista, sólo puede sostenerse desde la ignorancia fomentada por el uso faccioso de los recursos del Estado. Es, literalmente, un relato para idiotas.

Los años de plomo no fueron para nada agradables. Y justamente por eso deberíamos preocuparnos por mantener una memoria cierta, de las que apoyan los documentos y testimonios reales de la época que dan cuenta de una guerra revolucionaria, guerra contrasubversiva, guerra sucia o como quieran llamarla pero siempre guerra. Negar la existencia de la guerra es mantener abierta la posibilidad de repetirla.

Después de los juicios a las juntas militares y las cúpulas de las organizaciones terroristas, el Presidente Carlos Menem promovió un proceso de pacificación que aspiraba a superar el pasado. Sin embargo las minorías hiperactivas de izquierda, afines al terrorismo castrista, aprovechando los coletazos de la profunda crisis del 2001 encontraron en el kirchnerismo el vehículo para romper ese contexto superador del pasado bajo el afán revanchista por la guerra perdida.

La izquierda castrista quería venganza, y el kirchnerismo se la ofreció al alzar la bandera de los derechos humanos como franquicia para encubrir sus negociados (desde la vocación por apropiarse de fondos públicos y abalanzarse en éxtasis sobre cajas fuertes), estrategia bien definida por Jorge Asís como “roban pero encarcelan”.

Son los contextos los que definen el significado de los actos, y en este contexto de daño institucional, degradación cultural y miseria intelectual que ahonda deliberadamente el régimen kirchnerista, cualquiera que se preste al afirmacionismo de la mentira, al falseamiento histórico y al negacionismo del ataque marxista contra la Nación Argentina, colabora con el enemigo y traiciona a la Patria.

Y ninguna ley podrá callarme, seguiré diciendo estas cosas que puedo fundamentar en hechos documentados y en documentos indubitables. Ninguna ley puede obligarme a ser un afirmacionista de la mentira. Porque si “negacionista” es defender la verdad entonces llevaré el título con altivez.

No hay ninguna ley mordaza que vaya a impedirme seguir explicando esa parte trágica de la historia argentina en la que, para desgracia de todos, se mantiene al país empantanado de pasado.

La guerra revolucionaria declarada por las organizaciones terroristas dirigidas desde Cuba, no fue una guerra convencional, de cara a cara, con ejércitos a bandera desplegada como se combatió en Malvinas.

Fue lo que son las guerras revolucionarias: mugre y clandestinidad.

El terrorismo castrista desplegó su ofensiva con ataques solapados tras infiltrar distintos ámbitos de la sociedad, hasta en hogares familiares poniendo bombas debajo de las camas. Y su violencia traía un mensaje: “Somos más malos que ustedes. Ríndanse a nuestra voluntad”.

Pues bien, los argentinos no nos rendimos ante la agresión comunista, y nuestros soldados se adaptaron al escenario de guerra sucia que instaló el enemigo; para dejar bien en claro que podíamos ser más malos que ellos y sostener nuestro estilo de vida. Así se hizo lo necesario.

¿Errores, excesos y horrores? Por supuesto. No tiene propósito negarlos. Las guerras de Inteligencia, las que se libran desde la clandestinidad para definir la supremacía entre estilos de vida de convivencia imposible, se combaten sin piedad y sin reglas. Porque la única regla es no perder.

¿Cometimos crímenes? Sí. Para no cometer el mayor de los crímenes: que terroristas como Firmenich o Santucho se salieran con la suya y a precio de matar un millón de argentinos nos impusieran otra dictadura con pretensión de eternidad a imagen y semejanza de la de Cuba (que sigue siendo hoy día la misma dictadura que lanzó contra nosotros sus organizaciones terroristas).

Se pueden cuestionar los métodos, obviamente que sí, pero no al extremo de ser funcional al enemigo. En tal sentido, incluso disertando en ámbitos como el Círculo Militar he formulado severas críticas a determinadas conductas implementadas durante la guerra, pero nunca olvido el contexto criminal propio de la época, presente en los míos y en los otros, tal como lo manifesté hace largos años en la entrevista que recuerda este fragmento de video:

Entonces, ¿somos criminales los argentinos por haber eliminado terroristas? No. ¿Debemos sentir alguna culpa por los terroristas neutralizados? Ninguna. Que los lloren en Cuba.

Veamos ahora la cuestión de los desaparecidos como táctica de guerra.

Téngase presente que antes del golpe de Estado de 1976, en el interregno “democrático” del peronismo, los terroristas que estaban presos conforme a Derecho fueron amnistiados y que esa amnistía sólo sirvió para que sintiéndose con mayor impunidad retomaran la lucha armada.

Las organizaciones terroristas que operaban en Argentina eran de una dimensión mucho mayor que las Brigadas Rojas, y si Italia las pudo combatir con la ley en la mano fue porque no tenían ni el despliegue ni el grado de infiltración de Montoneros y ERP. Aquí además del terrorismo urbano, las organizaciones castristas atacaron cuarteles y coparon ciudades, por sólo señalar dos tipos de acciones que definen un estado de guerra.

Muchas veces se pretende poner el caso italiano como ejemplo de lo que debió hacerse, pero es una comparación que carece de todo realismo.

En los setenta, la información circulaba a mucho menos velocidad que hoy, eso era determinante para que capturado un enemigo se tuviera tiempo de sacarle información y golpear por sorpresa a su organización. Lo cual no hubiera ocurrido de iniciarse un proceso penal. Cosa que sólo hubiera traído aparejada mayores vulnerabilidades para las fuerzas del Estado argentino, pues cabe recordar que al Juez Quiroga lo mataron los terroristas por haber dictado sentencia contra ellos en procesos legales.

Y subrayo este punto, porque a pesar del evidente prevaricato con que los militares han sido condenados por combatir y vencer al terrorismo castrista nunca mataron a ningún juez. Entre otras razones porque esos jueces, pueden serlo gracias a que los militares ganaron la guerra y con socrático patriotismo soportan las injusticias judiciales del revanchismo. El obsceno prevaricato de los jueces que condenan militares es también un acto de alevosa hipocresía, porque si pueden jugar a ser jueces sólo es gracias a que los militares ganaron la guerra. De ganar Firmenich o Santucho no se hubieran atrevido a juzgar a los vencedores, ni se los hubieran permitido.

Luego, en el fragor de la guerra, a más de capturar, interrogar (bajo tortura, sí) e ir desmantelando células enemigas en sucesivos operativos, había que devolver la gentileza del miedo: que sintieran los terroristas la incertidumbre de no conocer la suerte de sus combatientes.

Y es que la guerra revolucionaria, en su total falta de convención, tiene un rasgo psicológico más fuerte que en otros conflictos; es una guerra de crueldad y miedo contra miedo. Por lo que la derrota de cualquier bando queda sellada cuando en lugar de causar miedo, tiembla de miedo. Y los terroristas temblaron.

Cuando una organización de tipo militar no tiene certeza sobre la disposición de sus tropas, ni puede determinar si sus faltantes han sido capturados, están muertos o desertaron, se produce el desbande. Ante ese desbande, Montoneros intentó la locura de una contraofensiva idiota en la que, como si la consigna hubiera sido “animémonos y vayan”, no se arriesgó ningún jefe.

¿Qué esperaban los terroristas que mataron a militares y sus hijos en sus casas o en las puertas de sus casas? ¿Qué una vez capturados se les iba a ofrecer un café con medialunas y otra amnistía?

No iba a pasar. Por lo que cayó encima de los subversivos castristas todo el odio que generaron con su proceder artero.

Es un estribillo común de la prédica izquierdista de posguerra decir que aquí no hubo guerra sino genocidio y que la apropiación de hijos de terroristas fue una práctica aberrante. Pues bien, al respecto es preciso contestar con toda claridad: cada uno de los llamados «nietos recuperados» demuestra dos cosas.

Primero demuestra el sentido humanitario de quienes adoptaron como propios a los hijos de terroristas (terroristas que, dicho sea de paso, eran horribles padres y solían usar a su prole como escudo humano). Supusieron los militares que de esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban sus padres.

Segundo demuestra la inexistencia del tal mentado genocidio: los nazis no preservaban vidas de bebés judíos, ni los turcos a los armenios, ni los hutus a los tutsi.

Ese rasgo humanitario de los militares argentinos, en el marco de una guerra sin ningún tipo de convenciones, confirma que su objetivo no era exterminar personas sino aniquilar el accionar terrorista. Es el mismo motivo por el que pulula tanto “sobreviviente”.

Más aún, los militares argentinos impidieron el genocidio que sí planificaba el terrorista castrista Roberto Santucho, jefe del ERP, quien calculaba tener que matar a un millón de argentinos para imponer el “socialismo”. Sí, leyó bien, Santucho dejó por escrito su pretensión de matar a un millón de argentinos.

Por esa misma razón es una completa aberración la recurrente e interesada búsqueda de equiparar los desaparecidos con los muertos del nazismo. Es ofensivo igualar víctimas exterminadas en razón de lo que eran y con total prescindencia de cual fuera su conducta,  con aquellos que en el marco de una guerra revolucionaria que ellos mismos declararon fueron muertos por ser integrantes de organizaciones terroristas que no tenían ningún prurito en matar inocentes.

Nada de esto se dice en el relato oficial impuesto sobre los años de plomo, es algo que la imposición cultural de la “corrección política” impide manifestar, porque con “el diario del lunes” se ha olvidado la realidad del domingo. Las teorías sobre la posibilidad de haber lidiado con los terroristas aplicando algún otro criterio, meramente policial y por ende ajustado estrictamente a la ley penal, olvidan que Argentina no era Suiza. Ese pequeñito detalle no puede pasarse por alto sin una hipocresía descomunal, como la que campea desde hace décadas en Argentina.

Una vez más expreso mi agradecimiento a quienes combatieron y vencieron al terrorismo castrista impidiendo que nos arrebataran Patria y Libertad.

Un país que condena implacable e impiadosamente a sus defensores entrega su futuro al enemigo. Es lo que hizo Argentina para hundirse en la decadencia a la vista de todos. Brego entonces por la libertad de Alfredo Astiz y todos los vencedores de la guerra contra el terrorismo castrista que, prevaricato mediante, se encuentran prisioneros.

Y afirmo: No fueron 30.000, no fue genocidio, fue guerra.

No acato ni acataré, por inconstitucional, ninguna ley que pretenda hacerme decir que 2+2 no son 4.

 

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,

un liberal que no habla de economía.

 

Artículo publicado el 29/06/2023 en La Pluma de Derecha, https://plumaderecha.blogspot.com/2023/06/censura-kirchnerista-para-seguir.html

LA PRODUCCIÓN PESQUERA SOSTENIBLE VERSUS SOSTENIBILIDAD SIN PRODUCCIÓN

César Augusto Lerena*

En el mundo y, por cierto, en Argentina, se ha instalado una discusión que es incongruente: el de producir en forma sostenible versus reservar espacios marinos sin producir. En estos días hemos visto una publicación en Clarín que con el título catástrofe “La muerte del mar”; una activista ambientalista y una técnica promueven la instauración de Áreas Marinas Protegidas (AMP) como medio para dar sostenibilidad al medio marino y sus especies, en lugar de contribuir a que la pesca sea sostenible. Es tan reprochable la pesca insustentable como impedir la captura sostenible.

Quienes se ocupan de cuestiones ambientales, tan importantes para el cuidado del planeta, debieran estar muy capacitados en la materia que aconsejan como para contribuir a interiorizar en los productores de alimentos la necesidad de armonizar entre la generación de proteínas y el cuidado de “la Casa Común”: el ser humano y su entorno. Pero ello no parece resultar de esta nota, desde el mismo momento en que una de las opinantes, la activista Lucia Castro manifiesta, con suficiencia: «nadie sabe que una tercera parte del territorio nacional es agua» (sic); cuando la Argentina sólo de Zona Económica Exclusiva (ZEE) tiene 3.146.345 Km2 y su porción en el continente americano alcanza a 2.791.810Km2. La nota esta plagada de errores y contradicciones.

Atrasaría tanto el empresario que explote los recursos sin sostenibilidad como los fundamentalistas ambientalistas que pierden de vista que el ser humano es el administrador de la naturaleza y debe vivir en forma sostenible de ella. Gran parte de quienes estamos vinculados a esta actividad productiva, generadora de pueblos, industrias y mano de obra intensiva en el sudeste de Buenos Aires y el área del litoral patagónico de Argentina, estamos muy interesados en dar sostenibilidad y sustentabilidad a la actividad pesquera, ya que de otra manera no se podría garantizar la disponibilidad del recurso a perpetuidad. Sin producción no hay sostenibilidad y sin ésta no hay producción futura.

Para dar sustento a esto, indicaremos algunas líneas del texto comentado que realizáramos de la Encíclica Laudato Si’ “El Cuidado de la Casa Común” (César Lerena “Argentina. La Casa Común”, 512 pág. 2021) donde junto al Papa Francisco, cientos de científicos, filósofos, teólogos y organizaciones ambientalistas y sociales tratan a la naturaleza no como un hecho aislado, sino como una parte, donde se tiene a la humanidad como administradora y responsable principal en asegurar la ecología, la ecología trófica y el medio ambiente.

El mensaje de la Encíclica es suficientemente claro, la Casa Común en el sentido más amplio es el bien a proteger y el ser humano es su cuidador responsable, entendiendo por tal, a quién protege el ambiente para las generaciones venideras per sécula seculorum. Francisco pone en un justo lugar las cosas: «Si bien, no es posible aceptar un antropocentrismo depredador tampoco un biocentrismo que implicaría incorporar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros». Los seres humanos son los responsables de administrar sostenidamente el planeta y, si bien son parte de éste, “el todo” carecería de sentido si el conjunto de la naturaleza no estuviese destinado a satisfacer sustentablemente sus necesidades.

Desde la ciencia “un ecosistema está constituido por seres vivos interdependientes que comparten el mismo hábitat y cuyos procesos vitales se vinculan entre sí. Este involucra a todos los elementos bióticos: los seres humanos, los animales y las plantas que conviven con los factores abióticos (temperatura, luz, humedad, etc.) del medio ambiente, de modo tal, que el ecosistema es una unidad compuesta por organismos interdependientes de cadenas tróficas o alimenticias que dependen entre sí para su supervivencia, por lo cual, cualquier desequilibrio atenta al ecosistema en su conjunto» (Tansley, A. G., 1939) y «la protección del medio ambiente debe constituirse en parte integrante del proceso de desarrollo y no considerarse en forma aislada» (Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 14/06/1992). En este sentido, el Papa es muy preciso respecto al rol fundamental del ser humano en relación al Cuidado de la Casa Común al entender que «no puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad».

Frente a ello, parece una actitud empírica y paternalista que quienes no tienen la responsabilidad de sostener las estructuras productivas del país y el desarrollo de las regiones más postergadas y desconocen estas actividades, sean los que proponen acciones para supuestos efectos negativos, que ellos mismos indican, no estar suficientemente probados. En la Argentina, es el Estado, los empresarios, trabajadores y expertos —en esa visión del Papa— quienes deben hacer la actividad sostenible y “sustentable” y las opinantes en la nota de Clarín, flaco favor le hacen a la causa de proteger ambientes y especies cuando, por un lado, fundan en forma errónea los motivos por los cuales el mar argentino estaría en peligro y, por el otro, omiten las más importantes razones de depredación marina y pesquera en la región. En realidad, con un planteo tremendista, el objetivo de las ambientalistas opinantes en este medio, no parecieran tener otro objetivo que el de establecer Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el mar argentino, debilitando la capacidad de generación de proteínas de Argentina, mientras en paralelo el Reino Unido ocupa y explota sin control alguno 1.639.900 Km2 del mar argentino, proponiendo a la par la creación de AMP alrededor de todas las colonias de ultramar que forman parte de la llamada Comunidad de Naciones.  

Recordemos que el recurso pesquero es del Estado. Este otorga en concesión la explotación a empresas que deben cumplir con las normas legales (Ley de Pesca 24.922, resoluciones del CFP y leyes provinciales) que, en su articulado, establecen claramente, que la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien preside el Consejo Federal Pesquero que, como en casi ninguna otra actividad productiva, tiene entre sus miembros a un experto en medio ambiente en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la legislación que cuenta el país, además de explicitar las especies, el estado de desarrollo, las formas de captura, zonas, épocas y tiempos, tiene en el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) los científicos y expertos más importantes de Suramérica, quienes anualmente determinan, en base a la investigación de las especies y el ecosistema, la Captura Máxima Sostenible, según la especie que se trate; es decir, lo máximo que se puede capturar de cada especie por año para asegurar su reproducción, desarrollo y descendencia. Parece que anunciar una supuesta “muerte en el mar”, prediciendo una catástrofe ambiental con la expresión de meras generalidades y sin información, es poco serio y desacredita el muy útil trabajo de cuidado ambiental.

La Argentina tiene habilitados unos 520 buques pesqueros de distinto porte que desembarcan unas 800 mil toneladas de pescados, crustáceos y moluscos por año. Un número similar al de las embarcaciones chinas, coreanas, taiwanesas, españolas y británicas, etc., que pescan un millón de toneladas anuales en forma ilegal (INDNR) en alta mar y Malvinas; al que deberíamos agregarle otras 300 mil toneladas por descarte ilegal si se equiparase la información disponible en la ZEE (INIDEP, AGN, FAO), a la par de la gravísima depredación que implica; tratándose de un único ecosistema, provoca un daño impredecible a los recursos migratorios originarios de la ZEE, pero también sobre stock disponible en ésta. Cuestión, que está totalmente fuera de control por parte de la Argentina (al menos sin acuerdos) y accesoriamente, pero muy importante, cuando unas pocas potencias desarrolladas se hacen de los recursos de los Estados ribereños, se les quita los alimentos para la sobrevivencia a una Argentina con 40% de pobres e impiden el normal desarrollo intelectual de las futuras generaciones. Nos preguntamos dónde están los ambientalistas cuando estas naciones le extraen recursos a Suramérica y el Caribe por un valor de 12.000 millones de dólares anuales. Ciertamente, un hecho depredador, muchísimo más grave que todas las capturas, cualquiera fuese la forma que se realicen en la ZEE; donde la Autoridad de Aplicación cuenta con mayores herramientas de fiscalización, tanto a partir de sistemas satelitales o acciones directas que se realizan durante las extracciones y en el desembarco; aunque tampoco se deba tolerar.

Podemos coincidir que los controles en la ZEE son insuficientes y deficientes y podríamos dar una larga lista de motivos; pero en alta mar o en Malvinas directamente no existe ningún tipo de control presencial. Aquí incluiríamos la presencia de redes, cajones y otros elementos en el mar y sus playas, cuya responsabilidad podría resolverse con la identificación de todos los elementos que se usen en el mar. Sin embargo, afirmar, como lo hace la activista Castro que: «es parte del trabajo en alta mar echar al agua aquello que no sirve y se encuentran cajas plásticas en las playas de Chubut o redes que aparecen flotando que matan ballenas» parece de charla de café y no una nota técnica. Manifestar temerariamente que «descartar es parte del trabajo»; además de no distinguir entre ZEE y alta mar y englobar todo bajo el término “descarte” que, en la pesca se utiliza para referirse a la devolución ilegal de especies no comerciales o resultantes de la pesca incidental y, no para describir a aquellos deshechos plásticos (cajones, redes, etc.) que voluntaria o accidentalmente pueden ser tirados al mar, es al menos desconocer la actividad y el entorno. Ambas prácticas están prohibidas por Ley, pero no son lo mismo. Como no es de la misma responsabilidad la pesca en la ZEE que en alta mar, donde la Argentina no tiene jurisdicción, aunque le asistan derechos respecto a los recursos migratorios originarios de la ZEE en ese espacio marítimo.

Refiere el artículo a las “Redes de Arrastre” y no indica si las que se cuestionan son las “Redes de Arrastre de Fondo”, lo cual es una importante imprecisión, porque esta última clasificación, a la que no refieren las ambientalistas, está relacionado a las especies que se capturan y su eventual acción sobre los fondos.

Por su parte, la Coordinadora Diana Friedrich del Proyecto Patagonia Azul de la Fundación Rewilding de Douglas (1943-2015) y Kristine Tompkins, indicaron en la nota que la Argentina se comprometió en 2010 a proteger el 10% del mar y en 2022 el 30%, como si hubiese incumplido, sin ponderar que en la actualidad la Argentina de los 6.247.842km2 que conforman la ZEE continental e insular y, la parte meridional del Atlántico Sur que linda con la Antártida, tiene un 51,26% vedada o restringida la captura como producto de la ocupación británica de Malvinas; su unilateral reserva ecológica de 1,07 millón de km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur; los 100.000 Km2 de las AMP Namuncurá-Banco Burdwood I-II y Yaganes y producto de la conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA). Es decir, ha superado largamente cualquier pauta razonable de conservación aunque, erróneamente, Castro refiera que Argentina tiene solo protegido un 8% del mar; ignorando los espacios referidos y los que el propio INIDEP tiene en veda permanente o transitoria. Destacar a la panameña Shirley Binder, a la que Castro califica como una de las responsables de la “gran gesta panameña” en la protección de más de la mitad de su ZEE (54,33%) es un hecho mucho menor a lo que ocurre en la Argentina que, como dijimos, tiene muchos más km2 vedados a la captura nacional. La ZEE panameña alcanza a un 10% del total de la ZEE Argentina. Aunque, para evaluar con rigor científico a las AMP/Vedas, deberíamos referirnos a la carga biológica que protegen y no a una mera proporcionalidad de territorio, que podría carecer de todo efecto biológico. La propia Friedrich lo ratifica: «Las dos únicas áreas protegidas que tenemos, están en una zona donde casi nadie pescaba» (sic); aunque hay quien entiende que esos espacios son reservorios de especies que migran a Malvinas y son capturadas con licencia británica. A esta altura, uno debería preguntarse para qué se estableció un AMP “donde casi nadie pescaba”. En vez de sancionar leyes habría bastado una Resolución del Consejo Federal de Pesca, con el aval del INDEP, estableciendo las vedas que fueran necesarias.

Afirma también Friedrich que «el sector pesquero insiste con que las zonas de veda permanente son como AMPs», lo que rechaza: “las zonas de veda no son AMPs» y, por su parte, Castro indica: «no se conoce ni se ha probado un método que las suplante». Respetuosamente, estas ambientalistas muestran una cierta dificultad para interpretar textos, ya que la Ley 27.037 establece en sus artículos 2º y 4º que «se consideran AMPs a los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos (…) que en razón de su rareza, fragilidad, importancia merecen una protección especial para el aprovechamiento y goce de las presentes y futuras generaciones…», nada diferente a una Veda que es un acto administrativo establecido por la Autoridad de Aplicación con dictamen del INIDEP, en el que está prohibido capturar o extraer un recurso hidrobiológico en un área determinada por un espacio de tiempo (temporaria o permanente). Habiendo varios tipos de veda: biológica: prohíbe capturar/extraer con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie hidrobiológica. Entendiéndose por reclutamiento la incorporación de individuos juveniles al stock; extractiva: prohíbe capturar/extraer en un área específica por motivos de conservación; extraordinaria: prohíbe capturar/extraer, cuando fenómenos oceanográficos afecten negativamente una pesquería. Nosotros entendemos que Mientras el AMP es una fotografía tomada sobre un área, en un determinado tiempo, la veda permite a la Autoridad de Aplicación efectuar las acciones correctivas correspondientes no solo sobre los espacios sino, fundamentalmente, sobre el comportamiento de las especies en el área vedada.

Para extrañeza total, la técnica citada indica: «no hay estudio de impacto ambiental» y acota la activista Castro: “la ley federal de pesca no prohíbe la pesca de arrastre…está poco estudiado el impacto que hay sobre el fondo marino argentino»; pero, a renglón seguido se contradice: los efectos son «equivalentes a la tierra deforestada». Cabe, entonces preguntarse: si no hay estudios de impacto ambiental o son insuficientes ¿con que rigor científico determinan que la red de arrastre ocasiona un efecto equivalente a la deforestación? Y en este punto, termina diciendo Castro: «la pesca de arrastre es 100% legal, pero el descarte está prohibido». Y no necesariamente la pesca de arrastre supone descarte. Deberían leer estas ambientalistas, entre otros, los incisos n) y ñ) del artículo 21 de la Ley 24.922; porque el desembarque en porcentuales más altos de los permitidos puede implicar una penalización. Un cuento de la “buena pipa” que la Autoridad de Aplicación no ha sabido resolver: si se desembarcan especies de tamaño chico o mayor volumen se penaliza y si se descarta en el mar se penaliza.

Por si faltaba algo, la activista Castro concluye: «se necesitan AMP en estos frentes productivos», denominación que se parece más a la de un espacio político pero que no buscaría una producción sostenible sino atacarla. Absolutamente distinta a la mirada evolucionada del Papa y de los más de quinientos técnicos que elaboraron la Encíclica “El Cuidado de la Casa Común”; una Encíclica que, modestamente, considero un compendio extraordinario socio-ambiental donde se designa al ser humano administrador universal para el aprovechamiento sostenible de la naturaleza. No guardar un debido equilibro, no contar con una información científica rigurosa e impedir la pesca en los “frentes productivos” sería provocar un daño más grave aún que el que se pretende proteger.  

Que el árbol no les impida ver el bosque.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

A CINCUENTA AÑOS DEL PLAN TRIENAL 1974-77 QUE PUDO CAMBIAR EL ACTUAL ATRASO MARÍTIMO Y PESQUERO

César Augusto Lerena*

En estos días concluimos nuestro trabajo “Plan Nacional de Pesca” que incluye “Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur” además de un proyecto de reforma de la ley Federal de Pesca (Ley 24.922) que nos llevó a estudiar toda la legislación de Suramérica y el Caribe, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Analizamos también el Plan Trienal 1974-77 que quedó trunco por el golpe de 1976 y que no parecen haber leído y mucho menos ejecutado ninguno de los responsables de cuidar nuestra soberanía en el territorio marítimo y continental y desarrollar los pueblos patagónicos a través de la producción pesquera, naval y portuaria, en los últimos cincuenta años.

Tal vez, la contienda electoral de 2023 justifique la lectura de las 357 páginas de este Plan Trienal que deja en evidencia, que fuera del esfuerzo privado, empresario y del trabajo, el Estado ha estado ausente en el desarrollo de la actividad marítima y pesquera y, ello se verifica en la falta de cumplimiento de los objetivos y la asignación de fondos que para la promoción y crecimiento de este sector la Argentina tenía prevista hace cincuenta años.

Contribuyeron a la elaboración de este Plan Trienal —en la parte referida a esta materia— además de los Ministerios pertinentes, empresas del Estado, muchas de las cuales fueron vaciadas, desfinanciadas o privatizadas: Administración General de Puertos; Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (Astilleros Río Santiago); Atanor SA; Carboquímica Argentina Sociedad Mixta Comercial; Dirección General de Fabricaciones Militares; Fabricaciones Militares Aceros Ohler SA; Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A (ELMA).; Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino; Hidronor S.A.; Hierro Patagónico de Sierra Grande SA; Minera Industrias Mecánicas del Estado SA; Petroquímica Bahía Blanca SAIC; Petroquímica Comodoro Rivadavia SA; Petroquímica General Mosconi; Soc. Mixta Siderurgia Argentina; SA Mixta Aceros Especiales; Talleres Navales Dársena Norte SA; Yacimientos Petrolíferos Fiscales; etc. No fue el fruto de apresuradas plataformas políticas electorales.

Se introducía al Plan con un Preámbulo cuya vigencia sigue intacta: “La Argentina sufre una de las peores formas de destrucción: el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana; para ello, debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones. y, paralelamente, consolidar la unidad nacional, en una sociedad dinámica, cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales”.

El Plan en lo relativo a la construcción naval tenía por finalidad obtener un considerable incremento del tonelaje de nuestra marina mercante, a la par de incrementar sustancialmente el nivel de producción de los astilleros nacionales. En el período 1964/72, el tonelaje incorporado a nuestra bandera alcanzó a 655.643 TPB; de los cuales el 30% fueron barcos nuevos y de éstos el 53% fue provisto por los astilleros nacionales. El Plan indicaba que el total de embarcaciones a construir en los próximos cinco años alcanzaría a 136 con 514.000 TPB. Los astilleros grandes del país construirían 22 buques, con un total de 502.200 TPB, de los cuales el 52 % correspondían a los armadores estatales y el 48% a los armadores privados, en tanto que los astilleros medianos construirían 108 buques con 12.000 TPB para los armadores estatales y 6 remolcadores para armadores privados. De los 22 buques a construir por los astilleros grandes diez serían graneleros, seis cargueros, cuatro para carga frigorífica y 2 buques-tanque para YPF. Dado que en el último trienio el promedio anual de tonelaje entregado por todos los astilleros fue de menos de 50.000 toneladas, este programa de construcción implicaría duplicar su nivel de actividad. De este modo el programa, a la par de incrementar significativamente la capacidad de transporte de nuestra marina mercante, representaba una fuente de ocupación de magnitud y un mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada en el país. El costo total del programa era superior a 4 mil millones de pesos, de los cuales, correspondían más de 3 mil millones a los astilleros grandes (buques de más de 5.000 toneladas de porte bruto) y casi mil millones de pesos a los astilleros medianos. Hay quienes dicen que no haber ejecutado este plan le significa a la Argentina una pérdida de 4 a 5 mil millones de dólares anuales en fletes. Según Barletti, “lo correcto sería expresar que la Argentina no participa de los fletes marítimos internacionales que genera su comercio exterior por no contar con empresas navieras dedicadas al transporte internacional o de ultramar radicadas en el país».

El Plan Trienal indicaba que el transporte por agua debía recuperar el papel que le correspondía en el transporte de mercaderías a granel de bajo valor unitario y distancias largas y debería, además, introducir otros tráficos adaptables también hoy al transporte por agua como resultado de las nuevas técnicas de transporte intermodal. Se aseguraría el reequipamiento de la flota de ELMA a fin de sustituir los buques obsoletos por unidades de mayor porte y evitar el uso excesivo de buques extranjeros alquilados. Se ponía especial énfasis en los buques graneleros. En cuanto a las vías fluviales, se impulsaba el uso del transporte por empuje. La flota Fluvial Estatal realizaría las inversiones necesarias para satisfacer la creciente demanda para este sistema de transporte. Por cierto, esta parte del plan sigue pendiente porque la producción de los pueblos del litoral patagónico sigue trasportándose por vía terrestre, con el consiguiente mayor costo y contaminación ambiental.

Respecto a la Industria Pesquera, el Plan refería a que la falta de una política coherente y estable de promoción de la actividad pesquera marítima que originó fuertes fluctuaciones de los niveles de producción y comercialización del sector. La demanda actual y el proceso de inversión de los últimos años han producido una brecha del orden de las 300.000 toneladas por año, entre la capacidad total de la captura y el desembarco efectivo en el año 1973. Un crecimiento adecuado se lograría a través de un incremento sustancial en la demanda interna, que·acompañase al incremento producido en los últimos años en las exportaciones. Esta tendencia parece acentuarse para el próximo quinquenio, actuando como factor determinante el nivel de la producción mundial y la escasez de productos proteicos. Por lo tanto, dice el Plan serán objetivos del sector: consolidar la tendencia a la exportación de productos de mayor grado de elaboración, pero que en 2023 un 60% aún sigue sin valor agregado; promover el desarrollo de la industria naval argentina; que, en 2023 sigue importando buques para la pesca, la investigación pesquera y las fuerzas armadas.

El Plan haría posible aumentar el consumo per cápita anual de 6,60 kg. en 1973 a 13,20 kg. en 1977 y 18,5 en 1980, con un incremento de las exportaciones de 70 mil toneladas en 1973 a 250 mil en 1977 y 450 mil en 1980, número similar a 2022. El cumplimiento de las metas de consumo interno, no se cumplió y en 2023 solo alcanza a los 4,5 kg de consumo per cápita, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe, cuyo consumo promedio alcanza a los 10 kg. No podía esperarse otro resultado. Desde 1974 a la fecha nada se hizo al respecto.

Para el período del Plan la inversión sería de 1.500 millones. La mano de obra ocupada por el sector pasaría de 14.000 personas en 1973 a 34.000 en 1977; pero en 2023 alcanzan a solo 20.000 empleos registrados, reduciéndose incluso a los operarios que trabajaban en el sector en la década del 90, pese a que en esta época se incorporaron máquinas descabezadoras, fileteadoras, etc. que luego se desactivaron porque los rendimientos eran menores al trabajo manual. Gran parte del problema es la política extractiva y de proceso a bordo que se lleva.

Entre las medidas a tomar estaban la promoción del consumo de productos frescos y congelados; creación de un sistema de distribución y’ comercialización eficiente; estimular la creación de mercados de concentración y centros de distribución para el pescado de consumo fresco; promover la capacitación a todos los niveles y en función de las necesidades nacionales.

El programa de desarrollo pesquero tenía por propósito el aprovechamiento acelerado integral y racional de los recursos naturales del litoral marítimo, de modo de mejorar la dieta de nuestra población y lograr un fuerte incremento ·de las exportaciones de productos de la pesca. El programa implicaba en forma directa, la construcción de buques, el perfeccionamiento de la infraestructura portuaria existente y la creación de nuevas instalaciones, el perfeccionamiento y racionalización de la red de comercialización y distribución y el desarrollo de la industria derivada. El proyecto preveía una fuerte expansión de las capturas en el litoral marítimo patagónico, llegando al 63 % en 1977 y 83 % en 1980, del total nacional. Pese a que los subsecretarios de Pesca fueron de origen patagónico, el 50% de los desembarcos de estos puertos igualan al desembarco de Mar del Plata.

El Plan indicaba que las inversiones en infraestructura, medios de captura e industrias, serían fuente de demanda para otras ramas industriales y para la construcción. El programa, además impulsaría el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. Le correspondería al Estado una participación muy decidida, que incluiría: la formación de recursos humanos; desarrollo de la investigación en materia· pesquera; otorgamiento de créditos y subsidios a pescadores, armadores e industriales; establecer un sistema de perfeccionamiento de la calidad; regularizar la comercialización; difundir recetas de fácil preparación en base a los productos más abundantes; organizar campañas de promoción de la demanda; multiplicar las bocas de expendio; crear un sistema de distribución y comercialización capaz de abastecer satisfactoriamente a todo el país; establecer un ente estatal único para la expansión de los productos pesqueros; desarrollar productos elaborados con especies argentinas de alto valor agregado y compatibles con las posibilidades de expansión de la demanda externa; realizar acuerdos para lograr el acceso a los mercados -de los países fuertemente proteccionistas. Nada de esto se ha ejecutado desde el Estado y los negocios son fruto de esfuerzo privado, en buena hora, pero los aranceles de importación de los importadores no se han compensado en el país.

El Plan trienal indicaba que las acciones previstas permitirán elevar la captura de 275 mil toneladas en 1973, a 723 mil toneladas en 1977 y en 1.152 toneladas en 1980. Nada que ocurra en 2023, cuyas capturas alcanzan a las 800 mil toneladas y ello puede deberse a que la Autoridad de Aplicación no ha resuelto el descarte del 30% que refieren los organismos técnicos y de auditoría. Muchos miles de millones de dólares perdidos de 1974 a la fecha. Sin contar con la pesca ilegal que se realiza en el área de Malvinas y sobre los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva en alta mar.

Las inversiones del Plan en el período 1974/77 alcanzarían a 1.516 millones de pesos, correspondiendo el 76 % a la adquisición de barcos, el 9 % al desarrollo de la industria derivada, 8 % para infraestructura y el resto para mejoras en la comercialización, investigación y formación de recursos humanos.

Respecto al rol de la pesca en el desarrollo regional el objetivo era equilibrar y armonizar el desarrollo de las distintas regiones del país mediante una acción que asigne carácter prioritario a las obras de infraestructura que sirvan al progreso social y a la ordenada y racional expansión de la propiedad y productividad agropecuaria: Ya hemos visto que eso no ha ocurrido, en especial con el desequilibrio que hay entre los puertos patagónicos. Asimismo, dice el Plan, el desarrollo pesquero adquiere un carácter perentorio. El impulso del desarrollo de la actividad manufacturera de producción regional considerando en particular la aplicación de tarifas diferenciales para los servicios públicos que constituyen insumos para aquellas producciones y, la revisión del régimen de coparticipación federal con miras a una más equitativa distribución de la recaudación fiscal.

Se promovía la instrumentación e inicio sin demora de los planes de desarrollo pesquero, dentro de un concepto de regionalización económica, para terminar con el estado de postración y vaciamiento del interior del país y, dentro del eje central de la política alimentaria se promovía un Programa de Fomento de Consumo de Pescado; el fomento mediante el crédito y exenciones impositivas, la industria de construcciones navales del sector de pesca; ejercer soberanía sobre todos los recursos y aprovechamiento de la Plataforma Continental y Mar Epicontinental dentro de las 200 millas y defensa contra la explotación irracional de sus recursos.

En materia de Puertos, afín de mejorar e incrementar la capacidad portuaria del país, superando definitivamente los problemas y limitaciones del Puerto de Buenos Aires, el Plan preveía, en el plazo más breve, que los estudios técnicos permitan la construcción del puerto de aguas profundas en Punta Médanos. Su funcionamiento a 50 pies de calado, lo cual contemplaba suficientemente las previsiones de la evolución de la tecnología naval y la operación de todo tipo de buques, en especial graneleros de gran porte: “La construcción del puerto de aguas profundas excede en su significación a las importantes repercusiones en el comercio de ultramar”. Su localización implicaba crear un importante centro de desarrollo urbano, el que sería provisto de toda la infraestructura de servicio y el desarrollo de importantes inversiones complementarias en actividades auxiliares y conexas a la exportación y el comercio internacional. Asimismo, debería adecuarse la infraestructura vial y ferroviaria para facilitar la convergencia de la producción hacia el puerto; esto significaría en los hechos una reestructuración del espacio, creando nuevos flujos de transporte y modificando la actual estructura de costos de la actividad. Todo ello, en suma, tendría un efecto dinamizador sobre el nivel de producción de importantes zonas agrarias no suficientemente explotadas aún, fortaleciendo y reestructurando los ejes del crecimiento del territorio argentino y contribuyendo, en definitiva, a la integración nacional. Por cierto, la situación de aislamiento del continente de Tierra del Fuego en 2023 resulta absolutamente inaceptable.

Se promoverá —decía el Plan— la construcción de nuevos puertos y el mejoramiento de los existentes, así como la apertura de canales navegables y, como vemos, el Puerto de Mar del Plata tiene más de cien años sin mejoras sustanciales y el puerto de Río Grande en Tierra del Fuego, es una materia de soberanía y operatividad pendiente, pese a encontrarse en un punto estratégico en el Atlántico Sudoccidental, frente a Malvinas, al área marítima ocupada por el Reino Unido y el acceso a la Antártida y los océanos Pacífico e Índico.

Por supuesto daremos a conocer nuestro trabajo “Plan Nacional de Pesca” que incluye “Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur” además, de un proyecto de reforma de la ley Federal de Pesca (24.922); pero sería interesante que los candidatos de los distintos partidos políticos digan que van a hacer respecto al Atlántico Sur y Malvinas y, las actividades pesqueras, navales y portuarias.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).