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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (4ta. Parte) LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA POLÍTICA PESQUERA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

Persecución la Prefectura Naval Argentina a un pesquero español en aguas argentinas. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Como hemos podido leer en artículos anteriores, la ONG OPRAS, conformada por directivos mayoritariamente de empresas extranjeras agrupadas en las Cámaras sectoriales CAPECA y CAPA firmaron días pasados con la Cámara Española ANAMER y la Confederación Española CEPESCA un acuerdo de conservación y explotación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur. Acuerdo que ya fue puesto en conocimiento de funcionarios de la Cancillería y del Subsecretario de Pesca.

El lector se preguntará, ¿por qué CEPESCA se interesa en la pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur? En principio, porque los buques españoles explotan licencias ilegales en la Zona Económica Exclusiva de Argentina en Malvinas y, además, capturan nuestras especies migratorias dentro o fuera de ella y efectúan logística en Uruguay. Pero no, no es solo por eso.

Si bien me referiré a las cuestiones relativas a la conservación y explotación pesquera, no quiero pecar de ingenuo y dejar de mencionar, aunque sea sucintamente, a la histórica sociedad británica-española, donde esta última acompaña el eje anglo-americano (blandiendo el peligro del cuco chino para sus fines) y sabe que en el marco del incremento del nacionalismo territorialista (en contraposición al globalismo) la disputa se dará en los mares, fortaleciéndose —Brexit mediante— el Commonwealth y los territorios insulares, en especial el Atlántico Sur y Malvinas, como producto del aumento de carga de 100 a 400 mil toneladas de los super-contenedores y su tránsito obligado al pacífico por el Pasaje de Drake, ante la imposibilidad de usar el canal de Panamá. Por supuesto, no es menor en esa relación el realineamiento de Brasil y los vuelos de Malvinas a San Pablo. España necesita del Reino Unido y éste de España, para internacionalizar aún más el mar argentino, dejando a la Argentina bolivianizada y, por ahora, acorralada al continente (habrá un próximo artículo).

Ya vimos la parte empresaria argentina, en la firma del Acuerdo de OPRAS, veamos ahora, algo de la española. El andaluz Javier “Paz y Bien” Garat Pérez, nacido en Sanlúcar, emula al portugués Fernando de Magallanes, quien salió precisamente de su pueblo, a realizar el primer viaje alrededor del mundo a fin de colonizar, comercializar y evangelizar América, pasando por el Atlántico Sur hasta el Pacífico y … Don Javier, parece tener similares pretensiones.

Nada puede decirse de su ganado prestigio en el mar de la pesca española. Es además de Marista, un universitario bien formado y, se desempeña como Secretario General de CEPESCA (36 asociaciones de armadores, 725 pesqueras y 781 buques), eterno presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) y de la Organización Europêche y miembro para Pesca de la Real Academia del Mar. Con estos títulos y su conocimiento en la gastronomía pesquera, a los españoles los tiene domesticados; mérito no menor, a la hora de tratarse, además, de pescadores. Pero, se ve que le quedó chica la península a Don Javier y quiere emular a Don Fernando a la hora de evangelizar a los indígenas americanos —precisamente 500 años después— con un interés creciente en los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

¡Que buen tipo es Don Javier! Se ve, que los pescadores argentinos desmemoriados no le recordaron a este amigo español que en 1816 nos independizamos y que, a pesar de recibir entre 1860 y 1959 más de dos millones de exiliados españoles (incluso catalanes y vascos) y tener un 50% de sangre gallega y de otras colectividades, también llegaron algunos andaluces con fama bien ganada. Tampoco le hicieron saber, que los españoles depredan los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur y también lo hacen en la Zona Económica Exclusiva Argentina en Malvinas con licencias ilegales británicas. Además, de que, en oportunidad de aprobarse la Constitución de la Unión Europea, nuestra “Madre España” votó a favor de incorporar como Territorio de Ultramar del Reino Unido a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina.

Con estos hechos propios y de su comunidad, se empieza a desdibujar la imagen del Adalid de la Pesca Sostenible y al temible luchador incansable contra la pesca ilegal del Bueno de Don Javier; aun —muy probablemente— invocándose a la virgen de Nuestra Señora de la Caridad.

Si le hubiesen traído a la memoria a Don Javier la sociedad histórica con el Reino Unido (ver artículo del autor “España ¿La Madre Patria?” https://saeeg.org/index.php/2020/05/22/espana-la-madre-patria-200-anos-llevandose-los-recursos/ ), tal vez, hubiese sacado con un poco más de pudor los espejitos de colores, pero bueno, no le fue tan mal, firmó un Acuerdo con la ignota OPRAS, una ONG integrada por un 80% de extranjeros y realizó visitas protocolares a casi todas las Cámaras Empresarias Pesqueras, en su mayoría extranjeras y a los funcionarios competentes del país.

A Don Javier, veamos, solo le falta la FIFA para tener inmunidad diplomática. Pero, como al rengo se lo conoce andando, veamos que piensa y que viene a vendernos a los suramericanos:

Don Javier está a favor de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP). En Roma (11/09/2019), junto a la ICFA abordó la gestión de las Áreas Marinas Protegidas, la Pesca ilegal (INDNR) y las negociaciones de la BBNJ (Biodiversity Beoyond National Jurisdiction) y subrayó la importancia de garantizar que este proceso no anule los esfuerzos de las Organizaciones Regionales de Pesca (OROP)” y, “…como ya lo defendió en reiteradas ocasiones, son los instrumentos más adecuados para gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, así como las de otras especies asociadas”. Hablando en criollo, Don Javier está a favor de una organización donde los Estados de Bandera (entre ellos el español en el Atlántico Sur) contarían con mayoría de votos por sobre los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay). Además, de facilitar el intento del Reino Unido para ingresar a esa Organización por su ocupación ilegal en Malvinas. No me imagino a España oponiéndose a esta pretensión y, mucho menos a Don Javier, oponiéndose a los intereses de sus poderdantes. Lo ayudan las declaraciones del Director Ejecutivo de OPRAS Eduardo Pucci de que: “el área de Pesca Regulada que propone OPRAS está en aguas internacionales fuera de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, y tanto continental como insular, de modo tal que no colisiona con las reivindicaciones soberanas ni incide en el diferendo con Gran Bretaña”. El ex Subsecretario de Pesca de la Nación Argentina (¡!) nos dice la barbaridad de que Malvinas está fuera de la ZEE Argentina y, que este Acuerdo, no molestará a los británicos, poniendo, además, en duda lo dispuesto en la Constitución Nacional, frente a una supuesta disyuntiva ambiental. ¡Por Dios Bernardo! hubiese dicho el innombrable. Con razón los pescadores argentinos se comen cualquier amague y cada día los buques extranjeros nos invaden.

Don Javier cree que los productos elaborados en terceros países no reúnen el estándar de calidad de los españoles. Entiende que la estrategia de la Comisión Europea “reducirá drásticamente la productividad de la industria pesquera del viejo continente y condenaría a Europa a incrementar notablemente las importaciones de productos de terceros países, alejados de los estándares ambientales, sociales y de seguridad europeos, para alimentar a los ciudadanos de la Unión Europea”. Sinceramente, Don Javier, Ud. debería disculparse con la industria pesquera argentina y los españoles radicados en el país por estas declaraciones y desmentir ante los españoles este exabrupto especulativo. España es el primer comprador de productos pesqueros argentinos con 90 mil toneladas anuales por 500 millones de dólares (2018), con los mejores estándares de calidad del mundo (certificados por la UE, la FDA y USDA de Estados Unidos y el más exigente mercado de Japón y otros 50 países. Sin contar que el mar argentino es ambiental y sanitariamente más apto que las aguas europeas donde los españoles realizan parte de sus capturas. Es muy probable que sea argentino el calamar de la Plaza Mayor de Madrid, la merluza a la bilbaína o los langostinos de cuanta paella no valenciana se consume en España. Recordemos, que España es un gran comprador de langostino, calamar, merluza, etc. enteros, de modo, que la Argentina le está regalando mucha mano de obra a los españoles; ello, sin contar, con las extracciones ilegales ya citadas.

La producción subsidiada de los españoles y el plan de consuma pescado español. A lo dicho habría que agregar que la pesca española está subsidiada, contrariamente a las recomendaciones de la OMC. Frente a la pandemia, Don Javier, suplicante, salió corriendo a pedir nuevas ayudas: “el sector pesquero europeo agrupado en la organización Europêche, de la que forma parte CEPESCA, ha solicitado al comisario de MAOyP de la UE, Virginijus Sinkevicius, la adopción de medidas urgentes y extraordinarias para afrontar el impacto socioeconómico causado por el COVID-19” y preguntado, si estas fueron suficientes, contestó: “las ayudas del Fondo Europeo son importantes para financiar el trabajo, afrontar la falta de ventas y el almacenamiento, aunque sería necesaria más ayuda para fomentar el consumo del pescado español, como ha hecho Francia”. Resulta evidente que la política del secretario de CEPESCA de “consuma pescado español” es absolutamente proteccionista y nacionalista, por lo que no se entiende que un Acuerdo de CEPESCA y ANAMER con OPRAS y las Cámaras Argentinas pueda ser beneficioso para el país.

Las prácticas de sostenibilidad del recurso pesquero y la reducción de la pesca ilegal. A pesar de contar con el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y pese a que más de 50 científicos acreditados del mar le pidieron a la UE que actúe para poner fin a la sobrepesca, Don Javier se manifestó contrario al proyecto de reducir las capturas en la UE, eliminar en forma progresiva las redes de arrastre e ir hacia la pesca selectiva y dijo: “el sector rechaza la propuesta de la CE de Biodiversidad de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo”, lo que remató la Consejera del Mar Rosa Quintana: “(los españoles) solo destinan el 3% de sus buques arrastreros a pescar en aguas comunitarias y el 97% restante los destinan a caladeros externos (entre ellos el Atlántico Sur), donde 193 buques de gran porte efectúan el 58% de las capturas”. Es decir, el preocupado por cuidar el recurso Don Javier, enviará al Atlántico Sur lo que la UE rechaza, degradando, depredando y dificultando las operaciones de los poteros argentinos. Por cierto, también se opone a las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) diciendo: “cerrar el océano a la pesca entra en conflicto con objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, tales como aumentar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza”. Lo que propone el amigo Don Javier se llama sostenibilidad débil. Debería saber que la sostenibilidad no solo es económica y social, sino también biológica, ambiental y cultural, por lo cual, bajo justificación de reducir el hambre o la pobreza no se puede agotar un recurso de tercera generación, ya que “la generación actual toma prestados los recursos a las generaciones venideras” (Brundtland, ONU, 1987). Garmendia y colaboradores (2010) considera a “la sostenibilidad fuerte, a la que se preocupa por la salud del ecosistema, la que asegura la sostenibilidad de los recursos, del ambiente y los asentamientos humanos a perpetuidad”. También debiera conocer Don Javier que las AMP tienen distinto tipo de reservas y entender que un Estado ribereño, para el caso, tiene facultades para imponer reservas, restricciones y vedas para asegurar la reproducción, el desove y el desarrollo adecuado de sus especies migratorias y los empresarios -por lo menos en la Argentina— son meros concesionarios de un recurso de domino del Estado Nacional o Provincial.

La política de la sostenibilidad de la UE “…llevará a España a la gestión de licencias extranjeras” manifiesta Don Javier. Suena a pesca en la ZEEA de Malvinas y en el Atlántico Sur.

Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal y ello queda de manifiesto por diversas cuestiones formales (de origen, etc.), pero se manifiesta con toda intensidad cuando se capturan recursos migratorios de un Estado ribereño en situación de desarrollo sin acordar con éste, como indica el preámbulo y varios artículos de la CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son licenciatarios ilegales en la ZEE Argentina de Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la Resolución ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina. Muy feo Javier.

El comercio español frente al Brexit. Aquí una nueva prueba de como Javier cuida el interés de sus socios británicos. El 22 de enero se reunió en Madrid con la Secretaria de Pesca del Ministerio de APyA Alicia Villauriz, a la cual —alineado con la European Fisheries Alliance (EUFA)— le manifestó que su interés es mantener: “…el acuerdo de libre comercio; el reparto de la pesca entre el RU y UE.; el mutuo acceso a las aguas y la continuación de la gestión en los stocks compartidos…”. El Brexit los tiene muy inquietos y con razón: se juegan el caladero Atlántico Nordeste donde “España captura unas 9.000 toneladas de pescado; unos 80 buques pescan en el Reino Unido y proceden de allí productos congelados de la pesca por valor de 246 millones de euros/año. Por su parte España exporta al Reino Unido unos 75 millones de euros… y faena en este con unos 55 barcos españoles de la EU27 (Francia, Irlanda, Bélgica y Alemania) y, además, unos 28 barcos españoles y 28 barcos de capital español con bandera del Reino Unido deberán salir de la Unión Europea”. ¿Adónde irán estos barcos? ¿Alguien imagina a una España aliada con Argentina? Don Javier está en las antípodas de Argentina, a quien el Brexit le debiera servir para que las condiciones arancelarias de los pescados de Malvinas (captura española) sean las mismas que para los productos argentinos.

Don Javier y su adlátere argentino Eduardo Rachid…casi me convencen. (ampliaremos).

Reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejercerá el poder administrador y soberano argentino en el Atlántico Sur? 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (3ª PARTE) CUANDO LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL NO SE MANEJA DESDE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Ya vimos que la ONG OPRAS propicia “evitar la pesca ilegal”, propósito muy loable, pero, sinceramente, en 50 años de participar activamente y, sobre todo de observar distintos proyectos pesqueros de funcionarios y empresarios, no recuerdo haber visto que, ninguno de los engendros propiciados, alcanzase semejante nivel de absurdo.

Varios proyectos, se fundaron en Salvar a la Patria. Un argumento difícil de oponer y, no obstante, lo hicimos. Así, entraron al mar argentino los buques soviéticos para que pesquen en la zona de exclusión de Malvinas y nunca lo hicieron. Lo mismo, con la Unión Europea, cambiaron figuritas, bajo pretexto, de modernizar la flota y capturar las especies excedentarias (que no se habían determinado previamente), para regularizar la situación de Argentina con Europa post guerra de Malvinas. Tampoco pescaron en el área invadida por el Reino Unido y ocasionaron la más importante depredación que puso en grave peligro el stock de merluza y provocó una desocupación inédita. En las autorizaciones de pesca extranjera o “charteos” que, por razones de síntesis no voy a detallar, los reducidos procesos obligatorios en tierra se transformaron en meras comisiones empresarias y, los cánones, muchas veces, se establecieron por debajo de los internacionales.

Pero, como en el tango de Homero Manzi, respecto a este acuerdo entre la ONG OPRAS (Argentina) y las Cámaras Españolas y Argentinas”No habrá ninguno igual, no habrá ninguno”.

Lo de “Argentina”, es pura teoría, porque las empresas a la que pertenecen los directivos de OPRAS son 71,5% extranjeras y el 28,5% nacionales y respecto a las Cámaras CAPECA y CAPA sus directivos representan empresas en un 80% extranjeras y 20% nacionales. Por supuesto, el 100% de las empresas que integran las Cámaras Españolas, son españolas. Se agrava, aún más, porque muchos de los directivos de aquellas son solo gerentes que reciben órdenes de los propietarios. Las cuotas transferibles y esta composición, hace que la política pesquera argentina se maneje desde el exterior. ¿Con esta integración societaria, mayoritariamente extranjera, OPRAS y estas Cámaras van a establecer o promover la política nacional sobre la explotación y sostenibilidad de los recursos migratorios argentinos y asociados, junto a Cámaras españolas? Y luego OPRAS ¿con esta composición extranjera participará en la administración de los recursos migratorios del Estado ribereño argentino como propone entre sus objetivos?

¿Quiénes son las Cámaras Argentinas? Sellos de goma. El poder se está armando afuera. Hay hombres de paja en los representantes privados y los funcionarios públicos (ya explicaré en detalle).

Esto suena al otorgamiento de una Patente de Corso: ayudan al Estado a hacer lo que este no puede (ver opinión del director de OPRAS sobre los gobiernos). ¿El Estado Español admitiría que empresas extranjeras le indiquen, en su carácter de país ribereño, cómo administrar sus recursos migratorios? Yo creo que los funcionarios nacionales no… o sí. Me puedo equivocar, como nos equivocamos por décadas los argentinos sobre el proceder de la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación. El propio director Ejecutivo de OPRAS lo remarca y él, de esto sabe.

Nada personal, pero ¿cómo se compadece el pensamiento conservacionista del presidente de OPRAS (un ex director de la quebrada Harengus, en su momento asociada con la China National Fisheries) de establecer un “Área de Pesca Regulada”? (en la que el Estado ribereño está obligado a regular sobre sus recursos migratorios) con su oposición a las “Áreas Marítimas Protegidas”, por afectar los intereses de la empresa que preside: “… Cuanto nos afecta es difícil decir… (sic). Por otra parte, si durante tantos años operamos en el lugar…”.

Ahora, seamos generosos, alguien podría decirme que estoy prejuzgando, incluso, que los extranjeros podrían administrar mejor nuestros recursos y que, por ejemplo, el 5 de diciembre de 2018, el Congreso aprobó la creación del Parque Nacional Iberá y, la donación para ese efecto, de 160 mil hectáreas de la fundación de Doug and Kris Tompkins. La diferencia de los Tompkins es que donaron tierras para preservarlas y estas empresas en su mayoría extranjeras acuerdan para explotarlo a su favor. ¿Y cuál es el aporte de las empresas españolas que pescan en el área de Malvinas y más allá de las 200 millas de la ZEE? ¿Y el de las cámaras españolas? (En breve me referiré y, muy especialmente a un personaje). Estas y las empresas están subvencionadas. Por ejemplo, el MAPyA les acaba de adjudicar 4,3 millones y la UE 500 millones de Euros extras, en las tres primeras anualidades. Nada parecido a la carga impositiva que sufren las empresas argentinas.

Instalada la “pesca ilegal” en los medios, se instala la necesidad de resolverla (yo mismo escribí numerosos artículos sobre la pesca ilegal) y aparece OPRAS y el Acuerdo. Ahora: una nota de tapa, dos páginas y una editorial en La Nación; artículos diversos colocados con una única pluma en varias páginas; la “modernización del formato” de las páginas de CAPECA (2018), PESCA CONCIENCIA (2019) OPRAS, CAPA y HEMISFERIOS (2020) por una misma empresa creativa: “Ambiente Comunicaciones & Simón Digital” que, por “casualidad”, lleva la idéntica denominación de “Ambiente Comunicación” del director del programa radial FM de Gustavo Rachid, denominado también, por otra rara casualidad “entre amigos”.

Pero esto, podría parecer un detalle menor (…), obra de la casualidad. Lo que sí demuestra, es la fuerte voluntad de llevar adelante este acuerdo, es el corto plazo desde la creación de OPRAS en 2018; un Acuerdo Privado de Cooperación para la Pesca Sustentable con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI) el 3 de diciembre de 2019; la concreción del documento el 27 de abril de 2020, hasta la firma del Acuerdo con las Cámaras Españolas ANAMER y CEPESCA el 2 de junio de 2020 y entre tanto —como dije— se produjo una estrategia mediática.

Hasta Brasil todo bien, suma a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) Resolución ONU 41/11 que firmaron todos los países con ZEE en el Atlántico Sur, de modo de avanzar para que los Estados de Bandera se ajusten a la administración de los recursos migratorios y asociados de los Estados Ribereños, no profundizando la intervención de países extraños en el Atlántico Sur.

Este Acuerdo no indica detalle alguno … pero preserva Malvinas para los británicos y … los españoles y propicia las OROP. El fin de la administración del Estado Ribereño en el sur.

En primer lugar, así planteado, viola la Constitución Nacional y el art. 27 bis de la Ley 24.922 reformado por la Ley 26.386. En segundo lugar, para que el Estado ribereño ordene la explotación de los recursos migratorios en la Alta Mar que están siendo depredados, mi opinión es que el gobierno debería iniciar primero acuerdos con las empresas chinas y no las españolas, por razones de resguardo que no fundamentaré aquí. Ahora, si se avanzase con las empresas españolas en una segunda instancia, habría que hacerlo a través de un acuerdo tan serio como irreprochable y no una nueva entrega del patrimonio nacional y del Atlántico Sur. El que debiera contemplar: a) los españoles no deberían constituir sociedades pesqueras mixtas ni de otro tipo en el área de Malvinas; b) de seguir pescando en la zona de exclusión británica deberían ajustarse a las normas de administración argentinas y pagando los derechos de captura o por el contrario, no pescar en esa área; c) no adquirir en España productos pesqueros de origen en esa área; d) ingresar a la UE libre de aranceles los productos argentinos; d) solicitar habilitación de Argentina para pescar las especies migratorias o asociadas más allá de 200 millas de la ZEE Argentina y no utilizar para ello redes de arrastre hasta establecer la Captura Máxima Sostenible en el área; e) colaborar con el gobierno de Argentina en el acuerdo de pesca con buques de otras nacionalidades más allá de las 200 millas.

Todo lo contrario a lo previsto en el Acuerdo de OPRAS que establece no capturar en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas, cuidando el interés británico y español, cuando dice: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic), atentando contra lo dispuesto en la cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional, donde: “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…y, conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

La ONG OPRAS ni las Cámaras nacionales desconocen que las empresas españolas constituyen joint venture con británicos en Malvinas y usufructúan licencias con bandera española o británica otorgadas ilegalmente (Res. ONU 31/49). Entre 1989-2019 se capturaron con licencias en el área de Malvinas 7.633.000 toneladas de pescados y calamares argentinos por un valor de U$S 19.845.800.000, de los cuales “en un año típico, las dos especies de calamar representan el 75% de todas las capturas”. En lo que va de 2020 en esa área se han pescado 115.741 toneladas de los cuales el 80% son calamares. Poco menos de las 125 mil toneladas que las empresas argentinas pescaron en igual período el todo el Atlántico Sur. Al respecto, dice el Departamento de Recursos Naturales en Malvinas: “Si usted come calamares en el sur de Europa ¡tiene un 50% de probabilidades de que sea de Falklands!”. (ampliaré sobre las capturas españolas).

También es cierto, que nunca habrá Acuerdo, sin el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y el VB del responsable de área de la Cancillería. Tengo muy presente el rol de Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie y sus secretarios, desde la fórmula del paraguas; pasando por las relaciones carnes y el remover todos los obstáculos … de las Islas Malvinas” del Pacto Foradori-Duncan.

Pero, semejante engendro de Acuerdo se ve rematado por dos artículos que se difunden en varios medios y en el portal de CEPA: “El Atlántico Sudoccidental, Zona Libre para la Pesca Ilegal” y “Los calamares de nuestros mares: el caso del Illex argentinus” con expresiones inadmisibles y deleznables para nuestra soberanía, el pueblo argentino, los veteranos de guerra y nuestros muertos:

“…el Atlántico Sur no empieza ni termina en Malvinas…”. (Gustavo Rachid)

“…la Argentina se ve afectada por esta irracional actividad de explotación irregular … son los tres países ribereños y sus recursos…” (G. Rachid)

“…No es biológicamente viable que la pesca ilegal en la región continúe…con la complicidad del silencio gubernamental y del ambiguo secretismo oficial … con evidente desprecio a las normas internacionales y a la legislación del estado ribereño…” (Eduardo Pucci).

“…la tradicional y ecléctica acción política utiliza la ignorancia pública (NdA: Ignorancia Colectiva refiere CAPECA en el art. de Rachid del 3 de marzo)…». (E. Pucci, G. Rachid)

Hace una propuesta de “…establecer un Área de Pesca Regulada en una franja adyacente a las ZEE de 150 millas …” (Pucci) discriminando los países que intervendrían o no (¿Se entiende?).

“…este importante recurso (el calamar) es compartido y explotado por varios Estados y encuentra su mayor abundancia en el Océano Atlántico Sur que corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…”. Publicado en PescaconCiencia y reproducido por CAPA (PCC-C). La Argentina es una sola. No hay límites con Malvinas.

Llama varias veces “…Falklands a las Malvinas…”. (PCC-C).

“…al ser un recurso compartido entre varios Estados, ninguno posee el dominio absoluto del mismo…”. (PCC-C). El dominio es argentino, independientemente que lo explote el R.U.

“…la mayor fuente de ingresos (de las islas) es la venta de licencias a buques del Lejano Oriente y España. El Illex argentinus es la mitad de las capturas…». (PCC-C).

“…el calamar es parte de un único ecosistema del que dependen merluza y anchoíta. La pesquería principal del Illex se compone en un 95% de un solo Stock Patagónico Sur…”. (PCC-C).

Distorsiona la realidad cuando dice que “…los españoles capturan un 2.54%…”. (PCC-C). No coincide con el hecho de que España es el destino principal de la captura del calamar argentino del área de Malvinas. Y con la preocupación actual de los ocupantes de Malvinas por el Brexit, de que origen se considerarán las capturas de Malvinas a partir de éste.

Pondera “…la acción de la Comisión Conjunta de Pesca de 1986 a 2005…». (PCC-C).

“…dice que la Argentina entendió…su naturaleza compartida” (PCC-C). El autor, no conoce que la Res. de la ONU 31/49 indicó al Reino Unido no innovar sobre el territorio ocupado en 1982.

Propicia la OROP cuando dice que “…cualquier esfuerzo de gestión futuro deberá estar orientado al multilateralismo, involucrando en su gestión a todos los Estados con interés en la pesquería” (PCC-C) y, sin más. (Pucci). Al referir a las OROP trata a las Islas Falklands como un país costero (PCC-C). Considera “…a las Falkland un Estado costero…”. (PCC-C). ¡Gravísimo!

Efectúa un ordenamiento distinto al de la CONVEMAR, llamando Naciones Pesqueras de Aguas Distantes, relevantes a China, España, Taiwán y Corea del Sur y España, dejando en claro quiénes explotan mayoritariamente nuestros recursos y agrega otros no relevantes (PCC-C).

Ya estamos más cerca del dueño del chancho.

Ante la ausencia de manifestación contraria a este Acuerdo del Subsecretario y el Consejo Federal Pesquero, reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? y ¿quien ejercerá el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR (PARTE 1). DE LA HISTORIA DE LAS MALVINAS A LOS ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DE 1982.

Marcelo Javier de los Reyes*

Uno de los cuatro mapas de las islas Malvinas del siglo XVIII, previas a la ocupación británica, pertenecientes a la colección Pedro de Ángelis de la Biblioteca Nacional de Brasilia, que fueron entregados por la Cancillería de Brasil a la Argentina en 2012.

La guerra de Malvinas fue el conflicto bélico en el que se enfrentaron la Argentina y el Reino Unido por el control de las islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Para la Argentina se trata de un territorio usurpado por una potencia colonial.

Como el conflicto involucró un espacio geográfico mayor al de esas islas, ya que se extendió a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sería más apropiado hablar del Conflicto del Atlántico Sur.

Comparado con el océano Pacífico, el Atlántico Norte así como con otros espacios marítimos, la zona austral del océano Atlántico puede ser considerada virtualmente un área ausente de conflictos bélicos, a excepción de las batallas navales de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y del Conflicto del Atlántico Sur.

Treinta y siete años después de terminada la Segunda Guerra se produjo este enfrentamiento armado que sería el único que se centró en el Atlántico Sur en el siglo XX. Esta guerra se enmarcó indirectamente en un conflicto mayor, la Guerra Fría, por lo cual fue sobredimensionada por los países centrales, llegándose incluso a considerar —hacia el final de ese conflicto—, que una vez derrotadas las fuerzas armadas argentinas por parte del Reino Unido estaría el peligro de que “los militares argentinos dieran un giro prosoviético o que un contragolpe interno cambiara su férreo anticomunismo”[1].

El Conflicto del Atlántico Sur produjo una gran movilización de recursos bélicos por parte del Reino Unido, la mayor luego de la Segunda Guerra Mundial, y contó con el apoyo de los Estados Unidos y del resto de los Estados miembros de la OTAN.

Antecedentes

Las islas Malvinas formaron parte de España conforme a lo dispuesto por los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo Mundo”, tras la llegada de los europeos al continente americano en 1492. Estos instrumentos son las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494, acordes con el derecho internacional de la época.

Durante la mayor parte del siglo XVI, sólo navegantes al servicio de España surcaron las rutas marítimas próximas a la costa de América del Sur, en su búsqueda del paso interoceánico. En esa exploración fueron descubiertas las islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes en el año 1520 y, a partir de ese momento, toda la región austral de América, incluidas sus costas, mares e islas, quedaron dentro de la jurisdicción de España, lo que fue razón suficiente para que la corona española formulara una protesta cuando marinos de otras naciones se aventuraban en los territorios bajo su soberanía.

En 1655 el Reino Unido ocupó Jamaica (1655) durante el protectorado de Oliver Cromwell, en el marco de la política que se denominó Western Design (“Designio Occidental”), por la que procuraba arrebatarle a España sus posesiones en América, para poder apropiarse de sus riquezas y fortalecer y expandir el protestantismo en detrimento del catolicismo, representado por la corona española. Esta política desencadenó la guerra anglo-española entre los años 1655 y 1660. Jamaica no fue restituida a España y fue utilizada para operar contra las posesiones y navíos españoles.

Durante todo el siglo XVII, España e Inglaterra firmaron varios tratados destinados a reducir la tensión entre ambas potencias: el Tratado de Londres, Tratado de Paz, Alianza y Comercio (1604); Tratado de Madrid, Tratado de Paz, Confederación y Comercio entre España e Inglaterra (1630); Tratado Secreto entre Carlos Estuardo y Felipe IV (1656); Tratado de Paz y Comercio entre las coronas de España e Inglaterra (1665); Tratado de Renovación de Paz y Alianza y Comercio entre las coronas de España y de Gran Bretaña (1667); Tratado para Restablecer la Amistad y Buena Correspondencia en América entre la Corona de España y de Gran Bretaña (1670), también conocido como “Tratado de Godolphin” (por el diplomático británico); Tratado de Unión y Alianza Defensiva entre las coronas española e inglesa (1680).

Al finalizar la guerra de Sucesión Española, en 1713, fue firmado el Tratado de Utrecht —también conocido como Paz de Utrecht—, constituido por un conjunto de tratados celebrados entre las potencias que se enfrentaron en ese conflicto. A través de uno de ellos el Reino Unido reconoció los dominios de España, salvo Gibraltar y Menorca que fueron tomados durante el conflicto. 

Tratado de Utrecht, 1713

En lo que respecta estrictamente al Atlántico Sur, debe señalarse que las islas Malvinas habían sido exploradas en 1690 por el marino británico John Strong, bautizando con el nombre del Falkland al pasaje que las separa y que es denominado estrecho de San Carlos por la Argentina. Los británicos habían considerado ocupar las islas pero ese proyecto fue abandonado debido a las protestas de España.

En 1764 el navegante francés Louis Antoine de Bouganville tomó posesión de las islas en nombre del rey de Francia y en 1765, las cuales ya eran conocidas por los navegantes y comerciantes de Saint Maló, en la región de Bretaña, Francia, de donde deriva el nombre de Malvinas ya que ellos las denominaron Malouines en homenaje a su ciudad.

Por su parte, el Comodoro Byron hizo lo propio en nombre de Su Majestad británica fundando Puerto Egmont.

En 1766 el rey de Francia reconoció la soberanía española sobre las islas y en 1767 Bouganville se las entregó al primer gobernador español, Felipe Ruiz Puente. Por su parte los británicos se retiraron definitivamente en 1774.

Luego de la independencia argentina, el 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína. Además de afianzar la Soberanía Nacional en las islas, la posesión tenía por objetivo evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques que, de paso o recalada forzada, arribaran a las islas para que pudieran aprovisionarse con el mínimo de gastos y molestias, como lo notifica el capitán Jewett a través de una circular.

El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína.

En 1826 el gobernador argentino Luis Vernet se estableció en Puerto Soledad. En 1831 arribó la goleta estadounidense Lexington que saqueó la colonia argentina provocando un conflicto diplomático con los Estados Unidos.

A fines de 1832 el gobierno de Buenos Aires destinó a las islas la goleta Sarandí al mando del capitán Pinedo.

Orígenes del conflicto

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas tiene su origen en la usurpación de las mismas llevadas a cabo por el Reino Unido en 1833, cuando la corbeta inglesa Clio desalojó a los pobladores y a la guarnición argentina, en el marco de su política de dominar los mares. De este modo estableció dominios en puntos clave del planeta, algunos de los cuales continúan bajo soberanía de la corona británica y constituyen enclaves estratégicos:

  • Peñón de Gibraltar. Tras la guerra de Sucesión española se firmó el Tratado de Utrecht por el cual “El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar” (artículo X del tratado).
  • Diego García. Luego de la derrota de Napoleón, en 1815, la isla pasó a manos del Reino Unido,
  • Malta. En 1815, el Congreso de Viena consagró la soberanía británica sobre esta isla desde la cual los británicos, sumado al peñón de Gibraltar, podían dominar el mar Mediterráneo.
  • Hong Kong. En 1842 obtuvo la “cesión a perpetuidad” de la isla luego de atacar a China en la primera Guerra del Opio. En 1997 el Reino Unido transfirió el territorio nuevamente a la soberanía de China.
  • Santa Helena. Esta isla del Atlántico Sur tiene una ubicación geoestratégica entre África y América. Sus instalaciones militares fueron utilizadas durante el Conflicto del Atlántico Sur. Bajo la jurisdicción de las autoridades británicas de Santa Helena también se encuentra la isla Ascensión otro grupo de islas de la cual se destaca Tristán da Cunha.
  • Honduras Británicas (actual Belice). Si bien desde 1763 España le permitió a los ciudadanos británicos iniciar la explotación de la riqueza maderera, recién en 1862 las Honduras Británicas se convirtieron en colonia del Reino Unido.

El Conflicto del Atlántico Sur tiene su origen con anterioridad a la recuperación de las islas Malvinas por parte de la Argentina el 2 de abril de 1982. La Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) (1988), en su Informe Final, más conocido como Informe Rattenbach, expresa:

El incidente de las Islas Georgias del Sur se originó al desembarcar personal argentino en la Isla San Pedro, izar el pabellón nacional —por propia iniciativa— y no cumplimentar requisitos de inmigración exigidos por las autoridades británicas.

Este hecho se transformó en el elemento desencadenante del conflicto del Atlántico Sur, al producir una reacción británica considerada exagerada, y precipitar la decisión de la Junta Militar de adelantar la operación “Azul”.[2]

El personal al que se refiere el informe pertenecía a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. El incidente de las islas Georgias del Sur se desencadenó a partir de una operación comercial privada llevada a cabo por el comerciante argentino Constantino Davidoff, quien firmó un contrato con la compañía escocesa Salvensen Limited en septiembre de 1979 y que caducaba en marzo de 1983.

La operación comercial consistía en el desguace de los puestos balleneros pertenecientes a una empresa británica ubicados en la isla San Pedro.

Las tramitaciones correspondientes se realizaron en el marco del Convenio sobre Comunicaciones de 1971 que permitía los viajes entre las Malvinas y Argentina pero que no incluía a las islas Georgias del Sur[3].

Davidoff visitó Puerto Leith en diciembre de 1981 transportado por el buque ARA Almirante Irizar a los efectos de inspeccionar las instalaciones que había adquirido como chatarra. A su regreso a Buenos Aires Davidoff, quien había viajado con autorización de la embajada británica en Buenos Aires, fue citado por el embajador británico Williams para advertirle que debió haberse presentado en Grytviken antes de dirigirse a Leith para obtener su correspondiente permiso.

En una entrevista que Davidoff brindó a la BBC en 2010, Davidoff dijo que a fines de 1981 visitó al embajador británico en Buenos Aires, habló con las autoridades de las islas Malvinas y firmó un contrato por US$ 270.000 con los propietarios escoceses de la estación ballenera abandonada[4]. Posteriormente, conversó nuevamente con el embajador británico para asegurarse de que ya no había nada más que él debiera hacer. El artículo de la BBC informa que la versión del empresario “está certificada por el informe del Comité Franks, de 1983, llevado a cabo por las autoridades británicas para explicar los sucesos que condujeron al conflicto”.

A fines de febrero de 1982 Transportes Navales informó a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. que el personal sería embarcado el día 11 de marzo de 1982 en el buque Bahía Buen Suceso para trasladarlo a Puerto Leith.

Siempre conforme al Informe Rattenbach, el día 3 de marzo de 1982 y luego de tomar conocimiento de los cables procedentes de la embajada británica en Buenos Aires, la Primera Ministra Margaret Thatcher ordenó preparar “planes de contingencia” y consultó al ministro de Defensa acerca de cuánto tiempo le insumiría a los buques de la flota llegar a las islas Malvinas, en caso de ser necesario.

Paralelamente las Fuerzas Armadas argentinas fueron siguiendo la evolución de los acontecimientos y tomando una postura de negociación poco flexible. No obstante dejaron de lado la operación “Alfa” que consistía en aprovechar la operación comercial de Davidoff para realizar el asentamiento de un grupo científico en la isla San Pedro, siguiendo el modelo llevado a cabo en las islas Sandwichs del Sur en 1976[5].

El Grupo “Alfa” se compondría de 15 hombres al mando del teniente de navío Alfredo Astiz y debía permanecer en Tierra del Fuego afectado a la Campaña Antártica en tarea de adiestramiento hasta ser trasladado a Puerto Leith.

El personal de la empresa desembarcó el 19 de marzo en Puerto Leith y según las versiones británicas procedieron a izar la bandera argentina aunque las declaraciones de Davidoff desmienten el hecho y afirma que la bandera ya se encontraba en el lugar. No obstante la bandera fue arriada inmediatamente.

Los operarios de la empresa de Davidoff en las Georgias

En la mencionada entrevista que Davidoff mantuvo con la BBC, afirmó que no había militares entre sus trabajadores, que no izaron la bandera ni cantaron el Himno Nacional. Sostiene que era un acuerdo comercial y, enfáticamente, expresó: “Habría tenido que estar loco para permitir que me lo arruinaran[6]. Todo lo que hacía falta era una llamada de la embajada británica y habría retirado a mis trabajadores, habría cancelado mi contrato”. Agrega que “se podría haber evitado una guerra”. Davidoff insiste en que el Reino Unido dio inicio a la guerra al enviar un contingente militar a enfrentar lo que era un asunto civil[7].

Cuando el personal de Davidoff se encontraba en Puerto Leith, miembros de la British Antartic Survery (BAS) de Grytviken observaron el desembarco e informaron al gobernador Rex Hunt en las islas Malvinas “que un grupo de civiles y militares argentinos había invadido la isla San Pedro”.

Siguiendo instrucciones del Foreign Office el embajador británico en Buenos Aires expresó a la Cancillería Argentina que había recibido órdenes de Londres de presentar un mensaje conteniendo los siguientes puntos: los obreros debían abandonar Puerto Leith y presentarse en Grytviken; se debía arriar la bandera; no se debía interferir en las instalaciones de la B.A.S.; no se debían alterar las señales; no se debía permitir desembarcar personal militar ni se debía permitir llevar armas a tierra.

A ello agregó que el incidente era considerado como “muy serio” por las autoridades de Londres.

La Cancillería respondió que el buque Bahía Buen Suceso no era un buque de guerra sino de transporte y de características comerciales, que saldría de las Georgias el día 21 de marzo, una vez finalizado el desembarco de material, que no había desembarcado personal militar ni se habían llevado armas de guerra, contrariamente a lo informado por la B.A.S.

Del mismo modo informó que las autoridades británicas estaban en conocimiento del viaje del empresario Davidoff ya que el mismo había comunicado sus actividades ante la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

No obstante la Cancillería Argentina intentó restar importancia al hecho y a considerar que las informaciones emanadas desde la B.A.S. en las islas Georgias “habían contribuido innecesariamente a aumentar el tono del incidente”.

La situación tomó un giro preocupante cuando el día 21 de marzo zarpó de Puerto Stanley (Puerto Argentino) el HMS Endurance con la misión de dirigirse a Puerto Leith a evacuar a los trabajadores argentinos, si ello era necesario, a pesar de que el Foreign Office le informó al Encargado de Negocios de la República Argentina en Londres, Atilio Molteni, que “su gobierno estaba satisfecho con las explicaciones recibidas y que confiaba en que el Bahía Buen Suceso dejara las islas el día 22 con el grupo desembarcado, esperando que estos hechos no se repitiesen y aclarando que el Reino Unido no haría, de este incidente, una cuestión mayor”.

Ese mismo día el representante del gobierno argentino en Puerto Stanley (Puerto Argentino) informó que en horas de la noche las oficinas de LADE habían sido violentadas por desconocidos y que en el interior se había colocado una bandera británica sobre una argentina y la inscripción “Tip for Tap, Buggers” (“Ojo por ojo, ladrones”).

Mientras tanto el Foreign Office difundía que los trabajadores argentinos habían desembarcado en Puerto Leith sin la documentación correspondiente y los medios de comunicación británicos difundían en grandes titulares acerca de una “invasión argentina a las islas Georgias del Sur”, omitiendo mencionar el incidente acontecido en las oficinas de LADE en Malvinas.

Cuando el embajador británico Williams fue informado por la Cancillería Argentina de que un grupo de los trabajadores continuaba en las Georgias a pesar de que el Bahía Buen suceso había emprendido el viaje de retorno al continente, se incrementó el malestar en Londres y se produjeron emotivas sesiones en el Parlamento y en la Cámara de los Lores. Se le impartieron instrucciones al HMS Endurance para que prosiguiese su misión de evacuar a los argentinos de las Georgias.

El buque HMS Endurance amarrado en el puerto de Mar del Plata, en febrero de 1982, poco tiempo antes del conflicto.

El gobierno argentino decidió el día 23 de marzo llevar adelante la operación de toma de las islas Malvinas a la que se le dio el nombre de “Azul”, proseguir de forma indefinida las negociaciones con el embajador británico, proteger al personal argentino e interceptar al HMS Endurance para evitar que arribara a Puerto Leith a cumplir con su misión. Asimismo decidió que el buque A.R.A. Bahía Paraíso, que se encontraba en esos momentos en las islas Orcadas del Sur, pusiera proa a Puerto Leith.

A pesar de estas medidas y de la intención de ejecutar la operación “Azul” las autoridades argentinas impartieron instrucciones al A.R.A. Bahía Paraíso para que no diera lugar a un incidente bélico y para que no interceptara al buque HMS Endurance si ya había procedido a la evacuación.

Mientras que el embajador británico sostenía que los trabajadores debían trasladarse a Grytviken, la Cancillería Argentina se amparaba en que “no era necesario” por el Acuerdo de Comunicaciones de 1971.

La escalada diplomática y militar que se iba produciendo con el correr de las horas actuaba en detrimento de las negociaciones: el día 24 el gobierno británico instruyó que debían reforzarse las tropas en las Malvinas y para ello embarcó a “marines” en el buque RRS John Biscoe en Montevideo y ordenó que el RRS Bransfield, anclado en Punta Arenas, zapara el día 25 de marzo con destino a Puerto Stanley (Puerto Argentino).

El Reino Unido exageró el incidente de las Georgias y obró, con anterioridad al conflicto armado, utilizando a los medios para ejercer una manipulación sobre la sociedad británica y recurrió a las presiones diplomáticas y a la intimidación militar enviando a la zona a tres buques de guerra —el Endurance, el Briscoe y el Bransfield—, todo lo cual daría la posibilidad de considerar que la escalada del conflicto podría obedecer a un plan previamente delineado. A ello se agrega que el encargado de negocios en la embajada argentina en Londres, Señor Molteni, habría informado acerca del propósito del gobierno británico de prolongar las negociaciones a los efectos de ganar tiempo para preparar la defensa de las islas.

El gobierno militar tenía contemplada la denominada operación “Azul” desde diciembre de 1981 pero, ante la evolución de los acontecimientos, decidió llevarla adelante entre el 1° y el 3 de abril con la intención de ejercer una presión que favoreciera la dilatada negociación acerca de la soberanía pero la apreciación fue incorrecta pues no se contemplaba que el Reino Unido reaccionara militarmente.

* Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1991). Doctor en Relaciones Internacionales, School of Social and Human Studies, Atlantic International University (AIU), Honolulu, Hawaii, Estados Unidos. Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires, Editorial Almaluz.

 

Referencias

[1] Ricardo Kirsschbaum, Oscar Raúl Cardoso, Eduardo van Der Kooy y Ana Baron. “Malvinas: las batallas secretas de la Guerra Fría Los documentos que agitaron el golpe prosoviético”. Clarín (31/03/2002) <http://old.clarin.com/suplementos/zona/2002/03/31/z-00215.htm> [consulta: 20/10/2003].

[2] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS): Informe Final. Conocido también como Informe Rattenbach. Buenos Aires: Ediciones Espartaco, 1988.

[3] Ídem.

[4] Daniel Schweimler. “El vendedor de chatarra que provocó accidentalmente la guerra del Atlántico Sur”. BBC, 05/04/ 2010, <https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/04/100405_1503_malvinas_falknads_chatarra_cr >, [consulta: 12/02/2011].

[5] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS). Op. cit.

[6] Daniel Schweimler. Op. cit.

[7] Ídem.

 

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