EL CONO SUR ANTE SU POSTERGADA INTEGRACIÓN. COMPETENCIA, IDEOLOGÍA Y OTROS OBSTÁCULOS.

Marcelo Javier de los Reyes*

El presente artículo procura repensar la postergada y real integración del Cono Sur en momentos en que la incertidumbre global nos ensombrece. Para ello retomo dos antiguos artículos con la intención de establecer un debate sobre una cuestión que considero de vital importancia en que ciertas estructuras están crujiendo a partir de la competencia entre Estados Unidos y China, las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea —por ejemplo respecto de la OTAN y de las políticas de defensa—, el Brexit —la salida del Reino Unido seguramente fortalecerá el “atlantismo” con los Estados Unidos, nada nuevo— o la búsqueda de un camino propio por parte de los europeos luego de décadas de haber sido llevados de las narices por la gran potencia del norte.

En este marco, insisto en la imperiosa necesidad de que nuestra región retome las posibilidades de una integración sin intromisiones geopolíticas o ideológicas de países extra regionales, varios de los cuales son los responsables de nuestras diferencias.

En principio, deseo rescatar un artículo de Leonel Itaussu Almeida Mello, cuyo uno de sus méritos es haber examinado la literatura disponible respecto de la relación entre Argentina y Brasil y demuestra que antes del Tratado de Integración de 1986 hubo intelectuales que se abocaron a esa cuestión[1]. El autor menciona el ensayo del historiador Caio Prado Jr., pero habría numerosos investigadores que la abordaron, como por ejemplo Oscar Camilión[2] [3] y el célebre libro “Argentina y Brasil en la integración continental” de Liborio Justo[4] (1902-2003), el que —en 1936— le gritó “¡Muera el imperialismo yanki!” al primer presidente estadounidense en ejercicio que visitaba la Argentina, Franklin D. Roosevelt, en momento en que iba a iniciar su discurso ante el Congreso de la Nación. Al lado de Roosevelt, estaba el presidente de la Argentina, el general Agustín P. Justo, el padre de Liborio.

El 1º de diciembre de 1936 el presidente Franklin Delano Roosevelt brindó su discurso en el Congreso Nacional.

La relación entre Argentina y Brasil fue central en varios trabajos que abordaron la cuestión de las represas, motivo de tensión en momentos en que ambos países eran gobernados por los militares, y el desarrollo nuclear. Con referencia a este último tema puede mencionarse Oliveiros S. Ferreira, quien publicó un artículo en O Estado de São Paulo[5], tema que también fue tratado por el general Juan Enrique Guglialmelli[6].

La idea relevante cuando se analiza en paralelo el desarrollo económico de ambos países, que está muy bien sintetizada por Leonel Itaussu Almeida Mello, es observar cómo la Argentina, cuya economía era el doble de la brasilera en 1930, fue cediendo el paso rápidamente hasta que medio siglo después la economía de Brasil se tornaba el cuádruple de la Argentina. Inmediatamente aclara que “actualmente la diferencia se redujo a poco menos de dos tercios”.

El proceso de integración a partir de 1986 y que derivó en el Mercorsur, ha sido un paso enorme pero incompleto. En este sentido rescato la parte final del artículo, cuando se refiere a la visión del general Juan Domingo Perón acerca de que “antes del tercer milenio nos encontraría unidos o dominados”, pero debe recordarse que en 1951 expresó el famoso “ABC”: “la Argentina sola, no tiene unidad económica. Brasil solo, tampoco. Chile solo, tampoco la tiene. Pero estos tres países unidos conforman quizá la unidad económica más extraordinaria del mundo entero”. El autor también menciona al general Guglialmelli, quien consideraba que “el Cono Sur debería ser el punto de partida para la ulterior unidad latinoamericana y un núcleo de poder regional frente a los grandes centros de poder mundial”. Ésta, aún, es una tarea pendiente y por la que se debe poner todo el empeño.

El segundo artículo al que deseo referirme, es de John Child, de 1981, en el que considera acertadamente que América Latina, en la mayor parte del siglo XX, ha tenido un bajo nivel de conflictos y un gasto relativamente bajo en lo que se refiere a la compra de armas[7]. No obstante no acuerdo en que esa compra de armas tuviera más relación “con problemas internos como orgullos y rivalidades entre servicios” sino que existían conflictos entre los países de la región pero que, felizmente y salvo excepciones, no llegaron a convertirse en conflictos armados.

Con respecto a la tipología que presenta, es verdad que varios conflictos limítrofes han sido solucionados pero aún persisten varios, como el reclamo de la salida al mar por parte de Bolivia, el litigio entre Perú y Ecuador, y en el caso específico de la Argentina y Chile, parecería que por más que se hayan solucionado numerosas cuestiones limítrofes siempre surgirá un nuevo motivo de reclamo por parte de Chile, como el formulado a partir de la extensión del mar territorial argentino.

Dentro de esta tipología debo considerar —a pesar de los años del artículo de Child— que ha acertado al expresar que “en el presente y futuro las formas dominantes de conflictos serán ideológicas, por recursos, y por influencia”. En la actualidad el tema de la puja por los recursos tiene una gran vigencia pero también debe destacarse que la imposibilidad de un desarrollo armónico y consensuado de los países de la región se haya entrampado por disputas ideológicas. Un claro ejemplo de ello ha sido el fracaso de la UNASUR, una institución que logró un consenso con amplias posibilidades de expansión en diversos ámbitos pero que finalmente no pudo avanzar por las divisiones entre los dirigentes de los países, quienes privilegiaron la ideología por encima del desarrollo y el bienestar de las poblaciones de sus respectivos países.

La UNASUR fue gestada con esa falla de origen, la ideologización, y significó la pérdida de una gran oportunidad para la región, a la que tanto le cuesta encontrar consensos y un camino propio de crecimiento. El Cono Sur precisa estadistas, es decir, dirigentes con visión estratégica, que se propongan trabajar en forma conjunta más que posar para una foto … algo que escasea en las últimas décadas.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Leonel Itaussu Almeida Mello. “Brasil y Argentina en perspectiva: competencia, distensión e integración”. En: Atilio A. Boron (Compilador), Teoría y filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano. Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2002, 304 p. (ISBN 950-9231-73-8).

[2] Camilión, Oscar H. “As relações entre o brasil e Argentina no mundo atual”. En: Revista Brasileira de Política Internacional, Río de Janeiro, vol. 12, nº 45-46,  marzo-junio de 1969.

[3] Camilión, Oscar H. “Relaciones argentino-brasileñas”. En: Estrategia, Buenos Aires, vol. 4. Nº 21, marzo-abril de 1973.

[4] Justo, Liborio. Argentina y Brasil en la integración continental. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983, 184 p.

[5] Ferreira, Oliveiros S. “Brasil e Argentina: a geopolítica e a bomba”. En: O Estado de São Paulo, 26/12/1976.

[6] Juan Enrique Guglialmelli. “¿Brasil fabrica la bomba?”. En: Estrategia, nº 70, p. 5-12.

[7] John Child. “Pensamiento geopolítico y cuatro conflictos en Sudamérica”.  Revista Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 3-N°12-1981, p. 71-104.

 

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“COVID 19” Y PROBLEMAS DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA POLÍTICA

Salam Al Rabadi*

La violencia es uno de los medios utilizados en la política, independientemente de su legitimidad y su ética filosófica, y también lejos de la dialéctica de la teoría social de los contratos o de la naturaleza humana que giran en torno al instinto humano y a la lucha por la supervivencia. Sobre la base de esto, se puede decir que la lógica de la relación entre violencia y política plantea muchos problemas, ya que desde un punto de vista analítico hay una dificultad en la posibilidad de una separación precisa y clara entre la violencia y la política, y sucede debido a los antecedentes culturales e ideológicos por los que una acción o comportamiento puede ser juzgado como caído en la categoría de violencia política o viceversa. Por ejemplo, la violencia política relacionada con la resistencia a la ocupación de acuerdo con cierta cultura puede ser un acto legítimo y legal y, a cambio el mismo acto, puede ser de acuerdo con otra cultura un acto ilegal, que entra dentro de la categoría de prácticas terroristas.

Vale la pena mencionar en este contexto la dificultad de definir y enumerar cuestiones y acciones políticas, económicas, culturales e incluso legales que pueden describirse como violencia política. Por ejemplo, hasta la actualidad no existe un acuerdo mundial sobre una definición amplia y clara de la violencia política relacionada con el terrorismo, y lo mismo se aplica a la definición del delito de agresión emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que todavía lleva consigo muchas interpretaciones y diligencias.

En este contexto relacionado con el problema del concepto de violencia política, se pueden plantear muchos interrogantes, que giran en torno a:

  • ¿Cómo clasificar las sanciones económicas impuestas por algunos países o emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU?: ¿Son actos y medios políticos violentos e inhumanos? ¿O son una acción política soberana legítima?
  • ¿Cómo clasificar las políticas mediáticas que fomentan e incitan a la violencia?. ¿Estas políticas entran en la categoría de incitación a la violencia política y apoyo al terrorismo? ¿O estas políticas entran en la categoría de libertad de expresión?
  • ¿Qué tan difícil es clasificar la violencia política en términos de su fuente, ya sea que esté emanando de estados, individuos u organizaciones no gubernamentales, por no hablar de la dificultad de separar cada uno de ellos?
  • ¿Cómo clasificar la corrupción como una de las formas más peligrosas de violencia política basada en conceptos modernos utilizados para abordar la corrupción problemática?
  • ¿Cómo clasificar la violencia relacionada con la seguridad humana integral, como la violencia ambiental, sanitaria, tecnológica y biológica, etcétera?

Según este grupo de interrogantes, parece que es urgente aclarar la idea de que la violencia política no sólo está condicionada a la asociación con la violencia física o la violencia concreta, puede haber violencia económica y cultural más grave e influyente en todos los niveles políticos. Además, lo que complica las cosas a nivel filosófico y realista es que la mayoría de las teorías políticas que basan su análisis en la suposición de que el Estado como institución política (que posee la legitimidad de la violencia dentro y fuera de sus fronteras) es el actor principal en la escena mundial, ha sido categóricamente anulado con la creciente influencia de individuos, ONG, corporaciones transnacionales, etcétera. Además, los criterios de poder en sí han cambiado y ya no se miden sólo por el alcance de la capacidad de utilizar la violencia legítima representada por el poder político, y ya no se limitan a la forma tradicional asociada a la clásica potencia económica o el poder militar convencional.

En consecuencia, y sobre la base del desarrollo en la naturaleza de las cuestiones humanas contemporáneas, se debe trabajar para crear una nueva visión política crítica para todo lo relacionado con los criterios para entender la violencia política en todas sus formas. En este sentido, estamos obligados como resultado de los dilemas éticos asociados con muchas cuestiones (como las cuestiones del cambio climático y el medio ambiente y todo lo relacionado con la revolución biotecnológica y la manipulación de genes, así como las implicaciones de la inteligencia artificial, etc.) a reconsiderar muchos conceptos, especialmente con la presencia de nuevos términos relacionados con la violencia política contemporánea, como la violencia ambiental, violencia tecnológica, violencia biológica, sesgo algorítmico y violencia de salud, etc.

Tal vez una de las pruebas más brillantes de la importancia de encontrar una nueva visión crítica del concepto de violencia política son los acontecimientos acelerados a nivel de la seguridad sanitaria mundial, resultantes de las repercusiones de la propagación de la pandemia de Covid-19, que fueron acompañados por muchas manifestaciones violentas e inusuales en la política global que están relacionadas con cuestiones de salud, como el intercambio de acusaciones sobre las causas de la pandemia o las guerras de máscaras, … etc., que confirman el alcance de los nuevos cambios en el concepto y las normas de violencia política.

A la luz de lo anterior, podemos decir que, a pesar de la existencia de muchas iniciativas que tratan de desarrollar una visión crítica lógica sobre cómo abordar el concepto de violencia política, lamentablemente continúa siendo el tradicional, y se caracteriza por su incapacidad para crear un nuevo marco intelectual capaz de entender los fenómenos y prácticas emergentes, que están relacionados con la filosofía de la violencia política. Además ignora la mayor parte de la problemática y dialéctica antes mencionadas, ya que parece estar todavía centrada en una visión clásica de la era de la modernidad, que ya ha sido superada. Actualmente estamos en la era del Posmodernismo, la Postverdad y el Posthumanismo que ha dejado caer todos los axiomas y postulados, la era de la metodología del escepticismo y la atomización de lo que necesitamos, a pesar de todas las problemáticas controvertidas en esa metodología.



* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España. 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. 

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EL ATLÁNTICO SUR. UNA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN EN CONFLICTO. CUANDO NO SE USAN LAS HERRAMIENTAS QUE SE DISPONEN.

César Augusto Lerena*

Países miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, ZPCAS.

Convencidos la mayoría de los países con Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) en el Atlántico Sur, en la 50a. sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones, se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área “a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar —en especial a los Estados militarmente importantes— que respeten escrupulosamente a esa región como zona de paz y cooperación, en particular mediante “la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».

América y el Caribe por el Tratado de Tlatelolco (1967), ya se había convertido en la primera región desnuclearizada (Alfredo Palacios, 30/10/18), cuestión que violó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) a partir de 1982.

Independientemente de las cuestiones relativas a la eliminación del apartheid y a la libre determinación e independencia de Namibia que refirió la Asamblea e, instar a la aplicación de todas las resoluciones referidas al colonialismo, el racismo y el apartheid; como un hecho muy importante, en relación de la ocupación británica de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), la Asamblea también exhortó a los Estados de la región y a todas las demás regiones a que “…respeten la unidad nacional, la soberanía (…) y la integridad territorial de todos los Estados (…) observen estrictamente el principio de que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar (…) así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza”.

El Atlántico Sur es la frontera común entre dos continentes que con anterioridad estaban unidos geológicamente y, ahora están separados por un extenso espacio marítimo que linda con las costas americanas, africanas occidentales y antártica. Los límites del Atlántico Sur son en la latitud al norte del Ecuador y al Sur en 66°33´5” donde se encuentra el Círculo Antártico. Los límites medidos en longitud son entre 70° Oeste y 20° Este. Rebasa la cuestión geográfica del Atlántico Sur e incluye archipiélagos como Cabo Verde. (González, Ariel S. Universidad Kennedy, 2007).

Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica (se incorporó en la cumbre de Brasilia de 1994), Togo y Uruguay suscribieron la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (en adelante ZPCAS) y, quedaron afuera de ello, las islas Ascensión y Tristán da Cunha, que son colonias británicas e, inclusive, nuestras Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que, podrían interpretarse como participantes al ser parte de nuestro territorio nacional, pero sin concretarse mientras se encuentren ilegalmente ocupadas por el Reino Unido. Este hecho notable debería contribuir a aislar al Reino Unido en el Atlántico Sur, ya que resulta inaceptable la presencia de buques y submarinos nucleares de su Armada en la región y la ocupación territorial marítima y la explotación ilegal de los recursos naturales, en contradicción con lo resuelto en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas; a la par de quedar marginada de cualquier proyecto global sur-sur que lleven adelante estos países respecto a la “Zona”.

Dejaré de lado la historia respecto a los avances y retrocesos desde 1986 a la fecha de la ZPCAS; sí diré que los distintos gobiernos argentinos carecieron de una Política de Estado al respecto y llevaron adelante tácticas contradictorias, que fueron, desde no efectuar declaraciones finales sobre la cuestión Malvinas en las reuniones; minimizar el valor de la ZPCAS ausentándose el Canciller argentino en las deliberaciones, hasta tener alguna mención específica relativa a cumplir con la Res. 2065/65 de la ONU, incluso, con el apoyo de países de la Comunidad de las Naciones Británicas. Nada o casi nada respecto a la explotación de los recursos naturales y en especial a los migratorios, cuya captura afecta al ecosistema y consecuentemente a la explotación nacional del total del stock disponible originado en la ZEE Argentina.

En síntesis, entiendo, que la Argentina ha desaprovechado hasta la fecha esta relación afroamericana unánime para favorecer la posición de Argentina en el Atlántico Sur, en particular, en lo relativo a Malvinas y la explotación de los recursos naturales y muy especialmente los migratorios.

Los Acuerdos, Tratados, Declaraciones, hojas de ruta (Acuerdos de Madrid, Pacto de Foradori-Duncan, Acuerdo de Nueva York, etc.) no han sido, lo que jurídica y diplomáticamente todavía se discute, han sido lisa y llanamente cesiones de Argentina al Reino Unido y a los Estados de Bandera y la consolidación de la extranjerización del mar argentino.

De tal modo que tenemos al menos tres problemas: El primero, hay que desactivar esas cesiones; el segundo, los británicos tienen ocupado militarmente 1,6 millones de km2 de la ZEE Argentina y dentro de él a los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y están en una situación geopolítica de prevalencia respecto a la parte meridional del Atlántico Sur, la Antártida y el Estrecho de Magallanes y, el tercero, hay que recuperar un millón de toneladas de productos pesqueros que se capturan en forma ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el Atlántico Sudoccidental. No parece que, en esta situación, la Argentina pueda desatender este importante foro, la más importante convención sur-sur.

En su política exterior de afianzar las relaciones con el África, la República Federativa del Brasil ha sido el principal promotor de esta iniciativa; pero, la Argentina debería empezar a prestarle mucho interés, porque tiene varias razones de peso como he apuntado. Para ello, debería darle especial atención a las cuestiones de organización de modo de promover las acciones y acuerdos de cooperación, ya que la actual estructura no cuenta con la dinámica suficiente, en la búsqueda de alcanzar la entidad internacional indispensable para sostener con fuerza nuestras iniciativas; promover acuerdos respecto al transporte marítimo; el cuidado ambiental y de los recursos de las ZEE y del dominio de las especies migratorias y potenciar la relación y los negocios con los países africanos costeros occidentales. Por ejemplo, las relaciones con Angola que nacieran en 1988 con Alfonsín; en 2013 el gobierno la dinamizó con la designación del embajador Julio Lascano y Vedia quien accedió a una Embajada inexistente. Se hicieron varios convenios de cooperación que llevaron la balanza comercial de 150 a 400 millones de dólares y hoy Angola está entre las que tienen balanza favorable para la Argentina. África es un mercado demandante de alimentos y tecnología que nuestro país puede proveer. Ello, no solo permitiría un intercambio de bienes sino un mayor interés africano en las cuestiones argentinas y en especial la relativa a los derechos de Argentina sobre Malvinas y la Antártida.

Por supuesto, que la ZPCAS, es el ámbito adecuado para tratar también, cuestiones relativas al narcotráfico, trabajo esclavo, contrabando y crimen organizado. Temas en que la Argentina debiera acordar muy especialmente con el Uruguay, respecto al apoyo a buques asiáticos que hacen apoyo en sus puertos.

En las reuniones en Luanda y Montevideo se abordaron alguna de estas cuestiones en los tres talleres preparatorios y durante la VI Reunión Ministerial de la ZPCAS, donde el gobierno argentino le dio relevancia a tres temas claves: la cuestión de Malvinas, el desarrollo de los mecanismos de las Operaciones de Paz y en el marco del Derecho del Mar, la implementación de medidas contra la pesca INDNR y la protección de los recursos genéticos marítimos (Gladys Lechini, Revista Brasileira de Estudios, 7, Jan./Jun. 2019), aunque a la luz de los resultados, los avances han sido insignificantes respecto a la custodia de la soberanía política, territorial, marítima, pesquera y alimentaria argentina.

Esta acción del bloque permitiría avances rápidos de cooperación en ciencia, tecnología y mecánica agroindustrial e intercambios tecnológicos y de regulación de la Pesca en el Atlántico Sur sin la injerencia de terceros países ajenos a ZPCAS que, a través de la CONVEMAR, pretenden como Estados de Bandera (buques extranjeros) explotar los recursos que son de dominio de los Estados Ribereños. Este es el caso de las flotas pesqueras chinas, coreanas y a taiwanesas, pero también, de las españolas que —tienen licencias ilegales en Malvinas y pescan a distancia en alta mar— y habrán de incrementar su presencia a raíz de reducirse sus capturas en aguas británicas a raíz del Brexit y transformarse en un 30% en Áreas Marinas Protegidas las aguas comunitarias.

La ZPCAS se encuentra en abierta contradicción con la CONVEMAR ya que mientras aquella alentaría el intercambio de recursos naturales entre sus miembros y, por tanto, la protección de éstos en sus ZEE y los migratorios fuera de ella, desalentando la injerencia de terceros países en la región, la CONVEMAR y el Acuerdo de Nueva York promueven la explotación de los Estados de Bandera (buques extranjeros que pescan a distancia) y la formación de Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) donde intervendrían países ajenos a la ZPCAS.

Por cierto, el fortalecimiento del intercambio y la cooperación generará mayores lazos para que los países que integran la ZPCAS apoyen de mínima la posición argentina de reclamar al Reino Unido la negociación de soberanía según la Res. 2065/65 de la ONU y de máxima lo que ya Sudamérica ha resuelto, que, es no prestar ningún tipo de apoyo (comercial, portuario, de transporte, logística, etc.) que favorezca del desarrollo del Reino Unido en Malvinas y, en ese sentido, el gobierno de Argentina debe mantener una coherencia que no ha mantenido en las reuniones de la ZPCAS, respecto a reclamar o no sus derechos en Malvinas o, con la firma de acuerdos que autorizan vuelos desde Malvinas a San Pablo, investigaciones conjuntas pesqueras, etc. Una política pendulante de Argentina que debe terminar y ajustar sus acciones a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

¡Nada mucho cuesta poco! Pero ha llegado la hora de avanzar con inteligencia, rigor y perseverancia.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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