Archivo de la etiqueta: Atlántico Sur

LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA PESQUERA DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ.

César Augusto Lerena*

Imagen de Kerstin Riemer en Pixabay

Hay formas de paliar el hambre en forma transitoria a través del subsidio del Estado y el aprovechamiento de sus recursos naturales, respecto a esto último ya nos hemos referido a cómo las materias primas descartadas al mar pueden proveer millones de raciones de proteína de la mejor calidad a niños y adolescentes; pero, de la pobreza, de la indigencia y del hambre se sale en forma definitiva con la generación de trabajo.

Los funcionarios nominados para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca saben que, al igual que otros sectores productivos, la industria pesquera puede ser uno de los motores para generar rápidamente divisas y empleo.

Diversas organizaciones públicas y privadas han hecho exhaustivos y reiterados diagnósticos sobre el origen del desempleo en la actividad pesquera desde la década del 90 y hasta nuestros días. Todos saben los motivos y ninguno de los gobiernos ha llevado una política que, en consenso con los sectores de la producción y el trabajo, termine con este flagelo.

No será posible terminar con el desánimo de los argentinos y el fracaso de los sucesivos gobiernos, sino se avanza hacia la generación de empleo, en un tiempo, donde el avance creciente de la tecnología, de por sí, provoca el desinterés por los obreros menos calificados.

Los altos niveles de precarización (trabajo en negro, tareas y horarios discontinuos) y el desempleo se evidencian en la pesca pese a tratarse de una actividad netamente exportadora y encuentran sustento en el escaso valor agregado de las exportaciones y el bajo consumo nacional de productos pesqueros, ya que, en ambos casos, se comercializan los productos enteros con escasa mano de obra.

En la actividad pesquera es un verdadero contrasentido que el empleo haya caído estrepitosamente, a pesar de que, hacia finales de la década del 80, las máquinas alemanas descabezadoras, evisceradoras y fileteadoras se desactivaron ante la mayor eficiencia y rendimiento de la tarea manual, es decir, lejos de caer debería haber crecido. Un ejemplo elocuente son los afiliados al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) que en la década del 90 alcanzaban en Mar del Plata a los ocho mil operarios y hoy no superan los dos mil. ¿Dónde están esos operarios? ¿En el trabajo en negro, en las seudocooperativas o desempleados? Precarizados, descartados y desempleados. Y no es solo una cuestión de precariedad laboral; el origen fundamental del desempleo es la aplicación de un modelo extractivo que realiza procesos básicos a bordo con escaso personal, mientras desactiva los trabajos industriales en tierra, respondiendo a los intereses de los países importadores que, luego de recibir en sus destinos los commodities argentinos, los descongelan y reprocesan para agregarle valor. La Argentina recibe tecnología, productos industrializados, buques fabricados en astilleros gallegos y otros, y le envía materias primas con un mínimo agregado de mano de obra precarizada para su industrialización en los países desarrollados. En las dos primeras décadas del siglo XXI estamos como en el final del siglo XIX, solo nos falta utilizar esclavos para abaratar la materia prima.

Se alegará una mayor conflictividad, siniestralidad y ausentismo laboral en la actividad industrial, pero ello no puede resolverse vaciando las plantas y procesando a bordo, sino con mayor capacitación, contención familiar, mejor calidad en el trabajo y regularidad laboral. En todas las actividades donde se utiliza mano de obra intensiva, en especial las exportadoras, no se cierran las fábricas, se incentiva a los trabajadores a producir más y mejor. En una actividad donde se garantiza un mínimo y se paga por producción no se ha logrado fidelizar a los trabajadores y ello debería ser motivo de una revisión profunda, pero no transitar el camino de la reducción del valor agregado, por cualquiera de las vías que fuera.

El gobierno administrador de este recurso del Estado no puede ignorar que realiza una pésima administración; entendiendo, por administrar mal no sacarle el máximo provecho al recurso, es decir, no agregarle a la materia prima todo el valor agregado posible. Del mismo modo cuando autoriza destinar buques a la pesca del langostino incumpliendo con las cuotas asignadas de merluza o cuando admite el descarte de merluza cuando ésta se pesca incidentalmente junto al langostino. Se administra mal cuando se sobreexplota o cuando se subexplota.

Cuando se depreda y cuando a consecuencia de ello no se aprovecha el recurso en un país con hambre y se contamina el medio marino se produce un daño de verdadera lesa humanidad.

El próximo Gobierno, con la activa participación de empresas y trabajadores, debiera ejecutar las acciones necesarias en forma perentoria, para revertir la decreciente desindustrialización y desempleo. Y no se trata de que el sector se acoja a sistemas subsidiados para sostener el empleo, sino de llevar adelante políticas que promuevan la demanda de empleo.

Entre las herramientas que cuenta el Estado para generar empleo, podemos mencionar:

  • El otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura son mecanismos para dar cierta previsibilidad a la explotación, pero también para que el Estado regule la explotación. Por lo tanto, deben otorgarse a quién mayor empleo genere.
  • Aumentar el valor agregado en la industria y la comercialización de pescados, crustáceos y moluscos frescos y congelados.
  • Promover el uso de las tecnologías necesarias y la puesta en valor para competir a nivel internacional de conservas y filetes de anchoíta.
  • Propiciar la producción de aceites, omega3 y colágenos derivados del pescado.
  • Promover el mercado interno de productos terminados listos para consumir.
  • Incrementar la investigación de cría de especies en acuicultura continental.
  • Promover la formación de Unión Transitorias de Empresas para regular la disponibilidad de materias primas en las plantas industriales.
  • Otorgar cuotas de capturas a pequeñas y medianas empresas asegurando una Unidad Económica Pesquera.
  • Recuperar e industrializar los descartes de especies no comerciales y la pesca incidental.
  • Erradicar la sustitución al desembarco para sanear la disponibilidad real de especies y su eventual otorgamiento de nuevas cuotas de captura.
  • Acordar las capturas extranjeras de las especies migratorias y asociadas.
  • Promover las asociaciones empresarias en los mercados mayoristas y minoristas en los centros de consumo del mundo.
  • Fabricar y renovar en los Astilleros públicos y privados nacionales todas las embarcaciones de distinto tipo que necesita el país.
  • Eliminar el trabajo en negro a través de la regularización voluntaria o la aplicación de sistemas de relevamiento de datos que permitirán identificar rápidamente el trabajo no registrado.
  • Eliminar el pago parcial de los salarios en negro a través de sistemas de registración que no impliquen quitas al trabajador como producto de la aplicación de la retención del pago de ganancias ni mayores costos al empleador como producto de la declaración del total del salario.

La generación de trabajo es la única manera para terminar con la pobreza e indigencia del pueblo y recuperar la equidad y dignidad de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|*, All rights reserved.

 

JUICIO DE RESIDENCIA AL SUBSECRETARIO DE PESCA DE LA NACIÓN

César Augusto Lerena*

Imagen de Nadine Doerlé en Pixabay

El Juicio de Residencia fue un procedimiento del derecho indiano que los funcionarios sufrían al término de su gestión, donde se evaluaba a los agentes públicos, cualquiera fuese su jerarquía y, de su resultado, derivaba el reconocimiento y, eventualmente, el otorgamiento de nuevos cargos de mayor jerarquía, la aplicación de multas, la prohibición para ejercer nuevas funciones e, incluso, la aplicación del garrote vil.

Luego, debido a una justicia más humanizada y permisiva, por aquello de “el que está libre de pecado que tire la primera piedra” se aplica “el incumplimiento de los deberes de funcionario público” de muy difícil y leve sanción, ya que —habrá de alegar el imputado— llevó a cabo sus funciones con idoneidad y buen entendimiento y, en tal caso, se le imponga el muy genérico “que Dios y la Patria me lo demanden”.

Quedará por delante iniciarle al funcionario un juicio penal fundado en pruebas inequívocas de que su acciones, efectuadas en pleno conocimiento de las prohibiciones que establece la legislación pesquera, los informes y dictámenes formulados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) respecto a la limitación de los permisos y capturas y, sus propios antecedentes previo a la asunción del cargo, le debieran haber impedido administrar lesivamente el recurso pesquero, depredarlo, provocar perjuicio al conjunto de las empresas concesionadas, caída del empleo e insustentabilidad de las comunidades ribereñas y, aún peor, no asegurar este recurso natural a las próximas generaciones.

Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al gobierno anterior y con ello diluir las responsabilidades de los funcionarios en los desaciertos en la ejecución de las políticas. Y no se trata de que encontremos a éstos con las manos heridas de tanto meter la mano en la lata. No hay tal forma para detectar los funcionarios corruptos e ineptos. Son los resultados los que lo pintan de cuerpo entero.

En estos días la Revista Puerto nos ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que habrán de impactar directamente sobre la sostenibilidad de dos de las tres especies más importantes que tiene el país. La lectura de las últimas Actas del Consejo Federal Pesquero, si bien no transcriben textualmente el contenido de las reuniones sino sus conclusiones, nos demuestran el arbitrario manejo de este recurso de todos los argentinos, a pocos días —así lo indican las encuestas— que este gobierno deje la administración nacional.

Yo modestamente sugiero que terminemos con la administración arbitraria, incapaz e irresponsable, que hipoteca nuestro futuro. Los funcionarios deben asumir que están administrando nuestro patrimonio, no el de ellos, que en su carácter de servidores públicos deben administrar en forma ética y dentro de los límites que le impone la Ley. Y en ese sentido, las próximas autoridades deberían analizar lo actuado por el Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Juan Manuel Bosch.

Veremos allí si este funcionario ha admitido el descarte de cientos de miles de toneladas que podrían alimentar a millones de niños y adolescentes; si alguno de los funcionarios a su cargo o el mismo ha estado alcanzado por la Ley de Ética Pública 25.188 (sus art. 13º y 15º); si evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas; si, a consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras; si eliminó o redujo el trabajo en negro en la actividad industrial; si admitió el bajo aprovechamiento de los recursos de propiedad del Estado exportando productos de bajo valor agregado; si se efectuaron ventas de cuotas entre privados y si admitió transformaciones que incrementaron el esfuerzo pesquero; si aumentó el consumo nacional de pescado y por tal motivo no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos; si promovió la concentración pesquera; si le aseguró a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras el recurso para garantizarles una sustentabilidad económica y social; si efectuó un política federal de la explotación de los recursos para garantizar la industrialización del litoral marítimo; si llevó adelante una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, para evitar que un 50% de los buques en actividad estén obsoletos, provocando naufragios y muerte; si actuó sobre los titulares de los buques abandonados que dificultan la operatividad de los puertos; si respetó los informes técnicos del INIDEP respecto a la disponibilidad de las especies, vedas y cierres de campañas; si ha hecho un seguimiento de los proyectos aprobados para asegurarse que los planes que dieron lugar a la adjudicación de cuotas y autorizaciones se han cumplido; si ha efectuado alguna tarea concreta destinada a erradicar la pesca ilegal (INDNR); si ha cumplido con la Constitución Nacional respecto a la cláusula transitoria o ha llevado prácticas directas o indirectas que favorecen a los británicos respecto al desarrollo de Malvinas; si ha apoyado u opuesto al control regional del Atlántico Sur por parte de Estados de Bandera; si ha efectuado acuerdos con Montevideo para que sus puertos no le presten servicios a los buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica; si ha intervenido en la elaboración de los pliegos de licitación del otorgamiento de áreas offshore para la explotación de hidrocarburos que podrían ser incompatibles con la explotación pesquera.

La inoperancia, la negligencia, la inequidad o el atentado a la sustentabilidad del recurso o al ambiente pueden ser de altísima gravedad cuando se trata de administración un recurso renovable pero agotable de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.

 

 

LA BAJA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DEL GOBIERNO QUE UN SEMINARIO MARÍTIMO DEJÓ AL DESCUBIERTO

César Asgusto Lerena*

Días pasados se desarrolló en Buenos Aires, un Seminario de Intereses Marítimos organizado por la Armada Argentina y las Universidades de Buenos Aires, del Salvador y de la Defensa donde se abordaron diversos temas relativos al Atlántico Sur, su explotación y defensa. Una excelente iniciativa que acerca al ámbito universitario la problemática del mar, un tanto ajena en la comunidad, más bien predispuesta a tratar las cuestiones continentales.

Mi reconocimiento a los organizadores y moderadores que abrieron las exposiciones al debate del auditorio.

Habrá que profundizar los temas abordados y, especialmente, buscar una mayor diversidad de opiniones, en aquellos temas relativos a la explotación de los recursos, su vigilancia, la sustentabilidad y, el resguardo y la reafirmación de la soberanía nacional.

Abrió las exposiciones el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Emb. Fernando Petrella, quién ratificó las políticas de seducción de los isleños ya aplicadas sin éxito por Menem-Di Tella, en cuyo gobierno se desempeñó como Vicecanciller. Trató a los ingleses de “amigos”, dejando de lado, que éstos ocupan 1,6 millones de km2 de mar argentino, extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros nacionales, exploran nuestros recursos hidrocarburíferos y han generado un polo de atracción del Atlántico Sur con más de 350 buques extranjeros ilegales. Fuera del estrado —ya que en la UBA no se habilitaron preguntas luego de las exposiciones— el Embajador consideró adecuados los vuelos a San Pablo y Córdoba desde Malvinas, sin prestar importancia que, de producirse un Brexit, con las consecuencias arancelarias para Malvinas que implicarían, mediante los vuelos, los isleños tendrán acceso a un mercado de treinta millones de personas ABC1 para comercializar sus productos, además de la conectividad con el mundo desde San Pablo.

El Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Ing. Carlos Casares y el Director de Exploración y Producción Ing. Gonzalo Aguirre de la Secretaría de Energía se refirieron a las recientes adjudicaciones offshore de 100 mil km2 en la primera ronda (una segunda estaría prevista para 2020) y, de sus exposiciones, quedó claro que el área seleccionada no avanzó dentro las 200 millas marinas alrededor de Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, resignando la soberanía nacional con esta autolimitación geográfica y aumentando la presencia británica en el mar austral a partir de la adjudicación de siete de las 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, donde esta última, violaría la ley 26.659, ya que habría “operado ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y, por su parte, la noruega Equinor, también adjudicataria, tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, quien trabajó para Tullow Oil en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas”. Por cierto, de la exposición surgió que no se tuvo en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 ni se le dio participación de la Subsecretaría de Pesca a la hora de elaborar los pliegos licitatorios, con el argumento de evitar la intervención de una mayor cantidad de profesionales en los procesos burocráticos, olvidando, que se pone en juego un área donde las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos deberán convivir con la explotación de los recursos pesqueros, cuyos ingresos anuales le permiten a la Argentina exportar por valor de 2.100 millones de dólares, además de sostener a gran parte de los pueblos del litoral marítimo y mantener la presencia de buques nacionales en el Atlántico Sur.

A la hora de la intervención del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Mariano Saúl, éste efectuó una serie de recomendaciones pero no se refirió a la próxima licitación de un nuevo puerto para la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto, sin el debido debate ni la participación de todos los sectores involucrados, sigue insistiendo con el emplazamiento de un puerto con los mismos problemas que el actual ya que “el calado proyectado por el gobierno apunta a los 11 metros (36 pies), no previendo la llegada al puerto de Buenos Aires de buques de 14.000 TEUs para el año 2020 y de 18.000 TEUs para el año 2025. Actualmente con 32 pies de calado los buques de 10.000 TEUs solo pueden operar en el puerto de Buenos Aires cargados a menos del 75% de su capacidad, por lo tanto, la profundización del canal propuesta, solo serviría por unos pocos años e implicará el dragado permanentemente por los próximos 20 a 25 años” (Fabian Lugarini, 26/8/19).

La disertación del Asesor Jurídico Dr. Alejo Toranzo reemplazante del Dr. Juan Bosch dejó en evidencia que la Subsecretaría de Pesca no ha dado un solo paso para eliminar la pesca ilegal (INDNR), cuya obligación es una de sus responsabilidades conforme lo establece la Ley 24.922 y lo ratifica la Res. 1/08 del Consejo Federal Pesquero. En las filminas que parecían diseñadas para un auditorio desinformado, se refirió a un sistema integrado de control que, cualquiera que conoce los procesos a bordo y desembarques sabe que son inexistentes. Pero el asombro llegó cuando mencionó “las decisiones adversarias que toma la Subsecretaría respecto a Malvinas y, se refirió a que esta dependencia actuaba con los lineamientos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pese a que si bien la Argentina aprobó por ley 25.290 el Acuerdo de Nueva York que impone este tipo de organizaciones, no lo ratificó y, por el contrario, habría que esperar que se derogue, porque su aprobación, habrá de significar el control del Atlántico Sur por parte de los Estados de bandera (extranjeros) que son mayoría frente al Estado ribereño y, además, le abriría las puertas a una mayor intervención aún del Reino Unido en Malvinas. La Argentina debe en este sentido definir la preeminencia de los Estados ribereños sobre los Estados de bandera, porque aquellos son los titulares del dominio de los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a la Alta Mar.

No parece encontrarse dentro de “las decisiones adversarias de la Subsecretaría respecto a Malvinas, la colaboración de Argentina a través de la investigación, para que los británicos conozcan la biología y stock pesquero del Mar Argentino, en especial, de aquellas especies que le permiten al Reino Unido otorgar permisos de pesca a buques extranjeros todos los años. Si esta es la política para los adversarios, no imagino que haríamos si fuésemos amigos como refiere el embajador Petrella.

Los citados disertantes debieran leer el muy buen artículo del Emb. Jorge Arguello “Entender el Mundo, decidir con autonomía” publicado en la edición de octubre 2019 de Le Monde Diplomatique, para entender que los modelos de copiar y pegar, que muchas veces aplicaron las autoridades de nuestro país, a la luz del escenario internacional, requiere que muten a una mayor imaginación, rigor e interés nacional.

Este Seminario puso de manifiesto la baja calidad de las políticas nacionales del gobierno, por lo que será muy importante la continuidad de estos encuentros, para que los funcionarios recuerden, que son servidores públicos que, mediante estas exposiciones, rinden cuentas de su gestión y, el auditorio, compuesto por docentes, profesionales, diplomáticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad discutan ideas y se transforman en difusores calificados de una temática que debe empezar a interesar al conjunto de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.