Según los datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, más del 30% del comercio marítimo de petróleo crudo pasa por el mar de China Meridional. Más del 90% del petróleo crudo que llega a ese mar pasa por el estrecho de Malaca, es decir, la ruta marítima más corta entre los proveedores de África y el golfo Pérsico y los mercados de Asia, lo que lo convierte en uno de los principales centros geográficos de oro negro del mundo.
El factor clave es que muchas materias primas y materiales para el desarrollo de la energía deben pasar a través de este Estrecho. En la actualidad, el transporte de mercancías entre los países de Asia oriental, Europa y África debe usar el estrecho de Malaca, controlado por Singapur, como una ruta —siempre que sea rápido.
El 24 de septiembre de 2019, Singapur y los Estados Unidos firmaron el Protocolo por el que se modifica el Memorándum de Entendimiento de 1990 sobre el uso de las instalaciones en Singapur.
Singapur había propuesto utilizar buques de guerra estadounidenses, convirtiéndose así en la mayor base militar estadounidense de Asia. La 7ª Flota de los Estados Unidos y sus buques, incluidos los portaaviones y otros buques grandes, proporcionan servicios logísticos y de mantenimiento y amplían en gran medida el control militar.
La 7ª Flota puede cruzar el estrecho de Malaca, entrar en el océano Índico y el mar Arábigo y llegar a la región del Golfo en 24 horas. Los buques militares estadounidenses en todos los puertos del Estrecho se pueden utilizar sin previo aviso. A este respecto, los Estados Unidos también están cooperando activamente con Malasia, Filipinas, Brunei, Tailandia y otros países del Sudeste Asiático.
Estados Unidos ha desplegado armas y equipos más avanzados en Singapur. Mientras haya disputas militares en el este y el sudeste asiático, los Estados Unidos bloquearán inmediatamente el estrecho de Malaca y, por lo tanto, controlarán todo el sistema de transporte de petróleo crudo. En caso de conflicto, el estrecho de Malaca podría bloquearse fácilmente, lo que dejaría a China sin recursos energéticos cruciales.
Aunque las reservas estratégicas de petróleo chinas se envían desde países vecinos, es difícil continuar durante más de 60 días solo con reservas. Mientras tanto, Estados Unidos está utilizando el mercado financiero para aumentar drásticamente los precios de la energía y posiblemente iniciar una guerra económica.
Si el estrecho de Malaca está bloqueado, China no tiene suficientes suministros de energía almacenados y puede sostener la situación durante un lapso de tiempo muy corto. Hay que añadir que todas las operaciones militares se retrasarían.
Singapur es un país tradicionalmente amigable con los Estados Unidos. La razón es la misma que la de Japón, porque los Estados Unidos tienen intereses en el Lejano Oriente, mientras siguen rodeando a China, tratando así de romper “el collar de perlas”.
Los Estados Unidos apoyan a Singapur, que tiene cierta influencia en el sudeste asiático porque no tiene vecinos fuertes. Con vistas a la gestión del transporte marítimo, lo más importante es tener fuerzas armadas fuertes. Hasta que el país pueda ser conquistado por la fuerza, el modelo de desarrollo financiero y comercial conduce a una tasa de éxito muy alta.
Singapur tiene una superficie de solamente 721,5 kilómetros cuadrados, menos que la provincia de Lodi, Lombardía. Sin embargo, su gasto en defensa es tres veces superior al de la vecina Malasia y representa alrededor del 3,1% de su PIB, que es más o menos el mismo que el poder militar ruso (3,9%). Esta es la versión del sudeste asiático dirigida por el Reino Unido, un aliado tan cercano de los Estados Unidos para ser considerado la quincuagésima primera estrella en su bandera.
Si Singapur quiere controlar su propio poder en el estrecho de Malaca, debe contener y frenar a China. Sin el estrecho de Malaca, no habría centro marítimo que absorbiera las fuerzas comerciales y financieras circundantes. Mientras el puerto de aguas profundas —donde pueden atracar grandes flotas militares y comerciales— esté bien establecido, el lugar de entrega/paso de las materias primas en el sudeste asiático, desde Cercano y Medio Oriente, la UE y África, será inevitablemente Singapur.
Ésta es la razón por la que —aunque China también tiene un enorme mercado de exportación— muchos de los productos a granel estarán esperando en la fila para pasar por las “Horcas Caudinas” de Singapur.
Desde 2015 existe un plan que podría romper el equilibrio. La ruta comercial hacia el océano Índico a través del estrecho de Malaca tiene problemas con piratas, naufragios, nieblas, sedimentos y aguas poco profundas. Su peligrosidad es dos veces más alta que la del canal de Suez y cuatro veces más alta que la del canal de Panamá.
Una ruta alternativa más corta es construir un canal en el istmo de Kra, Tailandia. Esto permitiría ahorrar tiempo y reducir los gastos de envío a medida que la ruta se acorta 1.000 kilómetros. Las empresas estales LiuGong Machinery Co. Ltd y XCMG, así como la compañía privada Sany Heavy Industry Co Ltd, han tomado la iniciativa de crear un grupo de estudio para la construcción del Canal Kra. La conexión artificial de 100 kilómetros con el océano Indico beneficiaría no sólo a China y la ASEAN, sino también al comercio de Japón y otros países, incluida la UE.
Tailandia se encuentra en el centro de la península de Indochina y conduce a la importante región del Mekong y el sur de Asia. Este canal artificial estaría a unos 100 kilómetros del mar de Andamán y el golfo de Tailandia, por lo que la zona comercial del Sudeste Asiático no debería pasar por el estrecho de Malaca.
Sin embargo, según una encuesta realizada hace cinco años, sólo el 30% de los tailandeses estaban a favor de la construcción del canal y al menos el 40% de ellos se oponían a él, por temor a que pudiera causar agitación política en Tailandia, incluidos los daños ambientales y la corrupción por parte del gobierno tailandés. Se estaba intentando transmitir la sensación de que el pueblo tailandés se oponía a tal iniciativa.
Es obvio que hay oponentes claros: el más grande es Singapur, por supuesto. En esa coyuntura, el comercio marítimo en Asia oriental y sudoriental abandonaría la polis, lo que perdería su importancia como baluarte marítimo e incluso podría perder la protección de los Estados Unidos. Sin embargo, el 16 de enero de 2020, la Cámara de Representantes de Tailandia decidió crear un comité para estudiar el proyecto del canal tailandés.
El Canal Kra sería muy rentable para China. Los países afectados, a saber, Camboya y Vietnam, siguen dudando. Tailandia quiere que China contribuya con dinero y equipo, pero teme el control indirecto de China.
El Canal Kra sería controlado por China. Tailandia puede no operar y ejecutarlo según lo planeado, pero cosecharía los mayores beneficios de ella. Por lo tanto, aunque los peajes del canal puedan ser mucho más bajos que el costo de desarrollo, China todavía estaría dispuesta a alentar a Tailandia a implementar el proyecto con miras a crear otra ruta que eluda el control estadounidense. China también está animando activamente a Myanmar a construir un oleoducto que conecte Yunnan con los puertos birmanos.
China está dispuesta a invertir significativamente y el objetivo es eludir el control de Estados Unidos, que ha bloqueado completamente a China desde las islas del Pacífico hasta el sudeste asiático.
China necesita energía y alimentos que no puede producir y los Estados Unidos están tratando de manejar estas dos debilidades “moviendo a Singapur en el tablero de ajedrez”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos son el ejemplo más llamativo de “comunidad vertical” y “continuidad horizontal”, a la que se aplica el principio de “ataque cercano y remoto”. Esto se refiere a la brecha de poder económico, no a kilómetros como vuela el cuervo. La estrategia de los Estados Unidos consiste en establecer un objetivo a largo plazo para evitar que los competidores produzcan y desarrollen.
Los países que tienen una gran brecha de poder económico frente a los Estados Unidos se definen como “muy lejanos”, mientras que los otros cercanos a los Estados Unidos en términos de poder económico y fuerza se definen como “cercanos”. Como resultado, el vecino siempre molesta y causa molestias en el mundo como es el caso cuando vive en un bloque de pisos.
La estrategia de Estados Unidos está diseñada para ayudar y apoyar al bando más débil en la guerra económica —no importa si es una dictadura o un régimen oscurantista y reaccionario— con el fin de luchar contra el bando fuerte y lograr la supremacía del poder. Este equilibrio puede prevenir efectivamente el surgimiento de una potencia hegemónica que representa directamente una amenaza económico-militar para los Estados Unidos. Apoyar a Singapur, Taiwán y Japón ciertamente no es un acto de humanismo y aferrarse a las petromonarquías “medievales” del Cercano Oriente no significa fortalecer la tan cacareada democracia.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
Desde comienzos de la década de 1970 los niveles de crecimiento en China han mostrado la capacidad de desarrollo de una nación que emergió del atraso económico para acoplarse al mercado global y competir “a pari” con las potencias occidentales, siendo hoy la segunda economía del mundo. Este progreso trajo consigo que la República Popular China intente consolidarse en otras dimensiones como son las relaciones exteriores: profundizando sus mecanismos para la integración, la cooperación y la concertación en el sistema internacional.
Sin embargo, aquellos elementos tangibles que corresponden a la dimensión económica como son: la producción y el comercio internacional en un mundo globalizado y altamente interdependiente ha propiciado que China —viéndose a sí misma capaz de asignar su voluntad en la agenda externa como hegemón internacional— logre diseñar en las ultimas décadas planes ligados al campo político y estratégico-militar de modo perceptible que emergen gradualmente en todas las regiones del planeta (por ejemplo en África y Sudeste Asiático). Este avance progresivo, con diferentes matices en la geografía mundial, ha puesto nuevamente en alerta a las potencias occidentales durante la pandemia del Covid-19.
En la actualidad, y transitando todavía los embates de la pandemia, se han exteriorizado interrogantes en todos los niveles de la política exterior sobre el lugar que ocupa China en el contexto de la crisis sanitaria, no solo asociada al campo de la salud, sino a todas las variables trascendentes de la realidad humana. A modo de ejemplo, y cristalizando el cumulo de evidencias que presenta la realidad: los efectos regresivos de la pandemia en el globo han permitido a China posicionarse en el tablero de ajedrez mundial de un modo visiblemente más ventajoso, resintiendo a las potencias occidentales en lo económico, político, lo social y la seguridad.
En el plano general de los países latinoamericanos, los efectos del COVID-19 han engendrado situaciones enormemente críticas que se han fusionado con la degradación de la estabilidad regional, potenciando los niveles de toxicidad estructural de los factores económicos, sociales y políticos.
En la subregión sudamericana durante el periodo 2019-2020 podemos ejemplificarlo con diversos pináculos de conflictividad social (Chile), inestabilidad institucional (Perú y Bolivia), crisis económica (Argentina) y Venezuela que conjuga todos los vicios estructurales juntos, que por añadidura, suma a la violación sistemática de los Derechos Humanos (ONU; 2020) y la crisis migratoria como característica “in extremis” de un régimen fallido. En el caso de Chile, se están manifestando rasgos de estabilización debido al referéndum para promulgar la nueva constitución y en Bolivia se ha consagrado un nuevo gobierno luego del golpe cívico-militar. En torno a la crisis venezolana las últimas elecciones —que han tenido como característica la falta de sustancialidad democrática y de escasa afluencia del electorado— ha generado el rechazo de numerosos países del continente. En cuanto a Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador se muestran más estables a pesar de las coyunturas propiciadas por la pandemia.
Ahora bien, cabe formular los siguientes interrogantes sobre ¿cómo repercutirá la estrategia de la República Popular China en América Latina? considerando subyacentemente que las potencias occidentales, en especial Estados Unidos, reformulen sus criterios y acciones en las relaciones internacional con el gigante asiático. Paralelamente suponer si ¿Son los instrumentos económicos utilizados por China una llave de acceso para el posicionamiento estratégico militar en América Latina? Y reflexionar si ¿Pueden los países de Latinoamérica sostener los vínculos económicos con China sin ceder en el plano político y militar, especialmente cuando se intensifica la inversión extranjera directa del país asiático en toda la región?
Intereses estratégicos claves de la expansión China y vulnerabilidades latinoamericanas pivotantes
En el último tiempo, muchos países de América Latina vienen definiéndose dentro de la llamada “neutralidad activa” frente al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, en cierto sentido, marca una aceptable cautela responsable por parte de los países que deben sostener las relaciones bilaterales de manera armónica con ambas potencias. Empero, si a futuro el conflicto llegara a desbordar hacia el plano político y militar, resultará complejo para los gobiernos de la región sostener dicha neutralidad. En otra categorización asociada, resulta atractivo para muchos gobiernos de la región acceder a los recursos que ofrece China para llevar adelante planes, programas y proyectos de políticas públicas; ya que suponen capitales con menores exigencias burocráticas, pero que se ciñen en las demandas de orden estratégico de mediano y largo plazo en favor de Beijing.
Relevando y considerando el histrionismo decisorio de las elites políticas actuales de la región, podría consentirse al gigante asiático a tejer una profunda red de vínculos de dependencia heterogénea con los diferentes gobiernos —que se manifiesten permeables— y logren definirse políticamente con China en el plano diplomático. En esa misma línea, debería inferirse en un hipotético escenario futuro de subordinaciones plenas o forzosas al régimen chino. Ya que como se conoce, no se sustenta en los valores de las democracias occidentales y que en el caso de Latinoamérica —con las experiencias de inestabilidad que existe en Perú, la ocurrida en Bolivia y la profundización de los regímenes en Venezuela, Cuba y Nicaragua— promocionan una mayor penetrabilidad para la injerencia externa en la región. Sumando una escalada de tensiones con EE.UU.
En el abanico de países de la región pocos podrían diferenciar y marginar por un lado, las “relaciones comerciales” y por el otro, “las alineaciones políticas en las relaciones exteriores” si confluyesen en la dependencia económica y financiera con China. En este sentido, estarían forzados en el futuro a apoyar fácticamente a Beijing en los escenarios de conflicto internacional, a pesar de las contraindicaciones que surjan con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos, que concibe al continente como un espacio geográfico vital. Un ejemplo de ello, es la búsqueda itinerante de apoyo internacional a China para desconocer la soberanía de Taiwán a cambio, claro está, de ayudas en el plano de la cooperación económica. La evidencia explicita se cristaliza en la penetración de la ayuda bilateral china en los países más frágiles del Caribe y América Central que han roto los lazos diplomáticos con Taiwán (Costa Rica, Panamá, Rep. Dominicana y El Salvador). Vale recordar que Cuba soltó lazos con Taiwán en la década de 1960. En sintonía con lo descrito, la degradación del multilateralismo en el continente americano facilitó a China expandir su influencia mediante acuerdos independientes con cada país receptor.
En lo atinente a los intereses chinos en América Latina podemos decir que hasta la actualidad se han centrado en el intercambio comercial del sector primario (materias primas) y secundario (productos industrializados). Sin embargo, el sector terciario (servicios) se encuentra en expansión. Vale destacar también, el incipiente incremento de las inversiones directas, indirectas y de portafolio que poseen los actores económicos chinos en la región. Sin olvidar los apoyos de China para obtener y facilitar líneas crediticias en el espectro financiero (banca comercial y banca de desarrollo). Entre los datos más destacados China desde 2005 a 2018 ha prestado la suma de 141 mil millones de dólares en la región (GALLAGHER Y MYERS; 2018). La iniciativa china llamada de Franja y Ruta sirve de plataforma multiplicadora para facilitar el desarrollo de su estrategia en América Latina.
China durante la pandemia del Covid-19: ocho actitudes ostensibles.
1. Durante las últimas siete décadas han brotado de China numerosas epidemias como: gripe H1N1, gripe aviar H5N1; gripe de Hong Kong H3N2; Gripe Asiática H2N2; SRAS; Covid-19 (SOTERAS; 2020). Estos fenómenos de orden sanitario ponen en tela de juicio diferentes responsabilidades, actitudes políticas y éticas del gobierno de la República Popular China frente al mundo.
2. En su discurso político, el gobierno de China ha intentado mostrarse como una “potencia colaborativa” con el mundo aunque no ha realizado aportes sustanciales de cooperación a los países más pobres del planeta; entre los que se incluyen muchos de América Latina y el Caribe. Por el contrario, el gobierno chino ha especulado con la información desde el inicio del brote en Wuhan y se ha visto beneficiada económicamente por la venta de bienes de capital e insumos de la salud en el mercado internacional de modo exponencial.
3. China no ha publicado información sobre el origen del Covid-19 y el impacto real en su población.
4. El gobierno chino no asimiló ninguna responsabilidad jurídica por la propagación silenciosa en los primeros meses de la pandemia que afectó catastróficamente a Europa y luego al planeta.
5. China durante el 2020 crecerá 1,9% en su PIB. Mientras que el resto de los países se verán retrotraídos en su economía y conseguirán recuperarse normalmente en 2022.
6. La pandemia se sumó como una variable más al conflicto entre EE.UU. y China. Tópico que compete seriamente a los países de América Latina y el Caribe en la construcción de vínculos con la potencia continental.
7. La agenda China en América Latina no cesó durante la pandemia aunque numerosos proyectos de infraestructura se lentificaron. En países como Argentina la agenda bilateral con China mostró un dinamismo relevante. Otros casos como el de Jamaica han elevado la alerta de EE.UU.
8. Las cuarentenas desplanificadas afectaron objetivamente las economías occidentales y en especial a los países latinoamericanos donde se resintieron las cadenas de valor, la producción y la dotación de servicios en todas las ramas de la economía, dejando a millones de personas sin trabajo. Mientras que en China no hubo detenimiento del sistema productivo a pesar de haber exteriorizado el cumplimiento de los protocolos sugeridos por la OMS, y en el caso de Wuhan, se retomaron las actividades en su plenitud rápidamente.
China y la provisión de armamento en América Latina: Algunos elementos que van “más allá del negocio”.
Desde el inicio del siglo XXI los países latinoamericanos y caribeños han comenzado a abastecerse del sector industrial militar chino. Si bien los contratos que se han realizado en estos últimos veinte años no han sido cuantiosos, muestra el interés de la potencia asiática para abrir y expandir nuevos mercados que latentemente pueden sumar demandas en dicho sector. Entre los países que han adquirido material militar se encuentran, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. A propósito, debe acentuarse que los estados que poseen embargos de armas o impedimentos se encuentran intensificando su relación en el sector de la industria militar con Beijing.
A primera vista, la expansión del mercado de armas chino en la región no se presenta como un hito en el intercambio tecnológico (menos en su transferencia), pero si manifiesta un interés por ampliar su influencia estratégica. De hecho, China comienza a potenciar sus relaciones en la región compitiendo con Rusia, quien también se presenta como potencial aliado político y proveedor de sistemas de armas.
Debe enfatizarse que la expansión regional de China (inicialmente basada en el intercambio) aumenta las tensiones con EE.UU. debido a que, la penetración de Beijing, comienza a intensificarse en los aspectos políticos y militares, que si bien no se ha materializado con la instalación de bases, muchos países concuerdan ideológicamente en su rivalidad con los Estados Unidos. De manera implícita, el estado latente de un conflicto militar entre EE.UU. y China debe tenerse en consideración y, en el caso de materializarse, la región latinoamericana y caribeña tomaría un rol protagónico como sucede actualmente en el Mar de la China Meridional, donde muchos gobiernos de la región han cristalizado su postura antagónica con China en las relaciones internacionales (es el caso de India). ELLIS, E. (2020) sostiene: En el contexto de hostilidades a gran escala con los Estados Unidos u otras potencias importantes, las relaciones militares de la República Popular China en la región probablemente se utilizarían en todas las etapas de la campaña de alcance global necesaria para librar ese conflicto. Las relaciones militares se podrían utilizar junto con la influencia política y económica para convencer a los estados de la región de que apoyen la posición china, o al menos, de abstenerse de apoyar a los Estados Unidos, ya sea a través de votos en órganos internacionales, apoyo económico o financiero.
Consolidación de la estrategia en América Latina y el Caribe: posibles impactos futuros.
a. En primera medida, China persigue el objetivo de aumentar el vínculo económico incrementado paralelamente la influencia política en un esquema de dependencia escalonada: mediante inversiones directas, el comercio exterior, las finanzas y los grandes proyectos de infraestructura, etc. Es decir, que América latina y el Caribe se presentan como una extensión de la Franja y Ruta (KOOP; 2019). Empero, no hay que perder de vista que la envergadura de China (en todas sus variables) provocará en los países una situación de dependencia profunda amplificada por concepciones de la política y las nociones del poder que para los modelos democráticos latinoamericanos está en las antípodas (a excepción de Venezuela y Cuba). De hecho, el modelo autoritario chino va en la vía contraria a la democracia occidental, principalmente porque el régimen de Beijing ve como inadmisibles a las ideas que no estén contenidas en la ideología comunista. La “anulación de la heterogeneidad” es la principal diferencia que tiene el régimen chino con las concepciones occidentales en el campo de la ideología y la representatividad política.
b. Las potencias occidentales podrían esbozar y ejecutar medidas para morigerar o detener el avance chino: probablemente, en la etapa post Covid-19 se establecerán nuevas alianzas estratégicas a nivel internacional que aglutinen a los países que observan una amenaza real de China en el campo político-militar. Las potencias occidentales reconfigurarán la perspectiva sobre Beijing luego del trágico balance negativo que presente la pandemia y sus derivaciones en el plano económico y político.
c. Sería notorio que aquellos países de Latinoamérica y el Caribe que decidan alinearse políticamente con China —fomentando su estrategia global— resientan las relaciones bilaterales con las potencias del hemisferio occidental. Quedando relegadas en todos los lineamientos del desarrollo económico promovidos por EE.UU. y Europa. Las alineaciones en el campo estratégico-militar que se establezcan a futuro con China, de parte de los países latinoamericanos, resultarían un punto de inflexión para la historia del hemisferio americano y provocarían una escalada de tensiones —que no solo se restringirán a la relación bis a bis con EE.UU.— sino también entre miembros de las subregiones.
d. El acercamiento de algunos países latinoamericanos a los intereses estratégicos de China, a cambio de recursos e inversiones, obligaría a EE.UU. a tomar medidas que pueden variar de acuerdo con lo perjudicial que se manifiesten a corto y mediano plazo.
e. Luego de la pandemia es probable que aumente el descontento social y político hacia China por los efectos del covid-19 en los países occidentales. Algunas encuestas en Europa ya marcan esta tendencia social que impactará en la toma de decisión política a corto plazo, ya sea por demandas sociales o como un instrumento de discurso y acción gubernamental.
f. Si bien, China posee una exitosa estrategia económica a nivel internacional y muestra una voracidad notoria en el plano del comercio internacional, todavía no ha logrado sintonizar políticamente en la mayoría de las regiones del mundo en el espectro ideológico y cultural. En este último punto, China intentaría plantear nuevos modos de inocular su cultura desde una perspectiva más explícita. Dar inicio a una nueva manifestación para la propagación de la cultura china como pivote para la consolidación de su estrategia global en el campo político y económico.
g. Desde el punto de partida práctico, las relaciones bilaterales con China tienden a ser disfuncionales porque los modelos de gobierno y planificación son opuestos. Mientras la mayoría de los países de América Latina planifican a corto plazo, China lo hace a largo plazo. En este sentido, la estructura de negociaciones de orden político quedan desequilibradas porque las demandas de China responden a una visión estratégica de orden mundial y los planes de los países latinoamericanos a una agenda de corto plazo orientada a medidas paliativas de orden económico que impacte en la política interna. Vale recordar que China ya es un gran socio comercial en la región y eso le permite utilizar su posición para exigir el cumplimiento de demandas que exceden el carácter económico.
h. Es factible que las tensiones que se den en el futuro incorporen medidas para readecuar el comercio internacional y prescindir de las manufacturas producidas en China para reducir paulatinamente la dependencia en las cadenas de valor global.
i. La puja económica en el mercado global y la consolidación en América Latina: el enfrentamiento por la supremacía tecnológica y el dominio del ciberespacio; la explotación de minerales; las inversiones en energía e infraestructura de grandes obras públicas; la participación en el sector del acero y el cemento; evolución de la compra de alimentos a estructurar bases en los agronegocios con la adquisición de tierras; incrementar la participación en el sector financiero; y dominar las cadenas de valor global, podrían ser algunos elementos de fortalecimiento de la agenda china en América Latina para el futuro inmediato. Como también, el interés chino por controlar e influir en distintos puntos estratégicos del globo que podría materializarse obteniendo concesiones de vías navegables y la inversión en infraestructura portuaria, tanto en Sudamérica como en los países del Caribe.
j. Optimizar el rol de China para ganar mercados del sector de industrias de defensa y estimular un esquema de donaciones de material militar a fuerzas armadas de latinoamericanas como gesto diplomático.
k. Con el objetivo de establecerse firmemente en el continente americano definirá, recurrirá e intensificará planes integrales en las económicas latinoamericanas que se mantendrán deprimidas económicamente en la etapa posterior a la pandemia.
La pandemia del Covid-19 continúa transfigurando al mundo en todas las variables y repercutirá en los países occidentales, en especial Latinoamérica que ha sufrido en el plano sanitario y económico de manera aguda. En este contexto, la estrategia de la República Popular China en América Latina toma auge para posicionarse en el área de influencia de EE.UU. mediante mecanismos de cooperación económica que pretenden consolidar también la presencia estratégica en la región.
Por ende, debe considerarse que las potencias occidentales, en especial EE.UU., reformulen sus criterios y acciones en las relaciones internacional con el gigante asiático. Hay que considerar que los instrumentos económicos utilizados por China son una llave de acceso natural para el posicionamiento estratégico militar en América Latina debido a que los países tendrán como condiciones implícitas el apoyo a Beijing en el futuro, en estos términos, y como ya lo han hecho muchos estados de la región en los organismos supranacionales, la alineación económica confluirá, para muchos países, en una alineación política y militar.
* Especialista en Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia. Licenciado en Ciencia Política, con especialización en Administración Pública, por la Universidad Nacional de Rosario, Obtuvo el título de posgrado de Magister en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional Argentina (UNDEF). Ha cursado la Maestría en Gestión de la Ciencia, La tecnología y la Innovación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conforma el Comité Nacional de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad integrada (CAPSI), siendo el coordinador de cooperación Internacional.
En el año 1820 se iza el pabellón nacional en Malvinas y, las Provincias Unidas en Sud América, todavía estaban en posesión de los archipiélagos. En el 1833 los británicos ocupan Malvinas, un territorio de 11.410 km2 y, las aguas circundantes, hasta una distancia de tiro de cañón. Desde 1982 y con el correr de los años, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) tiene ocupado 1.639.900 km2 del mar argentino, es decir el 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, a lo que hay que agregarle, la disputa que enfrentamos con el Reino Unido por 1.430.367 km2 de la Plataforma Continental, que la Comisión de Límites de la ONU no recomendó a favor de nuestro país sobre el total de 1.782.000 km2 que el gobierno argentino en 2009 solicitó se le reconozca por fuera de las 200 millas, de acuerdo con lo previsto en el art. 76º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), sumándose finalmente a ello la pretensión del Reino Unido sobre la Antártida Argentina, un espacio del orden de las 965.597 km2, más las aguas correspondientes.
La ocupación del 52% del territorio marítimo en la ZEE Argentina equivale a la ocupación de la Patagonia, La Pampa, San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa. No parece que Brown, Güemes, Artigas, San Martín, Belgrano y otros tantos próceres hubiesen permanecido indiferentes ante la ocupación de tanto territorio.
A todo ello, hay que agregarle la licitación de 100.000 km2 en áreas petroleras de la Cuenca de Malvinas Oeste entre Malvinas y el territorio continental argentino, donde, en 2019 se adjudicaron espacios (sin evaluar el impacto ambiental ni los efectos sobre la pesca) para la explotación offshore a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, que fueron concesionadas en abierta violación a la ley Solanas (Nº 26.659) que, junto a los archipiélagos ocupados se constituye en un block bajo control del Reino Unido en la parte meridional del Atlántico Sur. Una zona estratégica por su relación con el área en disputa y la Antártida, pero también, porque al haberse incrementado el tránsito de grandes buques portacontenedores y otros hacia el pacífico utilizan el Estrecho de Magallanes, ya que por su tamaño no pueden utilizar el Canal de Panamá.
Este escenario se agrava, porque se ha formado una sociedad británica-española en Malvinas con la constitución de compañías mixtas para explotar los recursos naturales renovables que está produciendo un importante desarrollo en las islas, que podrían, en un futuro, establecerse como un epicentro operativo y logístico de explotación pesquera en el área patagónica del mar argentino; teniendo en cuenta la alta concentración de recursos pesqueros en la zona. En una evidente estrategia de consolidación en la región, el gobierno ilegal británico ya ha construido un puerto en Georgias del Sur y está iniciando la construcción de un Puerto en Malvinas destinado a operar buques pesqueros, turísticos, de investigación y defensa. Al margen de esto, está realizando obras destinadas a almacenamiento y de generación de energía, entre otras.
Deberíamos prestar mucha atención a estas sociedades, porque el 95% de las extracciones pesqueras de Malvinas del orden de las 250.000 toneladas/año, por un valor estimado en unos 600 millones de dólares/año, terminan en el Puerto de Vigo (España) y desde allí se distribuyen a toda Europa; es decir, que en el caso de que el Brexit finalice sin acuerdo —Brexit duro— y se termine el libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, las materias primas de las islas podrían seguir ingresando y comercializándose sin aranceles en Europa al utilizar la bandera española. Aparte de ello, hasta el momento, los británicos se han limitado a la entrega de licencias (el escalón más bajo de la actividad, como vender ganado en pie), porque a los españoles y también a los coreanos y a los taiwaneses, no les interesa industrializar y agregarle valor en las islas, pero de hacerle, podrían avanzar en forma importante en su consolidación en las islas.
El perjuicio económico y social que le causan a la Argentina las extracciones de nuestros recursos vivos es gravísimo. Tomemos como ejemplo, el daño que le causa a la Provincia de Tierra del Fuego la captura en Malvinas de 68.072 toneladas/promedio/año del calamar loligo (Doryteuthis gahi) que desde el año 1982 al 2020 alcanzó un valor de 16.787,9 millones de dólares (441.788 millones de US$ por año); más los daños por pérdida de chance; y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales por valor US$ 224.720.874 (7.022.527 US$/año), con los cuales podemos imaginarnos el desarrollo que podría haber alcanzado Tierra del Fuego de disponer de esos fondos. Montos anuales que representan once veces el presupuesto de Río Grande. Además, habría que agregar las acciones negativas sobre la ecología de las especies depredadoras y presas que también son capturadas en Malvinas o fuera de ella.
Por supuesto que hay que evaluar también los daños derivados de la explotación de hidrocarburos y minerales.
Por otra parte, debido al horrible pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó a la compañía aérea LATAM un vuelo semanal a San Pablo, una ciudad que, con el Gran San Pablo, representa la economía más importante de Suramérica después de Brasil. Con 46 millones de habitantes, 30 de los cuáles son ABC1, es un Estado que podría absorber toda la producción de Malvinas o bien constituirse en un distribuidor hacia y desde todos los países desarrollados del mundo.
A las capturas que se realizan en Malvinas debemos agregarle unas 750 mil toneladas anuales que se capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur por parte de buques españoles, chinos, coreanos, taiwaneses y otros sin acuerdo con los Estados ribereños (Argentina y Uruguay), lo que junto a las extracciones de Malvinas totalizan el millón de toneladas anuales por un valor del orden de los US$ 2.600 millones que se extraen ilegalmente del Atlántico Sur. Es decir, por encima de las exportaciones argentinas que alcanzan entre US$ 1.800 y 2.000 millones por año.
Esta pérdida de recursos implica un daño económico, laboral y alimenticio muy importante; pero si evaluamos solo los descartes de 300 mil toneladas por año en la ZEE con su aprovechamiento le permitiría a la Argentina alimentar con la mejor proteína a tres millones de niños y adolescentes por día durante todo el año. La pérdida de soberanía alimentaria adquiere una especial significación en una Argentina con 40,8% de pobres y 8,9% de indigentes.
Por su parte, ayudando a las operaciones de los buques que realizan capturas ilegales en Malvinas y en el Atlántico Sur, el puerto de Montevideo le presta apoyo para el recambio de combustible; reemplazo de tripulaciones; transbordo de las capturas; armado y reposición de alimentos; incorporación de insumos y, reparación de los buques, etc. Las autoridades de Montevideo discuten si los buques que se atienden sus puertos son ilegales, pero a mí no cabe la menor duda de ello.
Tampoco las autoridades argentinas y uruguayas entienden la gravedad que de su ZEE y de las adyacentes —sobre sus recursos migratorios y asociados—, se extraigan un millón de toneladas por año, sino algo deberían haber hecho todos estos años.
Son ilegales las extracciones en Malvinas y las que se realizan en la Alta Mar. En el caso de los buques que operan en el área de Malvinas, basta decir que el Reino Unido ha incumplido con las Resoluciones de la ONU 1514/60 (“1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las N.U. y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales (…) 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las N.U.”) y 31/49 (“4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII)”) y cuando operan dentro o fuera (en la Alta Mar) de la ZEE Argentina —aplica también a los que lo hacen en Malvinas— ya que son ilegales (INDNR) porque transgreden varias normas, entre otras la de no ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la pesca de especies migratorias desde la ZEE y las asociadas a éstas, respecto a su depredación y quiebre del equilibrio integral; pero, también, por no tener observadores ni inspectores a bordo; no realizar procesos garantizados de trazabilidad para conocer con certeza el origen de las capturas; desconocerse qué tipo de elementos se utilizan para la captura y, si las mallas de las redes, son adecuadas para el escape de juveniles o evitar la pesca incidental o que, en función del tipo de buque, maniobras de pesca o especie, no garanticen la pesca sostenible y causen depredación; se capturen ejemplares de especies de talla inferior que impida su desarrollo y reproducción o en volúmenes de captura que provoquen un desequilibrio de la biomasa; no esté garantizado que no se descartan en el mar peces capturados o desechos contaminantes o sin el tratamiento adecuado, en contra de las prácticas de pesca responsable y el mantenimiento saludable del medio marino; no se capturen especies migratorias originadas en la ZEE, pudiendo en consecuencia, interferir en su normal desarrollo y reproducción; no se asegure si se realiza pesca sin causar estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos o se realicen prácticas sin control que puedan atentar contra la sostenibilidad del recurso pesquero y contra la pesca responsable.
Entre ellos los españoles, que hay que imaginar un aumento creciente de sus buques congeladores arrastreros de larga distancia en el Atlántico Sur, ya que, a partir del Brexit, el Reino Unido, que tiene una balanza pesquera equilibrada con la Unión Europea y quiere reservar sus aguas para sí y en especial para Escocia; vender las cuotas que puedan sobrarle y no dar libre acceso a la pesca, va a provocar un éxodo de la flota española y otras; además, que la Unión Europea prevé reducir las cuotas de captura entre un 13% y un 15% en aguas comunitarias.
A los buques españoles que desembarcan en Montevideo se le agregan los chinos, que con una flota subsidiada en el mundo de 16.000 buques pesqueros, están realizando pesca ilegal (INDNR) y presagian una pesca depredatoria en el Atlántico Sur cuando pretenden construir un puerto franco en Uruguay, donde, además de atender la logística y reparación de un número impredecible de buques pesqueros de esa nacionalidad, podrían —de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou— constituir una suerte de Centro Regional (HUB), cuyo alcance y efectos negativos sobre la industria nacional, es impredecible. La presencia de empresas portuarias y pesqueras chinas y un puerto franco en Uruguay podría producir efectos muy negativos en la Zona Común de Pesca y en la administración de la biomasa total del Atlántico Sur.
La ocupación territorial del Reino Unido, la sociedad británica-española en Malvinas, la pesca ilegal de chinos, coreanos, taiwaneses y españoles. el apoyo de los puertos de Uruguay y una eventual construcción de un puerto chino en ese país coloca a la Argentina (y también a Uruguay), en una situación de gravísima pérdida de soberanía en el Atlántico Sur, pero no es todo.
En los Acuerdos de Madrid se limitó el movimiento de la Armada y de la Aviación Argentina y no impidió que el Reino Unido instalara en Malvinas una base misilística de la Real Fuerza Aérea, con dos pistas de aterrizaje en “Monte Agradable” a lo que se le agrega, una fuerza naval e instalaciones portuarias de aguas profundas en “Puerto Yegua”; un sistema de radares; misiles tierra-aire Rapier; un patrullero oceánico; un buque tanque logístico y un buque oceanográfico; cuadro aviones caza Eurofighters Typhoon, dos helicópteros de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, un avión de transporte aéreo táctico y 1.200 militares para operar todo el sistema defensivo y una potencial invasión al continente argentino. Todo ello, contrasta totalmente, con el estado de nuestras fuerzas navales, aéreas y de seguridad en el país, las que se encuentran incapacitadas para controlar los 3.146.345 Km2 de ZEE, las aguas de la Antártida; los pasos al Pacífico y, en especial, el Estrecho de Magallanes.
Hasta principios de este año el Reino Unido utilizó el conocimiento y los recursos humanos y técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero para hacerse de información biológica y sensible de los recursos pesqueros de la región y poder seguir sosteniendo el otorgamiento de licencias que le permitir sustentar la economía de las islas.
Una obra central para la pesca y para el comercio de otras actividades productivas fue el inicio, a fines del siglo XIX, del Puerto de Mar del Plata inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. Hoy a la Argentina le faltan puertos de aguas profundas; muchos están saturados y no tienen capacidad suficiente; varios, no tienen una adecuada profundidad y requieren un dragado permanente o tienen una tecnología obsoleta; la mayoría están carecen de servicios para realizar las operaciones en forma eficiente.
En 1799 se inauguró a instancias de Manuel Belgrano la Escuela Náutica. En 1953 se creó por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfirió el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se iniciaron las obras del buque Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas ARA Piedrabuena y ARAAzopardo se botaron en 1953 y 1954 y, en 1962, se construyó la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyeron casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos desfinanciaron la actividad.
El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990. Hoy la Argentina no tiene compañías navieras, flota mercante ni fluvial y, consecuentemente, todo el Comercio internacional de mercaderías del país está en manos de empresas extranjeras, transfiriendo los fletes a terceros países. La dependencia en esta materia es de una debilidad importante, fundada en la falta de voluntad política de mantener los Astilleros y la flota nacional.
Además de ello, la situación económica, financiera, crediticia e impositiva de la Argentina llevó a construir en los últimos años buques de España, Francia e Israel destinados a la pesca, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, pese a la existencia en la Argentina de astilleros privados y públicos. Mientras, en un verdadero contrasentido, exporta el 65% de los productos pesqueros con bajo valor agregado y, transfiere la mano de obra a países de Suramérica que reprocesan las materias primas o, a países desarrollados, como en la época de la colonia, donde España canjeaba bebidas, armas y otros elementos a los países africanos; estos le entregaban esclavos que se trasladaban en forma infrahumana al Virreinato y, desde Montevideo y Buenos Aires le enviaban cueros, tasajos, charquey otras materias primas baratas a España, producidas con la mano de obra esclava. Un círculo virtuoso para España que la Argentina sigue aplicando con España y otros países como si 200 años no hubieran pasado. La Argentina le regala la mano de obra a los mercados más exigentes del mundo a pesar de tener una desocupación del 9,1% y de tener en la Patagonia los más bajos índices de población (el 6%) y de densidad poblacional (3 hab/km2).
En 1970 el 100% de las empresas eran nacionales, fundadas por inmigrantes italianos, españoles o belgas, hoy siete de las diez primeras empresas exportadoras son extranjeras, españolas, chinas, noruegas, americanas. El problema, no es que sean capitales extranjeros radicados en la Argentina; el problema reside en que sigamos llevando adelante un modelo extractivo, con bajo valor agregado, regalando a terceros países la mano de obra argentina y comprando buques y otros insumos fabricados fuera del país.
Otro tanto pasa en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde es de esperar que, a partir que la administración a cargo del gobierno nacional y de las provincias del litoral, se revierta la situación de extranjerización del transporte en el río Paraná y en el Río de la Plata, incluso del dragado y la falta de integración con el Atlántico Sur y sus puertos para la promoción y el abaratamiento de los fletes de las economías regionales del litoral fluvial y marítimo patagónico y, desde éstos, al mundo. Por su parte, las Convenciones, Acuerdos, Convenios, Pactos y Hojas de Ruta que aprobó la Argentina o sus funcionarios, condicionaron y condicionan al país. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) era un ordenamiento necesario para la pesca, pero, la negociación entre los Estados no evitó que los buques de los Estados de Bandera se sigan haciendo de los recursos migratorios de los Estados ribereños en la Alta Mar y que, consecuente, rompan el equilibrio del conjunto del ecosistema, que el propio preámbulo de la CONVEMAR trata de preservar. También el Acuerdo de Nueva York que instala las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) y el Convenio de Puerto Rector que, por su organización, pretenden delegar en los Estados de Bandera la administración de los recursos de los Estados ribereños, incluso en la ZEE y, en el caso puntual del Atlántico Sudoccidental, le abre la puerta al Reino Unido a la administración de los recursos en el mar argentino, en total violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Ya nos hemos referido al Pacto Foradori-Duncan que profundiza los Acuerdos de Madrid, donde se pretende que los argentinos contribuyan al desarrollo de Malvinas y eliminen todos los obstáculos y deja de manifiesto qué tan presente está el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” suscripto en 1825 por las Provincias Unidas del Río de la Plata y “su Majestad Británica” y el Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones” firmado por la Argentina y el Reino Unido en 1990 en el marco de los Acuerdos de Madrid y, aprobado por Ley 24.184 de 1992 marcando el quiebre de nuestra soberanía política y la ratificación de nuestra dependencia económica.
Todos estos Acuerdos, etc., están en total contradicción con la Resolución 41/11 del 27 de octubre de 1986 de las Naciones Unidas donde se declaró al océano Atlántico como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), por el cual, todos los países de la costa occidental de África y los de la costa oriental de Suramérica establecieron la necesidad de cooperar sur-sur y —por unanimidad— la prohibición de militarizar y usar armas nucleares en el Atlántico Sur, cuestión que el Reino Unido se niega a respetar.
Se agrega una relación inestable de Argentina con los países del MERCOSUR y una política de integración inexistente con Chile, a pesar del Tratado de Paz y Amistad de 1984, situación que debería revertirse, con el objetivo de acordar políticas respecto al área Austral y la Antártida.
El bajo consumo de pescado (6 kg per cápita por año), muy por debajo del consumo promedio mundial (19 Kg per cápita por año), no puede ser tampoco obra de la casualidad y, es una política destinada a desinteresar a los argentinos de todas las cuestiones marítimas y desatender la dominación que, potencias extranjeras —entre ellas el Reino Unido— ejercen en el Atlántico Sur. La educación y la comunicación de los argentinos es deplorable y les han hecho creer que los británicos tienen ocupadas Malvinas (11.410 km2) y nada o muy poco saben de las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Plataforma Continental, la Antártida y de los 1.639.900 Km2 de la ZEE que tiene ocupados el Reino Unido.
En lo interno, nuestra situación económica, social y sanitaria no ayuda. Una deuda externa de US$323 mil millones; una población del 7,4% al 19,4% con NBI; trabajan informalmente 5 millones de personas; el 36% de la población recibe atención pública; un 27,8% de la población no tiene vivienda propia; el 16,1% carece de agua potable de red y. hay una tasa de mortalidad del 7,5%o.
La baja jerarquía en la estructura orgánica del gobierno nacional (Subsecretaria de Pesca) para tratar las cuestiones pesqueras y la necesaria estrategia respecto a los terceros países que pescan en el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas con Cancillería, demuestra el poco valor que le dan a esta actividad los distintos gobiernos y el reiterado desconocimiento de éstos, del importantísimo rol de la pesca en la recuperación de la soberanía en Malvinas. El 16 y 17 de agosto de 1989, Lucio García de Solar, un acreditado embajador retirado, uno de los autores del dictado de la Resolución 2065/65 de las Naciones Unidas, acordó con el embajador británico Crispin Tickell quién le requirió: “no decir nada en público sobre la zona de protección de pesca (FICZ)”, a lo que García del Solar le respondió: “La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ…”.Ello fue un craso error y en 2012, el entonces director ilegal de pesca en Malvinas, John Barton, declaró públicamente: “sin la pesca no hubiéramos sobrevivido”.
Del mismo modo, entiendo que, sin pesca, no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
