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PATAGONIA: UN ENFOQUE EQUIVOCADO

Marcelo Javier de los Reyes*

Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.

Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.

Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.

Sargento Ayudante José Eduardo Aigo

El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.

Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].

Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].

En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].

Los araucanos

Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.

A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.

Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.

Aculturación e invasión de La Pampa

Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.

Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».

Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.

Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.

Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.

Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.

La situación actual

Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.

Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.

Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.

Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].

[2] «Caso Aigo: los prófugos habrían difundido un comunicado». Río Negro, 15/06/2012, https://www.rionegro.com.ar/caso-aigo-los-profugos-habrian-difundido-un-comunicado-LQRN_898838/, [consulta: 13/10/2022].

[3] Ídem.

[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.

[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.

[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.

[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.

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EL FENÓMENO MAPUCHE

Comandante Espuela (Revista “Tiempo GNA”*)

En 1879 con la Campaña al Desierto el General Julio A. Roca eliminó la amenaza indígena desde el sur de las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta el Río Negro. Durante un siglo se vivió en paz y las salvajadas de los malones fueron olvidadas. Pero hacia 1990, con el colapso del mundo socialista, el tema del indigenismo, repentinamente cobró vigencia.

A partir de ese momento, financiados y apoyados por intelectuales y fundaciones europeas, este grupo comenzó a demandar entrega de tierras, también al derecho a una reparación patrimonial histórica y al derecho de autogobierno. Para la policía de Chubut todo comenzó el 28 de diciembre de 2014 cuando un grupo de 4 encapuchados interceptó un camión en El Maitén sobre la Ruta 40. Gritando consigas separatistas del RAM, bajaron a golpes al conductor y arrojaron una bomba molotov al camión, incendiándolo completamente. Los RAM enfrentan denuncias penales de todo tipo por provocar más de decenas de incendios, robar ganado y atentar con armas de fuego contra empleados de la Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de Benetton. También atentar contra la GNA. Habría recibido millones de pesos a través de fundaciones extranjeras y argentinas. De otra forma no podría operar.

Pero aquí cabe un análisis, la fisonomía actual de un mapuche es la de un nativo de piel cobriza, estatura baja, que camina sin armonía, de pocas palabras y no es en absoluto el guerrero peligroso de otros siglos.

El encapuchado de la foto no es de piel oscura, más bien tiene aspecto de un latino y se cubre para que no se advierta su origen. Esto hace pensar, ¿si realmente el RAM es una organización pura de origen mapuche o también tiene personajes de ciudad, incluso de regiones más cálidas…? 

¿Un segundo frente?

Por una cuestión de imagen internacional, el gobierno de Chile, y el de Argentina, saben que para no afectar la llegada de inversores extranjeros, no pueden aceptar la existencia de un grupo guerrillero operando en su territorio.

Por ello y al igual que un incendio deberían extinguirlo antes que sea demasiado tarde, de lo contrario se corre el riesgo de tener dos frentes: uno en el norte con el narcotráfico y otro en el sur con una guerrilla.

Una guerrilla es igual que un incendio, si no se lo extingue a tiempo se descontrola y todo lo destruye. 

Lógica pura

Pensar que Chile y Argentina en el siglo XXI van a ceder graciosamente una parte de su territorio a una fracción separatista mapuche es tan disparatado como gracioso.

 

* Revista independiente para el personal de la GNA, Tiempo GNA, Nº 62 bis, noviembre de 2021.

 

EL PODER CENTRAL PESQUERO ADMINISTRA MAL E IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS

César Augusto Lerena*

La administración por parte del gobierno nacional se origina con una legislación pesquera nacional inconstitucional, a cuyo amparo el Subsecretario de Pesca y Presidente del Consejo Federal Pesquero regula la actividad en forma central, en lugar de representar los intereses proporcionales de las provincias del litoral marítimo y, distorsionando la aplicación de las normas nacionales y provinciales referidas a la actividad pesquera, la sustentabilidad del recurso y el desarrollo previsible y sostenido de los pueblos y ciudades que debieran vivir de esta actividad.

Las facultades y derechos de estas provincias quedaron conculcados a partir de 1998 cuando se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca (Nº 24.922), a través de la cual, la Nación mal administra los recursos pesqueros, se apropia de aranceles y derechos económicos derivados de la explotación de los recursos provinciales, ocasionándoles un daño gravísimo al impedirles un desarrollo planificado y, la aplicación de políticas industriales que den sustentabilidad económica y social a sus comunidades.

Resulta inadmisible, en especial para las provincias patagónicas —donde la pesca, debiera ser un recurso sustancial en sus economías— que estas se vean limitadas en sus desarrollos y sufriendo dificultades económicas por las políticas centrales que, gastando ingentes sumas de dinero para sostener la burocracia nacional, no solo se apropian de las autonomías regionales —además de encarecer la actividad productiva— sino que las dejan a merced de una voluntad autocrática carente de imaginación y de un proyecto federal.

Como ejemplo, podemos decir que la Provincia de Chubut, por estas políticas, desde 1998 a la fecha ha tenido un perjuicio económico del orden de los $ 21 mil millones, suma derivada de la imposibilidad de percibir derechos, de pérdidas industriales por depredación, menor producción y falta de radicación industrial y su consecuente falta de percepción de ingresos brutos, a la par de una pérdida de unos 9,2 millones de horas de mano de obra local, es decir unas 462 mil horas anuales. Todo ello, sin discutir una posible coparticipación (caso soja) de los derechos de las exportaciones de los productos originarios de la Provincia que podrían ascender a unos $ 687 millones anuales.

Nada puede esperarse de este modelo pesquero de administración central que lleva ya 50 años, profundizado con la sanción de la Ley 24.922 que concentró la decisión y los recursos en pocas manos e impiden una mayor distribución y un crecimiento exponencial de la actividad.

Accesoriamente a ello, el Subsecretario de Pesca de la Nación y sus antecesores, han sido pésimos administradores, a la par de utilizar nuevas formas de concentrar la pesca y reducir el valor agregado, a contramano de las necesidades de empleo de Argentina.

Mientras que la ilegal Dirección de Pesca de Malvinas administra la captura de unas 200/250.000 toneladas anuales desde dos contenedores, nuestro Subsecretario recauda un promedio de 200 millones de pesos anuales provenientes del aporte de las empresas y, en el período 2016-2019 recaudó $ 868.901.268, es decir, que desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 a los valores actuales se recaudaron $ 6,2 mil millones que, obviamente, la Nación se los quitó a la industria pesquera, sin aportarle un beneficio proporcional a sus contribuyentes ni a las provincias donde se originan los recursos.

La Ley 24.922, en su artículo 44º indica, en qué proporción debe distribuirse el Fondo Nacional Pesquero que se conforma con el cobro de derechos, permisos, multas, etc. y, si bien la misma ley faculta al Consejo Federal Pesquero a modificar esa distribución, es evidente, que más allá de que habría que devolverle a las provincias sus recursos, los parámetros indicados respecto a la investigación y el control marítimo, no debieran ser disminuidos, sino por el contrario, aumentados, si es que queremos asegurar una sustentabilidad biológica e impedir la pesca ilegal por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental.

No entiendo por qué motivo la Nación debe coparticipar con las provincias el 50% de la recaudación, cuando ya tiene asignado fondos destinados al funcionamiento de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero. Y, habría que preguntarse por qué se derivan fondos del FONAPE a la Fundación Argentina, con motivo de Cartas de Acuerdo, cuando todos los fondos del Estado deben estar sujetos al control previsto en la Ley de Contabilidad Pública y, sufrir los procesos licitatorios pertinentes a la hora de adjudicar importantísimos fondos para la prestación de servicios, etc. No quiere decir que esta deba ser una metodología destinada a evadir controles o licitaciones, pero parece muy similar a las conocidas y judicializadas entregas de fondos del entonces Ministerio de Planificación a las Universidades. Sería interesante conocer al respecto la opinión de los organismos de control del Estado.

El gobierno de la Nación, en la figura del subsecretario y presidente del CFP, en el período del año 2016 a julio de 2019, más allá de las reiteradas demoras en transferir los fondos pertinentes, afectó para sostener a la burocracia nacional la friolera de $ 270 millones, es decir, que en lugar del 3% previsto en los incisos c) y d) del Artículo 44º de la Ley 24.922 la Nación se quedó con un 31% de la recaudación total. Es decir, un monto equivalente al 16% del promedio del total de las exportaciones pesqueras de los últimos cuatro años. Esto bien podríamos denominarlo: “como hacer lo posible desde la burocracia nacional para quitarle competitividad al sector productivo nacional”. Por supuesto, no nos olvidamos los costos derivados de tasas, ganancias, IVA, rentas, seguridad social, etc. que son parte de los costos impositivos que sufre toda la empresa nacional.

Puede observarse rápidamente esta desproporcionada recaudación cuando observamos que, mientras la burocracia nacional se lleva el 31% de lo recaudado, cinco provincias solo acceden al 43%, cuando es sabido que los recursos más valiosos tienen origen en sus jurisdicciones.

A valores actuales desde la sanción de la Ley 24.922 a la fecha la Nación se ha llevado una suma del orden de los $ 2 mil millones.

Poco hay que esperar de esta gestión para recuperar el millón de toneladas anuales que los buques extranjeros se llevan del Atlántico Sur, en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas y los migratorios en la Alta Mar ya que no hay aplicadas al efecto —todo lo contrario— y, entre otras cosas, no se afectan la cantidad suficiente de fondos para sostener el funcionamiento de los buques de la Armada y la Prefectura Naval. En ese sentido la Ley en su artículo 44º inc. b) preveía afectar el 20% de los recursos a las tareas de patrullaje y en estos cuatro últimos años solo se les aportó un 11% con una cifra ligeramente superior a los $ 98 millones. De ello resulta, que las empresas argentinas estén limitadas en sus extracciones y que, a su vez, el escaso apresamiento de buques extranjeros derive en las bajas multas aplicadas, cuyos ingresos podrían ayudar, al menos, a sostener la actividad de control.

También, la misma ley en el artículo 44º inciso a) preveía la afectación del 25% del Fondo Nacional Pesquero para la investigación, sin embargo, habiéndole aportado en estos cuatro años poco más de 103 millones de pesos, por lo que el INIDEP habría accedido a una coparticipación de solo el 11,8%, siendo fácil entender, las dificultades que, en materia de investigación, relevamiento y control biológico en las capturas, ello puede implicar.

Finalmente, los fondos destinados a la capacitación previstos en la ley del orden del 2% de lo recaudado, en este período alcanzaron a los $ 21 millones resultando insuficientes a la luz de una actividad compleja y diversa que requiere de mano de obra calificada, no solo en las tareas de extracción e industrialización, sino también en los oficios que giran alrededor de la actividad.

Podemos optar entre un modelo centralizado y concentrado que beneficia a unos pocos funcionarios y empresarios, o proyectar un modelo participativo y distributivo que promueva en forma sinérgica las potencialidades de las provincias, las empresas y la fuerza del trabajo; preservando las autonomías y nuestra soberanía marítima y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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