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CUATRO ASPECTOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Julio C. Ferrari Freyre*

El objeto de este artículo es introducir algunas cuestiones elementales para los que no se han iniciado en el estudio de las Relaciones Internacionales o cuya formación y trayectoria profesional no les ha dado la oportunidad de acercarse a los asuntos de otros países. Espero que las ideas vertidas no sean aburridas en demasía y contribuyan a esclarecer los hechos y ayudar a interpretar las informaciones que nos llegan del exterior.

Para escribirlo me he apoyado tanto en mi formación académica en Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia en Tokio, en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y en Economía Europea en la Universidad de Deusto en Bilbao, como así también en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación cuanto, en mi actividad profesional, ahora finalizada, como Diplomático de carrera.

Desde el siglo XVIII se ha estudiado la Política Exterior de los países, aunque recién con el final de la Segunda Guerra Mundial se la ha investigado sistemáticamente, formándose varias escuelas de pensamiento que agrupan a los distintos teóricos de las Relaciones Internacionales, entre los cuales podemos mencionar el realismo, el liberalismo, el estructuralismo, el constructivismo, funcionalismo, el feminismo, el institucionalismo y otras que no mencionaremos aquí por su menor relevancia. En cada caso es posible encontrar como representantes a autores que, siendo ciudadanos y basados en sus experiencias nacionales prefieren o apoyan las escuelas que mejor explican las políticas exteriores o las situaciones en que se encuentran sus países. Al mismo tiempo, encontramos autores que se interesan en la materia desde otras ópticas, ellos son los especialistas y teóricos del Derecho Internacional, de la Geopolítica, de los Estudios Estratégicos y los economistas en todas sus especialidades que también suman sus opiniones sobre las cuestiones internacionales y, en muchos casos, aportan distintas visiones y novedosos elementos al estudio en cuestión.

Más allá del valor, importancia o interés que le asignemos a las distintas teorías de las Relaciones Internacionales, es necesario considerar que los Estados deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales en su Política Exterior: la Integridad Nacional, la Defensa Nacional, la Prosperidad Económica y la Proyección hacía el Exterior[1].

Antes de comenzar con los cuatro aspectos, es conveniente recordar que el sistema internacional está compuesto primordialmente por Estados independientes. Le siguen los organismos internacionales tal como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, y muchos otros. También debemos añadir las empresas multinacionales como Siemens, Mitsubishi, Ford, Unilever y una amplia población de firmas de muy variados tipos, tamaños e intereses. Finalmente, ha de incluirse a las Organizaciones No Gubernamentales que, naturalmente, en muchísimos casos son los brazos «civiles» o encubiertos de gobiernos, de servicios secretos y de múltiples organizaciones, instituciones y empresas poderosas, y a personalidades influyentes por su trayectoria académica, por ser celebridades o por tener amplias fortunas heredadas o producto de su capacidad tecnológica o empresarial.

El Estado tiene cuatro componentes sin los cuales no es reconocido como tal y no puede existir:

Población:

La población es sin duda el capital más valioso y primordial del Estado. Es el factor humano e incluye a los ciudadanos del Estado (el pueblo) y a los extranjeros residentes en el mismo. La población o pueblo forma parte esencial y necesaria del Estado ya que sin ella no puede existir. Es importante que ella tenga el acuerdo, propósito o sentimiento de regirse por las mismas instituciones, comulgue con los mismos intereses vitales y tenga identificados sus objetivos nacionales y destino político.

Se podría pensar que es normal que la población de un Estado sea de etnias y de creencias religiosas similares. Estas condiciones ideales se dan en pocos países y en la mayoría de los casos son territorios aislados como por ejemplo Japón, Tíbet, Nepal, Finlandia, los países escandinavos, etc., donde se puede hablar de una población de características iguales.

El caso contrario son los países de América, especialmente de la América hispana, donde es normal la mezcla de razas, etnias y otros factores y donde se ha dado un importante mestizaje de pueblos originarios («indios» en el léxico tradicional), españoles, e inmigrantes de los más variados orígenes, africanos (en su momento llegados como esclavos) y más recientemente asiáticos. Estos habitantes viven bajo un régimen de igualdad gracias a las tradiciones legales hispanas y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. No es extraño ver históricamente altas autoridades con ascendencia indígena o africana. Solamente en el caso de la Argentina podemos mencionar a Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza y Juan Domingo Perón como ejemplos. También se dan casos de hijos de inmigrantes que han alcanzado las máximas jefaturas de gobierno como Carlos Pellegrini, Alberto Fujimori y Carlos Saúl Menem, situaciones que no se dan en muchos países aún con importantes corrientes migratorias[2].

Territorio:

Por territorio se debe entender la superficie terrestre ocupada por el Estado, el espacio aéreo sobre el mismo y sobre las zonas marítimas contiguas, lo que significa una franja de 12 millas náuticas de aguas territoriales y hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva.

Gobierno:

El gobierno se encarga de dirigir, controlar y administrar las instituciones que conforman al Estado y normalmente, en su concepción moderna, está compuesto por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, aunque en algunos sistemas políticos esta división no siempre se da con mucha claridad, notablemente los países marxistas y en algunas monarquías. Es normal que los tres poderes del gobierno se controlen y complementen mutuamente, siguiendo la visión de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes» (1748). El tipo de gobierno, su estructura y los mecanismos para integrarlo normalmente están incorporados en la constitución del Estado, que habitualmente es un documento escrito. Ésta debe reflejar las pautas culturales, históricas y jurídicas del país.

Más allá de la estructura que pueda tener el Estado, el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer y defender sus intereses vitales definiendo los objetivos nacionales permanentes e inalterables contenidos en la constitución incluyendo las normas de conducta y pautas aceptables y respetuosas de los otros Estados y actores de la comunidad internacional.

Soberanía:

La Soberanía es la capacidad del Estado de imponer leyes que aseguren el bien común —el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección[3]— de la comunidad y tiene efecto dentro del mismo Estado. Es la autonomía que requiere el Estado para imponer esas leyes y las condiciones necesarias para resguardar ese bien común de la población. Es, asimismo, la fuerza que requiere para ejercer y defender sus decisiones, su territorio y su población. Holsti resume la idea de la siguiente manera:

El principio de soberanía {implica} que los gobiernos son los legisladores supremos en sus propios territorios. Los Estados son libres, en virtud de su soberanía, para gobernar como deseen dentro de su propio territorio y para formular sus propias políticas exteriores. Los estados difieren en tamaño, población, ubicación o capacidades militares, todos los estados son iguales con respecto a los derechos y deberes legales. [4]

Jean Bodin, en «Los seis libros de la República» (1576), nos enseña que es el poder absoluto y perpetuo del Estado. En las monarquías, la soberanía reside en el rey mientras que en las repúblicas el soberano es el pueblo. Claro está que, en nuestra época de monarquías constitucionales, repúblicas de distinta especie y aún en alguna que otra dictadura personalista, la soberanía reside, al menos según la mayoría de las constituciones, en el pueblo.

La idea de la Soberanía del Estado está plasmada en la Paz de Westfalia (1648) y es una de las bases de las Relaciones Internacionales. El reconocimiento de la Soberanía por otros Estados implica la independencia del país y su capacidad para actuar en el ámbito internacional. La Soberanía supone que ningún Estado podrá o deberá interferir en los asuntos internos de otro Estado. Los organismos regionales e internacionales de todo tipo están conformados por Estados Soberanos.

Sin contar con este cuarto elemento, un territorio o una población no sería un Estado aun teniendo un «gobierno», pero teniendo algunos de estos tres elementos: población, territorio o gobierno, no será un Estado si no está reconocido como tal por otros miembros de la comunidad internacional. En pocas palabras, sin Soberanía, el Estado no existe.

Por consiguiente, el Estado debe resguardar el Territorio, proteger a la Población, administrarse por medio de un Gobierno y ejercer la Soberanía para lograr y asegurar la gobernabilidad y el bien común.

Teniendo en cuenta los cuatro componentes del Estado que hemos descrito podemos comenzar a exponer los cuatro aspectos fundamentales de la Política Exterior.

Integridad Territorial

La Integridad Territorial se funda en la inviolabilidad de la independencia política y de las fronteras de un Estado se asienta en la igualdad Soberana de los Estados. Este es un principio fundamental del Derecho Internacional y está plasmado en la carta de las Naciones Unidas y de los otros organismos internacionales y regionales.

La Integridad Nacional se puede «medir» por los conflictos fronterizos con otras naciones y por territorios propios ocupados por fuerzas extranjeras o grupos rebeldes, secesionistas o regímenes contrarios al gobierno propio.

La existencia de problemas fronterizos implica una disputa o conflicto con otra nación sobre los límites entre ambos. Sus causas pueden ser el resultado de mediciones o demarcaciones equivocadas, sectores mal definidos o áreas que fueron «olvidadas» por negligencia burocrática y que fueron ocupadas por otro. Estos problemas pueden convertirse en conflictos de mayor envergadura y eventualmente en una guerra como ha ocurrido en muchas instancias. Felizmente, existen métodos más pacíficos como el arbitraje, la mediación o la actuación de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para resolver los diferendos sin el derramamiento de sangre. En otros casos, las disputas continúan largo tiempo sin que lleguen a la violencia, aunque la posibilidad siempre queda latente y una situación de este tipo puede convertirse en un conflicto violento.

La Integridad Territorial también se puede ver afectada por las actividades de otros actores dentro del Estado. Así vemos que colonias agrícolas, barrios urbanos, sociedades e instituciones conformadas por extranjeros o grupos religiosos, étnicos, raciales, etc., específicos y excluyentes de la población propia pueden convertirse en causa de conflicto tanto con la población local (por envidia, resentimiento o prejuicio), o por los reclamos de los países de origen de esa población extranjera. Viene a la mente como ejemplo el conflicto desatado por los alemanes de la región del Sudeten en la década de 1930 que resultó, tras la Conferencia de Múnich, en la incorporación de los territorios de población alemana de Checoslovaquia que pasaron a formar parte del Tercer Reich.

Similarmente, grupos con características religiosas, étnicas o raciales que se perciben diferentes del resto de la población aun siendo considerados de la misma nacionalidad y gozando de las mismas libertades y obligaciones que el resto de la población, pueden crear un conflicto por concebir sus «derechos», costumbres o tradiciones como especiales y diferentes a las del resto de la población. Estos «movimientos» son en ocasiones promovidos por otros países u organizaciones para obtener ventajas o directamente poder controlar territorio por sus recursos naturales o situación estratégica. Un ejemplo de este tipo de conflicto es la Crisis del Congo de 1960-64 donde los intereses mineros de empresas extranjeras promovieron la secesión de la provincia de Katanga del resto del país.

De la misma manera las adquisiciones de tierras por personas adineradas, empresas, ONG’s (organismos no gubernamentales) e instituciones con el objeto de crear «áreas ecológicas» o «naturales», zonas de esparcimiento, cotos de caza u otras figuras de posesión, pueden resultar en causas de un contencioso con otros países que podrían reclamar la protección de sus ciudadanos, intereses o propiedades ante cualquier inconveniente. Un buen ejemplo fueron las actividades del empresario Douglas Tomkin en el sur de Chile (junto a Hansjörg Wyss), y en los Esteros del Iberá en la Argentina que suscitaron amplios debates y sospechas, aunque se debe aclarar que el señor Tomkin nunca sugirió la secesión de los territorios de su propiedad para formar su propio «país».

La cesión exclusiva de terrenos a otro país o institución oficial extranjera es aún más grave ya que significa una pérdida de soberanía (y por ende de los derechos propios y del control) sobre el territorio nacional. Los usos que se le den a estas tierras enajenadas pueden ser pacíficos, pero siempre estará presente la posibilidad de un uso militar o para operaciones de inteligencia contra el propio país o contra otro Estado, creando un conflicto con un tercer Estado. En todo caso, debe incorporarse una cláusula de inspección, control y coparticipación en cualquier acuerdo de este tipo, definiendo con exactitud las actividades que pueden ser desarrolladas en los mismos, los derechos y obligaciones de las partes y los alcances prácticos de la cesión. Serviría como ejemplo las bases que los Estados Unidos mantiene en Alemania, en el Reino Unido y en otros países.

El respeto a la Integridad Territorial también depende de la consideración que el gobierno, las autoridades y las instituciones tengan de su propio territorio. La idea de que el territorio nacional se pueda entregar a agentes extranjeros sin una mayor atención a los posibles efectos ulteriores es un despropósito que atenta contra la misma integridad del Estado y bien podría calificarse como una traición.

Más aceptable son los emprendimientos y las instalaciones científicas, técnicas, ecológicos y de otro tipo establecidos y mantenidos por terceros países, instituciones u ONG’s conjuntamente con el Estado Nacional para fines específicos. Estos normalmente involucran personal calificado local junto a extranjeros que desarrollan actividades transparentes y eventualmente informadas a la población y a la comunidad científica.

Naturalmente debemos excluir de este acápite las instalaciones de las Embajadas y Consulados extranjeros y sedes u oficinas de organismos internacionales y regionales dentro del país que son regidas por las pertinentes Convenciones y acuerdos, y cuya «sesión» de territorio y soberanía es parcial y temporaria.

Defensa Nacional

La Defensa Nacional es un aspecto de la Soberanía y responsabilidad primordial del Estado. La Defensa Nacional implica proteger el territorio, su población, el Gobierno y la Soberanía contra las posibles aspiraciones exacerbadas de otros Estados, organismos diversos, grupos de presión o de interés internacionales, del terrorismo internacional, del crimen organizado y de otras entidades, movimientos y agrupaciones. También involucra la protección contra bandas armadas internas, intentos secesionistas, grupos abocaos a derribar un gobierno legalmente constituido, etc.

La Defensa Nacional es ejercida por el gobierno mediante las Fuerzas Armadas, de Seguridad (policía de frontera y marítima) y Policiales, con los aportes del organismo nacional de inteligencia y, en su caso, de la información proporcionada por la red de Embajadas y Consulados propios en el exterior. La Defensa Nacional es una competencia que el Estado ejerce con exclusividad.

Hay Estados que consideran que su Defensa puede ser atendida por un cuerpo policial o una guardia nacional. Esta es una solución para países compuestos por islas o de tamaño y condición tal que la existencia de una fuerza defensiva más extensa no se justificaría por razones económicas y fiscales. El número de Estados que no cuentan con Fuerzas Armadas es muy escaso siendo estos de reducido tamaño, islas aisladas o rodeados de montañas y otros obstáculos defensivos formidables.

Las Fuerzas Armadas no sólo aportan una garantía a la existencia del país, sino que conforman un cuerpo disciplinado que presta auxilio en ocasiones de desastres naturales de todo tipo, participa en la formación de los jóvenes, ya sean voluntarios o conscriptos, en muchos casos han posibilitado la educación y capacitación técnica de sus integrantes, y en ocasiones han provisto el respaldo de las autoridades nacionales y locales frente a desordenes internos.

Es obvio que la Defensa significa resguardar y salvaguardar al Estado de los intereses de otros países y entidades extranjeras con pretensiones sobre el territorio, la población, los recursos naturales, y otros factores económicos, pero implica también la protección contra la penetración de formas de pensar o actuar contrarias a la cultura y tradiciones de la población.

No debe ser considerada la Defensa simplemente como una cuestión militar o de seguridad, sino que su influencia alcanza aspectos tan importantes como el desarrollo de determinadas áreas del país, el resguardo de sus recursos naturales, la salud pública, la educación, la cultura y otros aspectos de la nación. La pretensión de otro país sobre un territorio nacional ajeno despoblado o físicamente marginado o separado del resto puede tentar a su ocupación por parte de aquél o a ser explotado por agentes económicos inescrupulosos sin el efectivo control de la autoridad competente nacional. Se extiende además a la protección de ciudadanos amenazados por residentes extranjeros dentro de las fronteras del Estado y al resguardo contra las acciones de bandas armadas o criminales (narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de personas, etc.), que corroen la dignidad y el bienestar de la población, su modo de vida y su desenvolvimiento económico.

Aun cuando algunas personas idealistas piensen lo contrario, ningún país serio puede descuidar su Defensa, la protección de sus fronteras y dejar de contar con información precisa para contrarrestar cualquier intento de actividad agresiva. Descuidar la Defensa Nacional es un ingenuo infantil de quienes confían en un idealismo absurdo como bien demostró la Gran Guerra de 1914-1918 y los muchos otros conflictos desde esa época. Pensar que «entidades supranacionales», como los organismos internacionales o regionales, correrán en su auxilio es equivalente a las maquinaciones de un demente. Cuando deciden actuar estos organismos rara vez han intervenido en forma inmediata y sí siempre después de la pérdida de centenares de vidas y de la destrucción de propiedades.

Otros consideran que al participar el Estado en organizaciones multilaterales y regionales, no existen razones para formular hipótesis de guerra. Esta es otra ilusión que no evita los conflictos y contribuye a la potencial destrucción del propio país. Las hipótesis de guerra no significan necesariamente que se busque un conflicto, sino que se esté preparado para enfrentarlo. Las hipótesis también pueden incluir los planes de cooperación de las fuerzas armadas de un país en auxilio de un vecino cuando azotan los desastres naturales o un vecino aliado que haya sido atacado por otro Estado. Un buen ejemplo fue la nutrida cooperación brindada por varios países cuando se hundió el submarino A.R.A. San Juan. Los ejemplos de este tipo de cooperación —hipótesis de cooperación podríamos llamarlos— son muy numerosos, especialmente en nuestra región.

Un buen estado de Defensa Nacional siempre dará seguridad a la Política Exterior del país y ayudará a disuadir a un potencial enemigo de entrar en conflicto.

Prosperidad Económica

La prosperidad económica de un Estado frente pasa necesariamente por el comercio y las inversiones.

En términos de la política exterior de un Estado, el comercio exterior se puede definir como el intercambio de bienes y servicios con otro país. Esto significa la salida de productos agropecuarios, manufacturas o servicios de nuestro país —las exportaciones— y la entrada de productos de otros países en el mercado propio —las importaciones—. En este sentido, la tasa de cambio entre la moneda nacional y las monedas más comunes del comercio internacional, esencialmente el dólar estadounidense y el euro, deben idealmente favorecer las exportaciones del país.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el comercio exterior ha sido de capital importancia en la economía permitiendo la venta del exceso de producción en otros mercados, el suministro de bienes escasos en la economía propia eliminando distorsiones del mercado por faltantes, ampliando la oferta de productos e introduciendo nuevos alimentos, manufacturas o servicios.

El comercio exterior puede acelerar el crecimiento de la economía ya sea por medio de las ventas como por la introducción de nuevos productos que eventualmente podrían ser cultivados o producidos en el país, reduciendo la dependencia de las importaciones y promoviendo nuevos productos para la exportación.

Las ventajas comparativas de un país facilitarán las exportaciones, la especialización en la producción y la formación de los trabajadores y el posicionamiento del Estado en el comercio internacional.

Las exportaciones permiten la entrada de divisas que pueden ser utilizadas para la adquisición de las importaciones o para acumular (reservas) para su uso en caso de necesitar cubrir la importación de alimentos, materias primas o manufacturas. Similarmente las divisas obtenidas pueden incrementar el respaldo de la moneda local.

El comercio internacional hace más prósperas las condiciones para el consumidor promoviendo la mejora de la calidad y la eficiencia de las empresas y ayuda a reducir los costos. Esta situación le permite al consumidor mayor libertad para elegir según sus preferencias de calidad y precio.

La competencia entre las empresas del país y las de otro resultará en una mayor competitividad promoviendo que las firmas nacionales desarrollen más adecuada tecnología, más ajustados procesos y eleven la calidad de la producción.

El comercio exterior también puede promover el crecimiento de los sectores agropecuario, industrial y comercial creando de esta forma mayores posibilidades de empleo, formación y especialización resultando en una mejora en el nivel de vida de la población.

El Estado debe promover el comercio exterior por las razones mencionadas, pero también debe procurar que no se cree una dependencia en uno o en pocos mercados lo que resultaría una seria desventaja para la economía y política exterior. También se debe procurar que el valor de las exportaciones de bienes y servicios supere el valor de las importaciones.

La situación ideal sería que el comercio exterior tenga mercados en distintos países y bloques económicos (Unión Europea, Mercosur, NAFTA, ASEAN, etc.), sin que ninguno o sea predominante. Esta relación permitiría poder mantener cierta independencia evitando presiones y la amenaza de pérdida de un mercado crítico para la economía del país, ya sea en términos de exportaciones cuanto de importaciones.

Muchas naciones mantienen estructuras dentro del gobierno para promocionar el comercio exterior, especialmente las exportaciones y establecen oficinas en el exterior que investigan la apertura de nuevos mercados, buscando compradores, tomando parte en ferias, exposiciones y competencias, y participando en licitaciones. Estas oficinas bien pueden formar parte de la estructura del Estado o ser mixtas contando con la colaboración de cámaras, asociaciones y empresas privadas que buscan mayores ventas para sus productos en un mercado más amplio que el propio. Este segundo esquema permitiría un menor costo de mantenimiento de la estructura, incluyendo las oficinas que se abrieran en el exterior, y evitaría que el Gobierno se involucre directamente en los asuntos comerciales de personas o empresas mientras que acompaña el comercio exterior para que se lleve a cabo dentro de los parámetros de los objetivos e intereses nacionales.

Esta oficina también debería realizar el seguimiento de las empresas involucradas en el comercio exterior promoviendo su participación o investigando casos de fraude y estafa tanto de exportadores como de las empresas extranjeras que suministran las importaciones a nuestro mercado, manteniendo un registro de las medidas paraarancelarias, sanitarias, legales, impositivas, etc., de los mercados adonde se dirigen las exportaciones, los medios de transporte disponibles, etc.

Otro aspecto de la Prosperidad Económica son las inversiones extranjeras en el país. De especial interés son las Inversiones Extranjeras Directas (IED), por las cuales empresas extranjeras establecen firmas subsidiarias en el exterior para promover la producción agropecuaria o industrial en un nuevo territorio. La IED también puede ser destinada al comercio interno.

Para lograr la Prosperidad Económica se debe asegurar que las inversiones extranjeras sean productivas y que resulten en la construcción o mejoramiento de fábricas, campos agrícolas, redes de distribución, etc. Preferentemente las inversiones buscarían solventar la demanda local y exportar el excedente que bien podría ser la principal razón de ser de la inversión. Las inversiones puramente dirigidas a satisfacer la demanda local, que por su puesto exportan las ganancias, siempre llegarán a agotar esa demanda sin generar una expansión por medio de las exportaciones. Las inversiones además deben asegurar el respeto por el medio ambiente produciendo una mínima contaminación según las normas locales, del país de origen y las recomendaciones internacionales.

Debe advertirse que en muchos casos las inversiones extranjeras consisten en la adquisición de una firma nacional afectada por problemas financieros, de tecnología o de «coyuntura». En este caso, aportando capital y tecnología, la firma extranjera vuelve a poner en marcha a la fábrica otrora nacional, logrando conquistar el espacio correspondiente en el mercado para llevarse las ganancias a la casa matriz[5].

Si el país que recibe las inversiones extranjeras se encuentra en vías de desarrollo, deberían incorporarse cláusulas sobre formación y capacitación del personal, como así también sobre el bienestar y la salud, en los acuerdos, promoviendo un mejor nivel de vida para los trabajadores. Con el tiempo esto resultará en una ventaja para la firma inversora al contar con personal entrenado por ellos mismos.

Para que las inversiones extranjeras sean un motor para el crecimiento, el Estado debe procurar que sean implantadas en zonas de menor desarrollo relativo, posibilitando mejoras en esas regiones del país y favoreciendo la creación de riqueza en áreas que no sean las desarrolladas o las más ricas del país. Como criterio general, las mismas deben estar situadas cerca de donde se obtienen las materias primas a ser transformadas, ya sean agropecuarias o minerales, posibilitando una mejor distribución de la riqueza y de la población. Esta distribución de las inversiones también tendría implicancias para el mejor desarrollo de las instituciones políticas del país ya que colaboraría para una mejor la distribución de la población y por ende de los representantes en el congreso o parlamento y reduciría la concentración de la población en unas pocas aglomeraciones urbanas.

Por otra parte, los Estados deberían procurar el establecimiento de «Empresas Conjuntas», también llamadas «Joint Ventures». Estas contarían con la participación de agentes económicos locales o inclusive del Estado Nacional o de los gobiernos municipales, departamentales o provinciales, asegurando la concreción de la inversión a nivel local y eventualmente de la distribución de las ganancias de las mismas a nivel local. Por otra parte, este mecanismo sería útil para mantener una presencia del Estado en el proyecto de inversión con el objeto de controlar y facilitar el accionar respecto de los objetivos e intereses nacionales, fomentar la educación y formación técnico-industrial, etc.

Debe procurarse que las inversiones no sean puramente especulativas buscando ventajas bancarias para irse al poco tiempo llevándose el capital invertido y los intereses devengados, resultando en una pérdida neta para el país y el sistema financiero. Esta forma de «inversión» ha sido muy aprovechada por los interesados en las ganancias propias, a saber, como ladrones o usureros quienes deben ser tratados como tales.

Claro está que el Estado no debe realizar acciones que ahuyenten las inversiones extranjeras por el vacío que pueden llegar a infligir a la economía nacional. La desaparición de empresas extranjeras puede resultar, especialmente si es repentina, en un mayor desempleo, la creación de un vacío de tecnología, la fuga de técnicos y científicos calificados, tanto propios como extranjeros, el retiro de importantes sumas de dinero, especialmente de divisas extranjeras, etc. Un clásico ejemplo fue la finalización de la cooperación económica y técnica entre la Unión Soviética y la República Popular China en 1958-60, al iniciarse la ruptura ideológica entre ambos países.

Una economía pujante con una amplia balanza comercial a favor, inversiones productivas, suficientes reservas sosteniendo la moneda nacional y un nivel de inflación manejable dan independencia a la política exterior de un Estado.

Proyección Global

La Proyección hacia el Exterior o Global de un Estado es el perfil que pretende mostrar hacia la comunidad internacional, teniendo en cuenta la constitución, valores, leyes, costumbres, tradiciones y “sentimientos” del pueblo. Es esencialmente la Política Exterior del Estado la que debe encarnar y hacer visibles, tanto a la ciudadanía como a los actores internacionales, el Interés Nacional y los Objetivos Nacionales[6].

Amadeo considera que el Interés Nacional no es un objetivo en sí, sino que corresponde a un supuesto esencial: «Cualquiera sea el objetivo que el Estado se trace debe estar basado en el interés nacional y todo lo que lo contradiga debe quedar terminantemente excluido»[7].

Los objetivos de la Política Exterior son «aquellas metas estables que los Estados se proponen alcanzar en el plano internacional y para cuyo logro emplean los procedimientos y se valen de los métodos propios de esa política». Su «elaboración es el fruto de la consciencia nacional a través de la historia, y en esa elaboración participan varias generaciones»[8].

A mayor complejidad, tamaño y riqueza del Estado, mayor será la necesidad de su integración en la comunidad internacional y el mantenimiento de una presencia activa en ese ámbito en distintas áreas que bien podrían resumirse en los siguientes niveles:

Político. Mantener buenas relaciones con los países vecinos y las potencias regionales y mundiales; buscar y mantener un espacio en los organismos regionales e internacionales para proyectarse y defender sus intereses nacionales

Económico-Comercial. Mantener relaciones con los organismos internacionales económicos, organizaciones del comercio y del desarrollo económico; asegurar el comercio exterior, especialmente las exportaciones «tradicionales” del país así como los productos novedosos abriendo nuevos mercados; promover las inversiones extranjeras al país y buscar oportunidades para las inversiones en el exterior de mutuo provecho.

Social. Lazos entre los inmigrantes y sus parientes en sus países de origen; intercambio turístico entre los países; relaciones creadas por el intercambio de académicos, estudiantes y funcionarios/oficiales militares; turismo cultural; aprendizaje de idiomas; intercambio de profesionales de distintos rubros.

Cultural. Diseminación de la Cultura Nacional, especialmente de la literatura, las expresiones plásticas y la música, sea esta popular o clásica; fomentar los teatros, museos y centros de exposiciones del país; promocionar las creaciones artísticas y a los intérpretes; promover el intercambio de académicos y estudiantes universitarios,

Científico-Tecnológico. Buscar el intercambio en las investigaciones científicas y técnicas; procurar los intercambios de estudiosos; protección de las investigaciones propias y de las patentes; promocionar las investigaciones científicas en el exterior.

Militar-Estratégico. La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz de los organismos internacionales y regionales; intercambio de oficiales con otros países, especialmente dentro de la misma región; participación en maniobras, estudios y simulacros con países amigos.

La Proyección Global presenta otra dimensión que es la visión que tienen los otros actores internacionales del país. Políticas cortoplacistas, interesadas, cambiantes o inestables no ayudan a presentar una imagen coherente y seria del Estado. Lo mismo puede decirse de las políticas seguidas internamente para con los foráneos e inmigrantes, el respeto por los derechos humanos, económicos y políticos, las inversiones extranjeras y otros factores que preocupan a la comunidad internacional. Se supone que el Estado es un actor racional que busca el interés nacional y las buenas relaciones con otros países[9].

Esta Proyección hacia el exterior requiere de una política de Estado que tenga en cuenta las cuatro dimensiones que hemos descripto y mire hacia el exterior para lo cual necesita de una Administración Pública y un Cuerpo Diplomático capacitados, profesionales y motivados con visión de conjunto hacia el futuro en un mundo cada vez más complejo. La claridad de esa Proyección Internacional se retroalimenta con las Políticas Internas impulsadas por el Interés Nacional

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ISEN (1984) y como Diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao, en la Embajada Argentina en la República Popular China y como Cónsul General en Guangzhou (R. P. China). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] Gerald Segal. “Chinese Foreign Policy”. En: Goodman, David y Segal, Gerald, China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

[2] Amadeo, p.81.

[3] Gaudium et Spes -Constitución Pastoral-, 26

[4] Holsti, p. 84

[5] Speroni, Iris: El Cascabel al Gato

[6] Dougherty y Pfaltzgraff p 95

[7] Amadeo, p.147

[8] Amadeo, p.145-6

[9] Dougherty y Pfaltzgraff p 32

 

Bibliografía

Amadeo, Mario: Manual de Política Internacional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1978.

Dougherty, James A. y Pfaltzgraff, Robert L. Contending Theories of International Relations. Nueva York: Longman, 2001.

Giménez Morera, Antonio. Organización y Gestión del Comercio Internacional. Universidad Politécnica de Valencia, 2019.

Goodman, David y Segal, Gerald. China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

Holsti, Kalevi J. International Politics: A framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewoods, Nueva Jearsey, 1972.

Speroni, Iris. «El Cascabel al Gato». Restaurar, 18/01/2022, https://restaurarg.blogspot.com/2020/01/aumentar-la-inversion-quien-le-pone-el.html

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¿DEBEN LAS FFAA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO?

Victoria Villarruel*

Foto: SAEEG

Hace poco la ex ministra de seguridad del ex presidente Macri, ante la acuciante situación que se vive en la narco ciudad de Rosario, expresó la idea de empeñar las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich logró su objetivo, manifestó una posible y contundente solución a un problema que día a día se agiganta y cuyas víctimas dilectas son los jóvenes. Esta propuesta adolece de superficialidad y falta de estudio de la legislación vigente.

Empeñar las FFAA en la lucha contra el narco, no es la mera modificación de la ley de Defensa Nacional. En primer lugar, el narcotráfico es un delito federal, y como tal debe ser perseguido por las fuerzas de seguridad y policías federales y la justicia federal. Es decir, si Rosario es una narco ciudad, es evidente que ni la policía local (en este caso la Policía provincial de Santa Fe), ni las fuerzas federales dan adecuada respuesta. Tampoco lo hacen la justicia federal y los políticos que guían a esas fuerzas.

Ese problema no se arregla enviando a las FFAA, que tienen otra misión y no están concebidas ni formadas para reprimir delitos federales. Para esto la Argentina, con la ausencia de austeridad en el gasto público que la caracteriza tiene nada menos que cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y una fuerza militarmente estructurada, la Gendarmería Nacional. Estas fuerzas que precisamente dependieron de Bullrich cuando ejerció como ministra de seguridad de la Nación.

Hace ya algunos años que la ineficacia policial, la corrupción que promueven las bandas narcos, los recursos casi ilimitados de los que estas disponen y la organización militar que alcanzaron algunas, movió a los EE.UU. a impulsar la idea según la cual los países debían empeñar a las FFAA en la batalla contra el narcotráfico. México lo hizo con el ejército y la marina, y Colombia, dada las características propias de las FARC como organización narco militarizada, empeñó fundamentalmente al ejército. Aún hoy hay militares colombianos encarcelados por la guerra contra las FARC y juicios por lesa humanidad que imputan desde soldados a generales.

El Derecho Internacional Humanitario habilita a las FFAA a intervenir en cuestiones internas de los países, únicamente si el grado de violencia alcanza el nivel de un conflicto armado interno, [art.3 común de las Convenciones de Ginebra] en cuyo caso las FFAA y los oponentes, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades para con la población civil inocente, ajena a las hostilidades. Por tanto, los integrantes de las FFAA pueden tirar a matar, siempre y cuando se trate de una situación de combate, porque el oponente, aunque sea civil, al participar de las hostilidades pierde las protecciones de las que es titular. Empero si las condiciones no son propias de un conflicto armado interno, como ocurre en Rosario, esa misma acción es un homicidio, aunque el muerto se trate de un integrante de una banda narco.

Dicho esto, en el hipotético caso en que las FFAA pudieran intervenir, debería existir un marco jurídico adecuado que reconozca la existencia de un conflicto armado interno.

La solución entonces está en formar y capacitar adecuadamente a las fuerzas federales, proveerles el equipamiento necesario, mantener un estricto control de sus actos, así como un adecuado plan de rotación para evitar el exceso de connivencia con el poder de corromper de los narcos, disponer de una adecuada inteligencia criminal, que es diferente a la inteligencia militar, garantizar un apropiado servicio de justicia, eliminar todo tipo de protección política y eventualmente instaurar un programa de recompensas. Deberá también implementarse medidas contra el síndrome de abstinencia de los consumidores y un efectivo programa nacional contra las adicciones, ya que la problemática es de por sí muy compleja y como tal debe abordarse integralmente.

En fin… es más fácil decir que para controlar el narcotráfico hay que enviar a las FFAA, pero sin un marco jurídico adecuado los civiles que dan las órdenes no responden nunca judicialmente, los uniformados terminan presos y con infinidad de causas penales y los narcos alegarán ser las víctimas de las políticas estatales y finalmente cobraran jugosas indemnizaciones pese al daño que le hacen a la sociedad.

Estamos ya en campaña y algunas propuestas buscan al electorado que se hartó de los políticos y que enojados votarán al que represente mejor ese hastío. Pero antes de proponer una medida efectista aunque poco eficiente, creo que debemos reivindicar, recuperar y potenciar el rol fundamental de las FFAA, aumentar el inexistente presupuesto que damos a la Defensa en nuestro país y blindar de un marco legal a quienes mandamos a poner el cuerpo por todos. Fortalecer y capacitar a las fuerzas federales en su rol originario es el primer paso fundamental para combatir un flagelo que asola nuestro país con creciente virulencia. Los instrumentos ya están creados y creo que dotarlos de los recursos necesarios junto con el apoyo legal y político es la respuesta inmediata que espera la población.

 

* Diputada de la Nación por La Libertad Avanza. Abogada. Presidente del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Secretaria General del Partido Demócrata Nacional. Presidente de CELTYV.

El presente artículo puede ser reproducido libremente.

TARDE Y MAL, COMO DE COSTUMBRE

F. Javier Blasco*

La Comunidad Internacional (CI) y todos los organismos que la integran, viven, moran o pululan en su entorno son un cumulo de “buenos y grandes propósitos” pero excesivamente lentas o improductivas en sus resoluciones. Resoluciones o decisiones que muchas veces llegan tarde, resultan ineficaces, demasiado descafeinadas o inservibles para paliar los efectos del problema que las suscitó.

De entre todos ellos y dejando a un lado a la ONU, que se lleva el primer premio en ineficacia, destaca la UE; esa costosísima y mastodóntica organización en la que están basadas tantas ilusiones y esperanzas aunque sigue sin cambiar sus ritmos o el guion para decidirse a intervenir con eficacia y rotundidad en lugares o momentos decisivos.

Tradicionalmente, aunque casi siempre a trancas y barrancas, sigue placida y tranquilamente los pasos marcados por el Tío Sam y suele llegar no solo tarde, sino también mal allí donde se esperaba una mayor rapidez o enérgica decisión en asuntos que son propios por afectar a sus intereses, de su incumbencia según sus estatutos, heredados del devenir de las cosas o salpicados por circunstancias vecinas o cercanas.

Se llegó tarde a impedir el vergonzoso Brexit y sus consecuencias tan terribles para tiros y troyanos; no se ha manejado bien ninguna de las sucesivas crisis económicas al introducir peligrosos cambios de criterio; es patente su indecisión con Suramérica o África o ante las crisis de refugiados y la pandemia del coronavirus mostró no solo grandes deficiencias en materia sanitaria, sino en coordinación, cooperación y economía de esfuerzos, así como en la protección de sus gentes y fronteras.

En materia político democrática, bandera que saca y ondea al viento en cualquier ocasión o motivo, dejamos mucho que desear; la ordenes europeas de detención no se aplican entre sus miembros; algunos países como Hungría y Polonia han venido haciendo de su capa un sallo en materia de control de los órganos de la administración de justicia y en su forma de cubrirlos sin que, durante mucho tiempo, se tomaran medidas coercitivas contra ellos. Hecho éste que ha sido vergonzosamente copiado por España, a la que, de momento y mucho me temo que, de forma definitiva, tan solo se le han dirigido unas pequeñas ‘reprimendas’ en formato de recomendaciones a pesar de haber llevado a cabo acciones de dudoso pelaje democrático y muy intrusivas en el sistema de funcionamiento y cobertura democrática de cargos de sus elementos fundamentales.

Asistimos con autentico pavor a los debates sobre seguridad y defensa con los que llevamos años analizando el sexo de los ángeles y cuál sería la posición más conveniente para ser tomados en serio internacionalmente o pudiéramos dotarnos de una posibilidad de intervención o defensa más que suficiente que nos diera consistencia y aumentara nuestra sensación de seguridad basada en capacidades propias y no ser tan dependientes de una dubitativa OTAN que siempre camina de la mano de EEUU sobre un delicado hilo de alambre que, cualquier día, se puede romper.

Llevamos casi un año con la guerra en Ucrania llamando a nuestras puertas y somos incapaces de tomar una acción conjunta lo suficientemente seria a pesar de que dicho conflicto afecta de lleno a nuestros vecinos, las propias fuentes de energía y las soluciones ante las amenazas rusas.

Los ucranios, con su presidente Zelenski a la cabeza, tras ciertas escaramuzas o reacciones de diversas consecuencias, han aprendido la lección de que solo con trajes de invierno, un gran coraje y mucho amor a su tierra, no se puede hacer frente a un mastodonte como es Rusia en manos de un lunático, a quien no le importa sacrificar a miles de sus hombres, la propia economía e invertir lo que sea necesario en armamento con tal de ver satisfecho su ego.

En este contexto y como la ayuda militar exterior había decrecido mucho salvo por parte de EEUU, ha aparecido sobre el tablero la necesidad de que la CI le dote de carros de combate más modernos, potentes y eficaces tipo: Leopard (alemán), Abrams A1 (norteamericano) o el Challenger 2 (británico) entre otros, para hacer frente sin paliativos a la dura contraofensiva que esperan para esta primavera.

Tras muchos dimes y diretes, el presidente Biden decidió recientemente mandar 31 carros de combate (número equivalente a un Batallón de carros ucranio) y presionar a su colega alemán a que haga un gesto similar y que, además, permita a países europeos (Polonia y la República Checa entre otros) —que cuentan en sus dotaciones con dicho carro del mismo o anteriores modelos— a mandar estos sin las restricciones contractuales de su empleo fuera del territorio europeo.

Anteayer, se tomó la decisión al respecto y Alemania dotará con una Compañía de dichos carros a Ucrania (unos 12) y los polacos y los checos se aprestan a donar un número indeterminado lo antes posible, así como el Reino Unido ha marcado una fecha muy próxima para que lleguen sus carros. Incluso Marruecos, que no tiene nada que ver en este entierro, ya ha mandado unos 20 carros T-72 recientemente modernizados y sin tanta alaraca.

España y nuestro presidente, especialista en márquetin y en vender humo, ante la precipitación de las decisiones de los demás y por no quedarse atrás —como venía haciendo tal y como se demostró al no acudir y menospreciar la cumbre de Ramstein el pasado día 20 donde se discutieron los apoyos internacionales a prestar— a pesar de la oposición de una parte del gobierno y de los partidos que le sustentan en el cargo, cambió sus reiteradas negativas y justificaciones de obsolencia e inoperatividad de la mayoría de nuestras existencias de ese tipo, a anunciar un apoyo, indefinido en todos los aspectos como el modelo (hay varios), cantidad, recuperación de su operatividad, plazos de entrega, piezas de repuesto, entrenamiento de tripulaciones y personal de mantenimiento.

Está claro que estos movimientos políticos solo suponen una venta de humo, agitar el adormecido público, mostrase dispuesto a cambiar de imagen y no quedarse en el pelotón de cola; cosa que mucho me temo, será así finalmente, porque tanta palabrería y gestos huecos mostrando giros bruscos de opinión, no gustan nada a nadie y menos a nuestros aliados.  

En cualquier caso, las sofisticadas máquinas de guerra actuales no son sencillos juguetes que se arrancan y se sale al campo con ellos sin realizar previamente muchas semanas de adiestramiento, su mantenimiento es difícil y sofisticado y las piezas de repuesto no suelen ser compatibles.

Mezclar tantos modelos en un mismo cesto en manos inexpertas puede suponer que se queden todos fuera de servicio en poco tiempo, salvo que se les adiestre adecuadamente y se mantenga in situ un apoyo en mantenimiento más que adecuado, como exigen los tiempos de guerra; elementos que justifican la exigencia de Zelenski para que los apoyos se centraran en los Leopard, el mejor carro actual.

Mucho me temo que toda esta parafernalia, exigirá demasiados esfuerzos extras y mucho tiempo; tiempo, que no dispone Ucrania, y no será más que otro brindis al sol de la CI para acallar sus insanas conciencias y que algunos políticos, muy cercanos a nosotros, han visto una gran oportunidad en mejorar su imagen personal al cambiar de opinión de forma súbita.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.