Alejandro Olmos Gaona*

Debido a una denuncia efectuada por el diputado Palazzo, se conoció el envío de reservas de oro al Banco de Inglaterra, aunque también es posible que hayan partido al Banco de Pagos Internacionales de Basilea por parte del ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, todo lo cual fue realizado en el mayor secreto. Al conocerse la noticia Caputo trató de justificar el envío diciendo que era para «obtener rentabilidad», aunque es sabido que esos bancos no dan renta alguna por recibir reservas de oro. En este caso se enviaron las reservas, para obtener un préstamo en dólares y utilizarlas como garantía del pago o, eventualmente, liquidarlas al precio del mercado internacional y obtener el dinero para pagar deudas. Esto de enviar reservas de oro al exterior lo hizo Federico Sturzenegger durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández debió recomprar esas reservas, cuyo valor era de casi 460 millones de dólares. No cabe sorprenderse de estas acciones, ya que estos personajes están acostumbrados a negociar con los bienes públicos sin dar cuenta alguna de lo que hacen. Aunque Caputo debió blanquear el envío no aclaró en concepto de que se enviaron las reservas, qué tipo de rentabilidad se va a obtener, qué tiempo van a estar depositadas fuera del país, cual fue la urgencia en enviarlas y porqué se hizo sin que hubiera conocimiento público de la decisión.

Como en el gobierno se publicitan hasta las nimiedades y el vocero presidencial cuenta hasta los despidos de funcionarios y empleados comunes que son eyectados de la función pública, en este caso se prefirió el ocultamiento y eso generalmente ocurre cuando existe algo que esconder y la decisión no es transparente, ya que de lo contrario no había razón para no dar a conocer el envío del oro.

Estas acciones no deberían sorprendernos respecto a la dupla Caputo – Bausili, porque ya hicieron de las suyas durante la gestión de Macri, siendo Caputo Ministro de Economía y luego presidente del Banco Central, y Santiago Bausili Secretario de Finanzas de la Nación lo que llevó al Fiscal Federico Delgado a imputarlos penalmente por los negocios con bonos, pero la justicia determinó que las compras de bonos que hacían siendo funcionarios, no era susceptible de reproche penal, aunque era evidente que tenían información privilegiada y sabían que no corrían riesgo alguno, porque siempre iban a cobrar.

Como el presidente sostiene que el Estado es una organización criminal y que debe ser destruido y que solo los intereses privados deben ser beneficiados por las políticas públicas, porque solo ellos nos van a «salvar», no es extraño que se entreguen bienes públicos para garantizar operaciones oscuras. Lo que es inadmisible es que se pretenda justificar con argumentos insostenibles una decisión que compromete las reservas del país, sin mostrar las modalidades de la operación que siguen siendo materia de un silencio sepulcral. Además, existe el riesgo de que tales reservas sean embargadas, debido a litigios que tiene la Argentina en tribunales del exterior y en el CIADI, en caso de que hayan sido enviadas al Banco de Inglaterra.

Lamentablemente, en esto de negociar en secreto y entregar reservas de oro, sin dar a conocer las razones, hay un largo listado de gobiernos que lo han hecho, ya que son prácticas comunes que se esconden al conocimiento público. En muchos casos, porque darlos a publicidad rompería ciertas auras de progresismo y del carácter supuestamente revolucionario de ciertos gobiernos que, llegado el momento, negocian con las reservas y las comprometen imprudentemente. Lo hizo Correa en el Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, como un ejemplo de personajes que hablan contra el imperialismo pero siempre terminan negociando con él.

En este momento Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, tienen reservas de oro en el Banco de Inglaterra, que se ha negado a entregar a Venezuela sus reservas por pedido de los opositores al gobierno.

Pero como en la Argentina se cultiva la ficción y la realidad siempre es disimulada para sostener el relato, el presidente Milei ha enfatizado reiteradamente el logro del superávit financiero de los últimos seis meses. Los 518.000 millones de enero, los 338.112 de febrero, los 276.638 en marzo, los 154.990 millones de abril, 1.148.634 millones en mayo y 238.189 en el mes de junio, lo que totalizan la suma de $ 2.673.573 millones.

Milei se cuidó muy bien de mostrar los fundamentos del superávit y nada dijo de los recortes en subsidios, de la licuación de salarios y jubilaciones. Tampoco de las disminuciones de transferencias de capital a las provincias, los recortes a la obra pública, subsidios económicos, las prestaciones de la seguridad social. Cuando mes a mes se fueron conociendo estas cifras, desde los miembros del gabinete, hasta muchos comentadores complacientes de los medios, salieron a festejar estas cifras que no se conocían desde hace más de una década. Consideraron los números como un «éxito» del presidente, olvidándose de que se suprimió y a quienes se afectó para conseguirlas. Los mayores recortes fueron en enero, pero siguieron adelante los meses siguientes hasta la actualidad. Ahora bien ese superávit, es lo que quedó  después del pago de los intereses de la deuda, que siempre es la gran prioridad de los gobiernos de turno.

Otra de las cuestiones de las que no se habla, es del enorme crecimiento de la deuda pública en los últimos seis meses: 10.662 millones de dólares en enero, en febrero aumentó 5.259 millones de dólares, en marzo 16.501 millones en el mes de abril 11.019 millones y al 30 de mayo 21.606 millones de dólares, lo que hace un total en seis meses de 65.047 millones de dólares. El 48% está en moneda local indexada y el 52% de la deuda en moneda extranjera. Hay vencimiento de aquí a diciembre por 7.000 millones de dólares y en 2025 por más de 15.000 millones de dólares, no existiendo fondos para pagarlos, por lo cual resulta inevitable que deban realizarse nuevas negociaciones para ver de qué manera se cumple con los acreedores.

¿Cómo es posible que ante una deuda de semejante magnitud, que se está acrecentando al trasladar los pasivos del Banco Central, se guarde silencio y el locuaz presidente y sus ministros no digan una palabra, como tampoco el presidente del Banco Central? Siempre la negación es una forma de no tomar conciencia del problema y suponer que de algún modo podría resolverse, pero en este caso los compromisos contraídos con los acreedores suponen que en algún momento tendrán que sentarse a negociar nuevamente y ver cuáles son la exigencias que estos pretenden, ante esta nueva suspensión de pagos.

Solo se exhibe el superávit financiero de estos seis meses pero del crecimiento desmesurado de la deuda pública se guarda silencio. Tampoco hay referencias a su aumento indetenible, ni cómo se va a pagar, y así vamos, en un gobierno cuyas ficciones se van cayendo una a una.

El último informe del Ministerio de Economía muestra que la deuda pública al 30 de junio es de 442.605 millones de dólares, sin contar con los cupones atados al PBI, que importan 12.000 millones de dólares aproximadamente. Existen cuestiones pendientes con los holdouts, por 2.500 millones de dólares que se vienen arrastrando desde hace años y no hay información sobre el estado de esos reclamos.

Unas son las ficciones sobre los éxitos económicos proclamados por el presidente, que solo se traducen en haber bajado la inflación, pero más allá de esos índices, los problemas estructurales de la economía persisten y la deuda pública es el más grave de todos, por las enormes sumas que deben afrontarse para el pago de los intereses de la misma. A esa complicada situación debe sumarse el enorme aumento de la pobreza, de la indigencia, la baja cada vez más notable en el consumo, las pymes que van desapareciendo, el trabajo registrado que ha caído abruptamente, ya que el Banco Central hace dos semanas informó que se habían desactivado 330.000 cuentas sueldo, y el hecho comprobable de la falta de un plan económico que pueda hacer salir a la Argentina de la situación de crisis en la que se encuentra.

Mientras el fracaso del experimento mileista es cada vez más evidente la oposición está cada vez más fragmentada y los grupos llamados «dialoguistas» se ven en una encerrona de la que les cuesta salir. Si no se elaboran propuestas serias para enfrentar al gobierno y terminar con tantos desvaríos libertarios, la decadencia de la Argentina será cada vez más indetenible.

* Historiador, Investigador. Especialización en tratados internacionales, bilaterales y deuda pública. Profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos libros, entre los que se destacan: «la deuda odiosa. Una doctrina jurídica para solución política» (Ediciones Peña Lillo-Continente. Buenos Aires. 2005), «Deuda o soberanía. Verdades ocultas sobre la dependencia» (Ed. Peña Lillo-Continente, Buenos Aires, 2021), «El FMI y la deuda» (Editorial Peña Lillo- Continente. Buenos Aires, abril de 2022) y «El FMI y el derecho internacional» (Universidad de la Punta, San Luis, 2023).

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