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ESPAÑA, HA MUERTO

F. Javier Blasco*

Imagen: La Vanguardia

Coincidiendo con el comienzo del verano y tras casi 100 días de un horrible confinamiento y dura cuarentena (98 en realidad), derivados del Estado de Alarma más duro y largo de la historia reciente historia europea, el gobierno que nos lo impuso, ha decidido que pasáramos sin solución de continuidad a lo que de forma cursi y plagiada (de los chinos) se ha venido a llamar la “nueva normalidad”. Normalidad, que en realidad consiste en soltarles el muerto a las comunidades y quedarse quietos a verlas maniobrar.

Cien días reprimidos en nuestras casas, que han sido precisos no por casualidad, sino porque el gobierno no supo ni quiso ver venir de lejos y llegar de cerca una grave pandemia, la minimizó por varios y espurios motivos (alguno tan estúpido y mezquino, que hasta le costó la grave infección de varios miembros del gobierno), despreció todos los avisos y ejemplos reales lejanos y cercanos, se pasó de listo y no se preocupó en analizar las características de la infección ni en acumular el material de protección y curación preciso o esencial.

Confió en la fortaleza de un sistema sanitario al que dejó quebrado ante un inédito enemigo ya que no le dotó del correspondiente material, no le avisó del tipo del mal que le acechaba, que medios de penetración y contagio empleaba y como se multiplicaba. Como resultado de aquello, vinieron las prisas de última hora; las compras fallidas, malas, falsas y a precios desorbitados; el mayor número de muertos en porcentajes, sobre todo, entre los ancianos y también el de sanitarios contagiados si comparamos los resultados con los del mundo entero.

Comenzó una insufrible campaña de plúmbea propaganda a cargo del presidente —nada menos que 20 intervenciones al mejor estilo cubano o bolivariano—, tres o cuatro ruedas de prensa diarias por varios ministros o altos cargos. Una campaña de desprestigio sobre determinadas comunidades autónomas comandadas por el partido en la oposición; la lucha sin cuartel sobre las FCSE, principalmente sobre la Guardia Civil que ha llevado a uno de los más graves escándalos en el que se ha visto implicado el ministro del Interior, otrora un juez con buen prestigio en su lucha contra ETA y hoy desprestigiado, puesto en duda, nervioso y acorralado mientras descabezaba falsariamente y sin piedad a un Cuerpo centenario y bien honrado; así como por sus negocios con Batasuna y los separatistas, sin problemas y hasta con gran ilusión.

El gobierno ha aprovechado la “especial situación” de cierta impunidad para legislar por decreto hasta en cosas que no tienen nada que ver con la pandemia y la cura de la enfermedad. Ha llenado los despachos de cargos, muchos de ellos creados ad hoc, ocupados por amigos y allegados, nombrados a dedo sin cumplir los requisitos que se exigen para hacerlo y se ha hinchado de criticar, difamar y escupir contra todos los partidos al menor vestigio de no seguirle el agua o bailar a su son.

Ha abandonado a los ancianos a su suerte dejándolos en las residencias, que por naturaleza y legislación, carecen de medios o capacidad para bregar contra esta maldita enfermedad. A pesar de haber creado un “Mando Único” desde el 19 de marzo cuando Iglesias se declaraba responsable de toda la gestión, no lo usó y no ha hecho nada salvo mandarles algún dinero —tardío e insuficiente— y en otros casos a los militares para hacer alguna limpieza y desinfección. Como resultado de aquello casi 20.000 ancianos han muerto, muchos de ellos en plena soledad, sin la compañía de sus seres queridos y sintiendo que todo lo que construyeron y trabajaron duro para ello, les falló a la hora de su momento final.

Vienen jugando con el número de muertos que suben bajan y congelan a criterio político de unos desalmados que no quieren ser los primeros en lo que son; el peor ejemplo por su mala cabeza, falta de previsión, escasez de material y pésima gestión. Somos el hazmerreír del mundo en dicho tema y ahí seguimos tratando de ocultar más de 15.000 muertos que aún no saben dónde encajarlos; aunque, paradójicamente, si sepamos con claridad meridiana el probable número de “vidas salvadas” gracias a la reclusión. Vamos a hacerles un “forzado” funeral de Estado, dilatado un mes más, sin saber quiénes fueron, de que murieron ni haber aclarado cuantos son.

Para el gobierno era muy importante seguir confinados, con la excusa de taponar la hemorragia de muertos; aunque en realidad, dicha dura situación les servía para actuar a su aire, controlar las protestas y aplacar las iras del ciudadano dándoles cuerda a sus deseos de protestar, tiempo para olvidar tras el señuelo de que aún no era el tiempo para buscar responsabilidades ni criticar al gobierno, dejándoles tranquilos con la promesa de que algún día lo será y conformando a muchos con alguna que otra dádiva, regalía o subvención con las que sus vidas poder endulzar.

Mientras tanto, se atacaba al turismo calificando de decimonónico y de poco valor añadido o a la empresa del automóvil anunciando su defunción, sin tener en cuenta que, en realidad, muchos millones de puestos de trabajo en España y una gran porción de nuestro PIB, dependen de esas actividades.

Pero se alargaron tanto en ese impasse que la economía ha empezado a petar por todos lados porque ya no aguanta más tiempo con las empresas y negocios cerrados, solo tele trabajando, pagando los caros ERTEs u otros subsidios, si es que te lo pagan de verdad y con un poco de aforo en cada bar.

Por eso, a toda prisa y protagonizando el enésimo bandazo dado en tan corto periodo de tiempo, ha habido que recoger velas, crear subvenciones no suficientes y bien tardías para aquellos sectores más dañados, abrir deprisa las cerradas fronteras y con ello, hemos pasado de estar en casa encerrados, sin horizontes cercanos ni apenas pasear a, en muy pocos días, movernos por toda España, subir a las montañas y poder bañarnos en las piscinas y la mar.

En lo referente a las fronteras y aunque ya sabemos que este virus, principalmente, se importa desde fuera y sus mayores lugares de entrada son los grandes aeropuertos internacionales con los que cuenta España, destacando Barajas en Madrid y el Prat en Barcelona, como se necesitaban muchos refuerzos para cubrir necesidades de seguridad y estos estaban cerrados, sus plantillas casi al completo se tuvieron que trasladar y ahora, contamos con una plantilla mínima para aplicar las escasas y casi irrisorias medidas de seguridad que con tanto bombo y platillo, Ávalos e Illa, nos vendieron hace dos días como lo mejor de toda Europa. Otra mentira y fracaso más, que ya veremos en que se traducirá.

Pues bien, tras este largo pero necesario preámbulo para entender la situación final, cualquiera diría que el cabreo general entre la población, tras tanto engaño, mala propaganda, peor gestión y el cuantioso número de bajas sin nuestro cariño ni protección, debería ser mayúsculo y muchos, más de la mitad de los españoles —si descontamos a los impertérritos adeptos, los empesebrados y los faltos de capacidad de buen juicio y comprensión general— deberíamos estar dispuestos a que nada más llegara el día de ayer, a la sazón domingo soleado y sin mucha tarea en el zurrón, salir a la calle a celebrar el fin del Estado de Alarma y con nuestra mayor rabia y fuerza, sin olvidarnos de la mascarilla y guardando la recomendada distancia de seguridad, juntarnos civilizadamente para protestar por la mala actuación de este nefasto gobierno durante toda la pandemia, su gestión y para prevenirle que se pongan las pilas ya que, por lo que se barrunta, aún será peor la cosa para gestionar como salir de la crisis económica que, con mucha fuerza y mayor de la que nos avisan, viene detrás.

Pues no, resulta que nadie en España protestó. Perdón si lo entendieron así, los amantes del mundo del toro y el toreo, que unieron sus fuerzas en una potente manifestación en defensa del espectáculo y de dicha profesión. Los partidos políticos, mientras tanto, a lo suyo, iniciando unas campañitas electorales en Galicia y el País Vasco donde, no hace falta ya que casi todo el pescado, hace meses que está vendido.

Alguien ya se encargó de que los cabreados médicos y enfermeros, los obreros que ya están o que irremisiblemente en breve irán al paro (aproximadamente un millón), los olvidados autónomos, los agricultores, transportistas y los mayores en defensa de su pensión, tampoco salieron ayer a quemar ruedas o a protestar tras una pancarta por las calles de Madrid; no vaya a ser que eso fuera un punto de partida diera la imagen del malestar contra el gobierno y sus política en general.

Las playas de Barcelona, donde cierra Nissan y muchas más estaban tan abarrotadas que hasta dos hubo que cerrar al público. La atención del país estaba entrada en si el Real Madrid ganaba a la Real Sociedad y le birlaba al Barcelona el liderato en la Liga o si los árbitros seguían con su campaña de “alineamiento con el Madrid” para fastidiar a los catalanes por su maldad y hacer salir a Piqué otra vez al estrado, cómo cada vez que pierden. Pan y circo, un invento romano para aplacar los malos estados de ánimo de la población, que casi nunca suele fallar.

Cataluña, esa preciosa tierra cuyos dirigentes, hace tan solo unos días, depreciaban, escupían y vilipendiaban a todos los españoles sin recato ni piedad, ahora resulta que se ha convertido en nuestra casa y el lugar donde todos como buenos hijos y hermanos debemos ir este verano para gastar nuestras perras y así, su economía, rescatar.

Los tribunales siguen dando muestra de “aparente debilidad”, acosados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes han cambiado sus papeles y ahora parece que se dedican a desprestigiar a sus señorías e intentan que no se celebren juicios, que los casos sobre “algunos políticos” queden en blanco o sus causas cerradas. En esta batida de togas, ni siquiera una juez brava y que ordenó un secreto de sumario especial, ha sido capaz de defender sus claras órdenes dadas a la policía judicial y no ha evitado que el gobierno se entrometiera torpemente en el caso sin ningún tipo de vergüenza ni piedad.

Las estatuas de nuestros ancestros ilustres son derribadas con saña en las antaño “tierras de indios” por los negros y algunos blancos que movidos por fuerzas nada extrañas y hasta conocidas, buscan cualquier motivo, aunque sea falso, para crear una manida reivindicación que ponga patas para arriba todo el orden internacional. Aunque, tras oír las declaraciones de la ministra de exteriores al respecto en una entrevista esta mañana, no me explico, como no nos queman por allá fuera hasta los Consulados y Embajadas allá por ultramar.

Los fondos de la UE para la recuperación no solo no llegan; aún no están decididos en su cuantía real o final, modo de entrega y si habrá algún tipo de recargo o imposición formal para que sean efectivos; en qué plazos llegaran y cuanto habrá que devolver, así como toda esa letra pequeña que les suele acompañar.

Mientras tanto, el gobierno tira de la chequera y cada día presenta una subvención más, aunque algunas sean repetidas o el complemento de otras que ya estaban en el mercado laboral o en algún sector empresarial. Pero, hay que tener presente que estos cheques se pagan emitiendo deuda pública. Deuda que, unida al desmesurado déficit, está alcanzando un nivel de preocupación demencial. Todo eso alguien —nuestros hijos y nietos y ya veremos si alguna generación más— lo tendrán que pagar.

Cada día encontramos un motivo para enfadar aún más a Trump y no somos conscientes de los problemas que eso a corto y medio plazo nos traerán. Estamos perdiendo puestos entre los que ocupan la cúpula digital y de la innovación para la comunicación y el control de las pandemias. Nos quedamos fuera del grupo de países europeos que se han unido para la compra conjunta de una vacuna tan esencial como la necesaria para luchar contra el COVID-19 y, en general, vamos perdiendo cada vez más prestigio y nivel en investigación y en competitividad.

La intensa campaña de propaganda del gobierno dirigida y coordinada por su mercenario de la misma, Iván Redondo, con sus medios afines; bien pagados o subvencionados, ha tenido un gran efecto. Basta con ver los resultados de las “encuestas serias” de estos dos últimos fines de semana que le dan al PSOE y a Podemos más o menos sus mismos apoyos y ni un solo desgaste a pesar de lo muy mal que han hecho su trabajo y tras una gestión de compras y pruebas fatal.

Tras, al menos, un año perdido para la economía y el mundo laboral, todo lo que por su culpa, el paro, la deuda que vendrá y la enorme vergüenza que estamos pasando a nivel internacional; por lo que veo, no son más que pequeñas cosas sin importancia para los dormidos españoles; y no es suficiente para que nadie mueva un pelo y salga a la calle a protestar.

Lo dicho; España, ha muerto.

¡DESPERTA FERRO!!

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/espana-ha-muerto-1

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (5TA. PARTE) LA CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA A LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

El Canciller Felipe Solá acaba de efectivizar el anuncio del presidente Alberto Fernández de presentar una Ley de aprobación de límites externos de la Plataforma continental Argentina y aumentar las sanciones a la pesca ilegal. Es un hecho auspicio, pero no debiera hacernos perder de vista que la Argentina sufre la CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA. En esta ocasión, del ATLANTICO SUR, pero, esta vez, asociada a los españoles, quienes son los primeros licenciatarios en Malvinas y ahora el caballo de Troya profundizando la internacionalización del Atlántico Sur.

En ninguna de las invasiones anteriores los británicos ocuparon tanto territorio nacional: 1.639.900 km2, 52% del territorio marítimo y 28% del territorio nacional total; sin incluir, su pretensión sobre la Antártida, la parte meridional del Atlántico Sur y la plataforma continental (ver mapa bicontinental). Por un sinnúmero de cuestiones que detallaré, debo decir, que la Argentina sufre desde hace años la más brutal ocupación extranjera de todos sus tiempos, dejándonos como un país bolivianizado, que podría presentar un futuro impredecible. Al respecto, el reconocido jurista Alberto Spota, decía hacia 1966: “no deberíamos descartar que la Argentina deje de ser triangular, sino hacemos los deberes para evitarlo”.

Hemos visto que detrás de un Acuerdo Pesquero entre Cámaras pesqueras españolas, argentinas y una ignota ONG y, con el pretexto de coordinar la conservación y explotación de los recursos migratorios argentinos, se esconde, un nuevo avance británico en el Atlántico Sur. Bastaría revisar la historia expansionista británica para entender, que no se trata de proteger a tres mil isleños ubicados a 13 mil kms del Reino Unido (RU) en un agreste archipiélago de 11.410 km2.

El poderío del RU se asienta en su alianza en la OTAN (a la que coincidentemente con la guerra de Malvinas en España adhirió en 1982), en su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU; en su alianza estratégica con Estados Unidos; en la transformación de Londres en el centro financiero más importante internacional y, entre otras cosas, en el armado del Commonwealth, compuesto por 54 naciones, con 31,5 millones de km2 y en diez de las 16 colonias existentes en el mundo. A ello habría que agregarle el poder de la Royal Navy, que, podría considerarse por su potencial, entre las 4 más importantes del mundo, después de Estados Unidos, China y Rusia.

El nuevo escenario internacional, el Brexit, el cambio de ruta del transporte marítimo, etc., obligan al RU a profundizar su estrategia expansionista. En el mapa que más abajo se agrega se puede ver con toda su magnitud, el espacio territorial que ocupa el RU y el área pretendida por sus socios españoles, bajo pretexto de conservar los recurso —con los mismos españoles que tienen largos antecedentes de depredación— un argumento, que ya fue utilizado por los británicos, cuando establecieron el área de protección provisoria (FICZ) alrededor de las islas Malvinas en 1990.

La pretensión de las Cámaras Españolas, con apoyo de algunas Cámaras Argentinas, es crear un Área de Reserva de Pesca Regulada en una franja de 150 millas más allá de la ZEE en Alta Mar, rica en especies migratorias argentinas y asociadas, con una organización OROP que debilitaría la administración de los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) y fortalecería a los Estados de Bandera con capturan con buques subsidiados (España, China, etc.).

Dr. César Augusto Lerena © 2020. Reservado todos los derechos (mapa y texto). Esquema aproximado. Autorizada su reproducción mencionando la fuente.

(1) Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km2. Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;

(2) ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 km2, denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);

(3) Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km2;

(4) Espacio establecido y denominado GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 km2;

(5) Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 km2 alrededor de las islas Georgias del sur y Sándwich del sur;

(6) Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;

(7) Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 km2 que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;

(8) Área de 100.000 km2 de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas británicas o con vínculos con Malvinas;

(9) Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km2 pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.

Me referiré brevemente (para más detalles el artículo del autor “El Atlántico Sur, Malvinas y Pesca. Aciertos y desaciertos del Gobierno Argentino, 1982-2020” https://saeeg.org/index.php/2020/04/02/el-atlantico-sur-malvinas-pesca-aciertos-desaciertos-del-gobierno-argentino-1982-2020/) sobre las acciones británicas desde la invasión a Malvinas en 1982 y las consecuencias negativas para la Argentina.

En la década del 1980, en el momento de producirse la rendición en Malvinas, el día 14 de junio de 1982 el RU ocupaba el archipiélago Malvinas de 11.410 km2 y tres millas marinas a su alrededor. A partir de ello, con el otorgamiento de licencias ilegales del RU, se profundiza la captura extranjera iniciada en la década del 70, acrecentándose la internacionalización del mar argentino, dentro del cual, las empresas extranjeras pescaron desde 1976 a la fecha —con licencias ilegales británicas o sin ellas— 44 millones de toneladas, a un valor estimado en los 2.600 millones de dólares/año, por un valor total de 114 mil millones de dólares. En 1984 la Argentina firmó con Chile el Tratado de Paz y Amistad, sobre el diferendo del canal del Beagle, donde perdió territorio insular y marítimo. En 1986, bajo el pretexto de los Acuerdos de pesca firmados por el Canciller Caputo con la URSS y Bulgaria, el gobernador ilegal británico en Malvinas anunció la creación de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) de 150 millas, en la cual se prohíbe el ingreso de buques argentinos, además de reivindicar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y una Plataforma Continental de 200 millas. En 1989 se firma el “Acuerdo de Madrid”, bajo la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca al RU y aceptando las restricciones militares que consolidaron la ocupación militar y económica británica del Atlántico Sur. Del total de km2 que el RU tenía bajo control descarta unos 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, para ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos (estatus que el RU pretende).

En la década de 1990, en Londres, 1990, se firma el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones”, complementario del Acuerdo de Madrid, convalidado por la Ley 24.184, por el cual, la Argentina le otorga importantes ventajas económicas al RU. El mismo año, el canciller Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al RU el otorgamiento de licencias pesqueras. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allanó al RU la posterior demarcación de una ZEE alrededor de Malvinas, ocupación que, en 1993, amplía alrededor de las Georgias y Sándwich, favoreciendo un mayor control y su proyección con la Antártida. En 1994 el RU establece un área de 1.400 km2 al noroeste de las islas, en la ZEE Argentina y por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger las capturas de calamar en favor de sus licenciatarios. En 1995 la Argentina y el RU acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias. En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el RU y en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, esta traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur. En 1999, en Madrid, el secretario de la Cancillería Andrés Cisneros acuerda con el RU combatir a los “buques sin licencias británicas”.

En la década de 2000, se dicta la Ley 25.290 sancionada en el 2000, que aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (no ratificado) sobre la Conservación de especies transzonales y altamente migratorias que pondría en manos de los Estados de Bandera (no ribereños), con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole al RU las puertas en esas organizaciones para intervenir bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Aceptar las OROP sería entregar definitivamente la administración pesquera del Atlántico Sur y el fin de los proyectos de soberanía política y alimentaria. En 2001, en medio de un desacierto incomprensible, el canciller Rodríguez Giavarini invita a coordinar con el RU la presentación ante la Comisión los Límites de la Plataforma Continental. En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, que incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida, como Territorios Británicos de Ultramar que, en 2009, la UE reconoce. ¿Dónde estaban los argentinos con doble ciudadanía española e italiana? En 2008 se dicta la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas la obtención de permisos para pescar en el Atlántico Sur. Ello no impide que algunas empresas violen esta legislación.

En la década de 2010, el RU inicia exploraciones petroleras en Malvinas, precisamente en 2010. Este año, por Decreto del PEN 256, se obliga a los buques desde y hacia Malvinas, solicitar permiso de tránsito a las autoridades nacionales, medida apoyada por los países suramericanos, pese a lo cual, cientos de buques extranjeros reparan, arman y transbordan en puertos uruguayos y en la Alta Mar. El RU crea la “reserva Blue Belt más grande del mundo” con 1.070.000 km2 (3 veces más grande que el RU) en jurisdicción argentina, para asegurarse la llegada de peces al área de Malvinas, incluidos 20 mil km2 de exclusión, en contra de las prescripciones del CAMELAR (Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos). En el año 2013, por Ley 26.875, el gobierno crea el Área Marítima Protegida “Namuncurá”, que, en todo caso debió limitarse, a que el Consejo Federal Pesquero dicte normas de regulación y evitar que esos recursos migren a Malvinas. En el 2015 el RU anuncia el hallazgo de petróleo en la Cuenca Norte y luego, otorga permisos de explotación. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes 351.633 km2 «dejando en suspenso el resto de km2 por tratarse de espacios en disputa con el RU”. En el mismo año, se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan (cancilleres Malcorra y Faurie), quienes declaran: “adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur que habían sido suspendidas en 2015 y habilitó un vuelo de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y una vía de acceso al mundo y, con ello, la sobrevivencia de las islas post-Brexit. En ese año la canciller Malcorra manifestó (en medio de su campaña por llegar a ser la secretaría general de la ONU), que “las islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”. En 2018 durante la Cumbre del G20 se firman acuerdos pesqueros con China y Rusia ratificando la política de extranjerización del Atlántico Sur. En 2019 se licita y aprueba a favor de empresas británicas, áreas offshore de explotación petrolera en una zona entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

En la década de 2020. El presidente de la Nación anuncia una nueva política respecto a Malvinas: la creación de una Comisión integrada por opositores y expertos; la delimitación de los espacios según los nuevos límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina; la aplicación de mayores sanciones a los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur y, la Cancillería, anuncia gestiones en la Unión Europea para evitar el libre comercio de las materias primas de Malvinas en esa comunidad. En este mismo año el Canciller Solá suspende las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur, ya que la información biológica que le suministraba Argentina facilitaba luego el otorgamiento de licencias británicas.

A lo dicho, debemos agregar, la presencia de entre 300 y 500 buques pesqueros extranjeros, mercantes y buques contenedores de gran porte que, por su tamaño, deberán llegar al Pacífico a través del Pasaje Drake, una zona que no está siendo debidamente coordinada por Chile, frente a la carencia de suficientes medios de la Armada Argentina y la Prefectura Naval para controlar debidamente todo el Atlántico Sur, en una muestra de debilidad de la Argentina.

La región sur (patagónica) es un territorio de explotación primaria de bajo a alto desarrollo, con industrialización moderada, siendo la región con más alto PBI per cápita del país con U$S 12.714, aunque muy por debajo de los 100 mil U$S en Malvinas. Es, con el 6% de la población total, la menos poblada del país y con 3 hab/km2 la de menor densidad poblacional, concentrada un 90,1% en los centros urbanos, dejando muy despoblado el ámbito rural. La región es —en general— de baja diversidad productiva, instrumento clave en el diseño de políticas de desarrollo. Con una pobreza del 24,9%, las NBI del 10,8% de la población, un buen índice de desarrollo humano (0,861) y una desocupación del 6%, con el más bajo nivel industrial (13,9%), agropecuario y pesquero (5,8%), construcción (6%) y comercio (6,9%), exportando el 10,8% del total nacional y, finalmente, un dato no menor: tiene una baja representación regional en la Cámara de Diputados de la Nación (36). Todo ello, junto a la radicación de empresas de capital extranjero y extensos territorios en sus manos, nos lleva a ver la necesidad de fortalecer las provincias del litoral marítimo, en razón de tratarse de un área estratégica, a pesar de ser la que más transferencias recibe de la Nación por habitante ($ 41.440).

Y mientras la autoridad ilegal en Malvinas tiene un medio oficial y existe un portal probritánico, en la Argentina —si bien varios medios difunden cuestiones de Malvinas— no hay un medio que promueva la estrategia nacional en esta materia y ello puede deberse a la baja preocupación efectiva de los gobiernos de incorporar a la cultura nacional la cuestión Malvinas. Una prueba de ello es la denuncia que en forma reiterada viene planteando Luciano Moreno Calderón, respecto a que en el reverso del Documento Nacional de Identidad se hayan omitido varias islas y la Antártida Argentina, ignorando la legislación nacional que obliga a usar el mapa bicontinental.

Si bien se han dado pasos para mejorar la situación, entiendo que no alcanzará sino se ejecutan proyectos relevantes para revertir esta ocupación del territorio y explotación de los recursos. Las Olas del Atlántico Sur, esta vez, deben ser gobernadas por la República Argentina.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (4ta. Parte) LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA POLÍTICA PESQUERA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

Persecución la Prefectura Naval Argentina a un pesquero español en aguas argentinas. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Como hemos podido leer en artículos anteriores, la ONG OPRAS, conformada por directivos mayoritariamente de empresas extranjeras agrupadas en las Cámaras sectoriales CAPECA y CAPA firmaron días pasados con la Cámara Española ANAMER y la Confederación Española CEPESCA un acuerdo de conservación y explotación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur. Acuerdo que ya fue puesto en conocimiento de funcionarios de la Cancillería y del Subsecretario de Pesca.

El lector se preguntará, ¿por qué CEPESCA se interesa en la pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur? En principio, porque los buques españoles explotan licencias ilegales en la Zona Económica Exclusiva de Argentina en Malvinas y, además, capturan nuestras especies migratorias dentro o fuera de ella y efectúan logística en Uruguay. Pero no, no es solo por eso.

Si bien me referiré a las cuestiones relativas a la conservación y explotación pesquera, no quiero pecar de ingenuo y dejar de mencionar, aunque sea sucintamente, a la histórica sociedad británica-española, donde esta última acompaña el eje anglo-americano (blandiendo el peligro del cuco chino para sus fines) y sabe que en el marco del incremento del nacionalismo territorialista (en contraposición al globalismo) la disputa se dará en los mares, fortaleciéndose —Brexit mediante— el Commonwealth y los territorios insulares, en especial el Atlántico Sur y Malvinas, como producto del aumento de carga de 100 a 400 mil toneladas de los super-contenedores y su tránsito obligado al pacífico por el Pasaje de Drake, ante la imposibilidad de usar el canal de Panamá. Por supuesto, no es menor en esa relación el realineamiento de Brasil y los vuelos de Malvinas a San Pablo. España necesita del Reino Unido y éste de España, para internacionalizar aún más el mar argentino, dejando a la Argentina bolivianizada y, por ahora, acorralada al continente (habrá un próximo artículo).

Ya vimos la parte empresaria argentina, en la firma del Acuerdo de OPRAS, veamos ahora, algo de la española. El andaluz Javier “Paz y Bien” Garat Pérez, nacido en Sanlúcar, emula al portugués Fernando de Magallanes, quien salió precisamente de su pueblo, a realizar el primer viaje alrededor del mundo a fin de colonizar, comercializar y evangelizar América, pasando por el Atlántico Sur hasta el Pacífico y … Don Javier, parece tener similares pretensiones.

Nada puede decirse de su ganado prestigio en el mar de la pesca española. Es además de Marista, un universitario bien formado y, se desempeña como Secretario General de CEPESCA (36 asociaciones de armadores, 725 pesqueras y 781 buques), eterno presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) y de la Organización Europêche y miembro para Pesca de la Real Academia del Mar. Con estos títulos y su conocimiento en la gastronomía pesquera, a los españoles los tiene domesticados; mérito no menor, a la hora de tratarse, además, de pescadores. Pero, se ve que le quedó chica la península a Don Javier y quiere emular a Don Fernando a la hora de evangelizar a los indígenas americanos —precisamente 500 años después— con un interés creciente en los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

¡Que buen tipo es Don Javier! Se ve, que los pescadores argentinos desmemoriados no le recordaron a este amigo español que en 1816 nos independizamos y que, a pesar de recibir entre 1860 y 1959 más de dos millones de exiliados españoles (incluso catalanes y vascos) y tener un 50% de sangre gallega y de otras colectividades, también llegaron algunos andaluces con fama bien ganada. Tampoco le hicieron saber, que los españoles depredan los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur y también lo hacen en la Zona Económica Exclusiva Argentina en Malvinas con licencias ilegales británicas. Además, de que, en oportunidad de aprobarse la Constitución de la Unión Europea, nuestra “Madre España” votó a favor de incorporar como Territorio de Ultramar del Reino Unido a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina.

Con estos hechos propios y de su comunidad, se empieza a desdibujar la imagen del Adalid de la Pesca Sostenible y al temible luchador incansable contra la pesca ilegal del Bueno de Don Javier; aun —muy probablemente— invocándose a la virgen de Nuestra Señora de la Caridad.

Si le hubiesen traído a la memoria a Don Javier la sociedad histórica con el Reino Unido (ver artículo del autor “España ¿La Madre Patria?” https://saeeg.org/index.php/2020/05/22/espana-la-madre-patria-200-anos-llevandose-los-recursos/ ), tal vez, hubiese sacado con un poco más de pudor los espejitos de colores, pero bueno, no le fue tan mal, firmó un Acuerdo con la ignota OPRAS, una ONG integrada por un 80% de extranjeros y realizó visitas protocolares a casi todas las Cámaras Empresarias Pesqueras, en su mayoría extranjeras y a los funcionarios competentes del país.

A Don Javier, veamos, solo le falta la FIFA para tener inmunidad diplomática. Pero, como al rengo se lo conoce andando, veamos que piensa y que viene a vendernos a los suramericanos:

Don Javier está a favor de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP). En Roma (11/09/2019), junto a la ICFA abordó la gestión de las Áreas Marinas Protegidas, la Pesca ilegal (INDNR) y las negociaciones de la BBNJ (Biodiversity Beoyond National Jurisdiction) y subrayó la importancia de garantizar que este proceso no anule los esfuerzos de las Organizaciones Regionales de Pesca (OROP)” y, “…como ya lo defendió en reiteradas ocasiones, son los instrumentos más adecuados para gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, así como las de otras especies asociadas”. Hablando en criollo, Don Javier está a favor de una organización donde los Estados de Bandera (entre ellos el español en el Atlántico Sur) contarían con mayoría de votos por sobre los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay). Además, de facilitar el intento del Reino Unido para ingresar a esa Organización por su ocupación ilegal en Malvinas. No me imagino a España oponiéndose a esta pretensión y, mucho menos a Don Javier, oponiéndose a los intereses de sus poderdantes. Lo ayudan las declaraciones del Director Ejecutivo de OPRAS Eduardo Pucci de que: “el área de Pesca Regulada que propone OPRAS está en aguas internacionales fuera de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, y tanto continental como insular, de modo tal que no colisiona con las reivindicaciones soberanas ni incide en el diferendo con Gran Bretaña”. El ex Subsecretario de Pesca de la Nación Argentina (¡!) nos dice la barbaridad de que Malvinas está fuera de la ZEE Argentina y, que este Acuerdo, no molestará a los británicos, poniendo, además, en duda lo dispuesto en la Constitución Nacional, frente a una supuesta disyuntiva ambiental. ¡Por Dios Bernardo! hubiese dicho el innombrable. Con razón los pescadores argentinos se comen cualquier amague y cada día los buques extranjeros nos invaden.

Don Javier cree que los productos elaborados en terceros países no reúnen el estándar de calidad de los españoles. Entiende que la estrategia de la Comisión Europea “reducirá drásticamente la productividad de la industria pesquera del viejo continente y condenaría a Europa a incrementar notablemente las importaciones de productos de terceros países, alejados de los estándares ambientales, sociales y de seguridad europeos, para alimentar a los ciudadanos de la Unión Europea”. Sinceramente, Don Javier, Ud. debería disculparse con la industria pesquera argentina y los españoles radicados en el país por estas declaraciones y desmentir ante los españoles este exabrupto especulativo. España es el primer comprador de productos pesqueros argentinos con 90 mil toneladas anuales por 500 millones de dólares (2018), con los mejores estándares de calidad del mundo (certificados por la UE, la FDA y USDA de Estados Unidos y el más exigente mercado de Japón y otros 50 países. Sin contar que el mar argentino es ambiental y sanitariamente más apto que las aguas europeas donde los españoles realizan parte de sus capturas. Es muy probable que sea argentino el calamar de la Plaza Mayor de Madrid, la merluza a la bilbaína o los langostinos de cuanta paella no valenciana se consume en España. Recordemos, que España es un gran comprador de langostino, calamar, merluza, etc. enteros, de modo, que la Argentina le está regalando mucha mano de obra a los españoles; ello, sin contar, con las extracciones ilegales ya citadas.

La producción subsidiada de los españoles y el plan de consuma pescado español. A lo dicho habría que agregar que la pesca española está subsidiada, contrariamente a las recomendaciones de la OMC. Frente a la pandemia, Don Javier, suplicante, salió corriendo a pedir nuevas ayudas: “el sector pesquero europeo agrupado en la organización Europêche, de la que forma parte CEPESCA, ha solicitado al comisario de MAOyP de la UE, Virginijus Sinkevicius, la adopción de medidas urgentes y extraordinarias para afrontar el impacto socioeconómico causado por el COVID-19” y preguntado, si estas fueron suficientes, contestó: “las ayudas del Fondo Europeo son importantes para financiar el trabajo, afrontar la falta de ventas y el almacenamiento, aunque sería necesaria más ayuda para fomentar el consumo del pescado español, como ha hecho Francia”. Resulta evidente que la política del secretario de CEPESCA de “consuma pescado español” es absolutamente proteccionista y nacionalista, por lo que no se entiende que un Acuerdo de CEPESCA y ANAMER con OPRAS y las Cámaras Argentinas pueda ser beneficioso para el país.

Las prácticas de sostenibilidad del recurso pesquero y la reducción de la pesca ilegal. A pesar de contar con el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y pese a que más de 50 científicos acreditados del mar le pidieron a la UE que actúe para poner fin a la sobrepesca, Don Javier se manifestó contrario al proyecto de reducir las capturas en la UE, eliminar en forma progresiva las redes de arrastre e ir hacia la pesca selectiva y dijo: “el sector rechaza la propuesta de la CE de Biodiversidad de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo”, lo que remató la Consejera del Mar Rosa Quintana: “(los españoles) solo destinan el 3% de sus buques arrastreros a pescar en aguas comunitarias y el 97% restante los destinan a caladeros externos (entre ellos el Atlántico Sur), donde 193 buques de gran porte efectúan el 58% de las capturas”. Es decir, el preocupado por cuidar el recurso Don Javier, enviará al Atlántico Sur lo que la UE rechaza, degradando, depredando y dificultando las operaciones de los poteros argentinos. Por cierto, también se opone a las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) diciendo: “cerrar el océano a la pesca entra en conflicto con objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, tales como aumentar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza”. Lo que propone el amigo Don Javier se llama sostenibilidad débil. Debería saber que la sostenibilidad no solo es económica y social, sino también biológica, ambiental y cultural, por lo cual, bajo justificación de reducir el hambre o la pobreza no se puede agotar un recurso de tercera generación, ya que “la generación actual toma prestados los recursos a las generaciones venideras” (Brundtland, ONU, 1987). Garmendia y colaboradores (2010) considera a “la sostenibilidad fuerte, a la que se preocupa por la salud del ecosistema, la que asegura la sostenibilidad de los recursos, del ambiente y los asentamientos humanos a perpetuidad”. También debiera conocer Don Javier que las AMP tienen distinto tipo de reservas y entender que un Estado ribereño, para el caso, tiene facultades para imponer reservas, restricciones y vedas para asegurar la reproducción, el desove y el desarrollo adecuado de sus especies migratorias y los empresarios -por lo menos en la Argentina— son meros concesionarios de un recurso de domino del Estado Nacional o Provincial.

La política de la sostenibilidad de la UE “…llevará a España a la gestión de licencias extranjeras” manifiesta Don Javier. Suena a pesca en la ZEEA de Malvinas y en el Atlántico Sur.

Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal y ello queda de manifiesto por diversas cuestiones formales (de origen, etc.), pero se manifiesta con toda intensidad cuando se capturan recursos migratorios de un Estado ribereño en situación de desarrollo sin acordar con éste, como indica el preámbulo y varios artículos de la CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son licenciatarios ilegales en la ZEE Argentina de Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la Resolución ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina. Muy feo Javier.

El comercio español frente al Brexit. Aquí una nueva prueba de como Javier cuida el interés de sus socios británicos. El 22 de enero se reunió en Madrid con la Secretaria de Pesca del Ministerio de APyA Alicia Villauriz, a la cual —alineado con la European Fisheries Alliance (EUFA)— le manifestó que su interés es mantener: “…el acuerdo de libre comercio; el reparto de la pesca entre el RU y UE.; el mutuo acceso a las aguas y la continuación de la gestión en los stocks compartidos…”. El Brexit los tiene muy inquietos y con razón: se juegan el caladero Atlántico Nordeste donde “España captura unas 9.000 toneladas de pescado; unos 80 buques pescan en el Reino Unido y proceden de allí productos congelados de la pesca por valor de 246 millones de euros/año. Por su parte España exporta al Reino Unido unos 75 millones de euros… y faena en este con unos 55 barcos españoles de la EU27 (Francia, Irlanda, Bélgica y Alemania) y, además, unos 28 barcos españoles y 28 barcos de capital español con bandera del Reino Unido deberán salir de la Unión Europea”. ¿Adónde irán estos barcos? ¿Alguien imagina a una España aliada con Argentina? Don Javier está en las antípodas de Argentina, a quien el Brexit le debiera servir para que las condiciones arancelarias de los pescados de Malvinas (captura española) sean las mismas que para los productos argentinos.

Don Javier y su adlátere argentino Eduardo Rachid…casi me convencen. (ampliaremos).

Reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejercerá el poder administrador y soberano argentino en el Atlántico Sur? 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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