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ADIÓS LIBERTAD, ADIÓS

F. Javier Blasco*

Siempre se ha dicho que el que algo quiere, algo le cuesta, que viene a ser más o menos, que nada es gratis, todo tiene un precio, o al menos un peaje o canon que pagar por muy pequeño que este sea. Razonamiento simple y basado en la observación de los hechos que suceden con determinada frecuencia aunque, en los últimos tiempos, dichos peajes vienen siendo más graves, más personales, nos afectan a todos y a la mayor parte nuestras relaciones individuales y colectivas.

Peajes, que muchas veces se traducen en reales restricciones; que pueden venir impuestos por las autoridades, la aplicación de la Ley, la sociedad, el ambiente en el que nos movemos y hasta a veces, las imponemos nosotros mismos como corrección de lo ocurrido o en previsión de que lo acontecido no vuelva a ocurrir, o al menos que de suceder lo haga, con menor intensidad y gravedad que recientemente.

Solemos pensar que a medida que la sociedad crece en conocimiento, desarrollo y tecnología nos volvemos más libres, tenemos más tiempo para dedicarnos a nosotros, a la familia y amigos, a nuestras preferencias y hobbies, pero siento decepcionarle porque, si se analiza críticamente, eso no es verdad.

Muchas veces esas “libertades” personales, sociales y políticas que pretenden vendernos se pueden llegar a convertir en yugos que no solo arrastramos para siempre o durante un largo periodo; incluso en la mayor parte de los casos, hasta pueden cambiar los modos y formas para el desarrollo y el desenlace de nuestra vida cotidiana o habitual.

El legislador, que es quien realmente sostiene la sartén por el mango, tiene por misión fundamental buscar nuestro bienestar, o al menos tratar de conseguirlo. Esa es la teoría, que como principio no está nada mal; pero resulta que en el ejercicio de dicho liderazgo y de tal autoridad, a veces se confunde o se transforma en otra cosa que puede fácilmente definirse como el abuso de autoridad.

Ocultándose o amparándose tras ese aparente papel de protector de la sociedad y, hasta algunas veces, envuelto o con el apoyo de una aureola más grande con el sello de asociación de estados de carácter internacional, los que mandan y rigen los designios de las localidades, las regiones, los estados o de la vida universal legislan o acuerdan hacer algo que, por aquello de estar pensado y presentado, como algo de interés general, por nuestro bien y el de todos los demás, no podemos resistirnos o negarnos a acatar. Acatamiento que puede ser de forma voluntaria o por el temor de ser merecedor de una multa o punición de carácter personal o general.

Ejemplos hay muchos en la vida; lejanos, intermedios o más cercanos y de procedencia muy variada, como aquellos debidos a los cambios o imposiciones en las costumbres sociales; los derivados de la interpretación, desarrollo o aplicación de la religión; las apariciones y puesta en práctica de nuevas tendencias o ideas políticas; las invasiones y las guerras entre los pueblos; las revoluciones; las propagaciones de las enfermedades; el descubrimiento de nuevas partes del mundo, las mejoras en las tecnologías, los modos y medios de viaje; las comunicaciones y en definitiva, todo tipo de desarrollos que aunque nacieron y fueron presentados y hasta aceptados como consistentes mejoras para nuestras vidas; en cierto modo, han venido cambiando o imponiendo nuevas normas de comportamiento u obligaciones, que llegan para quedarse para siempre entre nosotros e imprimen su sello bien diferenciado y peculiar.

De todos los casos posibles, solo quisiera resaltar tres de ellos y no porque sean los más importantes, sino porque crearon cierto tipo de consecuencias o imprimieron un sello muy significativo aunque cada uno con diversa aplicación e intensidad. Para empezar, conviene hablar de la famosa “Ley Seca” en los Estados Unidos de América del año 1920 traída por Andrew J. Volstead, senador republicano por Minnesota, quien promovió la conocida como Acta de Prohibición, una ley que implementó la 18ª enmienda a la Constitución norteamericana. La prohibición, supuso la imposibilidad de vender, producir, importar o incluso transportar alcohol en el país; en definitiva, la abolición radical de todo tipo de alcohol (cerveza, vino, destilados de alta graduación), con ciertas excepciones, como el vino empleado para fines litúrgicos.

El movimiento vino arrastrado por una serie de iniciativas de carácter religioso y social tanto en Canadá como en EEUU durante el último cuarto del siglo XIX entre los protestantes y ciertos movimientos feministas (las propias mujeres), que reclamaban sus derechos para lograr la mejora del comportamiento personal o conyugal de los hombres, usualmente grandes bebedores en aquella época.

Tras años de tensiones, a favor y en contra; finalmente se alcanzó dicha iniciativa que, como ya se ha mencionado, se presentó como algo muy saludable y un paso adelante para la mejora de los comportamientos sociales y los derechos de la mujer. Tanto es así que se llegó a afirmar que “todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno». Frase con la se dirigió el 16 de enero de 1920 el reverendo Billy Sunday a una multitud de unas 10.000 personas que celebraban con él el funeral de John Barleycorn (nombre que se le daba al whisky en el argot norteamericano).

La realidad fue bien diferente y tal prohibición dio origen y pábulo a que rápidamente se produjeran efectos totalmente adversos como enriquecerse ilegal y rápidamente determinados sectores de la sociedad y la economía, al contrabando de whisky con todas sus connotaciones, la expansión y desarrollo del crimen, las mafias y el inicio del negocio de la droga. Miles de familias rotas, negocios por los suelos y toda una serie de grandes conflictos legales.

18 de junio de 1931. En las afueras de Nueva York,  agentes del gobierno destruyen barriles de cerveza clandestina durante la época de la ley seca.

Las reales consecuencias de aquella “noble y sana” iniciativa que afectó a una nación fueron bastante nefastas; las bandas criminales, casi de inmediato, surgieron o se multiplicaron para tomar el control de la industria del alcohol y de otros muchos legales o ilegales negocios más. Brotaron bares clandestinos en todo el país para vender licor ilegal, aumentó la prostitución, el crimen organizado y la extorsión; decenas de millones de personas desobedecieron la legislación y nunca se lograron los objetivos pretendidos con tamaña iniciativa. En 1933, tras el fracaso de la ley, fue derogada, siendo la única vez que una enmienda constitucional ha sido anulada en dicho país.

Otro ejemplo de carácter mucho más general y global, impulsado por las consecuencias de un terrible atentado terrorista, son las restricciones a los vuelos tras el tristemente famoso “11- S del año 2001” sobre EEUU. Atentado, perfectamente calculado y preparado por Al Qaeda que provocó unas cifras de unos 3.000 muertos y más 6.000 heridos.

En concreto, los terroristas secuestraron cuatro aviones de pasajeros en los que previamente, introdujeron personal yihadista, medio entrenado civilmente en el propio EEUU para que finamente, dos de ellos embistieran en los rascacielos conocidos como las Torres Gemelas. A consecuencia del impacto, algo más tarde y sin dar tiempo a su evacuación, cayeron envueltos en sendas nubes de humo y escombros. Otro de los aviones impactó en el Pentágono y el cuarto, que no llegó a alcanzar su objetivo, se estrelló en un campo a las afueras de Shanksville, en Pensilvania.

11-S. Atentado al World Trade Center

Como consecuencia de este terrible atentado, retransmitido en directo por todas las televisiones del mundo, cambió los modos y las formas de viajar, la seguridad y el control en los aeropuertos; el manejo, tipo y capacidad de los equipajes de mano; los pocos elementos líquidos y sólidos a transportar; los utensilios a manejar para las comidas a bordo y toda una serie de medidas de control directas e indirectas sobre el personal y el material a embarcar o durante el vuelo, han cambiado totalmente y con ello nuestra forma de viajar. Lo peor de todo aquello, es que todos estos inconvenientes y quizás alguno más, se han quedado con nosotros para la eternidad y todos los aceptamos sin rechistar como un canon en favor o beneficio de nuestra seguridad personal.

Sin embargo, otros atentados como el que sufrimos en Madrid el 11-M de 2004, terrible aunque de menor entidad que el 11-S, no han sido objeto de grandes cambios en la medidas especiales de seguridad en los transportes púbicos de las grandes ciudades tanto en España, como en el resto del mundo. Hecho extraño este, que pocos se paran a analizar; quizás sea, porque no quedó muy clara su autoría, porque a consecuencia de aquello hubo un gran cambio electoral y puede que al partido beneficiado, el hecho y su razón de ser real no le interesaba mucho airear o porque tras el juicio a los presuntos autores, por mucho que el propio juez quiso alardear y hasta obtuvo ciertos réditos personales, la verdad, es que no se pudo sacar casi nada y quedó mucho por aclarar. La cuestión es que se pasó pronto página y no se apreció entonces, ni se aprecia hoy, algún tipo de cambio en el comportamiento, seguridad ni en la forma de viajar en aquellos medios que se usaron para matar.

11 de marzo de 2004. Atentados en Madrid.

Dicho esto, llegamos al último y más reciente evento que ha servido de alarma, presión y cambio de rumbo en el aspecto social, económico, sanitario y de relación en todo el mundo y del que aún estamos en fases lejanas de poder afirmar que se ha superado ya con lo que las consecuencias y acciones se pueden agrandar; me  refiero claro está a la pandemia provocada por un virus bautizado como COVID-19.

Una pandemia, que por presiones políticas, económicas o espurios intereses políticos o personales se ha tardado en identificar públicamente, a pesar de contar con los medios y organismos bien capaces para su detección y alarma precoz. Fatalmente, cuando ya no había más remedio, se intentó ocultar a varios niveles, pero sobre todo, por países gobernados o en manos de estrafalarios, incompetentes y falsarios gobernantes como en España, Reino Unido, EEUU, Irán y Brasil principalmente.

Imagen de Tumisu en Pixabay

Gobiernos que han tratado de menospreciar y ridiculizar la profundidad de la pandemia; mirar para otro lado; no seguir las recomendaciones internacionales sobre el aislamiento; retrasaron evitar las ocasiones de transmisión o de contagio masivo; aplicaron tarde el necesario control de las fronteras, la preparación y el adiestramiento del personal sanitario, la acumulación de material y la habilitación de suficientes lugares seguros y bien equipados para la lucha contra la más que previsible y grave infección mortal de los últimos tiempos.

Finalmente, a pesar de tanto descubrimiento, adelanto y nuevas tecnologías, hemos tenido que combatir la infección con similares armas que hace siglos, el aislamiento en los hogares y el abandono de nuestros allegados, mayores y enfermos en manos de personal sanitario —más o menos cualificado— o a su libre albedrío, suerte y buena voluntad.

Se nos ha prohibido durante semanas visitar a los seres queridos, sacarles de los focos de muerte, acompañarlos mínimamente en lechos de dolor, velarlos cuando ya han fallecido y enterrarlos con la más mínima dignidad e intimidad familiar.

Con la excusa de evitar mayores calamidades y otro tipo de contagios, todo se ha justificado y hasta permitido sin casi rechistar. Ahora, al llegar el momento de empezar a pedir responsabilidades, nadie quiere hacerse cargo de la suya aunque sea parcial o en su totalidad.

No hay sinceridad, todos sabemos que en mucho países, las cosas no se han podido hacer peor, y encima de llegar siempre tarde y mal, los dirigentes políticos aunque sigan desorientando y toreando a la población con bombardeos de datos falsos y ocultándoles situaciones inverosímiles de alcanzar, aparecen ante los medios con proclamas mesiánicas, empalagosas y falsas palabras auto evaluando de notable la gestión de este mal.

Los graves y duraderos rescoldos de esta larga agonía, no se centran solo en las muchas decenas de miles de muertos que quedan atrás; hay que tener presente las ocasiones laborales truncadas por una mala previsión política, por reaccionar tarde y/o exageradamente para evitar volver a caer en situaciones extremas. En los miles de empresas cerradas o quebradas para siempre, los millones de parados, los obligados cambios en las forma de trabajo. Las limitaciones durante meses o años para disfrutar del solaz o el ocio, de las vacaciones en el mar, los viajes tranquilos o en grupo allende fronteras y sin limitar, las celebraciones multitudinarias, los besos y abrazos y el no podernos quitar esa sensación de pánico que para siempre nos acompañará con un temor desorbitado hacia aquel vecino o amigo al que ya no nos gusta saludar y con el que mantenemos una distancia prudencial o hasta mucho más.

Las medidas de control de la población a base de geolocalización y otros medios más sofisticados, los seguimientos y test varios en busca del menor síntoma o cuando una recaída vuelva aunque sea mínimamente a amenazar, las dificultades de paso para el embarque y desembarque en los aeropuertos y puertos, las nuevas incomodidades de los viajes placenteros en pequeñas embarcaciones, en tren o autobús, los cierres temporales de fronteras, las forzadas cuarentenas y la obligación de tener que pagar con el móvil o la tarjeta, aunque sea una mínima cantidad o que por la edad, no lo sepamos o no la queramos usar.

Esa distancia social y el uso del teletrabajo para muchos actos de la vida que de siempre han sido presenciales, cálidos y amables, nos llevarán a ser atendidos por Internet o atados obligatoriamente a maquinas con cintas grabadas que te contestan lo que quieren, te ofrecen de todo menos de lo que necesitas y acabas abjurando de ellas tras media hora de intentar e intentar.

Los miedos a los hospitales o a ser intervenidos por aquello de lo que te pueden contagiar, el uso obligado de la mascarilla para muchos actos de la vida, el implementado distanciamiento social, el cada vez menos uso del dinero y de nada que se pueda tocar, nos llevará sin lugar a dudas a una situación de histeria, de separación entre amigos, vecinos y hasta familiar y, sin duda, a una sospecha y denuncia de todo y todos que ya veremos cómo podrá acabar.

Para colmo de males, y como quien no quiere la cosa, muchos gobiernos y hasta organizaciones internacionales, aprovechan y aprovecharán esta situación de caos y pánico generalizado para legislar a su imagen y semejanza, bajo o por la excusa de nuestra protección colectiva y personal y acabaremos mucho más controlados en todos los actos y hasta en lo que antaño fue nuestra intimidad. Ya hay gobiernos como el británico, que aconseja o prohíbe las relaciones sexuales de parejas que no convivan en el mismo hogar.

Veremos, si finalmente los gobiernos y la sociedad en general, se deciden a aplicar el necesario remedio a la mayor lección aprendida de todo este desastre y maldad; cambiar las normas de juego y de atención a nuestros ancianos, que lo han dado todo y, sin embargo en la mayor parte del mundo, por vivir en residencias o en su casa en soledad, han sido clasificados como material desechable y los primeros a no cuidar.

Esperemos y deseemos que esto no vuelva a ocurrir, porque la vida es muy corta, dura y tenaz; por lo que todo aquello que ahora nos parece necesario, conveniente y hasta lejano, en unos pocos años se le podrá también aplicar a los que hoy defienden —aunque sea de hurtadillas— su necesidad; y entonces, será el momento para aquellos de pensar, que si lo hubieran hecho como debió ser, jamás le tendría que pasar.

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas.

Miembro de la SAEEG.

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (3ª PARTE) CUANDO LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL NO SE MANEJA DESDE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Ya vimos que la ONG OPRAS propicia “evitar la pesca ilegal”, propósito muy loable, pero, sinceramente, en 50 años de participar activamente y, sobre todo de observar distintos proyectos pesqueros de funcionarios y empresarios, no recuerdo haber visto que, ninguno de los engendros propiciados, alcanzase semejante nivel de absurdo.

Varios proyectos, se fundaron en Salvar a la Patria. Un argumento difícil de oponer y, no obstante, lo hicimos. Así, entraron al mar argentino los buques soviéticos para que pesquen en la zona de exclusión de Malvinas y nunca lo hicieron. Lo mismo, con la Unión Europea, cambiaron figuritas, bajo pretexto, de modernizar la flota y capturar las especies excedentarias (que no se habían determinado previamente), para regularizar la situación de Argentina con Europa post guerra de Malvinas. Tampoco pescaron en el área invadida por el Reino Unido y ocasionaron la más importante depredación que puso en grave peligro el stock de merluza y provocó una desocupación inédita. En las autorizaciones de pesca extranjera o “charteos” que, por razones de síntesis no voy a detallar, los reducidos procesos obligatorios en tierra se transformaron en meras comisiones empresarias y, los cánones, muchas veces, se establecieron por debajo de los internacionales.

Pero, como en el tango de Homero Manzi, respecto a este acuerdo entre la ONG OPRAS (Argentina) y las Cámaras Españolas y Argentinas”No habrá ninguno igual, no habrá ninguno”.

Lo de “Argentina”, es pura teoría, porque las empresas a la que pertenecen los directivos de OPRAS son 71,5% extranjeras y el 28,5% nacionales y respecto a las Cámaras CAPECA y CAPA sus directivos representan empresas en un 80% extranjeras y 20% nacionales. Por supuesto, el 100% de las empresas que integran las Cámaras Españolas, son españolas. Se agrava, aún más, porque muchos de los directivos de aquellas son solo gerentes que reciben órdenes de los propietarios. Las cuotas transferibles y esta composición, hace que la política pesquera argentina se maneje desde el exterior. ¿Con esta integración societaria, mayoritariamente extranjera, OPRAS y estas Cámaras van a establecer o promover la política nacional sobre la explotación y sostenibilidad de los recursos migratorios argentinos y asociados, junto a Cámaras españolas? Y luego OPRAS ¿con esta composición extranjera participará en la administración de los recursos migratorios del Estado ribereño argentino como propone entre sus objetivos?

¿Quiénes son las Cámaras Argentinas? Sellos de goma. El poder se está armando afuera. Hay hombres de paja en los representantes privados y los funcionarios públicos (ya explicaré en detalle).

Esto suena al otorgamiento de una Patente de Corso: ayudan al Estado a hacer lo que este no puede (ver opinión del director de OPRAS sobre los gobiernos). ¿El Estado Español admitiría que empresas extranjeras le indiquen, en su carácter de país ribereño, cómo administrar sus recursos migratorios? Yo creo que los funcionarios nacionales no… o sí. Me puedo equivocar, como nos equivocamos por décadas los argentinos sobre el proceder de la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación. El propio director Ejecutivo de OPRAS lo remarca y él, de esto sabe.

Nada personal, pero ¿cómo se compadece el pensamiento conservacionista del presidente de OPRAS (un ex director de la quebrada Harengus, en su momento asociada con la China National Fisheries) de establecer un “Área de Pesca Regulada”? (en la que el Estado ribereño está obligado a regular sobre sus recursos migratorios) con su oposición a las “Áreas Marítimas Protegidas”, por afectar los intereses de la empresa que preside: “… Cuanto nos afecta es difícil decir… (sic). Por otra parte, si durante tantos años operamos en el lugar…”.

Ahora, seamos generosos, alguien podría decirme que estoy prejuzgando, incluso, que los extranjeros podrían administrar mejor nuestros recursos y que, por ejemplo, el 5 de diciembre de 2018, el Congreso aprobó la creación del Parque Nacional Iberá y, la donación para ese efecto, de 160 mil hectáreas de la fundación de Doug and Kris Tompkins. La diferencia de los Tompkins es que donaron tierras para preservarlas y estas empresas en su mayoría extranjeras acuerdan para explotarlo a su favor. ¿Y cuál es el aporte de las empresas españolas que pescan en el área de Malvinas y más allá de las 200 millas de la ZEE? ¿Y el de las cámaras españolas? (En breve me referiré y, muy especialmente a un personaje). Estas y las empresas están subvencionadas. Por ejemplo, el MAPyA les acaba de adjudicar 4,3 millones y la UE 500 millones de Euros extras, en las tres primeras anualidades. Nada parecido a la carga impositiva que sufren las empresas argentinas.

Instalada la “pesca ilegal” en los medios, se instala la necesidad de resolverla (yo mismo escribí numerosos artículos sobre la pesca ilegal) y aparece OPRAS y el Acuerdo. Ahora: una nota de tapa, dos páginas y una editorial en La Nación; artículos diversos colocados con una única pluma en varias páginas; la “modernización del formato” de las páginas de CAPECA (2018), PESCA CONCIENCIA (2019) OPRAS, CAPA y HEMISFERIOS (2020) por una misma empresa creativa: “Ambiente Comunicaciones & Simón Digital” que, por “casualidad”, lleva la idéntica denominación de “Ambiente Comunicación” del director del programa radial FM de Gustavo Rachid, denominado también, por otra rara casualidad “entre amigos”.

Pero esto, podría parecer un detalle menor (…), obra de la casualidad. Lo que sí demuestra, es la fuerte voluntad de llevar adelante este acuerdo, es el corto plazo desde la creación de OPRAS en 2018; un Acuerdo Privado de Cooperación para la Pesca Sustentable con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI) el 3 de diciembre de 2019; la concreción del documento el 27 de abril de 2020, hasta la firma del Acuerdo con las Cámaras Españolas ANAMER y CEPESCA el 2 de junio de 2020 y entre tanto —como dije— se produjo una estrategia mediática.

Hasta Brasil todo bien, suma a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) Resolución ONU 41/11 que firmaron todos los países con ZEE en el Atlántico Sur, de modo de avanzar para que los Estados de Bandera se ajusten a la administración de los recursos migratorios y asociados de los Estados Ribereños, no profundizando la intervención de países extraños en el Atlántico Sur.

Este Acuerdo no indica detalle alguno … pero preserva Malvinas para los británicos y … los españoles y propicia las OROP. El fin de la administración del Estado Ribereño en el sur.

En primer lugar, así planteado, viola la Constitución Nacional y el art. 27 bis de la Ley 24.922 reformado por la Ley 26.386. En segundo lugar, para que el Estado ribereño ordene la explotación de los recursos migratorios en la Alta Mar que están siendo depredados, mi opinión es que el gobierno debería iniciar primero acuerdos con las empresas chinas y no las españolas, por razones de resguardo que no fundamentaré aquí. Ahora, si se avanzase con las empresas españolas en una segunda instancia, habría que hacerlo a través de un acuerdo tan serio como irreprochable y no una nueva entrega del patrimonio nacional y del Atlántico Sur. El que debiera contemplar: a) los españoles no deberían constituir sociedades pesqueras mixtas ni de otro tipo en el área de Malvinas; b) de seguir pescando en la zona de exclusión británica deberían ajustarse a las normas de administración argentinas y pagando los derechos de captura o por el contrario, no pescar en esa área; c) no adquirir en España productos pesqueros de origen en esa área; d) ingresar a la UE libre de aranceles los productos argentinos; d) solicitar habilitación de Argentina para pescar las especies migratorias o asociadas más allá de 200 millas de la ZEE Argentina y no utilizar para ello redes de arrastre hasta establecer la Captura Máxima Sostenible en el área; e) colaborar con el gobierno de Argentina en el acuerdo de pesca con buques de otras nacionalidades más allá de las 200 millas.

Todo lo contrario a lo previsto en el Acuerdo de OPRAS que establece no capturar en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas, cuidando el interés británico y español, cuando dice: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic), atentando contra lo dispuesto en la cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional, donde: “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…y, conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

La ONG OPRAS ni las Cámaras nacionales desconocen que las empresas españolas constituyen joint venture con británicos en Malvinas y usufructúan licencias con bandera española o británica otorgadas ilegalmente (Res. ONU 31/49). Entre 1989-2019 se capturaron con licencias en el área de Malvinas 7.633.000 toneladas de pescados y calamares argentinos por un valor de U$S 19.845.800.000, de los cuales “en un año típico, las dos especies de calamar representan el 75% de todas las capturas”. En lo que va de 2020 en esa área se han pescado 115.741 toneladas de los cuales el 80% son calamares. Poco menos de las 125 mil toneladas que las empresas argentinas pescaron en igual período el todo el Atlántico Sur. Al respecto, dice el Departamento de Recursos Naturales en Malvinas: “Si usted come calamares en el sur de Europa ¡tiene un 50% de probabilidades de que sea de Falklands!”. (ampliaré sobre las capturas españolas).

También es cierto, que nunca habrá Acuerdo, sin el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y el VB del responsable de área de la Cancillería. Tengo muy presente el rol de Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie y sus secretarios, desde la fórmula del paraguas; pasando por las relaciones carnes y el remover todos los obstáculos … de las Islas Malvinas” del Pacto Foradori-Duncan.

Pero, semejante engendro de Acuerdo se ve rematado por dos artículos que se difunden en varios medios y en el portal de CEPA: “El Atlántico Sudoccidental, Zona Libre para la Pesca Ilegal” y “Los calamares de nuestros mares: el caso del Illex argentinus” con expresiones inadmisibles y deleznables para nuestra soberanía, el pueblo argentino, los veteranos de guerra y nuestros muertos:

“…el Atlántico Sur no empieza ni termina en Malvinas…”. (Gustavo Rachid)

“…la Argentina se ve afectada por esta irracional actividad de explotación irregular … son los tres países ribereños y sus recursos…” (G. Rachid)

“…No es biológicamente viable que la pesca ilegal en la región continúe…con la complicidad del silencio gubernamental y del ambiguo secretismo oficial … con evidente desprecio a las normas internacionales y a la legislación del estado ribereño…” (Eduardo Pucci).

“…la tradicional y ecléctica acción política utiliza la ignorancia pública (NdA: Ignorancia Colectiva refiere CAPECA en el art. de Rachid del 3 de marzo)…». (E. Pucci, G. Rachid)

Hace una propuesta de “…establecer un Área de Pesca Regulada en una franja adyacente a las ZEE de 150 millas …” (Pucci) discriminando los países que intervendrían o no (¿Se entiende?).

“…este importante recurso (el calamar) es compartido y explotado por varios Estados y encuentra su mayor abundancia en el Océano Atlántico Sur que corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…”. Publicado en PescaconCiencia y reproducido por CAPA (PCC-C). La Argentina es una sola. No hay límites con Malvinas.

Llama varias veces “…Falklands a las Malvinas…”. (PCC-C).

“…al ser un recurso compartido entre varios Estados, ninguno posee el dominio absoluto del mismo…”. (PCC-C). El dominio es argentino, independientemente que lo explote el R.U.

“…la mayor fuente de ingresos (de las islas) es la venta de licencias a buques del Lejano Oriente y España. El Illex argentinus es la mitad de las capturas…». (PCC-C).

“…el calamar es parte de un único ecosistema del que dependen merluza y anchoíta. La pesquería principal del Illex se compone en un 95% de un solo Stock Patagónico Sur…”. (PCC-C).

Distorsiona la realidad cuando dice que “…los españoles capturan un 2.54%…”. (PCC-C). No coincide con el hecho de que España es el destino principal de la captura del calamar argentino del área de Malvinas. Y con la preocupación actual de los ocupantes de Malvinas por el Brexit, de que origen se considerarán las capturas de Malvinas a partir de éste.

Pondera “…la acción de la Comisión Conjunta de Pesca de 1986 a 2005…». (PCC-C).

“…dice que la Argentina entendió…su naturaleza compartida” (PCC-C). El autor, no conoce que la Res. de la ONU 31/49 indicó al Reino Unido no innovar sobre el territorio ocupado en 1982.

Propicia la OROP cuando dice que “…cualquier esfuerzo de gestión futuro deberá estar orientado al multilateralismo, involucrando en su gestión a todos los Estados con interés en la pesquería” (PCC-C) y, sin más. (Pucci). Al referir a las OROP trata a las Islas Falklands como un país costero (PCC-C). Considera “…a las Falkland un Estado costero…”. (PCC-C). ¡Gravísimo!

Efectúa un ordenamiento distinto al de la CONVEMAR, llamando Naciones Pesqueras de Aguas Distantes, relevantes a China, España, Taiwán y Corea del Sur y España, dejando en claro quiénes explotan mayoritariamente nuestros recursos y agrega otros no relevantes (PCC-C).

Ya estamos más cerca del dueño del chancho.

Ante la ausencia de manifestación contraria a este Acuerdo del Subsecretario y el Consejo Federal Pesquero, reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? y ¿quien ejercerá el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR (PARTE 1). DE LA HISTORIA DE LAS MALVINAS A LOS ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DE 1982.

Marcelo Javier de los Reyes*

Uno de los cuatro mapas de las islas Malvinas del siglo XVIII, previas a la ocupación británica, pertenecientes a la colección Pedro de Ángelis de la Biblioteca Nacional de Brasilia, que fueron entregados por la Cancillería de Brasil a la Argentina en 2012.

La guerra de Malvinas fue el conflicto bélico en el que se enfrentaron la Argentina y el Reino Unido por el control de las islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Para la Argentina se trata de un territorio usurpado por una potencia colonial.

Como el conflicto involucró un espacio geográfico mayor al de esas islas, ya que se extendió a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sería más apropiado hablar del Conflicto del Atlántico Sur.

Comparado con el océano Pacífico, el Atlántico Norte así como con otros espacios marítimos, la zona austral del océano Atlántico puede ser considerada virtualmente un área ausente de conflictos bélicos, a excepción de las batallas navales de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y del Conflicto del Atlántico Sur.

Treinta y siete años después de terminada la Segunda Guerra se produjo este enfrentamiento armado que sería el único que se centró en el Atlántico Sur en el siglo XX. Esta guerra se enmarcó indirectamente en un conflicto mayor, la Guerra Fría, por lo cual fue sobredimensionada por los países centrales, llegándose incluso a considerar —hacia el final de ese conflicto—, que una vez derrotadas las fuerzas armadas argentinas por parte del Reino Unido estaría el peligro de que “los militares argentinos dieran un giro prosoviético o que un contragolpe interno cambiara su férreo anticomunismo”[1].

El Conflicto del Atlántico Sur produjo una gran movilización de recursos bélicos por parte del Reino Unido, la mayor luego de la Segunda Guerra Mundial, y contó con el apoyo de los Estados Unidos y del resto de los Estados miembros de la OTAN.

Antecedentes

Las islas Malvinas formaron parte de España conforme a lo dispuesto por los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo Mundo”, tras la llegada de los europeos al continente americano en 1492. Estos instrumentos son las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494, acordes con el derecho internacional de la época.

Durante la mayor parte del siglo XVI, sólo navegantes al servicio de España surcaron las rutas marítimas próximas a la costa de América del Sur, en su búsqueda del paso interoceánico. En esa exploración fueron descubiertas las islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes en el año 1520 y, a partir de ese momento, toda la región austral de América, incluidas sus costas, mares e islas, quedaron dentro de la jurisdicción de España, lo que fue razón suficiente para que la corona española formulara una protesta cuando marinos de otras naciones se aventuraban en los territorios bajo su soberanía.

En 1655 el Reino Unido ocupó Jamaica (1655) durante el protectorado de Oliver Cromwell, en el marco de la política que se denominó Western Design (“Designio Occidental”), por la que procuraba arrebatarle a España sus posesiones en América, para poder apropiarse de sus riquezas y fortalecer y expandir el protestantismo en detrimento del catolicismo, representado por la corona española. Esta política desencadenó la guerra anglo-española entre los años 1655 y 1660. Jamaica no fue restituida a España y fue utilizada para operar contra las posesiones y navíos españoles.

Durante todo el siglo XVII, España e Inglaterra firmaron varios tratados destinados a reducir la tensión entre ambas potencias: el Tratado de Londres, Tratado de Paz, Alianza y Comercio (1604); Tratado de Madrid, Tratado de Paz, Confederación y Comercio entre España e Inglaterra (1630); Tratado Secreto entre Carlos Estuardo y Felipe IV (1656); Tratado de Paz y Comercio entre las coronas de España e Inglaterra (1665); Tratado de Renovación de Paz y Alianza y Comercio entre las coronas de España y de Gran Bretaña (1667); Tratado para Restablecer la Amistad y Buena Correspondencia en América entre la Corona de España y de Gran Bretaña (1670), también conocido como “Tratado de Godolphin” (por el diplomático británico); Tratado de Unión y Alianza Defensiva entre las coronas española e inglesa (1680).

Al finalizar la guerra de Sucesión Española, en 1713, fue firmado el Tratado de Utrecht —también conocido como Paz de Utrecht—, constituido por un conjunto de tratados celebrados entre las potencias que se enfrentaron en ese conflicto. A través de uno de ellos el Reino Unido reconoció los dominios de España, salvo Gibraltar y Menorca que fueron tomados durante el conflicto. 

Tratado de Utrecht, 1713

En lo que respecta estrictamente al Atlántico Sur, debe señalarse que las islas Malvinas habían sido exploradas en 1690 por el marino británico John Strong, bautizando con el nombre del Falkland al pasaje que las separa y que es denominado estrecho de San Carlos por la Argentina. Los británicos habían considerado ocupar las islas pero ese proyecto fue abandonado debido a las protestas de España.

En 1764 el navegante francés Louis Antoine de Bouganville tomó posesión de las islas en nombre del rey de Francia y en 1765, las cuales ya eran conocidas por los navegantes y comerciantes de Saint Maló, en la región de Bretaña, Francia, de donde deriva el nombre de Malvinas ya que ellos las denominaron Malouines en homenaje a su ciudad.

Por su parte, el Comodoro Byron hizo lo propio en nombre de Su Majestad británica fundando Puerto Egmont.

En 1766 el rey de Francia reconoció la soberanía española sobre las islas y en 1767 Bouganville se las entregó al primer gobernador español, Felipe Ruiz Puente. Por su parte los británicos se retiraron definitivamente en 1774.

Luego de la independencia argentina, el 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína. Además de afianzar la Soberanía Nacional en las islas, la posesión tenía por objetivo evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques que, de paso o recalada forzada, arribaran a las islas para que pudieran aprovisionarse con el mínimo de gastos y molestias, como lo notifica el capitán Jewett a través de una circular.

El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína.

En 1826 el gobernador argentino Luis Vernet se estableció en Puerto Soledad. En 1831 arribó la goleta estadounidense Lexington que saqueó la colonia argentina provocando un conflicto diplomático con los Estados Unidos.

A fines de 1832 el gobierno de Buenos Aires destinó a las islas la goleta Sarandí al mando del capitán Pinedo.

Orígenes del conflicto

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas tiene su origen en la usurpación de las mismas llevadas a cabo por el Reino Unido en 1833, cuando la corbeta inglesa Clio desalojó a los pobladores y a la guarnición argentina, en el marco de su política de dominar los mares. De este modo estableció dominios en puntos clave del planeta, algunos de los cuales continúan bajo soberanía de la corona británica y constituyen enclaves estratégicos:

  • Peñón de Gibraltar. Tras la guerra de Sucesión española se firmó el Tratado de Utrecht por el cual “El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar” (artículo X del tratado).
  • Diego García. Luego de la derrota de Napoleón, en 1815, la isla pasó a manos del Reino Unido,
  • Malta. En 1815, el Congreso de Viena consagró la soberanía británica sobre esta isla desde la cual los británicos, sumado al peñón de Gibraltar, podían dominar el mar Mediterráneo.
  • Hong Kong. En 1842 obtuvo la “cesión a perpetuidad” de la isla luego de atacar a China en la primera Guerra del Opio. En 1997 el Reino Unido transfirió el territorio nuevamente a la soberanía de China.
  • Santa Helena. Esta isla del Atlántico Sur tiene una ubicación geoestratégica entre África y América. Sus instalaciones militares fueron utilizadas durante el Conflicto del Atlántico Sur. Bajo la jurisdicción de las autoridades británicas de Santa Helena también se encuentra la isla Ascensión otro grupo de islas de la cual se destaca Tristán da Cunha.
  • Honduras Británicas (actual Belice). Si bien desde 1763 España le permitió a los ciudadanos británicos iniciar la explotación de la riqueza maderera, recién en 1862 las Honduras Británicas se convirtieron en colonia del Reino Unido.

El Conflicto del Atlántico Sur tiene su origen con anterioridad a la recuperación de las islas Malvinas por parte de la Argentina el 2 de abril de 1982. La Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) (1988), en su Informe Final, más conocido como Informe Rattenbach, expresa:

El incidente de las Islas Georgias del Sur se originó al desembarcar personal argentino en la Isla San Pedro, izar el pabellón nacional —por propia iniciativa— y no cumplimentar requisitos de inmigración exigidos por las autoridades británicas.

Este hecho se transformó en el elemento desencadenante del conflicto del Atlántico Sur, al producir una reacción británica considerada exagerada, y precipitar la decisión de la Junta Militar de adelantar la operación “Azul”.[2]

El personal al que se refiere el informe pertenecía a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. El incidente de las islas Georgias del Sur se desencadenó a partir de una operación comercial privada llevada a cabo por el comerciante argentino Constantino Davidoff, quien firmó un contrato con la compañía escocesa Salvensen Limited en septiembre de 1979 y que caducaba en marzo de 1983.

La operación comercial consistía en el desguace de los puestos balleneros pertenecientes a una empresa británica ubicados en la isla San Pedro.

Las tramitaciones correspondientes se realizaron en el marco del Convenio sobre Comunicaciones de 1971 que permitía los viajes entre las Malvinas y Argentina pero que no incluía a las islas Georgias del Sur[3].

Davidoff visitó Puerto Leith en diciembre de 1981 transportado por el buque ARA Almirante Irizar a los efectos de inspeccionar las instalaciones que había adquirido como chatarra. A su regreso a Buenos Aires Davidoff, quien había viajado con autorización de la embajada británica en Buenos Aires, fue citado por el embajador británico Williams para advertirle que debió haberse presentado en Grytviken antes de dirigirse a Leith para obtener su correspondiente permiso.

En una entrevista que Davidoff brindó a la BBC en 2010, Davidoff dijo que a fines de 1981 visitó al embajador británico en Buenos Aires, habló con las autoridades de las islas Malvinas y firmó un contrato por US$ 270.000 con los propietarios escoceses de la estación ballenera abandonada[4]. Posteriormente, conversó nuevamente con el embajador británico para asegurarse de que ya no había nada más que él debiera hacer. El artículo de la BBC informa que la versión del empresario “está certificada por el informe del Comité Franks, de 1983, llevado a cabo por las autoridades británicas para explicar los sucesos que condujeron al conflicto”.

A fines de febrero de 1982 Transportes Navales informó a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. que el personal sería embarcado el día 11 de marzo de 1982 en el buque Bahía Buen Suceso para trasladarlo a Puerto Leith.

Siempre conforme al Informe Rattenbach, el día 3 de marzo de 1982 y luego de tomar conocimiento de los cables procedentes de la embajada británica en Buenos Aires, la Primera Ministra Margaret Thatcher ordenó preparar “planes de contingencia” y consultó al ministro de Defensa acerca de cuánto tiempo le insumiría a los buques de la flota llegar a las islas Malvinas, en caso de ser necesario.

Paralelamente las Fuerzas Armadas argentinas fueron siguiendo la evolución de los acontecimientos y tomando una postura de negociación poco flexible. No obstante dejaron de lado la operación “Alfa” que consistía en aprovechar la operación comercial de Davidoff para realizar el asentamiento de un grupo científico en la isla San Pedro, siguiendo el modelo llevado a cabo en las islas Sandwichs del Sur en 1976[5].

El Grupo “Alfa” se compondría de 15 hombres al mando del teniente de navío Alfredo Astiz y debía permanecer en Tierra del Fuego afectado a la Campaña Antártica en tarea de adiestramiento hasta ser trasladado a Puerto Leith.

El personal de la empresa desembarcó el 19 de marzo en Puerto Leith y según las versiones británicas procedieron a izar la bandera argentina aunque las declaraciones de Davidoff desmienten el hecho y afirma que la bandera ya se encontraba en el lugar. No obstante la bandera fue arriada inmediatamente.

Los operarios de la empresa de Davidoff en las Georgias

En la mencionada entrevista que Davidoff mantuvo con la BBC, afirmó que no había militares entre sus trabajadores, que no izaron la bandera ni cantaron el Himno Nacional. Sostiene que era un acuerdo comercial y, enfáticamente, expresó: “Habría tenido que estar loco para permitir que me lo arruinaran[6]. Todo lo que hacía falta era una llamada de la embajada británica y habría retirado a mis trabajadores, habría cancelado mi contrato”. Agrega que “se podría haber evitado una guerra”. Davidoff insiste en que el Reino Unido dio inicio a la guerra al enviar un contingente militar a enfrentar lo que era un asunto civil[7].

Cuando el personal de Davidoff se encontraba en Puerto Leith, miembros de la British Antartic Survery (BAS) de Grytviken observaron el desembarco e informaron al gobernador Rex Hunt en las islas Malvinas “que un grupo de civiles y militares argentinos había invadido la isla San Pedro”.

Siguiendo instrucciones del Foreign Office el embajador británico en Buenos Aires expresó a la Cancillería Argentina que había recibido órdenes de Londres de presentar un mensaje conteniendo los siguientes puntos: los obreros debían abandonar Puerto Leith y presentarse en Grytviken; se debía arriar la bandera; no se debía interferir en las instalaciones de la B.A.S.; no se debían alterar las señales; no se debía permitir desembarcar personal militar ni se debía permitir llevar armas a tierra.

A ello agregó que el incidente era considerado como “muy serio” por las autoridades de Londres.

La Cancillería respondió que el buque Bahía Buen Suceso no era un buque de guerra sino de transporte y de características comerciales, que saldría de las Georgias el día 21 de marzo, una vez finalizado el desembarco de material, que no había desembarcado personal militar ni se habían llevado armas de guerra, contrariamente a lo informado por la B.A.S.

Del mismo modo informó que las autoridades británicas estaban en conocimiento del viaje del empresario Davidoff ya que el mismo había comunicado sus actividades ante la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

No obstante la Cancillería Argentina intentó restar importancia al hecho y a considerar que las informaciones emanadas desde la B.A.S. en las islas Georgias “habían contribuido innecesariamente a aumentar el tono del incidente”.

La situación tomó un giro preocupante cuando el día 21 de marzo zarpó de Puerto Stanley (Puerto Argentino) el HMS Endurance con la misión de dirigirse a Puerto Leith a evacuar a los trabajadores argentinos, si ello era necesario, a pesar de que el Foreign Office le informó al Encargado de Negocios de la República Argentina en Londres, Atilio Molteni, que “su gobierno estaba satisfecho con las explicaciones recibidas y que confiaba en que el Bahía Buen Suceso dejara las islas el día 22 con el grupo desembarcado, esperando que estos hechos no se repitiesen y aclarando que el Reino Unido no haría, de este incidente, una cuestión mayor”.

Ese mismo día el representante del gobierno argentino en Puerto Stanley (Puerto Argentino) informó que en horas de la noche las oficinas de LADE habían sido violentadas por desconocidos y que en el interior se había colocado una bandera británica sobre una argentina y la inscripción “Tip for Tap, Buggers” (“Ojo por ojo, ladrones”).

Mientras tanto el Foreign Office difundía que los trabajadores argentinos habían desembarcado en Puerto Leith sin la documentación correspondiente y los medios de comunicación británicos difundían en grandes titulares acerca de una “invasión argentina a las islas Georgias del Sur”, omitiendo mencionar el incidente acontecido en las oficinas de LADE en Malvinas.

Cuando el embajador británico Williams fue informado por la Cancillería Argentina de que un grupo de los trabajadores continuaba en las Georgias a pesar de que el Bahía Buen suceso había emprendido el viaje de retorno al continente, se incrementó el malestar en Londres y se produjeron emotivas sesiones en el Parlamento y en la Cámara de los Lores. Se le impartieron instrucciones al HMS Endurance para que prosiguiese su misión de evacuar a los argentinos de las Georgias.

El buque HMS Endurance amarrado en el puerto de Mar del Plata, en febrero de 1982, poco tiempo antes del conflicto.

El gobierno argentino decidió el día 23 de marzo llevar adelante la operación de toma de las islas Malvinas a la que se le dio el nombre de “Azul”, proseguir de forma indefinida las negociaciones con el embajador británico, proteger al personal argentino e interceptar al HMS Endurance para evitar que arribara a Puerto Leith a cumplir con su misión. Asimismo decidió que el buque A.R.A. Bahía Paraíso, que se encontraba en esos momentos en las islas Orcadas del Sur, pusiera proa a Puerto Leith.

A pesar de estas medidas y de la intención de ejecutar la operación “Azul” las autoridades argentinas impartieron instrucciones al A.R.A. Bahía Paraíso para que no diera lugar a un incidente bélico y para que no interceptara al buque HMS Endurance si ya había procedido a la evacuación.

Mientras que el embajador británico sostenía que los trabajadores debían trasladarse a Grytviken, la Cancillería Argentina se amparaba en que “no era necesario” por el Acuerdo de Comunicaciones de 1971.

La escalada diplomática y militar que se iba produciendo con el correr de las horas actuaba en detrimento de las negociaciones: el día 24 el gobierno británico instruyó que debían reforzarse las tropas en las Malvinas y para ello embarcó a “marines” en el buque RRS John Biscoe en Montevideo y ordenó que el RRS Bransfield, anclado en Punta Arenas, zapara el día 25 de marzo con destino a Puerto Stanley (Puerto Argentino).

El Reino Unido exageró el incidente de las Georgias y obró, con anterioridad al conflicto armado, utilizando a los medios para ejercer una manipulación sobre la sociedad británica y recurrió a las presiones diplomáticas y a la intimidación militar enviando a la zona a tres buques de guerra —el Endurance, el Briscoe y el Bransfield—, todo lo cual daría la posibilidad de considerar que la escalada del conflicto podría obedecer a un plan previamente delineado. A ello se agrega que el encargado de negocios en la embajada argentina en Londres, Señor Molteni, habría informado acerca del propósito del gobierno británico de prolongar las negociaciones a los efectos de ganar tiempo para preparar la defensa de las islas.

El gobierno militar tenía contemplada la denominada operación “Azul” desde diciembre de 1981 pero, ante la evolución de los acontecimientos, decidió llevarla adelante entre el 1° y el 3 de abril con la intención de ejercer una presión que favoreciera la dilatada negociación acerca de la soberanía pero la apreciación fue incorrecta pues no se contemplaba que el Reino Unido reaccionara militarmente.

* Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1991). Doctor en Relaciones Internacionales, School of Social and Human Studies, Atlantic International University (AIU), Honolulu, Hawaii, Estados Unidos. Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires, Editorial Almaluz.

 

Referencias

[1] Ricardo Kirsschbaum, Oscar Raúl Cardoso, Eduardo van Der Kooy y Ana Baron. “Malvinas: las batallas secretas de la Guerra Fría Los documentos que agitaron el golpe prosoviético”. Clarín (31/03/2002) <http://old.clarin.com/suplementos/zona/2002/03/31/z-00215.htm> [consulta: 20/10/2003].

[2] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS): Informe Final. Conocido también como Informe Rattenbach. Buenos Aires: Ediciones Espartaco, 1988.

[3] Ídem.

[4] Daniel Schweimler. “El vendedor de chatarra que provocó accidentalmente la guerra del Atlántico Sur”. BBC, 05/04/ 2010, <https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/04/100405_1503_malvinas_falknads_chatarra_cr >, [consulta: 12/02/2011].

[5] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS). Op. cit.

[6] Daniel Schweimler. Op. cit.

[7] Ídem.

 

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